8.2.- PRIVATIZACIÓN BANCARIA EN AUSTRALIA

El programa de privatización australiano ha sido uno de los más grandes de los países de OCDE. Australia ha sido el segundo, después de Reino Unido, en lo que se refiere a valor de la privatización, y después de Nueva Zelanda en lo referido a ingresos con relación al PIB.

El Gobierno australiano inició la privatización del único banco público, la Commonwealth Bank of Australia (CBA), en 1991 con vistas al crecimiento de su rendimiento y finalizó en 1996.

Varios estudios han demostrado la ineficiencia y falta de rentabilidad de la CBA comparada con el resto de la banca privada, por ejemplo, Davies (1981) y Coughlin (1987). Por otra parte, si la privatización mejora el entorno competitivo e incentiva un mejor rendimiento, entonces el rendimiento operativo y financiero de la CBA privatizada se espera que mejore. Este es el razonamiento usado por Isaac Otchere y Janus Chan en un estudio realizado en 2001 sobre la privatización bancaria en Australia.

Así, Otchere y Chan (2001), con datos comprendidos entre los años 1986 y 1999 del CBA y sus competidores en Australia1, estudian la evolución del rendimiento del CBA, a medida que la privatización se iba realizando y, además, analizan el comportamiento de la competencia. Dado que la privatización de la CBA se llevo a cabo en tres tramos, el primero en 1991, el segundo en 1992 y la privatización total en 1996, comparan los efectos de privatización parcial y total en la propia CBA y en los bancos competidores.

Otchere y Chan demuestran que los bancos competidores reaccionaron negativamente, tanto a la privatización parcial como a la privatización total; reacción consistente con la amenaza de mayor competencia y coincidente con los resultados obtenidos por Eckel y Vingal (1997) en la privatización de la British Airways en Reino Unido. Al mismo tiempo obtienen resultados concluyentes en relación con la eficiencia, rentabilidad y otros índices, en el sentido de que no solo han mejorado en la propia CBA sino que además han superado a la competencia.

Finalmente, también concluyen que la reacción negativa de los competidores ha sido inversamente proporcional a la proporción de propiedad pública. La consecuencia para los Gobiernos que contemplan la privatización, es que el traslado completo de la propiedad y control es necesario para mejorar la eficiencia productiva, la rentabilidad y el rendimiento a largo plazo.