Revista de la Universidad Cristóbal Colón
Número 20 (Edición digital)

 

De la comunicación política a la equidad de género. Caso Veracruz 1998-2004

Mónica Mendoza Madrigal

Resumen: El artículo que a continuación se desarrolla, analiza la existencia o no del enfoque de género dentro del Gobierno del estado de Veracruz en el período 1998-2004, utilizando la teoría de la acción social, para -con un enfoque sistémico- estudiar la participación política femenina. Hacerlo constituye una oportunidad para abordar una problemática que existe. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el año 2000, las mujeres representamos el 51.3% de la población, de las cuales sólo existen actualmente 8 ocupando cargos de importancia en el actual gabinete federal ampliado. Por lo que respecta al estado de Veracruz, durante el período analizado, sólo tres mujeres estuvieron incluidas dentro del gabinete oficial del entonces gobernador, en una entidad donde las mujeres son mayoría. Sin embargo, a pesar de la inequidad en la participación, es preciso señalar que ésta no sólo se debería referir a la contabilización de las incluidas y las excluidas, sino a la transformación de esa participación en políticas públicas. Ésta es un área por la cual un gobierno puede ser considerado como una administración con, o sin, enfoque de género.

Abstract: The following article analyzes the presence of a gender perspective or lack of it in the policies of the State Administration in the period of 1998-2004. The author uses the Social Action Theory -with a systemic focus- in order to study the participation of women in politics. To do this, implies an opportunity to tackle an existing problem. According to the National Institute of Statistics, Geography and Data Processing (INEGI), in 2000, women represented the 52.3% of the Mexican population. Out of this percentage, only eight women are presently holding a position as heads of a public ofice in the Federal Administration. As far as the state of Veracruz is concerned, only three women were included in the local Administration as State Ministries, being Veracruz a state where women represent the majority.  However, despite the inequities in the participation, it is important to point out that the inclusion and exclusion of women should not be the only element to consider, but also the transformation of women's participation in public policies. This is an area in which a government can achieve the category of an administration with or without a gender approach.

Ponencia presentada el 14 de julio de 2005 en el Tercer Congreso Panamericano de la Comunicación Integración comercial o diálogo cultural ante el desafío de la sociedad de la información, celebrado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y derivada de la investigación realizada para la tesis de maestría de la autora.


Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Mendoza Madrigal, M.: De la comunicación política a la equidad de género. Caso Veracruz 1998-2004 en Revista de la Universidad Cristóbal Colón Número 20, edición digital a texto completo en www.eumed.net/rev/rucc/20/


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INTRODUCCIÓN

La participación política femenina no es sólo un tema de moda. Su significado de fondo trasciende las voluntades económicas y políticas que pudiera haber detrás del aparente impulso que se ha vivido en los últimos años y que hace que al día de hoy, ésta sea una de las “causas sociales” mayormente referidas dentro de los programas de acción de las campañas de todo candidato, independientemente del partido político en el que se milite. Pero es indiscutible que el “salto” de la mujer a la vida pública tiene matices de carácter económico, más allá de su trasfondo clientelar. Su irrupción en el mercado laboral la posiciona como una mano de obra activa que detona la producción nacional, con cuyo poder adquisitivo se ubica como consumidora experta, convirtiéndose así en un cliente estratégico cuyas compras generan importantes dividendos.

Si esta situación que tan deliberadamente atribuye a las mujeres un rol más activo en el escenario público, la contrastamos con la inequitativa condición de desarrollo que ha generado la búsqueda de alternativas de solución ante la opresión y/o discriminación, es que podemos inferir la importancia que el tema adquiere, en tiempos donde la inclusión es condición sin equa non para la democracia.

La construcción de una realidad social que parta del ámbito político y que desde ahí trascienda hacia la estructura social en su conjunto, es un supuesto implícito en este documento, ya que la política es el espacio privilegiado donde se manifiesta el ejercicio de poder y donde los sujetos participantes redefinen su rol a ejecutar.

Es por ello que este trabajo considera como punto de partida para una redefinición del género, la participación política femenina, proceso que está intrínseco en cada período de la historia, porque corresponde a la particular manera en que las sociedades han canalizado sus planteamientos y los han hecho públicos, pero al que -por antiguo que es- en México, por ejemplo, sólo se le concede oficialidad a partir de las elecciones celebradas el 3 de julio de 1955, cuando las mujeres pudieron acudir a emitir su sufragio y por fin se les atribuyó la “mayoría de edad” legal para poder intervenir en un terreno considerado como masculino. (“El largo camino del Día Internacional de la Mujer”, s/f). Pero los más de 50 años en el caso mexicano o algunos más o menos transcurridos desde entonces en otras naciones, no han significado una inclusión en términos de igualdad o una disminución de la discriminación; de tal manera que este tema no debe ser parte de las asignaturas pendientes de los gobiernos y los actores políticos, sino un asunto a atender en las agendas públicas de todos los órdenes. A ese reconocimiento de sus derechos políticos, le sobrevinieron prácticamente en todo el mundo las décadas de los 60 y 70, con manifestaciones sociales demandantes de espacios, de igualdad y de paz que se constituyen como el más claro de los avances en cuanto a los derechos de las mal llamadas minorías, dentro de las cuales se ubica el feminismo, movimiento político que abandera la causa de la igualdad de género, ante la discriminación de la que es objeto.

Esta efervescencia y despertar de la conciencia política de grupos tan marginados, justifica la utilización de la acción social como teoría que sustenta este texto, porque la conciencia de grupos sociales como las mujeres, al activar sus demandas, estimula la participación, visibilizando al grupo en cuestión y trascendiendo así su influencia hacia el resto de la sociedad. La necesidad de abrir espacios para las mujeres, emerge del seno de la sociedad y es retomada por organismos como las ONG y asociaciones civiles, que ejercen influencia en los gobiernos para que éstos desarrollen programas de acción destinados a atender las problemáticas a que las mujeres se enfrentan, pero que también pugnan por lograr una mayor inclusión de ellas en los distintos niveles de gobierno.

Esta forma de participación convierte a la mujer en actor político -un protagonista con capacidad de influir en su acontecer personal y social-, aunque esta función no le sea ni remotamente reconocida. Y es que por desgracia, en nuestro país, a la mujer se le ha visto como un “sujeto aparte” y, en todo caso, ha recibido beneficios sólo a partir del estudio de su marginalidad, como en el caso de la pobreza, ya que en este sentido, las mujeres son consideradas como un grupo especialmente vulnerable, a quienes los esfuerzos aislados por establecer políticas públicas, no han beneficiado. A este respecto, aunque hay iniciativas de dependencias oficiales nacionales e instancias internacionales, y a pesar de que prácticamente en todos los niveles de gobierno existen programas para la atención a este sector, aún carecemos de políticas públicas sistematizadas que garanticen la equidad de género. Las mujeres seguimos siendo parte de una cuota de poder a quienes los gobiernos de todos los partidos y en los diferentes órdenes del aparato gubernamental siguen creyendo que pueden acallar por la vía del subsidio o mediante la dotación de despensas y guarderías. En todo caso, lo que en realidad se requiere es reformular la acción de gobierno para atender, de manera integral, las problemáticas de un sector de la población que representa más de la mitad del total de los habitantes del estado de Veracruz, - tendencia que se hace extensiva a otros puntos del mapa mundial-, acción de gobierno con la que la discriminación, si bien no desaparecerá de las sociedades, sí tendrá una mayor y más organizada atención desde un estado que sólo así podrá incidir verdaderamente en la condición de marginación de su sociedad.

Lo anterior valida el que éste no sea un documento más sobre políticas públicas, sino sobre participación política, ya que ésta es una construcción lograda a partir de un trabajo efectuado desde el seno mismo de la sociedad y cuyo ejercicio corresponde al ámbito de la comunicación política, disciplina que une dos mundos que no son distintos, sino consustanciales: la política y la comunicación. Este planteamiento de la relación entre género y comunicación política supone que no puede aplazarse más la incorporación de la parte que no tan sólo es la mitad, sino que es mayoría, pero pensar que gobernar con enfoque de género es solamente incluir dentro de las estructuras de poder a mujeres, es sin duda una visión fraccionada de la realidad.

Por ello es que aquí se afirma que los gobiernos sólo lograrán actuar con enfoque de género, cuando esa participación política se traduzca en acción, es decir, en políticas públicas que favorezcan al sector de la población que representan. Aunque la no-participación política es -para algunos- resultado de nuestra herencia cultural, fruto del mestizaje, para otros es producto de la forma en que se ha concebido nuestro sistema político, y quizá para algunos más, es sólo parte de un proceso de intereses, tanto personales como colectivos, en los cuales tanto las mujeres como los hombres se ven insertos.

Por eso, ahondar en las explicaciones de la discriminación no corresponde ni a los fines de este documento, ni a las búsquedas del propio feminismo contemporáneo, pues esas explicaciones sólo encuentran justificantes a un rezago, que de esa manera no se supera; de tal forma que lo que haremos a continuación será conocer eso que ha dado lugar al momento que vivimos hoy en México, en el binomio mujeres y poder, cuyo escenario -que se da en diferentes tiempos- es materia común de la realidad de muchas naciones hermanas.

PRIMER TIEMPO: LA ESPOSA PERFECTA DEL SEÑOR PRESIDENTE

Centrándonos en los últimos 100 años de la historia mexicana, éstos son, sin duda, los años del precario papel desempeñado por las mujeres en la política, quienes en todo momento se mantuvieron confinadas a su rol de amas de casa sumisas y abnegadas, que encuentran plena correspondencia en las actividades públicas que les fueron asignadas, incluso aquellas a quienes sexenalmente les correspondía desempeñar el papel de “primeras damas” al estar casadas con los mandatarios mexicanos, los cuales en todo momento -a veces más, a veces menos-correspondían al modelo de político nacional emanado de las filas de la revolución mexicana.

En un breve recuento histórico, las tareas desempeñadas por las esposas de los presidentes, desde Porfirio Díaz hasta Plutarco Elías Calles (1900 a 1928), eran ser ama de casa y acompañante de sus esposos en actos sociales. A partir de Carmen García -esposa de Emilio Portes Gil- se instituyen para las primeras damas, tareas relativas a la beneficencia social, que se convierten en la labor fundamental a desempeñar por sus sucesoras. Es así como el asistencialismo se convierte en el vehículo de operación del Estado mexicano hacia las clases más desprotegidas, teniendo su mayor esplendor entre las presidencias de Miguel Alemán Valdés y hasta Carlos Salinas de Gortari (de 1946 a 1994), y aunque se atribuye a José López Portillo la creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), órgano encargado en México de la atención hacia la población vulnerable, la realidad es que el asistencialismo es un elemento característico de la acción pública de las esposas de los presidentes, prácticamente desde la instauración de la figura presidencial de nuestro país. De las 20 esposas de los 19 presidentes del siglo pasado, desde Porfirio Díaz hasta Ernesto Zedillo, sólo dos mujeres destacaron con una participación política más comprometida: Sara Pérez de Madero, valerosa activista política de la causa maderista, y Eva Sámano de López Mateos, mujer legítimamente comprometida con las causas sociales de nuestro país, sobre todo las relativas a la infancia. Por lo que respecta a la época moderna del esplendor del asistencialismo, concluye con la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y el desempeño de su entonces esposa, Cecilia Ocelli de Salinas, siendo que la esposa del último presidente priísta, Nilda Patricia Velasco de Zedillo, era conocida entre la clase política por el desapego hacia las labores que tradicionalmente correspondía desempeñar a las esposas de los mandatarios, retornando con sus acciones a los primeros años del siglo, ocupándose fundamentalmente de ser la dama de compañía de las giras de trabajo de su marido.

Este mandato no escrito sobre las actividades a desarrollar por las primeras damas de nuestro país desempeñó históricamente un papel fundamental, ya que se constituyó como la legítima actividad de las mujeres en la política, siendo que durante todos esos años, quienes aspiraban a desempeñarse en posiciones políticas con una carrera propia en cargos de elección popular, no fueran bien aceptadas ni por las clase en el poder, ni por una ciudadanía altamente tradicionalista.

SEGUNDO TIEMPO: LA MIRADA INTERNACIONAL DE LOS ASUNTOS NACIONALES

Por lo que respecta al panorama internacional, después de que firmada la Convención a Favor de los Derechos Políticos de la Mujer, en 1952 (”Declaratoria de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1977”, s/f) -lo que aceleró p r á c t i c a m e n t e e n t o d o e l m u n d o e l reconocimiento del derecho al voto de las mujeres-, la Declaración de un Nuevo Orden Económico Internacional, en 1974, buscó corregir desigualdades, enfrentar injusticias y eliminar la distancia entre los países desarrollados o los llamados en vías de desarrollo (o del Tercer Mundo). Éste fue el marco que da lugar para que en 1975, Naciones Unidas convocara en México la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (”Conferencias internacionales sobre la mujer”, s/f; “El trabajo de la ONU por las mujeres”, s/f), siendo que de ésta nace un “plan de acción”, cuyo resultado fue la proclamación, por la Asamblea General de la ONU, del "Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer" (1975-1985) y la declaración de 1975 como Año Internacional de la Mujer.

Cinco años más tarde, en 1980, tiene lugar en Copenhague la Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer, (“El largo camino del Día Internacional de la Mujer”, s/f), cuyo objetivo primordial es evaluar el desarrollo del "Decenio para la Mujer", aprobando en ella un “programa de acción” para la segunda mitad del decenio, que pondrá énfasis en temas relativos al empleo, la salud y la educación. El plazo se cumple y en 1985, en Nairobi (Kenia), tiene lugar la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer, en donde se aprueban por consenso “Las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de las mujeres hasta el año 2000”. (“El largo camino del Día Internacional de la Mujer”, s/f).

Pero es en 1995 cuando en Pekín, China, tiene lugar la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (“Declaración de Beijing”, s/f), cuyo objetivo es analizar y discutir ampliamente la situación de las mujeres en el mundo y determinar las acciones prioritarias que hay que llevar a cabo para terminar con la desigualdad por género, por lo que en esta conferencia se adopta por consenso de los 184 países miembros, una plataforma de acción, que recoge una serie de medidas que deben implementarse en un período de quince años y cuya meta es la igualdad, el desarrollo y la paz (Grela, s/f; “Indicadores de género para el seguimiento y la evaluación del Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe, 1995 2001” y Plataforma de acción de Beijing, 1999; “Mujer, participación política y al acceso a cargos públicos”, 2003).

Es decir, a partir de 1995, México y el resto de los países adscritos a la ONU deben -por mandato-implementar una serie de acciones que los lleve a afirmarse como gobiernos con perspectiva de género (“Conclusiones Beijing +5”… s/f); sin embargo, estos acuerdos en la práctica, revelan una realidad distinta.

El antecedente más claro de políticas públicas a favor de la mujer en nuestro país se encuentra con el Programa Nacional de Solidaridad de Carlos Salinas de Gortari, que claramente buscaba "empoderar" a las mujeres, para convertirlas en multiplicadoras de un beneficio social (Salinas, 1998). En el fondo, este programa no dejaba de ser asistencialista y aún más, se convirtió en instrumento electorero, para otorgar beneficios a cambio del voto.

Fue en el sexenio siguiente, con Ernesto Zedillo Ponce de León, que por primera vez en nuestro país se articuló el Programa Nacional de la Mujer, en el que ya existían acciones específicas para atender las necesidades de este sector de la población, sólo que la dependencia no poseía autonomía absoluta al interior de la estructura gubernamental, puesto que pertenecía a la Secretaría de Gobernación.

Aunque a la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República se generó una amplia expectativa respecto a la posibilidad de un gobierno moderno que por fin implementara el enfoque de género, las partes más activas involucradas con esta convicción sabían que la llegada de un presidente de derecha podía no “ver con buenos ojos” la creciente oleada de mujeres con intereses de acceder a cargos públicos.

Con todo y eso, la "administración del cambio" se mostró desde un inicio interesada en los temas de mujeres, por lo que decidió crear el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), al que dotó de autonomía e instrumentó de un programa de acción llamado PROEQUIDAD (Proequidad, s/f), en el que se incluyen los esfuerzos institucionales para incorporar la visión de género al gobierno en su conjunto. En este sentido, mujeres de la talla de Olimpia Flores (analista, integrante del Consejo Consultivo de Mujeres, asesora de Beatriz Paredes Rangel y ex Secretaria Técnica de la Comisión de Equidad y Género de la 58 Legislatura Federal) descalifica el Plan Nacional de Desarrollo de Vicente Fox y sus esfuerzos institucionales en la materia “por carecer de método, de diagnóstico y de oferta en el tema de género”; además, lo acusa de utilizar a las mujeres “para su proyecto político a largo plazo” (“Exige Fox a su gabinete que asegure políticas públicas con perspectiva de género”, 2001).

TERCER TIEMPO: EL OPORTUNISMO Y EL EFECTO...MARTA

Lo que es cierto es que es durante el gobierno de Vicente Fox Quesada que comienza a operar un sistema denominado " de cuotas" que -a pesar de las críticas en contra- posibilita el acceso de más mujeres a cargos de elección popular. A pesar de que la cuota de género comenzó a promoverse hace 3 décadas, en 2002, con 403 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) para establecer que “ningún género tendrá sobre representación de más del 70% en la integración del congreso”, siendo estas reformas aplicables a partir del proceso del 2003 para diputados federales (“Aprueban diputados cuotas de género, 2002”).

Con estas reformas se adhirieron nuevos artículos que son el 175a, 175b y 175c, en los que se señalan las formas en que se integrarán los listados de candidatos en ambas cámaras y las sanciones a los partidos que no los cumplan. Esto, hasta el día de hoy, es un mito, debido a que en la práctica, los partidos políticos se han rehusado a una incorporación de mujeres más equitativa, concretándose a cumplir las cuotas con mujeres como suplentes de hombres, o en los casos en que es inevitable, permitirles acceder a los cargos con restricciones en sus procesos de toma de decisiones. Ésta, en sí misma, ha sido una discusión que para el futuro inmediato es anticuada, pues hoy el tema sí es mujeres, pero en otro sentido. Las aspiraciones políticas de "las mujeres" se han reducido lamentablemente en su mayoría (y con valiosas excepciones) a la discusión sobre la legitimidad de que las esposas de los funcionarios contiendan en una campaña para acceder a cargos de elección popular, centrando ese tema a la sucesión presidencial más anticipada de la historia de nuestro país: la de 2006. Para las mujeres que se definen a sí mismas como “de carrera política”, es decir, mujeres como Beatriz Paredes, Amalia García, María de los Ángeles Moreno, Dulce María Sauri Riancho, etc., Marta Sahagún no las representa y tampoco les ayuda a ellas, ni a otras que vienen haciendo trabajo político, el que el "efecto Marta" se esté apoderando de las campañas políticas, porque ello resta posibilidades de acceder a quienes no son esposas de mandatarios en turno.

Como “elecciones de Estado” han sido denominadas aquellas en donde las esposas contienden, utilizando (directa o indirectamente) al gobierno que sus maridos dirigen para hacer proselitismo, echando mano también de los recursos públicos, aunado ello al hecho de que su imagen posicionada a través de una exposición reiterada como cónyuges de los mandatarios, las hace estar presentes en la mente de los electores, lo que sin duda se convierte en un capital político importante para los partidos, carentes de visión a largo plazo. Una de las más recientes elecciones estatales en donde una mujer contendió como candidata a gobernadora fue la celebrada el pasado 4 de julio de 2004 en Zacatecas, lugar donde la periodista Amalia García Medina obtuvo el triunfo en las urnas para hacer que su partido político gobierne por segundo sexenio consecutivo ese estado minero.

Con un análisis de contenido realizado por esta autora en torno a un seguimiento periodístico de la información publicada en el periódico La Jornada del 28 de junio al 23 de julio para el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer de El Colegio de México, se arribó a conclusiones que sin duda aportan elementos de análisis para ésa y las elecciones subsecuentes, en donde la tónica está siendo la misma: mujeres candidatas y esposas de funcionarios. En la información analizada destaca que, de manera general, las mujeres candidatas a cargos de elección popular se presentan a la contienda desde su posición asumida de minorías, no porque en efecto lo sean, sino porque se convierte en un elemento de empatía con las ciudadanas-electoras. Adicionalmente, en el caso de la oposición que enfrentó el resultado electoral favorecedor del triunfo de Amalia García -quien cuenta con una carrera política y una amplia militancia en la izquierda mexicana-, se destaca que en ningún momento se le deslegitima a nivel personal, sino por tratarse de una llamada “elección de Estado”, no así en el caso de la otra candidata Mary Carmen Ramírez, a quien sí se le desacreditó a nivel personal en un doble discurso que pretendía incidir en la posible candidatura de Marta Sahagún a la presidencia de la República.

Esto a partir de una lectura simultánea sobre el proceso de definición de candidaturas en los estados de Tlaxcala y Nayarit, donde también había en ese momento, mujeres con aspiraciones políticas para las gubernaturas de sus estados respectivos, lo cual permite afirmar que el triunfo de Amalia García no se debe únicamente al hecho de SER MUJER, ya que con ese mismo argumento, otras mujeres en otros estados no están pudiendo acceder a los espacios ganados más por trayectoria política que por género. De esta manera es posible concluir que es un mito suponer que todas las mujeres con intereses de participar políticamente pueden hacerlo y, además, no en todos los casos de mujeres candidatas es legítimo el constituirse como representantes de su género, lo cual hace que evidentemente, no sólo por esa razón, puedan ganar elecciones.

CUARTO TIEMPO: LAS MUJERES EN CARGOS PÚBLICOS

Alejarse del asistencialismo para incursionar en cargos públicos como funcionarias ha sido, para algunas de ellas, la tarea más larga y difícil, pues implica ser reconocidas por su gestión y no por sus dádivas, ya que en lo que respecta a sus avances en posiciones de poder, las mujeres han caminado a un ritmo distinto al de su crecimiento demográfico y al obtenido en otras áreas.

De acuerdo con el texto denominado Mujeres y política, la investigadora Ana María Fernández Poncela (1998: 57) aporta una serie de elementos de análisis sobre las cifras de participación femenina en los años recientes:

• En el poder ejecutivo había, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (de 1988 a 1994), 6% de participación femenina en puestos considerados importantes de la administración pública.

• En el sexenio de Ernesto Zedillo, 1994-2000 -si se contabiliza la presencia femenina en cargos destacados de las diversas secretarías- había, en sus inicios, 5.6% de mujeres, aunque otras fuentes distintas a la crónica presidencial utilizada por Fernández Poncela, apuntaba a 60 mujeres como funcionarias públicas de alto nivel en la toma de decisiones en las secretarías de Estado, lo que significa un 9%.

La autora referida indica que entre las secretarías donde aparecían más mujeres en puestos de alta dirección en el gobierno de Ernesto Zedillo destacan Gobernación (21% del total), Energía y Minas (17%), Educación Pública (18%), Desarrollo Social (15%). Respecto al poder local y sólo para dar un dato representativo, había en el citado sexenio 85 mujeres presidiendo ayuntamientos, de los 2412 contabilizados en 1996, esto es 3.4%. Éste es el ámbito de representación en donde más pronto comenzó a visualizarse la inclusión de mujeres en cargos públicos.

Fue en el año 1923 cuando Rosa Torres se convirtió en la primera mujer regidora en el cabildo de la ciudad de Mérida, Yucatán, al que después se sumaron San Luis Potosí y Michoacán; sin embargo, fue hasta 1979 cuando en el estado de Colima se tuvo la primera gobernadora del país, siendo que -de acuerdo con Fernández Poncela-, dicha proporción apenas ha variado a lo largo de la última década.

Lo cierto es que la cantidad de presidencias municipales que las mujeres ocupan se ha mantenido más o menos estable durante los últimos años en alrededor de 3.4%, registrando un notable decremento en el período de 1998 y 2000, en donde se redujo el número de 88 a 85 alcaldesas en todo el país, lo cual sitúa a México en ese mismo período, por debajo de naciones como Haití, Bolivia, Brasil, Perú (que tuvieron cerca de un 4%); Colombia, Costa Rica o Cuba ( (con un 5%); Venezuela (con 7%), El Salvador (8%), Chile (9%), y muy por debajo de naciones como Honduras y Jamaica, que tienen un 13%, a pesar de que en estos últimos dos países, sus índices de desarrollo económico no se comparen con los que México registra.

QUINTO TIEMPO: EL CASO VERACRUZANO (O PORQUE NO HAY QUINTO MALO)

El estado de Veracruz no es tan sólo una de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Es el tercer estado en población de todo nuestro país, lo cual significa que es también el tercero - después del Distrito Federal y el Estado de México- en ingresarle recursos a la federación, por lo cual se convierte en una pieza estratégica del panorama nacional. Quizá por esta razón, o por su relevancia histórica aunada a su riqueza natural y sobre todo como productora de hidrocarburos, éste ha sido un estado altamente disputado en las contiendas políticas que, hasta 2004, siempre han sido ganadas a nivel estatal por el Partido Revolucionario Institucional atribuyéndole con ello el sobrenombre de ser “bastión priísta”.

En efecto, es un estado que hasta las elecciones de 1991 obtuvo lo que en el argot político mexicano se conoce como “carro completo”, al ser de extracción priísta todos los alcaldes, los diputados locales, así como sus senadores y diputados, además, claro, de su gobernador. En 1987 -año de la elección en donde resultó vencedor Miguel Alemán Velasco-, el panorama ya fue diferente, y aunque de entonces a la fecha, el PRI ya no es mayoría en el estado, sigue siendo la principal fuerza política de la entidad. Sin pretender ahondar en un escrutinio en materia económica y política, el sexenio alemanista tuvo -en lo relativo a género- acciones muy específicas.

Aunque el Programa Estatal de la Mujer (PROEM) fue el organismo al cual el gobierno alemanista encomendó la misión de incorporar el enfoque de género y cuya existencia sin duda se celebra, la respuesta a la pregunta de si el “moderno gobierno alemanista” fue un gobierno con enfoque de género, queda asumida con la frialdad de unas cifras que revelan que -según fuentes extraoficiales-, de 17,406 trabajadores del gobierno estatal anterior, 740 eran funcionarios hombres con puestos de mando de primero, segundo y tercer nivel, lo cual representó el 12.30% del total.

Mientras tanto, las mujeres funcionarias representaron el 2.60% de las 5,375 mujeres trabajadoras del gobierno estatal, lo cual permite confirmar el supuesto de que el mayor número de mujeres que trabajan en el gobierno veracruzano, lo hacen en las filas de la burocracia y no en puestos de mando. Esta situación se reproduce en el nivel municipal, en donde en el período 1997-2000, de los 210 municipios existentes, sólo fueron electas 17 presidentas municipales, lo cual significa 8.09% del total existente; mientras que de los 615 ediles que existen en los 210 cabildos del estado, sólo 70 son mujeres, lo cual significa el 11.38%, la mayoría de ellas gobiernan municipios de menos de 30,000 habitantes.

En efecto, el indicador sobre la cantidad de población existente en cada municipio es relevante, ya que de los 17 en donde existían presidentas municipales, 9 tienen menos de 10 mil habitantes, siendo Papantla el de mayor número personas (con 87,717) y Landero y Coss el menos poblado (con 780 habs.), habiendo en este último, además de la alcaldesa, la titular del DIF y la secretaria del ayuntamiento, mujeres, a diferencia del primero, en donde sólo está la titular del DIF, además de la alcaldesa.

Se hace un especial hincapié en el cruzamiento de las variables “mujeres en cargos públicos” respecto al de “número de habitantes” porque existen estudios previos que demuestran que en aquellos lugares en donde existe mayor participación política de las mujeres, la incidencia en beneficios derivados de la gestión pública hacia la población es reducida, pues se trata de municipios con muy poca población.

Parece que a las mujeres se les facilita más competir y acceder a la presidencia municipal de pequeños municipios rurales y de ciudades de menor importancia, frente a la disputa masculina por los grandes centros urbanos de poder político y económico. Lo que se observa es que, la modernización asociada a la urbanización, poco ha favorecido la igualdad de oportunidades para las mujeres, ni tampoco a la pluralidad de género en la conducción de los ayuntamientos (Bustos, 2003: 59).

Siguiendo con el análisis de los “fríos” datos derivados de la configuración de los municipios veracruzanos en el pasado cuatrienio, se señala que en sólo 2 municipios en donde los presidentes municipales eran mujeres (Comapa y Zentla), los titulares del DIF no lo eran.

De igual forma, destaca que 66 municipios tienen a mujeres en otros cargos públicos, adicionalmente de la titularidad del DIF, lo cual significa un total de 31.42%, mientras que en 144, las mujeres únicamente participaron como titulares de ese sistema asistencialista, confirmando con ello la máxima de “la política social de los ayuntamientos no va más allá del DIF” (Massolo, 1998: 78).

Vale la pena hacer la distinción de que el municipio que en ese período tuvo más mujeres en cargos públicos fue Huilopan de Cuauhtémoc, en donde además de la alcaldesa, existieron tres funcionarias municipales, aunque su número de habitantes sea igualmente reducido (2,937), lo cual confirma que en aquellos lugares en donde existe mayor participación política de las mujeres, la incidencia hacia la población es reducida, porque se trata de municipios con muy poca población. De igual forma, es necesario recordar que de acuerdo con la manera en que está establecido nuestro sistema electoral mexicano, los presidentes municipales son electos mediante el voto popular y los ediles obtienen sus nombramientos a partir del porcentaje de votación obtenido por los partidos políticos participantes en las elecciones municipales, por lo cual, estamos hablando de que en el estado de Veracruz, los ediles (presidentes municipales, s í n d i c o s y r e g i d o r e s ) s i g u e n s i e n d o mayoritariamente hombres, a pesar de que en el período de 1995 a 1997, Veracruz era el estado con más mujeres gobernando municipios en el país: 15 de 207, 2.7% con 28 síndicas y 78 regidoras.

Contradictoriamente, el diseño de políticas públicas estatales que brinden autonomía al área de la mujer, institucionalizando la perspectiva de género y creando un instituto para las mujeres que funcione de manera estrecha con institutos municipales, creados por ley en los 212 municipios de la entidad, no implica obligación para los munícipes de aceptar tener dentro de su administración local un área de la mujer, pues forma parte de la voluntad política de los gobernantes en turno incorporarla o no, y quienes deciden hacerlo, optan por desperdiciar el espacio impartiendo únicamente clases de tejido, en lugar de contribuir a la formación y erradicación de la discriminación, a partir de proporcionar a las mujeres certidumbre legal, capacitación laboral, apoyo para enfrentar el maltrato, atención médica y gestión crediticia.

Romper el modelo del asistencialismo y pugnar por la construcción de políticas de apoyo a la mujer es una parte importante, que por sí sola no podrá lograr beneficios si no destinan partidas específicas para atender a la mujer y de esa forma, sí poder medir el impacto de las acciones, más allá de cifras infladas. Por lo que respecta al nivel estatal de gobierno, la administración que sirve de guía para este texto (bajo la gubernatura de Miguel Alemán Velazco), en cargos de primer nivel y con capacidad de gestión, incluyó sólo a una mujer, quien desempeñó la función de Secretaria de Gobierno durante los primeros cuatro años de los seis que duró el gobierno, acción que si bien es considerada como positiva, pues es la primera ocasión en la historia constitucional del estado en que una mujer desempeña tan alto cargo, en entrevista personal realizada a la Lic. Nohemí Quirasco Hernández, ex-secretaria de Gobierno y hoy Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, respondió al cuestionamiento de si consideraba que el gobierno en el que colaboró se regía bajo el enfoque de género, su respuesta enfática fue: “No” (Quirasco, 2004).

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Ante todo lo anterior, retomemos a Pateman citado por Anna María Fernández Poncela (1995:46), quien señala que “una teoría y una práctica democrática que no sean al mismo tiempo feministas servirán solamente para mantener las formas de dominación, y por

consiguiente serán solamente una burla de los ideales y los valores que presuntamente encarna la democracia”. Sin embargo y mucho más allá de lo que el propio concepto de feminismo implique, en efecto, sin mujeres no hay democracia y la nación y el estado y el municipio, y más aún, el gobernante que no lo entienda, condenará a su instancia a no dar un paso firme y sólido hacia ese rumbo. Lamentablemente en ese punto, no todo podemos dejarlo en manos de los gobiernos, pues la tarea de ser más equitativos no les corresponde en exclusiva, ya que su esfuerzo no es suficiente.

Hace falta un cambio cultural muy importante que aún no ocurre. Ese cambio es tarea de los padres para que eduquen a sus hijos sin falsos prejuicios que impidan que ellos también discriminen; es tarea de los medios de comunicación, al no seguir reproduciendo roles que ya no corresponden a la realidad que vivimos; es tarea de los maestros, para enseñar a sus estudiantes con libertad de pensamiento; es tarea de las iglesias, para predicar sus doctrinas sin falsos moralismos y, en realidad, es tarea de todos.

La apelación a la legitimidad es fundamental, ya que el costo de no incluir el enfoque de género en los gobiernos, ocasionaría que estos persistan en su postura de “no incluyentes”, lo cual les resta, además de legitimidad, representatividad, que en todo caso, es el fundamento que les da lugar de acuerdo con el sistema político vigente.

Por tanto, hemos dicho hasta ahora que si un gobierno no es incluyente, no es democrático, no es representativo, tampoco es legítimo.

El riesgo del Estado mexicano ante este panorama puede ser la no reproducción de su sistema tal cual lo conocemos, pues al no responder a los principios que le dan lugar, deja de tener justificación alguna. Por eso es importante ponderar la participación política que, en el sentido que le hemos dado, debe traducirse en la inserción de actoras en el espacio de la toma de decisiones, que le permita ser copartícipe del delineado de las acciones de gobierno y que con su ejercicio contribuyan a beneficiar la situación de vida de las “otras” mujeres, cuya trinchera no está en el gobierno, sino en la vida cotidiana, y que necesitan resolver las necesidades con las que se enfrentan día a día, para poder gozar de iguales oportunidades. De acuerdo con esta lógica, no todas las mujeres que participan logran cerrar el círculo, porque muchas se siguen asumiendo como parte de un sistema de cuotas, que les “permite” participar, pero no decidir.

El verdadero cambio existirá sólo cuando se entienda que las mujeres no queremos el poder solamente para quitar a los hombres de él, sino para incidir a través del ejercicio de gobierno y mejorar la calidad de vida de otras mujeres y hombres.


FUENTES DE CONSULTA

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