Textos de economía, paz y seguridad
Vol 1, Nº 3 (junio 2008)

 

PAZ, SEGURIDAD, DESARME, DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS

Nicolás Angulo Sánchez (1)

 

Palabras clave: paz, seguridad, desarme, desarrollo, derechos humanos, neoliberalismo, mundialización, globalización, terrorismo.


Resumen

La paz y la seguridad constituyen objetivos concomitantes con el desarrollo humano y sostenible, pues sin paz y seguridad difícilmente puede haber desarrollo y respeto de los derechos humanos. El desarme permitiría destinar una enorme cantidad de recursos económicos, técnicos y humanos a estos objetivos. Por ello, paz, seguridad, desarme, desarrollo y derechos humanos son conceptos que se encuentran estrechamente vinculados.

La “mundialización” o “globalización” neoliberal

La paz, la seguridad, el desarme y el desarrollo humano y sostenible, es decir, no cualquier tipo de desarrollo, bien pueden considerarse como derechos humanos, pues no faltan razones legitimadoras para ello. Ahora bien, deben confrontarse al contexto histórico actual que suele denominarse como “mundialización” o “globalización”, predominantemente comercial y financiera, y en el que se desbordan las fronteras estatales. En realidad, esta globalización se limita en gran medida a una mundialización de los valores e intereses de los grandes grupos y fuerzas hegemónicos que dominan la producción y el mercado capitalistas (2), en su versión más ultraliberal (el denominado “neoliberalismo”). Ello implica terminar con las políticas redistributivas de la riqueza (política interior), tal y como se ha venido haciendo, con mayor o menor efectividad, en los Estados sociales o de bienestar vigentes en los países capitalistas más industrializados tras la II Guerra Mundial. Asimismo, dicha globalización neoliberal implica subordinar las organizaciones internacionales (política exterior) a los intereses de las grandes potencias y vaciar de contenido el principio de igualdad soberana de los Estados en el derecho internacional, arduamente conseguido por los pueblos recién descolonizados en los años 50 y 60 del pasado siglo.

Multitud de frentes bélicos ocuparon un lugar preponderante en el escenario internacional durante el largo período denominado como “guerra fría” entre las dos superpotencias militares (EE.UU y URSS) que sucedió a la II Guerra Mundial. Dicha guerra fría tuvo como campos de batalla principalmente los pueblos y territorios colonizados que luchaban precisamente por su descolonización e independencia (3). No obstante, este belicismo se ha visto aún más agudizado e intensificado tras el final de la susodicha guerra fría (4), merced a la implosión de la URSS, constituyendo dicho belicismo y la industria militar subyacente la punta de lanza de una gran ofensiva por parte de la superpotencia militar restante (EE.UU) y de su “nueva” ideología “globalizadora”: el neoliberalismo. Lo sucedido el 11 de septiembre de 2001 en EE.UU. y su hipermediatización han constituido un pretexto idóneo para facilitar dicha ofensiva (5). Las dificultades para incorporar a este tipo de mundialización-globalización una dimensión “social” o “humana” son cada vez más patentes y los más perjudicados son, como de costumbre, los más vulnerables (6).

Normas y declaraciones internacionales

En la constitución original de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, ante la secuela de desastres y calamidades causados por la recién terminada I Guerra Mundial y como fruto de la preocupación de la comunidad internacional por crear condiciones para que la humanidad pudiera vivir en paz y seguridad, se señala que "una paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social". Estas preocupaciones y observaciones se hicieron de nuevo patentes cuando ya se anunciaba el fin de la II Guerra Mundial y ante un panorama no menos catastrófico, concretamente en la Conferencia de Filadelfia de 1944, de donde emanó la Declaración de Filadelfia, y en la que se decidió revitalizar los principios de la OIT, considerando dicha paz y justicia social como objetivos primordiales, así como las condiciones y medidas para lograrlas:

"el cumplimiento de los objetivos enunciados en esta Declaración (paz universal y permanente basada sobre la justicia social), puede obtenerse mediante una acción eficaz en el ámbito internacional y nacional, que incluya medidas para aumentar la producción y el consumo, evitar fluctuaciones económicas graves, realizar el progreso económico y social de las regiones menos desarrolladas, asegurar mayor estabilidad de los precios mundiales de materias primas y productos alimenticios básicos y fomentar un comercio internacional de considerable y constante volumen".(7)

Asimismo, en el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, los pueblos de las Naciones Unidas manifestaron estar resueltos:

"a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos".

Los propósitos de los pueblos que deciden formar parte de las Naciones Unidas se exponen en el artículo 1 y en síntesis son:

- mantener la paz y la seguridad internacionales;

- fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto de los principios de igualdad de derechos y de libre determinación;

- cooperar en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario y en el estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.

- servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes;

De esto se deduce que, según dicha Carta, la paz y la seguridad internacionales sólo serán posibles en un contexto de estabilidad y bienestar generalizados. Poco despúes, con el propósito de dar contenido a dicha estabilidad y bienestar, se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), en la que se enumeran una serie de derechos considerados de valor universal y que deben ser respetados por todos. Dichos derechos constituyen la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Es decir, la paz debe ser una paz justa, en la que los conflictos y controversias se resuelvan mediante procedimientos pacíficos y equitativos, no una paz impuesta basada en la represión y en la imposición por la fuerza de determinados intereses y privilegios elitistas, tanto a escala nacional como internacional, camuflados bajo eufemismos del estilo de "la seguridad nacional e internacional", "el orden público", "la lucha contra la subversión o el comunismo" y, más recientemente, "la lucha contra el terrorismo". Una paz sin respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales e impuesta mediante la agresión militar no es paz, sino una muestra de la violencia ejercida desde una situación de dominación para silenciar a los opositores y disidentes, tanto a escala nacional como internacional.

La I Conferencia Internacional de los Derechos Humanos se celebró en Teherán en 1968 y en ella se aprobó la “Proclamación de Teherán”, donde se puso de relieve la estrecha relación entre la paz y los derechos humanos. En su preámbulo se considera que la paz y la justicia resultan indispensables para lograr la efectividad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (8). La Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa al Derecho de los Pueblos a la Paz, adoptada mediante la Resolución 39/11, de 12 de noviembre de 1984, resulta ser una de las declaraciones más breves de las Naciones Unidas y en ella se subraya el estrecho vínculo entre la paz y los derechos humanos, constituyendo un precedente relevante de la posterior Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (DDD), adoptada el 4 de diciembre de 1986, mediante la Resolución 41/128. La DDD, por su parte, considera en su preámbulo que "la paz y la seguridad internacionales son elementos esenciales para la realización del derecho al desarrollo" y, por esta razón, dispone en su artículo 7 que:

"Todos los Estados deben promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y, con ese fin, deben hacer cuanto esté en su poder por lograr el desarme general y completo bajo un control internacional eficaz, así como lograr que los recursos liberados con medidas efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo global, en particular de los países en desarrollo".

Posteriormente, en la Consulta Global sobre el Derecho al Desarrollo, celebrada en Ginebra en 1989, se puso de manifiesto que fortalecer la cooperación multilateral y facilitar el establecimiento de una sociedad internacional equitativa y equilibrada es del interés de todas las naciones (párrafo 55), dado que las desigualdades dentro y entre las naciones originan numerosos conflictos y tensiones (párrafo 52). A este respecto, las Naciones Unidas tienen una especial responsabilidad, pues su Carta fundacional establece claramente el estrecho vínculo entre la paz y la seguridad, por un lado, y el desarrollo económico y el progreso social, por otro. De ahí que la seguridad en el mundo no puede garantizarse sin unas relaciones económicas equilibradas, equitativas y justas entre los Estados (párrafo 56). Por estas razones, la paz, la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos son interdependientes: la realización de los derechos humanos a través de un proceso de desarrollo resulta crucial para la estabilidad nacional y la promoción de la paz y seguridad internacionales (párrafo 159).

De nuevo, el relevante papel que desempeña el sistema de las Naciones Unidas se destaca en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, fruto de la II Conferencia Internacional de los Derechos Humanos, celebrada en dicha ciudad, al señalar que:

"los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas por lograr el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos contribuyen a la estabilidad y el bienestar necesarios para que haya relaciones de paz y amistad entre las naciones y para que mejoren las condiciones para la paz y la seguridad, así como para el desarrollo económico y social, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas" (párrafo I.6).

Por lo tanto, es necesario generar un clima de paz y confianza entre las naciones del mundo, basado en un diálogo permanente, respetuoso y constructivo, tanto bilateral como multilateral, mediante el cual dichas naciones puedan resolver pacíficamente sus controversias. Este clima de paz es de particular importancia ya que los conflictos armados suelen ser causa, tanto directa como indirectamente, de violaciones masivas de los derechos humanos (9). Asimismo, los Estados, y en especial los más industrializados y poderosos militarmente, deben promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, por lo que deben hacer todo lo posible por lograr el progresivo desarme bajo control internacional, con objeto de liberar recursos hacia la aplicación del derecho al desarrollo (10). Asimismo, las sucesivas conferencias mundiales sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos organizadas por las Naciones Unidas han recalcado los estrechos lazos entre tres objetivos cruciales de la Carta de las Naciones Unidas, a saber, la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Así, por ejemplo, la Declaración sobre Desarrollo Social de Copenhague, fruto de la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en dicha ciudad en 1995, por ejemplo, considera de vital importancia:

"apoyar el progreso y la seguridad de los seres humanos y de las comunidades, de modo que cada miembro de la sociedad pueda satisfacer sus necesidades humanas básicas y realizar su dignidad personal, su seguridad y su creatividad" (11).

El Programa de Desarrollo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de junio de 1997, mediante la Resolución 51/240, afirma claramente que la paz y el desarrollo están estrechamente relacionados entre sí y se apoyan mutuamente, y que sin desarrollo no puede haber paz ni seguridad (párrafo 3), de ahí que el Programa de Desarrollo y el Programa de Paz resulten complementarios (12). En efecto, no se puede alcanzar el desarrollo si no hay paz y seguridad y si no se respetan todos los derechos humanos y libertades fundamentales (párrafo 4). Además, advierte dicho Programa que los gastos excesivos para fines militares, el comercio de armas y las inversiones destinadas a la producción, adquisición y acumulación de armas van en detrimento de las perspectivas de desarrollo (párrafo 4), por lo que conviene reducir estos gastos a fin de poder asignar más fondos al desarrollo económico y social (párrafo 71).

Estos principios y propuestas, y esta manera de concebir e interpretar su estrecha conexión, se han seguido reiterando hasta textos más recientes, como el informe presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan, de cara al V aniversario de la Cumbre del Milenio y de la proclamación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) allí establecidos (13), y en el documento final de la cumbre mundial celebrada en Nueva York del 14 al 16 de setiembre de 2005 con motivo de dicho aniversario:

“Reconocemos que la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos son los pilares del sistema de las Naciones Unidas y los cimientos de la seguridad y el bienestar colectivos. Reconocemos que el desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos están vinculados entre sí y se refuerzan unos a otros”.(14)

Las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad

Dada la relevancia de las actividades en pro de la paz y la seguridad por parte del sistema de las Naciones Unidas, conviene precisar que su Carta fundacional considera el arreglo pacífico de controversias como una obligación de los Estados (artículos 2.3 y 33) y como una función de la Organización de las Naciones Unidas (artículos 33 a 38), correspondiendo esta labor principalmente al Consejo de Seguridad. Son de destacar las operaciones de mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales (Capítulos VI y VII de la Carta) que consisten en el desplazamiento de contingentes militares a zonas en conflicto. A este respecto, se observa recientemente la tendencia a utilizar estas operaciones para asegurar el suministro de asistencia humanitaria en casos de catástrofes naturales o de conflictos bélicos. Respecto de estos últimos, debe tenerse en cuenta que la acción de las Naciones Unidas debe prolongarse durante la situación posterior al conflicto, debido a que las tareas de consolidación de la paz abarcan tanto medidas dirigidas a la prevención de conflictos como medidas cuya aplicación se prevé una vez finalizado el conflicto. Estas tareas consisten, por ejemplo, en la desmilitarización de la zona, el control del armamento, las reformas institucionales y legislativas, la organización de un poder judicial independiente y efectivo y la asistencia al desarrollo, entre otras. La creciente demanda de este tipo de intervenciones explica la propuesta lanzada por el Secretario General de crear una Comisión de Consolidación de la Paz (15) y recogida en el documento final de la cumbre mundial de setiembre de 2005 (16). No obstante, la actuación de los contingentes militares enviados y financiados por las Naciones Unidas ha sido también objeto de frecuentes controversias, tanto por el modo en que se han utilizado dichas fuerzas como por la manera en que éstas han actuado, abundando los casos de corrupción, incluidos el tráfico ilegal de armas y de personas. De hecho, la preocupación por estos hechos se manifiesta en este mismo documento (párrafo 96) y en el informe preparatorio del Secretario General mencionado (párrafo 113).

Por otro lado, dado el protagonismo del Consejo de Seguridad sería conveniente su profunda reforma con miras a establecer mecanismos de control político y jurídico del poder discrecional de este órgano, a través de la Asamblea General y del Tribunal Internacional de Justicia, que garantizaran la conformidad de las actuaciones del Consejo con la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional. Asimismo, procede exigir una mayor democratización de dicho órgano para así reforzar su legitimidad. Esta democratización debería consistir en primer lugar en eliminar el derecho de veto a los cinco Estados que disponen de él y no a extenderlo, como mal menor, a otros Estados más o menos representativos del tercer mundo. Sin embargo, los Estados con privilegio de veto no parecen estar dispuestos en absoluto a renunciar a tal privilegio, lo cual constituye uno de los principales factores de inestabilidad que contribuyen a la progresiva degradación de las actuales relaciones internacionales, junto con la voluntad deliberada de dichos Estados de ignorar este órgano si no se aceptan sus puntos de vista.

La agresión y posterior ocupación militar de Iraq, comenzada en 2003, bajo el pretexto de “liberar” a los iraquíes de la tiranía de Saddam Hussein o de su supuesta posesión de armas de destrucción masiva constituye todo un ejemplo de arbitrariedad por parte de algunos de los Estados miembros con derecho de veto en el Consejo de Seguridad, puesto que no solo no contó con la autorización formal de dicho Consejo (la intervención de la OTAN en Yugoslavia tampoco), único órgano legal y legítimo en condiciones de hacerlo, sino que además EE.UU. declaró formalmente el fin de las hostilidades en mayo de 2003: ¿se trata entonces de una guerra no declarada?, ¿esto es así para no reconocer a los prisioneros de guerra como tales y tratar de eludir los convenios internacionales de derecho humanitario al respecto, entre otros la prohibición de la tortura y de las cárceles clandestinas? ¿No es Irak un territorio ocupado, como Guantánamo?

A pesar de sus deficiencias, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sigue siendo necesaria y el mejor instrumento de los existentes para lograr la paz y la seguridad internacionales en la actualidad, dado que continúa siendo la organización más representantiva de la legalidad y de la comunidad internacionales, y sus principios son los del derecho internacional que regula las relaciones internacionales, conforme a su Carta fundacional, aunque en efecto tenga serias dificultades en hacer efectivo este conjunto de normas y principios, en particular respecto de las grandes potencias militares. Pero la responsabilidad por esta inefectividad no debe achacarse a la ONU como tal, sino precisamente a dichas potencias militares no sólo por no subordinar el uso de su fuerza a las normas y principios mencionados, sino incluso por actuar deliberadamente en su contra (17).

El desarme

Asimismo, respecto del desarme, son los Estados con derecho de veto en el Consejo de Seguridad quienes constituyen los principales obstáculos para hacerlo efectivo. En efecto, las fuerzas y armamentos militares se encuentran muy desigualmente repartidos en el mundo actual y son las grandes potencias militares, lideradas por los cinco Estados con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las principalmente responsables del lamentable estado de la situación, y quienes más deberían hacer en pro del desarme. Pero los estrechos vínculos entre los dirigentes gubernamentales y militares de dichas potencias con la industria del armamento, dado que son los principales productores y exportadores de armas, dificultan enormemente cualquier avance al respecto. Por ello, procede denunciar:

“el fácil acceso que tienen grupos armados y regímenes represivos a material militar, de seguridad y policial, debido a que el comercio de armas sigue siendo descontrolado y está rodeado de secretismo. Los países exportadores de armas todavía no aplican suficientes medidas de control a sus transferencias de armas y siguen exportando armas a países en conflicto, con situaciones graves de violación de derechos humanos” (18).

En particular, resulta llamativo que cuatro de cada cinco víctimas de conflictos armados (30 millones desde el final de la II Guerra Mundial) lo son a causa del uso de armas ligeras. La gran mayoría de estas víctimas (90%) son civiles, sobre todo mujeres y niños, por lo que se puede concluir que las armas ligeras son las que más matan. En efecto, las armas de pequeño calibre son las 'armas de destrucción masiva' de los pobres. Causan más muertos y heridos, y más daños en los ámbitos político y social, que cualquier otro tipo de armamento (19). A la principal potencia militar, EE.UU., hay que añadir ahora los Estados miembros de la Unión Europea ampliada, cuya capacidad de producción y exportación de armas acumulada se acerca a la de EE.UU., a quien parecen querer imitar hasta en la escandalosa ineficacia de los controles en la exportación de dichas armas (20).

El derecho a la paz y a la seguridad

El derecho a la paz no debe reducirse únicamente a la ausencia de guerra, sino que éste implica también el derecho a la seguridad y a estar protegido contra todo acto de violencia, así como a oponerse a las violaciones de los derechos humanos. Este derecho a la paz y a la seguridad incluye el derecho de exigir a los Estados, y en particular a los más poderosos militarmente, el establecimiento de un sistema internacional de seguridad colectiva conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la resolución por vías pacíficas de las crisis y conflictos internacionales, lo que implica que las operaciones de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales, como la OTAN, debidamente subordinadas y bajo la dirección de Naciones Unidas, estén encaminadas al mantenimiento de la paz y a la asistencia humanitaria (21). Todo esto va mucho más allá de la mera lucha contra el “terrorismo” a la que parece querer reducirse la ayuda a los países del tercer mundo (22). Además el término “terrorismo” (23) resulta difícilmente definible por un régimen o sistema que no sólo no puede prescindir de la violencia y del “terror”, si es preciso, para su supervivencia, sino que además hace apología de ello (24).

Otra vertiente de la seguridad consiste en lo que se denomina “seguridad humana”, en el sentido de que los Estados y la comunidad internacional deben garantizar a todo ser humano los medios y recursos necesarios para vivir dignamente y desarrollar plena y libremente su personalidad. Esta noción de seguridad humana viene siendo promovida desde los organismos en pro del desarrollo y los derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, en particular el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y concretamente desde sus informes anuales a partir de 1994.

Por otro lado, el derecho a la paz debe incluir, asimismo, el derecho de los pueblos y de los individuos al desarme y a que los cuantiosos recursos destinados al rearme se desvíen hacia fines humanitarios y sociales, así como al control de armamentos, incluida la prohibición de las armas de destrucción masiva, lo cual implica la adopción de medidas políticas y económicas a nivel nacional e internacional para controlar y reducir progresivamente la producción y el tráfico de armas. Así pues, como se ha dicho, el derecho a la paz no debe reducirse únicamente a la ausencia de guerra, sino que incluye también el derecho a oponerse a la guerra como método de resolución de conflictos y, por esta razón, a solicitar y obtener en todo momento el estatuto de objetor de conciencia (25), aunque conviene dejar claro que, hoy por hoy, formalmente se carece de una protección jurídica a escala internacional de tales derechos y no existe una perspectiva a corto plazo en este sentido. El primer paso a dar debería consistir en la codificación del derecho a la paz en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.

Conclusión

El derecho a la paz, contra la guerra y contra la violación de los derechos humanos se ubica junto con otros derechos humanos de reciente elaboración y que se les suele denominar como derechos de “tercera generación”. Principalmente son: el derecho al desarrollo, contra la pobreza, a la asistencia humanitaria en cualquier parte del mundo ante situaciones de extrema gravedad (catástrofes, conflictos bélicos, etc.), a un medio ambiente sano y a preservarlo frente al deterioro grave y progresivo del conjunto de los ecosistemas planetarios, así como a la existencia de un patrimonio común de la humanidad que, asimismo, debe preservarse. De este modo, se pone de relieve la necesaria cooperación y solidaridad que debe existir entre todos los seres humanos, con el propósito de respetar, proteger y promover aquellos valores y aspiraciones que se consideran comunes a todos (universales). Esto requiere la contribución por parte de todos los individuos y de todos los pueblos en un esfuerzo coordinado, conscientes de la existencia de esa responsabilidad común y solidaria y, por lo tanto, del espíritu de cooperación necesario para hacer realidad estos derechos, aunque ello parezca cada vez más difícil en el contexto de un modelo de mundialización o globalización que, en general, prima y fomenta más bien lo contrario, es decir, la competitividad, la confrontación, el egoísmo, la unilateralidad y, en definitiva, la guerra de todos contra todos en todos los ámbitos de la vida.


1. Doctor en Derecho y autor del libro El derecho humano al desarrollo frente a la mundialización del mercado, editorial Iepala, Madrid 2005 (http://www.revistafuturos.info/resenas/resenas13/derecho_desarrollo.htm).

2. A saber: los Estados más ricos e industrializados, encabezados por EE.UU. y su poderoso aparato militar, las instituciones financieras y comerciales internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y Organización Mundial del Comercio, principalmente), todos ellos bajo la tutela de hecho, por muy opaca que sea, de las grandes empresas y bancos transnacionales.

3. Corea, Vietnam, Argelia o Sudáfrica no fueron ni mucho menos los únicos casos, pero pueden servir de ejemplo de las guerras nada “frías” que se entablaron frente a las potencias “democráticas” y, sin embargo, coloniales que se impusieron en la II guerra mundial.

4. Los conflictos y guerras del Oriente Medio (Israel Palestina, Irak, Aganistán, …) no son más que los más “visibles”, pues hay otros muchos frentes abiertos, aunque “olvidados” (sobre todo en África, pero también en América Latina: Colombia) por parte de unos medios de comunicación asimismo dominados y controlados por las fuerzas hegemónicas mencionadas (véase: Guerra global permanente. La nueva cultura de la inseguridad, José Angel Brandariz y Jaime Pastor (ed.), editorial Catarata, Madrid 2005.

5. Dicha hipermediatización resulta evidente si se compara con la repercusión que tuvieron eventos igualmente sangrientos, como fue, por ejemplo, el golpe militar efectuado precisamente un 11 de septiembre, el de 1973, en Chile, contra un gobierno democrático, y que desencadenó una represión cuyo número de víctimas fue aún muy superior. Fue uno más de los muchos golpes y dictaduras militares subsiguientes de esas características apoyados por EE.UU. y sus aliados. Adolfo Pérez Esquivel (premio Nobel de la paz en 1985), señaló al respecto: “el día 11 de septiembre, cuando hubo ese ataque terrorista en las Torres Gemelas en Nueva York, justamente en el mismo momento, la FAO publica un informe que dice que ese día murieron más de 35.000 niños en el mundo de hambre, ningún diario habló de ello, Naciones Unidas no se reunió, ni el Consejo de Seguridad, no habló el secretario general y esto pasó desapercibido; pero todos los días mueren esa cantidad de niños en el mundo. Pero se invierten miles de millones de dólares para la destrucción y la muerte, en armamento, los traficantes de la muerte” (véase de dicho autor: El derecho a la paz, en “Seguridad sostenible”, edición 10, 15 de febrero de 2003 (www.iigov.org). También Las facetas del neoliberalismo terrorista, de François Houtart, en “Alai-amlatina” (Agencia Latinoamericana de Información), 28 de enero de 2006 (http://alainet.org).

6. Véase La asociación global para el desarrollo y su relación con la Ronda de Doha, de Juan Pablo Prado Lallande y María Cristina Rosas, en “Revista española de desarrollo y cooperación”, num. 17, invierno 2005. Asimismo, Ronda de Doha: expectativas y frustraciones de los países en desarrollo, de Carlos M. Correa, en la revista “Gloobal”, 9 de noviembre de 2006 (www.gloobal.info/iepala). También "Revista del Sur" n.º 168, nov/dic 2006, dedicado asimismo al estado actual de la Ronda de Doha de la OMC.

7. Véase el párrafo IV de la Declaración de Filadelfia de 1944.

8. Asimismo, en su apartado 11 se señala que la violación de los derechos humanos pone en peligro los fundamentos de la libertad, de la justicia y de la paz en el mundo.

9. Véase: Sobre la relación entre el desarrollo y el disfrute de todos los derechos humanos, reconociendo la importancia de crear condiciones en que todos puedan disfrutar de esos derechos, de Hubert W. Conroy, documento preparatorio para la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993, doc. A/CONF.157/PC/60/Add. 2, Nueva York 1993, párrafo 223.

10.Véase la Resolución 52/136 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 12 de diciembre de 1997 (A/RES/52/136, 3 de marzo de 1998).

11.Doc. A/CONF. 166/9, p. 12.

12.Ambos elaborados a iniciativa del ex-Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Boutros Boutros-Gali, y publicados por el Departamento de Información Pública, Naciones Unidas, Nueva York 1995.

13.Véase el informe Un concepto más amplio de libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos, donde se afirma que “no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos” (doc. A/59/2005, párrafo 17).

14.Véase doc. A/RES/60/1, párrafo 9.

15.Véase el informe Un concepto más amplio de libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos, op. cit. (doc. A/59/2005), párrafos 114 a 119.

16.Véase doc. A/RES/60/1, op. cit., párrafos 97 a 105.

17.Véase: ONU. Droits pour tous ou loi du plus fort ?, ed. CETIM (Centre Europe Tiers Monde), Ginebra 2005.

18.Véase El control del comercio de armas, en “Justicia global. Las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre”, dir. Rafael Díaz Salazar, ed. Icaria, Barcelona 2003, p. 291.

19.Véase Working for peace, security and stability, publicado por la Oficina de Publicaciones de la Comisión Europea, Luxemburgo 2005, pág. 25.

20.Así, por ejemplo, el “Código de la UE para impedir la exportación irresponsable de excedentes de armas”. A ello hay que añadir la paradoja de que los Estados europeos fabricantes de armas ligeras suelen ser quienes, por otro lado, conceden importantes ayudas para el desarrollo o para la reconstrucción de las áreas devastadas por un conflicto armado, el cual no hubiera sido tan destructivo, o incluso no se hubiera desencadenado, si tales armas no hubieran sido exportadas con tal facilidad al lugar en conflicto (Véase la revista Amnistía Internacional, núm. 68, agosto 2004, p. 35. Asimismo, el núm. 78, abril 2006, y el núm. 80, agosto 2006).

21.Se trata del derecho a la asistencia humanitaria de todos los individuos y pueblos del mundo que se corresponde con el deber de prestar dicha asistencia por parte de todos los Estados y de la comunidad internacional, paralelamente al deber de socorrer que obliga a todo ser humano, y no el derecho de “ingerencia humanitaria” o por “razones humanitarias”, expresión bajo cuyo pretexto pretenden camuflarse determinadas pretensiones imperialistas o neocolonialistas de algunas de las actuales potencias militares, no exentas de un trasnochado paternalismo.

22.Véase Ayuda al desarrollo y seguridad: ¿dos agendas incompatibles?, de Carlos Illán Sailer, en “Revista española de desarrollo y cooperación”, num. 17, invierno 2005.

23.Véase Les périlleuses tentatives pour définir le terrorisme, de Johh Brown, en “Le Monde diplomatique”, febrero de 2002, pp. 4 5.

24.Valga como ejemplo el uso y abuso de actos violentos de toda índole en los contenidos de la prolífica producción de la poderosa industria “hollywoodiana” y su hegemonía mundial en los mercados cinematográficos.

25.Véase: Revisiter la troisième génération des droits de l'Homme avant leur codification, de Karel Vasak, en el libro "Héctor Gros Espiell Amicorum Liber", ed. Bruylant, Bruxelles 1997, p. 1661. Véase también el borrador de Anteproyecto de Tercer Pacto Internacional Relativo a los Derechos de Solidaridad que se formula como propuesta en dicho texto.


Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Angulo Sánchez, N. (2008) Paz, seguridad, desarme, desarrollo y derechos humanos, en TEPYS, Textos de Economía, Paz y Seguridad, Vol 1, Nº 3, http://www.eumed.net/rev/tepys/03/nas.htm


 

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Comentarios sobre este artículo:

Página: [1]
Por: henry noel monclus Fecha: 29 del 03 de 2013 - 12:34
Apreciado señor: Después de leer su articulo, del que `por desgracia, estamos totalmente conformes. Desearíamos efectuarle una consulta. Vivo en un pueblo minúsculo, 300 habitantes. Sin aguacil, y sin voluntad, de proteger a sus habitantes, de la guerrilla urbana, de unos numerosos impúberes a medio salvajes( En la montaña). Hay dinero a espuertas, para fiestas y agasajos. Podemos reclamar, la proteccion a que nos da derecho, la Constitución. Como y donde
Por: Evelin Granda Fecha: 17 del 06 de 2010 - 19:30
Me gustaría tener más información sobre el tema.estoy terminando una maestría de DD.HH Gracias.

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