“LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO RECAUDATORIO DE LOS IMPUESTOS EN SINALOA. EL CASO DE CEAIPES.”

Jesús Octavio Quiñónez Gastélum

2.2.2. Indicadores de Transparencia en México


“Etimológicamente, transparencia deriva de la palabra compuesta latina trans-parere”, que significa algo que se puede ver de un lado a otro, pero no simplemente algo que se puede observar directamente, sino que también se puede ver incluso a través de un objeto interpuesto como puede ser una pared (Schedler 2004:66). Transparencia se refiere a la apertura del flujo de información social, política y económica de las organizaciones burocráticas al escrutinio ciudadano, volviéndola accesible, certera y confiable (Valverde, 2004ª: 235).

Para Ugalde (2002) transparencia significa: Abrir la información de las organizaciones políticas y burocráticas al escrutinio público, mediante sistemas de clasificación y difusión que reducen los costos de acceso a la información del gobierno.

La transparencia no implica un acto de rendir cuentas a un destinatario específico, sino para la práctica de colocar la información en la vitrina pública para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y en su caso usarla como mecanismo para sancionar en caso de que haya anomalías en su interior.

Transparencia es el conjunto que establece una organización gubernamental por dar a conocer al público que lo solicite la información existente sobre un asunto público (Vergara, 2006:17). Al hablar de transparencia y de acceso a la información gubernamental, es necesario incorporar el tema de la democracia, por que solo en los gobiernos democráticos es factible pensar en la rendición de cuentas y que los ciudadanos se acerquen a la toma de decisiones. Según un estudio del FMI, una de las características que condujo a la crisis mexicana de 1994 – 1995 fue la falta de transparencia. La teoría liberal nos dice que necesitamos transparencia para que el poder no se vaya por la libre y haga destrozos. La teoría democrática prescribe que sean los ciudadanos quienes en última instancia deben controlar el poder. La insensibilidad de la administración, la arbitrariedad, la sensación de desprotección del ciudadano, deben ser suplantados por un modelo del sistema democrático, el cual incluye entre otros aspectos, la transparencia total de la administración (Trinidad, 2006). “La transparencia es la relación entre el gobierno y ciudadanos, abre las puertas y las ventanas del funcionamiento de la administración pública para que nosotros mismos, sin intermediarios, podamos verificar la legalidad y honestidad de sus operaciones” Hill (2006). Es indispensable instaurar una cultura de transparencia, si logramos establecerla dentro de nuestro sistema democrático, se podrá conciliar el interés colectivo con el interés particular de los gobernantes. La transparencia debe convertirse en un mecanismo eficaz para la consolidación de la democracia y la creación de buenos gobiernos, gracias a ésta, será posible que todos los niveles de gobierno trabajen mejor en pro del pleno desarrollo y bienestar del país, Gómez (2006). La transparencia es una garantía normativa, institucional y no jurisdiccional para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública (Villanueva 2006).

El derecho a la información y la libertad de expresión, imprescindibles en la construcción de un Estado democrático, son fruto del espíritu y el pensamiento de la revolución francesa (Díaz, 1969). El espíritu liberal francés llegó a América de la mano de Thomas Jefferson. La primera enmienda a la Constitución en 1791 ordenó que “el Congreso no hará ley alguna por la que. . . se limite la libertad de palabra, o la de prensa. . . .” La información es requisito e impulso para que el hombre individualmente considerado adopte decisiones políticas que adquieren así un valor comunitario, (Desantes 1974:31). La transparencia se identifica con una política de puertas abiertas, accesible a las aportaciones de los ciudadanos. Y, por este camino, alcanzamos otro de los fines que indirectamente se predican: La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos (Debbasch, 1990).

Aunque ya en 1982 se promulgó en México la Ley Federal de Responsabilidades (el marco jurídico de todas las reglamentaciones relativas al comportamiento de los funcionarios), resultaba evidente que las estructuras de supervisión del comportamiento de los funcionarios eran inadecuadas. Por ejemplo, la exigencia de que registren o declaren formalmente su patrimonio y su renta era ineficaz, pues las correspondientes facultades revisoras de tales declaraciones eran inadecuadas o excesivamente lentas, haciendo en la práctica extremadamente difícil perseguir cualquier conducta indebida. Además, los hechos muestran que los funcionarios desconocían mayoritariamente sus responsabilidades o posibles conflictos de intereses. Las políticas de recursos humanos promueven la ética estableciendo un tratamiento justo y equitativo para todos los empleados. Fomentar la competencia mediante el mérito y la representación justa puede contribuir a mejorar la eficacia del servicio público. A la inversa, aceptar niveles insuficientes de rendimiento es una cuestión ética porque puede llevar a un desperdicio de recursos y a hacer concesiones en materia de criterios en otras áreas (Chapman, 1993).

Una política transparente y equitativa de recursos humanos es esencial para la integridad de la organización. A partir de la incursión de México en la OCDE, el 18 de mayo de 1994, inician las primeras acciones de la transparencia, en 2002 se publicó la Ley federal de la materia, a la que le siguieron leyes estatales y reglamentos municipales, sin embargo la transparencia mexicana ha estado enfocada a la parte presupuestal, es decir, el gasto del gobierno en sus tres niveles. Las dos recientes iniciativas, claves para la construcción de un marco ético, son: el Programa de Modernización de la Administración Pública y la creación de la Oficina Superior de Auditoría, anunciada por el Presidente Zedillo en 1995. Una prioridad del citado programa es ‹‹. . . realizar una revisión integral del marco legal vigente, que debe definir con toda claridad los derechos y obligaciones tanto de los funcionarios como de los ciudadanos para reducir la discrecionalidad en la aplicación de la ley››. Las principales funciones de la Oficina Superior de Auditoría son ‹‹. . . controlar, supervisar, verificar y corregir el uso de los recursos públicos y. . . formular recomendaciones para la mejora de la gestión en el sector público››. Ciertamente, la creación de un marco ético en México (mediante la definición de las reglas aplicables al comportamiento administrativo y el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas a través de auditorías efectivas) está relacionada con el actual proceso de democratización en que están embarcados en el país y sus instituciones de gobierno.

El “chayote o chayotazo” fue una práctica que consistía en publicar únicamente lo que el gobierno autorizaba publicar, a cambio de una suma de dinero. Así los periodistas hacían negocio sin importar su ética profesional o su compromiso social. Al respecto, Dehesa (1996) comenta lo siguiente, “hoy están las demandas de una sociedad que quiere y puede informarse mejor, gracias a esto, cada vez hay más periodistas que se equivocan por su cuenta y no con cargo al chayote, o a su ego hipertrofiado”. Gracias a que la sociedad es más consciente, madura y exigente, este tipo de prácticas han ido desapareciendo.

A su vez, los periodistas se comprometen más con su labor asumiendo la gran responsabilidad que tienen frente a la sociedad como destinataria de la información que difunden. La figura del funcionario anónimo se está convirtiendo en un vestigio del pasado. La mayor transparencia en las actividades públicas, incluido el acceso a la información oficial, junto con el creciente celo de los medios de comunicación y de grupos de interés bien organizados, da lugar a una mayor exposición de los funcionarios al examen público de su actuación, como si trabajaran en un escaparate transparente. La mayor visibilidad de la actuación de los funcionarios públicos se extiende también a sus errores y comportamientos indebidos. Podría afirmarse que el aparente aumento de estos últimos es más bien una manifestación de la mayor transparencia y control, al quedar ahora abierto al juicio del público y de los medios de comunicación lo que antes permanecía oculto en el secreto de la burocracia.

Por su parte Alderman y Kennedy (1997), exploran casos en los que los ciudadanos se han visto afectados por la divulgación de datos personales y cómo, a veces, de manera hasta involuntaria, el acta de libertad de Estados Unidos ha terminado por perjudicar los derechos individuales de algunos ciudadanos. La transparencia es un prerrequisito del debate público y la participación que, en respuesta, puede llevar a solicitar mayor información.

A fines del siglo XX, Cosío (1997) interrogaba la viabilidad de México como país desarrollado y como “república democrática”, años más tarde afirmaría que en México no funcionaba la opinión pública, ni los partidos políticos, ni el parlamento, ni los sindicatos, ni la prensa. La vida pública era en realidad estrictamente privada, la política era monopolizada por la “familia revolucionaria” y se articulaba en la fusión de un partido hegemónico sin distinción de Estado. México ha tenido que cargar por décadas con un lastre que ha limitado su desarrollo y que explica, por tanto, el atroz rezago social: La corrupción. 54 millones de personas en pobreza extrema en un país de 100, cifra reconocida por el gobierno de México, ofenden a un país en el que una minoría concentra el 90% de la riqueza, acumulada por la vinculación perversa entre poder económico y poder político, (Smolla, 2000).

En México, el proceso de creación de la política pública de la transparencia, siguió varios pasos, aunque hay autores que consideran diferentes etapas en el proceso de una política pública, como Meny y Thoenig, quienes consideran que se compone de cinco fases, ó Bardach quien por su parte habla de ocho pasos, la primera etapa en México fue el diagnostico o definición del problema: esclerosis múltiple por falta de circulación de la información pública, una sociedad desinformada o mal informada y falta de legislación al respecto.

Independientemente de lo anterior, derivado de la apertura comercial y la influencia de los modelos de regulación de los países de la OCDE, el concepto de transparencia se ha abierto paso tímidamente en la legislación mexicana, y junto a los mecanismos de transparencia, aunque no son del todo desconocidos en México, si son rudimentarios y débiles institucionalmente.

De este modo, para establecer en México un sistema eficaz de contrapesos, el cual supone, que el ciudadano este en posibilidad de hacer un juicio fundamentado en la acción del Estado, para tal efecto, debe tener la capacidad de obtener y analizar por si mismo la información relativa, para lo cual se requiere una doble condición: una alta dosis de transparencia en el gobierno y la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso directo a las fuentes primarias de la información.

La formación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no fue un hecho aislado, es un esfuerzo de muchos años basado en la necesidad y voluntad de fortalecer la joven democracia mexicana, a lo que se sumaron voces y esfuerzos que dentro de la administración habían abierto brecha en materia de transparencia y junto con otros grupos del mismo equipo de transición coincidieron en señalar que una de las acciones prioritarias del nuevo gobierno estaba en el área de la transparencia.

Después de la elección de 2000, se incorpora en la agenda el tema de la transparencia y en Mayo de 2001, surgió el grupo Oaxaca, conformado por diversas asociaciones de periodistas, medios de comunicación, universidades, fundaciones, diarios, etc., entre ellos El Universal, Reforma y La Jornada, a nivel país y 74 periódicos regionales, este fue uno de los principales grupos que influyó para que empezara en México la era de la transparencia, mediante un manifiesto denominado “Declaración de Oaxaca, publicada en El Universal el 25 de del 2001, hacia finales de julio de 2001 se concluyó la primera fase del proyecto cuyo resultado fue un documento de trabajo que podía tomar la forma de una iniciativa de ley o bien de un acuerdo presidencial en materia de transparencia, otro autor interesante de la transparencia contemporánea en México es Federico Reyes Heroles, la importancia de su obra tiene que ver con la publicación de ensayos con pretensiones teóricas que han sido muy iluminadores sobre el asunto de la transparencia y han contribuido a difundir y aclarar el concepto en México. No obstante, Carpizo y Villanueva (2001) señalan que los diversos intentos por reglamentar el derecho de acceso a la información en el transcurso de estos últimos 20 años, presentan problemas de naturaleza conceptual, pero fundamentalmente, la existencia de intereses creados y de ausencia de una amplia base social que comprenda bien a bien la importancia de estas reformas para su vida cotidiana.

El ex Presidente de México, Vicente Fox Quesada y Allyn (2007), comentan que en 2000, nuestra Alianza por el Cambio entre el PAN y el Verde había ganado con sólo 42 por ciento del voto entre cinco fuerzas, de modo que tenía una minoría en el Congreso. Pero en nuestros primeros 100 días nos unimos al izquierdista PRD y a miembros reformistas del PRI para promover una serie de importantes leyes nuevas que impusieran una transparencia sin precedente al gobierno. Por orden del ejecutivo, inmediatamente se desmanteló todo el aparato policiaco del PRI, abriendo los archivos secretos de Gobernación. Y acabamos con toda la corrupción que había dado tanto poder a la presidencia mexicana: las “concesiones” para que el Congreso favoreciera la autoridad discrecional del presidente para dirigir el 95% del ingreso fiscal de México a los gobernadores y alcaldes que seguían su línea política, los multimillonarios presupuestos de publicidad al gobierno, fue cuando Martha, secretaria de Prensa, se gano la eterna hostilidad de los medios informativos de México por poner fin al “chayote”.

La aprobación de esta ley constituye un gran avance, pero también implica retos enormes, se trata de un giro completo a la tradición secular del secreto administrativo en México, para entrar en un cambio profundo de cultura de transparencia y flujo de información, ahora el país tiene un instrumento útil y legítimo para consolidar su democracia que supone la redistribución del poder hacia los ciudadanos y contribuye a generar una cultura de transparencia y lucha contra la corrupción. Así como el país tardó varias décadas en alcanzar su democracia formal, pasarán muchos años antes de que se arraigue en la población una auténtica cultura de transparencia, (López-Ayllón, 2004). En el mismo sentido, Baltazar y Guerrero (2004), reconocen que nuestro sistema político se erigió en torno a la cultura del secreto, y que para lograr la transparencia se requiere mucho más que leyes y nuevas instituciones.

El sábado 04 de Agosto de 2010, tuve la oportunidad de visitar el Centro Fox 1, ubicado en el Rancho San Cristóbal, Carretera León-Cuerámaro Km. 13, municipio San Francisco del Rincón, Guanajuato, México, C. P. 36440, el cual cuenta con un acuerdo de colaboración con la biblioteca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2 (CONACYT), entre muchos otros organismos y Universidades en México, Estados Unidos y España, por mencionar algunos, ahí también conocí en persona al ex – Presidente de México Vicente Fox Quezada, a su hermana y su señora esposa Martha de Fox, el cual, muy amable, le sugirió al personal que nos dieran trato especial, a mi y a mi familia quienes me acompañaban en esa ocasión, y se refirió a nosotros como personas muy importantes, así que nos dieron un recorrido por las instalaciones del Centro Fox, el cual se encuentra en donde eran los establos de la Hacienda, con una explanada muy amplia, y debajo de la explanada se encuentra la biblioteca, un espacio en donde se exponen las condecoraciones que recibió durante su presidencia, una replica de su oficina en Los Pinos, y hay tres mantas, que tienen escrito un pensamiento y fotografía del personaje que se trate, me llamaron la atención y quise plasmarlas en este trabajo de investigación, los pensamiento y sus respectivos personajes son:

“Sé el cambio que deseas ver en el mundo” Mahatma Gandhi.

“La educación es el gran motor del desarrollo personal, es a través de la educación que la hija de un campesino puede convertirse en médico, que el hijo de un minero puede convertirse en jefe de la mina, que un niño de los trabajadores agrícolas puede llegar a ser el presidente de una gran nación” Nelson Mandela 18 de julio de 1918, Umtata, Transkei, Sudáfrica.

“Yo tengo un sueño hoy” Yo tengo un sueño que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo, creemos que estas verdades son evidentes: que todos los hombres son creados iguales” Martin Luther King Jr. Atlanta, 1929 – Memphis, EE UU 1968 Premio Nobel de la Paz, 1964.

Las tres reflexiones, son muy interesantes, la de Nelson Mandela, en referencia a la educación, que genera cambios tan importantes, si el día de hoy miércoles 15 de Septiembre de 2010, no existe en Sinaloa y México, una transparencia en el proceso recaudatorio de los impuestos, tal vez, mediante el impulso constante en la educación, algún día, las nuevas generaciones puedan ver esa realidad, que hoy se propone en este trabajo de investigación. Y sobre la reflexión de Martin Luther King Jr., que en una de sus partes dice: “todos los hombres son creados iguales”, pero crecen en circunstancias tan diferentes, aquí mismo en Sinaloa, la pobreza y la ignorancia tan graves en la mayoría de sus municipios, contra las condiciones de riqueza y excesos, en solo algunos municipios, nos urgen a hacer algo determinante para enfrentar esta situación, de lo contrario, ahí tenemos los índices de salud, violencia, narcotráfico, pobreza, educativos, etc.

¿Cuándo se había visto que un ex – presidente de México, dedicará parte de sus propiedades para estos fines y al acceso de cualquier persona? ¿Por qué no lo han hecho los ex – gobernadores de Sinaloa y los ex – presidentes municipales, ya sea de Culiacán, o cualquier otro municipio en el Estado? Espero que estas preguntas sean de una gran reflexión entre la sociedad en general y toda aquella persona que tenga conocimiento sobre este trabajo de investigación.

La transparencia fiscal se asocia fuertemente con un desempeño exitoso del gobierno (Elizondo, 2001). Al contrario de lo que supondrían los argumentos en pro de prácticas mucho más opacas de gobierno, los beneficios que aporta la transparencia en términos del presupuesto son múltiples, según Fölscher, Krafchik y Shapiro (2001):

- El involucramiento de actores externos al Poder Ejecutivo puede mejorar las decisiones de políticas públicas y de la distribución de recursos, proponiendo diferentes perspectivas que añadan profundidad a los debates presupuestarios. Tal participación se fortalece por el contacto que los legisladores y la sociedad civil organizada tienen con comunidades y grupos específicos de la población.
- La transparencia presupuestaria mejora la rendición de cuentas. El Legislativo, los medios de comunicación, la sociedad civil y el público estarán mejor capacitados para obligar al Ejecutivo a rendir cuentas si tienen información sobre sus políticas, prácticas y gasto. En este sentido, es probable que los funcionarios públicos actúen con mayor responsabilidad si sus decisiones están abiertas al escrutinio público.
Obligar a la rendición de cuentas de los gobiernos puede ser un contrapeso a la corrupción y a la usurpación de funciones. Como ya mencionamos anteriormente, rendir cuentas es el acto medular de la división de poderes y de la democracia electoral. Por un lado aceita el engranaje de los pesos y contrapesos y, por el otro, dota de capacidad a los ciudadanos para premiar o castigar a los gobernantes con su voto.
- Un mayor nivel de transparencia y acceso a información clara, oportuna y veraz puede traer mayor confianza en el gobierno, donde los grupos sociales acepten los costos y beneficios que acarrean las políticas (trade offs). La transparencia, como tal, puede construir cohesión social: si la ciudadanía comprende las decisiones del gobierno y sus razones, se incrementa la legitimidad del ejercicio del gasto público, así como la necesidad de asegurar mayores ingresos (p. 2 y 3).
Fölscher, Krafchik y Shapiro (2001), al establecer que las conexiones entre la transparencia y la participación son importantes, continúan señalando:
- La transparencia permite la identificación oportuna de las debilidades y fortalezas de las políticas públicas, promoviendo así reformas necesarias. La transparencia, por ejemplo, puede contribuir a la estabilidad fiscal y macroeconómica al prevenir el desarrollo de una crisis en secreto, motivando ajustes paulatinos a lo largo del tiempo.
- Mejora el contexto para la inversión. Con un claro entendimiento de las políticas y acciones del gobierno, inversores nacionales y extranjeros estarán mejor dispuestos a invertir más recursos.

Se puede definir a la transparencia presupuestaria como el hecho de que toda decisión gubernamental o administrativa, así como los costos y recursos comprometidos en la aplicación de esa decisión, sean accesibles, claros y se comuniquen al público en general. Las ventajas más evidentes de la transparencia presupuestaria son: favorece el apego a la ley, promueve el uso mesurado de los recursos públicos, reduce los márgenes de discrecionalidad con los que se interpreta la ley e impele a comportarse con responsabilidad y honestidad en el ejercicio de la autoridad pública, (Lavielle, Pérez y Hofbauer, 2003). Las características o dimensiones que definen a la transparencia presupuestaria son:

1. La identificación de los responsables de la decisión del gasto, de la operación presupuestaria y de los supervisores o evaluadores del mismo;
2. La publicación de los documentos presupuestarios comprensivos y claros que ofrezcan información y datos detallados sobre las operaciones gubernamentales;
3. La existencia de canales formales para la participación ciudadana, desde el establecimiento de prioridades y programas institucionales, hasta canales para la exigencia de rendición de cuentas a los funcionarios públicos, así como para exigir el acceso a la información;
4. La existencia de información confiable y oportuna sobre:
- Las intenciones y previsiones gubernamentales sobre las finanzas públicas y las políticas (económica, fiscal, etcétera);
- La sustentación jurídica del uso de los recursos públicos y las reglas de operación presupuestaria;
- Las fuentes y los usos específicos de los recursos presupuestarios;
- Los impactos macroeconómicos multianuales esperados de las finanzas públicas y el presupuesto anual;
- La totalidad de los recursos presupuestarios usados en el presente y comprometidos en el futuro;
- Los problemas o causas sociales que originan la acción gubernamental y el uso de recursos públicos;
- Los objetivos buscados así como los criterios y lógicas de asignación de las diversas partidas presupuestarias;
- Los recursos humanos y administrativos usados;
- Las diversas fases de la asignación presupuestaria;
- Los criterios de evaluación y publicación de las evaluaciones y auditorías practicadas;
- Las reglas de comportamiento o ética de los funcionarios: reglas claras sobre conflicto de intereses entre oficiales electos y designados; requisitos de libertad de información; marco de regulación transparente; prácticas de empleo y procuración abiertos al público; código de conducta para oficiales fiscales / hacendarios, de acuerdo con Guerrero y Madrid (2002).
Por su parte Bovi (2002) considera que en la estimación de la economía subterránea las variables que explican en mayor magnitud el fenómeno son las medidas institucionales, es decir la corrupción (Corruption Perception Index de Transparency Internacional) y el indicador de regulación (legislación de protección al trabajo), entre otras como carga tributaria y burocracia. En el mismo sentido, Sánchez y Lemus (2003), encontraron que en un país que tiene niveles altos de corrupción y un deficiente sistema legal y regulatorio, los índices de economía subterránea serán más altos. Adicionalmente, Flores y Valero (2003) señalan que la economía informal no se encuentra registrada ante las autoridades fiscales hacendarias. La corrupción y la ineficiencia del sistema jurídico mexicano han acumulado el hartazgo que condujo a la alternancia presidencial en 2000, (Guillén 2003). La sociedad actual vive en la era de la comunicación e información. Requiere y exige información veraz, pronta, responsable, completa, precisa y objetiva. El Estado no cuenta ya con el poder de imponer lo que el gobernado debe saber, (Junco 2003:22).

Sobre la situación anteriormente planteada, Savater (2003), considera que en un sistema democrático hay que replantear su transparencia y su financiación, ya que son máquinas que mueven mucho dinero que sale de los bolsillos de los ciudadanos. La transparencia de la gestión pública y el gobierno democrático deben mostrar su funcionamiento y ser sujeto del escrutinio propio (Guerrero 2003). Con la transparencia exigimos a los funcionarios que actúen según principios admitidos por todos.

A la debilidad representativa del sistema político, se suman las deficientes gestiones gubernamentales y la arbitrariedad en el manejo del poder. La primera contradicción en este ámbito reside en un desarrollo democrático institucional acompañado por una cultura política que continua estructurada en torno a comportamientos autoritarios, caudillistas y poco transparentes. Un sistema presupuestario que limita la acción de sus participantes; en la recaudación, fija reglas entre el fisco y los contribuyentes; en la formulación, aprobación y fiscalización de los ingresos, egresos y endeudamiento, establece procedimientos a los poderes Legislativo y Ejecutivo (Chávez 2004). La transparencia es condición necesaria para generar los incentivos que orienten el comportamiento de los participantes del sistema presupuestario y es deseable que se generen conductas honestas y eficientes en el uso de los recursos públicos y se obtengan resultados favorables para la población. Para ello, se necesita del conocimiento de las distintas etapas del ciclo presupuestario, además de una metodología que de orden y congruencia entre lo que se tiene, lo que se quiere, lo que se hace y lo que se logra. “Transparencia”, que significa “ver a través de un objeto físico”, cambia y orienta la conducta de los participantes al hacer evidentes las ineficiencias y actos de corrupción. Asimismo encamina a una reducción de cotos de poder e impunidad, proporcionando pruebas para perseguirlos y castigarlos, es decir que la transparencia fortalece al sistema presupuestario y a las finanzas públicas, su ideal no es el de publicar documentos con miles de cifras sino mostrar que se alcanzan los resultados deseados. La actitud de la transparencia es tomar decisiones enfocadas a que el dinero se destine a lo que la población percibe justo y útil, además de que la administración del gobierno sea menos costosa. Información veraz y accesible, mecanismos que ayuden a la rendición de cuentas, sistemas de contrapeso, selección y asignación de responsabilidades al interior de la administración pública que recibe fondos de los contribuyentes, son piezas necesarias para que la población esté lo suficientemente informada y tenga un nivel de confianza aceptable en la autoridad, de este modo se reducen las causas y pretextos a los contribuyentes para el sostenimiento del gobierno. Es importante asegurar que el uso de los fondos públicos promueva mejores condiciones de desarrollo en la población, así como el mejoramiento de la calidad de vida.
Otro desafío es lograr consensuar criterios para asignar los recursos públicos, ya que son escasos y provienen de diferentes grupos de la población, en consecuencia el Estado busca incidir en la recaudación y asignación. Es fundamental un marco compatible con las convicciones, valores e intereses legítimos de la población, de lo contrario pocos lo observarán y el Estado deberá gastar más para su observancia, de ahí el imperativo de una política responsable, activa y abierta, una discusión razonable de leyes y lo necesario para cumplirlas.

Es necesario, que el marco jurídico aplicable a nivel federal, estatal y municipal contemple mayores facultades de control y fiscalización, de lograrse el resultado será una población objetiva y oportunamente informada; más consiente, más participativa y segura de que sus impuestos o contribuciones regresan a la propia población en forma de obras y servicios públicos detonadores del desarrollo en sus comunidades. Y al aumentar la confianza de la ciudadanía en lo referente a la aplicación de los recursos públicos, se crean condiciones para incrementar la legitimidad de las leyes y las actividades que de ella se derivan, aumentando incluso la capacidad recaudatoria del gobierno. (Rosas, 2004). En un texto que tematiza sobre la democracia no es posible soslayar su conexión con los derechos de ciudadanía, entre otras razones porque las calidades de ambas están inextricablemente unidas (O’Donnell, 2004).

La construcción de índices de medición, son útiles para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, ya que ayudan a establecer prioridades, educan al público sobre la necesidad de atacar el problema, y permiten calcular los efectos de las medidas tomadas para combatir la corrupción e impulsar la transparencia (Valverde, 2004b, 6). Schedler (2004), ha identificado que el concepto de accountability, que proviene de la cultura anglosajona, tiene por lo menos dos dimensiones tangibles: una vinculada con las respuestas a las solicitudes de información y con la obligación de los gobernantes de dar cuenta de sus actos, omisiones y decisiones. Por su parte Concha, López-Ayllón y Tacher (2004) coinciden en señalar que la mayor parte de los países de la OCDE tienen diferentes mecanismos que aseguran la transparencia y el acceso a la información de sus ciudadanos y que en México se deberá transitar del paradigma del secreto y el manejo discrecional de la información, a la transparencia y el valor público de la información.

El avance de la legislación en materia de derecho de acceso a la información pública es contundente. México ya no puede ser más el país donde las funciones públicas son materia velada para el conocimiento de los ciudadanos; el avance democrático obliga a los servidores públicos a un ejercicio del poder de cara a la sociedad, con transparencia. En 2004, eran 14 Estados de México, los que ya contaban con leyes de transparencia, pero ya se veían venir más estados con este tipo de legislación, de tal forma, que en el corto plazo la mayor parte del territorio nacional se verá iluminado con el resplandor de la transparencia (De la Rocha, 2004). Una intensa movilización social ha contribuido a sentar las bases para una relación más abierta y transparente entre la Federación y los Estados, hoy conceptos claves como rendición de cuentas y transparencia articulan y definen un nuevo discurso político que debe traducirse en nuevas prácticas institucionales para hacer irreversible este fenómeno. Estamos construyendo un Estado democrático, pero algunos componentes autoritarios siguen ahí y no han sido desterrados de la cultura y de la práctica política actual, “gobierno oculto”, como lo llama Bobbio (1985), ó gobierno con un alto nivel de secreto, como lo llaman Stiglitz e Islam (2002), citados por Baragli (2003). Hacer transparente al Estado no es una concesión graciosa, implica dificultades que debemos superar para eliminar toda opacidad, afianzar la transparencia y limitar todo ejercicio discrecional y arbitrario del poder.
La transparencia no es un adorno del Estado democrático, es un requisito para una convivencia respetuosa y civilizada, en el mismo orden de ideas Guerrero Amparan (2000) señala también que la transparencia genera varias ventajas; favorece el apego a la ley, el uso mesurado de los recursos públicos, incita a la honestidad y a la responsabilidad y facilita la coordinación entre las agencias gubernamentales. Transparencia quiere decir que la población tiene acceso a la información disponible sobre las causas que originan la acción de gobierno y debe regir en todo momento como característica determinante en un Estado democrático, implica a funcionarios, ya que fomenta una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos, contribuye a combatir a la corrupción, promueve la inversión privada, produce una mayor confianza de los ciudadanos en el gobierno.

La transparencia en las entidades públicas ha sido un reclamo ciudadano de gran transcendencia, como signo de su importancia comienza a ser un elemento en el discurso de todas las filiaciones políticas. Por lo tanto, en las propuestas de reforma en materia de financiación, se debe incluir el objetivo de fortalecer la publicidad y transparencia tanto del origen como del uso del dinero, Lozano (2005). Para Moreu (2005), las campañas publicitarias de la administración contribuyen en nuestra época a la transparencia de la administración en la medida en que reducen el secretismo sobre su propia existencia, y además fortalecen la identidad de cada administración y la someten al efecto saludable de su presencia en el debate social en el que se forma la opinión pública. Daniel Kaufman, economista del Banco Mundial, en Guerrero (2005:31), ha publicado numerosos artículos sobre aspectos económicos y financieros de la transparencia, justifica el estudio de la transparencia con el siguiente planteamiento: la transparencia hace posible que trabajen mejor los motores del desarrollo y el bienestar: los mercados y la gobernanza. Para él, la transparencia es el aumento en el flujo de información accesible, oportuna, relevante, de calidad y confiable en los ámbitos social, económico y político. La creciente valorización de la administración pública como institución que, a su vez, crea instituciones que afectan los modos de configuración de la ciudadanía y los propios alcances de la democracia en el Estado, forman los nuevos fundamentos de la construcción de ciudadanía, como bien lo reconoce Rabotnikof (2005: 30), los debates teóricos en torno a los derechos y a la ciudadanía están ligados con posiciones en el terreno político.

El desarrollo de nuevos Derechos Fundamentales ha propiciado en las sociedades humanas elementos trascendentales de apertura, certidumbre y transparencia en las relaciones cotidianas de convivencia. Dentro de estos novedosos ordenamientos sobresalen los que decantan los modernos y cada vez más en auge principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.

Así, al solidificarse la relación entre la transparencia y sus límites, se cuenta ahora con un material invaluable para el uso efectivo de este instrumento para una mejor toma de decisiones y un mejor servicio a la sociedad, con más legalidad y mejor justicia (Páez 3, 2007).

La sociedad legítimamente ha demandado un marco legal que le garantice el derecho de acceso a la información pública, así como un gobierno que se caracterice por la transparencia, sujeto a la supervisión de la sociedad, abierto a la rendición de cuentas. Contar con un marco legal en la materia, aun perfectible, no trae consigo el ejercicio transparente de los gobiernos.
Como sabemos, el derecho de acceso a la información pública favorece la rendición de cuentas, la transparencia, reduce los márgenes de la corrupción y aumenta el grado de corresponsabilidad y confianza entre gobierno y ciudadanos. Una característica del Estado democrático es dotar a la sociedad de los mecanismos suficientes para que los ciudadanos asuman un mayor control del quehacer público, haciendo que la transparencia y la rendición de cuentas sean norma y no excepción. La transparencia y el acceso a la información pública son los insumos básicos para que la sociedad civil se involucre de mejor manera en el debate sobre las políticas públicas. Así, la transparencia y acceso a la información pública permiten a los ciudadanos conocer más el funcionamiento del gobierno, evaluarlo y sancionarlo. Cada vez más la ciudadanía se está comprometiendo en generar procesos que ayuden a promover e institucionalizar la cultura de la transparencia y el acceso a la información. El derecho de acceso a la información pública gubernamental y la transparencia son dos factores básicos para afianzar la democratización de nuestra sociedad. Desde la esfera civil deben diseñarse mecanismos y estrategias que hagan que el acceso a la información gubernamental sea aplicado, promovido y fortalecido, para ello se requieren procesos pedagógicos que permitan que cada vez más ciudadanos reconozcan y hagan valer su derecho de ser informado y de acceder a la información pública gubernamental y que los gobiernos aprendan a ser transparentes a través del pleno funcionamiento de los canales institucionalizados y de la creación de nuevas rutas de interacción con la ciudadanía. Las leyes son un instrumento para la transparencia, no son el fin en si mismo. Los mecanismos de transparencia deben institucionalizarse y ser acciones permanentes del gobierno. A pesar de contar con la ley reglamentaria del derecho constitucional de acceso a la información, sigue presente la necesidad de impulsar una mayor transparencia. En el marco del fomento a la transparencia y a la rendición de cuentas, el interés legitimo de la ciudadanía en el tema presupuestario y su relación con la transparencia, es vital para la cultura democrática. Una forma de contribuir a la cultura política de los sinaloenses es promoviendo la acción informada, organizada, critica y propositiva de la sociedad civil, para impulsar un Estado que desempeñe su labor democrática y transparentemente, con apego a principios y espacios de participación ciudadana. La credibilidad de las instituciones, su efectividad y eficiencia son beneficiadas por la transparencia administrativa. La protección de la intimidad puede entrar en conflicto con la libertad de expresión, con el derecho a la información y la necesidad de transparencia de la vida pública. Hemos ido adquiriendo una cultura de transparencia (Murillo, 2007).

La cultura de transparencia informativa va en aumento, esa es la diligencia que hoy se vive en materia de transparencia gubernamental y a la cual nos disponemos a darle tratamiento cada vez más profesional. De parte de la administración estatal vigente hemos recibido como instrucción primera el transparentar al máximo nuestro ejercicio público (Rivera 4, 2007). El derecho de información al relacionarse con la publicidad de los actos de los tres niveles de gobierno y el principio de transparencia de la administración, debe ser entendido como un medio para apuntalar el régimen del Estado. La transparencia es un factor importante para disminuir o erradicar la impunidad y la corrupción. Bélgica, Canadá, Eslovenia, Francia, Hungría, Irlanda, Letonia, Portugal, Reino Unido y Tailandia cuentan con instituciones autónomas similares al IFAI, estas instituciones son importantes por su labor de transparencia para consolidar la democracia alrededor del mundo.
No se debe de perder de vista, cuando se pretende construir la transparencia, el equilibrio que debe existir entre los valores en juego, la transparencia también encuentra límites en otras garantías relevantes, los tribunales competentes (García, 2007). En un sistema democrático, es preciso acotar transparencia y apertura sobre los datos públicos todo lo posible (Mirón 5, 2007). Cuando el mundo se ha vuelto más complejo, y más compleja, por tanto, la información de la realidad, es decir, que la información coincida con la realidad, esta condición es posible a través de la transparencia. Los medios de comunicación no deben limitarse a obtener de la opinión pública un respaldo para la gestión del gobierno, sino que al igual que los entes involucrados en el cumplimiento de la legislación de Transparencia, procurar la participación de los ciudadanos en dicha gestión (Bazán6 , 2007). Por su parte Rocha 7 (2007), considera que tenemos todavía un amplio sector de la sociedad mexicana que considera estéril exigir que se expongan a la luz pública información y razones que motivan decisiones del poder público. Sin embargo, a Sada8 (2007) se le hace que a De la Rocha9 (2007), destacada mujer Sinaloense, le queda perfectamente el apodo de “Leona de la Transparencia”.

La transparencia, no es gratis, ha tenido grandes costos económicos, sin embargo, es preferible contar con en Estado transparente que un Estado opaco, al respecto Elizondo (2007)10 , mostro los costos de los Institutos de Acceso a la Información dando un total de $461’205,000.00, cifra que puede resultar considerable, pero al mismo tiempo nos hace reflexionar por lo que falta.

La principal causa de que el contribuyente no esté dispuesto a pagar es la desconfianza que se la da a los recursos públicos, es importante que se implementen programas y estrategias que implican la incorporación de la transparencia que permitan informar a la población, y genere confianza en los contribuyentes, ya que permite erradicar la corrupción. Es importante avanzar en la cultura de acceso a la información, ya que propicia un cambio de actitud en los funcionarios públicos quienes al sentirse observados tratan de evitar ser exhibidos por despilfarro y mal uso de los recursos del Estado. La transparencia impacta positivamente en los contribuyentes, pero por si sola es insuficiente, debe ir acompañada de la rendición de cuentas. Parte de la población carece de educación fiscal, por lo que se puede concluir que los avances son incompletos y falta mucho por hacer (Torres y Chacón 2008). La profunda crisis social y política desencadenada en Bolivia a partir del año 2000, cuestionó no solamente a los gobiernos de turno y la forma de administración de las políticas públicas, sino también al rol del Estado y las bases que sostienen el sistema democrático representativo instaurado hace poco más de dos décadas junto a la ola de democratización en América Latina (Zegada 11, 2008).

El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 (Pronafide), establece como uno de los objetivos de política fiscal, el mejoramiento de la asignación y ejecución del gasto, mediante la evaluación y una mayor transparencia, la reforma constitucional en materia de gasto público y fiscalización, la cual forma parte de la reforma hacendaria, aprobada por el Congreso de la Unión en 2007, trae como consecuencia que los tres órdenes de gobierno evalúen sus resultados con base en los principios de economía, transparencia y honradez. El director del Banco Mundial para México y Colombia enfatizó que el gasto público debe ser más eficiente y de mayor calidad donde urge la transparencia, (González12 , 2008).

En el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, la transparencia es una convicción y elemento de un Estado constitucional, existe una obligatoriedad para transparentar la actividad pública, los recursos públicos, datos fríos por cuantitativos que se transparentan a través de la publicación de estados financieros y de un esquema de indicadores de gestión específicos, de carácter y alcance organizacional para vincularlos con los recursos públicos (Vega13 , 2008).


1 Para mayor información consultar: http://centrofox.org.mx (02 de agosto de 2010).

2 Organismo que tiene reconocido a nuestro Doctorado en Estudios Fiscales, como programa de calidad, su página de internet es: http://www.conacyt.mx/Paginas/default.aspx (02 de agosto de 2010).

3 Actual Comisionado Presidente de CEAIPES.

4 Periodista, Director de Evaluación de Imagen de la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Sinaloa.

5 Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde es profesor; ex subdirector de Consignaciones en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

6 Abogado, Consejero presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo.

7 Ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

8 Comisionado de la Comisión de Acceso a la Información Pública de Nuevo León.

9 Ex Presidenta de la CEAIPES, y ex presidenta de la Asociación Mexicana de Organismos para el Acceso a la Información Pública (AMEPI).

10 Miembro del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE).

11 Boliviana con Maestría en Ciencias Políticas. Profesora e investigadora de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabampa.

12 Contralor interno de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

13 Secretaria ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.

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