4.1.7 El caso de México

En México, desde 1977 el artículo sexto de la Constitución garantiza el derecho a la información, sin embargo, se carecía de reglamentos complementarios que permitieran el ejercicio pleno de este derecho. Se consideraba más bien una concesión, sujeta a la buena voluntad de la autoridad, y a disponibilidad física de la información. La “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental” (LFTAIPG), de junio de 2002, ha venido a modificar esta situación. Parte del principio de que toda la información gubernamental es pública, y que todos los servidores públicos deben rendir cuentas a los ciudadanos. Aquella que se clasifique como de acceso restringido debe justificar plenamente dicha condición, y las personas que solicitan documentos a través de esta disposición legal no necesitan dar ninguna razón o explicación acerca del uso que le darán.

La LFTAIPG es una poderosa herramienta de transparencia, e incluso se ha convertido en un referente internacional. Dispone de un listado de obligaciones de transparencia que cada una de las dependencias y entidades gubernamentales deben observar y acatar.

Ha llenado un vacío institucional, al contemplar la creación de una institución autónoma encargada de vigilar su cumplimiento, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, IFAI, cuya misión es garantizar el acceso a la información gubernamental, fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal, y proteger los datos personales y privados de los ciudadanos.

En las entidades gubernamentales, el IFAI ha apoyado el establecimiento de los criterios para la reserva, la capacitación y el apoyo técnico para publicar información y responder a solicitudes, creando directrices sobre el manejo de datos personales, y notifica a las contralorías internas los casos de supuesta infracción de la LFTAIP. Para quienes solicitan información, el IFAI les orienta sobre los procesos de búsqueda y formulación y seguimiento de solicitudes, además de recibir recursos de revisión. El IFAI está también a cargo de preparar una guía de acceso a la información federal, producir un informe anual al Congreso sobre la capacidad de respuesta del gobierno a los requerimientos de información por parte de la sociedad, y en general de educar tanto a la ciudadanía como a los servidores públicos sobre esta nueva disposición.

La LFTAIP define a toda la información del gobierno como pública, obliga a todas las entidades y dependencias gubernamentales a favorecer el “principio de la publicidad” sobre la reserva. Todas las entidades deben publicar de manera rutinaria, periódica y comprensible toda la información sobre sus funciones, presupuestos, operaciones, personal, salarios, reportes e informes internos, y contratos y concesiones que lleven a cabo. Otorga a los ciudadanos el derecho de solicitar información que aún no se ha hecho pública, y a proceder en tribunales en contra de cualquier entidad que niegue la información.

En términos generales, los objetivos de la LFTAIP son transparentar la gestión pública, favorecer la rendición de cuentas del gobierno a los ciudadanos, y contribuir a la democratización de la sociedad mexicana. Contiene innovaciones interesantes, como la que establece que no puede considerarse reservada la información que tenga que ver con la investigación de “violaciones graves” de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad. Por otro lado, en la era de la comunicación global y las redes de informática, el gobierno debe convertirse en un impulsor del flujo y diseminación de información. La legislación mexicana obliga a los organismos gubernamentales a tener un sitio en Internet, en el cual hacen disponible toda la información que están requeridas a proporcionar.11

Esta ley es un poderoso mecanismo para combatir la corrupción política y administrativa. El principio de publicidad sobre el que se basa, permite la asignación de responsabilidades públicas, identificando a los ejecutores de decisiones y funciones gubernamentales. Se convertirá también en un instrumento para conocer y evaluar a las políticas públicas, mejorando el nivel del debate sobre su diseño, contenido e impacto. Al hacer que todos los servidores públicos estén obligados a rendir cuentas, permitirá una nueva relación entre gobernantes y gobernados, contribuyendo a la consolidación democrática del país.

Para sustentar y garantizar el cumplimiento de la LFTAIP, se ha creado el Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI. Esto responde a la necesidad de reforzar los mecanismos y vías de acceso a la información, para apoyar al ciudadano cuando se presenten resistencias a la apertura y difusión de la información gubernamental.

Así, legislaciones de varios países contemplan la creación de entidades autónomas encargadas de vigilar la observancia de la ley de la materia. El IFAI empezó a operar en el año 2003, como encargado de hacer cumplir la LFTAIP en el Poder Ejecutivo Federal, y con las funciones de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información, resolver las negativas a las solicitudes, y proteger los datos personales en manos de dependencias y entidades gubernamentales. Impulsa una verdadera transformación cultural, al someter a la gestión gubernamental y a los servidores públicos al escrutinio crítico, y constante de la sociedad.12

El IFAI cuenta con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, lo cual le da gran fortaleza e independencia, en relación con otros órganos de la administración pública. Está facultado para conocer sin restricciones toda la información que posea una entidad o dependencia gubernamental, sin importar si se trata de información confidencial o reservada, lo que implica una gran responsabilidad. Esta atribución le permite asegurar el cumplimiento puntual de la ley, ya que evita que discrecionalmente se decida cuál información permanecerá restringida.

El IFAI tiene también la facultad de ser la instancia encargada de establecer sistemas de coordinación y cooperación entre todas las entidades y dependencias gubernamentales, para que puedan hacer pública la información que poseen, siempre y cuando no afecten la seguridad nacional, la seguridad pública, la conducción de la política exterior, la estabilidad económica o financiera del país, o se ponga en riesgo la seguridad, la vida o la salud de los individuos. Asimismo, resuelve los recursos de revisión de solicitudes de información dirigidas a cualquier entidad o dependencia de gobierno. Su labor es contribuir a sustentar e incrementar la confianza pública en las instituciones, y activar los mecanismos formales de rendición de cuentas.13 Sin embargo, la legislación no contempla que las propias sesiones y deliberaciones del IFAI sean públicas, lo que es un punto para revisar y perfeccionar en el desarrollo de las instancias de transparencia.

Se parte del supuesto que un Estado más transparente es más eficiente. Esto se refleja en el largo plazo en el fortalecimiento del erario público, y de la economía en su conjunto. Según varios estudios, la corrupción representa un costo de varios puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, recursos que podrían destinarse a promover actividades productivas y sociales. La transparencia gubernamental y los portales electrónicos que generarán las entidades y dependencias para cumplir con su implementación, son potenciales fuentes de oportunidades para empresas de tecnologías de información y de recopilación y procesamiento de información.14 Tanto empresas como ciudadanos estarán mejor enterados de sus derechos y obligaciones en la vida pública. La transparencia y el acceso a la información son dos de las más importantes tareas de una “segunda fase” de expansión y consolidación democrática.