4.5.- La ejecución urbanística por países.

A) Inglaterra.

Se trata de un país que ha evolucionado drásticamente a partir de la década de los años ochenta, como sintetiza PARADA . Hasta ese periodo de cambio, regía un sistema de obra pública monopolística, donde el municipio adquiría todo el suelo urbanizable necesario para colmar unas necesidades previstas en un horizonte de diez años. Conseguido el suelo, posteriormente se adjudicaba mediante concurso subasta a empresas urbanizadoras que debían transformarlo y venderlo, o edificarlo con arreglo a las bases de los concursos. En éstos se daba preferencia para la compra de las parcelas a sus antiguos propietarios.

Sin embargo, este sistema fue sustituido posteriormente por un urbanismo empresarial, basado en la negociación entre el propietario (o el promotor no propietario) y la Administración. El objeto de este proceso negociador sería la obtención de un permiso de planeamiento en el que quedaría fijado el aprovechamiento materializable. Y este dependería de la capacidad negociadora de cada parte.

Nos hallamos ante un supuesto en el que el logro del aprovechamiento, como la posterior ejecución de los planes, está en manos de los promotores. Esto significa que el móvil de actuación es el beneficio privado. Por tanto, ante la ausencia de éste se corre el riesgo de que no resulte de ningún interés a esta iniciativa privada y que, por tanto, se paralice el desarrollo urbanístico en zonas de otro interés que no sea el claro beneficio económico.

Tal sistema ha provocado cambios respecto a las políticas anteriores llevadas a cabo en ese país, como resume y critica GIFREU. Para esta autora, se ha asistido a la mutación de los agentes involucrados en el urbanismo, donde se ha producido una clara pérdida de protagonismo por parte del sector público. Según su opinión, el sector privado ha sido el gran beneficiado, a través de políticas que han contribuido a la especulación y a favorecer los intereses de empresas inmobiliarias y promotores. Además, entiende que la permisibilidad del Gobierno con el sector privado ha sido moneda corriente durante los años ochenta y principios de los noventa. Todo ello ha condicionado el sistema urbanístico, que muestra sus carencias: “Se trata, ciertamente de un urbanismo oportunista: la falta de infraestructura social (escuelas...) se hace patente en algunas áreas de desarrollo urbano, dado que las inmobiliarias se han centrado en los usos urbanísticos más rentables, la vivienda de alta calidad y el espacio para oficinas”. Esta situación explica también las reacciones políticas en contra que suscitó.