Puede acceder pulsando aquí al texto completo en formato PDF.

1. INTRODUCCIÓN.

Desde la perspectiva del análisis económico, el terrorismo debe ser abordado dentro de un marco conceptual que contemple las implicaciones de su singularidad como forma de acción política basada en el empleo sistemático de una violencia que se dirige, sobre todo, contra la población civil y que se orienta hacia el logro de la adhesión de ésta —generalmente por desistimiento o por miedo— a la causa de quienes la ejercen. Como he mostrado en otro lugar, el modelo de economía depredadora de guerra cumple con ese requisito1, pues destaca la coherencia entre las tácticas que siguen las organizaciones terroristas y el desapego de su base territorial para la obtención de recursos. Ésta se fundamenta en el expolio de la riqueza existente en el territorio controlado por dichas organizaciones y no se detiene ante la destrucción de las actividades productivas, las infraestructuras públicas o el capital privado, pues lo relevante no es movilizar la economía para sostener el esfuerzo de guerra, sino más bien extraer de esa economía todos los elementos materiales y financieros que puedan coadyuvar al desarrollo de los ataques terroristas.

La depredación de recursos se fundamenta, de esta manera, en diversos tipos de acciones, entre las que destacan el saqueo de los bienes pertenecientes a personas particulares o a empresas; la extorsión a los ciudadanos —principalmente a los empresarios— a los que se amenaza y, simultáneamente, se les ofrece una supuesta protección; la organización de redes delictivas dedicadas al robo, el manejo fraudulento de instrumentos financieros o los atracos; la realización de operaciones en mercados negros; la participación directa o indirecta en el tráfico ilícito de drogas, armas y bienes sujetos a embargo; y la recaudación de recursos externos generalmente bajo formas subrepticias de ayuda política o humanitaria.

Los efectos económicos de esa depredación pueden ser más o menos intensos dependiendo del grado de control territorial que puedan llegar a tener las organizaciones terroristas, del nivel de deterioro que experimente el estado de derecho en la sociedad afectada y de la profundidad que alcance el conflicto bélico correspondiente. Y se concretan no sólo en el valor de los recursos que se extraen, sino también en el de la destrucción de vidas humanas y bienes materiales que, con esos recursos, se propicia, además de en el de las secuelas indirectas que, de todo ello, se derivan, de manera negativa, para el conjunto de la economía. Estas últimas, si el fenómeno terrorista es persistente, pueden tener una gran importancia, pues la violencia genera incertidumbre y rebaja las expectativas de consumidores y productores, reduciendo por esa vía el gasto consuntivo y el nivel de inversión, lo que afecta al crecimiento económico. Por consiguiente, cuando se analizan las consecuencias económicas del terrorismo con referencia a un caso concreto, se deben tener en cuenta tres tipos de aspectos2:

• En primer lugar, la magnitud y organización específica de la depredación de los recursos que se utilizan para el desarrollo de las actividades terroristas, tanto en lo que alude a la realización de atentados y acciones armadas, como en lo que se refiere al terreno político e ideológico.
• En segundo término, la dimensión de los efectos destructivos directos de los atentados terroristas sobre las personas y el patrimonio privado y público, así como los costes inducidos de seguridad.
• Y, finalmente, el valor de las consecuencias indirectas del terrorismo sobre el crecimiento de la economía a la que afecta o sobre sus diferentes sectores.

En este trabajo se abordan esos tres aspectos con relación a las actividades terroristas desarrolladas por ETA y las organizaciones que operan bajo su control —de ahí que se aluda a ellas como el entramado ETA–Batasuna— en España, principalmente en el País Vasco, durante el período que media entre 1993 y 2002. La elección de este período se justifica, por una parte, en razón del proceso histórico seguido por la organización terrorista, pues ésta, tras la detención de sus dirigentes en Bidart (Francia) en 1992, experimentó una reestructuración que afectó a todos los elementos que la formaban, tanto en el terreno operativo como en el ideológico3; y también se concretó en lo concerniente a su economía, al ocupar Herri Batasuna — posteriormente transformada en Batasuna— un lugar central4. Este proceso culminó en 2002 con la ilegalización de Batasuna, hecho éste que marcó el decaimiento de la banda terrorista y cercenó buena parte de sus fuentes de recursos. Además, por otro lado, existen motivaciones pragmáticas en la fijación del período señalado, pues las investigaciones judiciales que se han producido con respecto a las organizaciones del referido entramado, al ser consideradas como parte integrante de la actividad terrorista, han generado información suficiente para estimar las dimensiones de la economía depredadora del terrorismo nacionalista. Se puede así completar y extender hasta los años recientes, la investigación desarrollada por Domínguez (1998), centrada esencialmente en las finanzas de ETA y referida al período 1978–1992, aunque muchos de sus datos abarcan hasta el segundo tercio de la década de los noventa5.

Con relación a los recursos obtenidos y utilizados por el entramado ETA– Batasuna, las estimaciones que se efectúan más adelante han tomado en consideración tanto fuentes primarias como secundarias, pues existe información que se encuentra publicada en fuentes públicas —como, por ejemplo, la referida a las subvenciones a partidos políticos o a entidades culturales— e información que aparece reflejada en documentos reservados o incluso secretos —como es el caso de los sumarios judiciales— que, sin embargo, ha sido filtrada a través de la prensa o, en ocasiones, debido a su interés general, completamente difundida a través de algunas páginas web —como ha ocurrido con las resoluciones relativas a la suspensión de actividades de Batasuna y al procesamiento de sus dirigentes—. Los datos así obtenidos han sido referidos a un espacio temporal concreto —generalmente un año, aunque a veces han tenido que asignarse a un período más largo—, lo que ha permitido, mediante la aplicación del deflactor implícito del PIB y, en su caso, del tipo de cambio irreversible entre la peseta y el euro, su conversión a euros de 2002. Esta misma operación se ha efectuado también con respecto a las cifras que aluden a las consecuencias directas e indirectas del terrorismo, para cuya estimación se ha acudido a fuentes primarias de carácter público —como, por ejemplo, el Consorcio de Compensación de Seguros o los distintos Ministerios con competencias en estas materias— y también a la información recogida por la prensa, así como a estudios realizados con anterioridad.

La hipótesis central que ha orientado y que se busca verificar con este trabajo, parte de la consideración de que el terrorismo, en tanto que forma privatizada de guerra6, es también una forma de guerra barata7, de manera que los recursos que las organizaciones terroristas necesitan depredar para sostenerla son de escasa significación con respecto al tamaño económico de la sociedad a la que afecta. Sin embargo, aún dentro de la moderación, su impacto directo en la destrucción de vidas humanas y bienes materiales es notoriamente más alto. Pero donde adquiere su mayor relieve es a través de su afectación indirecta en términos del crecimiento económico, singularmente cuando, como ocurre en el caso que aquí nos ocupa, se convierte en un fenómeno persistente a lo largo del tiempo8.

2. LAS ACTIVIDADES TERRORISTAS DE ETA–BATASUNA.

Desde que, en 1968, cometiera su primer atentado mortal, después de nueve años de actividad política acompañada ocasionalmente de acciones armadas sin víctimas, ETA ha desplegado sus acciones terroristas de forma continuada, aunque con intensidad variable, hasta el momento actual. La reconstrucción cuantitativa de la trayectoria de ETA constituye una tarea difícil, pues no ha sido hasta años recientes cuando, de manera sistemática, se han recogido los datos fundamentales. Por ello, la información recogida en el gráfico 1 no tiene otra pretensión que la meramente ilustrativa. En ella se da cuenta de un total de 817 personas asesinadas, 2.184 atentados cometidos directamente por ETA y 7.767 acciones de terrorismo callejero desempeñadas por los grupos juveniles vinculados con ella. Estas cifras son, con toda probabilidad, incompletas, pues, con independencia de los problemas de contabilización que pudieran existir y que se manifiestan en su discrepancia con otras fuentes9, dejan de lado algunos conceptos relevantes, como es el caso del número de heridos10 o el de los damnificados por las destrucciones físicas y la entidad de éstas11.

Además, las actividades terroristas no se agotan en los atentados y actos de violencia que se cometen, sino que entran también en el terreno de la recogida de información acerca de sus potenciales objetivos —elevándose hasta 34.309 las indagaciones que han sido intervenidas por los servicios policiales a los militantes de ETA12— y en el de la organización de acciones de propaganda mediante la convocatoria de terrorismo callejero han sido 3.761 entre 1991 y 2002, lo que, a la luz de los datos que se reflejan en el gráfico 1, parece más bien poco.

Se carece de una cuantificación precisa de los heridos en atentados terroristas y, más aún, de su evolución temporal. Baltasar Garzón, en el Auto citado en la nota precedente, hace mención de 2.367 heridos en atentados de ETA hasta agosto de 2002. Esta cifra puede ser coherente con la de 2.918 que recoge la revista Accesible (2001), a partir de fuentes del Ministerio del Interior, con referencia al período 1968-2001 (Junio), para los heridos de todos los atentados terroristas, lo que incluye a organizaciones distintas de ETA. Y también con la que se desprende de la consideración del número de solicitudes que se han presentado al amparo de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, dato éste que puede obtenerse en los Balance(s) anuales del Ministerio del Interior.

Más adelante se entra en la evaluación de estas destrucciones. En cuanto al número de personas damnificadas por ellas, puede decirse que nunca se han publicado datos. Sin embargo si a las 17.816 víctimas de terrorismo que, según el Ministerio del Interior, se habían contabilizado hasta Julio de 2005 (Cfr. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, serie D, nº 237, 7 de Julio de 2005, pág. 181) se restan las personas muertas, secuestradas o heridas, quedaría una cifra de damnificados del orden de 11.700 personas. Lógicamente, no todas ellas, aunque sí las mayor parte, lo habrían sido por atentados o acciones de terrorismo callejero cometidos por ETA y las organizaciones de su entorno.

Estas actividades terroristas se han desarrollado principalmente en el País Vasco y Navarra, siendo también relevantes otros escenarios como la Comunidad de Madrid y Cataluña. Así, más de la mitad de los atentados cometidos por ETA —el 53,3 por 100 entre 1990 y 200214— se han localizado en la primera de esas regiones, correspondiendo a la segunda también una posición significativa —el 7,6 por 100 en el mismo período—. Además, dos tercios de las víctimas mortales se han producido en el País Vasco, participando Madrid con un 14,8 por 100, Cataluña con un 6,7 por 100 y Navarra con un 4,9 por 100. Las acciones de terrorismo callejero, por su parte, han tenido lugar en más de un 85 por 100 en las provincias vascas, quedando el resto para Navarra15. Y otro tanto podría decirse de las actividades políticas y de propaganda.

Pero más allá de estas cifras globales, lo que se destaca en las variables recogidas en el gráfico 1 es que el terrorismo de ETA ha atravesado diferentes fases16. Así, a una etapa inicial que llega hasta 1977 —en la que el nivel de actividad es relativamente reducido—, sigue una ofensiva de gran relieve que llega hasta 1984, y se orienta al logro de los objetivos independentistas aprovechando la crisis institucional del franquismo y las tensiones políticas en las que se desenvolvía el tránsito del sistema político español a la democracia, así como a impedir la consolidación del nuevo marco autonómico. ETA busca en ese período el enfrentamiento directo con el Estado, a la vez que trata de asentar su poder y control territorial extendiendo el miedo en la sociedad vasca, jugando a su vez la carta del apoyo a determinadas movilizaciones populares, entre las que la de más relieve fue la del movimiento antinuclear. Su fracaso político, expresado en el rechazo de la población a sus planteamientos, y la reducción de su capacidad operativa derivada de la presión policial y de la creciente colaboración de Francia, hacen que, a partir de 1985, se entre en un período en la que las acciones terroristas y sus consecuencias en términos de victimación son cuantitativamente inferiores al anterior —aunque sigan una tendencia suavemente creciente—. Esta fase, que llega hasta 1992 —año en el que la cúpula de la organización es detenida en Bidart (Francia)—, está marcada por el objetivo de forzar la negociación con el Estado. Ésta se desenvuelve finalmente entre finales de 1986 y los primeros meses de 1989, en las conversaciones de Argel; y su fracaso implicó para la organización terrorista una seria derrota política que se reflejó en su desorientación y sus discrepancias internas. A partir de 1992, ETA entra en un proceso de decaimiento en cuanto a su capacidad para cometer atentados, lo que no obsta para que trate de suplir esta deficiencia con un impulso a la violencia callejera —que sigue una tendencia ascendente hasta 1996, pero que después entra también en una senda descendente que llega hasta la actualidad—. Ello fuerza un proceso de reorganización que también se extiende hacia Herri Batasuna y las demás entidades de su entorno, y que se orienta, por una parte, hacia la intensificación del clima de inseguridad e intimidación en el País Vasco —haciendo que prácticamente todos los estratos sociales y políticos sean objetivos de las acciones terroristas— y, por otra, hacia la formación de un frente nacionalista que aglutine a todos por partidos de esta orientación y que excluya de las instituciones a las formaciones democráticas constitucionalistas. El Pacto de Lizarra, suscrito en 1998 y seguido por la declaración de una tregua, será el resultado de esta política. Pero la ruptura de la tregua en 2000 con una ofensiva que sitúa el número de atentados en el nivel de cuatro años antes y que amplía sus consecuencias victimológicas, hace desaparecer cualquier esperanza de un final para el terrorismo etarra y fuerza una contundente respuesta policial, judicial y política del Estado, uno de cuyos puntos culminantes será la ilegalización de Batasuna en 2002 y el desmantelamiento de una buena parte de las organizaciones del entorno de ETA.

Cuadro 1: Entidades integrantes del entramado terrorista de ETA–Batasuna

El desarrollo de las actividades terroristas aludidas ha requerido la organización de un complejo entramado de entidades de diferente naturaleza que ha asumido, en cada caso, unas competencias muy específicas en los terrenos del reclutamiento y formación de militantes, la propaganda, la asistencia a los presos, el control y cohesión de la población afín a la banda terrorista, la política institucional y las acciones armadas (véase el cuadro 1). Tal entramado comenzó a formarse a partir de 1977, siendo destacable que, durante muchos años, ETA no sólo asumió su dirección, sino también su financiación17. Sin embargo, a partir de 1992, dentro del proceso de reorganización ya mencionado, se procede a establecer un sistema de coordinación entre «las diversas sociedades mercantiles y organizaciones sectoriales… que serán utilizadas como instrumento de financiación… y como garantía de la continuidad del propio sistema»18. En esa coordinación, Batasuna ocupa un lugar central, de manera que desempeña tareas directivas —subordinadas a ETA—, de orientación ideológica y de gestión, y presta apoyo logístico y económico19.

3. LA ECONOMÍA DEPREDADORA DE ETA–BATASUNA.

Partiendo de la base organizativa que se acaba de describir, ETA–Batasuna ha establecido su economía depredadora con objetivo de obtener los recursos necesarios para sostener el esfuerzo armado terrorista y sus actividades políticas. Las principales fuentes de las que se ha nutrido esa economía en el período que aquí se trata, son las siguientes:

1. En primer lugar, la extorsión a empresarios y profesionales, exigiendo pagos bajo la amenaza de tomar represalias o bajo secuestro. ETA ha desarrollado así campañas de recaudación del eufemísticamente llamado «impuesto revolucionario» que han estado apoyadas en el asesinato de determinados empresarios —algunos de los cuales habían denunciado ante las autoridades policiales el chantaje a que estaban sometidos— y la realización de atentados contra las instalaciones empresariales propiedad de los implicados20. Asimismo, el secuestro ha sido hasta el segundo tercio de los años noventa «la fuente de ingresos más saneada con la que ha contado ETA»21. Esta modalidad delictiva ha afectado a 84 personas —en la mayoría de los casos para exigir un pago en dinero— y, además de para obtener recursos, ha servido para reforzar las campañas de extorsión.
2. En segundo término, ha de mencionarse el saqueo. Entre 1965 y 1985, ETA realizó numerosos atracos a empresas y entidades bancarias para obtener recursos, aunque abandonó posteriormente esta práctica por su elevado riesgo y su bajo rendimiento22. También ha sido habitual en ella, hasta nuestros días, el robo de vehículos, placas de matrículas y otros materiales. Y, de la misma manera, hasta el comienzo de los años ochenta, la sustracción de explosivos23; una práctica ésta que se ha reanudado en los últimos años, a partir de la tregua de 1998.
3. Una tercera fuente de recursos la constituyen los tráficos ilícitos, aunque seguramente tienen poco relieve. Algunas informaciones apuntan la posibilidad de que haya participado en operaciones de contrabando de drogas24 y tabaco25. Y también ha prestado asistencia técnica a organizaciones terroristas de otros países, principalmente en Latinoamérica26, así como servicios de información para algunos gobiernos extranjeros27.
4. En cuarto lugar, debe aludirse a la realización de actividades mercantiles a través de diversas sociedades que se han ocupado en sectores muy diversos, como son la edición de publicaciones periódicas y libros — soporte, a su vez, de las tareas de propaganda—, la distribución mayorista de productos de consumo, el asesoramiento y gestión, los seguros, la enseñanza o los servicios turísticos, y que también se han empleado para el blanqueo de dinero y la realización de operaciones fraudulentas de transferencia internacional de fondos. A ellas han de añadirse las Herriko Tabernas, dependientes de Batasuna y gestionadas centralizadamente, que formalmente aparecen vinculadas a entidades asociativas de carácter cultural.
5. Y, finalmente, se ha de considerar la obtención de las subvenciones otorgadas por las diferentes Administraciones Públicas en sus programas de asistencia social, apoyo al euskera, promoción de la cultura, financiación de medios de comunicación o sostenimiento de partidos políticos.

La apelación a las fuentes que se acaban de mencionar para la obtención de recursos por parte de las distintas entidades que se integran en el entramado ETA– Batasuna, difiere de unas a otras. En el caso del núcleo principal de la organización terrorista, su actuación se ha centrado en la extorsión y el saqueo. La primera se ha desarrollado directamente por ETA, con la cooperación de Batasuna28, apoyándose, como se ha dicho, en el secuestro, las amenazas y las represalias mediante atentados cometidos sobre instalaciones empresariales. Los datos disponibles acerca del resultado recaudatorio de esta actividad delictiva, procedentes de fuentes policiales y judiciales que han sido difundidas por diversos medios de comunicación, se han recogido en el cuadro A–1 apéndice. Como se puede comprobar, dentro de este capítulo, el cobro de rescates por secuestro ha sido la principal fuente de recursos, aunque sólo hasta 1997, año en el que parece cesar este tipo de delitos29.

Por su parte, la extorsión bajo amenazas ha tenido un menor rendimiento, aunque no se puede descartar que las insuficiencias de la información impidan conocer con precisión su verdadera dimensión. A este respecto, Domínguez (1998) destaca que «el período de oro» del aprovechamiento del miedo a las represalias entre los empresarios, discurre ente 1978 y 1986, siendo seguro que posteriormente la recaudación se redujo a niveles muy inferiores gracias a la presión policial30. Ello sería coherente con el hecho de que, como más adelante se verá, en los años noventa, el desarrollo de otras fuentes de recursos —en especial, las subvenciones públicas— produjo una importante captación de fondos, lo que haría menos necesaria la extorsión —que, por lo demás, es una actividad mucho más arriesgada—. Sin embargo, después de 2002, con la ilegalización de Batasuna y la desaparición de esas fuentes alternativas, ETA ha recurrido a una intensificación de su presión sobre los empresarios, lo que se ha plasmado en la diversificación del grupo extorsionado — extendiendo las amenazas a los pequeños empresarios, los comerciantes y los profesionales liberales31—, su extensión geográfica, más allá del País Vasco y Navarra, hacia Aragón, Madrid, Cataluña y Valencia32, y su segmentación en dos grupos, uno considerado «sensible» a las pretensiones terroristas —a cuyos miembros se les exige el pago de entre 12.000 y 24.000 €— y otro tachado de «enemigo» —para el que la tarifa se establece entre 120.000 y 300.000 €—33. Tal intensificación ha estado acompañada por una campaña de boicot contra las empresas que se han negado a ceder ante la extorsión34, así como por la realización de atentados contra instalaciones empresariales35. Y todo ello habría redundado en un apreciable incremento de los recursos obtenidos, según los cálculos que se han reflejado en el cuadro aludido.

Pues bien, a partir de los datos precedentes, se puede estimar que durante el período seleccionado para nuestro análisis (1993–2002) la extorsión a los empresarios ha producido unos ingresos anuales para ETA de 5,15 millones de €, de los que casi el 60 por 100 corresponden al pago de rescates por las personas secuestradas y el resto a las cantidades exigidas bajo coacción.

La organización terrorista también ha obtenido recursos a través del saqueo, organizando robos de diferentes tipos de materiales para cometer atentados. Tal ha sido el caso, principalmente, de los vehículos empleados para preparar coches bomba o, sobre todo en el período más reciente, de los explosivos36, así como de placas de matrícula, máquinas troqueladoras o material para la falsificación de documentos. En el cuadro A–2 del apéndice se recoge la información disponible sobre estos robos y una estimación de su valor a precios de mercado, limitada a los vehículos y los explosivos37. De acuerdo con ella, se puede concluir que, en el período aquí estudiado, ETA ha ingresado por esta vía un promedio de 0,25 millones de € anuales.

En cuanto a Batasuna, se puede señalar que se ha beneficiado, por su condición de partido político, de los fondos públicos que se destinan a la financiación de este tipo de instituciones. De acuerdo con la ley que regula esta cuestión38, los partidos políticos pueden obtener tres tipos subvenciones: i) por los gastos electorales con cargo a las distintas Administraciones Públicas; ii) por los gastos de los grupos parlamentarios en las Cortes Generales con cargo al Estado, o en las Asambleas Autonómicas con cargo a los Gobiernos autonómicos; iii) y por sus gastos de funcionamiento ordinario con cargo al Estado. Asimismo, desde 1999, conforme al texto de la Ley de Bases del Régimen Local aprobada ese año y que en este asunto vino a sancionar una situación de hecho que se daba con anterioridad, pueden recibir una dotación para el funcionamiento de sus grupos municipales con cargo al presupuesto de los Ayuntamientos correspondientes. Además, en el caso del País Vasco, de manera excepcional —pues es el único caso entre las Comunidades Autónomas— y mediante un artificio de dudosa legalidad —que consiste en la introducción, todos los años, de una enmienda en los presupuestos para dotar la partida correspondiente pese a no existir base competencial—, el Gobierno Vasco otorga subvenciones a los partidos que cuentan con representación parlamentaria.

Pues bien, Batasuna ha recibido subvenciones públicas por todas las vías que se acaban de enumerar, siendo conocida su cuantía a través de la información que tanto el Gobierno Vasco como las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes remiten al Tribunal de Cuentas, pues debe indicarse que, incumpliendo sus obligaciones legales, ese partido no ha presentado nunca sus cuentas a la fiscalización de la referida institución. Los datos correspondientes —que se publican por primera vez, de manera parcial, con referencia a 1992 y que se conocen completamente a partir de 1993— se han reunido en el cuadro A–3 del apéndice. Teniendo en cuenta sus valores, se ha estimado39 que esta vía de financiación ha supuesto, entre 1993 y 2002, unos ingresos para el entramado terrorista cifrados en 1,76 millones de € como promedio anual.

Por otra parte, Batasuna se ha beneficiado de la concesión de créditos bancarios que no han sido amortizados. Se conocen a este respecto las dos operaciones concertadas con Caja Laboral Popular a las que se alude en el cuadro A–4 del apéndice, de manera que, considerando tanto el capital prestado como los intereses devengados, se estima en 0,21 millones de € anuales la financiación obtenida por esta vía durante el período estudiado.

Y, finalmente, en conexión con Batasuna, debe hacerse mención a la organización Udalbiltza, la asamblea de municipios y electos municipales vascos que, para su constitución reunió en 1999 a 1.778 alcaldes y concejales de los diferentes partidos nacionalistas. Esta organización —que tiene un carácter informal, pues «no ha sido inscrita en el registro de asociaciones y no dispone de estatutos»40— se creó a «iniciativa del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV)41», siendo aceptada por el Partido Nacionalista Vasco, según su presidente, porque había que «ayudarles a salir del atolladero de la violencia y a hacer una entrada en la política»42. El aseguramiento de su financiación por parte del Gobierno Vasco sirvió para que Batasuna prestara su apoyo a los presupuestos de 1999, salvando así la situación de minoría parlamentaria a la que ese gobierno se enfrentaba. Tal financiación —que hasta 2003 se ha cifrado en 3,27 millones de € bajo la forma de subvenciones otorgadas por el Gobierno Vasco (27,6 por 100), las Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa (28,9 por 100) y 135 ayuntamientos (42,1 por 100)— se ha realizado de manera muy irregular, sin cumplirse los requisitos legales establecidos y sin un seguimiento que haya posibilitado la comprobación de que los fondos se hayan utilizado correctamente43, lo que impide descartar completamente que hayan podido desviarse, de forma parcial, hacia finalidades terroristas.

Udalbiltza experimentó una escisión en 2001 al ser expulsados los electos de Batasuna, lo que dio lugar a la creación de Udalbiltza–Kursaal en la que participaron 62 municipios gobernados por ese partido hasta su suspensión en 2003, año en el que una resolución judicial acreditó que se había «convertido en una mera vía de financiación de ETA»44. Los ayuntamientos implicados destinaron a esa finalidad entre el 1 y el 1,4 por 100 de sus presupuestos, siendo además destacable que Udalbiltza– Kursaal logró una importante cantidad de fondos de la Unión Europea, el gobierno de Francia y el departamento francés de los Pirineos Atlánticos. Las cifras correspondientes se muestran en el cuadro A–5 del apéndice, y de ellas se desprende un promedio anual de 2,63 millones de € para el conjunto del período que aquí se analiza.

Por lo que concierne a las organizaciones culturales y de transmisión de los postulados ideológicos del terrorismo nacionalista, cabe aludir, en primer lugar, a la Coordinadora de Alfabetización y Euskaldunización (AEK). Esta entidad surgió en 1962 como un movimiento popular y no tuvo un carácter formal hasta veinte años más tarde, cuando se inscribió en el registro de asociaciones. En ella se integraban unas 150 escuelas o euskalteguis, en su «mayor parte bajo control de Batasuna»45, cuando fue intervenida por la Audiencia Nacional en 1998. De acuerdo con la documentación judicial, se la considera integrada en ETA y controlada por ésta. Su actuación no sólo se ha centrado en la enseñanza, sino que se ha extendido hacia la captación de recursos que ulteriormente se han destinado a la financiación de diversas empresas de ETA, la adquisición de inmuebles para establecer las sedes de otras organizaciones vinculadas a la banda terrorista o la cobertura de los gastos de estas últimas46. Los datos disponibles acerca de los referidos recursos son incompletos —como se puede comprobar en el cuadro A–6 del apéndice—, por lo que en nuestra evaluación se ha considerado que, entre 1993 y 1998, ha obtenido una cifra equivalente al promedio de los años para los que se cuenta con información. De acuerdo con este criterio, se estima un promedio anual de 5,82 millones de € a lo largo del período analizado.

Otro componente del aparato cultural y de propaganda de ETA–Batasuna es el formado por los periódicos Egin y su sucesor, al cierre de éste, Gara, así como por Egunkaria. Acerca de los dos primeros se carece de datos suficientes para establecer el modo como se han financiado —no siendo irrelevantes los ingresos por la publicidad contratada por la Administración autonómica47 o por diversas empresas48—; pero no ocurre lo mismo con respecto al tercero. Egunkaria, periódico diario editado en euskera, fue fundado en 1990. De acuerdo con las resoluciones judiciales, ha estado vinculado a ETA desde sus inicios y ha formado parte de un entramado de empresas destinado a captar recursos, blanquear dinero y financiar a la banda terrorista49. Esos recursos han procedido, en buena medida, de subvenciones del Gobierno Vasco —tal como refleja el cuadro A–7 del apéndice—, aunque el origen de la mayor parte de ellos se desconoce pese a estar cuantificados. En conjunto, se estima que, para el período que aquí se analiza, Egunkaria ha dispuesto de 2,74 millones de € al año.

Y, también con respecto a las actividades de propaganda, han de mencionarse finalmente las editoriales de libros que se han beneficiado de las subvenciones establecidas por el Gobierno Vasco para la promoción del euskera. Sobre ellas se dispone de muy poca información, circunscribiéndose ésta a los datos globales que se reflejan en el cuadro A –8 del apéndice sobre Elkargintza Elkarlanean. Esta entidad agrupa a 23 empresas editoras o distribuidoras de libros que se encuentran «relacionadas económicamente con ETA»50 a través de ella, y ha obtenido 2,07 millones de € anuales, en el período objeto de investigación, bajo forma de subvenciones públicas.

Otro ámbito de actuación del entramado ETA–Batasuna es el que se centra en la asistencia y el control de los militantes que se encuentran encarcelados. En él han intervenido principalmente las Gestoras Pro–Amnistía, una organización alegal que se formó en 1976 y que, después de la amnistía otorgada por el gobierno español en octubre de 1977 para facilitar la plena instauración de un sistema político democrático, pasó a estar controlada por ETA. En 1991, tratando de eludir las acciones judiciales contra ella, modificó su nombre y adoptó el de Senideak–Gestoras Pro–Amnistía. Diez años más tarde sería ilegalizada por la Audiencia Nacional, a la vez que sus dirigentes eran procesados por terrorismo, lo que daría lugar a otro cambio nominal, designándose desde entonces Senideak Etxerak51. La financiación de esta organización ha discurrido a través de la obtención de fondos por medio de rifas y de la venta de bebidas y alimentos en las «Txoznas», unas casetas instaladas en los recintos delimitados por los ayuntamientos durante la celebración de fiestas populares. Los recursos que se hayan podido obtener por este medio se desconocen, lo que no obsta para que las operaciones de suministro de mercaderías concertadas con empresas vinculadas a la trama terrorista —en concreto con Eneko y Alberdi–Artetxe— se hayan valorado en un promedio de alrededor de 66.000 € anuales durante el período 1995–200152. Sin embargo, este dato es insuficiente para derivar de él una estimación razonable de la aportación de las Gestoras a la economía depredadora de ETA; y, por ello, en la evaluación global que aquí se efectúa, no se ha tomado en consideración este capítulo.

Aún cuando a los efectos de nuestro análisis carece de relevancia, pues queda fuera del período delimitado, puede añadirse a lo anterior que, con posterioridad a la ilegalización de las Gestoras Pro–Amnistía, han sido las Administraciones Públicas vascas las que han asumido la función de asistir económicamente a las familias de los militantes presos de ETA y, en ocasiones, también a estos últimos. Así, el Gobierno Vasco estableció en 2003 un programa de ayudas para viajes a esas familias, lo que fue considerado como «una decisión estratégica de sustituir a ETA en la financiación de su frente penitenciario»53; y, a su vez, han sido varios los ayuntamientos que han sufragado gastos de dichos reclusos o de sus allegados54. El conjunto de los recursos que, por estas vías, se han canalizado hacia el entramado terrorista, se recoge en el cuadro A–9 del apéndice.

Finalmente, han de mencionarse aquí las actividades mercantiles desarrolladas por empresas vinculadas al entramado ETA–Batasuna. Sólo algunas de esas empresas se han reflejado en el cuadro 1, pues, al parecer, su número total puede rondar las doscientas sociedades55. El rendimiento de esas actividades, según acreditan los documentos judiciales, se ha empleado en la financiación de la banda terrorista56. Sin embargo, no se dispone de suficiente información como para que pueda estimarse el valor global de ese rendimiento57. Esos mismos documentos han otorgado un lugar central en los negocios de ETA a las Herriko Tabernas, por lo que cabe centrar el análisis en ellas. Estas entidades comenzaron a constituirse en los años ochenta bajo diferentes formas jurídicas, llegando a sumar un total de 114 en 1993. A partir de este año experimentaron un proceso de reorganización bajo la dirección de Batasuna, de modo que se configuraron como asociaciones de carácter cultural. Asimismo, asumieron el papel de infraestructuras para las actividades terroristas y de propaganda, así como una función financiera a favor de las diferentes extensiones del entramado ETA–Batasuna58. Esta última se ha desarrollado básicamente a partir de los rendimientos de su actividad hostelera, y se ha complementado con la recaudación de aportaciones voluntarias, rifas y, más recientemente, de cuotas de los militantes59. El volumen de negocio del conjunto de las Herriko Tabernas ha sido estimado por las fuentes judiciales en quince millones de € al año60. La quinta parte de esta cifra se ha tomado como referencia para la valoración de la aportación neta anual de estas entidades a la financiación del terrorismo a lo largo del período de análisis.

Teniendo en cuenta la información que se ha expuesto en los párrafos precedentes, en el cuadro 2 se ha procedido a establecer una síntesis cuantitativa de la economía depredadora de ETA–Batasuna durante la década inmediatamente anterior a la ilegalización de mayor parte de las organizaciones que forman parte de ese entramado. Como se puede comprobar, el conjunto de los recursos de los que han dispuesto esas organizaciones asciende a un promedio anual de 23,64 millones de €; una cifra ésta que, con relación al tamaño de la economía vasca, es bastante modesta, pues equivale a tan sólo el 0,06 por 100 del PIB regional61. Si se atiende a las fuentes de las que esos recursos proceden, se puede señalar lo siguiente:

● En primer lugar, la principal aportación a la depredación de recursos por parte de ETA–Batasuna se realiza desde las Administraciones Públicas en forma de subvenciones. Éstas se han valorado en 13,06 millones de € al año, lo que equivale, según se muestra en el gráfico 2, al 55,3 por 100 del total. Ello quiere decir que el terrorismo nacionalista vasco ha sido generosamente financiado por las instituciones políticas, lo que sin duda se debe, por una parte, a la participación en éstas de Batasuna, y, por otra, a la voluntaria miopía con la que los gestores de esas instituciones han abordado este tipo de asuntos, pues se han escudado en la excusa de que, desde un punto de vista formal, hasta su ilegalización, las organizaciones vinculadas a ETA, podían participar en los programas de financiación pública, y han eludido cualquier valoración política de sus actuaciones. Cuadro 2: Economía depredadora de ETA–Batasuna. Recursos obtenidos por ETA-Batasuna y organizaciones afines para la financiación de sus actividades, 1993-2002 (Promedio anual en miles de € a valores constantes de 2002 y porcentajes)

● En segundo término, se contabilizan los recursos procedentes de la extorsión a los empresarios que, con un promedio anual de 5,15 millones de €, aportan el 21,7 por 100 del total. . El tercer puesto en importancia corresponde al rendimiento de las actividades mercantiles —a las Herriko Tabernas, pues sólo éstas han podido ser valoradas—, con una aportación de 3,00 millones de € anuales, el 12,7 por 100 del total. . En cuarto lugar a parecen algunos recursos de origen desconocido cuya cuantía de 1,70 millones de € al año equivale al 7,2 por 100 del conjunto. . Y, finalmente, con una aportación que ronda el 1,0 por 100, en cada caso, se recogen los resultados de las rifas, el saqueo y los créditos bancarios no amortizados —con 0,27, 0,25 y 0,21 millones de € anuales, respectivamente—. Debido a la importancia crucial que han tenido las subvenciones públicas en la financiación del terrorismo nacionalista, conviene hacer una referencia más detallada a su origen. Este aspecto se recoge en el gráfico 3 donde se comprueba que:

● La principal institución que ha aportado recursos a ETA–Batasuna ha sido el Gobierno Vasco. De él proceden, en efecto, el 69,1 por 100 de las subvenciones, lo que se explica por la amplitud de sus programas de financiación de actividades políticas, culturales y de promoción del euskera, a la vez que por la laxitud y falta de rigor con la que se han gestionado esos programas. Gráfico 2: Economía depredadora de ETA–Batasuna, 1993–2002 (%).

Gráfico 3: Distribución de las subvenciones recibidas por ETA–Batasuna, 1993–2002

●  A mucha distancia del anterior, pero con una posición bastante destacada, aparecen la Unión Europea y algunas Administraciones francesas. Su aportación asciende al 16,6 por 100 del total de las subvenciones; y ello denota que también en esas instituciones existen carencias relevantes en cuanto al conocimiento y la consideración de las actividades terroristas. . Los ayuntamientos —y en mucha menor medida las Diputaciones Forales— han contribuido con casi la décima parte de las subvenciones otorgadas a las organizaciones vinculadas con ETA–Batasuna, lo que se debe principalmente a la representación municipal de este partido.

● Y, por último, se anotan las aportaciones del Parlamento Vasco, las Cortes Generales y otras entidades que, en conjunto, no llegan al 5 por 100 del total de las subvenciones obtenidas por el entramado terrorista. Las cifras precedentes ponen de relieve el papel crucial que, para la financiación del terrorismo nacionalista vasco, ha tenido la participación institucional de Batasuna en los ayuntamientos, las Juntas Generales de las Diputaciones Forales y el Parlamento Vasco. Esa participación ha permitido, en efecto, que por su condición de partido político, Batasuna haya podido recibir subvenciones de las citadas instituciones; ha posibilitado también el ejercicio de una notable capacidad de influencia para que las organizaciones del entorno terrorista pudieran acogerse a diversos programas de ayudas públicas —algunos de los cuales se han diseñado específicamente para ellas—; y ha facilitado la colocación remunerada del núcleo central de la militancia en puestos de representación o de gestión, sobre todo en el ámbito municipal. Además, ha servido para ejercer el control sobre una parte del territorio —que, en buena medida, ha quedado al margen de la aplicación del derecho62— y desarrollar en él la adhesión política a ETA de una manera incontestable, bajo la amenaza del terror.

Por ello, en la lucha antiterrorista ha sido muy importante la actuación sobre las referidas organizaciones —poniéndolas fuera de la ley o sometiéndolas a intervención judicial— y sobre Batasuna —que, en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, fue ilegalizada en Agosto de 2002—, pues de esa manera se ha logrado reducir fuertemente su capacidad para obtener los recursos que requiere la financiación del terrorismo, así como sus actividades de movilización política, lo que ha dado lugar a una disminución apreciable de la población favorable a ETA, tal como se muestra en el recuadro 1.

Recuadro 1: Efectos de la ilegalización de Batasuna

La ilegalización de Batasuna, que se añade a las acciones judiciales sobre otras organizaciones enclavadas dentro del entramado ETA–Batasuna, ha tenido una importante repercusión sobre la capacidad financiera del mismo. De entrada, Batasuna tuvo que afrontar, en el último trimestre de 2002, la clausura y embargo de sus sedes y locales, de manera que perdió el control sobre un total de 220 inmuebles. Además, tuvo que rescindir los contratos de 39 trabajadores ocupados en sus servicios centrales mediante un expediente de regulación de empleo que se aprobó el 23 de diciembre de dicho año.

Por otra parte, en 2003 vio imposibilitada la presentación de sus candidaturas a las elecciones municipales, con lo que, una vez celebradas éstas, Batasuna fue desalojada de las 49 alcaldías que ocupaba —44 en el País Vasco y 5 más en Navarra—, a la vez que 891 concejales perdían su puesto —680 en el País Vasco y 211 en Navarra—. Esta reducción del poder municipal —que sólo pudo ser paliada, de manera parcial, antes de los comicios, mediante la conversión en funcionarios de los simpatizantes que estaban contratados por los ayuntamientos— implicó también una pérdida de poder económico. De este modo, se dejó de controlar un presupuesto de 196,3 millones de €, sólo en los 44 ayuntamientos cuyo alcalde había pertenecido a Batasuna. Además, se dejaron de percibir unas ayudas a grupos municipales que superaban el millón de € anuales, según muestra el cuadro A–3 del apéndice.

Asimismo, aunque la ilegalización no implicó la pérdida de sus escaños en el Parlamento Vasco, sí supuso que Batasuna, al ser ordenada la disolución de su grupo parlamentario, dejara de percibir las ayudas correspondientes, equivalentes, en los casi dos años transcurridos hasta las nuevas elecciones autonómicas, a 0,63 millones de €.

Estas pérdidas de ingresos se han reflejado en la capacidad operativa de ETA, así como en sus posibilidades de atender a los militantes que cumplen condena en las cárceles. A éstos se les ha reducido su asignación mensual de 400 a 100 €, ocasionando el correspondiente descontento entre sus familiares, aún cuando el Gobierno Vasco haya tratado de paliarlo otorgando ayudas para viajes, tal como ya se ha indicado. Y también han obligado a Batasuna a establecer una cuota mensual de 15 € a sus militantes.

La reducción de la capacidad económica y la pérdida de poder municipal han tenido también un reflejo en la capacidad de ETA–Batasuna para suscitar la adhesión política de la población vasca. Así, como se aprecia en el gráfico, la imagen positiva de los militantes de ETA, que durante la tregua de 1999 alcanzó un nivel similar al que existía al iniciarse la década de los ochenta, ha reducido su incidencia a la mitad, de modo que en años más próximos sólo una cuarta parte de la población se adhiere a ella. Y, por otra parte, la proporción de la población vasca que puede considerarse como «extremista» por su actitud de apoyo a ETA, ha descendido hasta un nivel de tan sólo el 2 por 100, el más bajo de los registrados desde el decenio de los ochenta. Más aún, si entre 1981 y 2000 el extremismo pro–etarra alcanzaba niveles de entre el 6 y el 12 por 100 de la población —similares a los que se registraron en la Alemania de los primeros años cuarenta para los «nazis fanáticos» o en la Norteamérica de los cincuenta para el «antisemitismo extremo»—, actualmente puede ser considerado marginal.

Se incluyen en esta categoría las opiniones que califican a los militantes de ETA como «patriotas» o «idealistas». Se agregan en esta categoría las actitudes de «apoyo total» y «justificación crítica» hacia ETA. Vid. Friedländer (2004). Vid. Bettelheim y Janowitz (1974).

4. LOS COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS DEL TERRORISMO NACIONALISTA.

El terrorismo produce daños materiales y pérdidas de vidas humanas que, en la perspectiva económica, pueden ser considerados como costes directos o inmediatos de los atentados en los que se concreta su acción. Tienen también ese carácter directo los gastos que realiza la sociedad para, mediante el empleo de las fuerzas de seguridad, prevenir los ataques terroristas y reprimir a sus autores. Pero las repercusiones económicas de este fenómeno no se agotan en lo anterior, pues, cuando el terrorismo se hace persistente, incide sobre las expectativas de los agentes económicos — productores y consumidores— y rebaja sus planes de inversión o de gasto, afectando así negativamente al crecimiento de determinados sectores o del conjunto de la economía. Ello supone un coste indirecto para los ciudadanos que se ven obligados a asumir una menor disponibilidad de rentas y, por tanto, un menor bienestar.

La medición de estos costes puede resultar una tarea difícil, pues aun cuando se dispone de propuestas metodológicas para ello63 no siempre se cuenta con los datos necesarios. En el caso que nos ocupa, aunque pueda parecer sorprendente debido a los más de cuarenta años de actividad terrorista desarrollada por ETA, las carencias informativas son muy notables; y ello hace que cualquier intento de evaluación de los costes correspondientes se enfrente a severas limitaciones que obligan a considerar sus resultados como un mínimo que, seguramente, ha sido sobrepasado por la realidad.

4.1. Los costes directos.

El primero de los costes directos que debe considerarse, es el que se refiere a los daños ocasionados por los atentados terroristas sobre las personas, bien por muerte bien por lesiones. Su evaluación no puede tomar en consideración cualquier procedimiento de estimación del capital humano perdido, pues, como ya se ha destacado, no se dispone de los datos requeridos acerca del número de personas afectadas, de su cualificación y de su distribución temporal. Por ese motivo, es obligada una aproximación que toma en consideración las indemnizaciones que, por diferentes conceptos y de conformidad con la legislación existente al respecto, han percibido esas víctimas64.

Tales indemnizaciones proceden de diferentes fuentes. En primer lugar, cabe referirse a las que, por muerte o incapacitación permanente, se derivan, desde el año 1987, de los seguros que cuentan con un recargo obligatorio a favor del Consorcio de Compensación de Seguros, entidad ésta que asume los correspondientes riesgos extraordinarios65. Esas indemnizaciones se han reflejado en el cuadro A–10 del apéndice, pudiéndose establecer a partir de esa información que, durante el período que se extiende entre 1993 y 2002, su cuantía se elevó, en promedio anual, hasta 1,25 millones de €.

Por otra parte, el Estado tiene establecido desde 1979 un régimen de resarcimiento de los daños personales ocasionados por el terrorismo, que se ha ido mejorando a lo largo del tiempo66 y que, en el momento actual, se concreta en una escala que se extiende desde dos veces el salario mínimo diario en el caso de incapacitación temporal, hasta 140 mensualidades de esa misma magnitud de referencia en el de gran invalidez67. El valor de las correspondientes indemnizaciones, que son gestionadas por el Ministerio del Interior, se refleja en el cuadro A–11 del apéndice. De los datos ahí reproducidos se desprende que el gasto en este tipo de indemnizaciones ha ascendido a 1,09 millones de € para resarcir los fallecimientos y 1,46 millones de € para compensar los casos de lesiones, todo ello en promedio anual para el período al que se está refiriendo este trabajo.

En tercer lugar, el Ministerio del Interior gestiona otras ayudas personales a las víctimas del terrorismo, que se han venido concediendo desde 1998, aunque su regulación inicial data de dos años antes68. Su valor —también reflejado en el cuadro A–11 del apéndice— se estima en 0,10 millones de € al año durante el período de referencia.

Finalmente, ese mismo Ministerio gestiona las indemnizaciones por responsabilidad civil —derivada de los daños físicos y psicológicos provocados por el terrorismo— que se establecieron en 1999, en la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo69. Tales indemnizaciones se establecen en una cuantía mínima70 que, en cada caso, puede ser sobrepasada por la que, en sentencia firme, hubieran fijado los tribunales de justicia, subrogándose el Estado las correspondientes obligaciones de los condenados a su pago71. Los datos acerca de su valoración se han recogido en el cuadro A–12 del apéndice, en el que toda la cuantía de las obligaciones derivadas de atentados anteriores al año 2000 se refleja en esta fecha por tratarse de la que corresponde a su pago efectivo. Ello ha obligado a distribuir temporalmente dicha cantidad de manera proporcional al número de víctimas mortales de cada ejercicio, para poder establecer el valor correspondiente al período 1993–2002. Por este procedimiento se estima que, entre esas fechas, la responsabilidad civil de los atentados de ETA se cifró en 4,60 millones de € anuales.

Por tanto, en conjunto, con las limitaciones del procedimiento utilizado72, se pueden estimar los daños personales ocasionados por el terrorismo nacionalista vasco en un total de 8,51 millones de € al año durante la década a la que se ha referido la investigación.

Un aspecto complementario del anterior es el que se refiere a las pensiones extraordinarias a las que, por su singular situación, tienen derecho las víctimas del terrorismo. Tales pensiones fueron reguladas en 1987 y se establecieron de manera diferenciada en función de la situación laboral de los afectados, de manera que existe un régimen para los trabajadores afiliados a la Seguridad Social73 y otro para los funcionarios cuyas pensiones corren a cargo de Clases Pasivas del Estado74. Asimismo, se reconoce el derecho a recibir una pensión a cualquier ciudadano no protegido y a sus familiares, con independencia de su nacionalidad75. El gasto total que han implicado estas pensiones, se ha estimado, de acuerdo con la única fuente disponible76, en 34,43 millones de € anuales durante el período de referencia; cifra ésta de la que el 75 por 100 corresponde al sistema de Clases Pasivas —lo que se corresponde con el hecho de que seis de cada diez víctimas hayan sido funcionarios de los cuerpos policiales o de las fuerzas armadas— y la cuarta parte restante a la Seguridad Social.

Un segundo tipo de costes directos del terrorismo es el que se refiere a las destrucciones materiales ocasionadas por los atentados. Su completa cuantificación es una tarea imposible, pues se carece de un registro que refleje la totalidad de los daños causados por ETA u otras organizaciones armadas en los bienes afectados por sus ataques. A este respecto, conviene tener en cuenta que, aunque el Consorcio de Compensación de Seguros ha cubierto este tipo de daños desde 1972, sus cifras son incompletas, pues sólo aluden a aquellos bienes que se encuentran asegurados mediante pólizas para las que existe un recargo obligatorio. Sin embargo, ese no es siempre el caso, bien porque hay elementos cuyos seguros carecen de dicho recargo, bien porque pueden no encontrarse asegurados, bien porque se hayan suscrito pólizas por un riesgo cuyo valor es inferior al daño causado77. En consecuencia, se dan numerosos casos en los que las pérdidas materiales han de ser asumidas por los propietarios de los bienes dañados78, salvo que hayan podido acogerse a las ayudas que, en esta materia, tiene arbitradas el Ministerio del Interior. Estas últimas, sin embargo, han sido muy escasas hasta bien entrada la década de los años noventa, pues no empezaron a reconocerse —y de manera muy limitada— más que a partir de 1991 —cuando se establecieron para los daños estructurales en las viviendas habituales de las personas físicas79— y, sobre todo, de 1996 —cuando se amplió su cobertura, con un límite del 50 por 100 del valor afectado, a los establecimientos comerciales y vehículos de transporte o de uso profesional80—, año después del cual ha habido sucesivas mejoras81.

En definitiva, por tanto, los datos de que se dispone sobre este asunto, debido a la insuficiente cobertura pública de los daños materiales del terrorismo, son incompletos, lo que no obsta para que se disponga de algunas fuentes que permiten efectuar una estimación razonable de su magnitud. Se comenzará mencionando al Consorcio de Compensación de Seguros, cuyas cifras con relación a este tipo de riesgos, que se recogen en el cuadro A–13 del apéndice82, arrojan un resultado de 12,79 millones de € en promedio anual para el período 1993–2002. Además, se cuenta con las estimaciones efectuadas por Vasco Press que se han reflejado en el cuadro A– 14 del apéndice, en las que se tienen en cuenta los datos anteriores, así como las indemnizaciones del Ministerio del Interior —que aparecen en el cuadro A–11— y los resultados de una encuesta sobre las empresas e instituciones más afectadas por los atentados terroristas, incluidas las acciones de terrorismo callejero. A partir de ellas, por diferencia entre sus valores y los del Consorcio, se puede establecer la cuantía de los daños no cubiertos por pólizas de seguro en 9,94 millones de € anuales en el referido período.

Sin embargo, el capítulo de daños materiales no se agota en las cifras anteriores, pues a ellas han de añadirse las que corresponden al caso singular de la Central Nuclear de Lemóniz, pues la interrupción de su construcción ha implicado una pérdida de inversiones cuyo coste se ha diferido hasta nuestros días, repercutiéndose sobre los consumidores de energía eléctrica83. Los atentados contra Lemóniz se iniciaron en 1977 y culminaron en 1982, cuando tras los asesinatos de los ingenieros José María Ryan y Ángel Pascual Múgica se paralizaron las obras84. Los costes ocasionados por estas acciones terroristas se han reflejado en el cuadro A–15 del apéndice, pudiéndose deducir de él que, en el período que aquí se analiza, su importe asciende a 266,70 millones de € al año.

En definitiva, por tanto, a partir de las fuentes mencionadas en los párrafos anteriores, se puede establecer que los daños materiales ocasionados por ETA durante el período que discurre entre 1993 y 2002 se elevan a una cifra de 289,43 millones de € anuales.

Finalmente, cabe referirse al coste de la seguridad. Como consecuencia de las actividades terroristas de ETA, el Estado y, en lo que concierne a sus competencias policiales, el Gobierno Vasco, han debido utilizar importantes medios personales y materiales para prevenir y reprimir esas actividades. La valoración de los recursos correspondientes, realizada por un equipo pericial a solicitud del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, se ha basado en estimaciones efectuadas por las instituciones responsables, siguiendo un criterio prudente y restrictivo para evitar cualquier exageración, por lo que se puede considerar que su resultado constituye un mínimo que, seguramente, habrá sido sobrepasado en la realidad85. Dichas instituciones son la Secretaría de Estado de Seguridad —que ha financiado los servicios privados de escolta a personas amenazadas, la protección de sedes de partidos políticos y los gastos del Centro de Seguimiento de Escoltas—, la Dirección General de la Policía —en la que se han tenido en cuenta los gastos de la Comisaría General de Información, las Brigadas de Protección Integral y Espaciales, las unidades de Intervención Especial, las unidades de Desactivación de Explosivos y NBQ y el coste de la base de helicópteros de Bilbao—, la Dirección General de la Guardia Civil —en la que se han imputado los gastos de la Unidad de Acción Rural, el 45 por 100 del coste de personal de todas las comandancias, el 30 por 100 del coste de la Unidad Especial de Intervención y de las unidades Tedax, así como gastos de inversión, mantenimiento y de traslado de detenidos—, el Departamento de Interior del Gobierno Vasco, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias —valorando el coste de los presos de ETA de acuerdo con la cifra de gasto medio por interno en las prisiones españolas— y los partidos políticos —en los que se han tenido en cuenta las adquisiciones de equipos de seguridad, primas de seguros y nóminas de policías y escoltas privados—. El resultado obtenido, referido al período 1994–2003, una vez transformado a euros de 2002, es el que se ha tomado aquí en consideración, de manera que se ha imputado una cifra de 338,65 millones de € al año.

En resumen, tal como se muestra de manera sintética en el cuadro 3, los costes directos que ha ocasionado el terrorismo nacionalista de ETA–Batasuna durante el período aquí analizado, se han elevado hasta una media anual de 671,07 millones de €; una cifra ésta que multiplica en 28 veces la estimada en el epígrafe anterior para los recursos empleados por esas organizaciones. De esos costes, los más relevantes son los referidos a la seguridad, pues suponen un poco más de la mitad del total de los estimados. A su vez, los daños materiales provocados por los atentados suman el 43,1 por 100, siendo esencial en esta cuantía tan elevada la aportación del coste de la paralización de la central nuclear de Lemóniz, pues sólo este concepto aporta casi cuarenta puntos porcentuales. Y, finalmente, las víctimas —muertos y heridos, así como sus secuelas familiares— que han dejado tras de si las acciones terroristas, se valoran en el 6,4 por 100 del coste total, correspondiendo algo más de cinco puntos a las pensiones extraordinarias con las que ha buscado paliar su desamparo material.

4.2. Los costes indirectos.

El terrorismo, como ya se ha apuntado, puede afectar de manera importante al funcionamiento de la economía cuando se convierte, como es el caso del País Vasco, en un fenómeno persistente a lo largo del tiempo. La evidencia disponible, a la que se aludirá a continuación, señala que, efectivamente, la economía vasca ha perdido oportunidades de inversión y ello ha afectado a su crecimiento, de manera que, en el momento actual, después de cuatro décadas de actividad terrorista, tanto el tamaño de su población como el de su PIB se encuentran muy por debajo de su nivel potencial.

Cuadro 3: Costes directos ocasionados por el terrorismo nacionalista vasco (ETA–Batasuna) en el período 1993– 2002 (Promedio anual en miles de € a valores constantes de 2002 y porcentajes)

En efecto, los dos estudios que han abordado este asunto86 coinciden en señalar que, desde mediados de la década de 1970, la senda del crecimiento de la economía vasca se aparta de su nivel potencial, abriéndose así una brecha creciente entre el tamaño realmente alcanzado por ella y el que podría haber registrado si el terrorismo no hubiese afectado seriamente a su funcionamiento87, tal como muestra el gráfico 4.

Gráfico 4: Evolución del PIB en el País Vasco, 1.955-2.004

* Adaptado a la serie de FUNCAS: Balance Económico Regional. La amplitud de esta diferencia entre el PIB real y el PIB potencial se encuentra ligada a la intensidad de las acciones de ETA, de manera que se ensancha en los períodos en los que ha habido una mayor cantidad de atentados y tiende a estrecharse cuando éstos se reducen. Ello hace que la referida brecha se explique casi completamente por la actividad terrorista88.

Por otra parte, la variable fundamental que influye en este comportamiento de la economía vasca es la inversión productiva. Ésta se ha visto constreñida por el impacto de la violencia, en general, y por el de las amenazas y la extorsión sobre los empresarios, en particular. Desde finales de los años setenta, un flujo continuo de personas vinculadas al medio empresarial, así como numerosos profesionales y otros trabajadores, ha ido abandonando el País Vasco para buscar oportunidades en otros sitios de España y despejar la incógnita que el terrorismo imponía sobre sus vidas. Esta diáspora es de muy difícil cuantificación, aunque podría estimarse en más de 125.000 personas89, de las que una buena parte son de elevada cualificación90. No obstante, existen numerosos testimonios de ella91 que señalan que «la salida del País Vasco de empresarios con más renombre se produce entre 1975 y 1980; el éxodo más numeroso se registra entre 1980 y 1990; (y) a partir de 1990 los empresarios… pagan, se quedan y callan»92.

La salida de los empresarios ha implicado el cierre de instalaciones y, las más de las veces, su deslocalización hacia las regiones limítrofes, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. En alguno de los estudios disponibles93 se destaca más de un tercio de las empresas medianas y grandes del País Vasco cuentan con instalaciones industriales fuera de la región; y casi el 60 por 100 tienen además instalaciones de comercialización en otras partes de España. Asimismo, se constata que, entre los factores que determinan sus decisiones de inversión, además de los referidos a las perspectivas de la demanda o los de orden tecnológico, adquieren relieve el terrorismo y las consideraciones de naturaleza política; y estos mismos elementos, para alrededor de un tercio de las empresas, tienen una importante influencia en sus decisiones de deslocalización94.

Un ámbito específico en el que se manifiesta la negativa influencia del terrorismo sobre la inversión productiva, es el referido a la captación de capital extranjero en forma de inversión directa (IDE). A este respecto, sabemos que, con referencia al período 1975–1991 y el conjunto de España, las campañas de atentados de ETA ocasionaron una pérdida del 13,5 por 100 anual en la capacidad atracción de capitales extranjeros —medida con respecto a su nivel potencial—; y que el efecto acumulado de esa pérdida se fue ampliando desde 1.800 hasta 3.000 millones de dólares entre el comienzo y el final de la década de los ochenta95. Una investigación más reciente, en el que se estudia el caso del País Vasco entre 1987 y 1997, confirma el efecto negativo del terrorismo sobre la IDE96, lo que ayuda a explicar que esta variable alcance un nivel anormalmente bajo en la región y que la modelización de sus factores determinantes conduzca a resultados contrarios a los esperados97.

Todos estos elementos han determinado una brecha creciente entre la formación bruta de capital que, de forma efectiva, se ha registrado en el País Vasco y el nivel que esta variable podría haber alcanzado sin terrorismo. A mediados del decenio de los setenta esa brecha era ya del orden del 30 por 100; y se había ampliado hasta el 80 por 100 en los años finales del siglo. Por ello, ha podido concluirse que «esta diferencia es claramente expresiva del coste del conflicto que vive el País Vasco, que ha desalentado intensamente las expectativas de inversión, sacrificando oportunidades de crecimiento económico»98. La cuantificación concreta de ese sacrificio durante el período que aquí se ha tomado como referente (1993–2002), puede establecerse, de acuerdo con las estimaciones citadas, en un promedio anual de 8.814 millones de €, lo que equivale al 21,3 por 100 del PIB regional, según se muestra en el cuadro 4. Ello significa que si los costes directos ocasionados por el terrorismo nacionalista vasco han excedido en 28 veces a los recursos empleados por las organizaciones encuadradas en el entramado ETA–Batasuna, tal como antes se ha señalado, en el caso de los costes indirectos esa relación se eleva hasta 373 veces. En definitiva, en un caso como el que aquí se ha tratado, en el que el terrorismo se ha convertido en un fenómeno persistente y de intensidad variable a largo plazo, las pérdidas en el crecimiento han sido el principal coste económico soportado por el conjunto de la sociedad; y su magnitud ha alcanzado tales dimensiones que, en una perspectiva coste–beneficio, se compensan sobradamente los esfuerzos que esa sociedad ha realizado para prevenir y reprimir su violencia.

Cuadro 4: Pérdida de PIB en el País Vasco como consecuencia del terrorismo durante el período 1993-2002 (Millones de € a precios de 2002)

5. CONCLUSIONES.

El terrorismo nacionalista vasco, como otros terrorismos insurgentes99, ha desarrollado su actividad a lo largo de una generación. Se trata de un período suficientemente amplio como para que sus consecuencias económicas hayan podido manifestarse en toda su amplitud y, por tanto, puedan evaluarse con cierta seguridad. Tal ha sido el objeto central de este trabajo en el que la referencia temporal se ha establecido en la década que se extiende desde 1993 hasta 2002. Este plazo —cuya elección responde tanto a razones históricas como de orden práctico, tal como ya se ha argumentado— es adecuado para establecer el balance de los efectos directos e indirectos provocados por las actividades del entramado de organizaciones que han operado bajo el control de ETA–Batasuna. Los elementos de ese balance son los siguientes:

. ● En primer lugar, se ha establecido que el conjunto de los recursos utilizados por esas organizaciones se han obtenido a partir de la realización de un amplio elenco de actividades depredadoras, en unos casos de naturaleza directamente delictiva y en otros de apariencia legal, que mayoritariamente han gravitado sobre la economía del País Vasco. Esos recursos se han valorado —a precios constantes de 2002— en 23,64 millones de € de promedio anual; y, de ellos, alrededor del 90 por 100 se han extraído de la región y el resto de otras partes de España o del exterior. Si sólo se tienen en cuenta aquellos, se puede afirmar que la economía depredadora de ETA le ha restado al País Vasco unos recursos cuyo valor es equivalente al 0,05 por 100 de su PIB100. Por tanto, más allá de la precisión de la estimación —que seguramente ha minusvalorado el verdadero coste de las actividades terroristas, aunque sin exceso—, se comprueba que, tal como se enunciaba en las hipótesis de trabajo, el monto global de los referidos recursos es relativamente pequeño. Por tanto, se puede afirmar que, en el caso de ETA–Batasuna, el terrorismo ha sido una forma de barata guerra, tal como corresponde en general a las experiencias de privatización de la violencia101.

. En segundo término, se han evaluado los daños ocasionados directamente por la actividad terrorista sobre las personas y los bienes, así como los costes de la seguridad. En conjunto, para el mismo período, se han estimado en 671,07 millones de € como promedio anual. Esta cifra está también infravalorada, sobre todo porque no es viable la valoración de la totalidad de los daños materiales que se han producido; pero el error cometido es, seguramente, pequeño. 99

Vid. Rapoport (2004). En este trabajo, a partir de la observación de la experiencia histórica, se sostiene la idea de que las oleadas terroristas tienen una duración de entre treinta y cuarenta años; es decir, un período equivalente al que requiere cualquier relevo generacional. 100 La depredación de recursos es insignificante para el resto del territorio español, pues casi la totalidad de los que se han obtenido fuera del País Vasco corresponden al extranjero.

La cantidad señalada resulta ser 28 veces más grande que la que se ha establecido para la depredación de recursos, lo que avala la hipótesis de que el terrorismo produce unos daños directos notoriamente superiores al valor de los recursos que emplea para organizar, acometer y justificar sus acciones violentas. En el cuadro 5 se ha procedido a establecer la localización geográfica de estos costes directos, siguiendo para ello criterios razonables en cuanto a la atribución de las cifras correspondientes. El resultado muestra que un poco más de las tres cuartas partes se han producido dentro del País Vasco, y los demás en el resto de España. De acuerdo con esta estimación, se puede afirmar que, para esa región, los daños ocasionados por el terrorismo nacionalista han supuesto un coste anual equivalente al 1,2 por 100 de su PIB durante el período que se extiende entre 1993 y 2002102.

. Y en tercer lugar, se ha comprobado que la persistencia del fenómeno terrorista ha dado lugar a un efecto negativo sobre el crecimiento económico. Este coste indirecto se ocasiona principalmente por la incidencia de la violencia sobre las expectativas de los inversores, lo que da lugar a una rebaja de éstas y, por ende, a que la inversión productiva se sitúe permanentemente por debajo de su nivel potencial. Asimismo, el terrorismo ha contribuido a la deslocalización de algunas actividades empresariales. La evaluación correspondiente sitúa esta pérdida de crecimiento en 8.814,24 millones de €, en promedio anual durante el período analizado. Una cifra ésta que, además de exceder en 373 veces a la de la depredación de recursos, equivale al 21,3 por 100 del PIB del País Vasco. La amplitud de esta pérdida de crecimiento, permite afirmar que en ella estriba el mayor de los costes ocasionados por el terrorismo para la región. El País Vasco, durante las cuatro décadas en las que ha estado sometido a la violencia terrorista, ha podido mantenerse dentro del grupo de regiones cuya renta por habitante excede del promedio nacional, pero ello no ha impedido que haya rebajado su significación económica dentro del conjunto de España103. Ello puede interpretarse en el sentido de que, al menos en parte, el menor crecimiento de la economía vasca ha podido ser compensado por una mejora en la economía de otras regiones, bien porque se han beneficiado de la deslocalización de actividades desde el País Vasco, bien porque han aprovechado las oportunidades dejadas de lado por los empresarios vascos.

Cuadro 5: Distribución geográfica de los costes directos del terrorismo nacionalista vasco (ETA–Batasuna), 1993–2002 (Promedio anual en miles de € a valores constantes de 2002)

La distribución geográfica se ha realizado de acuerdo con los siguientes criterios: el coste de la Central Nuclear de Lemóniz se ha atribuido enteramente al País Vasco por ser el lugar en el que se localiza la inversión; y los demás costes se han atribuido al País Vasco o al Resto de España de acuerdo con la localización de los atentados de ETA (con una ponderación del 50 %), del terrorismo callejero (con una ponderación del 20 %) y de las víctimas mortales (con una ponderación del 20 %), lo que conduce a atribuir al País Vasco un 60,5 por 100 de esos costes, y al Resto de España el otro 39,5 por 100.

En este caso, la distribución geográfica se realiza según la localización de las víctimas mortales de los atentados, lo que atribuye al País Vasco el 47,4 por 100 del coste, y al Resto de España el 52,6 por 100. c Para la distribución geográfica de este capítulo se ha seguido el criterio general de atribución de los gastos según el flujo de beneficio; es decir, teniendo en cuenta el espacio en el que residen los beneficiarios. Así, se han atribuido al País Vasco la totalidad de los gastos del Gobierno Vasco, además de los correspondientes al pago de Escoltas, seguridad de Partidos Políticos e Instituciones Penitenciarias. Igualmente se ha asignado al País Vasco o al resto de España la parte del gasto de la Policía Nacional y de la Guardia Civil proporcional a la localización de los atentados de ETA (con una ponderación del 50 %) y de las víctimas mortales (también con una ponderación del 50 %), lo que conduce a atribuir a la región el 49,1 por 100 de dicho gasto, y al Resto de España el 50,9 por 100.

En resumen, las hipótesis que han orientado esta investigación, basadas en la experiencia de otros casos, han encontrado un contraste favorable en el análisis del terrorismo nacionalista vasco. Éste ha sostenido el ejercicio del terror a partir de un modelo de depredación de recursos cuyo resultado tiene una dimensión económica más bien modesta. Ello se corresponde con la circunstancia de que la privatización de la violencia posibilita una forma de guerra barata cuyo sostenimiento implica un gasto muy limitado. Pero los efectos de esta guerra son mucho más relevantes, tanto por lo que concierne a las pérdidas humanas y materiales o al esfuerzo de seguridad, como por lo que alude a la reducción de oportunidades productivas y al consiguiente menor crecimiento económico. Desde la perspectiva de la economía, este último supone un coste extraordinariamente elevado, de manera que su magnitud, más allá de otras consideraciones morales y políticas, justifica los esfuerzos que la sociedad haga para erradicar definitivamente el terrorismo.  

1 Vid. Buesa (2005). Los aspectos fundamentales de la economía depredadora de guerra se han expuesto por Kaldor (2001), Napoleoni (2004) y Münkler (2005).

2 Vid. Saxton (2002), Frey et al. (2004) y Sandler y Enders (2005).

3 Vid. Domínguez (2000), especialmente el capítulo XII.

4 Vid. el Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, de 26 de Agosto de 2002, por el que se suspenden las actividades de Batasuna (NIG: 00002 2 0006285/2001, Sumario 35/02 –Y). Tienen especial interés a este respecto los antecedentes de hecho nos cuarto, quinto y sexto.

5 Vid. Domínguez (1998), especialmente págs. 136 a 170 y 261 a 271.

6 Véase Napoleoni (2004), especialmente el capítulo 3.

7 Vid. sobre el abaratamiento de los costes de la guerra con su privatización, Münkler (2005), capítulo 4.

8 Para una consideración conjunta de los trabajos disponibles sobre este asunto, véanse Sandler y Enders (2005) y Buesa (2005).

9 Por ejemplo, en lo que al las muertes se refiere, el Juez Baltasar Garzón, en su Auto de 26 de Agosto de 2002, antes citado, cuantifica 836 hasta dicha fecha. Esta cifra tampoco coincide con la señalada por Benegas (2004), anexo 1, que asciende a 934. Por otra parte, en el Auto mencionado se proporciona la cifra de 3.391 atentados terroristas, lo que puede ser coherente con el valor recogido en el gráfico 1, dado que el Juez Garzón se remonta a la creación de ETA. La misma fuente señala que las acciones de  

12 Cfr. el Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, de 25 de Enero de 2005, por el que se procesa a 36 personas (dirigentes de Batasuna) por integración en organización terrorista (Sumario 35/02–M), razonamiento jurídico segundo.

13 Ibídem.

14 Vid. Vasco Press (2003), págs. 16 y ss. 15 El dato se desprende de los Balance(s) del Ministerio del Interior para el período 2000–2004. Con anterioridad a esas fechas se carece de la distribución geográfica de los datos.

16 Sigo básicamente a Domínguez (2000) en cuanto a la periodificación a la que se alude a continuación.

17 Vid. el citado Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, de 25 de Enero de 2005, “Hechos”, apartado sexto.

18 Cfr. Ibídem, “Hechos”, apartado sexto.

19 Cfr. Ibídem, “Hechos”, apartado decimonoveno. 20 Vid. Domínguez (1998), págs. 140 y ss.

21 Cfr. Ibídem, pág. 138.

22 Vid. Ibídem, pág. 143.

23 Vid. Ibídem, pág. 163 y 164.

24 Vid. Reinares (1998), págs. 196 y 197. ABC, 9 de Abril de 2004, señala que en 1996 se detuvo a un militante de ETA con 150 kg. de cocaína. Vid. también Villamarín (2005), págs. 146 y ss.

25 Al parecer, entre 1992 y 2001, ETA pudo participar, con otros actores, en el contrabando de tabaco, según algunas indagaciones judiciales alemanas. Las operaciones correspondientes produjeron un rendimiento de 1.000 millones de €, parte de los cuales se habrían transferido a ETA desde Suiza. Vid. El Mundo, 2 de Junio de 2004; y ABC, 4 de Junio de 2004.

26 La cooperación de ETA con la organización del narcotraficante Pablo Escobar, en Colombia a finales de los años ochenta, para el entrenarla en la elaboración de coches bomba, está acreditada en el testimonio de John Jairo Velásquez recogido por Astrid Legarda: El verdadero Pablo. Sangre, traición y muerte, Bogotá, 2005. Cit. en ABC, 20 de Agosto de 2005. También se menciona el entrenamiento de las FARC (Colombia) por militantes de ETA, aunque con escasa aportación de datos concretos, en Villamarín (2005), págs. 144 y ss.

27 Tal sería el caso de Nicaragua en el período del gobierno sandinista. Vid. Domínguez (1998), pág.

163. 28 Vid. el Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, de 25 de Enero de 2005, cit., “Hechos”, apartado decimonoveno.

29 No obstante, en El Mundo de 10 de Febrero de 2004, citando fuentes policiales, se informa de que, en 2001 y 2002, ETA podría haber secuestrado por unas horas a cinco empresarios para exigirles el pago de 150.000 €.

30 Vid. Domínguez (1998), págs. 141 y 142

31 Vid. El País de 19 de Octubre de 2003 y de 21 de Noviembre de 2004.

32 Vid. El Mundo de 26 de Mayo de 2004 y ABC de 1 de Junio de 2004.

33 Vid. ABC de17 de Enero de 2004 y El Mundo de 2 de Febrero de 2004.

34 Vid. El Mundo de 24 de Mayo de 2004.

35 En 2003 se cometieron nueve atentados de este tipo, en 2004 fueron cinco, y hasta julio de 2005 se contabilizaron diez más. Vid. El Mundo de 23 de Mayo de 2005 y El Correo de 23 de julio de 2005.

36 Domínguez (1998), págs. 163 y ss., señala que, en los años setenta, ETA se abasteció de explosivos mediante el robo en diversas canteras, siendo su golpe más espectacular el cometido en 1980 en Soto de la Marina (Cantabria). Sin embargo, desde mediados de los años ochenta se optó por la fabricación propia de explosivos (amonal) a partir de materiales adquiridos en el mercado. El robo de explosivos se reanudó en 1999, durante la tregua.

37 La estimación se ha realizado teniendo en cuenta los criterios enunciados en el cuadro A–2. En el caso de los explosivos, concretamente de la dinamita, podría haberse utilizado un precio de referencia del mercado negro como el que se desprende de las estimaciones policiales sobre el coste de los atentados del 11–M, en las que ese precio se establece —de manera indirecta, pues se calcula en función del valor de las drogas utilizadas en las transacciones correspondientes— entre 181,7 y 198,2 €/kilo para el año 2004. Teniendo en cuenta que el precio internacional se situó en esa misma fecha en un promedio de 109,8 €/kilo, mis estimaciones rebajan el valor de los explosivos robados por ETA entre un 39,6 y un 44,6 por 100 sobre el precio del mercado negro.

38 Se trata de la Ley Orgánica 3/1987. Vid. Tribunal de Cuentas (1999), págs. 12 y ss.

39 En la estimación se ha supuesto que en 2001 se repite la cuantía del año anterior, y lo mismo en 2002, aunque, debido a la ilegalización, sólo para el primer semestre.

40 Cfr. Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (2004), pág. 22.

41 Es decir, lo que en este trabajo se engloba bajo la idea del entramado organizativo de ETA–Batasuna.

42 Cfr. las declaraciones realizadas el 17 de septiembre de 1999 por Xabier Arzalluz, citadas por Morán (2004), pág. 234. Según el Consejero de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Javier Madrazo, la «razón de ser (de Udalbiltza) es dar un caramelito a HB y al MLNV para que crean que se está avanzando hacia un nuevo modelo», cfr. ibídem, pág. 234.

43 Vid. Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (2004), en especial las págs. 25 a 27.

44 Cfr. la resolución del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, de 2 de Mayo de 2003, cit. en El Correo de 3 de Mayo de 2003.

45 Cfr. Díaz Herrera y Durán (2002), pág. 21.

46 Ibídem, págs. 30 a 42.

Chalvidant (2004), pág. 113 evalúa en 0,17 millones de € la contratación de publicidad por el Gobierno Vasco en Gara para 2000 y 2001.

48 Material empírico sobre este punto se contiene en el “Informe Gara II” realizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo [www.avt.org/informe_gara_2.htm].

49 Los materiales básicos para seguir el caso de Egunkaria pueden encontrarse en Foro Ermua (2003).

50 Cfr. Chalvidant (2004), pág. 154.

51 Vid. para una síntesis de la trayectoria de Gestoras Pro–Amnistía, Benegas (2004), págs. 226 y 227.

52 Vid. el Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, de 25 de Enero de 2005, cit., “Hechos”, apartado decimoquinto. La cifra la he estimado, a precios de 2002, a partir de las que se mencionan en la referida fuente.

53 Cfr. ABC: “Pagar por ETA”, ABC de 5 de Septiembre de 2003. Este programa fue posteriormente anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por considerar que la Administración Autonómica carece de competencias en materia penitenciaria. Vid. sobre esta resolución judicial El Correo de 6 de abril de 2005. Digamos que, en 2004, se volvieron a convocar las mismas ayudas.

54 Vid. para el caso de Mondragón, El Mundo de 23 de Septiembre de 2003; para el de Andoain, ABC de 10 de Octubre de 2004; para el de Elorrio, El Correo de 4 de Enero de 2005; y para el de Ibarra, El Correo de 8 de Febrero de 2005.

55 Esta es la cifra mencionada por la representación jurídica de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en los procedimientos judiciales abiertos contra Batasuna y las demás organizaciones vinculadas a ETA. Vid. ABC de 4 de Marzo de 2005.

56 Un amplio elenco de operaciones de este tipo se menciona en el citado Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, de 25 de Enero de 2005.

57 Según el abogado de la AVT, las empresas relacionadas con ETA facturaban más de 180 millones de € al año (ABC de 4 de Marzo de 2005). Esta cifra parece excesiva y resulta, por ello, poco verosímil. De ahí que no se haya tenido en cuenta en este trabajo.

58 Vid. el Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, de 25 de Enero de 2005, “Hechos”, apartados decimoprimero a decimotercero.

59 Vid. ABC de 23 de Mayo de 2005.

60 Vid. el Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, de 25 de Enero de 2005, “Hechos”, apartado noveno.

61 Se ha tomado como referente a la economía del País Vasco por ser esta la región en la que se ha centrado la economía depredadora de ETA–Batasuna. Ello no implica desconocer que algunos de los recursos que se mencionan en el cuadro 2 se han extraído de otras regiones españolas o del extranjero. Ello será tenido en cuenta más adelante en el epígrafe de conclusiones.

62 Es el que se ha designado como el «gulag vasco» o la «fortaleza udalbiltza», un territorio formado por el 80 por 100 de los municipios vascos menores de 10.000 habitantes, cuya población se cifra en unas 350.000 personas, y donde «el monopolio nacionalista es absoluto». Se trata de «un espacio donde la homogeneidad etnicista es un hecho y donde no hay sitio para el pluralismo político». Cfr. Llera (2001). Vid. también: “Documentos: El Gulag Vasco”, El Mundo, 26 de Abril de 2001. 20

63 Vid. Saxton (2002), Frey et al. (2004) así como Buesa, Valiño, Heijs, Baumert y González Gómez (2005).

64 Este procedimiento ha sido utilizado, con respecto a los ataques del terrorismo islamista el 11 de marzo de 2004, en Buesa, Valiño, Heijs, Baumert y González Gómez (2005). Debe aclararse que las fuentes disponibles no desagregan las indemnizaciones ocasionadas por el terrorismo de ETA de las provocadas por otras organizaciones. Ello hace que, en lo que sigue haya un cierto sesgo al alza, aunque no demasiado alto si se considera que, en el período de estudio, el 96,5 por 100 de las víctimas mortales de atentados y todos los heridos fueron ocasionados por ETA.

El Consorcio de Compensación de Seguros, de acuerdo con su régimen jurídico, está obligado a hacerse cargo de las indemnizaciones ocasionadas por acontecimientos extraordinarios —como determinados fenómenos naturales, violencia asociada al terrorismo, sedición, motines y tumultos populares, y actuaciones de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz— siempre que las personas o bienes dañados estén cubiertos por pólizas de seguro que satisfagan un recargo obligatorio para ello —como las de accidentes, vehículos terrestres, vehículos ferroviarios, incendio y elementos de la naturaleza—. Vid. para un detalle mayor la introducción de la Estadística de siniestralidad que elabora este organismo [www.consorseguros.es].

El resarcimiento de los daños sufridos por las víctimas del terrorismo, teniendo en cuenta el fallecimiento y las lesiones corporales, se reguló por primera vez en el Real decreto Ley 3/1979, haciendo depender su importe de los haberes reguladores personales de cada víctima a los efectos de las prestaciones de la Seguridad Social o de las Mutualidades de Funcionarios. La Ley Orgánica 9/1984 modificó este planteamiento para fijar las cuantías en forma de múltiplos del Salario Mínimo, teniendo en cuenta la gravedad del daño sufrido por la víctima y su situación familiar, exceptuándose de este tratamiento la situación de incapacidad laboral transitoria. Esta última vio modificado su tratamiento en la Ley 4/1990, que fijó la correspondiente indemnización de dos veces el Salario Mínimo diario por el período de su duración. Dos años más tarde, el Real decreto 673/1992 amplió el número de mensualidades del Salario Mínimo concedidas para cada situación (fallecimiento o lesiones invalidantes); y esto mismo volvió a ocurrir con la Ley 13/1996, después de la cual el sistema indemnizatorio ha quedado definitivamente fijado. El detalle del marco legislativo puede verse en el repertorio recopilado por el Ministerio del Interior [www.mir.es], así como en Pulgar (2004), capítulo 5.

67 Concretamente, el resarcimiento de daños corporales está establecido de acuerdo con la aplicación del siguiente baremo: 1) Incapacidad temporal: dos veces el Salario Mínimo (SM) diario hasta un máximo de 18 mensualidades; 2) Lesiones definitivas no invalidantes: se fija de acuerdo con el baremo de la Seguridad Social; 3) Incapacidad permanente parcial: 50 mensualidades del SM; 4) Incapacidad permanente total: 70 mensualidades del SM; 5) Incapacidad permanente absoluta: 100 mensualidades del SM; 6) Gran invalidez: 140 mensualidades del SM; 7) Muerte: 130 mensualidades del SM. Todas estas indemnizaciones pueden incrementarse en un 30 por 100 en los casos de especial dificultad o necesidad. Asimismo, con excepción de los casos de incapacidad temporal o de lesiones no invalidantes, se añade a la indemnización una cantidad equivalente a 20 mensualidades del SM por cada uno de los hijos dependientes económicamente de la víctima.

68 La ya mencionada Ley 13/1996 creó las primeras ayudas al estudio para los hijos de víctimas, y las destinadas a suplir los gastos en asistencia psicológica. Un año más tarde, la Ley 66/1997 estableció una indemnización por el alojamiento provisional de las víctimas de atentados en el caso de daños en las viviendas, así como otras ayudas extraordinarias.

69 Vid. la Ley 32/1999. Una descripción sucinta se recoge en Pulgar (2004), págs. 157 y 158.

70 Las cuantías establecidas son las siguientes: 1) Víctimas de secuestros: 180,30 € por día hasta un máximo de 36.060,73 €; 2) Lesiones definitivas no invalidantes: se fija de acuerdo con el baremo de la Ley de Responsabilidad Civil y del Seguro de Circulación de Vehículos a Motor; 3) Incapacidad permanente parcial: 36.060,73 €; 4) Incapacidad permanente total: 48.080,97 €; 5) Incapacidad permanente absoluta: 96.161,94 €; 6) Gran invalidez: 390.657,87 €; 7) Muerte: 138.232,78 €.

71 En la práctica, el Estado no ha ejercido tal subrogación, pues no se han arbitrado las acciones para lograr que los condenados por terrorismo hagan efectivo el pago de las indemnizaciones. Hasta 1998, con anterioridad a la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, sólo 11 miembros de ETA habían afrontado el pago parcial de esas indemnizaciones; y después de promulgada esa Ley, sólo se han registrado dos casos de terroristas que han hecho efectivas las indemnizaciones a las que se les condenó. Vid. El Mundo, 23 de Octubre de 2005.

72 A esas limitaciones se añade la carencia de datos sobre las indemnizaciones concedidas por algunas Comunidades Autónomas, como el País Vasco —que las estableció a partir de 1987 para la asistencia sanitaria y psicológica, estudios y otros conceptos menores—, Navarra —que las concede para estudios y asistencia sanitaria desde 1988— y Madrid —que, desde 1996, a la asistencia sanitaria y psicológica, y los estudios, agrega una subvención por muerte de 20.496 €—.

73 La regulación establecida por la Ley 33/1987 concreta las pensiones en una cantidad que duplica las siguientes cuantías referidas a una base reguladora que se fija en 12/14 de la última base de cotización para los trabajadores en alta, o la base mínima del Régimen General de la Seguridad Social para los trabajadores que no estén en alta, o la base de la pensión actualizada con el índice de precios al consumo para los pensionistas: 1) Incapacidad permanente total: 55 por 100; 2) Incapacidad permanente total cualificada: 75 por 100; 3) Incapacidad permanente absoluta: 100 por 100; 4) Gran invalidez: 150 por 100; 5) Viudedad: 46 ó 70 por 100; 6) Orfandad: 20 por 100; 7) Pensión a favor de familiares directos: 20 por 100. La norma señala también que las pensiones precedentes superarán, al menos, una cifra que triplique el Salario Mínimo.

74 En este caso, tanto para los funcionarios como para sus familiares, la pensión se establece en el doble del haber regulador que corresponda al Cuerpo de pertenencia del funcionario, sin que a las pensiones así calculadas se les pueda aplicar el límite máximo que fijan las normas generales.

75 La cuantía de estas pensiones se establece en el triple del Salario Mínimo.

76 Los informes sobre pensiones no desagregan la información sobre este asunto. Por ello, se ha recurrido a la información proporcionada por un informe pericial elaborado para el Sumario 32/02+M de la Audiencia Nacional. Un resumen de ese informe se recoge en el ya citado Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, de 25 de Enero de 2005. Asimismo, su contenido esencial se ha publicado en El País de 28 de Diciembre de 2004.

77 Vasco Press, única agencia que se ha ocupado de la cuantificación de los daños ocasionados por ETA, señala que las cifras del Consorcio de Compensación de Seguros infravaloran los daños cubiertos por esta entidad al aplicar una franquicia del 10 por 100 en todos los casos. Además, considera que existe una infravaloración del orden del 7 por 100 en la tasación de los daños. Vid. Vasco Press (2002), págs. 41 a 46.

78 Un ejemplo significativo de esto es el caso de «Talleres Marel», concesionario de automóviles de Guecho (Vizacaya), que ha sufrido numerosos ataques terroristas desde 1987 y que ha acumulado pérdidas por 3,6 millones de €. Vid. para un relato de este caso, El Mundo de 5 de Octubre de 2003.

79 Vid. la Ley 31/1991.

80 Vid. la Ley 13/1996.

81 Concretamente en la Ley 66/1997 que extiende las ayudas a daños en elementos no esenciales de las viviendas y los vehículos de uso privado, y en la Ley 24/2001 que amplía hasta el 100 por 100 la cobertura de daños materiales en establecimientos mercantiles —con un límite de 90.151 €—, locales de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales —sin límite alguno— y hasta el 50 por 100 de los daños en viviendas no habituales —con el límite de 90.151 €—.

82 Los datos del Consorcio de Compensación de Seguros, una vez deflactados, han sido corregidos al alza en un 10 por 100 para reflejar el valor de la franquicia establecida por esa institución, siguiendo así la pauta establecida por Vasco Press (2002).

83 No se han tenido en cuenta, como caso singular, los daños en la autovía de Leizarán, valorados en 126,75 millones de € a precios de 2002, por haberse producido con anterioridad al período aquí estudiado. Vid. para este caso, Domínguez (1998), pág. 265.

84 Vid. sobre estos atentados y los daños ocasionados por ellos, Rodríguez Sáez (1984), así como Domínguez (1998), págs. 264 y ss.

85 Vid. el resumen publicado por El País de 28 de Diciembre de 2004.

86 Vid. Abadie y Gardeazábal (2003) y Myro, Colino y Pérez (2004).

87 Desde el punto de vista metodológico, los dos estudios utilizan un procedimiento contrafactual para establecer la dimensión de esta brecha, de manera que comparan el crecimiento efectivo del PIB en el País Vasco con el que hubiera tenido lugar si esta región hubiese seguido la misma senda que el agregado de Cataluña y la Comunidad de Madrid. La elección de este agregado responde al hecho de que, desde la década de los cincuenta hasta mediados de los años setenta, las tasas de crecimiento del País Vasco son casi coincidentes con las del conjunto formado por Cataluña y Madrid.

88 Vid. Abadie y Gardeazábal (2003), págs. 118 y 119.

89 He calculado esta cifra teniendo en cuenta que, según los datos del Censo de la población de 2001, un 14,3 por 100 de los nacidos en el País Vasco —253.362 personas— residían fuera de la región. Ese porcentaje y esa cifra fueron mayores que las de diez años antes —12,3 por 100 y 212.000 personas, respectivamente—; y, a su vez, resultaban, en términos relativos, notoriamente superiores a las de otras regiones de alto nivel de renta por habitante, como Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana o Madrid —en este último caso, descontado su hinterland en Castilla–La Mancha y Castilla y León—. La comparación con estas regiones señala que los vascos residentes fuera de su región son, en términos proporcionales, aproximadamente el doble de lo previsible. Por ello, puede pensarse que alrededor de la mitad de ellos se han visto impelidos a emigrar por razones extraordinarias.

90 Con referencia al Censo de 1991, Calleja (1999), pág. 93, señala que el 30 por 100 de los vascos residentes fuera de su región eran titulados superiores, y otro 47 por 100 tenían estudios medios. Además, un 40 por 100 se encuadraban en la categoría de directivos de empresa, técnicos y profesionales científicos.

91 Vid. Calleja (1999) y Foro Ermua (2005). 92 Cfr. Calleja (1999), pág. 63. 93 Vid. Buesa, Heijs, Baumert y Martínez Pellitero (2004), pág. 110. 94 Ibídem, págs. 113 a 118. 95 Vid. Enders y Sandler (1996). 96 Vid. Barrios y Strobl (2003).

98 Cfr. Myro, Colino y Pérez (2004), pág. 60.

101 Citemos nuevamente a Münkler (2005), capítulo 4, donde se sistematizan los conocimientos disponibles a este respecto.

102 En este caso, los daños atribuidos al resto de España tienen un significación más bien pequeña, pues apenas superan el 0,02 por 100 del PIB.

103 En Buesa (2004a) se destaca la significativa reducción que ha experimentado la participación del País Vasco en el PIB, la población y el empleo del conjunto de España. Ello ha ocasionado que su ventaja relativa con respecto al promedio nacional se haya ido acortando, especialmente cuando las cifras se corrigen del efecto que sobre el PIB per capita ha tenido el descenso en el número de habitantes de la región. De este modo, si al comenzar los años ochenta esa magnitud excedía en un 26 por 100 a la media española, en 2002, con esa corrección, apenas la superaba en un 12 por 100.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abadie, A. y Gardeazábal, J. (2003): “The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country”, The American Economic Review, vol. 93, nº 1, Marzo.

Accesible (2001): “Discapacitados por el terrorismo”, Accesible, nº 15, Julio.

Barrios, S. y Strobl, E. (2003): Terrorism and the location of foreign direct investment, Documento de Trabajo, Université Catholique de Louvain, Louvain–la–Neuve.

Benegas, J.M. (2004): Diccionario Espasa de Terrorismo, Espasa Calpe, Madrid.

Bettelheim, B. y Janowitz, M. (1974): Cambio social y prejuicio, Fondo de Cultura Económica, Madrid.

Buesa, M. (2004): Economía de la secesión. El proyecto nacionalista y el País Vasco, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.

Buesa, M. (2004a): “Camino de secesión: las consecuencias del Plan Ibarretxe para la economía vasca”; incluido en González (Ed.) (2004).

Buesa, M. (2005): Guerra y terrorismo: El modelo de economía depredadora de guerra, Instituto de Análisis Industrial y Financiero, Universidad Complutense, Documento de Trabajo, nº 50, Mayo, Madrid. [Recuperable en www.ucm.es/bucm/cee/iaif]

Buesa, M., A., Heijs, J., Baumert, T. y Martínez Pelletero, M. (2004): “Las empresas del País Vasco ante la secesión”; incluido en Buesa (ed.) (2004).

Buesa, M., Valiño, A., Heijs, J., Baumert, T. y González Gómez, J. (2005): Evaluación del coste directo de los atentados terroristas del 1 –M para la economía de la Comunidad de Madrid, Instituto de Análisis Industrial y Financiero, Universidad Complutense, Documento de Trabajo, nº 51, Mayo, Madrid. [Recuperable en www.ucm.es/bucm/ cee/iaif]

Calleja, J.M. (1999): La diáspora vasca, Ediciones El País, Madrid.

Chalvidant, J. (2004): ETA. La investigación, Ediciones Jaguar, Madrid.

Díaz Herrera, J. y Durán, I. (2002): ETA. El saqueo de Euskadi, Editorial Planeta, Barcelona.

Domínguez, F. (1998): ETA: Estrategia organizativa y actuaciones, 1978 –1992, Servicio

Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao. Domínguez, F. (2000): “El enfrentamiento de ETA con la democracia”; incluido en Elorza (Coordinador) (2000).

Elorza, A. (Coordinador) (2000): La historia de ETA, Ediciones Temas de Hoy, Madrid.

Enders, W. y Sandler, T. (1996): “Terrorism and Foreign Direct Investment in Spain and

Greece”, Kyklos, vol. 49, nº 3. Fernández–Otheo, C.M. (2004): “Evolución, características y determinantes de la inversión directa extranjera del País Vasco”; incluido en Buesa (ed.) (2004).

Foro Ermua (2003): “El por qué del cierre de Egunkaria”, Cuadernos de Ermua, nº 4, Abril.

Foro Ermua (2005): “Diáspora Democrática vasca”, Cuadernos de Ermua, nº 17, Mayo.

Frey, B., Luechinger, S. y Stutzer, A. (2004): Calculating tragedy: assessing the cost of terrorism, CESifo, Working Paper nº 1341, Noviembre, Munich.

Friedländer, S. (2004): ¿Por qué el holocausto? Historia de una psicosis colectiva, Gedisa Editorial, Barcelona.

González, C. (Ed.) (2004): Gritos de libertad, La Esfera de los Libros, Madrid. Kaldor, M. (2001): Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global, Tusquets Editores, Barcelona.

Llera, F. (2001): “Fortaleza udalbiltza”, El Mundo, 26 de Abril de 2001.

Morán, S. (2004): PNV–ETA. Historia de una relación imposible, Editorial Tecnos, Madrid.

Münkler, H. (2005): Viejas y nuevas guerras. Asimetría y privatización de la violencia, Siglo XXI de España Editores, Madrid.

Myro, R., Colino, A. y Pérez, P. (2004): “Crecimiento económico y conflicto social en el País Vasco”; incluido en Buesa (ed.) (2004).

Napoleoni, L. (2004): Yihad. Cómo se financia el terrorismo en la nueva economía, Ediciones Urano, Barcelona.

Pulgar, B. (2004): Víctimas del terrorismo, 1968–2004, Editorial Dikinson, Madrid.

Rapoport, D.C. (2004): “Las cuatro oleadas del terror insurgente y el 11 de septiembre”; incluido en Reinares y Elorza (Eds.) (2004).

Reinares, F. (1998): Terrorismo y antiterrorismo, Ediciones Paidós, Barcelona.

Reinares, F. y Elorza, A. (2004): El nuevo terrorismo islamista. Del 11–S al 11–M, Ediciones

Temas de Hoy, Madrid. Sandler, T. y Enders, W. (2005): Economic consequences of terrorism in developed and developing countries: an overview, World Bank, Working Paper, Washington.

Saxton, J. (2002): “The economic cost of terrorism”, Joint Economic Committee, Washington.

Tribunal de Cuentas (1999): Fiscalización de la contabilidad de los Partidos Políticos, Ejercicio 1997, Madrid.

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (2004): Subvenciones a Udalbiltza, 2000–2003, Vitoria.

Vasco Press (2002): “ETA ante la ilegalización de batasuna”, Crónica de Documentación y

Actualidad, nº 1072, Septiembre, Bilbao.

Vasco Press (2003): Balance de la violencia durante 2002, Bilbao.

Villamarín, L.A. (2005): Narcoterrorismo. La guerra del nuevo siglo, Ediciones Nowtilus, Madrid.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Buesa Blanco, M. (2007) Consecuencias económicas del terrorismo nacionalista en el País Vasco, en TEPYS, Textos de Economía, Paz y Seguridad, Vol 1, Nº 2, http://www.eumed.net/rev/tepys/02/mb.htm