Tesis doctorales

EL IMPULSO DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ESPAÑOL, FELIPE GONZÁLEZ, A LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS Y DE PAZ EN NICARAGUA Y EL SALVADOR, 1982-1996

Belén Blázquez Vilaplana

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B.4.1. El Asesinato de Ignacio Ellacuría.

Lo supe y te canté: sangre por los pueblo alzados y campos de El Salvador.
Martí cayó fusilado.
El Salvador. América.

Y Augusto Farabundo Martí que vuelva ahora levantando a los muertos, bandera de los vivos.

“Hay que salvar a El Salvador”. R. Alberti Si existe un hecho en relación con la crisis centroamericana que llamara la atención de la prensa durante este año y conmocionara a la población española1437, fue lo ocurrido en noviembre, el día 16, cuando en El Salvador se produjo el asesinato de Ignacio Ellacuría junto a otros cinco religiosos miembros de la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador de la que era rector1438. Éste acababa de volver de España donde había recibido el premio Alfonso Carlos Comín otorgado a la UCA. Y aunque distintas personas intentaron que no regresara al país, no temía sobre lo que le pudiera suceder.

Así, según expresó en aquel momento, la diferencia que existía entre Nicaragua y El Salvador era que en el primero de estos países quizá no todo el mundo puede decir lo que piensa; en El Salvador sí se puede hablar, pero también te pueden matar al cabo de unos días1439. El Gobierno español mostró su repulsa por lo acontecido y ofreció todos sus recursos a la colonia española, para que quien así lo quisiera pudiera abandonar el país1440. Al entierro acudieron como representantes del Gobierno español, el subsecretario de exteriores Inocencio Arias y Yago Pico de Coaña. Aunque esta posición fue vista por algunos analistas como escasa ya que se consideró que el propio Presidente del Gobierno debiera hacer actuado de manera más enérgica. Si en otras ocasiones se había implicado de manera tan directa, por qué no hacerlo cuando se había atentado contra nacionales españoles en territorio extranjero. Mientras, las investigaciones se dirigían hacia el ala más extremista del ejército salvadoreño. Por su parte, sería la guerrilla salvadoreña quien vendría a España para buscar la mediación española en el conflicto. El encargado de hacerlo fue Manuel Cornejo, coordinador de la Comisión Política y Diplomática del FMLN, aunque posteriormente vendrían otros miembros del Frente, siendo recibidos por el Director General para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Desde ese momento, gran parte de los esfuerzos españoles se dirigieron a intentar clarificar lo ocurrido aquel día en la UCA. España está en condiciones de ejercer sobre el Gobierno de El Salvador una presión eficaz, sin llegar a extremos dramáticos, para conseguir el castigo de los culpables y, si se demostrase la complicidad del poder o de sectores de él en los asesinatos, exigir las responsabilidades del caso y adoptar sanciones ejemplares1441.

En este sentido, el Presidente Cristiani anunció el arresto de varios militares pero sin indicar su nombre. Diversas fuentes ponían en entredicho la actitud del Presidente, teniendo en cuenta que el asesinato de Óscar Romero aún no había sido esclarecido y que se sabía que había sido protagonizado por miembros de un grupo de extrema derecha perteneciente a ARENA, el partido del Presidente. El cual, en un comunicado anunció que debían tener plena seguridad de que el Gobierno y la fuerza armada estamos empeñados en descubrir hasta el último implicado en tan detestable crimen1442. Cristiani se jugaba en ello la ayuda norteamericana a su país. Finalmente anunció que estaban implicados un total de 9 militares: dos soldados, un cabo, dos subsargentos, un subteniente, dos tenientes y el Director de la Escuela Militar. La UCA recibiría en 1990 el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades por su denodada defensa de la libertad, del dialogo como única vía para la convivencia pacífica y de la cultura. Como los hechos no se esclarecían con la celeridad que el Gobierno español consideraba oportuno, envió a El Salvador dos delegaciones, una de ellas parlamentaria, encabezada por el Presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, Luis Fajardo y otra del Ministerio de AAEE, encabezada por Inocencio Arias.

En 1990, fue enviada la delegación parlamentaria a El Salvador para informar sobre el asesinato de Ellacuría y los otros cinco jesuitas. Los cuales a su vuelta a España afirmaron que existía tanto en el ejército salvadoreño como en algunos sectores de la administración falta de colaboración, así como de la Administración norteamericana. También mostraron que la actuación de las FFAA en aquel país era como siempre, impune y que era casi imposible incidir sobre la misma. El informe se presentó al Congreso, pidiéndose que el mismo fuera luego enviado al Senado y a las asambleas internacionales. España estudiaba, a través de los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, convertirse en parte acusadora contra los militares que se estaban juzgando como ejecutores de los asesinatos.

Posteriormente, el 23 de septiembre de 1991, una delegación del Congreso formada por 4 miembros acudió como observadora al juicio. Los cuales a la vuelta del mismo, expresaron su pesar por la falta de independencia del poder judicial salvadoreño.

Lo cierto es, que nunca ha quedado completamente aclarado qué fue lo que ocurrió, aunque los hechos fueron estudiados por la Comisión de la Verdad creada por el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional1443.

A finales de año, militares españoles se encargaron de verificar los acuerdos de paz, mediante su participación en una misión de la ONU, la ONUCA, tal y como veremos en el siguiente punto de la investigación.


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