TECSISTECATL
Vol. 1 Número 1, enero 2007
 

POLÍTICAS MACROECONÓMICAS DEL CAMPO MEXICANO
(Una reseña)

Cto. Dr. María Cristina Soto Ibáñez[1]
msoto@aix.ver.ucc.mx

Revisión:
Dr. Arturo García Santillán[2]
Noviembre del 2006

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Resumen: En este documento se muestra de una manera ordenada y sintética, como se han venido presentando las políticas macroeconómicas, que de acuerdo a los momentos histórico – políticos, ha venido viviendo México durante el periodo comprendido desde el régimen del Porfiriato hasta nuestros días, y como éstas, han tenido una repercusión en el campo mexicano. En este orden de ideas, se pretende describir, cuales han sido los cambios sustanciales, que han marcado los rumbos y traído como consecuencia algunas duplicidades, demoras, e incluso la falta de continuidad en los esfuerzos que el Estado, ha venido realizando a lo largo de la historia reciente de México, con la finalidad de hacer llegar mayores recursos al sector.

Summary: This paper shows, for different moments of the political history of Mexico, the main characteristics of the macroeconomic policies and their repercussions on the agricultural sector; since the Porfiriato until our days. The analysis focus on the substantial changes that defined the path in the primary sector, particularly, those that generated problems like duplicities, delays, and even that limited the continuity of the State’s efforts to procure resources to this sector.

Políticas Macroeconómicas del Campo Mexicano

Con la finalidad de comprender la situación actual que vive el campo en México en lo que al financiamiento se refiere, es necesario conocer su devenir histórico, y analizar las condiciones y así poder identificar que ha originado su situación actual, ya que:

“La agricultura es una actividad primordial para el desarrollo de cualquier economía; de la producción agrícola de un país depende la autosuficiencia alimentaria del mismo, puesto que la primera necesidad que debe ser satisfecha es la de alimentación de la población” Lacayo (1999).

Para lograr lo anterior, habrá que remontarse al régimen del Porfiriato[3] el cual fue ajeno al problema nacional agrario así como al del crédito, tanto para la gran masa de campesinos, como para los pequeños propietarios.

Umbral de las políticas de apoyo

En sus últimos años de gobierno, Porfirio Díaz consideró como una necesidad crear algo que aliviara en parte la situación económica de estos sectores olvidados, por lo que creó la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, S.A., mediante concesión que, por decreto del 4 de septiembre de 1908, autorizaba que otorgara la Secretaría de Hacienda; la que la concedió a los bancos Nacional de México, de Londres y México y Central Mexicano de Comercio e Industrial, todos ellos sociedades anónimas, aunque esto obedeció más a una maniobra financiera para mejorar la situación de los bancos, que a un propósito de aliviar la economía de pequeños propietarios y, menos aún, de crear el crédito agrícola, Martínez (1997).

Siendo Venustiano Carranza presidente de la república se publicó la Ley Agraria del Gobierno en la Convención de Aguascalientes, el 25 de octubre de 1915 en Cuernavaca, estado de Morelos, en la que se autorizó al Ministerio de Agricultura y Colonización establecer el Banco Agrícola Mexicano.

El régimen de Plutarco Elías Calles, se caracterizó por la consolidación y profundización de los ideales de la revolución mexicana, entre los que se contaba la reforma agraria, por lo que en 1924 se promulgó la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios, que en su artículo 5 enunciaba los siete tipos de instituciones que prestarían sus servicios al público, y entre ellas figuraba el de los bancos agrícolas y un año después, el 25 de agosto, se promulga la Ley del Banco de México, S.A. e inicia labores la Comisión Nacional Bancaria, quien a partir de su creación ha regulado las actividades bancarias del país.

El 10 de febrero de 1926 la Ley de Crédito Agrícola crea el Banco Nacional de Crédito Agrícola S.A. y la organización y funcionamiento de Sociedades Locales y Regionales de Crédito Agrícolas, con un fin económico y social. Dicho banco se estableció el 15 de marzo del mismo año con un capital social de $50’000,000.00 de pesos. Era un banco de depósito y otorgaba préstamos de avio, refaccionarios e inmobiliarios para fines agrícolas, dando así nacimiento al sistema de crédito agrario, Martínez (1997).

El 16 de marzo de 1926 se publica la Ley de Bancos Agrícolas Ejidales, y el 10 de abril se expide su reglamento, y se autoriza a la Secretaría de Agricultura y Fomento fundar estos bancos con los estados de la República, destinados a los ejidatarios organizados, con la misma finalidad que el Banco Nacional, estableciéndose en Durango, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Puebla y Jalisco, con un capital inicial de $200,000.00 pesos cada uno, y de plena participación estatal, Martinez (1997).

 

La depresión económica (1929-1932).

En Estados Unidos de América, provocó baja en las exportaciones de productos básicos, perjudicando con esto a nuestro país, situación que prevaleció hasta 1938, Villegas (2002). En este impase, México, vivía un maximato[4] ejercido por Calles, en el que existieron tres presidentes de la República, ellos fueron: Emilio Portes Gil presidente provisional del 1o. de diciembre de 1928 al 4 de febrero de 1930. Pascual Ortiz Rubio, quien estuvo en el cargo durante dos años (1930-1932) y Abelardo L. Rodríguez quien ocupo interinamente la presidencia durante el final del periodo del Ing. Pascual Ortiz Rubio (1932-1934).

La influencia de Calles terminó cuando el siguiente presidente de la República, lo expulsó del país. El régimen de Lázaro Cárdenas, se caracterizó por poner en marcha programas agrícolas vigorosos y grandes obras públicas que trajeron como consecuencia crecimiento económico a largo plazo, es en este período en el que se crearon Nacional Financiera (1934), el Banco Nacional de Crédito Ejidal (1935) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (1937) Villegas (2002).

Keynes

En 1936 John Maynard Keynes,[5] publica su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero, en ella sostiene que los componentes de los ingresos nacionales son el consumo, la inversión y los gastos del gobierno; que el nivel de consumo depende del nivel de ingresos, la inversión depende de las esperanzas de los inversionistas y los gastos del gobierno se relacionan con los niveles de consumo e inversión y tienen un efecto multiplicador de los ingresos y finalmente, la producción nacional se determina por la tecnología y los recursos productivos existentes en la economía y los salarios juegan un papel muy importante para la obtención de satisfactores de los trabajadores. Samuelson y William (1993).

Modelo de Sustitución de Importaciones

Es a partir del año de 1940 -- señalado como el punto de partida del período que se conoce como "modelo de sustitución de importaciones" -- cuando la economía mexicana, se ve influida por estas teorías, y aunado a los efectos de la segunda guerra mundial, la demanda de los bienes mexicanos se elevó y trajo consigo una elevada tasa de empleo. Algunas empresas incrementaron los turnos de trabajo para satisfacer las demandas internas que no podían ser satisfechas, porque los países europeos padecían los horrores de la segunda guerra mundial. El presidente Ávila Camacho (1940-1946) prometió indemnizar a los exdueños de la industria petrolera mexicana y estimuló la inversión extranjera en los ramos de la manufactura y el comercio.

 

Milagro Mexicano

También el presidente Miguel Alemán (1946-1952) impulsó este modelo, controló fuertemente la importación de bienes de consumo, pero fue flexible con los bienes de capital; privilegió las importaciones de maquinaria agrícola y obras de irrigación financiadas por el Estado adquiridos con las ganancias logradas durante los años de guerra, se realizó investigación agrícola sobre tópicos relativos al mejor uso del suelo mejoramiento de técnicas de cultivo, lucha contra enfermedades de los cultivos y búsqueda de semillas de mejor rendimiento y calidad, Hewitt (citada en Lacayo 1999). Los empresarios mexicanos de ese tiempo, fueron también causa del fortalecimiento de este modelo. Negociaron las paces con el Gobierno, aceptaron la necesidad de una reforma económica y social, y pensaron en una expansión de los mercados nacionales y extranjeros. Los beneficios se extendieron a toda la población, se le conoce como la época del "milagro mexicano" Reynolds (1973)

 

Desarrollo Estabilizador

En la década de los sesenta más del 50 por ciento de la inversión pública se destino a obras de infraestructura; siendo la tasa media de crecimiento de la producción agrícola durante el periodo de 1942 a 1964 de 4.5%, en contraposición a la tasa de crecimiento de la población que fue sólo de 3.1% Reyes (citado en Lacayo 1999). Por lo que a este período - de 1954 a principios de los setenta – se le conoce como del “desarrollo estabilizador” (desarrollista), porque la economía de nuestro país presentó altas tasas de crecimiento potencial, muy elevadas y prácticamente constantes. Durante esta etapa, el PIB potencial creció a un ritmo promedio de 6.2 por ciento anual. SHCP (2002).

 

Crisis de la agricultura mexicana

La transferencia de recursos del campo a la industria, trajo como consecuencia la crisis de la agricultura mexicana, provocada en parte por la política económica general que buscaba la estabilidad de precios para reducir las demandas salariales de los trabajadores del sector industrial. En la medida en que se disminuyeron los apoyos otorgados al sector agropecuario y a la disminución de los precios mundiales de los productos agrícolas, la agricultura mexicana comenzó a mostrar síntomas de agotamiento, haciendo evidente la crisis en la que se encontraba inmersa Lacayo (1999).

 

Déficit Público

Para 1970 el déficit público ya se ubicaba alrededor de 3.0 por ciento del PIB, magnitud que hasta entonces no tenía precedente, al tiempo que el Estado no lograba financiar con ahorro público su gasto de inversión. SHCP (2002-2006). En los primeros años de esta década, la conducción de las políticas fiscal y monetaria dejó de ser congruente con la generación de un entorno de estabilidad y certidumbre. Entre 1973 y 1987 se observó un debilitamiento de la capacidad potencial de crecimiento de la economía y un aumento en la volatilidad de los ciclos. No obstante lo anterior, la expansión del gasto público no se moderó, situación que permitió por un tiempo mantener tasas de crecimiento anual de la economía en niveles artificialmente elevados. Hacia finales de la década de los 80, se descubrieron importantes yacimientos petrolíferos lo que vino a fortalecer la tendencia de los dirigentes entonces en el poder a endeudar al país vía préstamos extranjeros, con los que se aumentó la inversión pública, tratando con esto de acelerar el crecimiento y el proteccionismo, todas ellas directrices diversas a las recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) Lacayo (1996).

 

Cierre de la economía

La economía mexicana estuvo prácticamente cerrada al intercambio comercial, lo que distorsionó el desempeño del aparato productivo nacional e impuso serios límites a nuestra capacidad de desarrollo futuro y competitividad en el ámbito internacional. La expansión de la demanda de esos años fue muy superior al crecimiento del producto potencial, por lo que el Estado sustentó los gastos incurriendo cada vez más en financiamiento externo.

 

Surgimiento del Banrural

Como resultado de la fusión de los Bancos Agrícola, Ejidal y Agropecuario, surge BANRURAL en 1975 con vocación de financiamiento a la producción primaria agropecuaria y forestal, con el fin de simplificar la política crediticia hacia el campo así como a sus actividades complementarias, para lo cual se constituye por un banco nacional y doce bancos regionales, bajo la figura de sociedades nacionales de crédito. Senado (2003).

 

Déficit en la cuenta corriente

Entre 1978 y 1981 el déficit en la cuenta corriente se amplió de 2.4 a 6.1 por ciento del PIB. Como consecuencia directa el saldo en dólares de la deuda pública externa bruta se duplicó en ese mismo período, lo que aunado a un déficit público de 13.3 por ciento del PIB en 1981, colocaron al país en una posición de extrema vulnerabilidad ante cambios del entorno internacional, comprometiendo seriamente el desarrollo de la Nación SHCP (2002). La restricción del crédito y las tasas de interés elevadas que prevalecieron, provocaron durante la década de los 80, una disminución del crédito agrícola con graves consecuencias sobre la producción de este sector.

 

Hiperinflación

Algunos autores entre ellos Lacayo (1996) mencionan que la tasa de inflación alcanzó su nivel más elevado en 1987 (159.2%). Para sostener el crecimiento acelerado de la economía el gobierno incrementó excesivamente tanto su tamaño como sus funciones pretendiendo ser el único motor del crecimiento. Esta situación acentuó la falta de competencia en muchos sectores de la economía y generó distorsiones lo que a su vez derivó en una asignación ineficiente de recursos y mermó la capacidad de producción potencial del país. La acumulación de desequilibrios y la fragilidad de las finanzas públicas se conjugaron con un ambiente económico externo desfavorable, limitando la capacidad de ajuste de la economía y profundizando los rezagos sociales existentes. Por una parte, en las economías industrializadas cayeron los niveles de ahorro, lo que provocó un fuerte incremento en las tasas de interés y por ende en el servicio de la deuda externa contratada en años anteriores, agudizando la debilidad financiera del gobierno mexicano. La capacidad que tenia el gobierno para cumplir sus obligaciones se vio mermada por la caída en los precios internacionales del petróleo, el deterioro del déficit publico alcanzó límites sin precedentes y condujo al país a una crisis que tuvo consecuencias muy negativas sobre la actividad económica y el nivel de vida de la población. La crisis puso en evidencia los errores de las políticas implementadas en años anteriores y la necesidad de emprender reformas estructurales para lograr una recuperación económica duradera. SHCP (2002).

 

Modelo Neoliberal

El modelo Neoliberal se detecta desde 1982 hasta el Presidente Zedillo, este modelo pretendió la reducción del tamaño del Estado dentro de la economía y la adopción de un modelo de desarrollo basado en la apertura comercial, ambos elementos concebidos como indispensables para promover la competencia y eficiencia del aparato productivo nacional fueron parte de las reformas estructurales de mediano plazo que comenzó a implementar el estado mexicano que a partir de 1986 ingresó al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), hoy denominado Organización Mundial de Comercio (OMC), iniciando así nuestro país un proceso de apertura comercial orientado a lograr su integración al nuevo orden mundial. SHCP (2002).

 

Incentivo al sector rural

La Ley Orgánica del Sistema Banrural entró en vigor el 14 de enero de 1986 con la finalidad de impulsar el desarrollo social y económico del sector rural. El sistema Banrural estuvo integrado por un banco central, el Nacional de Crédito Rural y doce regionales filiales del primero, coordinados por este, retomando las propuestas de las dos primeras leyes de crédito rural, que permearon toda la legislación hasta la fecha, para acercar el crédito al productor. Estos bancos surgieron como sociedades nacionales de crédito y banca de desarrollo; difiriendo así con otros intermediarios del crédito comercial o banca múltiple, tienen naturaleza jurídica y estructura diferentes, lo que obedece al interés del Estado de promover financieramente al sector agropecuario y lograr su desarrollo. Se clasificó como banca de “primer piso”, por lo cual sus propias operaciones se verifican directamente con los acreditados finales del crédito del sector agropecuario que por ley tienen asignado, toda vez que “el segundo piso” estuvo reservada a la banca de desarrollo integrada en los fideicomisos o fondos públicos, que el gobierno federal instituyó para canalizar e inducir a que la banca comercial o privada opere créditos con los productores agropecuarios. Martínez (1997).

En 1992 se promulgo la Ley Agraria, con lo que se estableció un régimen general de la propiedad plena ejidal y comunal, que se organizó en sociedades de todo tipo en coexistencia con la pequeña propiedad y la de sociedades civiles y mercantiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, entre otras reformas substanciales. Martínez (1997).

En el período 1988 – 1994 el sistema financiero mexicano realizó cambios orientados a enaltecer el papel de la banca de desarrollo y los fondos de fomento en el desarrollo económico del país por lo que inició un proceso de modernización que permitió una mayor participación de los intermediarios bancarios y bursátiles en el financiamiento del desarrollo. La intermediación financiera por parte del sistema de fomento se incrementó sensiblemente a partir de 1992, contribuyendo a financiar la expansión del gasto agregado en la economía que redundó a la postre en importantes desequilibrios en la cuenta corriente de la balanza de pagos del país, obteniéndose pérdidas y costos significativos. La eliminación de restricciones en la asignación de créditos se tradujo en menores costos de intermediación y en la determinación de las tasas de interés por parte del mercado. Se privatizaron los bancos comerciales y se realizaron cambios que permitieron la liberación de recursos para el financiamiento de la actividad productiva y promovieron la creación de nuevos instrumentos y operaciones financieras. La profundización financiera motivó una importante ampliación en la disponibilidad de crédito al sector privado que se dió bajo un incipiente sistema de supervisión financiera lo que se reflejó en niveles de consumo superiores a los que se hubieran presentado ante la ausencia de estos recursos o de haber existido un mejor sistema de supervisión y de control del sistema financiero. SHCP (2002)

A finales de 1991 se legalizaron en México las sociedades de ahorro y préstamo, (Saps) conocidas como cajas de ahorro, que son la forma de asociación en la que pequeños comerciantes, profesionistas y cualquier persona tiene acceso al ahorro y al crédito, ya que tienen por objeto captar recursos exclusivamente de sus socios y colocar los préstamos entre ellos o en inversiones en beneficio de la mayoría que a su vez se canalizan a la economía mexicana. Aún cuando en nuestro país han existido desde la época de la colonia (finales del siglo XIX), pero es hasta fines del siglo XX que tuvieron forma jurídica. Por su tamaño, son más flexibles y rentables que un banco, con lo cual pueden pagar más al ahorrador y cobrar menos al deudor. Las cajas populares, funcionaban en México como cooperativas o asociaciones civiles, con lo que quedaban fuera de la cobertura de la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, (CNBV) Villegas (2002).

 

Desequilibrio económico

La inadecuada intermediación del sistema financiero, y la creciente disponibilidad de flujos crecientes de ahorro externo se reflejaron en una expansión de la demanda persistentemente superior a la capacidad de producción potencial de la economía. Lo que aunado a la reducción en el ahorro público[6] y el deterioro del sistema financiero colocaron nuevamente al país en una posición vulnerable. A lo largo de 1994 se presentó aumento en las tasas de interés en los mercados financieros internacionales así como perturbaciones de índole política lo que trajo como consecuencia el que el gobierno enfrentara problemas para cumplir los compromisos adquiridos con el exterior lo que hizo que la disponibilidad de recursos disminuyera en forma abrupta.

 

A partir de 1995 diversas instituciones de banca de desarrollo se vieron obligadas a suscribir convenios de saneamiento financiero con el Gobierno Federal. Incluso algunas instituciones de fomento fueron liquidadas; propiciando que el financiamiento al sector privado y social por parte del sistema financiero de fomento en el periodo 1995 – 2000 fuera prácticamente inexistente.

 

Impulso a Intermediarios Financieros

Para impulsar a los intermediarios financieros, en febrero de 1995 entraron en vigor modificaciones a la legislación financiera que permitieron incrementar la inversión extranjera en bancos, casas de bolsa y sociedades controladoras de grupos financieros. En junio de 1995 entró en operación el Programa de Fortalecimiento de Capital con Compra de Cartera, a través del cual el Gobierno Federal, por conducto del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), adquirió de los bancos cartera de crédito debidamente calificada y provisionada, por un monto equivalente al doble de las adiciones de capital hechas por los accionistas a dichas instituciones. SHCP (2002).

El período 1995 - 2000 dejó evidencia de que México no contaba con un sistema financiero adecuadamente capitalizado, además de carecer de un entorno legal que promoviera el desempeño apropiado de las instituciones que lo conforman. Se emprendieron esfuerzos para fortalecer el ahorro público a través de la reducción del gasto y el aumento de la recaudación tributaria. En el período 1997 – 1998, las autoridades continuaron concentrando sus esfuerzos para fortalecer las bases del sistema financiero y crear un marco legal que permitiera reducir las posibilidades de nuevas crisis sistémicas. En 1998 se expidió la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Esta Ley creó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que tiene la responsabilidad de brindar asistencia técnica, orientación jurídica y defensoría legal a los usuarios de servicios financieros del país. SHCP (2002). Con la finalidad de evitar fraudes como los que hasta entonces se habían suscitado, es que surge la Nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2001.Villegas (2002).

 

Propuesta del Estado

La limitada participación del sistema financiero en el financiamiento de la inversión productiva recrudeció las diferencias entre empresas grandes y pequeñas y entre aquellas enfocadas al mercado interno y al externo, las empresas grandes y exportadoras, al tener acceso a fuentes de recursos externos, han logrado obtener condiciones de financiamiento más favorables que las alcanzadas por las empresas pequeñas orientadas al mercado interno, las cuales se han visto obligadas a financiar su expansión mediante recursos propios y con crédito de proveedores y clientes. SHCP (2002).

La dificultad de las empresas para obtener recursos a través del sistema financiero nacional fue resultado también de la escasa disponibilidad de los mismos. En particular, el tamaño del sistema financiero mexicano, medido con el PIB, alcanzó en 2001 prácticamente el mismo nivel que tenía en 1994, ubicando al sistema financiero mexicano en un nivel de desarrollo bajo en comparación con estándares internacionales. El problema de falta de recursos para el financiamiento de la inversión privada se agudizó al tomar en cuenta que la mayor parte de los recursos disponibles en los mercados fueron absorbidos por el sector público. De esta forma, el deficiente desarrollo del sistema financiero mexicano y la fuerte absorción de recursos por parte del sector público se tradujeron en una cantidad limitada de recursos disponibles para el financiamiento de proyectos de inversión privada. SHCP (2002)

En este momento histórico el Estado no fue capaz de generar los recursos suficientes para hacer frente a su gasto de inversión, lo que aumentó la competencia por recursos financieros en la economía y se tradujo en un desplazamiento de la inversión privada.

De acuerdo con el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Ejecutivo Federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el período 2001-2006. En su apartado número 6 Área de crecimiento con calidad, se plasman antecedentes que justifican la propuesta de cambio de modelo económico, enlistando deficiencias estructurales y transiciones de la economía mexicana, en el apartado 6.3 establece una serie de objetivos rectores y estrategias encaminadas a lograr la solidez macroeconómica, delimitando el objetivo rector uno con estrategias contenidas en los siguientes incisos:

 

“c]. Promover esquemas de regulación y supervisión eficaces en el sistema financiero.

d]. Impulsar una banca comercial sólida y eficiente.

e]. Fortalecer a los intermediarios no bancarios y construir una cultura del seguro en México.

f]. Crear la banca social.

g]. Reactivar la banca de desarrollo.” PND (2000)

 

En este último inciso, el Estado se comprometía a crear esquemas financieros para el sector rural que incluyeran criterios de conservación y que estimularan el desarrollo de actividades alternativas que promovieran la creación de un mayor valor agregado en el sector, integrando todos los esfuerzos y programas existentes, con el fin de optimizar su potencial de financiamiento y evitar la dispersión en sus objetivos de fomento, para lo cual las diferentes instituciones financieras de la administración pública federal deberían desarrollar acciones conjuntas para crear los incentivos requeridos por el sector rural mexicano, a fin de garantizar una oferta de financiamiento con tasas y condiciones accesibles y competitivas que permitiesen aprovechar el potencial de desarrollo rural.

Para lograr lo anterior el Estado implementó la estrategia contenida en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006 (Pronafide) en la que contemplaba una reducción proporcional gradual de la absorción de recursos financieros por parte del sector público, de tal forma que una mayor fracción del flujo de ahorro financiero pudiera ser canalizada a proyectos productivos del sector público sin que esto se tradujera en una falta de cumplimiento de las obligaciones sociales y de los distintos programas responsabilidad del Estado. SHCP (2002).

 

Adelgazamiento de la Estructura del Estado

Acorde a las directrices fijadas con anterioridad, en cuanto a la necesidad de transformar la Banca de Desarrollo, el Gobierno Federal el 26 de diciembre de 2002 publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Financiera Rural, utilizando 20 mil millones de pesos que pertenecen a cerca de 10 millones de mexicanos. (García 2004), creando así a la FINANCIERA RURAL, como un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sustituyendo así en sus fines y propósitos al BANRURAL, el cual se liquidó conforme a lo dispuesto en el articulo tercero transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, con fecha 30 de junio de 2003. IIEc-UNAM (2003).

El objetivo que esta nueva institución tiene se presenta en el artículo segundo de su Ley Orgánica, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F), de fecha 26 de diciembre de 2002, que a continuación se transcribe:

“Artículo 2o.- La Financiera tendrá como objeto coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población. Para el cumplimiento de dicho objeto, otorgará crédito de manera sustentable y prestará otros servicios financieros a los Productores e Intermediarios Financieros Rurales, procurando su mejor organización y mejora continua. […].La Financiera apoyará actividades de capacitación y asesoría a los Productores para la mejor utilización de sus recursos crediticios, así como para aquellos que decidan constituirse como Intermediarios Financieros Rurales.” LIF (2002).

El artículo 4º de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, en su fracción V, establece que debemos entender por:

“V. Intermediarios Financieros Rurales, a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y sociedades financieras populares que se regulan en la Ley de Ahorro y Crédito Popular; a las uniones de crédito y almacenes generales de depósito a que se refiere la Ley de la materia, y a los demás intermediarios financieros que determine la legislación vigente, así como aquellos que acuerde el Consejo y coadyuven al cumplimiento del objeto de la Financiera;”

En el articulo 7º, capitulo segundo de la citada ley, referente a las operaciones de la financiera, se menciona en la fracción XVII, que la Financiera podrá realizar operaciones que apoyen actividades de capacitación y asesoría a los productores que decidan constituirse como Intermediarios Financieros Rurales (IFR); en el artículo 10º, establece que los préstamos o créditos a los IFR, se otorgarán conforme a los montos globales y lineamientos que apruebe el Consejo de la Institución.

El Artículo 33, Fracción 11, señala que será el Consejo Directivo de la Financiera Rural, el que determine a los intermediarios distintos a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a las Sociedades Financieras Populares; Las Uniones de Crédito: los Almacenes Generales de Depósito, para ser considerados como IFR. Por lo tanto solo serán IFR las cuatro figuras asociativas expresamente señaladas mientras el Consejo Directivo de la Financiera Rural no apruebe a otras figuras asociativas para que lo sean.

El artículo 116 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), indica que la política de financiamiento para el desarrollo rural sustentable se orientará a establecer un sistema financiero múltiple en sus modalidades, instrumentos, instituciones y agentes. LDRS (2001). LDRS (2001).

El párrafo 136 del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), establece que la Financiera Rural operará a través de sociedades financieras populares, cooperativas de ahorro y préstamo, almacenadoras y uniones de crédito, entre otras, en los cuales los productores tengan una participación activa. ANC (2006).

Con Fecha 8 de agosto de 2003, se publicaron en el D.O.F. las Reglas de Operación para los programas de apoyo a actividades de capacitación y asesoría a los productores para la mejor utilización de sus recursos crediticios, así como a los que decidan constituirse como Intermediarios IFR. Estos programas estaban dirigidos a los productores e IFR que estén vinculados con la Financiera Rural mediante contratos crediticios o convenios para la prestación de los servicios previstos en el Programa, por lo que las Reglas tienen como objetivo, establecer el destino y la forma en que se canalizarían los recursos de este Programa, en cumplimiento con la Ley Orgánica de la Financiera Rural y demás lineamientos. SHCP (2006).

Desde entonces la Financiera Rural ha venido operando con algunos IFR y ha ayudado a crecer a otras organizaciones (Dispersoras de Crédito), que desean convertirse en IFR.

Fuentes de Consulta

Lacayo Ojeda, María Hortensia “Las políticas económicas generales y su repercusión en la agricultura mexicana” Hitos de Ciencias Económico Administrativas, No. 11, enero-abril de 1999, México, Universidad Juárez, Autónoma de Tabasco.

Martínez Lavín, José, México, Banco de Crédito Rural del Golfo, Cuadernos Banrural No. 1 “El Sistema Banrural”, 1997, México 1997.

Reyes Osorio, Sergio, Estructura agraria y desarrollo agrícola en México, México, FCE, 1974.

Reynolds, Klark W. La economía mexicana: su estructura y crecimiento en el siglo XX, FCE, 1973..

Samuelson, Paul A. y Nordhaus William D. (1993). Economía. España: Mc Graw Hill.

Villegas Hernández, Eduardo y Ortega Ochoa Rosa María (2002). Sistema Financiero Mexicano. México: Mc Graw Hill.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, junio de 2002.

IIEc-UNAM, “Banca de Desarrollo”, Momento Económico Boletín electrónico, Volúmen 9 Ejemplar 3, Marzo de 2003, <http://www.iiec.unam.mx/Boletin_electronico/2003/v9-03/finanzas.html#BANCA%20DE%20DESARROLLO> , 01 de mayo de 2006.

Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, diciembre de 2000, <http://pnd.presidencia.gob.mx/pdf/PND_6_PoderEjecutivo.pdf>, (5 de marzo de 2006),

Senado de la Republica, Boletín de Prensa 2003/0001, México, D.F, 1 de enero de 2003, http://www.senado.gob.mx/comunicacion/content/boletines/2003/b01enero.php, 7 de mayo de 2006.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002 y se expide la Ley Orgánica de la Financiera Rural., Diario Oficial Primera Sección, pp. 1-21, jueves 26 de diciembre de 2002, <http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/pdf/248.pdf>, 4 de mayo de 2006,

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,Ley de Desarrollo Rural Sustentable”, Diario Oficial, pp. 1-56, 7 de diciembre de 2001, <http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/pdf/248.pdf>, 4 de mayo de 2006.

Secretaria de Economía “Acuerdo Nacional para el Campo”, Industria y Comercio, <http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1676/ANC.pdf>, 28 de abril de 2006.

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, “Reglas de Operación” Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales,<http://www.shcp.gob.mx/servs/normativ/rdiversas/rd_040506.html>, 2 de mayo de 2006.



[1]Profesora en las Licenciaturas de Contaduría y Administración, de la Universidad Cristóbal Colón, Campus Calasanz. Candidata a Dr. En Ciencias Administrativas por la UNAM. Universidad Cristóbal Colón, Campus Calasanz. Carr. Veracruz-Medellín s/n Col. Puente Moreno, Boca del Río, Ver. Tel. (01 229) 9230170 al 76 Ext. 2021 msoto@aix.ver.ucc.mx

[2] Investigador de tiempo completo en la Universidad Cristóbal Colon, Campus Calasanz

[3] Régimen político encabezado por Don Porfirio Díaz Mori el cual se extendió de 1876 a 1911

[4] Término que significa el máximo poder.

[5] considerado el economista mas importante del siglo XX y quizás el mas influyente desde Adam Smith

[6] El ahorro público se entiende como el monto de recursos productivos con los que cuenta el Estado para financiar su gasto en inversión sin incurrir en endeudamiento. La diferencia se convierte en requerimientos financieros del sector público (RFSP) . Las fuentes de financiamiento para cubrirlos pueden provenir tanto de recursos del exterior como del ahorro interno privado.

Citación: Soto Ibáñez, M. Cristina (2007): "Políticas Macroeconómicas del Campo Mexicano". Tecsistecatl. Revista Interdisciplinar, 1, Invierno 2007. Disponible en Internet: <http://www.eumed.net/rev/tecsistecatl/n0/mcsi1.htm>

 

 

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Editor: Juan Carlos M. Coll (CV)

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