1.2. JUSTIFICACIÓN DEL RECORTE ESPACIAL Y TEMPORAL

Además de sus actividades tradicionales vinculadas a la agricultura y ganadería –a las que se incorpora posteriormente el turismo- Mendoza tiene diversas características que la tornaron relevante como caso de estudio. Entre ellas, se trata de una provincia del interior del país que contó históricamente una posición privilegiada desde el punto de vista económico debido al perfil productivo que adquirió. Asimismo, su configuración espacial es el resultado de una adaptación a las condiciones del territorio que determinó la necesidad de contar con una legislación específica en materia de aguas, pionera a nivel país. En el mismo sentido, el ordenamiento legal ambiental de esta provincia es previo a la legislación nacional. Es decir, el manejo del recurso hídrico y la necesidad de gestionar adecuadamente su ambiente forman parte de la historia y la adaptación de la población mendocina a su medio. La población de Mendoza configura así una identidad “oasis-desierto” (Montaña et al., 2005), que va a jugar un rol preponderante en el conflicto en torno a la megaminería.

Al momento de seleccionar el estudio de caso de esta investigación –segunda mitad del año 2005- sólo la población de dos departamentos mendocinos se habían manifestado en oposición a la actividad minera metalífera: San Carlos –junto a otros grupos del resto del Valle de Uco- y General Alvear –acompañado por algunos distritos del departamento de San Rafael-. Por otra parte, se había organizado en el departamento de San Rafael la oposición a la reapertura de la mina de uranio Sierra Pintada. Es decir, la oposición había surgido en aquellos departamentos que forman parte de los oasis centro y sur de la provincia, vinculados a la agricultura y ganadería y donde la percepción del agua como recurso fundamental para su sostenimiento en el tiempo es muy relevante. Las formas organizativas en las que se nucleó la oposición –multisectoriales, vecinos autoconvocados- y las modalidades de acción de las mismas –cortes de ruta informativos, petitorios a las autoridades, marchas y manifestaciones, todas de carácter pacífico y mostrando la apertura al diálogo con los sectores de gobierno- fueron también aspectos fundamentales para tornar interesante el estudio del tema en la provincia de Mendoza. Posteriormente, la incorporación de otras organizaciones con características diferentes a las iniciales, y la articulación a nivel provincial y nacional, van a agregar nuevas dimensiones de análisis y a dotar de una mayor complejidad al caso de estudio. Las demandas de participación y la posibilidad de seguimiento del primer proceso de evaluación de impacto ambiental de la etapa de explotación de un proyecto minero en Mendoza, terminaron de recortar espacial y temáticamente el caso de estudio.

En relación a lo antes mencionado, los grupos surgidos en Mendoza se articularon rápidamente con otras organizaciones socioambientales a nivel país, y son a su vez un ejemplo del “efecto Esquel” que se extendió por toda Argentina. Por otra parte, la cercanía geográfica y la existencia del Tratado Binacional Argentino-Chileno -que facilita la instalación de proyectos mineros en la cordillera entre Argentina y Chile-, motivaron el acercamiento de las organizaciones surgidas en Mendoza y en otras provincias cordilleranas con sus pares del lado chileno. Asimismo, la llegada de grandes proyectos mineros llevados adelantes por transnacionales como “Río Tinto” y “Vale”, también van a favorecer la interacción entre las organizaciones mendocinas y aquellas de los países de origen de estas empresas –Inglaterra y Brasil, respectivamente- que también se oponen a proyectos llevados adelante por estas compañías.

El trabajo de campo propiamente dicho en la provincia de Mendoza se inició en el año 2007, y se extendió hasta finales del año 2009. Se buscó reconstruir a través de diversas fuentes los inicios del conflicto, en el año 2003. La decisión del periodo de estudio respondió a la importancia, por un lado, de realizar el seguimiento del proceso que terminó con el otorgamiento del permiso ambiental para el primer proyecto minero a gran escala en la provincia de Mendoza –“Potasio Río Colorado” (PRC)-. Por otra parte, también permitió contar con ciertos indicios preliminares del segundo procedimiento de evaluación de impacto ambiental para etapa de explotación, esta vez de minería metalífera: el proyecto “San Jorge”. Este último cobra importancia porque ha reactivado la movilización social y mantiene en alerta, no sólo a los grupos conformados en defensa del agua y en oposición a la megaminería, sino también a cierta parte del sector científico académico y a diversas organizaciones sociales. El caso específico del conflicto en torno al proyecto “San Jorge” será el tema con el cual se continuará la investigación al cierre de este trabajo.