6.2.3. La reformulación institucional como resultado de la crisis de Tiananmen

Desde el punto de vista político, el despido de Zhao como Secretario General del partido y como miembro del Comité Central, representaba el triunfo del ala conservadora al interior del Partido. Por primera vez, después de la muerte de Mao, se consolida el grupo conservador en el poder quienes con la justificación de mantener el “orden y la estabilidad” buscaron revertir aquellas medidas de la reforma que, desde su óptica, condujeron a la economía china al caos y la anarquía. Su diagnóstico era muy simple: si la pérdida del control de la economía, que se había iniciado desde los inicios mismos de la reforma, había sido la principal causa de los desequilibrios macroeconómicos y estructurales, como consecuencia, se tendría que establecer un programa de “rectificación” para revertirlo. Desde el punto de vista institucional significaba una reformulación de los arreglos prevalecientes sobre la base a una reconsideración de las viejas estructuras de antes de la reforma y un rechazo total a una transformación democrática de las instituciones en la esfera política.

La lucha contra la liberalización burguesa debe ser continuada por largo tiempo y debe ser combinada con educación y fortalecimiento de concepto de espíritu del Partido. Es necesario corregir todas las ideas y puntos de vista que se han confundido por el despliegue de la liberalización burguesa

En lo económico las propuestas más relevantes se expresaron en la resolución que aprobó el Comité Central del Partido Comunista a fines del mes de noviembre de 1989, documento conocido como de “los 39 puntos”, en él se expresan con claridad medidas de “rectificación económica”. En términos muy generales, este documento expresa la intención del aparato gubernamental por fortalecer la planificación central e incrementar la intervención del gobierno en la economía. En términos concretos las transformaciones económicas más importantes sugeridas por esta dirigencia fueron::

A. El reestablecimiento de la centralización en la economía:

- Se ejerció un control riguroso en el sistema de precios. Mientras los mecanismos de liberalización de precios fueron suspendidos, se aplicó un rango a los precios en bienes de consumo y de producción, además de controlar el precio en algunos bienes de consumo. En muchas ciudades el incremento a los precios por los productores requería de la aprobación de las burocracias locales.

- Se limitó el crédito bancario a través del establecimiento de cuotas estrictas y se incrementaron las tasas de interés.

- Se aplicó un estricto control sobre la inversión fija mediante el establecimiento de cuotas de inversión para provincias y sectores prioritarios.

- Todo proyecto de inversión fija, para ser aprobado, requería de la aprobación de los gobiernos provincial y central, en caso contrario, era rechazado.

- El gobierno dio a conocer sectores y categoría de productos que serían alentados con incentivos especiales (concesiones fiscales, cooperación de las empresas estatales, etc.) a fin de guiar e influir en la estructura de la inversión extranjera directa.

B. Fortalecimiento de los mecanismos de planificación

La Comisión Estatal de Planeación señalaba: “La integración de la planeación central y la regulación del mercado es un principio básico en el quehacer de la economía política, pero los dos no tienen igual estatus. La planeación central es de primera importancia. La regulación del mercado es suplementaria. La economía nacional debe ser construida sobre la base de la planeación y un desarrollo bien proporcionado”. Entre las principales medidas destacan:

- Una limitación del sistema dual de precios. Se pretendía incrementar el número de bienes de la economía planeada respecto de los bienes sujetos a precios de mercado, simultáneamente, se establecía un control indirecto sobre el resto de la economía.

- Contrario a lo que presupone un sistema de precios de mercado, como principal mecanismo en la asignación de los recursos, el Estado reasume su responsabilidad para guiar al mercado hacia los objetivos previstos por el plan. Asimismo asume la responsabilidad en la aplicación de políticas a fin de mantener un equilibrio económico y alentar a los sectores prioritarios. Para ese propósito se van a utilizar medidas similares a las que se habían instrumentado antes de la reforma para guiar a la economía y promover el desarrollo económico, entre las que destacan: medidas administrativas para alentar o desalentar sectores, tratamiento discriminatorio a empresas, política fiscal diferenciada, utilización de créditos bancarios y tasas preferenciales diferenciales, etc.

- Por primera vez en la historia de este país se va a considerar una política industrial nacional como el mecanismo idóneo de que dispone el Estado para dirigir al mercado, y encauzar los recursos disponibles para favorecer a los sectores que son prioritarios. En el documento: “Decisiones en torno de una política industrial” emitido por el Consejo Estatal en marzo de 1989 se reconocen algunos de los problemas que por los que atraviesa el sector industrial, se establecen sectores prioritarios y se presentan los principios fundamentales que van a soportar esta política. En dicho documento se definen, además, las áreas de producción que serían suprimidas (productos de baja calidad, bienes de consumo que requieren mucha energía para su producción, bienes de consumo de lujo, aquellos que gastan mucha energía y que son contaminantes, etc.), asimismo se enlistan aquellos que serían apoyados por el Estado. Dicha propuesta se puede sintetizar en el siguiente cuadro:

Cuadro VI. 1

Características de la Primera Política Industrial Nacional dirigidas a reforzar el mecanismo de planificación

(Marzo de 1989)

Diagnóstico del sector

Principios de la política industrial

Sectores prioritarios

La capacidad de producción de las industrias manufactureras era demasiado grande con relación a los sectores agrícolas, de energía y transporte

La distribución de las industrias entre regiones no era racional por lo que no se aprovechaban las ventajas comparativas regionales

Organización y vínculos deficientes entre empresas y concentración industrial muy baja

Bajo nivel tecnológico en la mayoría de las industrias manufactureras

Establecimiento de una política de Mercado guiado

Coordinación entre demanda y oferta agregada,

Reducir la inconsistencia entre la estructura industrial y estructura de consumo

Reducir y suprimir la producción e inversión en bienes de oferta excedente y expandir la producción donde hay escasez.

Alentar la producción de granos, algodón, carbón, electricidad, transporte y otros productos livianos escasos

Las prioridades y restricciones deben basarse en consideración de la demanda, progreso tecnológico, incremento de divisas y en la eficiencia económica

Sector agrícola

Productos de la industria ligera e industria textil

Infraestructura e industrias básicas ( transporte e insumos)

Sector energético (carbón, electricidad y petróleo)

Materia prima importante (acero, metales no ferrosos, químicos)

Maquinaria e industria electrónica.

Industrias de alta tecnología,

Bienes de exportación especialmente bienes manufacturados

Elaboración propia en base a Ding Lu y Zhimin Tang, State intervention and business in China : the role of preferential policies, Published by Cheltenham, UK ; 1997, pp. 68-70

C. Políticas preferenciales a las industrias propiedad del Estado

La intención explícita de la autoridad gubernamental de reducir el “crecimiento por fuera del plan” y controlar el crecimiento del mercado tuvo su expresión en la política industrial y su efecto inmediato en las empresas. Mientras las empresas propiedad del Estado recibieron un decisivo apoyo por parte del gobierno se aplicaron fuertes restricciones a las empresas no estatales.

Las principales característica de esta política consistieron en:

- Fortalecer a los pilares de la economía (industrias medianas y grandes) por la vía de políticas preferenciales. De manera particular se aplicó un sistema de doble garantía”, es decir, el Estado les garantizaba el abastecimiento necesario de insumos y materia prima, mientras tanto, las empresas garantizaban la entrega de montos de producción, utilidades e impuestos al Estado.

- En consideración del restablecimiento de un sistema planificado se consideraba prioritario el abastecimiento de insumos y materia prima a las empresas estatales, dado que en esas empresas recaía la responsabilidad del sector industrial y el cumplimiento de los objetivos nacionales.

- A diferencia de otras empresas, el Estado garantizaba a las empresas de su propiedad el acceso a los insumos y materia prima a precios bajos. Dado que estas empresas fueron las mayormente beneficiarias de políticas preferenciales se incrementó la interferencia gubernamental en ellas. Se reconstituyó el aparato del Partido al interior de las empresas y se reforzaron los mecanismos de supervisión administrativa. Lo que contrariaba la esencia de la “ley de las empresas estatales” de 1988 en la que se daba plena autoridad a los directores en el control y administración de las empresas estatales.

- Se establecieron medidas administrativas para “rectificar” el desarrollo de las industrias rurales, que aunque eran el pilar de la economía rural, desde la perspectiva de la autoridad central presentaban problemas serios, tales como: producir bienes de pobre calidad, generar reducidos beneficios económicos, competir por el abastecimiento de materias prima y energía con las empresas que se consideraban “pilares” del sector industrial, etc.

- En virtud de la importancia de las empresas privadas (para fines de 1988 empleaban 23 millones de personas) se aplicaron medidas a fin de desincentivar su proliferación. Dichas medidas iban desde el establecimiento de un mayor control central (inspecciones, relicenciamiento de los negocios privados, mayor control en el pago de impuestos, etc.) hasta el establecimiento de nuevas regulaciones que limitaban el establecimiento de negocios privados (en algunas provincias, por ejemplo, no se permitía el establecimiento de empresas privadas si competían con las empresas estatales o colectivas por insumos o materias primas o si contrataban personal capacitado de empresas estatales o colectivas).