Tesis doctorales de Ciencias Sociales

PROBLEMAS AMBIENTALES Y CONFLICTO SOCIAL EN ARGENTINA: MOVIMIENTOS SOCIOAMBIENTALES EN MENDOZA. LA DEFENSA DEL AGUA Y EL RECHAZO A LA MEGAMINERÍA EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI

Lucrecia Soledad Wagner




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9.2. USPALLATA: SAN JORGE PONE EN ALERTA A TODA LA PROVINCIA

El Proyecto “Planta Concentradora San Jorge”, que la empresa Minera “San Jorge S.A.”, subsidiaria de “Coro Mining Corp”, planea explotar en el departamento de Las Heras, Mendoza, ha despertado la preocupación de todas las organizaciones que se oponen a la megaminería en la provincia.

Se trata del primer proyecto de minería metalífera que presenta su IIA de la etapa de explotación en la provincia de Mendoza. Este proyecto, principalmente de extracción de cobre, pero también se extraerá oro y plata, se localiza en la Estancia Yalguaraz, Distrito Uspallata, al noroeste del departamento de Las Heras, siendo Uspallata la localidad más cercana al proyecto.

El IIA, con fecha de septiembre de 2008, fue elaborado por la Consultora “Vector S.A.”. Si bien en un inicio la empresa proponente iba a utilizar ácido sulfúrico en el proceso, como ya fue explicado la sanción de la Ley Nº 7.722 impidió el uso de esa sustancia, por lo que el cobre será concentrado mediante el proceso de flotación. Asimismo, otra sustancia utilizada, el xantato, es considerada por algunos profesionales como una sustancia tóxica, por lo que al cierre de este trabajo, aún se discute si debido a ello este proyecto violaría esta Ley.

Más allá del aspecto administrativo y técnico, a fines del año 2008, un grupo de vecinos de Uspallata se autoconvocaron para oponerse al proyecto minero. En una comunidad que vive en gran parte vinculada al turismo, y que ha sido históricamente relegada por el gobierno departamental de Las Heras, el proyecto minero puso a la luz los descontentos, las divergencias sociales y las expectativas de los vecinos. También es importante destacar que el lugar ha sido elegido por personas de otros lugares del país, que han decidido vivir en Uspallata por el contacto con la naturaleza, su valor místico y otras características otorgadas a este valle de montaña por diversos grupos y personas.

La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, entró rápidamente en contacto con los miembros de AMPAP, quienes desde un primer momento les brindaron su apoyo, ya sea mediante información, reuniones, transmisión de experiencias, ayuda en la organización de Jornadas-Debate y en cortes intermitentes e informativos realizados sobre la ruta, que constituye el paso internacional a Chile. “…De las movilizaciones anteriores no sabíamos nada…”, comenta un vecino de Uspallata, “…al estar rodeados, ser un Valle, parece que todo pasa afuera, que se ve por televisión…”.

Además del rechazo a la instalación del proyecto, por la posible contaminación de las aguas y la afectación de su modo de vida, la indignación ante la falta de información que detectaron en los funcionarios departamentales, sumado al abandono histórico de una comunidad localizada en un valle de montaña, llevó incluso a sumar a los planteos en contra de la actividad minera, la solicitud de formar un municipio independiente, de montaña, que contemple las características particulares que deben ser consideradas en un municipio de estas características.

La falta de posibilidades laborales de parte de la población también fue puesta en cuestión. En este sentido, también se ha formado un grupo que apoya la instalación del proyecto, llamado “Uspallata 2030”. En este sentido, la empresa minera argumenta que el miedo se debe “a la falta de información” y que ellos están dispuestos a mostrar a las personas cómo van a llevar adelante el proyecto, asegurando en todo momento que no era posible que se contaminaran las aguas.

“…Uspallata se debate entre el sueño de trabajar y las dudas por el medio ambiente. El desembarco del proyecto que busca extraer oro y cobre en la villa divide a los vecinos…”, podía leerse en una nota del diario “Los Andes” de agosto de 2009. Una de las preocupaciones de los miembros de la Asamblea de Uspallata es, justamente, la división social que ha generado la llegada del emprendimiento.

En septiembre, el conflicto se agudizó: la ONG OIKOS denunció a la minera “San Jorge” por mentir en su IIA, ya que según profesionales consultados y una profunda revisión de la bibliografía mencionada por la empresa, no existe certeza científica de que la cuenca subterránea de la zona de Yalguaraz sea cerrada como la empresa argumenta. Durante ese mes y el siguiente, los vecinos de Uspallata realizaron cortes informativos en el paso internacional a Chile.

Posteriormente, en noviembre, Pino Solanas llegó a Mendoza a presentar su documental sobre la minería en Argentina: “Tierra Sublevada, Oro Impuro”, que además de presentarse en la ciudad de Mendoza, fue presentado en Uspallata. Esta presentación fue motivo de hechos de intimidación a los pobladores de Uspallata. Incluso los medios de prensa de hicieron eco de estos hechos: “…Ambientalistas y supuestos sindicalistas mineros discutieron entonces acaloradamente aunque afortunadamente la situación no pasó a mayores y el conflicto se diluyó sin golpes…”, podía leerse en el diario “Los Andes” del 20/11/2009.

Por su parte, el diario “Uno”, describió: “…Los vecinos de la zona se congregaron en calle Las Heras, de Uspallata, a la espera del cineasta, quien llegó a las 12 para demostrar el apoyo en contra de la minería contaminante. Además se sumaron algunas personas de Luján y de Maipú que también se oponen a la llegada del proyecto ¨San Jorge¨. Pero los lugareños aseguraron que llegaron unas 50 personas de la Asociación Obrera Minera con carteles que decían ¨Sí a la minería¨, lo que generó mucha molestia entre la gente de Uspallata que se oponen a este proyecto contaminante. Estas personas impidieron en un primer momento el paso de la camioneta en la que iba Pino Solanas y luego cercaron la carpa donde se iba a hacer la presentación del film. Sólo dos policías se hicieron presentes en el lugar que pudieron contener a medias la situación…”.

La división social generada por el emprendimiento, quedó una vez más expuesta en estos hechos: “…Así, más de 300 lugareños y 50 sindicalistas chocaron por no llegar a un acuerdo que ponga fin a la polémica que levantó el emprendimiento San Jorge. Unos repudian el proyecto porque dicen que "la contaminación es inminente" y otros, lo apoyan porque "significa trabajo". En el medio apareció Solanas quien, sin participar en los disturbios, prometió incluir en su agenda legislativa el cese de los proyectos que no sólo contaminan el ambiente sino que "saquean a las provincias a cambio de réditos económicos"…”, expresaba por su parte el diario “El Sol”.

Paralelamente, se inició el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. La baja calidad técnica del Informe en sus diversos aspectos generó la reacción de diversas entidades, que presentaron informes sobre el proyecto, incorporadas al expediente.

Por otra parte, la UTN-Regional Mendoza presentó su Dictamen Técnico (DT), en el que, si bien se hicieron numerosos cuestionamientos al proyecto, las conclusiones del DT no reflejaron las críticas más duras al proyecto, otorgándole un dictamen positivo al mismo.

Este proceso está siendo minuciosamente seguido por todas las organizaciones que se oponen a la megaminería en la provincia, quienes consideran que este proyecto atenta directamente contra la Ley provincial Nº 7.722. En este sentido, se realizó el 22 de diciembre de 2009, una manifestación en la ciudad de Mendoza, en rechazo al proyecto “San Jorge” y en defensa de la Ley Nº 7.722, al que concurrieron todas las organizaciones nucleadas en AMPAP. “Un fin de año colmado de protestas”, manifestaba el diario “El Sol”: “…La marcha más numerosa fue la que reunió a los trabajadores de la salud y a los antimineros. Allí, si bien el principal eje fue contra el proyecto minero San Jorge, también aprovecharon para reclamar por la criminalización de la protesta social e, incluso, recibieron el apoyo de algunos legisladores, como Alejandra Naman y Néstor Piedrafita del ARI, y de entidades empresariales, como la UCIM. (…) lo único que se solicita es el cumplimiento de la ley 7.722, que prohíbe la minería a cielo abierto…”.

Al momento del cierre de este trabajo, se están presentando los dictámenes sectoriales, entre ellos, el del CPA, elaborado por la Comisión Ambiental Minera de este organismo, cuyo titular en la CEIAM es miembro de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza. En dicho Dictamen Sectorial se afirma: “…El Consejo Provincial del Ambiente desea destacar el altísimo número de fallas metodológicas, errores, contradicciones y omisiones de diversa índole, encontrados a lo largo de la documentación presentada por el proponente. Por ello, y más allá de las objeciones planteadas al proyecto minero por sus características, el CPA expresa su profunda preocupación por las posibles implicancias de una eventual aprobación del mismo en tales condiciones. Los proponentes de futuros proyectos (mineros y de todo otro tipo), y los responsables de consultoras ambientales, podrían interpretar esto como una señal de muy bajo nivel de exigencia por parte del Estado provincial, respecto de la calidad mínima requerida en un informe de impacto ambiental…”.


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