SUJETOS SOCIALES, CONFLICTOS Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL

SUJETOS SOCIALES, CONFLICTOS Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL "ESPACIO SOCIAL-NATURAL" DE LA CIUDAD DE PUEBLA 1984-2010

Rafael de Jesús López Zamora (CV)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

1.1.- Sujetos sociales, conflictos y gestión del agua en las teorías del desarrollo

Ante la confrontación y el embate privatizador sobre los recursos, en particular, los hídricos, el tema de los movimientos sociales en América Latina, reviste particular importancia en el proceso de desarrollo y transformación, desde el tránsito de la relación capital-trabajo a la etapa actual y más aun el análisis de cómo estos movimientos en su nueva conformación se corresponden con la búsqueda de una estrategia de desarrollo alternativa y han venido convirtiéndose a través de sus luchas en una esperanza de Otro desarrollo para América Latina. En este contexto la presencia de los movimientos sociales en defensa del agua y de los servicios relacionados con ella, da significado a los conflictos ambientales y nos lleva al por qué de la necesidad de una gestión social de los SAPAS a nivel de nuestras ciudades. 

1.1.1.- Sujetos, movimientos sociales, y alternativas de desarrollo

El desarrollo económico de América Latina está históricamente ligado a la forma muy particular de su inserción en el concierto internacional de naciones en una relación de dependencia entre países centrales y países periféricos e indudablemente a la historia y desarrollo del pensamiento económico y de los movimientos sociales. En aquella relación de dependencia un aspecto fundamental que siempre estuvo en la base del desarrollo fue la práctica de un modelo productivista extractivo, cuando no de saqueo y depredación de los recursos naturales, en extremo agresivo para el ambiente y los ecosistemas, por lo tanto y hasta aquí, observamos una total ausencia del elemento ambiental en la teorización del desarrollo.
El pensamiento de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 1 surge frente a la preocupación inte­lectual y política de encontrar un rumbo al desarro­llo económico y social de la región, sus aportes estructuralistas para explicar la realidad latinoamericana se hallan ordenados y articulados en torno a la explicación de tres tendencias inherentes a la industrialización periférica: el desempleo estructural, el desequilibrio externo y el deterioro de los términos de intercambio. En esta perspectiva, los recursos naturales son vistos desde una perspectiva utilitaria, visión que se nutre de una perspectiva del pensamiento neoclásico.
Posteriormente, la teoría de la dependencia2 nace frente a la crítica del modelo desa­rrollista de la CEPAL que a finales de los sesenta pre­sentaba una marcada tendencia al estancamiento. Hasta aquí, para los teóricos de la dependencia, al igual que para el pensamiento económico anterior con orientación neoclásica diferente a la que nutre a la teoría de la dependencia, que se orienta por el marxismo, no representaba un problema de gran relevancia el tema de la relación sociedad-naturaleza, mucho menos el problema ambiental y los efectos de aquel modelo desarrollista que se dejarían sentir posteriormente, como los efectos del calentamiento global, la contaminación, los problemas relacionados con el agua, entre otros.
La crisis del régimen de acumulación fordista asumida como una crisis del keynesianismo, propició un cambio radi­cal de paradigmas y el regreso de la economía neoclásica con una orientación marcadamente monetarista. Este cambio para los países peri­féricos constituyó un verdadero trastorno. Confron­tados con los problemas derivados de la crisis de deuda, los países llamados subdesarrollados fueron conducidos a aplicar políticas econó­micas dictadas por las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas políticas fueron conocidas, en la primera mitad de los años ochenta como las políticas de austeri­dad y a partir de 1987 como políticas de ajuste estruc­tural, articuladas en torno a una propuesta sistémica de políticas, conocida como el Consenso de Washington (Gutiérrez, 2007). 
El Consenso de Washington retoma las tesis neoclásicas de los años cuarenta de las ventajas com­petitivas del comercio internacional, inspirado particularmente en las propues­tas de Milton Friedman y la Escuela de Chicago (Hayek). Sin embargo, el neoliberalismo lleva este principio al extremo de querer constituir un merca­do global único y unificado. Para ello, se cuestiona todo tipo de planificación y de intervención estatal en la gestión económica y social de los países tanto desarrollados como perifé­ricos y se proclama la supremacía del mercado.
Las políticas neoliberales constituyeron un cambio radical para los países en desarrollo, que fueron obligados a instrumentar políticas de liberalización eco­nómica, a desmantelar el Estado “Benefactor” y de protección ambiental. La tesis de no intervención y abandono de la planificación eco­nómica condujo a un retroceso que se refleja en los indicadores del desempeño de  las naciones, crean­do un escenario de polarización social y emergencia de conflictos políticos (Urquidi, 2005; citado por Gutiérrez, 2007).
A principios de los años noventa surge la propuesta del Desarrollo Humano y el índice de desarrollo humano (IDH) como resultado de una convocatoria lanzada por las Naciones Unidas a través del PNUD, a especialistas hacia finales de la década de los ochenta para elaborar un método distinto para medir el desarrollo (Gutiérrez, 2007).  De manera paralela al IDH surge otra propuesta de análisis distinta para enfrentar los retos del desarrollo y que se conoció como desarrollo sustentable o sostenible. El concepto de desarrollo sustentable hun­de sus raíces en la crítica al desarrollo económico en general, ante los altos niveles de degradación del medio ambiente3 (Gutiérrez, 2007).
Es así como en el contexto de la llamada globalización económica, las estrategias de apropiación de los recursos naturales del tercer mundo se han trasladado al discurso del “desarrollo sustentable”4 .  Esta política ha desactivado y pervertido las perspectivas que abre el concepto crítico de ambiente a un desarrollo alternativo. En los años setenta la crisis ambiental llevó a proclamar el freno al crecimiento antes de alcanzar el colapso ecológico y a partir de los ochenta el discurso neoliberal anuncia la desaparición de la contradicción entre ambiente y crecimiento. Se cree que los mecanismos de mercado son el medio más certero y eficaz para asimilar las condiciones ecológicas y los valores culturales al proceso de crecimiento económico. En la perspectiva neoliberal, los problemas ecológicos no surgen como resultado de la acumulación de capital, ni por fallas del mercado, sino por no haber asignado derechos de propiedad y precios a los bienes comunes. Una vez establecido lo anterior, las leyes del mercado se encargarían de ajustar los desequilibrios ecológicos y las diferencias sociales.
Es en este contexto que la nueva conformación de los movimientos sociales se corresponde con la búsqueda de una necesaria e indispensable estrategia de desarrollo alternativo para América Latina ante el fracaso del neoliberalismo, prueba de ello es la nueva ola de cambios y transformaciones que se inician con los eventos ocurridos en Venezuela en 1999 y se extiende a otros países sudamericanos. La historia económica de América Latina se resume en una larga lucha por un proyecto de autodeterminación nacional-popular. La búsqueda del desarrollo confronta dos polos opuestos: un polo “conservador” para el cual el desarrollo es asimilable a “modernización” y un polo “progresista” que postula la necesidad de contar con un proyecto nacional de desarrollo (Guillen, 2010).
Enrique De La Garza (1992) señala que en América Latina se transitó durante la década perdida y ante la incertidumbre de recuperar el crecimiento, de una sociología de la lucha de clases a otra de actores con identidades restringidas y finalmente a una pérdida de sentido, y critica las posiciones “posmodernas”.
"Este tránsito no es un simple cambio de temática, sino de paradigma dominante (del marxismo en las teorías de la dependencia, al pluralismo en teoría política, e incluso a la posmodernidad). Aunque no haya un solo paradigma alternativo al marxista en estos momentos en América Latina, hay consenso entre los teóricos de la transición democrática, acerca de la inexistencia de un factor central articulador de los cambios de América Latina; también en la negación de la pertinencia teórica del concepto de clase social; y, en particular, con respecto a sujetos sociales en su carácter fragmentario y su incapacidad hegemónica, e incluso transformadora, más allá de sus localismos. Hay en estas perspectivas una ‘sociología del no futuro’, de la desesperanza que ha encontrado apoyo teórico en la posmodernidad, pero -sobre todo- en la realidad de una década perdida en América latina" (De La Garza, 1992:15).
León y Otros (1991) critican la concepción tradicional de desarrollo que usa como criterio al crecimiento del ingreso per cápita o el de las etapas por las que deben atravesar las sociedades en un proceso lineal, desde una sociedad tradicional hasta una moderna, medida por el consumo en masa y el progreso y critican el paradigma de la industrialización. Estos autores además plantean como elementos básicos del desarrollo a los sujetos 5, al proceso organizativo, las prácticas sociales y el espacio regional. Los procesos organizativos estarían orientados a las acciones y objetivos a nivel de proceso productivo, a nivel político, en la toma de decisiones una organización amplia sería aquella en la que los integrantes se conviertan efectivamente en “sujetos de su propia historia” conformando una identidad de grupo.
De la Garza (1992) plantea que los sujetos dan significado a los conflictos a través de una visión del mundo, por lo que la mediación entre estructura y acción colectiva es subjetiva pero no basta entender esta subjetividad como identidad sino que debe implicar identidad de futuro y de proyecto. Propone el concepto de relaciones sociales estructuradas (espacios parcialmente estructurados) para el análisis de un sujeto social, un ejemplo serían las relaciones de producción, las necesidades culturales, las relaciones interpersonales, la personalidad del discurso, de las representaciones, del espacio urbano, de las relaciones de género, etc. Dice que un movimiento necesita de requisitos: un punto de ignición, la comunicación y la organización, pero el proyecto no aparece en automático, la identidad tiene que especificarse para pensar en un sujeto constituido y además convertirse en proyecto, en este sentido los proyectos y las identidades son de diversos niveles: social, temporal y espacial.
Las prácticas sociales implican una mirada específica, implican ver al desarrollo como un proceso con avances y retrocesos desde la perspectiva del sujeto y no una serie lineal de pasos ascendentes preestablecidos, una transformación resultado de la lucha social que incorpora el conflicto y entiende al proceso de desarrollo como parte y a través de la lucha social, en donde los actores se constituyen en sujetos históricos para transformar la realidad, pasando por mejorar  la capacidad para decidir su propio desarrollo y llegando a alcanzar la autogestión6 .
O’connors (1991) desde el marxismo ecológico destaca la importancia de los movimientos sociales. Para él la expansión capitalista menoscaba sus propias condiciones de producción (“segunda contradicción del capital”) y da lugar al movimiento ecologista de protesta. El exceso por un lado, y la escasez de producción de capital, al compensarse mutuamente, crean la apariencia de un capitalismo estable, de ahí que la combinación de esos dos procesos en el mundo contemporáneo puede explicar el declive de los movimientos obreros y socialistas tradicionales y el impulso de los nuevos movimientos sociales como actores de la transformación social. La lucha entre el capital y los nuevos movimientos sociales tiene dos momentos: 1)  proteger las condiciones de producción de los medios de vida, de más destrucción que resulta de la propia imprudencia y los excesos del capital  y, 2) la lucha acerca de los programas y las políticas del capital y del Estado por reestructurar las condiciones de producción.
Es así que actualmente en América Latina podemos observar la conformación de coaliciones de gobierno y de movimientos en un frente amplio de resistencia a la nueva hegemonía mundial; que tratan de resistir a la voluntad de la potencia hegemónica; movimientos sociales  más radicales y con potencial estratégico, que luchan por un mundo diferente, desde los Zapatistas en México; los Sem Terra en Brasil; los cocaleros y mineros en Bolivia; los piqueteros en Argentina; los huelguistas de Perú; el bloque indígena en Ecuador, entre otros.
Para Escobar (2001), los movimientos sociales han dado nuevos significados a las nociones de ciudadanía, de representación y participación política y a la propia democracia. Las redes de movimientos sociales construyen nuevos lazos personales, de organización y de carácter político/cultural; los movimientos adoptan múltiples formas para relacionarse; más que organizaciones de movimientos y miembros activos, incluyen participantes ocasionales, simpatizantes y colaboradores en ONG´S, partidos políticos, universidades, la iglesia, e incluso el Estado, contra las culturas políticas y las instituciones dominantes7 .
Si bien es cierto, Zemelman, De la Garza, Leff, Harvey, Escobar, O´connors tienen referentes epistemológicos y teóricos diferentes, también es cierto que tienen en común el hecho de destacar que los activistas además de luchar por el acceso, incorporación, participación o inclusión en el sistema político en los términos definidos por las culturas políticas dominantes, también estarían luchando por el derecho del movimiento social a participar en la definición del sistema político, el derecho a definir aquello de lo que quieren llegar a formar parte.
Harvey (2003:133-136), de acuerdo con su concepto de “acumulación por desposesión” 8, plantea un aspecto interesante respecto al movimiento social y afirma que las formas de organización desarrolladas para combatir la reproducción ampliada del capital no resultaron tan eficaces cuando se trataba de enfrentarse a la acumulación por desposesión. Las formas de lucha instituidas en el período 1945-1973 fueron inapropiadas para el período posterior cuando la acumulación por desposesión pasó al primer plano como contradicción principal en la organización imperialista de la acumulación. De ahí que surgiera un nuevo tipo de resistencia, con un tipo de visión alternativa diferente de la del socialismo o el comunismo. Pero señala que del mismo modo que la desatención del vinculo orgánico entre los dos tipos de acumulación debilitó y limitó la visión de la izquierda tradicional, el recurso a la idea de luchas posmodernas tiene el mismo efecto sobre los movimientos recientemente surgidos contra la acumulación por desposesión. Lo anterior significa que no es conveniente desatender las formas de lucha que giran en torno a la acumulación ampliada de capital, ya que  al hacerlo se parcializa la lucha social, también existe el peligro de que no todas las luchas sean progresistas, de que la nostalgia lleve a una solución de “regreso a los viejos modelos” y a enterrar equivocadamente las diferencias, bajo un concepto nebuloso de “multitud en marcha” por lo que alerta respecto a la necesidad de promover la conexión entre las viejas luchas en torno a la reproducción ampliada y las que se dan contra la acumulación por desposesión (Harvey, 2003)9 .
O`connor (2002) advierte que el movimiento de los trabajadores, el feminismo, el ambientalismo, el movimiento urbano y otros movimientos sociales necesitarán combinarse en una sola y poderosa fuerza democrática para enfrentar a la fuerza totalizadora del capital global. Y sugiere la necesidad de tres estrategias generales relacionadas entre sí: La primera consiste en el desarrollo consciente de una esfera pública común, un espacio político, una suerte de poder dual, en el que las organizaciones de las minorías, de los trabajadores, de las mujeres, de los movimientos urbanos y de los ambientalistas puedan trabajar económica y políticamente. La segunda consiste en el desarrollo consciente de alternativas económicas y ecológicas dentro de esta esfera pública, o “nuevos bienes comunales” y la tercera en organizar luchas para democratizar los centros de trabajo y la administración del Estado, de modo que se puedan situar dentro del cascarón de la democracia liberal contenidos sustantivos de tipo ecológico, progresivo. Esto presupone que los movimientos además de utilizar medios políticos para lograr objetivos económicos, sociales y ecológicos, coincidan con la democratización de algunos aparatos de Estado y en la eliminación de otros. Este argumento se apoya en que mientras las estructuras existentes del capital y del estado sólo parecen ser capaces de reformas ocasionales, los movimientos sociales crecen día a día en todo el mundo, por lo que en algún momento existe la posibilidad de una crisis social y política generalizada, en la medida en que las demandas de estos movimientos chocan con las estructuras políticas y económicas existentes.
La visión de un desarrollo humano sustentable se refleja actualmente en las luchas anticapitalistas en diversas partes del mundo y tiene un prominente lugar para el esfuerzo de muchas comunidades indígenas que resisten los embates del capital transnacional y sus acciones de “acumulación por despojo”. Estas comunidades están reivindicando sus sistemas de propiedad comunal y cultural, empleando técnicas para el uso sustentable del agua, suelo, variedades de plantas y otros recursos comunes. Los trabajadores industriales y las comunidades pueden aprender mucho de estos amplios movimientos rurales, acerca de las formas tecnológicas e institucionales necesarias para desarrollar su autonomía, autosuficiencia, diversificación y cooperación democrática como una forma alternativa a la explotación del capital y de su producción ecológicamente destructiva (Barkin, 1998, citado por Burkett, 2008).
De acuerdo con el planteamiento marxista, la transición a una economía ecológica, que también debe ser socialista, será un proceso arduo que no ocurrirá de un día para otro. No se trata de “asaltar el Palacio de Invierno”. Más bien, es una lucha dinámica, multifacética para un nuevo pacto cultural y un nuevo sistema productivo. La lucha es en última instancia contra el sistema del capital. Sin embargo, tiene que comenzar oponiéndose a la lógica del capital, esforzándose en el aquí y el ahora en la creación, en los intersticios del sistema, de un nuevo metabolismo social arraigado en el igualitarismo, la comunidad y una relación sustentable con la tierra. Las bases y los gérmenes para la creación de un desarrollo humano sustentable deben surgir desde el interior, desde las entrañas mismas del sistema dominado por el capital, así como la misma burguesía lo hizo desde los “poros” de la sociedad feudal. Eventualmente, estas iniciativas pueden volverse lo suficientemente poderosas para constituir las bases revolucionarias de un nuevo movimiento y una nueva sociedad” (Magdoff y John B. Foster10 , 2010:22) 11.
Para Foster el problema del ambiente, incluido los efectos del cambio climático, se está acelerando, es una cuestión de supervivencia para la humanidad y la mayoría de las especies sobre la Tierra y no existe una solución definitiva dentro del capitalismo, la única solución real es deshacerse del capitalismo y crear una sociedad igualitaria y sostenible, a cargo de productores asociados. Dice que se necesitan respuestas radicales a corto plazo y una revolución ecológica a largo plazo. Las primeras tienen que ayudar a promover las condiciones para la segunda. Se debe empezar por promover reformas colectivas desde dentro del sistema, lo que va en contra de su lógica, y ello jugará un papel en la transición a otro sistema controlado por la gente. La nueva sociedad surgirá del interior de la antigua. La única solución real social y ecológica es una sociedad no centrada en el crecimiento económico per se, sino en el desarrollo humano sustentable (Foster, 2010).
Todas las medidas que se adopten al interior del capitalismo tienden a ser limitadas, dado el objetivo de acumulación del sistema. La dependencia de los recursos renovables, por ejemplo, es importante, pero se requiere un sistema que las utilice sólo a un nivel que permita su renovación, y el capital empuja más allá de todas estas fronteras. No es que se tenga que renunciar a la promoción de soluciones más sociales, colectivas y públicas; se trata de crear, en parte desde dentro del capitalismo, la infraestructura para un tipo de sociedad diferente. Con una presión constante desde abajo se pueden conseguir algunas cosas, siempre que no afecten sustancialmente a la unidad de acumulación del sistema. Por qué, si está en riesgo la acumulación, el capital se vuelve y es probable que las pequeñas victorias se inviertan. La única respuesta, tanto como una cuestión de justicia como de supervivencia, es empujar más allá de lo que el capital está dispuesto a aceptar, es decir, promover las necesidades humanas y colectivas más allá del llamado ‘sistema de mercado’. En este caso estamos hablando, si se lleva suficientemente lejos como para marcar una diferencia real, de una revolución ecológica y social y de la transición a otro tipo de sociedad (Foster, 2010).

1.1.2.- Movimientos sociales y servicios de agua potable

La presencia de las redes y organizaciones sociales en los Foros Mundiales del Agua se inicia principalmente en el II Foro Mundial del Agua (FMA) de la Haya en el año 2000 y con una acción un poco más coordinada en el III FMA de Kyoto en el año 2003. El objetivo de dichas organizaciones sociales era poner de manifiesto los problemas que no eran abordados en los debates y plantear otras maneras de gestionar los servicios básicos de agua y saneamiento. Pero la construcción de propuestas alternativas y la denuncia de las injusticias respecto al agua han ocurrido principalmente en encuentros como  el Foro Mundial Alternativo del Agua (Florencia) – FAME (2002); Acciones en el Foro Mundial del Agua -FMA- (Kyoto) (2003); Foro Social Mundial (Mumbai) (2004); Foro Social Mundial (Porto Alegre) (2005); II Foro Mundial Alternativo del Agua (Enebro 2006);    Foro Social Mundial – Caracas;  Foro Internacional en Defensa del Agua y la Vida (México) –FIDA - Cumbre de movimientos sociales en el IV FMA; Enlazando Alternativas 2 – Cumbre Social de la Unión Europea con América Latín y Caribe (coincidiendo con la cumbre de jefes de Estado de la UE-ALC) en 2006; Foro Social Mundial – Nairobi y Asamblea Mundial del Agua de Ciudadanos y Cargos Electos – Bruselas (2007) (Delclòs, 2008).
Estos Foros han sido puntos de encuentro muy significativos donde las organizaciones  cuentan con su propia agenda. Las propuestas y las denuncias han evolucionado rápidamente con declaraciones condensadas, por ejemplo en el FAME se acordó: “Promover el derecho al agua para todo el mundo y el reconocimiento del agua como un bien común y que por lo tanto, pertenece a todos los seres vivos del planeta.” El último FMA se inauguró con la declaración verbal de que el agua era un derecho, pero sin ningún compromiso por parte de las delegaciones ministeriales que asistieron; sólo hubo una mención en la agenda a dicha declaración impulsada por Bolivia, Venezuela y Cuba. En la declaración final del FIDA se exigió: “tener acceso al agua con calidad y cantidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas humanas” (Delclòs, 2008).
El Foro Mundial Alternativo (FAME) reconocía el acceso al agua como un derecho indivisible e imprescriptible a nivel de tratados y convenciones, y después de más de cuatro años sin ningún avance, la Asamblea Mundial del Agua de Ciudadanos y Cargos Electos (AMACCE) volvió a citar en su declaración final que había que reconocer el acceso al agua como un derecho humano universal, indivisible e imprescriptible:
“Oposición a todas las formas de privatización y de mercantilización del agua y oposición frontal a que los servicios de agua aparezcan en la lista de servicios negociables de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS).” En el caso de FIDA y al AMACCE, se propuso: “Denunciar a los gobiernos que quieren incluir los servicios hídricos, como objeto de negociación en el ámbito de la OMC. El agua no es una mercancía y mucho menos lo son los servicios de agua y saneamiento” (Delclòs, 2008).
Otras declaraciones hechas por estas organizaciones en aquellos foros fueron: exigir a las industrias y las corporaciones responsables que reparen los daños ambientales, humanos y económicos causados; la necesidad de promover las prácticas democráticas y participativas en el sector del agua; aun más, promover la gestión pública, social, comunitaria, participativa e integral del agua; se denunció que las colaboraciones público-privadas, no son más que una forma de privatización del servicio de agua y saneamiento; abierta oposición a la manera de operar de los poderes públicos que tienden a depender más de las inversiones en infraestructuras y servicios públicos de capitales privados, en una lógica puramente financiera y especulativa  (Delclòs, 2008).
Es así como el mismo embate privatizador que pretende pasar por encima del carácter de derecho fundamental de los servicios más esenciales de los individuos, a nivel internacional ha provocado aquellas reacciones de los movimientos sociales, de tal forma  que en América Latina desde la década de los ochenta se ha ido configurando y tomando forma un movimiento de resistencia que intenta subordinar las instituciones públicas y los servicios públicos básicos de agua potable al control social garantizando el acceso universal a los mismos (Castro, 2005). Es así como se manifiesta, a grandes rasgos el conflicto y la confrontación social en el sector agua y por ende en el de los servicios relacionados con el recurso en nuestros países.
Es de particular importancia destacar el proceso que se da en América Latina, en donde se pueden apreciar claramente la evolución y la puesta en práctica de las nuevas formas de gestión social y participativa en el ámbito urbano de grandes ciudades, mismas que transitaron de experiencias incipientes de lucha y resistencia social, pasando por experiencias intermedias aún en curso, a modelos de gestión social exitosos. Estas experiencias fueron producto de movimientos sociales, impulsados por actores que al ser portadores de un proyecto se constituyen en sujetos sociales durante el proceso.
Venezuela inaugura un nuevo paradigma cuando en la constitución de 1999 se establece que el agua es un bien de dominio público, al tiempo que se observan experiencias de control participativo y toma de decisión ciudadana; en Bolivia12 fracasó el intento de imponer un régimen de gestión centrado en el mercado ante la ofensiva del movimiento social contra la privatización del agua, la promulgación de la Ley 2029 entre septiembre y octubre de 1999 y finalmente con la devolución del control sobre el recurso al ámbito público y comunitario (Fuentes, 2004); en Uruguay el plebiscito del año 2004 prohibió la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento (Lacabana, 2005).
Argentina durante la primera mitad de la década de los noventa encaró un vasto y acelerado proceso de privatización de casi todas sus empresas públicas, incluyendo los servicios de agua y saneamiento, pero con la crisis, a partir del año 2001 todos los concesionarios, en su mayoría transnacionales, incumplieron, entraron en crisis y fracasaron, abriéndose una masiva renegociación de concesiones en el sector agua y saneamiento (así como en todos los sectores de servicios públicos que tenían concesiones), resultando muchas  canceladas, la responsabilidad de la prestación de los servicios volvió a manos del Estado y las empresas se vieron obligadas a retirarse (Aspiazu, 2007).
En Brasil, donde la prestación de los servicios de agua potable se concentra tradicionalmente en operadores públicos estatales y municipales, mediante iniciativa del gobierno a partir de 1994 se impulso la concesión y una mayor participación de la inversión privada bajo el argumento de las fuertes carencias financieras del sector, sin embargo ésta sólo alcanzó un escaso 10 por ciento de la población. A partir del gobierno del presidente Lula con el Partido del Trabajo, a pesar de que se continuó reconociendo la necesidad de la participación privada y se impulso una especie de sociedad mixta pública-privada en el sector, se puso el acento básicamente en las empresas públicas municipales al tiempo que se promovió la creación de mecanismos de control social de las mismas (Regoli, 2007).
En las ciudades Brasileñas como Porto Alegre con la experiencia participativa del Departamento Municipal do Agua DMAE (el modelo de Río Grande do Sul) a través de asambleas populares; la experiencia de la ciudad de Recife, Pernambuco, contra la privatización de COMPESAC, Caxias do Sul, Santo André, Jacarei, Piracicaba, entre otras (Delgado, 2005; Regoli, 2007), la administración pública del agua se ha transformado mediante reformas democráticas como la del presupuesto participativo, en un modelo de control social donde los habitantes toman decisiones directas sobre las prioridades de su empresa de agua a través de reuniones públicas13 .
Inspiradas en aquellos encuentros, foros mundiales alternativos del agua y de las experiencias mencionadas, surge un gran número de organizaciones autónomas internacionales como On the Commons, una red de ciudadanos y organizaciones que están explorando nuevas formas para lograr la justicia social, la armonía ambiental y la participación democrática en todos los niveles de la sociedad, buscan transformar la toma de decisiones sobre la administración del agua hacia sistemas participativos, democráticos y basados en las comunidades, sistemas que valoren como estrategias la equidad y la sostenibilidad (On the Commons, 2012). Esta organización fue creada en el 2001 y a ella pertenece la Red Vida, Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua que es la red más grande del agua en Latinoamérica, creada en agosto de 2003 cuando 54 organizaciones de 16 países de todo el continente americano se reunieron en San Salvador para lanzar una campaña hemisférica para defender el agua como un bien público y un derecho humano fundamental (Red Vida, 2012).
En México la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), forma parte de Red Vida y está compuesta por más de 20 organizaciones y redes con el objetivo de fortalecer un espacio de articulación para impulsar y acompañar procesos y acciones por el derecho humano al agua, contra su privatización y por una gestión pública, sustentable, democrática y equitativa. La COMDA nació en octubre de 2005 y en marzo de 2006 organizó junto con otros grupos las Jornadas en Defensa del Agua y el Foro Internacional en Defensa del Agua que fueron la alternativa de la sociedad civil frente al evento pro privatización y excluyente del 4to Foro Mundial del Agua (COMDA, 2012).
Así mismo destacan entre las organizaciones ciudadanas no gubernamentales vinculadas a la visión social y antropológica del agua, la Red Ciudadana del Agua (RCA) y la Alianza Mexicana por una Nueva Cultura del Agua (AMNCA), entre otras, que agrupan a diversas organizaciones civiles que consideran el recurso como un bien social y un derecho humano y plantean ya un modelo alternativo que permita no sólo resolver el problema de la demanda y del uso sustentable, sino establecer nuevas reglas para el crecimiento y desarrollo económico sin agotar y contaminar los recursos naturales (Poy, 2005).
La Red Ciudadana del Agua se conformó con 45 activistas de grupos procedentes de 17 entidades federativas de México que participaron en el Taller de Organizaciones Ciudadanas rumbo al Foro del Agua para las Américas en el Siglo XXI el 20 de septiembre de 2002 y se fundó con el objetivo de crear un espacio de intercambio de información y experiencias de académicos, grupos sociales y ecologistas sobre el agua, y generar reflexiones y propuestas para mejorar el manejo, distribución y administración del recurso hídrico en México (RCA, 2012).
La Alianza Mexicana por una Nueva Cultura del Agua (AMNCA) es un movimiento ciudadano que pretende involucrarse en la vida pública para incidir en los tomadores de decisiones y replantear las estrategias y políticas de manejo de agua en México. Lo anterior, a partir de abrir un debate nacional centrado en los problemas que caracterizan la gestión del agua en México; denunciar la inequidad y los diversos problemas en la gestión del agua; alertar a la opinión pública sobre las violaciones a los derechos humanos relacionados con el agua y sobre el uso no sustentable de los ecosistemas acuáticos, y construir un espacio donde la comunidad científica y académica en convergencia con organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales participen generando propuestas de alternativas eficientes, equitativas y sustentables para la gestión integral del agua en México.
La AMNCA propone nuevos modelos de gestión pública eficiente, basados en la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Estos modelos exigen reformas legales e institucionales profundas encaminadas a democratizar la gestión del agua y de los servicios públicos esenciales, acabar con la corrupción y garantizar la gobernabilidad y el manejo integrado de las cuencas. También exigen establecer una fuerte responsabilidad del Estado para dirigir los subsidios a la población más necesitada, rendir cuentas y organizar empresas eficientes con los recursos públicos (Centro virtual de información del agua, 2012).  
De acuerdo con estas organizaciones y manifestaciones sociales los servicios públicos básicos de agua y saneamiento deben ser de acceso universal para toda la población, sin ningún tipo de exclusión (principio de universalidad); el acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento, debe ser independientemente de las condiciones de raza y socioeconómicas de la población (equidad); entender los servicios básicos de acceso de agua y saneamiento con una visión integral (integralidad); se deben considerar estos servicios de acceso públicos por definición, prestados por entidades de naturaleza pública, bajo la forma de la organización directa de la empresa pública (gestión pública); se debe involucrar a la ciudadanía en la gestión del agua, la ciudadanía debe ejercer el control de una gestión eficaz y sostenible desde la perspectiva social, ambiental y económica (participación y control social); hacer posible el desarrollo tanto de las zonas urbanas como de las rurales desde una visión ecosistémica del agua (intersectorial); se debe garantizar un servicio con regularidad, continuidad, eficiencia, seguridad y calidad en el suministro (calidad del servicio); desarrollar políticas tarifarías de acuerdo con el poder adquisitivo de los usuarios (acceso con precios módicos y justos) (Delclòs, 2008).
En resumen y de acuerdo con lo anterior, se hace necesaria la gestión pública con participación y control social de los servicios de agua potable a fin de alcanzar  un modelo público eficaz, mantener el control y la gestión de un bien común de tanta importancia como el agua. La propuesta de los movimientos sociales es una gestión pública con participación y control social que pasa por construir una nueva manera de gobernar y relacionarse entre la población y los poderes públicos, en la que se entienda la participación y el control social como un activo de la gestión del agua, como una herramientas para aumentar la eficacia social, ambiental y económica. La participación social en la gestión de los servicios de agua potable permite un mayor conocimiento por parte de la población de su funcionamiento; la relación directa entre usuario, operador y  titular; dar voz a todos los actores que tienen relación con el agua, mejorar el acceso a la información, impulsar nuevas mejoras en la gestión. El control social en la gestión del agua, permite aumentar la transparencia de su gestión y desarrollar una ciudadanía comprometida con sus servicios públicos.

1 La CEPAL fue establecida por la ONU en febrero de 1948.

2 Dentro de los fundadores de la teoría de la dependencia destacan André Günder Frank, Teothonio Dos Santos, Ruy Mauro Marini, Aníbal Quijano y Vania Bambirra.

3 Cabe señalar que desde finales de la década de los cuarenta habían aparecido movimientos de la sociedad civil y la academia que cuestionaban el modelo de industrialización y de desarrollo y, sobre todo, los efectos contaminantes en la atmósfera, el agua y los suelos, y sus impactos en la integridad de los ecosis­temas y en la biodiversidad.

4 El Informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU (1987) define el desarrollo sostenible como “…el proceso que permite satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de atender a las generaciones futuras”. La ambivalencia del discurso se expresa en la polisemia del término sustainability que integra dos significados: como sustentabilidad (incorporación de las condiciones ecológicas del proceso económico) y como sostenibilidad (perdurabilidad en el tiempo, del proceso económico) (Leff, 2004a). El proceso de desarrollo de las ideas que dan origen al desarrollo sustentable como concepto y paradigma no es un proceso lineal y uniforme en el tiempo y contraría la idea de que sólo existe una visión respecto al desarrollo sustentable, Naina Pierre (2005) en su excelente trabajo hace un recorrido histórico y teórico que nos permite ver como se llegó a la propuesta hegemónica del desarrollo sustentable y muestra a las diferentes corrientes ambientalistas expresándose como diferentes concepciones, disputando el concepto mismo, así como las orientaciones concretas de su instrumentación. En el presente trabajo nos limitaremos a  señalar que éstas diferentes corrientes pueden resumirse en dos visiones principales sobre el desarrollo: 1.- El desarrollo sustentable como un problema técnico: diferencias y confluencias entre el ambientalismo moderado y los ecologistas conservacionistas; y 2.- El desarrollo sustentable como un problema social y político: la ecología social y el marxismo (Pierre, 2005).

5 En los actuales procesos de construcción del conocimiento y de la realidad social se reivindica el papel del sujeto y de la subjetividad, en lo histórico y en lo social. Para  Zemelman la sociedad es una construcción abierta, compleja, cambiante e indeterminada, con diversos planos espaciales y temporales, lo que permite que en los sujetos y la subjetividad confluyan los diversos planos de la realidad social y epistemológicamente concibe a los sujetos sociales como creadores de historia  El concepto de subjetividad involucra al conjunto de normas, creencias, lenguajes y formas de aprehender el mundo, configurando identidades, modos de ser y cambios colectivos, es en las experiencias y en las luchas de los grupos sociales donde se asume la subjetividad social. La subjetividad social no sólo se da en términos de clase social, sino que también se materializa en dimensiones como lo local, lo étnico o el género. Los individuos y grupos sociales adquieren una subjetividad colectiva que construye su propia realidad, se reivindica al sujeto contra la homogenización de la vida social, el sujeto es esencial para captar la realidad histórica ya que involucra diversos planos de lo social, los sujetos son producto histórico y productores de la historia. En cuanto a lo político, el rescate del sujeto evita la condena a un eterno presente, a un discurso único y el conformismo frente al orden imperante (Torres, 2010).

6 Se afirma que en América Latina están surgiendo perspectivas provenientes de la filosofía, la epistemología, la ética, la economía, la sociología, el derecho, la antropología y la geografía, autores y movimientos sociales que, más allá del propósito de ecologizar el pensamiento y la acción, están confluyendo en la arena política y en el estudio de las relaciones de poder que atraviesan al conocimiento, al saber, al ser y al hacer, una muestra es la emergencia del pensamiento ambiental latinoamericano y otros tantos movimientos sociales (Leff, 2006a). Ver también León, Arturo, 1991.

7 Un ejemplo fue el Simposio sobre Ética y Desarrollo Sustentable, celebrado en Bogotá, Colombia, del 2 al 4 de Mayo de 2002, impulsado por el ambientalista Enrique Leff y  con la participación de un sinnúmero de representantes de los diferentes países de América Latina, surge el llamado “Manifiesto por la vida” donde, entre otras cosas, se afirma que el movimiento ambiental ha generado la emergencia de una ciudadanía global que expresa los derechos de todos los pueblos y todas las personas (Leff y Otros, 2002).

8 El concepto de “acumulación por desposesión” se define en este capítulo en el apartado 1.4. “Desposesión y economía política del agua”. Y continúa siendo de utilidad toda vez que ilustra, además del despojo de los recursos, el hecho de que el proceso de acumulación originaria sigue vigente y la necesidad de nuevos tipos de resistencia social.

9 Mientras que otros autores defienden  la idea de dejar atrás las posiciones estructurales a favor del análisis enfocado en el agente o actor. Desde esta óptica los actores sociales tienen la capacidad de saber, de actuar, de resolver problemas y están al tanto de las acciones propias; son capaces de procesar y sistematizar sus experiencias vividas y actuar en ellas. Las empresas, agencias estatales, partidos políticos y organizaciones eclesiales son ejemplos de actores sociales (Long ,2007).

10 J.B. Foster escribió el libro La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza en donde saca algunas conclusiones que chocan con las interpretaciones más divulgadas entre los marxistas. Estas conclusiones son sustancialmente tres: 1ª Que en la obra de Marx hay algo más que algunos atisbos ecológicos desperdigados; 2ª Que el concepto de metabolismo o relaciones metabólicas es un concepto fundamental a lo largo de toda la obra de Marx; y que en la elaboración de este concepto está la clave para una lectura omnicomprensiva de Marx, para su comprensión no sólo como materialista histórico sino también como materialista dialéctico que es a la vez un materialista práctico, un materialista de la praxis; 3ª Que la concepción marxista de la naturaleza y la noción de metabolismo proporcionan una aproximación materialista y socio-histórica a los problemas ecológicos (Fernandez, 2004).

11 En opinión de Foster (2010), una revuelta masiva desde abajo en este ámbito emergería sólo desde la periferia del mundo capitalista; hay señales de que las bases materiales de la lucha social se están transformando y lo demuestran las guerras del agua, los hidrocarburos y la coca en Bolivia, las cuales contribuyeron a la llegada al poder de un movimiento político socialista e indígena; existe la esperanza de que las luchas basadas en la comunidad, el trabajo y el medio ambiente generarán un nuevo contexto para el cambio.

12 La resistencia y lucha de Cochabamba, Bolivia contra la multinacional estadounidense Bechtel (Delgado, 2005).

13 Ver Anexo: “Experiencias de gestión y participación social de los SAPAS en América Latina”. Aunque en otro nivel de lucha, podemos agregar la experiencia del Sistema de Agua Potable Independiente de Tecámac, Estado de México, en permanente lucha por evitar el despojo de sus pozos para beneficiar a empresas inmobiliarias y privatizadoras de los servicios de agua y en oposición a los proyectos de urbanización salvaje que destruyen tierras de cultivo, forestales y de recarga del acuífero (RAA, 2012).