Tesis doctorales de Ciencias Sociales

LAS DOCTRINAS POLÍTICAS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: DEL FALANGISMO A LA DEMOCRACIA CRISTIANA

Héctor Gómez Peralta
 




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CAPÍTULO IV. LA DOCTRINA DEMÓCRATA CRISTIANA DE ACCIÓN NACIONAL

Introducción

Todos los cuerpos doctrinales de Acción Nacional han sido producto de la coyuntura nacional e internacional en que se engendraron. La doctrina Demócrata Cristiana que integra el presente capítulo es un cuerpo de ideas que se gestó en un mundo en el cual el pensamiento liberal se presenta como triunfador indiscutible ante el pensamiento marxista. El modelo de desarrollo estatista se vio agotado, no sólo en México, sino a nivel global, donde las economías planificadas se colapsaron dejando al libre mercado como un modelo sin rival ideológico. Las élites empresariales mexicanas, junto con organizaciones de clases medias, tuvieron un papel bastante activo en el cambio de modelo económico. Ello cambiaría la fisonomía del PAN, pues varios empresarios social-cristianos fueron a engrosar sus filas, catapultando al partido hacia su modernización al inyectar un pragmatismo electoral y una flexibilidad doctrinal que terminaría por volverse hegemónica en todas filas panistas.

La flexibilidad doctrinal consiste en el abandono de la intransigencia por mantener incólumes ciertos principios o programas ideológicos. Implica la disposición a negociar y llegar a acuerdos con fuerzas ideológicamente distantes; ello implica ceder ante temas con los que no necesariamente se está de acuerdo en aras de lograr acuerdos en otros rubros.

En los años 80 las corrientes o facciones panistas experimentaron de nuevo, como es natural, relevos generacionales que repercutieron en cambios programáticos y doctrinales en el partido. El grupo de panistas de extracción empresarial, conocido como los neo-panistas (Ej Vicente Fox, Manuel Espino y Luis Felipe Bravo Mena), junto con la otra facción de panistas liderada por Castillo Peraza, Fernández de Cevallos y Calderón Hinojosa (que a pesar de su pragmatismo electoral se consideraban a sí mismos los defensores de la tradición panista), formarían a la nueva coalición dominante del PAN, cuyas características serían contar con una cultura política pragmática pero apegada a los valores y reglas del juego electoral e institucional. Acción Nacional se convierte así en una oposición leal.

Para entender la lucha y el proyecto de las facciones panistas que crearon su nueva doctrina Demócrata Cristiana, primero se analiza la coyuntura de los años 80. Posteriormente revisaremos el proyecto económico de los nuevos militantes provenientes de los organismos patronales, donde pretendo demostrar que su programa no era el neoliberalismo sino otro proyecto, basado también en el libre mercado, pero de tradición social-católica: la Economía Social de Mercado. En seguida se muestra el proceso -accidentado pues costó la salida la facción liderada por Conchello y González Schmall- en el cual el partido adopta al libre mercado en su doctrina y termina por formar parte de la familia Demócrata Cristiana.

Una frase de José González Torres (en ese entonces simpatizante del grupo de Conchello que salió del partido), durante esa lucha de facciones en el seno del PAN, ilustra lo que representó para la antigua identidad panista la incorporación del libre mercado como modelo económico: “qué paradojas tiene la vida; en mi juventud mi compromiso era contra el materialismo marxista y en mi vejez mi compromiso es contra el materialismo capitalista” .

Para finalizar, se hace un análisis del Humanismo Bioético, que es una parte esencial de la nueva doctrina panista. Con ella pretendo mostrar que el PAN, a pesar de haberse convertido en un partido catch-all, cuyo pragmatismo electoral trajo consigo la flexibilidad doctrinal, la identidad conservadora del partido se mantiene. De hecho, el Humanismo Bioético es la expresión más evidente de la oposición que tiene la doctrina panista frente al pensamiento moderno heredero de la Ilustración. Tiene como su principal adversario a los valores y principios del liberalismo pues rechaza, como veremos a detalle en la sección 4.4, la libertad de conciencia , el empoderamiento de la mujer, el avance tecnológico e incluso la concepción de individuo como ente libre y autónomo.

4.1 El agotamiento del modelo de desarrollo estatista

Mi objetivo es lograr que haya más sociedad y menos gobierno.

Manuel Jesús Clouthier del Rincón

Como vimos en el capítulo anterior, el presidente Echeverría se propuso ampliar la distribución de la riqueza mediante la estrategia que llamó “desarrollo compartido”. Junto con ella se desarrolló una nueva política, aconsejada por el grupo encabezado por Porfirio Muñoz Ledo y Augusto Gómez Villanueva, que proponía una especie de neo-cardenismo mediante la reconstitución de una sólida alianza con las clases obrera y campesina, apertura política a intelectuales, académicos y estudiantes, y una reforma electoral para fortalecer a los partidos, así como una política exterior activa y con pretensiones de liderazgo tercermundista . El resultado fue el enfrentamiento entre el capital privado y el gobierno de la República.

Dos anécdotas presidenciales con el Grupo Monterrey ilustran las diferencias entre las relaciones capital-Estado durante del régimen posrevolucionario. La primera es de Lázaro Cárdenas, en 1936, durante un periodo de intensas huelgas, donde el general actuó como árbitro en el conflicto Capital-Trabajo. El fallo presidencial fue adverso a los patrones, por lo que fue acusado por los empresarios de instigar el desorden con su radicalismo. Cárdenas se limitó a responder que si los propietarios no abrían sus fábricas de inmediato, conforme a lo fallado, los obreros y el gobierno asumirían su administración al día siguiente. Lo que sucedió al otro día fue que los patrones abrieron sin más queja. La segunda anécdota se desarrolló 37 años después, en 1973, durante el funeral del líder empresarial Eugenio Garza Sada, asesinado por la Liga Comunista 23 de Septiembre . Un empresario tomó la palabra ante los concurrentes y acusó al presidente Echeverría, que se encontraba presente en el acto, de haber provocado esa muerte al propiciar la anarquía producto de instigar el odio y el resentimiento entre las clases. El Presidente escuchó la arenga estoico y sin pronunciar palabra .

El sucesor de Echeverría, José López Portillo y Pacheco (1976-1982), terminó con la tradición priísta de que los candidatos presidenciales salieran de la Secretaría de Gobernación , pues él provenía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La administración lopezportillista significó un intento por reconciliar las relaciones entre los empresarios y el Estado. Se procuró sanar las heridas gracias al “boom petrolero” que hizo una generosa derrama de negocios rápidos y capitales baratos. Sin embargo, como consecuencia del desplome en los precios del crudo, luego de cinco años de una luna de miel con el capital privado, el gobierno de López Portillo tomó la decisión más anti-empresarial de la historia del régimen priísta: el control sobre el cambio de divisas y la estatización de la banca (la cual era nacional, pero en manos privadas).

La respuesta de la comunidad empresarial fue de crítica y ataque a los elementos más profundos no sólo del gobierno, sino de todo el régimen priísta. Se cuestionó la validez y legitimidad, tanto jurídica como política, de todo el pacto constitucional posrevolucionario. Se descalificó al gobierno de socialista, populista y totalitario en relación al “derecho inalienable” a la propiedad privada. Entre 1982 y 1985 Roderic Ai Camp realizó un amplio estudio sobre la cultura política de la clase empresarial mexicana. Se reveló que los empresarios jóvenes habían pasado de una postura de subordinación y resignación a una de rechazo y desafío; su tono había dejado de ser cortesano con los poderes públicos para tornarse rudo, irritado y agresivo. Según las entrevistas de Camp, en el imaginario del empresariado mexicano la estatización de la banca fue percibida como un retroceso a los años del cardenismo. Por un lado les había generado un sentimiento de temor al haberles arrebatado la confianza sobre su propio poder como grupo de presión; y por otro sentían que el “sector social” (las confederaciones que formaban parte del PRI) tenía mayor influencia que el sector privado, como sucedió en los años 30 .

Los gobiernos priístas habían criado y cobijado a una clase empresarial que, a inicios de los años 80, se presentaba con una considerable magnitud e independencia, que le hacían imposible de someter o siquiera controlar. Inmediatamente posterior a la estatización de la banca se inició la administración de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), y con ello se selló el agotamiento del modelo de desarrollo estatista al iniciarse lo que posteriormente sería bautizado como “neo-liberalismo”: apertura económica, privatizaciones, descentralización administrativa, adelgazamiento del Estado y desmantelamiento de los programas de corte social .

La terrible situación en que se encontraba la economía del país cuando De la Madrid tomó la Presidencia de la República no tenía precedentes. A inicios de ese sexenio la inflación era cercana al 100%, la devaluación fue de 466%, además de un exorbitante crecimiento de la deuda externa cercana a los 6000 millones de dólares. Al iniciar 1983, la deuda externa llegó a 84,000 millones de dólares, cifra que representaba el 89.9% del PIB .

Es difícil exagerar la gravedad de la crisis económica y el clima anti-gubernamental que existía en la sociedad civil al inicio del sexenio de Miguel de la Madrid, pero más en concreto entre el empresariado mexicano y las clases medias; no porque las condiciones para los sectores obrero y campesino fueran menos devastadoras, sino porque éstos últimos se encontraban en condiciones de control corporativo que contenían y administraban su descontento.

La prioridad del Ejecutivo fue lograr la estabilidad macroeconómica mediante el Programa Inmediato de Recuperación Económica (PIRE) que consistía en acciones que el mismo presidente nombraba “políticas de ajuste y corrección de rumbo”: disminuir el desequilibro externo y fiscal, frenar la inflación, recuperar la confianza de la inversión privada y contener el éxodo masivo de capitales y divisas . El llevar a cabo el proyecto de “ajuste” del Presidente implicaba atentar contra múltiples intereses creados y entrelazados por la maquinaria clientelar del PRI, pues consistía en la congelación de salarios, reducción del gasto público y corriente, así como liquidar o privatizar un gran número de empresas paraestatales, por medio de las cuales los líderes corporativos de ese partido obtenían apoyo político.

Tres factores fueron especialmente importantes para la ejecución del cambio económico tratando de administrar los costos políticos :

a) Coincidencia entre la explosión de la crisis y el inicio de un nuevo sexenio. El principio de No Reelección garantizó un proceso de renovación de élites gubernamentales con relativa rapidez. También permitió que las élites sindicales y corporativas, marginadas por personajes provenientes de las instituciones financieras públicas, asumieran su exclusión como algo pasajero y coyuntural, por lo que se redujeron los incentivos de los excluidos en turno para darle la espalda al régimen. Las tradicionalmente buenas y estrechas relaciones entre las agencias financieras públicas y las élites económicas privadas permitieron recomponer una relación que se fracturó en los dos sexenios anteriores, y que había terminado en la confrontación abierta entre los empresarios y el Estado en 1982.

b) Las amplias facultades discrecionales (legales y meta-constitucionales) del Presidente hicieron posible recuperar o mantener el apoyo de grupos políticamente claves mediante la concesión altamente selectiva de beneficios, subsidios y exenciones fiscales. De esa manera, y a cambio de un esquema de refinanciamiento para el pago de obligaciones crediticias externas, se recuperó la lealtad política de los más acaudalados hombres de negocios (embistiendo con fuerza a la pequeña y mediana empresa); al tiempo que se decidió no aplicar las medidas de ajuste en las paraestatales con los sindicatos más poderosos, como fue el caso de Petróleos de México (PEMEX) y Luz y Fuerza de Centro (LyFC), haciendo que el descontento por parte de la sociedad civil se presentara, sobre todo, entre las clases medias y sectores populares no organizados de relativa poca fuerza política. Los efectos de la crisis y las políticas de ajuste fueron desiguales y con ello se dividió a los excluidos e insatisfechos.

c) El objetivo de evitar la ruptura al interior del PRI se logró en gran medida frenando el proceso de apertura democrática que se había iniciado con la LFOPPE, con lo que se minaron las expectativas de cambio y oportunidad por parte de los grupos de oposición. La interrupción del proceso para abrir al régimen político, tras el impresionante desempeño del PAN en las elecciones municipales del norte del país en 1983 , permitió al gobierno recuperar el control del ámbito electoral y, de este modo, continuar utilizando la distribución de los puestos electorales como instrumento clave para sostener la lealtad de la “familia revolucionaria”.

Esas mismas estrategias para lograr el ajuste económico sin perder la hegemonía en el régimen político, tenían como límites a las clases medias, así como a los empresarios pequeños y medianos que no fueron beneficiados por los subsidios y las exenciones focalizadas del gobierno. Las organizaciones conservadoras de clases medias que hasta ese entonces tenían poco que ver con la esfera económica, como el Comité Nacional Provida , Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) , Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (DHIAC) , y la Asociación Nacional Cívica Femenina (ANCIFEM) , se identificaron con las críticas empresariales al régimen y el Estado. Se aceptó, por parte de estas organizaciones de clases medias, la reduccionista idea de que la crisis y todos los males de la nación eran responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. Se le acusó de ser el culpable de la deuda externa, del despilfarro, de la fuga de capitales y de la desconfianza social; al tiempo que surgieron versiones sobre la incalculable fortuna del Presidente, cuantificada en varias decenas de miles de millones de dólares; de sus increíbles castillos en España, Grecia, Italia, así como sus lujosas residencias en varias ciudades estadounidenses. Prácticamente cualquier cosa, en la mayoría de los casos inventada o exagerada, susceptible de alimentar el desprestigio del Ejecutivo, fue aceptada sin más trámite .

Históricamente las organizaciones de clases medias han tenido mayores niveles de autonomía dentro del régimen en comparación a las corporaciones populares que servían para controlar a los sectores obrero y campesino. Las organizaciones de clases medias no formaron parte de la maquinaria corporativa y clientelar del PRI. Si a todo ello se agrega el hecho de que, por la crisis, habían disminuido considerablemente sus posibilidades de ascenso social, así como enfrentado una merma importante en su poder adquisitivo, no es de extrañar que se hayan convertido en grupos con una clara posición anti-priísta y anti-estatista.

El fin de la alianza histórica entre el Estado y los empresarios -los consentidos del régimen acostumbrados a la negociación favorable y ventajosa-, propició que muchos hombres de negocios, con el apoyo de organizaciones de clases medias, ingresaron al PAN, sobre todo después de 1983, buscando vías para combatir a un Estado que descalificaban de obeso, ineficiente, autoritario, corrupto y arbitrario. Tenían el firme propósito de terminar con la hegemonía del PRI y buscar, a través de los procesos electorales, tanto instaurar en México un sistema de partidos competitivo como impulsar desde el gobierno su propio proyecto socio-económico.


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