Tesis doctorales de Ciencias Sociales

PROBLEMAS AMBIENTALES Y CONFLICTO SOCIAL EN ARGENTINA: MOVIMIENTOS SOCIOAMBIENTALES EN MENDOZA. LA DEFENSA DEL AGUA Y EL RECHAZO A LA MEGAMINERÍA EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI

Lucrecia Soledad Wagner




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7.4. LA LUCHA POR EL AGUA UNIFICA LAS RESISTENCIAS: LA ASAMBLEA MENDOCINA POR AGUA PURA (AMPAP)

7.4.1. 2006: Jornada Cultural y de Ayuno frente a la legislatura mendocina

Tal como ya fue comentado, las actividades en defensa del agua y en oposición a la megaminería de los diferentes departamentos de la provincia que se habían movilizado hasta ese momento, se concentran en la legislatura provincial, en la ciudad de Mendoza -capital de la provincia-, en noviembre y diciembre de 2006. Los grupos ya conformados en Valle de Uco, Alvear y San Rafael, organizaron una Jornada Cultural y de Ayuno frente a la Legislatura de la ciudad de Mendoza, donde se estaba tratando un proyecto de Ley para impedir la actividad minera en la provincia hasta que se aprobara un Plan Ambiental.

En aquella Jornada Cultural, vecinos del Valle de Uco ayunaron en defensa del agua y la vida. Los carteles colocados en torno a la Legislatura expresaban: “Defendé el agua, defendé la vida”; “Vecinos Autoconvocados del Valle de Uco en defensa del ambiente y desarrollo humano, por las generaciones presentes y futuras”; y también: “No a la minería contaminante”. En relación a esta última frase, los vecinos de San Carlos aclararon durante entrevistas que les realizaron diferentes medios de comunicación de la ciudad, que no estaban en contra de toda la minería, sino de la megaminería contaminante, y en defensa del agua. La minería cuestionada es la que consideran contaminante, saqueante y secante. Esta denominación representa los principales cuestionamientos a la actividad: su potencial contaminante, los beneficios económicos excesivos que se le han otorgado y el gran consumo de agua de estas explotaciones.

Luego, los manifestantes acusaron a los medios de mal-informar: en algunos diarios provinciales las noticias señalaban que se estaba ayunando en oposición a la minería, y los vecinos del Valle de Uco manifestaron su preocupación de que estas noticias podían ocasionarles conflictos con trabajadores de la minería que actualmente se lleva a cabo en Mendoza, relacionada principalmente al sector de la construcción, y que no es foco de sus cuestionamientos.

Un vecino de Tunuyán, manifestó ante un medio alternativo: “…Uno se iba sumando porque tenía miedo, y ahora es felicidad porque uno ha manifestado la intención. Corremos el riesgo de que la comunidad política lo use de distintas maneras, pero es parte del riesgo que está en juego cuando uno decide participar. La gente de San Carlos está informada, sabe lo que quiere y lo que no quiere. No confiamos en las leyes, pero pedimos una que garantice que el agua sea preservada. San Carlos es culturalmente agrícola y ganadero, no tenemos el conflicto de que se pierdan fuentes de trabajo. Hay claras intenciones de no respetar las voluntades populares, de implementar sistemas de desarrollo amparados en la necesidad…”. En el testimonio anterior, podemos destacar, una vez más, el cuestionamiento al gobierno, y a los “sistemas de desarrollo” que intenta implementar, y, en relación a ello, la defensa de la cultura, asociada a su perfil productivo, de San Carlos.

Por otra parte, en cuanto al descreimiento en las leyes, es importante mencionar que éste es uno de los aspectos más destacados de la negativa a aceptar la megaminería en la provincia. Por un lado, la falta de cumplimiento de la legislación ambiental –sumado a la intención de generar legislación que limite la libertad de opinión y manifestación, y, por el otro, la incapacidad de controlar la actividad- son graves obstáculos que impiden avanzar en la discusión sobre cómo llevar adelante, o no, esta actividad tan cuestionada.

Sin embargo, es interesante también destacar la frase “No confiamos en las leyes, pero pedimos una”. Los grupos que rechazan la megaminería han estado presentes en los debates legislativos donde se trataron leyes que suspendían este tipo de proyectos, manifestando su apoyo a la sanción de las mismas. El apoyo a las leyes es pensado como una de las estrategias de lucha. Las leyes que suspenden la actividad minera, o las que amplían áreas protegidas, impidiendo el desarrollo de actividades mineras en un determinado territorio –como fue el caso de San Carlos- son para ellos una herramienta que ayuda a impedir esta actividad en Mendoza, pero no es la única acción a llevar a cabo, sino una de muchas en su lucha más amplia. Una de sus preocupaciones, ha sido desde un comienzo el no aparecer como un sector que apoya a un determinado partido o candidato.

Esta Jornada Cultural y de Ayuno, tuvo como objetivo concientizar a la población de la capital mendocina, de los riesgos de la megaminería, y se realizaron actividades artísticas y culturales en las afueras de la legislatura provincial. Disfraces alusivos, bailes, representaciones teatrales, actuaciones musicales, banderas con frases tales como “el agua es un derecho y no una mercancía”, “Primero la vida, primero el agua pura, no a la minería con cianuro”, acompañaron a los ayunantes, que se instalaron en una carpa en la peatonal de la ciudad, a la entrada de la legislatura. El 13 de diciembre, los manifestantes presenciaron la sesión legislativa. También habían entregado un petitorio a las autoridades, donde se les explicaba que los mendocinos no querían megaminería contaminante. Los discursos de algunos legisladores giraban en torno a la regulación de la actividad minera, al sí a la minería no contaminante, se discutió de permitir que la decisión de aceptar o no la megaminería pasara a nivel municipal, y se mencionaron 5 mega-proyectos, que impulsarían la megaminería en la provincia –“Anchoris”, “La Cabeza”, “Papagayos”, “Paramillos” y San Rafael (“Sierra Pintada”)-. También se mencionó que debería modificarse la ley de coparticipación minera, que económicamente dejaba muy poco a la provincia.

Ante la presión de los sectores a favor y en contra de la megaminería que presenciaban la sesión, los legisladores suspenden la actividad minera en la provincia. Sin embargo, es importante destacar que para los vecinos que se manifestaron, fue sólo un paso de muchos aún por dar. “...hace un mes no se pudo, hoy sí, pero la idea es que nos tenemos que ir a la casa con la conciencia de que esto no es la solución. No nos desmovilicemos, todo Mendoza tiene que saber de qué se trata, de acá tiene que salir otra ley que es mucho más importante, que es que el agua en Mendoza no se usa en minería, y tenemos que ir al partido final del campeonato, que es ese código minero que nos está vendiendo la patria, hay que cambiarlo. Ganamos, hicimos un golazo hoy día, pero hay que seguirla, y esa es la conciencia que tenemos que llevar y difundirle a todo el mundo: el agua sigue en peligro, por ahora la paramos, y la paramos nosotros, porque si no estábamos, eso no sale…” expresó un autoconvocado de San Carlos luego de la sesión.

Esta ley, sancionada por la Legislatura, es posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo Provincial, el entonces gobernador Julio Cobos.

En el marco de las estas actividades, nace la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, integrada por personas y colectivos de la ciudad y el Gran Mendoza. Esta asamblea se suma a los ya existentes Vecinos Autoconvocados de San Carlos y Tunuyán, Multisectorial de General Alvear, Autoconvocados de Punta de Agua, Multisectorial del Sur y Agrupación ¿Uranio? no Gracias, entre otros grupos que se opusieron a la megaminería en la provincia.

Y surgió la idea de hacer una reunión para unificar la lucha de todos los grupos existentes en la provincia, a fines del 2006. Ésta se llevó a cabo en Tunuyán, y participaron personas de General Alvear, San Rafael, San Carlos, Tunuyán y Mendoza, algunos ya constituidos en colectivos y otros aún no organizados. También participaron representantes de la Cámara de Turismo de Mendoza, y ONGs de la provincia como OIKOS y Cullunche. Respecto a la participación de las ONGs en el conflicto, un vecino de San Carlos reflexiona: “…Es bueno, porque ellos establecen una línea más consensuadora, y con su nivel de prestigio no les conviene insertarse en un corte de ruta, es bueno como estrategia…”.

La AMPAP fue creada con la finalidad de articular y coordinar las luchas contra la megaminería de toda la provincia. Cada uno de los grupos que la conforman mantiene su autonomía y, paralelamente, realiza actividades en conjunto con el resto, sosteniendo una continua comunicación e intercambio de ideas y sugerencias. El nombre de la asamblea fue pensado justamente para representar a todos: si bien cada grupo tiene conflictos puntuales –incluyendo no sólo minería metalífera de oro, cobre y plata, sino también de sales potasio y uranio-, la defensa del agua es el punto en común más importante de todas estas luchas.

Las reuniones de AMPAP se realizan cada mes en diferentes departamentos de la provincia. Asimismo, como ya fue mencionado, a fines de 2007 y principios de 2008 se realizarán conjuntamente cortes en Tunuyán y reuniones con funcionarios de gobierno por la posible exploración iniciada en este departamento. Las últimas asambleas en incorporarse fueron la Asamblea por los Derechos Cívicos y Ambientales de Tupungato (ADECAT), la Asamblea de Lavalle y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata.

En el caso del departamento de Malargüe no hay organizaciones que pertenezcan a AMPAP y se opongan a la megaminería, aunque algunas personas y organizaciones del departamento intentaron generar espacios que derivaron en una resolución municipal duramente criticada por su ataque a la libertad de reunión, y con ello a la democracia. La resolución fue motivada por una reunión de AMPAP realizada en mayo de 2007 en Malargüe. Además de las asambleas pertenecientes a AMPAP del resto de los departamentos de Mendoza, asistieron también miembros de la empresa PRC y alumnos de escuelas de Malargüe.

Esta reunión derivó en la Resolución Nº 100 (2007) del Honorable Consejo Deliberante (HCD) del Municipio de Malargüe en la que, argumentando la mala educación y el desconocimiento del buen diálogo en el transcurso de la reunión, se resolvió que si volvían a realizarse este tipo de reuniones, el Departamento Ejecutivo Municipal y el HCD deberían conocer los contenidos y fines de los temas propuestos. Esta resolución fue duramente criticada, por un lado, a nivel local, por el presidente de la Federación Argentina de Espeleología (FADE), quien denunció ante la Fiscalía de Estado el carácter anticonstitucional de la normativa. A nivel nacional, generó críticas desde diversas instituciones, organizaciones y personas reconocidas en materia ambiental, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Greenpeace, y Daniel Sabsay, constitucionalista y director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre otros. Las críticas apuntaron al carácter autoritario de la medida, a su ataque a la deliberación pública en ciertos temas, y a la violación de derechos constitucionales, como la Ley Nacional del Ambiente y el Pacto de San José de Costa Rica, al atentar contra la libertad de expresión, la posibilidad de peticionar ante las autoridades, la participación en la toma de decisiones y el libre acceso a la información.


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