3.8.- PRODUCTIVIDAD Y REESTRUCTURACIÓN EN LA PRIVATIZACIÓN RUMANA

Rumania es uno de las economías en transición, que han llevado a cabo programas de reestructuración1 de algunas grandes empresas públicas en dificultades. Estos programas son atractivos, entre otros cosas, porque tradicionalmente las economías en transición han heredado grandes empresas que empleaban a menudo a todo un pueblo y proporcionaban grandes prestaciones sociales (calefacción, escuelas, hospitales), por lo que cerrándolas se podía provocar un conflicto social; por otra parte, el cierre es menos traumático si se acompaña con medidas tales como prestaciones sociales e indemnizaciones.

Analizando el rendimiento de las empresas sometidas al programa, Djankov (1998), obtiene evidencia empírica de que ninguno de los objetivos del programa se ha cumplido, concluyendo que los Gobiernos de las economías en transición no seleccionan adecuadamente las empresas a reestructurar previamente y privatizan rápidamente.

El proceso de privatización en Rumania comenzó con la transformación en sociedades de las empresas públicas rumanas, asignándose el 70% de la propiedad a un fondo propiedad estatal, y el resto a varios fondos propiedad privada. No obstante, estos fondos privados, aunque sus dueños eran 18 millones de ciudadanos, eran gobernados por personas designadas y supervisadas por el Estado.

El método más utilizado de privatización consistió en la venta de la empresa a sus empleados (MBO). La compra de acciones ha sido financiada por un período de 3 a 5 años, limitándose la concentración de propiedad y la venta de acciones en este periodo. También se han utilizado el método de venta directa, para aumentar la velocidad de privatización y evitar los problemas de demanda insuficiente, y el método de privatización en masa para dispersar la propiedad. En todo caso, el Estado se ha reservado el 40% de las acciones, dominando la estructura de propiedad, frente a un grupo muy disperso de inversores privados. Así a finales de 1998, la propiedad estatal era por término medio del 36,3% y la propiedad de los empleados del 23,6% de media, excepto los medios de comunicación de los que el Estado conserva el 46,5% de la propiedad.

Earle y Telegdy ( 2001) obtienen evidencia empírica de que la privatización ha ejercido un efecto positivo sobre el nivel de crecimiento de la productividad laboral, variando los resultados en función del método de privatización empleado.