TECSISTECATL
Vol. 1 Número 1, enero 2007
 

El votante mexicano de la postransición: actitudes y percepciones ante las realidades de la gobernanza y la calidad democráticas.

Dr. Luis Miguel RIONDA
Universidad de Guanajuato, México

Entrada: antecedentes de la transición

En esta comunicación se realizará un recorrido sintético por las percepciones ciudadanas en el México de la postransición a la democracia, desde el entusiasmo que sustentó la alternancia federal en el 2000 hasta los sinsabores de los obstáculos para garantizar la gobernanza dentro de la pluralidad, y las dificultades para compatibilizar la competencia electoral con la calidad de la democracia como sistema de convivencia. Se plantearán algunas nuevas interrogantes sobre las percepciones e intersubjetividades del votante mexicano de hoy.

Se ha afirmado hasta la saciedad que la competencia electoral del 2 de julio del 2000 significó mucho más que una simple renovación del poder ejecutivo y legislativo federales, con la importantísima condición de que en el primer caso se alternaba al partido en el gobierno que había mantenido el control de esa posición desde 1929. No es necesario insistir ante lo obvio: que sin esta  coyuntura el país no habría dado el paso definitivo hacia la conformación de una democracia efectiva, que sobrelleve con certidumbre la posibilidad de una sucesión partidaria en el control del aparato de gobierno en el máximo nivel de un sistema presidencialista, como el que está definido en la Constitución mexicana.

Tampoco debemos desconocer que el proceso de cambio hacia un nuevo modelo de relación entre el gobierno y los gobernador había iniciado tiempo atrás, al menos desde que en el segundo lustro de los años ochenta las desgracias tanto físicas –el sismo de septiembre de 1985‑, como económicas –la crisis desatada a raíz de la nacionalización bancaria y las devaluaciones‑, y políticas –la radicalización de la intolerancia gubernamental como sucedió en Chihuahua en 1986‑ produjeron como reacción un relanzamiento de la participación ciudadana mediante las organizaciones sociales espontáneas –por ejemplo los comités de damnificados y las asociaciones vecinales o de colonos‑, los partidos políticos de oposición que permitió la reforma política de 1978, las llamadas “organizaciones intermedias” ‑colegios de profesionistas, confederaciones de actividad empresarial, clubes de servicio, etcétera‑ y en general el denominado “tercer sector”,[1] que redefine la participación se la sociedad civil tanto en la atención de necesidades sociales como en una nueva relación con los organismos estatales, a los que inopinadamente condiciona y cuestiona sin miramientos.

Es claro que los resultados de la elección presidencial del 2000 resultaron inesperados para buena parte de la clase política nacional. La gran mayoría de las encuestas levantadas a lo largo de los seis meses previos a la jornada apuntaban hacia un escenario muy competido, pero donde se dibujaba como puntero el candidato del PRI, Francisco Labastida. Sin embargo al final de ese día la ventaja del candidato de la Alianza por el Cambio, Vicente Fox, era muy evidente, como lo confirmarían pronto las encuestas de salida y finalmente los resultados oficiales. La distancia entre ambos, de 6.6 puntos porcentuales, con un total de 43.4% para Fox, confirmó la competitividad del proceso, pero también que el clima social de hartazgo hacia el viejo partido hegemónico había llegado a su clímax, muy en contraste con la victoria apabullante del PRI en 1994. La confianza en el viejo sistema se había derrumbado luego del “error de diciembre” seis años antes, y ni siquiera una administración responsable y habilidosa de la crisis como la que pudo gestionar el presidente Zedillo, quien finalmente se convirtió, tal vez a su pesar, en el defenestrador de su partido.

En el imaginario social que mostraban varias encuestas de la época[2] se evidenciaba el descrédito creciente de la vieja clase política, y esto afectaba a todos los partidos. Sólo un candidato con muy pocos vínculos orgánicos e ideológicos con los institutos partidistas, como lo era Vicente Fox, pudo aglutinar en torno suyo a un electorado altamente heterogéneo (Rionda & Shirk, 2001), como el que sería necesario sumar para poder competir con la eficiente maquinaria electoral del PRI, que todavía hoy día sigue produciendo victorias a ese partido. La indefinición ideológica –voluntaria o no‑ del candidato aliancista le venía bien a este electorado que en buena parte no hubiese gustado de identificarse con posturas panistas bien expuestas, como había sucedido con los candidatos blanquiazules previos, todos extraídos de la ortodoxia demócrata cristiana. La ubicuidad de las promesas foxistas, sumadas a su imagen fresca de hombre despreocupado y echado para adelante, se transformaron en su principal activo ante un público elector cansado de las fórmulas tecnocráticas de las administraciones priístas. Como se llegó a leer en los grafitos callejeros en la ciudad de México: “Ya no queremos realidades, queremos promesas”, rezaba la letra de algún vecino fastidiado de las crisis recurrentes.

La nueva cultura política de la participación

La cultura política[3] del ciudadano mexicano, ese conjunto de actitudes compartidas hacia lo público y el Estado, evolucionó en esos tiempos desde un modelo paternalista y subalterno ‑“parroquial” y de “súbdito”‑ hacia otro más bien participante (Almond y Verba: 1989, 18) y asociativo. Precisamente esta es una de las características que permiten asumir una nueva madurez democrática en las relaciones habituales entre el ciudadano y la conducción del Estado, así como la representación y mediación políticas. El asociacionismo va de la mano de la participación cívica, y ésta a su vez es un escalón hacia la cultura democrática, concebida ésta como el reconocimiento y la práctica de hábitos de colaboración horizontal, solidarismo, respeto mutuo, debate sin tapujos y rechazo al autoritarismo y la imposición de la voluntad propia sobre la ajena. En ese sentido, Alejandro Moreno ha documentado, basándose en los datos de seguimiento de la Encuesta Mundial de Valores, que existe una clara tendencia de acentuación de la identidad democrática de los mexicanos, al menos en las dos últimas décadas del siglo XX. En general se ponía en evidencia un mayor sentimiento de “felicidad”, que iba de la mano con la afinidad con el sistema democrático. Dice Moreno:

La clave para entender este cambio en el espíritu colectivo del mexicano parece estar en el sentido de libertad individual que se expandió durante la última década [del siglo XX] En 1990, 33% de los mexicanos manifestó tener mucha libertad para elegir y controlar lo que pasaba en su propia vida. Hacia 1997 ese sentimiento había crecido a 41%. En 2000, antes de las elecciones presidenciales, la mayoría de los mexicanos, 56% para ser precisos, sentía tener mucha libertad de elección y control sobre su propia vida. Acaso la apertura de los noventa, entendida en todos sus sentidos, el económico, el político, el social, había traído un giro en los sentimientos de la sociedad mexicana, un mayor sentido de estarse guiando en la vida bajo sus propias decisiones […] (Moreno, 2003: 222)

Es evidente que en la ultima década del milenio hubo un cambio actitudinal en los mexicanos. Y como termómetro del proceso vuelvo a insistir en considerar el florecimiento de la sociedad organizada y la explosión de colectividades de todo tipo, que cuestionaron el viejo papel mediador y enajenante de las caducas corporaciones estatizadas, como los sindicatos nacionales, las confederaciones de todo tipo, los colegios de profesionistas oficialistas, etcétera. Pero antes de seguir adelante, habría que conocer un poco cómo se está generando el nuevo modelo de participación y autoorganización.

Alberto Olvera (2003) ha propuesto una interesante tipología de las organizaciones civiles según su origen. Como precisamente la pluralidad es una de sus características, es una tarea difícil su clasificación para el análisis:

·        Asociaciones de carácter económico gremial, para la defensa de intereses gremiales. Son una correa de transmisión para plantear demandas y son instancias de solidaridad básica. Son ejemplo los sindicatos, las asociaciones de profesionistas, los grupos rurales, los grupos y clubes empresariales, etcétera.

·        Asociaciones político-formales. Como los partidos políticos y los parlamentos. No forman parte de la sociedad civil, pero en períodos de resistencia antiautoritaria o de transición a la democracia pueden representar las aspiraciones colectivas y organizar a la sociedad.

·        Asociaciones de matriz religiosa. Se gestan al interior de una Iglesia y aglutina personas que comparten una fe religiosa. Algunas se organizan para mantener el culto religioso –la “Adoración Nocturna”‑, para la promoción social –las Comunidades Eclesiales de Base‑, para proponer modelos de vida o sociedad –los “Caballeros de Colón”, la asociación ProVida, el Movimiento Familiar Cristiano, el Movimiento Juvenil, la Renovación Carismática, etcétera.

·        Organizaciones civiles para: a) la defensa de los derechos ciudadanos, b) la promoción del desarrollo –como las ONG’s, hoy conocidas como Organizaciones de la Sociedad Civil OSC’s‑, y c) las de carácter filantrópico –las “fundaciones” de asistencia privada.

·        Las asociaciones de tipo cultural.

·        Las asociaciones privadas de tipo deportivo y recreacional.

·        Las de tipo urbano-gremial, y

·        Los movimientos y asociaciones de comunidades indígenas.

El florecimiento de las asociaciones espontáneas y autogeneradas es un termómetro bastante fiable del avance de la cultura democrática entre los integrantes de una sociedad. Por ello, entre los autores académicos mexicanos que dominan en el campo de las relaciones entre los distintos niveles de gobierno y los ciudadanos hay acuerdo en que la democracia requiere la construcción de instancias intermedias de organización cívica o comunitaria, que para el contexto mexicano se significan como nuevas formas de participación y de representación (Guillén, 1996; Merino, 1995; Ramírez Sáiz, 1995; Ziccardi, 2000; Cabrero, 2001). En contraste con los Estados Unidos de América, donde el asociacionismo tiene una vieja tradición que fue descrita por el trabajo clásico de Alexis de Tocqueville, en México habíamos carecido de la misma en buena medida como resultado de la prevalencia de valores políticos autoritarios, estatistas y centralistas, que se evidencia aún en las recientes encuestas (Secretaría de Gobernación, 2003). Por ejemplo, según esta encuesta, la ENCUP 2003, solamente un 17% de los entrevistados en la muestra representativa nacional declararon participar o haber participado en alguna asociación de vecinos, colonos o condóminos. Y solamente un 5% declaró que formaba parte de alguna asociación civil. Un 60% declaró que confía nada o casi nada en las asociaciones de ciudadanos. Un 84% dijo que nunca ha trabajado junto con otras personas para tratar de resolver problemas de su comunidad. Un 57% consideró difícil o muy difícil organizarse con otros ciudadanos para trabajar en una causa común.

El politólogo José Negrete Mata (2002: 56-57) explora las características del concepto de participación y nos afirma que:

Existen muchos usos del término participación, pero podríamos empezar a clasificarlos de acuerdo con su definición general, citada del diccionario. Según Vázquez […] la participación tiene cuando menos dos significados: uno que representa una actitud pasiva (recibir algo) y otro vinculado más a una actitud activa (ser parte, compartir algo). El primero “define a ésta como un estado o situación, y enuncia la pertenencia y el hecho de tener parte en la existencia de un grupo, de una asociación” El segundo significado se refiere a la actividad social que ejercen unos individuos en un grupo del que forman parte; la participación supone una coincidencia de las finalidades operativas de un grupo, un sentimiento de responsabilidad personal, unas obligaciones creadas por el deber o unos vínculos de amistad. En esta segunda acepción, la participación se puede entender como acción y compromiso. Sartori, por su parte, establece que: “La participación es automovimiento y, por tanto, lo contrario del heteromovimiento (por otra voluntad), es decir, lo opuesto a movilización.

En general, el ciudadano mexicano contemporáneo se mantiene poco participativo e interactuante en la resolución de los problemas que le afectan directamente. Es por eso que el intermediarismo, el clientelismo y el oportunismo político tienen todavía demasiada presencia en las relaciones Estado-ciudadanos. Pero lo que es seguro es que la autoorganización es ya parte del bagaje de recursos con los que cuenta y echa mano el ciudadano mexicano de hoy, sin duda de manera más intensa y reiterada que lo habitual en tiempos pasados.

 

Tabla 1. Percepción de la participación ciudadana en los municipios de México 2000

Los resultados de la Encuesta Nacional sobre el Desarrollo Insitucional Municipal 2000 arrojaron que poco más de dos quintas partes de los ediles del país consideraron que la participación ciudadana en ampliamente recomendable para convertirse en eje de su administración. Sin embargo casi la mitad juzgó que la misma ayudaba muy poco a la eficacia de su gestión, e incluso casi un 7% opinó que en algunas o en muchas ocasiones dificulta las actividades del gobierno municipal. Esto es muy sintomático de la actitud que permea en el nivel de autoridad más próximo al ciudadano. La participación puede eventualmente considerarse un buen recurso de gestión, pero todavía no es aceptada ampliamente. Las decisiones centralizadas y proyectadas de arriba hacia abajo continúan caracterizando a los presidentes municipales. Esa misma encuesta muestra que esto se acentúa en los municipios más pobres.

Las organizaciones más frecuentes en el nivel municipal son las comunitarias y las vecinales o de promoción de obra. Les siguen los Copladem y las organizaciones religiosas. Son todavía pocas las de carácter cívico participativo.

Aunque la participación y la autoorganización van a la alza, es cierto también que desde hace algún tiempo se ha fortalecido un sentimiento compartido de decepción ante el cambio democrático. Las grandes promesas del 2000 no se concretaron en un mayor acceso a satisfactores y a indicadores de progreso en el nivel familiar. Aparentemente el estancamiento económico generalizado ha sido la característica del sexenio de la alternancia, con índices de crecimiento que a penas rebasan el incremento demográfico. La carencia local de oportunidades sigue marcando fuertemente el imaginario social, y el optimismo por la democracia se ve mediatizado por las preocupaciones cotidianas, que no parecen cambiar demasiado desde los noventa.

Si enmarcamos el caso mexicano dentro de su entorno latinoamericano podemos constatar que la situación descrita es una característica compartida, y la los ciudadanos del subcontinente, que aunque continúan replanteando sus relaciones con sus líderes y representantes, también padecen atasco económico, con algunas notables excepciones como Chile. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo levantó una encuesta en el 2004, que permitió sostener las siguientes aseveraciones como conclusión:

Pese a los avances, incluso en condiciones muy precarias, debe reconocerse que tanto en el plano de la evolución democrática como en el de la dinámica económica y social, la región vive un momento de cambio, que en muchos casos asume las características de una crisis generalizada. Por consiguiente, se abre un período de transformación tanto en los contenidos de la democracia cuanto en sus vinculaciones con la economía y la dinámica social, en un contexto global también de cambio, de concentración de riqueza y de internacionalización creciente de la política. La cuestión es que ésta, como se constata en varias partes del Informe, tiene importantes límites y está en crisis.- Dicha crisis se expresa en el divorcio entre los problemas que los ciudadanos reclaman resolver y la capacidad de la política para enfrentarlos. La política tiende a perder contenido por la disminución de soberanía interior del Estado, atribuible a:

- El desequilibrio en la relación entre política y mercado.

- La presencia de un orden internacional que limita la capacidad de los Estados para actuar con razonable autonomía.

- La complejización de las sociedades que los sistemas de representación no pueden procesar.

[…] la encuesta de opinión pública realizada para el Informe muestra una tensión entre la opción por el desarrollo económico y la democracia. Los datos obtenidos indican que:

- La preferencia de los ciudadanos por la democracia es relativamente baja.

- Gran parte de las latinoamericanas y los latinoamericanos valora el desarrollo por encima de la democracia e incluso le quitaría su apoyo a un gobierno democrático si éste fuera incapaz de resolver sus problemas económicos.

- Las personas no demócratas pertenecen en general a grupos con menor educación, cuya socialización se dio fundamentalmente en períodos autoritarios, tienen bajas expectativas de movilidad social y una gran desconfianza en las instituciones democráticas y los políticos.

Gráfica 1. Índice de Democracia Electoral (IDE) 1977-2002

 

Fuente: PNUD, 2004.

Los votos de la participación

La participación electoral, que en últimas fechas ha mostrado una tendencia a la baja en las elecciones federales, tuvo una evolución bastante favorable en los tiempos previos a la alternancia del 2000. Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, esa participación parece mostrar una tendencia descendente en el largo plazo. Es esperable un repunte en las elecciones presidenciales del 2 de julio del 2006, pero nunca a los niveles de los noventa, a menos de que se sufra un evento dramático, como lo fueron los sucesos violentos de 2004.

 

Gráfica 2. Evolución de la participación electoral en las elecciones federales 1991-2003


 

Es claro que la participación electoral no es equiparable a la participación cívica, que discutimos antes, pero puede relacionarse con el nivel de compromiso que se experimenta con el sistema democrático formal. En el caso de los Estados Unidos es claro que no hay mucho vínculo entre el asociacionismo y la participación ciudadana con el índice de asistencia a urnas, que no deja de descender desde hace décadas.

Hay necesidad de integrar la participación electoral, que no es más que la concreción de un procedimiento estadístico de manifestación de la opinión pública, con mayores y más efectivos mecanismos de intervención ciudadana en los grandes procesos de toma de decisiones sociales y políticas. Cuando no existen estos mecanismos paralelos se genera un sentimiento de lejanía e indiferencia, que pronto se proyecta en percepciones negativas sobre las instituciones y los miembros de la élite política. La legitimidad de las urnas se ve así socavada por el desgaste de la incomunicación entre gobernantes y gobernados, y comienza el declive del prestigio de la democracia, con lo que se reavivan las tendencias autoritarias en la cultura política del ciudadano común.

 

La Cultura de la legitimidad

La legitimidad es un proceso que debe mantenerse en construcción y confirmación permanentes. No es un hecho que pueda garantizarse tan sólo con la democracia procedimental. Es una búsqueda educativa y de afirmación de concepciones y preconcepciones, que sólo con la interiorización de los valores éticos y la constitución de tradiciones confirmadas por el tiempo puede garantizarse su prevalencia y consolidación. En este rubro nuestro país aún se ubica en el sótano de la cultura cívica latinoamericana, comparable con países de menor desarrollo económico y político, como se pone en evidencia en la siguiente gráfica:

Gráfica 3. Cultura Cívica: Partidos/Congreso y Derechos y Obligaciones

 

 

Esta encuesta regional de Latinobarómetro de 2005 México exhibe una cultura cívica caracterizada por una muy baja legitimidad de las leyes, los derechos y las obligaciones. La percepción ciudadana, en pleno momento de la alternancia y la consolidación de la democracia procedimental, no van de la mano de la percepción del ciudadano común de contar con instituciones, en este caso los partidos políticos y el congreso, que se caractericen por respetar los derechos y obligaciones que marcan las leyes.

La falta de legitimidad ante los ojos de los ciudadanos ordinarios de las instituciones de representación, de gobierno, de seguridad pública y de procuración y administración de justicia responde a la acumulación de tres décadas, toda una generación, de crisis recurrente y merma de la credibilidad hacia el Estado. Aunque no contamos con medios para poder ensayar comparaciones en cuanto a percepción ciudadana de las instituciones vigentes hace treinta años, sí podemos inferir que se ha dado este desgate en el imaginario colectivo. Lo que sí podemos hacer es observar la radiografía actual que nos permiten las encuestas de percepción, como la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de la Secretaría de Gobernación y el INEGI, que se ha levantado en dos ocasiones, en 2001 y en 2003. Y es muy ilustrativo analizar sus  resultados en lo referente a la percepción ciudadana sobre sus instituciones.

Gráfica 4. ENCUP 2003: Opinión ciudadana sobre las secretarías de la Administración Pública Federal

 

 

Los datos de la ENCUP 2003 muestran que sólo un 26% de los entrevistados tuvieron una opinión general buena o muy buena de las secretarías de Estado del gobierno federal. En cambio un 29% tiene una opinión regular –es decir indiferente‑ y un preocupante 11% tienen una opinión mala o muy mala. Pero si descontamos el 35% que dijo no saber qué responder, la proporción subiría al 17%, mientras que los optimistas serían 39.4%.

A la Cámara de Diputados le va peor que a las instancias del gobierno federal, como se aprecia en la siguiente gráfica:

Gráfica 5. ENCUP 2003: Opinión sobre la Cámara de Diputados

 

Más de un tercio de los entrevistados son indiferentes ante la Cámara de Diputados. Pero un 28%, todavía sin descontar los que no supieron cómo responder,  tienen una mala o muy mala opinión de esa institución. Sólo un 9% manifestaron una buena o muy buena opinión.

Gráfica 6. ENCUP 2003: Opinión sobre los Jueces y los Juzgados

 

 La situación para los integrantes del poder judicial es sólo ligeramente mejor que la del poder legislativo.

Gráfica 7. ENCUP 2003: Confianza ciudadana en las Instituciones

 

Se pone en evidencia que en general, la confianza ciudadana en las instituciones públicas es poca, casi nula o de plano nula. En el otro lado del espectro se ubican las iglesias y los maestros. Sólo el IFE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos gozan del aprecio del público opinante.

Conclusiones preliminares

Aunque este es un texto todavía en una fase preliminar, puedo proponer las siguientes ideas a manera de conclusiones:

1.                     El desgaste reciente en las relaciones y la comunicación entre las instituciones de gobierno, de representación y judiciales es sensible e inquietante. Sería importante relacional los datos de estas encuestas de percepción social sobre el desempeño y la confianza hacia el Estado con otros instrumentos que se han levantado sobre el ámbito de la seguridad pública, el acceso y calidad del empleo, la salud pública y la calidad de la educación. Seguramente encontraríamos vínculos muy interesantes entre los resultados de este tipo de batería de encuestas. No podemos separar la caída en la confianza en el Estado con los incrementos paralelos en la violencia social, la inconformidad por la falta de oportunidades, la baja autoestima del ciudadano común, la desintegración familiar, la crisis en los valores que permiten la convivencia, etcétera.

2.                     La calidad de la democracia se ve sustancialmente mermada cuando se percibe una clara insatisfacción con el desempeño del Estado y de la clase política. No podemos ignorar que las expectativas que despertó la democracia en pueblos de tradición autoritaria como el mexicano, pero que al mismo tiempo se han visto azotados por la crisis económica, la ausencia de oportunidades concretas para el ascenso social, la frustración de constatar cómo sobreviven viejas lacras como la corrupción gubernamental, el descrédito de los liderazgos y el engaño, conducen fácilmente al rechazo del orden legal y su eventual violación. Si la ley no es cumplida ni siquiera por el Estado y sus agentes, el ciudadano no encuentra aliciente para mantener su ética personal. Este es un paso muy serio hacia la ingobernabilidad y la inestabilidad social.

3.                     Las percepciones compartidas por los ciudadanos son un imaginario social que no es posible ignorar o minuspreciar. Las encuestas han permitido llamar la atención de los agentes públicos sobre su desgaste ante el ciudadano común. Pero las tendencias que registran sólo pueden ser contrarrestadas mediante una más cuidada atención a la congruencia entre el decir y el hacer, la convocatoria a la participación de las personas comunes tanto en la solución de sus problemas concretos como en su comunicación con el sector público, la implantación de una cultura de rendición de cuentas y en general en un acercamiento generalizado delos emisores y los receptores de los mensajes políticos, es decir entre las instituciones en descrédito y sus juzgadores.


 

Bibliografía referenciada

ALMOND, Gabriel y y Sydney VERBA

1989   The Civic Culture. Princeton: Princeton Univ. Press. (orig. 1963)

Cabrero Mendoza, Enrique

2001   La experiencia descentralizadora reciente en México. Documento de trabajo. México: Centro de Investigación y Docencia Económicas.

GUILLÉN, Tonatiúh

1995   Gobiernos municipales en México: Entre la modernización y la tradición política. México: Miguel Ángel Porrúa y El Colegio de la Frontera Norte.

MERINO, Mauricio (Coord.)

1995   En busca de la democracia municipal. El Colegio de México, México.

MORENO, Alejandro

2003   Democracia, actitudes políticas y conducta electoral. México: Fondo de Cultura Económica.

NEGRETE MATA, José

2002   En busca del votante (tijuanense) perdido. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, El Colegio de la Frontera Norte.

OLVERA, Alberto

2003  Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: México. México: Universidad Veracruzana y F.C.E.

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)

2004   Informe sobre La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Proyecto sobre el Desarrollo de la Democracia en América Latina (PRODDAL).

RAMÍREZ SAIZ, Juan Manuel

1995   Los movimientos sociales y la política. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. Col. Fin de milenio, Biblioteca Movimientos sociales.

RIONDA, Luis Miguel & David SHIRK

2001   “PAN Governance: Challenges for Vicente Fox and the National Action Party.” Paper prepared for the Latin American Studies Association International Conference in Washington, D.C.

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2003   “Relatoría del Diplomado sobre Organizaciones de la Sociedad Civil”. Vinculando.org

Secretaría de Gobernación

2003   Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP). Segundo levantamiento.

Ziccardi, Alicia

2000   “La participación ciudadana como componente de la gobernabilidad democrática: el caso del Distrito Federal”, en Bailón y Martínez Assad (Coords.) El Siglo de la Revolución Mexicana, Tomo II. México: INEHRM.


[1]         “El concepto de Tercer Sector nace en Estados Unidos en el marco del modelo neoliberal a principios de los años 80, para atención a viudas, ancianos, minorías, los que no tienen casa, inmigrantes para ayudarse, es un universo muy plural que tiene dos limitaciones: no pude hacer cabildeo para modificar leyes y político, limitado en lo político, no se toca, son esferas separada que tiene en sí mismo todo su contenido, no pude pretender modificar las prioridades del mercado, la visión de la economía es de mercado, no piensa en la sostenibilidad, es un concepto del capitalismo globalizado.” (Safa, 2003)

[2]         Como la Encuesta Mundial de Valores del 2000, la Encuesta Nacional de Cultura Política (ENCUP) 2001 y la batería de encuestas que levantó el departamento de investigaciones del periódico Reforma (Moreno, 2003).

[3]         “Almond y Verba hacen una importante distinción entre cultura cívica y cultura política. La primera es un término que aparece en los libros para describir al ciudadano ideal. Sobre la segunda, dicen: “el término ‘cultura política’ se refiere a las orientaciones específicamente políticas –actitudes hacia el sistema político y sus componentes, y actitudes de la persona hacia el sistema. Hablamos de cultura política del mismo modo que hablamos de cultura económica o religiosa. Es un conjunto de orientaciones […] hacia un conjunto especial de objetos y procesos sociales.” (Negrete Mata, 2002: 18).

 

 

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