LOS RETOS DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA

Samuel Hernández López (CV)

Introducción

Los problemas de la consolidación de la democracia en México y en América Latina ocupan un lugar central en el debate político contemporáneo. Una adecuada revisión de este problema nos conduce a analizar una serie de factores inherentes a la llamada crisis de gobernabilidad y vincularlos con lo que algunos estudiosos y autoridades a todos los niveles de gobierno, han planteado como crisis del Estado-Nación, tal como este fenómeno se ha expresado en el periodo 1988-2006 y que coincide con los procesos de apertura democrática y, en su caso, de maduración de la democracia en buena parte de los países latinoamericanos. En el pasado, los programas de estabilización económica impulsados por los organismos financieros internacionales Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo no pretendían, armonizarlos con procesos de democratización de varios países emergentes latinoamericanos, especialmente el caso mexicano y el fenómeno chileno. En algunos casos, la viabilidad política de los estados latinoamericanos se explica aparentemente por el cambio de modelo económico, del tradicional esquema hacia adentro, a la apertura y globalización de los mercados. En esta lógica, los criterios de racionalidad económica son un factor que se relaciona directamente con los problemas de gobernabilidad, que hasta ahora, se hacen ostensibles en el cuestionamiento de la legitimidad de algunos gobiernos democráticamente electos. Ya en el ejercicio del poder, las todavía incipientes democracias latinoamericanas han encontrado serias difícultades para garantizar los acuerdos sociales y políticos básicos que son condición indispensable para la gobernabilidad y la conducción del Estado, no solamente desde el punto de vista legal sino también legítimo.

La gobernabilidad como objeto de estudio

En los últimos años, el problema de la gobernabilidad ha ocupado la atención prácticamente de todos los estados del orbe, especialmente de los países latinoamericanos y desde luego de los países centrales o potencias hegemónicas particularmente los Estados Unidos que en los años 70’s como parte de la Comisión Trilateral, en el marco de la Guerra Fría y ante la amenaza del avance del llamado “Socialismo Real”, se dio a la tarea de llevar a cabo una profunda revisión del “estado de la democracia en Occidente y si sobre todo, a partir de entonces, se podía hablar de la crisis de la democracia en el mundo capitalista .” Tal interrogante llevó a la realización de un importante estudio auspiciado por el ex presidente James Earl Carter, en el que se planteó.¿Cómo garantizar y combinar al mismo tiempo la seguridad de los estados con el desarrollo económico y la democracia política?. A partir de entonces la gobernabilidad se vuelve un problema de seguridad nacional para Estados Unidos y el mundo occidental. En el diagnóstico de la Comisión Trilateral se concluía que el futuro de la democracia dependía de la solución en primera instancia, a los problemas de gobernabilidad que se empezaban a agudizar por los fenómenos de corrupción e ineficacia de los estados. Estas amenazas intrínsecas, son parte de los factores que inciden en la crisis de gobernabilidad de algunos países latinoamericanos entre lo cuales se encuentra nuestro país. Recientemente la preocupación por los problemas de gobernabilidad derivó en un estudio del Banco Mundial sobre el caso de México en el que a partir de un documentado análisis se formulan un conjunto de propuestas orientadas supuestamente a fortalecer la gobernabilidad democrática en México. El estudio concluyé que existen grupos de interés en nuestro país que debilitan el proceso democrático. Asimismo, dicho documento establece que los problemas de gobernabilidad en México también se expresan en la poca eficacia del Estado para lograr la aprobación de las reformas esctructurales pendientes (reforma laboral, reforma hacendaria, reforma energética y reforma del Estado) . Por ello, resulta pertinente una revisión de la gobernabilidad como objeto de estudio en América Latina.

La gobernabilidad en Latinoámerica

Vale la pena preguntarnos que es o que se entiende por gobernabilidad, se trata de un concepto, categoría, principio, condición, o cualidad que un estado tiene, presenta, garantiza o en su caso, carece de ésta para el pleno ejercicio del poder político sin cuestionamientos serios que pongan en peligro la estabilidad y la viabilidad del propio Estado. Tal parece que los estudios sobre los problemas de gobernabilidad hasta hoy , se han orientado a explicar este fenómeno desde una perspectiva tridimensional a saber; 1.- la esfera político-electoral, 2.- la eficacía-ineficacia del estado, 3.- los factores externos. Sin embargo, es necesario proponer para su discución y análisis mayores elementos a los tres anteriores, como lo son los temas de la promoción de la gobernabilidad en el marco de la globalización y paradógicamente de la existencia hoy, de un mundo unipolar. Para el caso de América Latina, sin duda, hay que considerar otros elementos que inciden de manera decisiva en las crisis de gobernabilidad, como lo son; el narcotráfico, la migración, la inseguridad, la economía informal, el respeto a los derechos humanos y a las culturas índigenas y la falta aparente de recursos de los estados para la promoción de la gobernabilidad a través de políticas públicas eficaces que al menos puedan administrar los conflictos sociales . En el Continente, advertimos la existencia de instituciones severamente cuestionadas y cada vez menos estables ya que su credibiilidad y legitimidad se pone recurremente en duda. De esta forma, los estados buscan que sus instituciones sean legítimas, estables y confiables como hace algunas décadas. No obstante, con las estratégias de apertura y desregulación de las economías, las instituciones políticas se tornaron altamente vulnerables.

La gobernabilidad democrática como cualidad

La crisis de gobernabilidad que deriva en el caso mexicano y quizá en otros estados lationoamericanos, en crisis del Estado y crisis de la Nación, es el tema central en la agenda de las elites dominantes, particularmente de sus gobiernos. Autores como Manuel Alcántara, Omar Guerrero, Norbert Lechner, Leonardo Curzio, Atilio Borón, Luis Salazar, Antonio Camou, entre otros, han contribuido a entender la gobernabilidad como problema, como concepto, como categoría, y como principio, yo agregaría también que como cualidad de un estado. En este sentido, mi intención es aportar elementos al debate sobre la gobernabilidad como objeto de estudio, aportar reflexiones para entender la ingobernabilidad, como otro factor fundamental que explica la crisis del Estado en America Latina y especialmente en México.

Ante la crisis política que vive hoy nuestro país, agudizada después de la elección de julio de 2006, podemos observar a los más reconocidos analístas, quienes nos advierten siempre sobre los riegos de caer en un estado o situación de “ingobernabilidad”. En la mayoría de los casos, este término es utilizado de manera superficial para describir una situación indeseable en donde se puede quebrar, romper o socavar el orden establecido. Dicho concepto, como problema, aparece como la mayor amenaza para la estabilidad de los gobiernos y estados latinoamericanos; sin embargo, este análisis ha sido insuficiente para la comprensión cabal del fenómeno, pero sobre todo, para la solución de la crisis política que hoy enfrenta México y seguramente varios países del Continente.

Existen diversas definiciones e interpretaciones acerca de lo que la gobernabilidad es y representa. Las diferencias entre los teóricos que tratan el tema varían según los marcos en los que circunscriben sus análisis y el lugar donde ponen el centro de sus preocupaciones. Así, mientras para autores como Manuel Alcántara Sáez el estudio de la gobernabilidad se centra principalmente en la evolución y funcionamiento del sistema de partidos, para otros como Omar Guerrero , ésta es entendida como “el conjunto de los mecanismos que aseguran un desempeño superior de la dirección y autodirección de la sociedad...” . En esencia para Guerrero la gobernabilidad es el buen funcionamiento del Estado, o mejor dicho su capacidad para darle “dirección a la maquinaria administrativa, financiera, judicial y militar...” responsable por tanto de generar bienestar social. En esta postura observamos una clara herencia de las tesis oficiales de algunas instituciones internacionales y organismos financieros que explican el problema de gobernabilidad desde el punto de vista de efectividad, eficacia y desempeño gubernamental.

Para Manuel Alcántara, el sistema político de los países latinoamericanos, por primera vez en su historia, presenta un elevado índice de homogeneidad en lo que tiene que ver con sus características básicas. Entre éstas destacan cuatro: “1.-el principio de democracia formal, 2.-la articulación partidista de la representación, 3.-una forma de gobierno presidencialista con una marcada preponderancia del Poder Ejecutivo , 4.-una fuerte tendencia al centralismo político que convive con tímidos intentos de descentralización administrativa” ..

Por otro lado, Omar Guerrero plantea el problema de la gobernabilidad como un fenómeno político que en los años noventa empieza a cuestionar seriamente el papel del Estado moderno, principalmente al descuido de éste en cuanto a sus tareas básicas, es decir, las relativas al bienestar social tales como la salud, educación y trabajo y en el ámbito político, las orientadas a elevar el nivel de la convivencia cívica entre la ciudadanía mediante la ampliación del sufragio y la exigencia de democratización.

Ahora bien, la ingobernabilidad adquiere un sentido distinto para ambos autores. En Alcántara es un riesgo latente ante ciertas aristas de nuestras aún incipientes democracias, a saber: 1.-el abstencionismo, 2.-un excesivo número de partidos políticos, 3.-los problemas étnicos y 4.-la representatividad de los políticos que llegan a sus puestos por procesos no democráticos al interior de sus partidos. Mientras que para Omar Guerrero, la ingobernabilidad o la crisis de gobernabilidad se debe “a la falta de mecanismos del Estado que aseguren un desempeño superior en la dirección de la sociedad”. Por tanto, debe haber un buen funcionamiento del Estado, no solamente desde el punto de vista de una dirección político- administrativa efectiva sino también, desde el punto de vista de su función social.

Para Leonardo Curzio la gobernabilidad es un principio más que un concepto y se ubica más en la esfera político–electoral al considerar cinco pilares fundamentales que explican y fundamentan la gobernabilidad de los estados. Estos pricipios son siempre dinámicos, ya que esta condición les permite a las instituciones ser estables y enfrentar exitosamente las amenazas internas y externas. Curzio concluyé que la gobernabilidad puede ser la capacidad del Estado para perdurar en el tiempo. Los principios a los que hace alusión el autor son: “ 1.- la legitimidad política del gobierno, 2.- la eficacia gubernamental para atender las demandas de la sociedad en los parámetros socialmente aceptados, 3.-la viabilidad internacional, 4.-los acuerdos con los principales grupos de presión, 5.-la existencia de un sistema normativo y legal compartido por todos los actores y la eficacia del Estado para hacer valer su centralidad como fijador de reglas.”

Curzio considera los factores externos como riesgos para la gobernabilidad de los estados, aunque pone mayor enfásis en el ámbito político-electoral y administrativo-legal.

Un elemento que es pertinente introducir a las aportaciones de Omar Guerrero, Manuel Alcántara y Leonardo Cuzio es el de crisis, que viene a instalarse en los países latinoamericanos como parte de su vida cotidiana desde los años 70´s (sin que ello signifique que antes no hubó periodos de crisis), así podemos entender a partir de entonces, a las generaciones de las crisis. Inicialmente ésta se expresó en el terreno económico con el fenómeno de la inflación-devaluación, fuga de capitales, deuda externa, agudización de la pobreza y marginación. Fenómenos apocalípticos que pusieron en tela de juicio el modelo de sustitución de importaciones, de economía cerrada, casi monoexportador de los países latinoamericanos, no obstante, este concepto pronto alcanzó lo político, social y cultural. Desde entonces, la crisis como problema se ha expresado con mayor contundencia en las instituciones politicas, es decir, en la esfera del Estado como espacio principal del ejercicio, lucha, preservación y transmisión del poder ya sea por la vía legal pacífica o através de la violencia de las armas.

El escenario de crisis que atraviesa actualmente nuestro país, sobrepasa a algunas instituciones, especialmente a los partidos políticos, el Congreso, el Ejecutivo, y desde luego al Poder Judicial. La poca participación de la población en los procesos electorales y el escepticismo en estas instituciones pone en tela de juicio la representatividad de la ciudadanía en los partidos políticos . Y ultimamente la división al interior de las Cámaras así como las diferencias con el Ejecutivo y en menor medida con el Poder Judicial, representan problemas de gobernabilidad que enrarecen y opacan los pocos avances democráticos. A pesar de estos ejemplos serios de crisis de gobernabilidad, creó que no se llega a la raíz del problema en la coyuntura actual, ya que ahora, también hay que considerar el papel del narcotráfico, la violencia desatada en el país, en menor medida el comercio informal y los problemas de migración derivados de la relación bilateral con Estados Unidos sin dejar de mencionar la complejidad de la frontera sur del país. Más aún, habría que preguntarnos si en la todavía inconclusa transición mexicana existe un déficit de gobernabilidad democrática que puede orientarse por dos caminos; el regreso al pasado autoritario, o una transición exitosa a la democracia plena (segunda fase de la transición mexicana). Desafortunadamente en el caso de México nos acercamos más a la primera salida, así lo demuestra el cuestionado gobierno de Felipe Calderón que ha decidido sacar al ejercito de sus cuarteles para supuestamente combatir al narcotráfico. La crisis de legitimidad de origen del presidente, se pretende superar con medidas espectaculares de fuerza para atender el problema de la inseguridad en que vive la sociedad mexicana. Sin embargo, en aras de que la delicuencia organizada amenaza al Estado, se pretende imponer un “Estado de excepción”, que peligrosamente llegó para quedarse, por lo menos así lo demuestran los cuatro años de la actual administración. Peligroso síntoma de crisis de gobernabilidad, son hoy la militarización de las tareas de seguridad y protección ciudadana. Por ello, a decir de analístas políticos como René Delgado hoy, en la figura de Felipe Calderón se tiene más que un Presidente de la Republica a un super Secretario de Defensa y Fuerzas Armadas, como en su momento se tuvó a un super Secretario de Hacienda en Ernesto Zedillo más que un titular del Poder Ejecutivo.

Regresando a otros factores que atizan la crisis generalizada de gobernabilidad en nuestro país, no podemos dejar de mencionar, la violencia desatada en prácticamente la mitad de los estados de la república, donde se concentra el mayor número de asesinatos por ejecucción, enfrentamiento, ajuste de cuentas, etc.., alcanzando cifras inquietantes, que hacen de la muerte algo cotidiano en México, como sucede en Brasil y Colombia. Como mencione anteriormente, al narcotráfico como problema que pone en riesgo la gobernabilidad y la viabilidad misma del estado mexicano, habría que agregar otros, que merecen especial atención como es el caso de la migración como ingrediente siempre candente en la agenda de la relación bilateral con los Estados Unidos. Estas amenazas, son señales inequívocas de la crisis de gobernabilidad en nuestro país.Y como señala Omar Guerrero se traduce en “la incapacidad de producir bienestar debido a una mengua sensible de orden y estabilidad. Dicho de otro modo, la ingobernabilidad no es el resultado indeseado de pérdida de calidad superior de gobierno, sino de los fundamentos del gobierno en sí.” . Atendiendo a la definición, podemos entender que el Estado pierde paulatinamente su función social y su capacidad para asegurar los mínimos de bienestar a la población.

Esta conceptualización, es una forma sin duda de abordar el problema de la gobernabilidad, pero no es suficiente, ya que en la coyuntura actual, para entender el caso de México es necesario referirnos a esta situación de crisis de gobernabilidad a partir del quebranto del acuerdo social fundamental emanado de la Revolución de 1910 y consagrado en la Constitución de 1917. Por ello, la situación que observamos hoy en el país, es más una crisis del estado exarcebada por la crisis de gobernabilidad que se arrastra desde los años 80´s.

A partir de tal hipótesis y con la intención de orientar más nuestro análisis, en esa dirección, creo necesario introducir una cuarte visión sobre la gobernabilidad de tal suerte que nos acerque más a la raíz del problema. Aquí me quiero referir al texto “La reforma del Estado y el problema de la conducción política” de Norbert Lechner.

Para Lechner, la crisis que sufrió nuestro país en 1995 evidenció como nunca los problemas que el estado en América Latina enfrenta hoy en día. El autor apunta tres lecciones que explican esta problemática: a) La tensión entre las dinámicas de globalización y el mercado nacional. b) La tensión entre las dinámicas económicas y la institucionalidad política. c) La tensión entre democracia y gobernabilidad democrática. Como se puede advertir, se tratá de una especie de dilemas en los que se debaten las sociedades latinoamericanas más que proyectos de nación diferentes. En el primer caso, se pone de relieve como el fenómeno de la globalización arrastra a los estados nacionales, así lo evidenció el famoso error de diciembre de 1994 que derivó en un crisis financiera sin precedentes en México que impacto en la región. El triste célebre “efecto tequila” fue la muestra de lo vulnerable de las economías nacionales frente a las turbulencias financieras propiciadas por los organismos financieros internacionales. En este punto, se puede afirmar que la globalización de los mercados como nueva cara del capitalismo incide y altera la agenda interna de los países latinoamericanos. El segundo dilema, tiene que ver con la implantación exitosa de la liberalización económica que necesitó de un estado fuerte, asi lo demuestra el caso de México, donde fue condición indispensable la existencia de un régimen autoritario que posibilitó el cambio de modelo económico. A diferencia de Chile que sí logró armonizar la llamada modernización económica, con un orden democrático. En esta segunda lección, Lechner sostiene que el dinamismo de la economía chocó con la rigídez de las instituciones políticas. La tercera lección entre democracia y gobernabilidad democrática demostró que las políticas neoliberales no derivaron en un cambió de sistema político, de los clásicos régimenes autoritarios y totalitarios en América Latina a la instauración de una verdadera democracia o por lo menos a la transición hacia ésta. El caso mexicano ilustra la tesis anterior, además, como afirma Lechner, la desvinculación entre el proceso de democratización y la reforma del estado, acelera la crisis de gobernabilidad, por lo que se impone llevar a cabo una verdadera transformación del Estado. Esta reforma debe empezar desde mi perspectiva, por la transformación de las actuales instituciones políticas mexicanas, o su refundación, ya que han perdido su capacidad de conducción de los procesos sociales, de intermediación politica efectiva, de representatividad, de mediación de intereses, de atención a las demandas sociales fundamentales o por lo menos de administrar y dosificar los conflictos entre grupos y clases sociales.

Hay que decir, que los postulados de Norbert Lechner, introducen otro ingrediente fundamental que explica la crisis de gobernabilidad como problemática a resolver. En este caso, se refiere al papel que juegan los factores económicos externos (incluyendo, desde luego, las políticas diseñadas por los organismos financieros internacionales), en los procesos internos de los estados nacionales. Hoy, estas instituciones financieras se han cuestionado sobre los pocos beneficios a la población de las políticas económicas implantadas en los países latinoamericanos y en la necesidad de redefinir las políticas públicas para evitar problemas serios de gobernabilidad, en el fondo estas preocupaciones, en especial las del Banco Mundial pretenden evitar estallidos sociales.

Finalmente, Lechner afirma que el caso mexicano es muy parecido al de Chile en cuanto que en ambos países, de inicio, se necesitaron de condiciones autoritarias para la implantación de reformas neoliberales. Sin embargo, mientras la transición chilena se aseguró de empatar su proceso democrático con la adecuación de sus instituciones, en México no fue así, ya que aún persisten condiciones autoritarias que impiden hablar de una verdadera transición democrática.. Por su lado, un informe de la CEPAL establece la tesis de que en buena parte de América Latina “el estancamiento económico coincide con la rigidez de las instituciones políticas. La adecuación de las economías nacionales a las nuevas condiciones no se ve acompañada del crecimiento económico ni de una adecuación de las intituciones democráticas”. Esta caracteristica constituye un factor más que agudiza la crisis de gobernabilidad.

El caso mexicano

En la historia reciente del país, después de la victoria oficial del Partido Acción Nacional (PAN), en las elecciones presidenciales de los años 2000, donde no hubó cuestionamientos a la legitimidad del proceso electoral, y 2006, donde la crisis de legitimitdad del proceso electoral, agudiza la crisis de gobernabilidad del país, se observa un claro proceso de debilitamiento del estado, que no es más que resultado de la desconfiguración del arreglo social básico, que había estado vigente desde 1917. Por ello, desde mi perspectiva, la explicación a la crisis de gobernabilidad y a la crisis del estado tiene que ver con los reformas neoliberales realizadas en los sexenios anteriores, que modificaron sustancialmente el contenido original de los principios que hicieron posible los acuerdos sociales básicos consagrados en la Constitución de 1917.

En lo politico, el anterior acuerdo social plasmado en la Constitución de 1917 nunca tuvo como vocación el desarrollo de un escenario democrático fundado en la competencia efectiva entre partidos, en la presencia de interlocutores sociales, en la efectividad de la representación parlamentaria, en el respeto de los derechos humanos, o en la inclusión de las culturas indígenas en el proyecto nacional, sin embargo, fue capaz, con instituciones como el presidencialismo y el dominio de un partido en el poder que no admitió la alternancia durante mucho años, de mantener acuerdos y consensos básicos que dotaron al estado mexicano de instituciones estables, si bien no democráticas, propiciaban, alentaban y resolvian disputas entre grupos, clases sociales e intereses económicos, con arreglos institucionales fundadas en acuerdos básicos que las partes en conflicto acataban y respetaban.. Se trataba de un estado fuerte, con capacidades de interveción en práticamente todos los ámbitos de la vida social.

Efectivamente, la Constitución de 1917 consagró los derechos sociales fundamentales que fueron un factor de estabilidad política y una relativa paz social. Estos derechos, materialización de las demandas más sentidas durante la revolución de 1910, quedaron plasmados principalmente en los artículos 3 °, 27° y 123° y fueron el sustento legal del acuerdo social básico, referente necesario de gobernabilidad durante más de setenta años en México.

Hasta 1988 este marco jurídico se había mantenido de una u otra manera vigente, no obstante, con el paquete de reformas constitucionales llevados a cabo durante los últimos tres sexenios, se define un parteaguas en la historia reciente de nuestro país que explica en buena medida la situación de crisis que vivimos hoy en día. Durante los ultimos tres sexenios se llevó a cabo una involución silenciosa que trastocó el contenido original de los artículos de alto contenido social que fueron fuente de gobernabilidad (con Salinas 52 artículos de la Constitución, con Zedillo 76 y con Fox 15). En 18 años se han llevado a cabo 143 reformas constitucionales que han afectado derechos sociales básicos. Por otra parte, las primeras señales de agotamiento de políticas públicas efectivas que garantizaron estabilidad política y relativa paz social es decir, gobernabilidad y alejamiento paulatino de los principios que dieron origen al pacto social fundamental de 1917, fueron los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971.

En el siglo XXI, no hay duda, que las elecciones de julio de 2006 marcan un hito en la historia mexicana ya que constituyen la puntilla a la crisis de gobernabilidad desatada desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Los resultados de las elecciones que favorecieron al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón con una ventaja sobre el candidato por la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador del 0.58% de la votación total según cifras oficiales , evidenciaron como nunca, la descomposición de las instituciones politicas, electorales y judiciales en el país, al oponerse a la demanda de más de 14 millones de mexicanos de abrir los paquetes electorales y del recuento voto por voto, por ello hasta la fecha, existe la duda en la limpieza y transparencia de la elección presidencial. El propio organo judicial en la materia, concluyó que el activismo del expresidente Fox pudo poner en riesgo la elección presidencial. Más bien hay que afirmar que dicho activismo fue un factor decisivo que inclinó el resultado de las elecciones al candidato de Acción Nacional, sin mencionar el papel de los hombres más ricos de México. Esta hipótesis no pudó ser comprobada ya que las instancias jurídico-electorales a nivel federal, avalaron el triunfo del candidato blanquiazul, ya que el candidato de la cioalición opositora, representaba un “peligro para México”, hay que decir que era una amaneza potencial para ciertos sectores que según Andres Manuel López Obrador, han hecho sus fortunas de manera fácil y no muy transparente. Por tanto, el fantasma del fraude electoral todavía ronda en el país y no ha podido disiparse. A partir de entonces, México quedó dividido y hasta la fecha no ha podido superarse este enfrentamiento y encono entre los que apoyaron uno y otro proyecto. Esta situación inédita de polarización social en el país, que inclusive enfrenta y divide familias, es un síntoma más de la crisis de gobernabilidad que sufrimos y pone al descubierto la poca o nula capacidad del estado para superar o al menos manejar esta división, es decir, el estado mexicano en la coyontura actual, no es capaz al menos de administrar los conflictos, resolverlos es casi imposible.

Gobernabilidad democrática, movimientos sociales e indigenas, resitencia civil pacífica y su inserción en el juego institucional en América Latina y México.

Para orientar nuestra investigación en estudios de caso, vale la pena preguntarnos qué hará el estado mexicano para salir de la crisis de la gobernabilidad exarcebada por los problemas de legitimidad, que pone en jaque su propia existencia. Tal parece que asistiremos a un reforzamiento de las prácticas autoritarias como lo demuestrán los más de mil días del gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, la interrogante surge a partir de la revisión de los resultados oficiales de la elección presidencial de julio de 2006. Es decir, que hacer con más de 14 millones de mexicanos que votarón en principio por un proyecto diferente y que aparentemente quedarón fuera de la vida institucional al no reconocer por lo menos de inicio, al máximo representante del estado mexicano. En un país prácticamente secuestrado por los monopolios de la comunicación, por el narcotráfico, la corrupción y la inoperancia del estado. ¿Qué papel deben jugar los movimientos sociales, los pueblos indígenas, los migrantes mexicanos y en general los grupos y clases sociales que han sido excluídos de cualquier beneficio de ascenso y movilidad social, más aún de participación y representación política efectiva?. Por tal interrogante resulta pertinente revisar la situación de crisis de gobernabilidad en otros países latinoamericanos, analizando como inciden los factores anteriores en su agudización, o en su caso, en la solución de la crisis como podemos observar en Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Brasil

Si echamos un vistazo a la realidad latinoamericana, en los últimos 17 años, como expresión extrema de la crisis de gobernabilidad, 14 presidentes elegidos en su mayoría democráticamente, no pudieron concluir su mandato. Diez de ellos renunciaron por violentas protestas sociales . En el caso de México, la resistencia civil pacífica, y las protestas sociales, (recientemente contra la ley del ISSSTE de manera masiva y anteriormente las protestas de intelectuales, legisladores y pequeñas y medianas empresas de la radio y la televisión contra la llamada Ley Televis y recientemente contra la licitación 21), no fueron suficientes para alterar la continuidad en el poder del actual inquilino de los pinos.Lejana está una situación de y/o destitución de Felipe Calderón, más remota parece configurarse un impeachament como en Brasil en el caso del expresidente Fernando Collor

de Melo, y en otros países latinoamericanos donde violentas protestas sociales desencadenaron la renuncia o destitución del titular del poder ejecutivo. Por ello, ante el panorama actual se impone la necesidad de construir categorías más acabadas en los ambitos del estado y de sus instituciones para explicar, la compleja realidad latinoamericana y contribuir al debate en la transformación o refundación de las actuales instituciones estatales que se planteen como prioridad de su agenda no sólo sanar las heridas sociales, sino crear espacios, con la suficiente credibilidad y legitimidad, para incorporar a un verdadero juego institucional democrático a los sectores que creen en otras alternativas de estado y de nación. Por tanto la gobernabilidad demócratica en nuestro continente, pero especialmente en México, necesariamente, debe considerar el respeto a los derechos humanos, a las minorías y a las culturas indígenas y desde luego, al restablecimiento del pacto social fundamental consagrado en la Constitución de 1917. Para la transformación del estado, se tiene que transitar como condición para la gobernabilidad, a un estado no solamente democrático- plural sino, multiétnico-multicultural, como están conformadas la mayoría de las sociedades latinoamericanas.

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