Sociedad Global
Revista de relaciones internacionales y ciencias políticas
ISSN 1851-6262

RESTAURANDO EL ORDEN MEDIANTE LAS INTERVENCIONES ARMADAS: ORDEN INTERNACIONAL Y OPERACIONES MILITARES INTERNACIONALES EN CONFLICTOS INTRAESTATALES

 

Juan Battaleme
Analista de Política Internacional del Estado Mayor General de la Armada.
Becario Fulbright-Delaware University, en el Programa US Security And Defense in The Era Of Globalization.
Docente e Investigador
Adscrito al Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y de la Escuela Superior de Guerra
jbattalememartinez@uade.edu.ar

 

RESUMEN

Este trabajo indaga el rol de las intervenciones armadas en la construcción del orden internacional, analizando el rol militar legitimado entre los Estados en aquellos escenarios de conflicto humanitario. En este sentido, intenta establecer un marco conceptual ligado a la temática y describir su relación con las nociones tradicionales que hacen a los regímenes internacionales, concluyendo que en el orden entre las naciones hace falta una mayor presencia del Estado mismo y no una intromisión cuantitativa de éstos.

PALABRAS CLAVE

Intervención Armada, Conflictos Intraestatales, Orden Internacional, Emergencia Humanitaria Compleja.

ABSTRACT

This paper studies the role of armed interventions in the construction of the international order, analyzing the military role legitimated between the States in human conflict scenarios. The following pages pretend to establish a conceptual frame linked to this dimension and to describe its relationship with the traditional notions around the international regimes, concluding that the order among

Nations needs a stronger state and not its intromission in a quantitative scale.

KEY WORDS

Armed Intervention, Intrastate Conflicts, International Order, Complex Humanitarian Emergency.

RESUMO

Este trabalho indaga o rol das intervenções armadas na construção da ordem internacional, analisando o rol militar legitimado por os Estados em aqueles cenários de conflito humanitário. Em este sentido, procura estabelecer um marco conceitual ligado a esta temática y descrever a sua relação com as noções tradicionais vinculadas aos regimes internacionais, chegando a conclusão que o ordem entre as nações precisa uma maior presencia de Estado y não necessariamente uma intromissão quantitativa destes.

PALAVRAS CHAVE

Intervenção Armada, Conflitos Intraestados, Ordem Internacional, Emergência Humanitária Complexa.

Introducción:

En la actualidad se llevan a cabo operaciones de protección y asistencia a individuos, ampliándose hasta el rearmado de las instituciones operativas del Estado, la recreación de un entramado social cooperativo, el desarme de los grupos contendientes, la preparación del espacio viable para la negociación política, y la atención de las consecuencias más perniciosas de la violencia.

Este tipo de operaciones se denominan “Emergencias Humanitarias Complejas” que implican proteger a los individuos contra los abusos que generan los bandos armados en una guerra civil o por aquellos que comete el Estado a través de sus instituciones contra su propia población producto de la captura del mismo por un grupo que lo utiliza para la obtención de bienes privados destinados a su propio grupo.

Para ello no se descarta una acción directa por parte de la comunidad internacional en contra del principio de soberanía y autodeterminación priorizando la protección individual por sobre el principio de no intervención en asuntos domésticos a los efectos de salvaguardar la vida humana restaurando el orden social.

Tres puntos que serán desarrollados en el presente trabajo: El primero de ellos tiene que ver con el contexto complejo indefinido y altamente volátil en que estas operaciones se desenvuel-ven ya que tiene una importancia central al momento de pensar las intervenciones humanitarias sobre todo aquellas que implican el uso de la fuerza.

El segundo elemento está relacionado con el principio de neutralidad e imparcialidad que rige a las operaciones de intervención humanitarias. Comúnmente se considera a la neutralidad como una garantía para que las fuerzas multinacionales desplegadas no sean objeto de ataques por parte del bando que se sienta perjudicado por su presencia. Ser neutral, además, supone ser garante imparcial frente a una negociación que resuelva las disputas que llevaron a la tragedia.

Sin embargo esta aproximación tiene dos problemas. El primero está vinculado a que la neutralidad e imparcialidad comprendida como no intervención en el conflicto de fondo terminan alargando el ciclo de violencia. La neutralidad de una fuerza multinacional asume que la no participación como actor del conflicto permitirá encontrar una solución negociada al problema con la expectativa de que ambas partes puedan resolver sus diferencias. Sin embargo esta “no participación” permite que cada grupo se mueva pensando en la maximización de sus intereses, actuando con lógicas de corto plazo.

El tercer aspecto implica traer a debate los procesos de disgregación que están dando como resultado nuevas unidades Estatales, que no son plenamente autónomas y que dependen ya sea de una institución internacional o de una potencia para poder sobrevivir como tal, dándose situaciones donde no se habla de colonialismo pero de hecho existen situaciones de reordenamiento administrativo o “tutelar”.

Sí un Estado se debe caracterizar por el principio de autonomía y autoderminación esto es inexistente ya que funciones centrales como el orden, la seguridad interna y la protección externa son brindadas por la comunidad internacional. A partir de la misma resulta imperante pensar en el empleo del medio militar y el rol de los futuros pacificadores.

En el terreno de operaciones quienes hacen misiones de pacificación actúan como soldados-policías quienes deben estar dispuestos ya no a dar su vida por la patria o los intereses nacionales, proveyendo un bien público global como es el de la estabilidad internacional.

La existente división militar internacional del trabajo se caracteriza por la existencia de Estados desarrollados que tienen capacidad de pelear guerras, pero que buscan que Estados menores realicen tareas de pacificación aportando las tropas que ellos no pueden o no quieren aportar.

El debate y las ideas del presente trabajo reflejan que para regenerar el orden internacional a principios del siglo XXI se necesita “más Estado” y no “más Estados”, por lo tanto para construirlo se van a necesitar intervenciones flexibles e inteligentes relacionadas con el contexto en el que se van a desempeñar, dando cuenta de los peligros que eso entraña.

Entorno complejo, misiones complejas

El entorno común a las “Operaciones de Paz Complejas2,” es la violencia doméstica donde los distintos grupos pugnan por el poder en un contexto esencialmente de anarquía interior que no facilita la construcción de reglas y que lleva a conductas de maximización por parte de los actores contendientes.

Se caracterizan por la competencia entre identidades que desafían la unidad nacional, como la existencia de instituciones débiles o corruptas que no proveen bienes comunes e indivisibles, sino que emplean las estructuras del Estado para obtener beneficios y una mejor posición para su grupo de pertenencia.

La economía es inexistente primando los mercados negros, los cuales les imprimen su propia lógica a las guerras civiles actuales, existe un amplio excedente de armas livianas, junto con recursos humanos disponibles, ya sean niños u hombres desempleados listos a ser reclutados por una paga o por la necesidad de protección añadiendo complejidad al escenario interno (Khaldor, 2001: 95).

La multiplicidad de agentes participantes es otra característica. Pacificadores internacionales, las fuerzas regulares, las unidades paramilitares, fuerzas policíacas locales, bandas criminales, mercenarios, organizaciones no gubernamentales de ayuda humanitaria, agencias de información; todos cumpliendo roles específicos a sus objetivos propios que van desde la obtención de beneficios propios de la guerra, pasando por la ayuda humanitaria o informando al resto de la comunidad internacional.

En estos conflictos, la población civil y la infraestructura de sostenimiento de la vida normal sufren las consecuencias directamente. Los objetivos estratégicos en la mayoría de los casos tienen que ver con las matanzas masivas, el desplazamiento forzado de personas, la destrucción material tanto de bienes físicos como psicológicos, y la instauración del miedo y el odio de manera simultánea como forma de relación entre los contendientes (Khaldor, 2001: 71).

La guerra civil es el emergente de una formación incompleta del Estado como entidad que no solo no detenta el monopolio legítimo de la fuerza sino que además no es una institución representativa de los distintos grupos que la componen. Esto genera el espacio suficiente en sus interacciones políticas para que la violencia ascienda en sus formas separatistas, étnicas o religiosas (Doyle y Sambanis; 2006: 19).

La falla para instaurar a un soberano legítimo lleva como contrapartida la aparición de varios “soberanos emergentes” que se disputan territorio, homogeneidad y, en el último de los casos, supervivencia como entidades autónomas separadas. Bajo estas circunstancias se crea la llamada “política de identidad” sobre la cual circula el reclamo de creación de autoridad estatal (Muller, 2008: 20).

Estas guerras son peleadas a partir de métodos que combinan la guerra de guerrillas y las operaciones de contrainsurgencia. No se obtienen victorias decisivas en el campo de batalla sino mas bien la captura de territorio se hace mediante la cooptación de la población ya sea por miedo o por convencimiento intentando ganar los “corazones y las mentes”3 de quienes habitan en ellos.

Cabe destacar que lo primero que se pierde en una guerra civil es la confianza que tienen los distintos grupos para recrear algún lazo de solidaridad social amplio que exceda a su núcleo primario. Esa pérdida de confianza es el resultado de dos posibles procesos políticos. El primero resulta de quienes aprovechan una circunstancia específica ya sea el fortalecimiento relativo del grupo vis a vis quien detenta el poder del Estado4 o un debilitamiento general de las estructuras del Estado generando un “dilema de seguridad interno” (Posen, 1993: 104). El segundo resulta del sentimiento de frustración producto de la mala asignación de beneficios a alguna parte integrante de ese Estado. Un grupo que tratado injustamente fortalece su voluntad de hacerse de aquello que cree que es propio aumentando la perspectiva de entrar en un conflicto armado (David, 1998: 80).

La reconstrucción de confianza es un elemento importante ᆳdades post conflicto, desgarradas por las acciones políticas que estos actores llevan a cabo en la ejecución sistemática de violencia lo cual hace más complejo el despliegue negociador de los pacificadores, más cuando una de las partes transita el camino de no reconocer legítimamente a la otra.

Intervención, neutralidad e imparcialidad

Para los fines del trabajo definiremos intervención como aquellas acciones no consensuadas que desafían directamente el principio de soberanía del Estado.

Las guerras civiles, una vez que estallan, son la mayor causa de involucramiento tanto regional como extrarregional.5 Las acciones están orientadas a la restauración de cierto orden para que se puedan gestar instituciones tanto políticas como económicas y sociales que permitan darle viabilidad al nuevo Estado emergente.

En el presente siglo los soldados se despliegan en entornos donde el carácter de la misión y los riesgos vinculados a ella son más parecidos a los de una operación de guerra, obligando a los pacificadores a estar fuertemente armados -aunque en carácter defensivo- debido a que pueden ser blancos rentables para alguna fuerza opositora, o de ser necesario emplear la fuerza para reforzar las condiciones de seguridad.

Soldados desplegados en Afganistán, Timor, Irak, Somalia, Kosovo, e incluso Haití no solo no tienen un rol pasivo en la restauración del orden sino que son agentes activos del mismo y en algunos casos garantes únicos.

Una intervención principalmente se hace para que ambos contendientes negocien, abandonen las hostilidades armadas y se pueda generar un clima de entendimiento permitido por un tercero, sea un Estado, la ONU o una institución regional. Ese cese se logra a partir del despliegue de los pacificadores, pero esa acción no garantiza el éxito del mismo. Esta situación puede dejar a las facciones listas para una nueva ronda de enfrentamiento si los pacificadores se retiran, lo cual obliga a mantenerlos desplegados ya que ellos –y no los grupos contendientes– son quienes crearon el espacio de negociación y depende de la acción de ellos.

Su despliegue se debe a que son fuerzas “neutrales”, por lo tanto esa neutralidad les garantiza a los contendientes que su despliegue no parte de un interés específico en el conflicto, al tiempo que les otorga cierta tranquilidad a los hombres desplegados de que no van a ser blanco de alguna de las facciones.

Asimismo, la neutralidad es complementada con la imparcialidad. Esto implica que no se va a tomar partido por ningún bando en una disputa de manera tal de ganar el consentimiento de am-bas partes evitando que se genere desconfianza con respecto a la función de los pacificadores.

En la actualidad, quienes intervienen se reconocen neutrales en relación al conflicto, pero no así imparciales en cuanto a la construcción de un espacio de negociación y de las acciones políticas y militares que los grupos llevan a cabo, la reconstrucción del orden no reconoce pasividad en cuanto a las acciones que sean conducentes a la recreación de beneficios para el conjunto del núcleo societal.

Los pacificadores pueden actuar de manera neutral pero no de manera imparcial en lo que respecta a la imposición de normas o reglas que alcanzan a todos los grupos en conflictos (Doyle y Sambanis, 2006: 13). Este es el sentido que se les dan a los despliegues de tropas, principalmente a aquellos que van a realizar misiones de reconstrucción del Estado, ya que son los garantes básicos del orden social.

Es por ello que con creciente regularidad vemos cómo los pacificadores comienzan a operar con una lógica que apunta a incrementar los costos de aquellas partes que no cooperan en el mantenimiento del orden, o que presentan signos activos de desertar de los compromisos asumidos.

La imparcialidad no implica ausencia de involucramiento, permitiendo un monitoreo constante junto con la posibilidad de que ninguna parte viole los acuerdos previamente alcanzados, y si algún contendiente quiere optar por esa vía, deberá tener presente que los costos bien pueden sobrepasar los beneficios de la deserción.

A partir de Kosovo las intervenciones implican un despliegue de fuerzas destinadas a proteger la vida y forzar un acuerdo de ser necesario o incluso alentar la división de un territorio. Aun cuando la comunidad internacional mantenga la neutralidad en relación al conflicto, cada vez más deja de ser imparcial frente a los eventos humanos que se suceden en una guerra civil.

Ser imparcial en estas intervenciones implica hacer saber a ambas partes que los costos de no actuar de forma cooperativa son crecientes y que van en detrimento de sus propios intereses en el conflicto. Por lo tanto la neutralidad sigue permaneciendo, pero no se convalida la idea de una “neutralidad no participativa” ya que con la participación se espera poder afectar la resultante del conflicto.

Este tipo de situación se observa con la emergencia de nuevos Estados como es la actual situación en Kosovo amparado bajo las fuerzas militares de la UE, o Afganistán en su versión coalición de voluntad mediante la fuerza de la ISAF con coordinación y comando de la OTAN.

Pasar a una imparcialidad activa agrega una nueva dimensión en relación a las fuerzas desplegadas y a sus sociedades de origen.

Alterar el statu quo puede ayudar a recrear la confianza social para que los contendientes busquen obtener ganancias absolutas en detrimento de las relativas donde puedan relacionarse no como enemigos sino como coexistentes, aunque mantengan cierto grado de rivalidad, la cual existe en todas la sociedades.

Las operaciones recientes nos obligan a pensar que las sociedades que intervienen a los efectos de terminar con las consecuencias más viciosas de las guerras civiles tienen que aceptar que existen ocasiones en las cuales se pondrán en riesgo la vida de los pacificadores a los efectos de salvar la vida de quienes son las principales víctimas de estos conflictos: la población civil.

Usar la fuerza en relación a los sufrimientos que estos conflictos traen no implica romper la neutralidad, sino dar un claro mensaje acerca de las consecuencias que tiene la ausencia de límites en los conflictos civiles. Resulta necesario –como se esta observando en Afganistán y en el Líbano– que para pacificar y estabilizar hay que aceptar cierto sacrificio nacional como lo muestran las crecientes bajas que sufren las tropas de la ISAF y de la UNIFIL para proteger y reconstruir a los respectivos países.

Mary Khaldor señala que el avance de este tipo de operaciones obligará a crear un nuevo tipo de soldados-policías que implicará repensar las tácticas, el equipamiento, el comando y el control de este tipo de fuerzas. Mejorar la logística, las comunicaciones y el trabajo con las fuerzas autóctonas en el terreno que quieran trabajar por el orden y la seguridad como se ve en el armado de estas nuevas fuerzas posconflictos asistidas por las tropas internacionales.

Una modificación del ethos de quienes compongan esta fuerza deberá basarse en el conocimiento y el respeto a las leyes de la guerra manteniendo un estricto código de conducta, entendiendo que como legitimo portador de las armas de la comunidad internacional, tiene que estar preparado ya no solo a morir por su país sino como miembro de una fuerza multinacional puede dar su vida por las otros seres humanos que no son sus compatriotas (Khaldor, 2001: 131).

División militar internacional del trabajo y neotutelaje

El modelo de coaliciones de voluntad o el creciente armado de fuerzas de despliegue para intervenciones humanitarias conocidas como Stand By Forces nos lleva a la pregunta acerca de la división creciente existente entre quienes realizan operaciones tradicionales de combate y quienes aportan tropas de pacificación y estabilización. Cabe señalar que un número muy reducido de Estados tiene capacidades ofensivas mientras que la gran mayoría, aun cuando retiene cierta capacidad defensiva, está optando por darle a sus fuerzas roles como pacificadores, ayudando en los esfuerzos internacionales por pacificar y reconstruir aquellos Estados que se han sumido en el caos.6

Con la instalación creciente del criterio de resolver los problemas regionales con soluciones locales, es que en el marco de la ONU pero así también en el marco de otras instituciones como la OTAN, la Unión Africana o la CFAC, las potencias industrializadas han comenzado a trabajar de manera activa en el desarrollo de fuerzas regionales a los efectos de poder contar con actores que se sumen al esfuerzo internacional pero que al compartir el mismo espacio político y geográfico donde surgen los conflictos, sean estos quienes puedan ser desplegados en primera instancia.

Estas coaliciones de voluntad donde existe una parte que impone la paz y otra que la cuida, provoca una creciente división del trabajo entre FF.AA. de Estados Posmodernos y FF.AA. de Estados Modernos7 donde estas últimas tienen un rol importante en la pacificación reorientando su preparación militar hacia este tipo de misión quedando subordinadas a fuerzas tecnológicamente superiores.

Con el objeto de solucionar las crisis humanitarias al tiempo de lidiar con los problemas vinculados a la construcción de consensos y la necesidad creciente de tener fuerzas que puedan ser desplegadas cuando estos estallan en el tercer mundo donde el grueso de estas operaciones complejas se lleva a cabo.

El G-8 a mediados del año 2004, decidió llevar a cabo una iniciativa multilateral para entrenar y equipar a 75.000 soldados –en su mayoría del continente africano– desde el año 2005 hasta el año 2009 para desarrollar operaciones tanto de mantenimiento de la paz y estabilización asistiendo en las misiones de reconstrucción de Estado allí donde sea necesario a partir del año 2010.

Conocida como la Iniciativa Global para las Operaciones de Paz (Global Peace Operations Initiative) tiene su centro de entrenamiento en la ciudad de Vicenza, Italia, el cual inició sus operaciones en el año 2005. La iniciativa tiene fondos por 660 millones de dólares destinados no solo al entrenamiento de unidades de “pacificadores” o fuerzas de gendarmería sino también mejorar la logística de las fuerzas participantes como la coordinación entre estas fuerzas y su capacidad para ser desplegadas de forma efectiva y sustentable en el terreno.

Si bien está orientada a los países de África, el objetivo final es incorporar un número mayor de naciones tanto de Asia, como de Europa Oriental y de América Latina.

Al encarar este tipo de entrenamiento se plantea una mejora directa en las capacidades de las naciones que participan en misiones de paz, ya que se propone resolver el problema de la falta de capacidades para operar que tienen numerosas naciones en este tipo de misiones, aún para ser desplegadas dentro de su propio espacio regional.

La división resulta de los aportes que realiza cada Estado. Los países desarrollados, los fondos, la inteligencia, el entrenamiento y el equipamiento. Los subdesarrollados, hombres en armas debidamente entrenados sujetos a las reglas del Estado dispuestos a contribuir a ese orden. De esta manera se conforma en el siglo XXI un orden cimentado a partir de aceptar que las naciones medias del sistema tendrán una función específica si quieren ser socios confiables del nuevo orden.

Con ingentes recursos a su disposición pueden echar mano de los ejércitos que los Estados modernos poseen, los cuales acogen esta función con beneplácito debido a que permite incrementar las alicaídas arcas de las fuerzas haciéndolos sentir parte y socios del orden internacional en creación (Mani, 2006: 19).

La capacidad de asistir tecnológicamente, financiar el ensamblado de las fuerzas y entrenarlos en los menesteres de la pacificación ha sido parte de la estrategia política por parte de las grandes potencias desde que la principal fuente de inestabilidad internacional, proviene del colapso de los Estado premodernos.

Esta división funciona a partir del consenso, que al mismo tiempo debe construirse. Para lo cual deben suceder tres situaciones no necesariamente simultaneas: a) la causa de intervención debe ser legítima, por lo tanto y frente a la sociedad permite tener un argumento válido para desplegar tropas; b) de no existir ese consenso la potencia que quiere lograr un despliegue de pacificación debe tener la capacidad suficiente para generar pagos interesantes en el esquema del Estado susceptible a desplegar esas fuerzas; o c) cierta solidaridad ideológica entre quienes van a desplegar la misión de estabilización.

La gran mayoría de los países encuentran en las misiones de paz, de estabilización y de reconstrucción un rol para sus FF.AA. las cuales pasan a ser parte de esa construcción de orden internacional dentro del marco de las instituciones internacionales.

Su rol es doble ya que no solo ayudan al establecimiento de cierta estabilidad internacional en aquellas áreas disfuncionales sino que además crean una identidad cooperativa en materia de asuntos de seguridad internacional, situación que vemos con la proliferación de centros de entrenamiento en misiones de paz y los intercambios internacionales de oficiales y suboficiales en los mismos.8

Cabe destacar que las misiones de estabilización y reconstrucción se desarrollan en espacios geográficos que se caracterizan por la ausencia marcada de un Estado que integre, contenga y desarrolle a los distintos elementos de su sociedad. En este sentido, existe en la actualidad un regreso al tercer mundo por parte de las potencias. Como consecuencia de ello podemos señalar lo siguiente.

En primer lugar, son las crecientes dudas acerca de las consideraciones reales de intervención ya que es en el sur donde existen recursos necesarios para las potencias industriales, tanto las establecidas, como las ascendentes. Las disputas entre facciones dejan habilitada la posibilidad de la tentación por parte de las potencias para explotar esa situación en beneficio de sus intereses económicos, políticos y militares de corto plazo.

La intervención queda sujeta entonces en un complejo juego geopolítico de las potencias que tienen un interés concreto en poner ciertos espacios bajo su órbita de influencia. En el caso de las guerras civiles se puede hablar de una verdadera “maldición del recurso” ya que complica –por la competencia doméstica en la obtención de los mismos– los esfuerzos por generar reglas de juego social pacíficas.

Resulta interesante pensar que luego de que la comunidad internacional se haga cargo de la seguridad y la restauración del orden económico, estas unidades emergentes que en algunos casos alcanzan el rango formal de Estado, presentan peculiaridades, como por ejemplo un ejército internacional en su interior, o un entramado burocrático Estatal sostenido principalmente por una combinación entre funcionarios internacionales y locales, Estos se parecen más a colonias informales, ya sean de un país, o de una institución, que un Estado “moderno”.

Todo el esfuerzo de reconstrucción posconflicto, tanto militar como económico, es desde el punto de vista político un nuevo tutelaje que en algunos casos se ejecuta con ejércitos y funcionarios de sociedades claramente mejor estructuradas, que pueden compartir una raíz común con la zona afectada y que también históricamente han sido colonias y que en la actualidad son Estados medios del sistema internacional.

Cultural y económicamente son parte de una extensa periferia, lo cual ayuda a generar cierto proceso identificatorio común con la población de esas sociedades dislocadas, facilitando a quienes hacen la tarea de reconstrucción comprender mejor la realidad subyacente. Contar con fuerzas del propio tercer mundo para realizar tareas de pacificación se transforma en un elemento interesante para las potencias al momento de pensar en perspectiva de una pacificación exitosa.

Este ingente tutelaje de pares nos permite hacernos preguntas –por ahora sin respuestas– acerca de las instituciones que van a emerger en esos espacios políticos, como compatibilizar el rol que tienen los pacificadores de naciones del tercer mundo en el cuál ellas también están sumergidas con sus ordenamientos domésticos, y principalmente cual será el nivel de tolerancia a la pérdida de vidas humanas por parte de estas sociedades.

La sustentabilidad del sistema político depende principalmente de una miríada de actores no gubernamentales, instituciones internacionales y domésticas como así también el entramado organizacional. Asimismo –y a diferencia con las viejas administraciones coloniales– se busca poseer un mandato internacional para hacer ejercicio del reordenamiento, con el objetivo de reconstruir y retirarse lo más rápido posible (Fearon y Laitin, 2008: 7).

La opción tutelar es el resultado de que tanto potencias como Estados medios enfrentan el clásico dilema de acción colectiva, ya que el desorden en el tercer mundo genera los mayores desafíos para el orden internacional. El problema radica en que los costos esperados para restablecer un orden político, la democracia y reconstrucción económica, excede los beneficios que se pueden obtener, por lo tanto esta situación genera la lógica de la cooperación multilateral a los efectos de compartir la carga del reordenamiento9 (Fearon y Laitin, 2008: 13).

Es por ello que a medida que la periferia turbulenta “obliga” a intervenir para resolver las externalidades que impactan sobre el sistema internacional reordenando Estados fallidos bajo un mandato internacional se vuelve una necesidad generando el espacio de cooperación necesario a los efectos de rechazar estos efectos negativos generados por la aversión común que provoca el quiebre del Estado.

Momento de elecciones difíciles

A modo de conclusión podemos señalar que la evolución del escenario internacional está demandando más tropas internacionales que puedan operar en entornos complejos empleando una basta gama de acuerdos ya sean regionales, globales o la legitimidad estatal para operar en aquellos escenarios que afecten la estabilidad internacional incluso con el uso de la fuerza como una posibilidad a considerar.

El emergente “responsabilidad a proteger” puede devenir en una justificación cosmopolita interesante para justificar las intervenciones militares que permitan recrear un espacio de convivencia política viable. Este concepto nos esta diciendo a todos que la imparcialidad frente a determinados sucesos esta perdiendo margen de manera acrecentada con el paso del tiempo.

En el siglo XXI las fuerzas militares tienen un doble rol, el tradicional de defensa de la soberanía y la protección de los intereses del Estado más allá de sus fronteras, como uno no tradicional y creciente –y en el caso de los Estados menores cada vez más activo– que es el de actuar en misiones fuera de sus espacios regionales bajo mandato de una institución internacional o una coalición de voluntad para responder a los desafíos de la ruptura de los Estados, la violencia asociada a esa ruptura y la reimposición de orden.

No debemos obviar que existe un interés de las potencias en reafirmar ese rol secundario de las fuerzas militares ya que son útiles para compartir la carga de la administración del sistema internacional, al tiempo que las deja con un rol preponderante en la estructura de poder militar internacional.

Las fuerzas desplegadas deben comprender que su función implica la participación en una guerra civil, pero con el objetivo de terminarla, por lo tanto la neutralidad no es una buena consejera, por el contrario su intervención tiene que ser un mensaje claro a las partes contendientes.

Quienes combatan a esas fuerzas y no cooperen en el establecimiento de un orden social pacífico enfrenta el serio riesgo de empeorar su posición e intereses en el posconflicto. El involucramiento de una fuerza multinacional no está libre de costos y sí quienes aportan fuerzas están dispuestos a pagar en vidas tal tipo de acción, obligan a los contendientes a reevaluar su relación costo beneficio de continuar enfrentados o enfrentar a una fuerza multinacional.

Permitir que la intervención acelere el ciclo de guerra o que esa posibilidad sea incorporada en el cálculo racional de los contendientes puede hacer que exista una voluntad mayor para negociar una solución que mantener un estado de guerra virtual detenido por la intervención.

El problema será entonces cómo elegir la parte a la cual se va a apoyar. Quienes están a cargo de las operaciones de estabilización y reconstrucción posconflicto están trabajando con aquellos que quieren generar un entorno pacífico, independientemente de la etnia o grupo al que pertenezcan.

Trasladar instituciones, prácticas políticas y procedimientos administrativos no es una tarea fácil, indefectiblemente eso conlleva roces y tensiones que de tanto en tanto explotan como sucede en Timor, Haití, entre otros, entre la administración gubernamental y quienes cumplen rol de tutelaje.

Si tenemos presentes en estos últimos años las FF.AA. de Estados desarrollados y en vías de desarrollo han participado en todo tipo de misiones ya sean de mantenimiento, imposición y crecientemente de reconstrucción, la comunidad internacional ha acompañado estas operaciones habilitando cierto nivel de tutelaje con el objetivo de rehabilitar estos Estados a la comunidad internacional.

Ya sea en un rol protectivo, los ejércitos al servicio de las instituciones internacionales o de un Estado junto a los funcionarios de las mismas están ocupando roles tutelares con Estados emergentes, a los efectos de transformar esos espacios premodernos en sociedades de Estados modernos.

Las intervenciones son tareas que en los próximos años serán vitales para las áreas circundantes y para los centros de poder en un siglo donde la inestabilidad, la ruptura interna y la violencia internacional e intraestatal serán una constante en los años por venir.

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FECHA DE RECEPCIÓN: MAYO 2009

FECHA DE ACEPTACIÓN Y REVISIÓN FINAL: JUNIO 2009

PP: 99 - 117 99

 
 
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