4.3. Los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia

4.3.1. El Gobierno de Patricio Aylwin Azócar (1990–1994)

La primera etapa de la década de los noventa en Chile estuvo marcada en general, por un lado, por la recuperación de la democracia, por el mantenimiento de equilibrios macroeconómicos y altas tasas de crecimiento y con la incorporación de una mayor equidad; por otra parte, pero como una política casi independiente a la del desarrollo económico, se establecieron en este momento histórico las nuevas bases de la división política territorial del país, tendentes a lograr un proceso progresivo de descentralización.

En esta disociación de ambas políticas, predominó una preocupación mayor por el desarrollo económico, que en general fue exitoso. Esta primera etapa se caracteriza pues, por el restablecimiento de la democracia poniendo el acento sobre el mantenimiento del crecimiento y una mayor equidad social.

La política de descentralización se inspiró en la democratización de las instancias que se habían creado en el régimen militar. El Gobierno del Presidente Aylwin se propuso democratizar los municipios e institucionalizar las regiones aunque, ya desde un primer momento, la intención del Presidente había sido democratizar también los gobiernos regionales. Los logros normativos durante este periodo, consistieron en la modificación de la Constitución Política en materia de gobierno y administración territorial, la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de 19 de marzo de 1992 y la aprobación de la Ley de Gobierno y Administración Regional de 20 de marzo de 1993.

El primer gobierno de la Concertación planteó desde sus inicios impulsar el proceso de descentralización del país, entendiéndolo como un instrumento esencial para avanzar en la reconstrucción democrática, en el desarrollo y expansión de las fuerzas productivas regionales y en la adopción de modernas formas de gestión pública. Ya desde sus inicios, en 1990, el gobierno envió al Congreso un Proyecto de Reforma Constitucional que fue rechazado. Posteriormente, en abril de 1991 el gobierno envió un nuevo proyecto relativo a las materias de gobierno y administración comunal, que además dotaba a los gobiernos regionales de autonomía administrativa financiera y técnica para el cumplimiento real y oportuno de sus objetivos, dentro de la concepción de Estado unitario que ha permanecido vigente a lo largo de la trayectoria histórica del país. Tras un extenso y profundo debate se alcanzaron acuerdos entre los partidos de la oposición y el gobierno sobre diversas materias, que se plasmaron en la ley 19.097 que modificó la Constitución Política el 12 de Noviembre de 1991.

Posteriormente, en enero de 1992, se aprobaron las modificaciones relativas a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), suprimiendo los antiguos Consejos de Desarrollo Comunal y sustituyéndolos por un Concejo Municipal con concejales democráticamente elegidos y el 28 de Junio de 1992, después de 21 años, se realizó la primera elección democrática de Alcaldes y concejales. Por último, en 1993, se aprobó la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional (LOCGAR), que creó los Gobiernos Regionales, con personalidad jurídica de derecho público y con competencias y recursos propios para el cumplimiento de sus objetivos, estableciendo también las condiciones institucionales necesarias para una progresiva y gradual transferencia de responsabilidades y recursos a las regiones. Con la modificación a la ley de municipalidades y la creación de los Gobiernos Regionales se creaban las condiciones para que pudieran surgir iniciativas regionales y locales de desarrollo. El Gobierno parecía consciente en esta época de la necesidad de hacer converger ambas políticas y diseñar acciones de fomento productivo desde el punto de vista territorial, sobre todo a nivel de pequeñas empresas.