Tesis doctorales de Ciencias Sociales

PROBLEMAS AMBIENTALES Y CONFLICTO SOCIAL EN ARGENTINA: MOVIMIENTOS SOCIOAMBIENTALES EN MENDOZA. LA DEFENSA DEL AGUA Y EL RECHAZO A LA MEGAMINERÍA EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI

Lucrecia Soledad Wagner




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TERCERA PARTE: MINERÍA, CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL Y MOVILIZACIONES EN LA PROVINCIA DE MENDOZA

“…Me sentí con más obligación de estar defendiendo nuestro lugar, especialmente nuestras aguas, nuestra cordillera, que todos los días, siempre me gustó mirarla porque siempre me habla, me dice como va a estar el tiempo, si va a llover, si va a hacer frío, si va a nevar…y también cuando se refleja el sol…todas las mañanas, cuando la cordillera está nevada es un espectáculo hermoso, siendo que lo veo de chico pero me sigue gustando porque es una belleza…”

Vecino Autoconvocado de San Carlos

El conflicto en torno a la actividad minera en la provincia de Mendoza debe ser considerado dentro del contexto nacional abordado en la Segunda Parte de este trabajo, y en un contexto provincial donde priman las dudas y la incertidumbre sobre el futuro de esta actividad.

En una provincia árida, en la que el agua es considerada un bien escaso que ha forjado la cultura mendocina, donde el cambio climático es una amenaza que se ciñe sobre sus actividades y donde la gestión de este recurso está pasando por una gran crisis, la megaminería no logra abrirse camino sin generar conflicto.

En Mendoza las movilizaciones en rechazo a la megaminería alcanzaron visibilidad en 2005, pero sus orígenes se remontan al año 2003, en el departamento de San Carlos. La oposición de la población de este departamento mendocino a un emprendimiento minero de cobre y oro que pretendía desarrollarse en las cercanías del área natural protegida “Laguna del Diamante”, se vio cristalizada en el apoyo a la sanción de una ley de ampliación de dicha reserva. Esta ley dejó al proyecto dentro del área protegida, donde el desarrollo de ese tipo de actividades está prohibido. Mas allá de la ley, sancionada gracias al apoyo y movilización del pueblo de San Carlos y del Valle de Uco, la población se organizó para continuar desarrollando acciones en defensa del agua y en oposición a la megaminería, surgiendo del conflicto los Vecinos Autoconvocados de San Carlos que, 6 años después, siguen movilizados, y se han transformado en el referente provincial de la lucha por el agua, y contra la megaminería “contaminante, saqueante y secante”. También se organizaron los Autoconvocados de Tunuyán y la Asamblea por los Derechos Cívicos y Ambientales de Tupungato (ADECAT).

Posteriormente, fue en los departamentos de Alvear y de San Rafael, donde en el año 2006 también se produjeron movilizaciones en rechazo a proyectos mineros en el sur de la provincia, llevadas adelante por la Multisectorial de General Alvear, los Autoconvocados de Punta de Agua y la Asamblea del Pueblo de Alvear. Por su parte, en San Rafael también existían previamente grupos organizados que reclamaban la remediación de los pasivos ambientales y rechazaban la reapertura de la mina de uranio “Sierra Pintada”, como la Multisectorial del Sur y ¿Uranio? No Gracias.

A fines de 2006 las organizaciones de General Alvear, San Rafael y Valle de Uco realizaron un Ayuno y Actividad Cultural en los alrededores de la Legislatura provincial, en la ciudad de Mendoza, capital de la provincia, donde se estaba tratando una ley que suspendería el otorgamiento de derechos mineros en la provincia hasta tanto Mendoza no contara con un plan ambiental. Esta ley, sancionada por la legislatura, fue posteriormente vetada por el entonces gobernador de la provincia. Ante éstos hechos, en diciembre se organizó la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, y ésta y los grupos ya existentes se articularon en la Asamblea Mendocina por Agua Pura (AMPAP). La AMPAP es un espacio donde los diversos grupos que rechazan la megaminería en Mendoza coordinan sus acciones y planifican estrategias de lucha, más allá del reconocimiento de la autonomía que cada grupo posee. Fueron estas asambleas, grupos de vecinos autoconvocados y otras organizaciones las que, a mediados de 2007, impulsaron la sanción de la Ley provincial Nº 7.722, que prohíbe el uso de ciertas sustancias tóxicas en la actividad minera.

Durante el año 2008 fueron sumándose a la AMPAP organizaciones de otros departamentos: la Asamblea por el Agua Pura de Lavalle y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. El formato asambleario es el elegido por estos grupos surgidos en los últimos años, instalando así nuevas formas de participación y toma de decisiones que, como fue explicado en el Capítulo 5, retomaron las modalidades adoptadas desde mediados de los años `90 y, principalmente, luego del 2001.

Tal como fue expresado en el diario provincial “Los Andes”: “…En Mendoza, minería y conflicto son casi sinónimos en los últimos años…”, y ante el avance de las empresas, se organizan nuevos espacios de resistencia.

Al cierre de este trabajo, el Gobierno Provincial enfrenta el juicio de 10 empresas mineras que demandan la inconstitucionalidad de la Ley Nº 7.722. Por otra parte, el gobierno le otorgó durante el 2009 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) –es decir, el permiso ambiental que permite iniciar la explotación- al primer proyecto minero a gran escala que se localizará el la provincia: “Potasio Río Colorado” (PRC), de la empresa minera “Vale”. Se trata de una explotación de sales de potasio en el departamento de Malargüe, al sur de la provincia, que cuenta con una DIA otorgada con más de 100 condicionamientos.

Durante el mismo año, el inicio del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero “San Jorge” -de minería metalífera de cobre, oro y plata- de la empresa minera “Coro Mining”, ha puesto en alerta a todas las organizaciones que se oponen a la megaminería en la provincia, quienes consideran a este proyecto como la “punta de lanza” contra la Ley Nº 7.722. La baja calidad científica del Informe de Impacto Ambiental (IIA) presentado por la empresa, y el accionar de la misma en Uspallata, la localidad más cercana al proyecto, han generado la oposición tanto de la población local, como de diversos organismos científicos y organizaciones de la sociedad civil. Esta es la situación del conflicto en torno a la megaminería en Mendoza a fines del año 2009, al cierre de este trabajo.


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