6.3. ¿Se puede concebir un proceso real de descentralización sin recursos financieros propios?

El Capítulo V de la LOCGAR se ocupa del patrimonio y del sistema presupuestario regional. El patrimonio del gobierno regional está configurado por nueve partidas de entre las cuales, y de lejos, la alícuota del FNDR es la más importante. Ya se sabe, por supuesto, que el FNDR se transformó, en medio de los avatares de la crisis macroeconómica de comienzos de los años ochenta, en un fondo de carácter social (de combate a la pobreza) y perdió su orientación inicial de ser un mecanismo de financiamiento de proyectos de crecimiento productivo económico regional, que a la luz de la reforma a la ley, ahora busca recuperar.

Actualmente, el gobierno sostiene que un 56 % de la inversión pública es “decidida” por los gobiernos regionales y este guarismo se muestra como una prueba palpable de la descentralización. Habría que decir: sí y no. Es efectivo que en una década se pasó de un nivel muy bajo en esta materia a uno que sobrepasa la mitad, y ello no es poca cosa; sin embargo, hay que tener presente las magnitudes absolutas involucradas, porque si la inversión pública representa a comienzos del Siglo XXI algo así como el 18 % de la inversión nacional, esto significa que las trece regiones “deciden” (cuestión que hay que calificar, de todos modos) un 10.1 % de la inversión nacional. Si se hace un ejercicio trivial, pero ilustrativo, ello equivaldría hipotéticamente a que cada región “decida” sobre un 0,78 % de la inversión nacional, en promedio (cosa que por supuesto es diferente de la realidad).

¿Cuál es la equivalencia absoluta de ello? Probablemente esto arroje un guarismo no alejado de, digamos, US $ 75 millones por año. Agréguese a ello la condicionalidad a priori de una buena parte de los recursos, cuestión que hace de los gobiernos regionales meros administradores y no gestores.

Uno de los pocos análisis sobre los Consejos se debe al sociólogo Fernando Marinovic. Este trabajo aparece publicado bajo los nombres de L. Lira y F. Marinovic con el título de “Estructuras participativas y descentralización: el caso de los Consejos Regionales en Chile” en ILPES/Universidad del Bío-Bío, Instituciones y actores del desarrollo territorial en el marco de la globalización, 1999, Concepción, Chile.

Aún sosteniendo con fuerza la tesis de que el desarrollo depende mucho más de una variedad de recursos intangibles que de recursos materiales (como la inversión), no se puede llevar el argumento a un extremo, ya que la base material siempre será necesaria como basamento de procesos más sutiles y en tal caso la parquedad real de los montos de inversión sobre los cuales los gobiernos regionales tienen capacidad de “decisión” constituye una traba al desarrollo. Ello resulta congruente, necesariamente, con el tipo de proyecto que aparecerá finalmente como destinatario de los recursos del FNDR, principalmente proyectos de pequeña escala de carácter social, destinados a cubrir carencias más que al fomento.