ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LAS RELACIONES LABORALES

Armando J. Camejo R.

Demarcación del Espacio Empírico

Venezuela es un país dependiente del ingreso de la explotación petrolera, condición que por supuesto,  lo ha hecho  vulnerable  frente a las crisis económicas. Sin embargo,  es necesario acentuar que su condición minero - extractiva  le  permitió hasta mediados del siglo XX  sobrellevar una economía subsidiada y protegida, en la cual los recursos excedentarios provenientes de las exportaciones petroleras y las facilidades crediticias prevalecientes iniciada en los años 70. Estas políticas manejadas hasta principios de la década de los noventa, permitieron al Estado asumir el papel de promotor del desarrollo mediante la creación de empresas que requerían elevados montos de inversión.

Es así como a principios de la década de los 90 existían más de 200 empresas públicas que ocupaban más de 300 mil personas.  Sin embargo,  como consecuencia  de la inestabilidad de los ingresos petroleros, el elevado endeudamiento y los crecientes gastos del Estado, se produjeron  desequilibrios macroeconómicos que desembocaron en una crisis severa en 1988. Este fenómeno impactó visiblemente el aparato político que servía de sostén al gobierno. En  1989, iniciado el   nuevo período gubernamental, se  desencadenó una crítica situación económica, que reflejaba tres años consecutivos de deterioro de las cuentas externas, que consumieron prácticamente las reservas internacionales. Se cerraron las opciones de crédito externo, mientras crecía el déficit fiscal en forma sostenida, alcanzando el 8,1% del Producto Interno Bruto (PIB)  en 1988.   (Guerra y Ponce,  2005, p. 135).

Las políticas aplicadas durante ese periodo gubernamental aludido,  estaban  centradas en el control del mercado cambiario y la regulación de precios y de tasas de interés, lo cual se tradujo  en grandes  distorsiones importantes en los mercados y generó una crisis de desconfianza de efectos sumamente negativos. Esta situación obligó al gobierno entrante a aplicar un severo programa de ajuste conocido como el Gran Viraje y recurrir al Fondo Monetario Internacional para firmar una carta de intención que abarcaba aspectos legales e institucionales, así como la reforma económica  y financiera.

En 1989 el proceso de reforma económica consintió en la eliminación de barreras al comercio, reducción de aranceles, liberación  de precios y tasas de interés. A esto se sumaron además, medidas de carácter fiscal junto a la  reducción de gastos orientada a la redimensión del tamaño del Estado, para mejorar su eficiencia y reducir su intervención en áreas que no eran de su competencia.

Dentro de este contexto de crisis profunda que presionaba  sobre la toma de decisiones y que exigió  acciones rápidas en diferentes frentes -dentro de las limitaciones impuestas por los tradicionales esquemas institucionales y en medio de la resistencia que genera el desmontaje de la permisología, los procedimientos burocráticos y la privatización de empresas públicas- se sitúa la reforma iniciada en el sector telecomunicaciones, ámbito de nuestra investigación.

 La reforma del sector telecomunicaciones iniciada en Venezuela  durante 1990 estuvo enmarcada dentro del sentido necesario de recomponer la visión del Estado empresario. En esta dirección se avanzó en lo relativo a la privatización de la empresa estatal prestadora de los servicios de telefonía básica y la apertura a la competencia del resto de los servicios de telecomunicaciones; sin embargo, no se logró la adecuación del marco normativo y la creación del ente regulador debió ajustarse a las disposiciones vigentes sobre funcionamiento de la administración central. Tal como lo señala Lahera (1996);

…la regulación es un ejercicio normativo respecto de una actividad productiva, en casos de falla de mercado o por razones sociales. La regulación es normalmente ejercida por el sector público respecto de una actividad normalmente privada. Sin embargo ella puede contar con participación privada y también puede incluir a agencias públicas o autónomas ( p. 24).
La capacidad reguladora del Estado suponía la existencia de un marco normativo adecuado, equipos técnicos de alto nivel y una institucionalidad que garantizara la efectividad del regulador. Las actividades de regulación debían operar con reglas claras y preestablecidas, y en los temas más importantes podrían ser apeladas, por ejemplo, ante la autoridad antimonopolios.

Es importante recordar  que el marco legal Institucional del sector telecomunicaciones en Venezuela estuvo regido por dos principios básicos: a) La reserva al Estado de las telecomunicaciones, tal como se establece en la Constitución Nacional desde 1914, manteniéndose este principio en las Constituciones de 1936 y la de 1961, vigente para la fecha de la privatización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV). Estas disposiciones se mantienen en la Constitución aprobada en 1999. b) El derecho exclusivo del Estado para explotar los sistemas de comunicación en todas sus formas y la facultad para otorgar concesiones, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Telecomunicaciones de  1940 y recogidas en la nueva legislación sobre este campo.

Hoy, después de evaluar el antagonismo del estado empresario - benefactor  y  el neoliberalismo del mercado, observamos dramáticos y acelerados cambios generados en los ámbitos de las tecnologías y en el mercado de las telecomunicaciones en Venezuela. Vale destacar que este proceso produjo inmensos desafíos y oportunidades para el desarrollo del sector. Por una parte, en los últimos años, hemos visto la consolidación de las tecnologías convergentes como el núcleo de la nueva infraestructura  tecnológica y cómo el gobierno en el 2007 decidió aplicar una nueva estrategia para el logro de los objetivos de desarrollo sectorial al adquirir la Cantv. De ese modo, pasó a convertirse en regulador y árbitro de la industria como principal operador. Es el giro del estado promovido desde el gobierno, hacia el ejercicio del poder centralizador en su condición de Estado empresario, en franca contradicción con los postulados del sistema político económico que promueve.

Estos profundos y radicales cambios de paradigma van a tener una incidencia gigantesca en el desarrollo del sector telecomunicaciones, evidencias que se hacen realidad actualmente y que vienen poniendo a prueba todas las capacidades gerenciales, regulatorias y técnicas indispensables para sortear los retos y aprovechar el marco de oportunidades.

Desde el punto de vista técnico, durante los últimos  años hemos sido  testigos de una de las mayores transformaciones tecnológicas de la industria de las telecomunicaciones en el país. En muchos sentidos, la transformación es  más profunda e impactante que la sustitución de los sistemas analógicos por sistemas digitales iniciada hace más de 25 años.

El crecimiento en las telecomunicaciones ha coincidido con los cambios tecnológicos de esta década, fundamentalmente por el incremento de los usuarios de Internet, la masificación de la telefonía móvil celular y la convergencia tecnológica. Estos cambios se expresan a través de los servicios de telecomunicaciones y los medios de información, entre los que se incluyen además del internet, la telefonía fija y móvil, el suministro de correo electrónico (e-mail) e intranet; entre otros.

En su contexto, la sociedad venezolana se encuentra envuelta en un proceso de apertura no sólo económica sino también cultural y de toda índole, integrada dentro de lo que se ha denominado integración global, aldea global o simplemente globalización. Es evidente que se han venido generando cada vez más cambios en la forma de concepción de algunas actividades y más recientemente en la organización empresarial y de negocios. Paralelamente, a nivel mundial, se han suscitado grandes avances tecnológicos que han cambiado los patrones de vida en todos los rincones del mundo.

Como producto de los desarrollos de las telecomunicaciones, hoy se reconoce que todos los países están viviendo una invasión de afluentes informativos en cada una de las actividades que sus habitantes deben realizar cotidianamente. Esto es así, por cuanto estamos envueltos en la etapa que ha sido denominada Era de la Información o Sociedad de la Información la cual está diseñada para hacer fluir el material informativo que las personas deben manejar y, también, para acortar las distancias en las comunicaciones, ya sea que estas se realicen desde diferentes ciudades, países, regiones; o simplemente, desde lugares distantes dentro de una misma zona geográfica.

Ya es común que observemos cómo las personas pueden comunicarse mientras están a cierta distancia utilizando como intermediario a los computadores, cómo se imparten clases y/o charlas de estudios a través internet o mediante teleconferencia, cómo se utilizan en forma generalizada los videojuegos; o más frecuente y cotidianamente, el que podamos conversar vía teléfono celular. Dicho de otra forma, los avances tecnológicos y en específico los del sector de telecomunicaciones, han afectado significativamente cada una de las actividades de nuestra vida, incluso el ámbito laboral.

En Venezuela, el sector de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se consolida como uno de los rubros no petroleros de mayor dinamismo y mejores perspectivas económicas. Igualmente, representa un factor clave para el desarrollo tecnológico de los diversos sectores productivos. El sector TIC abarca los subsectores relacionados con la producción, consumo y comercio de hardware, software, telecomunicaciones  y otros servicios relacionados a dichas operaciones.

Durante el 2007 el sector presentó un crecimiento del 54%, lo que se traduce en 32 puntos  por encima del crecimiento logrado durante el año 2006. Para los primeros dos trimestres del año 2008 el crecimiento se sitúa en 21% lo que prevé una modesta desaceleración con respecto al ultimo año, en tanto continúa siendo una de las áreas de mayor atractivo para la inversión.
En el ámbito de la telecomunicaciones, el segmento  telefonía móvil obtuvo los mejores resultados en inversiones durante los últimos tres años. Esto ha generado un aumento considerable en la penetración de líneas inalámbricas, la cual ascendió en 86,76%. En cuanto a la telefonía fija, las inversiones están concentradas en mayor medida por el sector público.
Las inversiones en tecnología de la información alcanzaron para el 2008 un monto aproximado de 2.439 millones de US$ de los cuales un 77,08% corresponden a hardware, un 12.5% a servicios y un 10,41% a software. Se destaca además el crecimiento de un 31,11% del sector hardware entre el 2006 y 2007.

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