3.2.- PRIVATIZACIONES EN REINO UNIDO

El escepticismo fue uno de los elementos que caracterizó el proceso de privatización en Reino Unido. Los programas de privatización que se llevaron a cabo tuvieron que enfrentarse a una fuerte oposición política, a una gran resistencia de la comunidad financiera y a fuertes dudas de la población en general1.

Las razones que indujeron al Gobierno Thatcher a iniciar el programa de privatización podemos resumirlas en cuatro: en primer lugar, ofrecía una solución al persistente problema de déficit fiscal; además, prometía un incremento de la eficiencia de las compañías no competitivas que estaban bajo el control del Gobierno y podía ampliar la propiedad accionarial a una mayor cantidad de personas; finalmente, reducía las dimensiones del sector público.

En octubre de 1987 el Gobierno de Thatcher, pionero en esta política, había privatizado 22 empresas y recaudado por ese concepto 17.000 millones de libras, abarcando la venta del transporte, la energía, las comunicaciones, etc.; grandes monopolios pasaban de manos estatales a manos privadas. Entre 1988 y 1992, Inglaterra obtuvo por la venta de empresas públicas más de 44.000 millones $.

Yarrow (1986), identifica la siguiente lista de objetivos, que sintetiza los que parecen haber sido principales fines perseguidos por el Gobierno conservador británico a través de su programa de privatización: mejora de eficiencia, incrementando la competencia y permitiendo a la empresa acudir al mercado de capitales; reducción de las necesidades de endeudamiento público; facilitar la negociación salarial, debilitando el poder sindical; reducción del papel de las decisiones públicas en el campo empresarial; ampliar la base accionarial y facilitar el acceso de los ciudadanos al mercado bursátil; favorecer el acceso de los empleados a la tenencia de acciones de la empresa en la que prestan sus servicios; y finalmente, redistribución de la renta y la riqueza.

La ampliación de la base accionarial no parece haberse conseguido, y las diferencias entre el cambio fijado para la venta de acciones y la cotización posterior en bolsa, ha servido en gran medida para fines especulativos de los compradores iniciales (Kay y Thomson, 1986).

Estudios empíricos, como los de Hutchinson (1991) y Pint (1991), obtienen resultados mixtos, que sugieren que la propiedad pública se correlaciona con niveles mayores de crecimiento de la productividad del trabajo, mientras que la propiedad privada se correlaciona con mayores niveles de beneficios. Hartley y Parker (1991), por su parte, concluyen que la introducción de competencia en los mercados y la estructura de incentivos tienen mucha mayor incidencia sobre la eficiencia que la simple transferencia de propiedad.

Esto último debió pensar el Gobierno Británico al privatizar los ferrocarriles, pues al mismo tiempo que se reformaba la actividad se pretendió introducir el máximo nivel de competencia. Para ello, se privatizaron por un lado la infraestructura, por otro el servicio de viajeros y finalmente el servicio de mercancías y talleres. A su vez, se crearon varias compañías en cada servicio para que la competencia fuera mayor.

Por último, para Ramos y Pampillón (1999), la experiencia privatizadora británica demuestra que la adopción del sistema de concesiones, como fórmula de prestación de los servicios de transporte de viajeros es positiva, pues el número de viajeros ha aumentado significativamete, las tarifas se han reducido, el nivel de servicio es mayor, las compañías ferroviarias están realizando renovación de la flota de trenes y, por último, las subvenciones requeridas para la explotación del servicio son menores.