LA DESILUSIÓN SEXENAL

Óscar Antonio Jiménez Morales

Derechos humanos y Estado de Derecho, un panorama general:

Al tomar posesión como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 16 de noviembre de 1999, impuesto por Ernesto Zedillo, José Luis Soberanes prometió que durante su gestión__1999 a 2005__ no habría privilegios para nadie “ni para la institución presidencial ni para el Ejército”.1 Pero tras el inicio de su segundo periodo __2005- 2011­­__ no ha hecho más que tratar de hacer olvidar sus palabras.
Desde que estalló la crisis política de Oaxaca, Soberanes cerró los ojos frente a la brutalidad sistemática de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de los grupos de choque a las órdenes de Ulises Ruíz Ortiz  quien “gobierna” aquella entidad.
Soberanes reaccionó con odiosa e injustificada tardanza a las más de 500 quejas por violaciones graves a los derechos humanos a los oaxaqueños.
Hay un notorio cambio de actitud en quien a lo largo del sexenio de Vicente Fox Quesada fue un crítico institucional, pero a veces incómodo de ese gobierno y que ahora actúa como un miembro más del gabinete de Felipe Calderón.
Observadores independientes señalan que gracias a los cuantiosos recursos presupuestarios de la CNDH, Soberanes inventó y alimenta a numerosas ONG personeras que desde siempre han aplaudido y justificado su subordinación ante el poder y sobre todo ante los excesos del Ejército, he ahí su silencio ante la violación de un grupo de sexoservidoras en Coahuila por elementos de las fuerzas armadas en junio de 2006, denunciada por el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.2
Pero si la imagen del ombudsman se había empañado a lo largo de más de  siete años que lleva al frente de la CNDH, y si la confianza en el organismo descentralizado que dirige se deterioró en forma alarmante debido a los pésimos servicios que prestó al pueblo de Oaxaca, ahora, dentro del contexto del gobierno de Calderón, su pérdida de credibilidad ha cruzado la línea del no retorno, puesto que, haga lo que haga,  será visto en adelante como  encubridor de los que violaron y asesinaron (se presume fueron elementos del Ejército mexicano) a la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario en la sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz y comparsa de Calderón cuando éste dijo que la anciana había fallecido por una gastritis crónica no atendida.3
Recordemos que Felipe Calderón se involucró directamente al señalar en el mes de marzo de 20074, que Ernestina Ascensión Rosario falleció por una gastritis mal atendida, pretendiendo eludir la hipótesis de la violación y, virtualmente, desaparecer la acción de militares en esos hechos.
En esta tesitura, durante los ocho años y medio de gobiernos federales emanados del PAN ha tenido lugar una intensa campaña de hostigamiento en contra de activistas de diversos movimientos sociales, como lo muestra el elevado número de personas, alrededor de 900, muchas de ellas pertenecientes a pueblos originarios, que han sido encarceladas por motivos políticos5
Ahora bien, en los inicios de su sexenio, Vicente Fox afirmaba ser un decidido defensor de las garantías individuales en México y otros países. Sin embargo, el supuesto compromiso inicial del entonces presidente con la procuración de los derechos humanos contrasta claramente con las cuentas que entregó una vez que dejó el poder; en las postrimerías del foxismo autoridades estatales y federales recurrieron a la represión policial para sofocar los descontentos sociales en diversas zonas del país como en Lázaro Cárdenas en Michoacán; Texcoco-Atenco en el estado de México y Oaxaca.
Diversas organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, pusieron bajo la óptica de la comunidad internacional los casos de graves atropellos a las garantías individuales cometidos por las autoridades mexicanas en el contexto de tales conflictos.
Lejos de aclarar y reparar el daño producido por los abusos de su antecesor, el gobierno de Felipe Calderón se ha distinguido por preservar la impunidad para los culpables de los episodios de represión mencionados, así como por incurrir en otros graves atropellos a las garantías individuales, como la detención de los líderes sociales oaxaqueños y su internamiento inexplicable e injustificable en prisiones de alta seguridad.
Para colmo, el calderonismo ha continuado acciones como el empleo de las fuerzas armadas en el combate a la “delincuencia” y la criminalización de la protesta social, que históricamente tienden a desembocar en episodios de represión masiva y de atropello de los derechos políticos.
Por lo demás, la criminalización de las manifestaciones de descontento social no se ha  limitado al ejercicio de la fuerza represora del Estado en contra de los inconformes, sino que se apuntala, además con triquiñuelas jurídicas como la invención de cargos y la lectura facciosa de las leyes en perjuicio de los acusados. Como ejemplo ha de referirse la sentencia dictada en mayo de 2007 en contra de dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en el caso Atenco, condenados a 67 años de prisión, lo que constituye una virtual cadena perpetua6. El empleo excesivo de la fuerza pública para acallar las manifestaciones de descontento es una práctica recurrente de los regímenes autoritarios.
Amnistía Internacional presentó el informe 2007, en el que documenta las cuestiones de derechos humanos que motivaron su preocupación en 2006.
En la introducción, intitulada: Libertad frente al terror, se explica las graves violaciones a los derechos humanos que en cadena se dan contra las personas y grupos en el mundo actual, como productos del miedo, el cual, como sabemos, en los manuales de contrainsurgencia es propuesto por los regímenes autoritarios como medida de desmovilización social y de control político.
Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional encuentra de manera pertinente al “capitalismo desenfrenado”, con sus secuelas de desigualdad social, pobreza, delincuencia, y violencia, en el contexto de gobiernos débiles y corruptos, empresas y actores económicos refractarios a una regularización internacional obligatoria, una política ineficaz contra el terror, e incluso organismos internacionales de protección a los derechos humanos ineficaces.
Todo lo cual ha producido una manera errónea y perversa de enfrentar los masivos problemas sociales como migración, marginación, discriminación, disentimiento, inseguridad y violencia conculcando derechos humanos y comprometiendo de manera efectiva el bienestar de todos.  Al fin y al cabo, los derechos humanos son obstáculo para la expansión actual del capitalismo mundial en su versión neoliberal aunque algunos teóricos indican que ya estamos en la fase del post neoliberalismo, la cual es una versión mucho más aguda del anterior pero con mayor represión social.
“El aumento de la delincuencia y la violencia armada son fuente de miedo constante, lo que ha llevado a muchos gobiernos a adoptar políticas que en teoría combaten enérgicamente la delincuencia, pero que en realidad criminalizan a los sectores más desfavorecidos y los exponen al doble peligro de las bandas y la brutalidad policial” 7.
Khan recuerda su visita en 2003, cuando Vicente Fox era el presidente de la República: “en la entrevista que tuve con él, le pregunté por qué el gobierno federal no actuaba, le pedí que investigara los crímenes y desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad Juárez y me respondió que no tenía competencia, que era responsabilidad del estado de Chihuahua”8. En otras palabras, Fox se escondió bajo la cuartada del federalismo para no atender sus obligaciones como primer mandatario en este ámbito.
Liliana Velásquez, presidente de Amnistía Internacional9, sección México, indicó que la actuación del gobierno de Felipe Calderón, en la defensa y promoción de los derechos humanos, hasta ahora “ha sido decepcionante”. Hasta hoy no ha mostrado voluntad para elaborar programas que atiendan las graves violaciones.10
José Luis Soberanes indicó que si bien es cierto que no hay un avance sustancial en materia de derechos humanos, las afirmaciones de Amnistía Internacional  de que existe un “fracaso constante” del gobierno federal en el tema, son “exageradas”11
La directora para América Latina del Centro por la Justicia y el Desarrollo Internacional (Cetil, por sus siglas en inglés), Soraya Long, advirtió, en el contexto de una visita de trabajo por nuestro país, que el gobierno federal ha hecho caso omiso de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en las que se concluye la participación del estado mexicano en graves violaciones a las garantías individuales. La activista sostuvo que la falta de atención gubernamental a los señalamientos de la CIDH pone en evidencia que “no hay una verdadera voluntad política del gobierno de acatar sus compromisos internacionales” en materia de derechos humanos, y se manifestó particularmente por el hecho de que en México persistan atropellos como la tortura, las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada12.
Por su parte, el subprocurador de los derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia (PGR), Juan de Dios Castro Lozano reconoció que México no tiene posibilidad de eliminar las violaciones a los derechos humanos, y “mientras no tengamos democracia en algunos estados, se facilitan los ambientes de impunidad”13.
Carlos Fazio, advirtió que el país vive un larvado proceso de fascistización del Estado; hay una nueva fase de la guerra sucia, como una parábola de los años 60 y 70 al presente, y se avizora un nuevo modelo autoritario de seguridad; un Estado cada vez más policial- militar, basado en prácticas tipo contrainsurgente.14
Andrés Kompass15 representante en México del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estableció en su momento que el periodismo mexicano, por su parte, está en riesgo, toda vez que han ocurrido en el país múltiples asesinatos de comunicadores. El funcionario calificó de obligación de las autoridades nacionales que se impulsen las acciones necesarias para esclarecer los atentados, así como brindar protección a los medios de comunicación y a los periodistas.
Compás condenó los asesinatos de éstos ocurridos en México, a los que consideró agresiones contra el derecho a la libertad de expresión y un duro golpe no solamente a las personas, sino también a todas las sociedades democráticas.
En otra tesitura, en América Latina, México ocupa el segundo lugar en la lista de países con un alto número de asesinatos homosexuales, al registrar alrededor de mil muertes en los pasados nueve años. Brasil está en el primer sitio con hasta 800 homicidios al año16.
En este sentido, se constituyó el Frente Nacional Contra la Represión con más de cien grupos. Rosario Ibarra de Piedra, legisladora del Frente Amplio Progresista (FAP) estableció que ante la nueva fase de una guerra sucia contra los luchadores sociales y, para evitar otro baño de sangre desde los aparatos represivos del Estado, más de un centenar de organizaciones acordaron formar el Frente Nacional Contra la Represión17.
Debemos apuntar también que según el informe 2008 de Amnistía Internacional (AI) México es uno de los 81 países del orbe donde todavía se inflinge tortura y uno de los 77 donde se restringe severamente la libertad de expresión.18
Amnistía señaló además que el gobierno tiene muchas deudas pendientes con la sociedad como lo son los crímenes cometidos durante el movimiento estudiantil de 1968 y la guerra sucia de los años 70, las desapariciones de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes y Alberto Cruz, los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez, la represión policiaca de San Salvador Atenco y el caso de la periodista Lydia Cacho. Además Amnistía Internacional indicó que el gobierno de México dio una valoración incompleta a la Organización de Naciones Unidas sobre la situación de las garantías fundamentales en el país y que aún no se ha hecho rendir cuentas a nadie por los crímenes, omisiones, desapariciones forzadas, entre otros ilícitos.19 
Es tragicómica la declaración de José Luis Soberanes con su declaración “A Calderón no le preocupan los derechos humanos”20 cuando éste ha sido cómplice de aquél en reiteradas ocasiones en las cuales se han violado los derechos humanos de muchas personas durante su administración, este asunto se refuerza con la declaración de diferentes organizaciones civiles en el sentido de que el discurso del titular de la CNDH “no corresponde con lo que, en los hechos, ha sido su trabajo al frente de la institución, pues sus recomendaciones han sido tibias y limitadas en el tema de las violaciones a esas garantías por el Ejército Mexicano”.21
Ahora bien, después de establecer esta panorama general sobre el estado o la situación de los Derechos humanos (y también del Estado de Derecho) en nuestro país, vayamos a algunos asuntos específicos que marcaron el retroceso democrático en esta cuestión y que colocaron los botones de muestra y que para siempre marcarían el sello distintivo de la política foxista, tales botones son los casos de Atenco, Oaxaca, Pasta de Conchos, Michoacán y ahora, con Calderón, el caso de Cananea, Sonora.


1 La Jornada, 17 de noviembre de 1999.

2 Raúl Vera López, Obispo de Saltillo es uno de los pocos jerarcas católicos mexicanos que efectivamente se ha ocupado de la originaria  misión de la Iglesia Cristiana (atención a los intereses de los desprotegidos, vulnerables y sectores oprimidos de la sociedad), sin desviarse, al menos así lo constatan los hechos, hacia el poder político y económico del país como son los casos, en este sentido,  de Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México, Juan Sandoval Iñiguez, Obispo de Guadalajara y Onésimo Cepeda, Obispo de Ecatepec.

3 José Luis Soberanes se enfrascó en confrontaciones declarativas de tonos descalificadotes contra quines sostienen, parientes, vecinos, autoridades estatales, que antes de su muerte la anciana sufrió una brutal agresión sexual por parte de efectivos militares.
A ojos de buena parte de la opinión pública y de la oposición política, a las erráticas declaraciones de Soberanes en este caso no parecieron una búsqueda de la verdad sino un afán de encubrimiento de los saldados a los que se atribuye la muerte de la anciana. Ante su comparencia en la cámara de Diputados, las comisiones de Derechos Humanos, Equidad de Género y Justicia se rehusaron a aceptar las pruebas que Soberanes pretendía entregarles, toda vez, que le dijeron, “no es nuestro papel hacer la valoración de las pruebas y tampoco el suyo”.

4 La Jornada,12 de marzo de 2007.

5 Ibidem. A La fecha, hay al menos 169 activistas de diversas causas en reclusorios estatales y federales de nueve entidades, la mayor parte de Chiapas, estado de México, Oaxaca, Guerrero, también en Yucatán, Veracruz, Tabasco, Michoacán y San Luis Potosí.

6 Más adelante atenderemos específicamente el caso de Atenco, Estado de México.

7 La Jornada, 26 de mayo de 2007.

8 La Jornada, 5 de agosto de 2007.

9 La Jornada, 24 de mayo de 2007.

10 La defensora acusó que la impunidad es el fenómeno más arraigado “en todos los casos de abuso de derechos humanos en México, y es también el reto más importante de este gobierno, que debe tomar medidas para contrarrestar esa situación y tiene la responsabilidad ante la sociedad y la comunidad internacional de garantizar que no haya impunidad”.
Velásquez dio cuenta de las graves violaciones registradas durante 2006: asesinatos de ciudadanos a manos de policías en San Salvador Atenco, estado de México; Oaxaca, y Lázaro Cárdenas, Michoacán; violaciones y agresiones sexuales contra mujeres cometidas por elementos policíacos, detenciones arbitrarias, tortura, uso ilegítimo de la fuerza, violencia y femenicidios, entre muchas otras.
La presidente de AI resaltó que “un gobierno que no rechace la tortura debilita su autoridad moral y su capacidad de cuestionar abusos” Llamó además a Felipe Calderón a asumir su papel de liderazgo dentro del país para mejorar la situación. Lo más importante es demostrar con hechos que no tolerará otro Atenco ó Oaxaca.
“Evidentemente que sí hay una preocupación real de AI en cuanto a la intervención de militares en las labores de seguridad, porque el sistema de justicia militar puede ser la fórmula para generar impunidad”.

11 La Jornada, 3 de agosto de 2007.

12 A más de un año del gobierno de Calderón, no sólo no se hubieron resuelto las denuncias por los graves atropellos a las garantías individuales en que incurrieron autoridades estatales y federales a finales del foxismo, como la represión policial en Lázaro Cárdenas, Texcoco-Atenco y Oaxaca, sino que se han suscitado nuevas e injustificables vejaciones, muchas de las cuales pueden atribuirse a la decisión de emplear al Ejército en el combate al “crimen organizado ”y a la tendencia gubernamental a criminalizar la protesta social.
Son relevantes en este sentido, los recientes actos de hostigamiento a los normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, y a los dirigentes del movimiento Zimapán Somos Todos, en Hidalgo.
En suma, los señalamientos del Cejil dan cuenta de la contribución que el gobierno federal ha ahecho, tanto por acción como por omisión, a la grave situación de los derechos humanos en México. La Jornada, 9 de diciembre de 2007.

13 La Jornada, 10 de diciembre de 2006.

14 La Jornada, julio de 2007.

15 La Jornada, 15 de abril de 2005.

16 La Jornada, 18 de mayo de 2007.
Debemos decir que existen algunas instituciones con una fuerte influencia social (también política) como lo es la Iglesia Católica cuya jerarquía  ha establecido sus visones o puntos de vista  “morales” que más bien son antivalores y que, generación tras generación, se transmiten sin un cuestionamiento eficaz  lo que provoca, en cierta o en gran medida, sentimientos de fobia en sus feligreses, altamente interiorizados, contra personas de orientaciones sexuales diferentes a los “normales” (heterosexuales) y que terminan precisamente materializándose en asesinatos a los homosexuales.

17 La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra de Piedra estableció que el saldo doloroso de desaparecidos, muertos y detenidos, ilegalmente no debe repetirse; hoy nuevamente hay que unirse para evitar que retorne el terrorismo que ya se vivió en las décadas de los años 60 y 70, dijo.
Ibarra de Piedra comentó que continúan las desapariciones, como el caso de Paredes Ruiz, de 58 años de edad y defensor de los derechos humanos, los detenidos de San Salvador Atenco, estado de México, los de Oaxaca y, de Edmundo Reyes Anaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que reclama el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Crear este Frente Nacional Contra la Represión es producto de la preocupación de luchadores sociales, intelectuales e integrantes de organizaciones sociales, entre otros, porque se está repitiendo al patrón de torturas clandestinas, persecución y desapariciones que predominó en la década de los años 70 en contra de quienes demandaban cambios políticos y económicos. La Jornada, 1º de octubre de 2007
Al movimiento se sumaron, entre otras organizaciones, la Asamblea de Trabajadores de la Cultura, la APPO y la Unión Campesina Independiente.

18 La Jornada, Jalisco, noviembre de 2008.

19 La Jornada, 7 de febrero de 2009.

20 La Jornada, 11 de enero de 2009.

21 La Jornada, 22 de marzo de 2009.

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