Sociedad Global
Revista de relaciones internacionales y ciencias políticas
ISSN 1851-6262

LOS ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD EN LA ARGENTINA. ENTREVISTA A MARCELO SAÍN (*)
 

Juan Cruz Vazquez

 

Fecha: 4 de noviembre de 2008

Lugar: Dirección Nacional de la PSA, localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

JCV: ¿Cómo describiría el origen y el desarrollo de los estudios de seguridad y su evolución particular en la Argentina?

MS: Debo hacer primeramente la salvedad de que mi abordaje particular sobre el tema no se efectúa desde la ciencia política sino desde un marco mayor que es el de las ciencias sociales. Son la sociología y la antropología las disciplinas que han dado los primeros pasos en este derrotero.

En estos campos disciplinares, debe destacarse como antecedente de suma importancia el cúmulo de producción académica vinculado a la gestión política en relación a los asuntos policiales y a las problemáticas criminales por parte de algunas escuelas nacidas en Estados Unidos, Francia y Canadá. La escuela de criminología de Montreal me parece, en este sentido, un agrupamiento clave de tempranas producciones, a las que se suman las investigaciones norteamericanas que asoman tempranamente a fines de los ‘60 e inicios de los ’70. Del mismo nivel, y un tanto posterior encontramos a la escuela francesa de sociología criminal, con una aguda lente en el abordaje sobre la inseguridad, la crisis policial y los asuntos gubernamentales vinculados a la seguridad pública, todo ello en los años ’80.

En todos estos países, y a lo largo de las décadas del ‘70, ‘80 y ’90, se efectuaron abordajes académicos sobre este conjunto de problemáticas que resultaron en conceptos, teorías, enfoques y análisis sistemáticos muy útiles para entender la situación de la seguridad en la Argentina de los últimos tiempos, ya que el conjunto de problemáticas analizadas por aquellos abordajes están hoy presentes, con veinte años de retraso, en estas tierras australes. De hecho, los trabajos realizados entonces por esas autores fundamentales de aquellos países (pienso, por ejemplo, en Herman Goldstein) parecen estar abordando las problemáticas de la actualidad argentina.

Ahora bien, en el caso particular de nuestro país, me parece que el origen de estos estudios no tiene lugar en el ámbito académico ni en el marco de las ciencias sociales. En la Argentina, este tipo de estudios surge como consecuencia de abordajes analíticos encargados o llevados a cabo por distintas organizaciones de derechos humanos y asociaciones de lucha contra la corrupción o los abusos policiales durante la década del ’80. En ellos, básicamente, lo que se enfocó fue la problemática de la violencia institucional y ciertos mecanismos y dispositivos institucionales de reproducción de prácticas abusivas de violencia institucional.

Quizás también en el ámbito de estos centros de estudios, organizaciones de derechos humanos y sociales también proliferaron algunos trabajos vinculados a lo que fue la corrupción policial. Pero estuvieron ausentes los análisis sobre dispositivos de gestión política en seguridad pública . El actor central sobre el que se indagaba en materia de violencia institucional era el sistema penitenciario, por un lado y, principalmente, el sistema policial, por el otro.

Por su parte , en esa misma época se desarrolló todo un campo de abordajes en materia de seguridad pública como desprendimiento de ciertos lineamientos de la criminología derivada del derecho penal. Es así que, a diferencia de otras escuelas del mundo -los estudios norteamericanos, franceses y canadienses anclados en la criminología como ámbito de especialidad de la sociología-, los lineamientos que predominaron en el país para estudiar el tema de la seguridad fueron diametralmente distintos. Lo que existía aquí era más bien una suerte de lectura criminológica desde el derecho penal con una impronta bastante normativa, fundamentalmente desde el ámbito de lo que era la doctrina penal. Dentro de esta vertiente han surgido una serie de trabajos desde las ciencias sociales vinculados a problemática de la seguridad pública, pero muy relacionados con todo lo que es el proceso penal y el poder punitivo.

Ya en la la década del ’90, las ciencias sociales argentinas comienzan a detentar emprendimientos analíticos autónomos al derecho como una ramificación de este esfuerzo original en torno a la seguridad pública. Pero su potencialidad no fue acompañada por el ámbito académico: no había proyectos de investigación, o predominancia de programas analíticos sobre el tema, o líneas prioritarias de financiamiento que alentaran el trabajo en torno al estudio de la seguridad. Estos problemas analíticos no eran para la época un tema de la agenda política y por ende no constituían un tema de la agenda académica en el ámbito de las ciencias sociales. Es que en este punto, el campo de las ciencias sociales, y muy particularmente la ciencia política, parecían conformarse a partir de la agenda política.

Donde sí empiezan a emerger estudios sobre la seguridad más integrales e innovadores fue a fines de la década del ’90 y comienzos del 2000, y ello se desenvolvió en el campo de la antropología y la sociología, donde surgieron una serie de referentes que empezaron a trabajar el delito, la seguridad y la institución policial ya desde una perspectiva sociológica, con énfasis en la problemática vinculada a la seguridad objetiva o a las sensaciones, a la subjetividad relacionada a ella - algo que ahora se tiende a llamar el miedo al crimen o las experiencias acerca del delito en el ámbito de la sociología. Ya insertos más en un paradigma de criminología sociológica, o de estudios del conflicto, algunos de estos aportes surgen como un esfuerzo interpretativo acerca de las violencias sociales y de las respuestas punitivas del Estado (básicamente la criminalización de la protesta social), dando lugar a ciertos enfoques heurísticos sobre la impronta prohibitiva y punitiva del Estado, la represión como mecanismo de control social y de las instituciones que la viabilizan ,. No obstante, aunque con una impronta más sociológica, nuevamente se abordan el sistema de justicia criminal, el sistema penitenciario y la policía.

Pero nada de ello ocurre en el campo de la ciencia política. En esta esfera disciplinaria existió un vacío muy grande a la luz de lo que hoy podría haber sido un importante aporte en cuanto a los mecanismos de lo que constituye la gestión política de la seguridad o, eventualmente, las políticas públicas o su ausencia en esta materia.

Entonces, hoy se llega a un punto donde se observa un auspiciosos proceso de constitución de un campo que, por un lado, estudia delitos, conflictos y problemáticas criminales así como las condiciones sociales vinculadas a estos asuntos (fundamentalmente todo lo que es la dimensión subjetiva de la seguridad) y, por otro lado, con un segundo componente temático que gira en torno a la gestión política, los mecanismos y dispositivos del poder punitivo, las instituciones policiales y las prácticas institucionales. Los principales aporte de este campo provienen de la sociología y la antropología, pero ya despuntan en él algunos trabajos originados en la ciencia política, además de aquellos que se remiten del derecho penal y la criminología crítica.

Es decir, paulatinamente se ha ido conformado una suerte de campo interdisciplinario de interlocución entre profesionales y académicos que vienen de estas distintas “disciplinas madre” pero que tienen como objetivo común el abordaje mancomunado de distintos aspectos de estas dos grandes dimensiones que he mencionado , es decir, las problemáticas de la violencia y el delito, por un lado, y las respuestas estatales, por el otro.

JCV: ¿Y la ciencia política no fue en la Argentina pionera en los avances analíticos y estudios académicos sobre la seguridad?

MS: Por mi parte, no observo en el ámbito de la ciencia política local trabajos pioneros o bien antecedentes claros que puedan entenderse como investigaciones científicas o al menos ensayos científicos que apunten a establecer un abordaje en asuntos vinculados a la seguridad pública. No vislumbro un panorama alentador al respecto desde que aún constato pocos trabajos al respecto y bastante irrelevantes. Como contraparte, sí compruebo en el país un notable y reciente avance de los estudios en materia de seguridad desde las ciencias sociales. Aquí se refleja, una vez más, el daño causado por el paradigma predominante de la ciencia política argentina en sus orígenes, paradigma en el que se reivindicó con énfasis la autonomía de la política respecto de los procesos sociales, culturales, económicos. Hoy tenemos una ciencia política autista y chiquitita.

En la ciencia política, no hubo una apropiación de este objeto de estudio ni siquiera cuando los problemas de la seguridad ya estaban colocados en la propia agenda política. Por ejemplo, el proceso de intervención civil de la Policía de la Provincia de Buenos Aires; la reforma innovadora que allí se emprendió; y la creación, por primera vez, del Ministerio de Seguridad, por citar algunos casos importantes.

En este contexto, son pocos y acotados los aportes politológicos en cuanto a investigación sobre el tema, y esto, creo, se debe a que ha habido en el ámbito académico de esta disciplina una suerte de abordaje exclusivo a partir de la docencia de los asuntos de seguridad pública y no desde la investigación. Es relevante destacar esto porque, en el fondo, el trabajo académico nuclear de una disciplina científica es el trabajo propio de investigación, no el de docencia. Éste constituye, más bien, como un derivado -como transmisión- de lo que es la producción del conocimiento científico.

A su vez, a la tardía apropiación del objeto de estudio y a la impronta de docencia con la que se introdujo la ciencia política argentina en la temática de la seguridad pública, se le debe sumar otro componente de raigambre estrictamente disciplinar dado por las limitaciones interdisciplinarias que aún porta con énfasis. Creo que la ciencia política argentina tendría, por sí misma, una suerte de suficiencia en cuanto a los instrumentos de indagación que ha desarrollado en los últimos tiempos para poder emprender estudios integrales de los asuntos de la seguridad pública. Pero para ello se requeriría de un diálogo interdisciplinario muy fuerte con la antropología, la sociología y la criminología. Un abordaje integral y profundo de los asuntos de la seguridad pública requiere de una intersección activa entre ejes temáticos como la política y la violencia o entre la institucionalidad política vinculada a la seguridad pública y las problemáticas delictivas. Y ello sólo se podría lograr mediante una interlocución permanente con lo que está ocurriendo en otros campos disciplinarios como los de la sociología, la antropología y la criminología con relación a este conjunto de problemáticas.

Sin esta necesaria interlocución se da lugar a un análisis rengo, con vacíos que generarían un enorme obstáculo epistemológico y heurístico para poder abordar los procesos ligados a la seguridad pública. Y a mi criterio no sé si la ciencia política está en condiciones de dar respuesta a estos temas. Debe observarse que las temáticas que más se han desarrollado en la ciencia política argentina detentan una suerte de autosuficiencia epistemológica y heurística: Estado, partidos políticos, procesos políticos, sistemas legislativos, mecanismos de control. Pero la ciencia política local fracasó cuando tuvo que abordar temáticas que requerían inevitablemente una interlocución con los campos de la sociología, la antropología y de otros estudios mucho más complejos en el marco de las ciencias sociales.

Reitero lo dicho antes: la ciencia política argentina tiene un autismo de origen, y digo de origen porque nació muy fuertemente bajo la égida de la reivindicación, de la exaltación de su propia autonomía como campo casi independiente del ámbito social. Y de ello resulta una dificultad ontológica para abordar integralmente asuntos vinculados a la seguridad y dar cuenta de instrumentos apropiados de investigación e indagación científica, elementos teóricos y conceptuales (heurísticos) y herramientas de ingeniería investigativa, que requieren inevitablemente de un nutrido y constante diálogo e interlocución con la sociología y la antropología, es decir con el amplio campo de las ciencias sociales.

Estas limitaciones tienen un significativo reflejo en el ámbito del nucleamiento institucional-académico de la disciplina. La asociación más importante de ciencia política en el país es la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), que se reúne a nivel nacional desde el año 1993. Desde entonces a estos días, ¿ cuántas mesas ha organizado la asociación sobre seguridad pública?; ¿ cuántas conferencias magistrales han dado académicos o expertos internacionales o locales en materia de seguridad pública en los Congresos Nacionales o reuniones o jornadas de la SAAP?. Ninguna. Allí se ve claramente lo que representa la seguridad pública en la ciencia política argentina.

JCV: En relación a lo anterior, y por la vinculación con la institución policial y en sus malas prácticas ¿Existe o existió algún tinte peyorativo en estudiar académicamente el tema de seguridad y sus instancias?

MS: Yo creo que este punto ha tenido una importante incidencia sobre la materia analítica misma y los emprendimientos por abordarla. Ello tiene coherencia con el recorrido que acabo de trazar sobre el tema. Decía anteriormente que, a fines de las décadas de los ‘80 y ’90, los abordajes analíticos de este conjunto de problemáticas no se efectuaron tanto desde el campo académico-científico sino más bien desde las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los derechos humanos, con estudios vinculados a la violencia policial y/o institucional.

Allí, evidentemente, este conjunto de trabajos estuvo muy imbuido por el estudio de la proyección punitiva, represiva y de violencia institucional protagonizada por el Estado. El aparato estatal era visto en términos generales y fundamentalmente a partir de su sistema penal, como un mecanismo perverso de control social netamente represivo, lo que impedía un abordaje mucho más pormenorizado acerca de los dispositivos, procedimientos, prácticas que en todo caso explicaban esa impronta, esa proyección, esos mecanismos de control social. Eventualmente, eso impidió un desagregado analítico más profundo.

Todo esto se tradujo posteriormente al campo de los abordajes científicos-académicos. Hoy, a mi parecer, ese tinte empieza a ser superado. Lo que creo que en la actualidad constituye un gran obstáculo -dígase- epistémico para el abordaje de la temática de la seguridad no tiene que ver con un prejuicio de rechazo al análisis de aquellas cosas que pueden ser repudiables desde el punto de vista político, social y cultural; sino, más bien, cierta resistencia del objeto de estudio “delito”, del objeto de estudio “policía”, “corrupción policial” o “prácticas abusivas” al escrutinio o a la indagación académica.

Me parece que todavía no hemos podido desarrollar en el ámbito de las ciencias sociales y en el de la ciencia política en particular, mecanismos creativos de intervención e indagación que nos permitan romper esa resistencia sistémica a toda forma de escrutinio externo. Es que analizar estos puntos implica analizar lo prohibido, cuestiones ante las cuales sus propios actores resisten la mirada crítica por parte de un “mundo externo”. El delito, la corrupción o los abusos policiales, los mecanismos sociales y políticos que respaldan y legitiman ese conjunto de prácticas perversas no gustan de la necesaria visibilidad que conllevan los estudios científicos.

Entonces, sostengo que allí encontramos más una resistencia epistémica, aunque no descarto la persistencia de algún grado de prejuicio entre los académicos para abordar estos temas. Pero me parece que esto con el tiempo se va a ir licuando porque comienzan a surgir académicos con aportes serios e innovadores (como decía antes) desde la antropología, la sociología, la ciencia política y el derecho penal más ligado a la criminología crítica.

JCV: Volviendo al devenir de los estudios sobre seguridad ¿Qué referentes mundiales y locales pueden destacarse?

MS: En el ámbito mundial los principales referentes en cuanto a producción y aportes concretos en la temática los encontramos centralmente, como ya enuncié, en las escuelas norteamericana, canadiense y francesa de sociología.

En sociología policial, entre los principales vale nombrar a Peter Waldmann; Herman Goldstein; David Bayley, Dominique Monjardet, Jean-Paul Brodeur; Jean-Claude Monet, Robert Reinner, Jean-Louis Laubet Del Bayle; Egon Bittner; Jaume Curbet; Mark Neocleous, Anneke Osse; Roger Dunham; Geoffrey Alpert y André Bossard.

También hay referentes concretos por demás interesantes en la criminología inglesa. Hay un autor al que particularmente leo mucho por el modo en el que analiza el conjunto de problemáticas vinculadas a la gestión política de la seguridad en Estados Unidos y en Inglaterra: David Garland. Para mí sus trabajos son liminares en cuanto a la descripción de concepciones, mecanismos, prácticas y visiones de abordajes políticos de las problemáticas de seguridad en sociedades de alta criminalidad. Garland ha construido marcos de referencia sustantivos para entender numerosos procesos actuales en nuestro país.

Ahora bien, en consonancia con ese tratamiento integral que demandan los estudios sobre seguridad, todos los autores citados difícilmente tengan el mote de politólogos en el ámbito de la ciencia política argentina. Son cientistas sociales; se insertan en lo que en Francia se llama “Sociología”. En este último país se denomina sociología al gran campo de las ciencias sociales articulado en torno de la teoría social, la investigación social. Pero en nuestro país el asunto es más segmentado. Por dar un ejemplo: si en la Argentina hablamos de Pierre Bourdieu, tendríamos dificultades a la hora de ubicarlo disciplinariamente en algunos de los cortes locales: ¿ es sociólogo?; ¿ es politólogo?; ¿es antropólogo?. En la noción francesa lo es todo: es el sociólogo.

En cuanto a referentes nacionales en materia de investigación científica sobre el tema, caben ser mencionados algunos de ellos: Máximo Sozzo, Juan Pegoraro, Gabriel Kessler, Alejandro Isla, Enrique Font y sus respectivos equipos. El trabajo de Gregorio Kaminsky en la Universidad Nacional de Lanús y el de nuestro equipo en la Universidad Nacional de Quilmes, junto con Sabina Frederic. No existen, más allá de éstos, otros grupos científicos consolidados especializados en investigación sobre el tema. Si, proliferan ensayistas y académicos notables pero más como esfuerzos individuales.

Una mención especial como antecedente merece Juan S. Pegoraro, enraizado más en el campo sociológico. Pegoraro es una persona importante para destacar ya que comenzó hace tiempo a batallar sobre estos temas desde la escuela foucaultiana de la criminología crítica y del pensamiento crítico vinculado al autor francés. En este sentido, se erige como un pionero que ahora se encuentra con una serie de alianzas con académicos más jóvenes y que siempre está pendiente de la formación de nuevos investigadores. En suma, todos los académicos argentinos que mencioné trabajan tanto en el plano de la investigación empírica como en el plano teórico sobre estas cuestiones.

JCV: ¿Qué ámbitos académicos e institucionales marcaría usted en la actualidad como centrales en los estudios sobre seguridad?

MS: Cabría mencionar, como ámbitos de trabajo de investigación desde la ciencia política, a la tarea que venimos desarrollando en la Universidad Nacional de Quilmes y el destacado esfuerzo hecho desde la Universidad Nacional de Lanús. Más allá de estos dos ámbitos bien identificables, lo que se observa son algunos emprendimientos en distintas universidades vinculados más bien a la docencia en el ámbito de los asuntos de seguridad y de las políticas de seguridad y, en gran medida, con un público policial o de servicio penitenciario.

JCV: ¿Cuál es la miríada de temas puntuales que se pueden abordar desde los estudios sobre seguridad?

MS: A mí me parece que hay una serie de líneas de estudios muy importantes y pertinentes para desarrollar . En primer lugar, el análisis de cómo, en el sistema político argentino, se abordan las problemáticas de la seguridad pública por parte de todos los actores políticos y sociales en general. Las concepciones, orientaciones, prácticas, estilos y reacciones de estos actores ante la violencia y delito y las reacciones institucionales y sociales ante ellas podrían constituir un eje temático fundamental. Vale una aclaración: cuando hablo de “política y delito” no estoy suponiendo solamente la relación política-delito violento de la calle sino que estoy hablando también de la criminalidad organizada que tuvo un amplio análisis por parte de estudios sobre seguridad regional, pero que encontró poco asidero en estudios acerca de lo que constituyen los mecanismos de los sistemas de seguridad locales, nacionales o regionales en el ámbito disciplinar de la ciencia política.

En segundo lugar, lo que ha sido uno de los ejes estructurantes de la constitución de la ciencia política argentina y del resto de América Latina: el estudio de la gestión política y del ejercicio del gobierno pero aplicado a la seguridad pública. Al respecto, se abre un conjunto de temáticas específicas que podrían resultar interesantes que tiene que ver con el proceso decisorio acerca de la seguridad o los asuntos policiales.

Un tercer eje se vincula con el contenido de las políticas y estrategias de abordaje propiamente dichas. Allí hay un campo amplísimo de trabajo, porque el hecho de que no exista de modo cristalizado una política democrática sobre el tema, de que el mundo de la política no se haya apropiado con coherencia de estos asuntos, no significa no haya habido gobernabilidad política en materia de seguridad. De hecho, la hubo y la hubo ejercida por las cúpulas policiales. En este sentido, me parece que allí hay un espectro de temas de suma importancia para analizar.

Un cuarto punto es el trabajo en instituciones específicas y en campos vinculados la seguridad pública en el ámbito de gobiernos locales. Se encuentra en ese plano todo un campo de trabajo muy amplio vinculado con organizaciones de base o comunitarias, con la gestión política de la seguridad en esa esfera y, en este ámbito, todo lo que suponen los gobiernos locales mismos: los dispositivos de gestión política local, el vínculo entre política y condiciones sociales, política y delito, etc.

JCV: ¿Y qué aristas considera usted que presentan vacíos en este tipo de estudios?

MS: En los campos de la sociología y la antropología hay mucho más desarrollo en comparación con la ciencia política. Reitero: en estos ámbitos hay un cúmulo importante de trabajos vinculados a situaciones de violencia institucional, delito y conflictividades. En la ciencia política argentina, en cambio, nos encontramos con muchas deudas pendientes al respecto.

De los temas concretos, el vacío más grande de la ciencia política local está dado por la ausencia de estudios de políticas públicas en materia de seguridad. Los estudios tradicionales de políticas públicas podrían tener una potencialidad interesante dentro de campo de la ciencia política local. El tema de control parlamentario o intervenciones legislativas en la seguridad también. Es decir, en estas aristas existe una potencialidad de desarrollo analítico fenomenal, y todavía no ha sido explotado.

JCV: En su caso personal: ¿Cuál fue la motivación por este tema y su trayectoria en este tipo de estudios?

MS: Comienzo con trabajos no académicos o científicos sino ensayos interpretativos llevados a cabo en el seno de organismos de derechos humanos y a partir de la actividad política que desarrollaba en el Gran Buenos Aires hacia fines de los ‘80 y comienzos de los ‘90.

Uno de mis primeros trabajos sobre seguridad pública estuvo relacionado con la labor policial y las discusiones en torno de lo que implicaban la reforma policial y la construcción de mecanismos de gobierno político sobre los problemas de la seguridad, todo lo cual llevé a cabo a partir de la intervención civil de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y su proceso de reforma.

En el marco de la intervención civil de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de la que fui parte, nos agrupamos una serie de expertos contratados en el Instituto de Política Criminal y de Seguridad, que se creó como un apéndice de think tanks de la reforma policial. Durante los meses de enero, febrero y marzo del año 1998 llevamos a cabo todo el diseño de esa reforma que después tradujo Arslanián en hechos institucionales concretos con la aprobación de la legislación y el armado de ciertos modelos de organización policial que nosotros habíamos desarrollado en ese entonces. Posteriormente, Arslanián se adjudicaría todo el crédito en virtud de ser un dirigente y una persona con un ego muy grande, lo que le impide ver que la historia no empezó con él ni termina con él. Cuando junto a Alberto Binder y otros compañeros formamos parte del grupo de asesores de la intervención, Arslanián vacacionaba en Punta del Este.

En el marco de esa experiencia político-institucional, empecé a indagar ya de manera sistemática y más profunda en los temas sobre seguridad pública, pero siempre en relación a esa labor institucional. Hasta entonces, y desde un punto de vista académico-científico, me encontraba inserto en los estudios sobre la defensa nacional, las relaciones civiles-militares y los mecanismos de gestión política de los asuntos militares y de defensa. De hecho, mi tesis de doctorado en la Universidad Estadual de Campinas (1999) se centra en el análisis de los asuntos militares y las relaciones civiles-militares durante el alfonsinismo y el menemismo, en particular, las modalidades de gestión política acerca de la revisión judicial del pasado y la re-institucionalización militar en la democracia recuperada.

No obstante, en el caso argentino, estos dos núcleos temáticos –defensa y seguridad- no eran compartimientos estancos. Gran parte de las tendencias del desempeño de la clase política argentina con respecto a los temas de defensa y las relaciones civiles-militares se replicaban como prácticas recurrentes con relación a los asuntos de seguridad pública. Fue en esa correlación en donde efectué un encastre analítico más sistemático entre el plano de los asuntos defensivo-militares y el de la seguridad pública. Cuando comencé a abordar los temas de seguridad pública descubrí que había una inercia parecida a lo que ocurría en materia de defensa y asuntos militares, básicamente, en dos puntos concretos que luego traduje a artículos y posteriormente a libros. En primer lugar, la ausencia de voluntad y capacidad necesarias para que la política condujera los sistemas defensivo-militares o los sistemas de seguridad pública (entre ellos el sistema policial). Este ítem, me parece, está presente en ambos campos. Como consecuencia de ello, la similitud entre ambos planos daba lugar a un proceso que en algunos de mis escritos denominé como “desgobierno político” y “delegación del gobierno” a las instituciones subordinadas. El proceso es el mismo: mientras se cedía el gobierno de la defensa nacional y los asuntos militares a las propias cúpulas militares, se hacia lo propio en la sesión del gobierno de la seguridad pública a la institución policial, a las mismas cúpulas policiales. La defensa y la seguridad no estaban en manos de las autoridades gubernamentales sino de las fuerzas castrenses y las instituciones policiales respectivamente. Es decir, las particularidades y tendencias que pude observar en un campo, los constaté posteriormente en el otro. Y el abordaje de estos asuntos fue moldeando el eje central de mi trabajo académico: la gestión política de estos asuntos, el desempeño de los actores gubernamentales sobre ellos, la relación entre la política y la violencia institucional. En el fondo me encuentro analizando siempre eso.

En segundo lugar, la otra tendencia que vislumbré de manera idéntica en un campo y en el otro es cómo, a partir de la delegación antedicha, las fuerzas armadas y las instituciones policiales terminaron gobernando los asuntos de la defensa nacional y la seguridad pública, respectivamente, y, en ese marco, auto-gobernando sus propias organizaciones, todo ello con absoluta independencia y autonomía del gobierno político, y sin control ni regulaciones políticas alguna.

Cuando comienzo a detectar esta simetría, fundamentalmente a partir de mi doctorado, descubro mis ansias por desarrollarla más acabadamente en el campo de la seguridad pública. Ello coincidió, además, con un involuntario -o por lo menos no planificado- recorrido de intervención personal en cargos de gestión pública vinculados a la seguridad: en materia de narcotráfico en la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) de la Presidencia de la Nación; en lo atinente a control de lavado de dinero en la Unidad de Información Financiera (UIF); en la gestión de la seguridad pública en la provincia de Buenos Aires y, actualmente, en este último emprendimiento destinado a construir una nueva policía especializada en materia de seguridad aeroportuaria, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Lo interesante es que en todos esos destinos ocupé cargos superiores de gobierno y ello supuso una inmersión activa en los procesos decisorios respectivos.

Este recorrido institucional en gestión pública me terminó subsumiendo en mi base empírica, colocándome en el lugar de un antropólogo que práctica la observación participante. Y es que yo no dejo de abordar estos temas con la cabeza de analista: buscando fuentes, indagando mecanismos de creación de conocimientos, ensayando marcos interpretativos, construyendo conceptos, todo ello, subsumido en la propia gestión pública. Yo tuve y tengo la enorme ventaja epistemológica de que, al mismo tiempo que me decido trabajar estos temas en el ámbito de la indagación académica y de la investigación científica, me encuentro subsumido en aquello que analizo. Logro sortear y quebrar, así, esa resistencia epistémica de los aparatos policiales y del mundo de la política en relación a la seguridad al escrutinio académico, político y social externo, y ello sólo por el hecho de estar inmerso en la cosa misma. Ello me abre un panorama y una perspectiva enormes, que utilizo premeditadamente sacando rédito del lugar institucional que ocupo en función de producir una serie de datos, fuentes, entrevistas, indagaciones que me permitan ir construyendo una visión sólida y sistemática sobre este tema. Soy un infiltrado y, en el fondo, los políticos profesionales con los que he trabajado durante estos años, buenos y malos, lo sospechan o lo saben.

De este modo, a partir de combinación de labor académica y función pública, fui desarrollando dos tipos de tareas académicas. Por un lado, a partir de una avidez a veces desmedida por dar nombre a procesos que no tenían ni tienen existencia conceptual alguna, emprendí un esfuerzo de conceptualización medio atrevido, inventando términos o re-significando otros. Por otro lado, fui estableciendo una estrategia en la identificación de núcleos problemáticos aún no analizados o parcialmente abordados que permitan hacer investigación científica. Siempre he tratado de construir “conceptos” e “hipótesis” que me permitan hacer lo que hace toda ciencia social: describir e interpretar procesos complejos, diversificados, opacos. Creo que mi último libro, El Leviatán Azul, es una muestra de ello.

En resumen, para mí, política y academia fueron transcurriendo de manera paralela y ello me permitió desarrollar modalidades de gestión política más estratégicas y, a la vez, análisis académico más realistas y menos diletantes sobre seguridad pública.

JCV: ¿Que obras destacaría en su trayectoria personal sobre la temática de la seguridad?

MS: Mi temprana producción se encuentra desperdigada en artículos de revistas científicas o especializadas en el tema, en ponencias para congresos nacionales e internacionales, en documentos de trabajo de ámbitos académicos y de universidades, en ensayos para organizaciones civiles o institutos del sector privado, en informes y reportes de consultorías para organizaciones internacionales e instituciones públicas locales.

Si debo marcar un punto temporal cercano sobre mi producción vinculada a este tema, señalaría mi libro Seguridad, Democracia y reforma del sistema policial en la Argentina, publicado en el año 2002 por Fondo de Cultura Económica. Destacaría este trabajo porque en él ya establezco un marco teórico que después profundicé en este último libro. A partir de allí, mi trabajo toma más difusión con Política, policía y delito. La red bonaerense, editado en 2004 por el sello Capital Intelectual en el marco de la colección “Claves para Todos” dirigida por José Nun.

De esta manera llegué al reciente El Leviatán Azul, editado este año (2008) por Siglo Veintiuno. Con este trabajo, y tal como lo señalo en su introducción, lo que pretendo es construir un marco conceptual que permita establecer una red de nociones y de conceptos útiles para abordar la relación dos objetos fundamentales: gobierno y policía. En este sentido, creo que éste es un libro netamente de ciencia política; un libro que busca conceptualizar el conjunto de prácticas institucionales no formales del gobierno político y de la institución policial. Y en él también se intenta construir una sistemática de vínculos en América Latina y en la Argentina entre lo que ha sido el gobierno político sobre la seguridad y policía como institución de control político y social, a partir de la noción de desgobierno, delegación, pacto de reciprocidad y autogobierno policial.

Igualmente, y aún considerándolo a título personal como una obra neta de ciencia política, estoy seguro de que es un libro que no va a ser abordado ni leído por un politólogo argentino en virtud del diálogo permanente que en sus páginas se mantiene con otros campos de las ciencias sociales. A mi parecer, el politólogo argentino tipo lo sentiría ajeno. Y eso no está mal: yo mismo me siento ajeno al campo de la ciencia política local. Aún habiendo sido formado en el núcleo duro de la ciencia política, yo me considero un paria para esta disciplina: a quienes tratamos estos temas, nunca nadie nos ha convocado a participar de un simple panel donde se aborde la seguridad en términos políticos. Estudiamos a la política y a la cana, y para algunos grandes politólogos nos mimetizamos con ello convirtiéndonos en politiqueros o policías.

Más allá de estas consideraciones, y en relación a lo que decía al comienzo, me encuentro actualmente compilando un extenso libro donde concentro todos los artículos, ponencias y conferencia que he escrito y dado durante los últimos años en materia de defensa nacional, asuntos militares, seguridad pública y cuestiones policiales, con el cometido de cristalizar analíticamente el nexo existente entre política –mejor, gobierno- defensa y seguridad en la argentina. Allí quedará plasmado el vaso comunicante que individualizará las causas y consecuencias de que en ambos casos estas instituciones hayan gestionado por sí mismas lo que les delegó la esfera política.

* Licenciado en ciencia política por la Universidad del Salvador. Master en Ciencias Sociales con mención en ciencia política por FLACSO, Argentina. Doctor en Ciencias Sociales en el área “Estado, políticas públicas y procesos políticos contemporáneos” por la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Actual Interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de la República Argentina.
 

 
 
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