Revista de la Universidad Cristóbal Colón
Número 20 (Edición digital)

 

La inequidad de género en la gestión integral del riesgo de desastre. Un acercamiento

Cecilia Castro García

Resumen: En este artículo se destaca la importancia de una perspectiva poco trabajada en la mayoría de los estudios y políticas sobre riesgos y desastres: la experiencia diferencial que viven, en virtud de su género, hombres y mujeres en situaciones de desastres. Del mismo modo, se analizan otras diferencias -condición socioeconómica, generacional, racial, étnica o manejo lingüístico-, las cuales también llegan a convertirse en desigualdades e inequidades durante tales las situaciones y, en general, durante todas las fases de la gestión o el manejo integral del riesgo de desastre como parte de las políticas de desarrollo, lo cual incluye tanto el trabajo de prevención-mitigación y ayuda de emergencia, como la rehabilitación y la reconstrucción. La ignorancia de tales diferencias conlleva la reproducción de la inequidad y el desarrollo de nuevos escenarios de riesgos de desastres, con la consecuente reducción del alcance de los proyectos y programas vinculados a la prevención de los mismos.

Abstract: This article emphasizes the importance of one of the perspectives less considered in most of the studies and policies about risks and disasters, this is, the diferentiated experiences lived by men and women during the occurrence of a disaster, as a result of their gender. The paper also discusses another kind of diferences, such as socioeconomic, generational, racial and ethnic conditions, or linguistic performance. These factors lead to inequalities and inequities during the occurrence of disasters and, in general, during each phase of the integral management of disaster risks as part of development policies, where prevention / mitigation work and emergency relief, as well as post-disaster rehabilitation and rebuilding are included. The ignorance of those diferences implies the reproduction of inequities and new disaster risk sceneries, reducing the scope of influence of any program or project related to disaster prevention.


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Castro García, C.: La inequidad de género en la gestión integral del riesgo de desastre en Revista de la Universidad Cristóbal Colón Número 20, edición digital a texto completo en www.eumed.net/rev/rucc/20/


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INTRODUCCIÓN

En este trabajo me propongo vincular el enfoque de equidad de género 1 con el enfoque de la gestión integral del riesgo de desastres, ambos como partes integrales de un proceso de desarrollo más democrático y sostenible. Exploro sólo algunos estudios sobre desastres naturales y socionaturales experimentados por distintas sociedades durante las últimas dos décadas y que hacen referencia específica a las vivencias diferenciales y particulares de mujeres y hombres en las distintas fases del proceso de la gestión integral del riesgo de desastre, ya sea por fenómenos o amenazas de origen natural -que son repentinos e inesperados, es decir, que causan daños inmediatos- como terremotos, deslizamientos de tierras, inundaciones, explosiones volcánicas, o bien, peligros que se van gestando con un inicio lento, es decir, cuyos daños se desarrollan en periodos más largos, pero con iguales resultados catastróficos en diversas zonas del planeta, como la degradación ambiental, la desertificación, la deforestación, las sequías, las hambrunas, entre otros (Demeter, 2004). En este trabajo no presento casos específicos de desastres inducidos por actos humanos directos conocidos como antrópicos.

En primer lugar, parto de la consideración de que los desastres exponen las inequidades preexistentes en una sociedad, y que ello es válido tanto para los temas de género como para cualquier otro tema de relaciones de poder -socio económico y político, incluyendo las relaciones íntimas-, y en cualquier ámbito territorial: global, nacional, regional o local (Enarson y Morrow, 1998:2). Una de esas inequidades manifiestas es la de los roles de género, asignados cultural e históricamente por distintas sociedades a los hombres y a las mujeres, en virtud de su sexo biológico, lo que precisa a reconocer que

El género es una construcción social, [que] el género no es una imposición eterna e inamovible (….) [sino que] es producto de la historia, de la educación, de la inmersión del sujeto a la sociedad, o de la acción de este individuo como agente de la historia, por lo cual, no es posible una generalización absoluta (….), [aunque sí es necesario reconocer que] El género adscribe roles, dicta normas, guía en los actos, acentúa diferencias, construye vivencias disímiles, y, por razones aún no totalmente explicadas, impone inequidad” (Reyes, 2006:2).

Por lo tanto, los roles de género propician una división del trabajo que asigna a las mujeres una jornada de tareas primordialmente -y casi en exclusividad- vinculadas con la reproducción doméstica, con el ser madres y esposas y, también, con el hacerse responsables del cuidado del resto de su familia, ya sean infantes, enfermos, ancianos o discapacitados. Todo este conjunto de factores coloca a las mujeres en una situación que limita su movilidad para buscar y obtener recursos, así como para continuar con su formación académica y con el desarrollo de habilidades profesionales no tradicionales (Collins 1995; De Beauvoir, 1989; Rubín, 1986).

En una situación de desastre, esta diferencia genérica afecta directamente el desarrollo de la participación de las mujeres, ya que a pesar de que dedican gran parte de su tiempo en las tareas de cuidado y de administración de sus hogares, tienen, además, una mayor disposición para ejercer adicionalmente una doble y hasta triple jornada de trabajo cotidiano: asalariado, activismo político, sindical y como participantes dentro de los grupos voluntarios de la comunidad, lo cual no siempre es plenamente valorado y reconocido. Las necesidades de los hombres y sus intereses tienden a ser más asertivos y visibles y, aunque en su mayoría cumplen con una única jornada laboral, oponen fuertes resistencias a comprometerse y a participar en las tareas domésticas, de alimentación y de cuidados a su familia y a otros miembros de la comunidad; ello debido al poco valor proporcionado a la reproducción doméstica dentro de la jerarquización y división del trabajo en una sociedad con valores patriarcales.

En un segundo lugar, debo aclarar que, tradicionalmente, la gestión de desastres se ha enfocado principalmente a las actividades de atención durante la emergencia y a la recuperación inmediata después de un desastre catastrófico, incluyendo la preparación previa inmediata. Sin embargo, en años recientes, la concepción de los desastres se ha modificado y cada vez más se les considera como resultado de complejos procesos sociales multicausales, consecuencia, a su vez, de condiciones vulnerables preexistentes construidas socialmente a través del tiempo en un territorio específico, que se ven expuestas al impacto de un peligro o amenaza natural, socionatural o directamente inducido por la sociedad (socio organizativo, tecnológico, químico-sanitario, entre otros ) (García , 1997:8-13), cuyas consecuencias provocan daños y muertes considerables sobre la población, su organización sociopolítica, su economía y su entorno construido y/o ambiental.

Entonces, la gestión de desastres es ahora s ólo una parte de la gestión integral del riesgo del desastre, y está última concepción comprende un manejo interinstitucional, multisectorial e interdisciplinario dirigido a tomar acciones preventivas y correctivas que deben superar y anticipar la sola preparación para la emergencia y la respuesta inmediata, todo ello con el propósito de fortalecer la capacidad de una sociedad

específica para enfrentar peligros y reducir vulnerabilidades existentes y futuras , tanto en la prevención como en la reconstrucción (Demeter, 2004). Esta última fase, la reconstrucción, es también -tanto como la fase preventiva- de vital importancia , debido a que aquí se debe evitar a toda costa reconstruir viejas vulnerabilidades o construir nuevos riesgos. Sin embargo, podemos decir que las diferencias de género , tanto en la literatura académica como en la normativa, así como en el actuar institucional , vinculados con la prevención-mitigación de riesgos y la gestión de desastres, han sido escasamente estudiadas, visibilizadas y atendidas en su justo valor. La mayoría de los estudios con perspectiva de género han sido desarrollados por académicas feministas para casos asiáticos y africanos, otros menos para Centroamérica, pero la gran mayoría en idioma ingl és y poco difundidos en la región de estudio (Gender, Equality and Disaster Risk Reduction Workshop, 2004); pero para México, prácticamente no hay estudios, y ni en la literatura oficial se considera tampoco, por lo que aún falta mucho que evaluar al respecto.

Comparto la visión de La Red de Estudios Sociales y Prevención de Desastres en América Latina (La Red, 1992:11) que considera que los desastres son un problema no resuelto del desarrollo, así como que no son un problema de la naturaleza per se, sino más bien un problema entre lo natural y la organización y estructura de la sociedad y los procesos de desarrollo.

En ese sentido, la gestión integral del riesgo de desastre necesita, para su efectividad, ser parte integral de los planes y programas de desarrollo, de la planeación territorial, económica y política tanto en los ámbitos local, regional y nacional, como en el internacional, ya que los riesgos y las vulnerabilidades se incrementan cada vez más en las sociedades dependientes e inmersas dentro de un proceso inherente a patrones de desarrollo económico y social orientados fundamentalmente a un mercado capitalista globalizado, caracterizado por ser inequitativo y depredador del medio ambiente, y que reproduce pobreza y dependencia económica y política en comunidades rurales y urbanas de países en vías de un mayor subdesarrollo.

La gestión integral del riesgo de desastre, contempla entonces dos fases: ex ante al desastre y ex post del desastre. Dentro de la fase previa al desastre, ex ante, se incluyen cuatro componentes distintos e interrelacionados: a) la identificación y análisis de los riesgos, b) prevención, reducción y mitigación de riesgos, c) la transferencia del riesgo o protección financiera, y, d) el manejo de desastres durante la preparación y alerta de emergencia. Dentro de la fase posterior al desastre, ex post, se circunscribe el manejo de desastres con tres componentes: a) respuesta inmediata a la emergencia, b) la rehabilitación y recuperación y, c) la reconstrucción. Veremos a continuación cómo ha sido la experiencia diferencial de hombres y mujeres; también en lo que respecta al impacto desigual que éstos han tenido debido a las condiciones de clase socio económica, raza, etnia, entre otras, en las distintas fases del proceso, iniciando con las tareas previas al desastre.

FASE EX ANTE AL DESASTRE

La identificación y el análisis de los riesgos

En esta fase se requiere un análisis de la percepción individual y colectiva de los riesgos de desastre y de los riesgos por desastre, así como de la representación social y la estimación objetiva de cálculos del riesgo, que incluyan la probabilidad y las pérdidas esperadas. Se incluiría el registro y mapeo de la ubicación y características de las personas (capacidades y vulnerabilidades diferenciales, acumuladas, globales), de las condiciones de los bienes e infraestructura urbana, regional, así como el registro de la frecuencia, severidad e intensidad de los eventos menores y mayores peligrosos registrados históricamente en un territorio específico que han tenido desastres como resultado y, finalmente, los escenarios de riesgos que tienen la posibilidad de resultar en un futuro desastre. Para ejemplificar la importancia de la percepción y representación de los riesgos, mencionaré que si una comunidad no ha enfrentado calamidades y no tiene información y conciencia sobre el riesgo que corre ante posibles amenazas, será posible que no siga órdenes de evacuación al no entender la magnitud del riesgo de desastre que vive, como en el caso de la reciente inundación en la costa del Mississippi y Alabama provocada por el huracán Katrina, en agosto de 2005, donde, además de la desinformación de la población, el gobierno norteamericano dejó ver un profundo clasismo y racismo, ya que no envió medios de transporte para evacuar a la enorme población negra y latina de bajos ingresos que no tuvo forma de salir de N ueva Orleans. En esta ciudad de 500 mil habitantes, 70% de la población es negra y 25% es muy pobre, sin vehículo propio, ni dinero para pagar hoteles y autobuses privados para salir de la ciudad, por lo que no pudieron autoevacuar o se tardaron demasiado tiempo en dirigirse a los albergues lejanos que dispusieron las autoridades en estadios deportivos, los cuales resultaron terriblemente saturados y con graves fallas de suministro en servicios sanitarios y alimentación, violando las normas de ayuda desarrolladas durante la década pasada a nivel mundial (ver www.sphereproject.org). El Superdome de Nueva Orleans fue evacuado tras saturarse y no tener condiciones para sus 25 mil refugiados, los cuales fueron reubicados en autobús hacia el Astrodome de Houston con un gran caos (Ver “Shame of a Nation” en Daily News, 2005; Nossiter, 2005).

Sólo 350 mil de los 500 mil habitantes de Jefferson Parish, en Nueva Orleans, salieron antes o inmediatamente después del impacto inicial de Katrina el 29 de agosto, el resto lo hizo progresivamente en los días siguientes y en condiciones muy difíciles que pudieron evitarse con una buena prevención. Los que no pudieron autoevacuar ni salir de la ciudad, murieron; aproximadamente mil decesos fueron de adultos mayores, de muchos discapacitados en sillas de ruedas y de gente que no creyó correr riesgo alguno; por otro lado, algunos ancianos murieron deshidratados por el calor tropical sofocante y la falta de comida en los albergues, así como en algunas carreteras y casas aisladas por la inundación. Oficialmente, la pérdida de vidas humanas no coincidió con las 25 mil bolsas para cadáveres solicitadas en un inicio por las autoridades locales -cuestión afortunada-; sin embargo, esta tragedia obliga a afrontar la cuestión de la desigualdad socioeconómico-racial, ya que la cuestión racial y la clase social son mudos indicadores de quién pudo salir y de quién no, en una ciudad que se edificó por debajo del nivel del mar y que se sumergió después de que la fuerza del huracán Katrina destruyera los diques protectores, provocando su inundación; los diques no resistieron por falta de mantenimiento a su sistema de regulación y por el embate de la crecida del agua (Ver Egan, 2005; González, 2005; Brown, 2005).

Prevención del riesgo a través de reducir vulnerabilidades

La etapa de prevención tendría que incluir un acercamiento proactivo, para asegurar el desarrollo de políticas que incorporen medidas preventivas, a fin de permitir la reducción de las vulnerabilidades y la consideración del manejo sostenible de recursos naturales. Para disminuir la posibilidad de que un riesgo resulte en un desastre se requiere necesariamente modificar los escenarios de riesgos. La siguiente fórmula expone sintéticamente los elementos que deben considerarse para disminuir los riesgos de desastres; la modificación de cada componente necesariamente afectará al resto de los elementos considerados:

Riesgo de desastre = Vulnerabilidades +

Amenazas + Capacidades

En la pretensión de identificar y reducir el riesgo de desastre es fundamental llevar a cabo una evaluación, identificación y análisis exhaustivo de las vulnerabilidades existentes, diferenciales y acumuladas, y abordar de raíz las causas que las originan para poder eliminarlas, modificarlas o reducirlas (Demeter, 2004).

Existen diferentes vulnerabilidades ante los riesgos de desastres, de acuerdo con las capacidades existentes o resiliencia de los individuos y de sus sociedades para evitar, enfrentar y recuperarse de una crisis; esa capacidad de resiliencia es consecuencia de una compleja interacción de prácticas sociales, políticas, económicas e ideológicas presentes en una localidad y que incluyen el acceso a los recursos privados, públicos y sociales (Blaikie et al., 1994; Cannon, 1994; Wiest et al., 1994).

Entre las principales causas que incrementan y/o mantienen las vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales existentes de una sociedad ante un riesgo de desastre , presento algunas de las que se expusieron en el foro de discusión en línea del Programa de Gestión de Riesgos de Desastre por Eventos Naturales (WBI y EPC, 2004) , y que tienen que ver directamente con las políticas de gobierno para el desarrollo de una sociedad:

1. Situación política inestable en las formas de gobierno y en la participación social, lo que inhibe la integración y participación de los ciudadanos y sus comunidades en los procesos democráticos de desarrollo y en la disminución del riesgo de desastre.

2. Fallas en la aplicación de los derechos humanos y la justicia social, que coadyuvan a relaciones inequitativas de género enlazadas con otras formas de desigualdad social: clase, raza, e t n i a , p r e f e r e n c i a e r ó t i c a , generacional, contexto histórico y cultural, lenguaje.

3. Necesidades básicas no resueltas que mantienen en la pobreza generacional a grandes sectores de la población: accesibilidad a la vivienda de calidad, servicios de salud y educación, abastecimiento de alimentos, agua potable, movilidad y comunicación, entre otros.

4. Dependencia del mercado externo y debilitamiento de la producción interna y su mercado, incremento del d e s e m p l e o l o c a l y e l desabastecimiento, baja capacitación de la mano de obra.

5. Educación pública y privada de bajo perfil, insuficiencia en el apoyo gubernamental y privado para la investigación científica, tecnológica y social, lo que perpetúa la dependencia externa de recursos y tecnología; i n s u f i c i e n c i a d e r e c u r s o s y conocimientos generados local o regionalmente; preexistencia de analfabetismo funcional; pérdida de bienes culturales, sobre todo en comunidades indígenas.

6. Pobre aplicación de las leyes ambientales y de desarrollo urbano, y/o su uso faccioso por grupos de interés económico y político; degradación ambiental por acciones humanas, tanto en zonas urbanas como rurales, que contribuyen a romper los ciclos climáticos de regulación y disminuyen la protección natural contraamenazas, generando deforestación, pérdidade biodiversidad, reducción de la disponibilidad de agua y desertificación.

7. Planificación no integral, sino más bien fragmentada, tanto territorial como administrativamente; zonificación y usos de suelo urbano y rural no aplicados o incorrectos; códigos c o n s t r u c t i v o s i n a d e c u a d o s y pobremente aplicados en zonas propensas a riesgos; orientación limitada al mejor funcionamiento del mercado inmobiliario y no a la habitabilidad y calidad del espacio

construido; construcciones edificadas sin la seguridad ni la calidad requeridas (materiales de bajo costo y baja durabilidad).

8. Migración, sobrepoblación urbana y urbanización acelerada sin control de recursos sostenibles; pobreza urbana y rural e incremento de asentamientos humanos localizados en zonas de riesgo e irregulares; inseguridad en la tenencia de la tierra y las propiedades.

9. Carencia de educación y difusión amplia de información sobre protección civil, mitigación y prevención de riesgos y desastres; escasez de mecanismos de protección contra pérdidas económicas, como los seguros de bienes y vidas; insuficiencia de los mecanismos institucionales de reducción de riesgos y desastres, incluyendo el mantenimiento a los espacios construidos y la gestión sostenible de recursos naturales; falta de alertas tempranas y monitoreo, entre otros tantos factores.

Reducción y mitigación del riesgo

La gestión integral del riesgo de desastre también requiere un enfoque holístico e histórico, que permita manejar un desastre como una oportunidad de cambiar procesos, como una plataforma que legitime y permita hacer cambios sociales, políticos y económicos posibles y necesarios para disminuir los riesgos de desastres y, por tanto, la vulnerabilidad de las comunidades (Demeter, 2004). Sin embargo, tal modificación debe ocurrir, necesariamente, a través de la organización de los esfuerzos de la sociedad civil, en forma conjunta con el apoyo gubernamental. Los integrantes de una sociedad deben realizar tareas que la fortalezcan y le permitan resistir el impacto negativo de eventos peligrosos naturales, ambientales y tecnológicos, a través de la toma de medidas que disminuyan el impacto y la intensidad de un evento peligroso, así como de la reducción de presentes y futuras vulnerabilidades a través de planes de mitigación que determinen claramente quiénes, cómo, cuándo, qué y dónde hay que trabajar, ponderando la rentabilidad social por encima de la económica y política.

En general, las políticas públicas aún son formuladas sin consideraciones cuidadosas de las relaciones de poder asimétricas basadas en el género y existe una tendencia por mantener a las mujeres en la invisibilidad, con una neutralidad que silencia las experiencias y estrategias adaptativas exitosas de las mujeres, cuestión que no es distinta en la gestión integral del riesgo de desastre. Dentro de esa neutralidad, los datos duros sin desagregar, no permiten corroborar que las mujeres, las niñas y los niños constituyan la mayoría de las víctimas en los desastres, aunque existe ese reconocimiento. Por ello, es necesario incluir la diferencia de géneros en la construcción de bases de datos sobre los desastres, así como reconocer el trabajo realizado por mujeres y hombres en la transferencia de estrategias adaptativas en los diferentes grupos y comunidades de base, apoyar la promoción de investigación científica relevante con sensibilidad de género, que tome en cuenta el conocimiento tradicional y el desarrollo y transferencia de nuevos conocimientos y tecnologías, al igual que la vinculación de la gestión de recursos naturales con la gestión para la reducción de desastres (Ver Enarson, 2000; Rochelle, 2005:1).

Transferencia de riesgos

Debido a que los recursos gubernamentales son siempre escasos e insuficientes en comparación con los que se necesitan para reparar los grandes daños que pueden generar los desastres, será mejor reducir las vulnerabilidades y desarrollar capacidades en las comunidades y en las áreas gubernamentales para evitarlos. Por esa razón, la transferencia de riesgos pretende reducir los riesgos financieros a través de traspasos de fondos que aseguren la disposición de presupuestos para la reparación de daños, reconstrucción y mantenimiento, sobre todo para que no se

consuman recursos normales para el desarrollo en la rehabilitación y reconstrucción emergente que debiliten la economía de los gobiernos locales (Demeter, 2004). Los métodos de transferencia se refieren a un mercado de capitales, industria de seguro y reaseguros, titularización del riesgo asegurado, bonos de catástrofe, retención del riesgo. El riesgo es transferido y asumido por diferentes sectores como los propietarios de vivienda y bienes del sector hipotecario, pequeños negocios y corporaciones, y responsables de la infraestructura de servicios y bienes públicos. En general, hay pocas estadísticas sobre este tema y, por supuesto, sin ninguna visión de las diferencias de género.

Preparación

Esta fase de preparación incluye las medidas ex ante inmediatas a la fase del desastre, dirigidas a mejorar la capacidad de respuesta rápida para salvar vidas y bienes. Incluye también sistemas de alertas tempranas, planes para atender la contingencia, la evacuación y el establecimiento de refugios y albergues (Demeter, 2004). En esta fase es fundamental aprovechar las experiencias y conocimiento de las mujeres y hombres locales para optimizar los recursos existentes y conocer las capacidades desarrolladas, que puedan servir en otras fases de la gestión integral del riesgo de desastres. Tanto en la fase ex ante como en la fase ex post al desastre, es muy importante evitar que cada agente o administrador de recursos pueda interpretar la igualdad de género a su manera y, por lo tanto, no permita una coherencia interna en los programas; para ello es necesaria una estrategia nacional en materia de igualdad de género, que involucre los diferentes ámbitos de gobierno y su relación con las comunidades afectadas. El apoyo institucional debe ser pleno en todo el ámbito nacional, para que la necesidad de abordar la cuestión de la igualdad de género no se convierta en un proyecto para mujeres pequeño y aislado, ya que las fallas en el nivel nacional pueden volver inútiles muchas iniciativas comunitarias locales (ACDI, 2003:4).

FASE EX POST AL DESASTRE

La fase ex post o posterior al desastre incluye: a) respuesta a la emergencia, b) la rehabilitación y recuperación, así como c) la reconstrucción.

Respuesta a la emergencia

En esta etapa posterior al desastre, es importante mencionar que los desastres mal manejados pueden detonar crisis y cambios sociales latentes, protagonizados por la población más afectada que vive relaciones inequitativas. El desabastecimiento provocado por un comercio colapsado y la falta de ayuda inmediata puede propiciar también saqueos, falta de orden y de ley, enfrentamientos y autodefensa armada o conatos de violencia, que puede obligar una respuesta gubernamental militarizada y con toques de queda no siempre deseables.

La respuesta inmediata a la emergencia exige realizar medidas de respuesta para rescatar y salvar todas las vidas humanas posibles, sin olvidar a los animales sobrevivientes, pues generalmente no se atiende la supervivencia de éstos, ya sean mascotas o los silvestres y salvajes, lo que contribuye a la pérdida de biodiversidad en el planeta. La respuesta debe ser sensible a la equidad de género y a la diversidad social existente e, igualmente, a las condiciones de desigualdad de ingresos, edad, raza, etnia y cultura, lenguaje, entre otros factores, tanto durante la evacuación como al momento de dotar e instalar albergues temporales, asistir psicológica y médicamente a los damnificados afectados, así como también a los trabajadores técnicos operativos que realizan su labor de campo, y al restaurar el transporte y las comunicaciones (Demeter, 2004,). Varios estudios reconocen que el apoyo psicosocial es fundamental en las actividades de rehabilitación, ya que permite que la gente pueda volver a sus actividades e c o n ó m i c a s m á s r á p i d a m e n t e . L a s consideraciones de equidad de género son decisivas para lograr la eficiencia en todas las actividades de la gestión integral de riesgo de desastres, pero requiere modificar las relaciones inequitativas de poder asignadas a los roles de género. Es imperativo que los esfuerzos puedan ser encaminados hacia la apropiada atención de las necesidades e intereses, tanto de las mujeres como de los hombres.

En ese sentido, la Red Virtual Género y Desastres (Gender and Disaster Network) plantea que, durante el periodo posterior inmediato a un desastre, las mujeres también deben contribuir en la toma de decisiones y participar en todas las consultas comunitarias, especialmente acerca de los albergues de emergencia y/o los campamentos temporales, para que sea adecuado a sus necesidades, así como gozar de oportunidades culturalmente adecuadas para el culto de las prácticas religiosas tradicionales. La previsión y dotación de productos básicos a las víctimas en los albergues (comida, ropa, y agua potable) se debe realizar teniendo en cuenta la perspectiva de equidad de género, ya que, por ejemplo, no hay una talla única que le quede a todas las mujeres u hombres, existen necesidades culturales específicas y deseos que deben ser respetados; así, la ropa debe ser culturalmente apropiada. En los albergues, las mujeres y hombres son vulnerables de adquirir enfermedades de transmisión sexual o VIH/Sida, así como embarazos no deseados, por lo que son imprescindibles las provisiones para la protección sexual, la planificación familiar y la salud reproductiva, tener anticonceptivos y medicamentos contra enfermedades sexuales, toallas sanitarias y ropa interior, así como disponer de una privacidad y seguridad suficientes para utilizarlos correctamente y sin riesgos. Las mujeres embarazadas y de parto reciente también deben tener acceso a ayuda específica, incluyendo suplementos alimenticios para los bebés y para ellas mismas.

Las mujeres tienen tanto capacidades como vulnerabilidades, y muchas de éstas son distintas a las de los hombres, es decir, existe una construcción social de vulnerabilidades y capacidades de género que son desiguales y jerárquicas, que otorgan privilegios mayores a los hombres y que no reconocen ni valoran cabalmente la aportación femenina. Por ello, es necesario que las mujeres no sean vistas como vulnerables per se, sino que son ciertas condiciones y situaciones inequitativas las que colocan a grupos de mujeres específicas en desventaja y vulnerabilidad social, de ahí que hombres y mujeres no lleguen en las mismas condiciones a un desastre, ni reaccionen igual, ni tampoco tengan igual acceso a recursos de recuperación (Gomáriz, 1999:60).

Por ejemplo, la explotación sexual y el tr áfico humano de mujeres y de infantes preexistente en varios países asiáticos sali ó a la luz pública con la tragedia post tsunami (Macan-Markar, 2005). En muchos caso s, se ha demostrado que las mujeres, niñas y niños son víctimas de violencia, acoso y abuso sexual, no s ólo durante el rescate o su estancia en campamentos o albergues, sino hasta en la reconstrucción , y esto necesita ser ampliamente estudiado, comprendido y rectificado (“Sri Lanka, Activists warn of tsunami survivor rapes”, 2005); por ello, se recomienda que ten gan protección contra el tráfico humano, así como que puedan beneficiarse de una total garantía de seguridad contra el abuso sexual y la extorsión; también se debe evitar la explotación sexual de las mujeres por comida o por techo para sus hijos y para sí mismas. Lamentablemente, se sabe que los casos de violación y abuso sexual no son reportados si no existe una red de apoyo establecida. Para evitar el abuso, las mujeres deben poder acceder a los apoyos para tener ingresos provenientes de programas de recuperación económica, así como para ejercer un trabajo remunerado (Gender and Disaster Network, 2005a). Hasta hace muy poco, los investigadores consideraban que los desastres naturales no discriminaban entre sus víctimas. Sin embargo, recientes investigaciones muestran que las tasas de mortalidad son más altas en mujeres que en hombres, según reporta Kumar-Range (2001), al menos en casos como tsunamis, ciclones y huracanes (Ikeda, 1995; Enarson y Morrow, 1997), sequías y hambrunas (Vaughan, 1987), y terremotos (Dufka 1988). Otro ejemplo, es el estudio de Enrique Gomáriz (1999:194) sobre el huracán Mitch en Centroamérica, donde menciona que la incidencia de muertes fue mayor en los hombres porque éstos participaron más en el rescate y búsqueda, así como por tener una mayor tolerancia al riesgo; sin embargo, en el caso de las mujeres, éstas presentaron un mayor número en la atención hospitalaria y pre hospitalaria, así como también una desatención de afecciones sanitarias como infecciones vaginales y en la piel. Para el caso de México, no existen estadísticas públicas desagregadas por sexo que permitan saber si son mujeres, hombres, ancianos, niños, discapacitados los más dañados, ni quiénes son los sobrevivientes damnificados o las víctimas fatales por región o por localidad, lo que, en términos generales, dificulta determinar las necesidades específicas por género, así como una mejor atención y prevención.

Se sabe, por ejemplo que las hambrunas registradas en Bangladesh provocan que los hombres emigren hacia las ciudades, donde aparentemente tienen la posibilidad de una mayor expectativa de vida que la población femenina, infantil y de ancianos , que se quedan en las zonas rurales (Langsten, 1982). En el tsunami que dañó las costas de Asia en diciembre de 2004, por cada hombre muerto perecieron cuatro mujeres , lo que se explica debido a que, tradicionalmente, a las mujeres no se les enseña a nadar, y a que las madres se sobreexpusieron para salvar a los infantes y para cumplir sus responsabilidades para con el cuidado de ancianos, enfermos y discapacitados; pero también, por consecuencia de prácticas discriminatorias, por su ubicación en la costa al momento del desastre, así como por factores que les impidieron una mayor movilidad física , como el hecho de estar embarazadas y de usar vestimentas que no les permitían gran movimiento o que se atoraban con escombros, tal como se reportó en el distrito de Cuddalore en la India, en Aceh, en Indonesia y en varios campamentos en Sri Lanka. En Indonesia se ha registrado que muchos hombres estaban involucrados en una guerrilla local y que, al momento del tsunami, se ubicaban tierra adentro en zonas altas, lo que les favoreció al no exponerse (Aglionby, 2005; Sukarsono, 2005).

Un estudio sociológico sobre las dimensiones de género en las inundaciones periódicas en el norte de Bangladesh muestra que las mujeres de ese país tienen fuertes restricciones culturales de movilidad, acotadas al territorio que ocupa su granja doméstica:

Las mujeres están bajo mucha presión debido a la práctica del "purdah", la costumbre tradicional de no abandonar la casa cuando el esposo se encuentra lejos. Si su esposo no está para acompañarla, ella no puede ir sola a un refugio en caso de un ciclón….y muchos esposos trabajan lejos de cada hogar. Por lo general, después de un ciclón, las mujeres quedan solas en sus casas dañadas, fuera del alcance de los servicios de ayuda, incapaces de contribuir con las decisiones para la rehabilitación de su comunidad... (Domeisen, 1997:3).

Pero muchas mujeres también se han movilizado espontáneamente para ayudar a sus parientes y vecinos afectados, escapando de las aguas inundadas y de los cánones culturales que las limitan (Khondker, 1994).

En esta etapa, la apropiada recuperación de cadáveres humanos, su manejo e identificación correcta, así como la disposición transitoria y final de los cuerpos sin vida, independientemente de su número, es de fundamental importancia para no provocar daños posteriores y sufrimiento innecesario a los familiares sobrevivientes de éstos (OPS, 2004), además de que con ello se pueden evitar los llamados desastres sobre el desastre, que se generan por el desespero y la improvisación, por tener múltiples jefes sin mando y muchos trabajadores sin guía o dirección (González, 2004:35). Y, aunque la evidencia disponible indica que la presencia de cadáveres humanos y de animales representa un mínimo o ningún riesgo para la salud pública, los cadáveres también deben tener un manejo adecuado y oportuno para evitar problemas sanitarios posteriores (Western, 2004: 87-91).

Dado que las mujeres asumen responsabilidades del cuidado y alimentación a otros, ya sean niños, ancianos, enfermos, discapacitados, antes, durante y después de un desastre, (Ariyabandu, 2005:1); y que esta cuestión puede limitar su movilidad y acceso a la información sobre la evacuación, emergencia y obtención de ayuda e ingresos posdesastre, la información sobre la ayuda debe darse donde estén las mujeres, ya sea adentro o afuera de los albergues.

Rehabilitación

La rehabilitación considera medidas para restaurar condiciones cotidianas previas en las áreas afectadas de las comunidades. Incluye las reparaciones en viviendas, edificios e infraestructura de transporte y de redes de servicios públicos fundamentales como agua potable, electrificación y otros. Permite a la población volver al trabajo y/o crear fuentes de ingresos, movilizar recursos financieros públicos privados y sociales, de seguros y multilaterales para atender las consecuencias del desastre (Demeter, 2004). En esta etapa de la rehabilitación y reconstrucción, los programas de empleo temporal tienden a reforzar roles tradicionales de trabajo asalariado para los hombres fuera del albergue o de la casa, mientras las mujeres asumen triples jornadas de trabajo: reproductivo, organización comunitaria y también trabajo productivo en economía informal. Por ello se recomienda incorporar a las mujeres y también a los hombres en tareas no tradicionales. Cuando un desastre resulta, las condiciones inequitativas y vulnerables para las mujeres se exacerban, muchas se ven sobrecargadas con trabajos y responsabilidades domésticas que son difíciles de resolver en situación de crisis y que limitan su autonomía para buscar y encontrar fuentes de ingresos que alivien su carga económica. Además, las mujeres encuentran dificultad para participar en comités de preparativos locales debido a que las reuniones son programadas sin tomar en cuenta las responsabilidades domésticas y, al mismo tiempo, no tienen dónde dejar a sus hijos o dependientes (Domeisen, 1997:3).

En la respuesta y recuperación de desastres, las redes sociales y de parentela son las que determinan las estrategias disponibles y su capacidad de reponerse o resiliencia económica. Aunque la unidad doméstica predominante en el mundo es la nuclear -actualmente, la unidad doméstica nuclear significa 75% de las familias en Mexico, 65% en Argentina y 54% en Venezuela (Kumar-Range, 2001)- para sobrellevar un desastre, las mujeres tienden a buscar ayuda en las redes de relación con otras mujeres y entre sus parientes, más que en las formas oficiales administrativas de ayuda, tal como se ha referenciado en relación con Scotland y Wales (Fordham y Ketteridge 1998), Filipinas (Delica, 1998), Australia (Cox 1998), y México (Pradilla et al., 1996, Massolo y Schteingart, 1987).

Otro factor a considerar es que después de vivir un desastre inesperado, las mujeres registran un mayor desorden por estrés postraumático a causa de la multiplicidad de sus fuentes: incremento de limitaciones y carencia de control sobre los recursos para cumplir con las exigencias alimenticias y de cuidado para sus dependientes (hijos, enfermos, heridos, discapacitados, ancianos), estrés muy superior al que acompañaría a una situación de conflicto armado por un periodo prolongado (Domeisen, 1997). Un sufrimiento intenso después de un desastre, asociado con limitaciones por pobreza y discriminación, pueden generar un desorden por estrés. Si este desorden y las condiciones que lo provocan no son rápida y efectivamente manejados, pueden llevar a una incapacitación psicosocial a corto y largo plazo. En el caso de las mujeres, pueden, además, conllevar efectos adversos y duraderos en la salud, crecimiento y desarrollo de las habilidades de sus hijos (Kumar-Range, 2001:39). En los desastres por fenómenos naturales de gran impacto o por crímenes de guerra, se ha observado, en muchos hombres, un incremento de conductas violentas y consumo excesivo de alcohol, además de un aumento en el índice de suicidios en periodos posteriores al deceso masivo de personas (Rodríguez, 2004:127-128). La composición de la población también tiende a cambiar después de un desastre; el porcentaje de mujeres jefas de hogar se incrementa. Por ejemplo, después del huracán Mitch en Honduras, en noviembre de 1998, los hogares con jefatura femenina pasaron de 20.4% al 50%, y la migración hacia Estados Unidos se incrementó sustancialmente; tan sólo con el huracán Katrina en Nueva Orleans, en agosto de 2005, se registraron alrededor de 100 mil hondureños damnificados, muchos de los cuales habían huido del Mitch . Cuando las mujeres son jefas de familia y tienen ingresos inequitativos, muy bajos, tardan más tiempo para su recuperación, y ello repercute en una pérdida de potencial económico para su futuro y el de sus hijos que, en situación de pobreza, se exponen a mala salud y desnutrición generacionales; por eso, los efectos acumulativos de sucesivos desastres ponen a mujeres y niños en gran riesgo y vulnerabilidad. Es frecuente que las mujeres jefas de hogar dejen de comer lo suficiente para alimentar a sus familias, lo que les produce enfermedades que pueden afectarles el resto de su vida (PAHO, s/f; Enarson, 2000; Rochelle, 2005) Aunque en situaciones posdesastre las mujeres tienen una activa participación en la respuesta para con sus familias y sus comunidades, en realidad tienden a ser poco consideradas y hasta marginadas por las agencias de desarrollo y las organizaciones que acuden en apoyo de las necesidades locales (Kumar-Range, 2001).

En una encuesta realizada durante 1990 sobre el rol de las mujeres en la gestión del desastre en la zona del caribe, de los 22 países que fueron encuestados, sólo dos tenían mujeres dentro de la dirección nacional de la gestión de emergencias; además, la mayoría del personal enviado a las tareas de rehabilitación y reconstrucción estaba constituido por hombres (Noel, 1998). Las propias organizaciones de asistencia también acusan prejuicios hacia las mujeres dentro de una visión de sociedad dominantemente masculina, donde a las mujeres se les ve vulnerables y precedidas o dirigidas por un hombre, limitando su participación a roles tradicionales (Scanlon, 1998:49). Debido a la consideración de que hay áreas supuestamente no consideradas seguras para que las mujeres locales trabajen, las mujeres y hombres de agencias humanitarias y gubernamentales imponen barreras culturales para la contratación y participación de las mujeres locales en la preparación, emergencia y reconstrucción. Esto ha tenido graves implicaciones para las mujeres sobrevivientes que requieren apoyo e ingresos, ya que no son adecuadamente consideradas por los trabajadores representantes del gobierno y de las agencias humanitarias que brindan asistencia.

La Organización Mundial del Trabajo ha encontrado casos donde las mujeres sobrevivientes a un desastre no pueden discutir libremente sus necesidades con los hombres trabajadores de los equipos que brindan asistencia, porque su cultura no les permite que hombres desconocidos entren a sus casas o hablen con ellas (Bangladesh, Turquía); además, porque en los equipos técnicos y operativos de campo simplemente las mujeres no existen (Enarson, 2000, Rochelle, 2005). Para que el trabajo de género sea efectivo, es fundamental que las mujeres tengan una mayor visibilidad en las áreas institucionales oficiales relacionadas con el manejo de desastres, ya que actualmente están dirigidas por personal masculino, al igual que en el trabajo comunal oficial, donde tampoco hay suficientes mujeres involucradas (Domeisen, 1997). De acuerdo con la Organización Panamericana de Salud, es un requerimiento urgente comprender los desastres desde una perspectiva de género para poder entender lo que significa un desastre en la realidad cotidiana de los afectados. Aunque los esfuerzos de recuperación en un área afectada son para ayudar a una población entera, la canalización de la ayuda depende de las estructuras existentes para la distribución de recursos, las cuales reflejan una organización patriarcal de la sociedad, donde las mujeres son marginadas en el acceso a los recursos (PAHO, s/f; Rochelle, 2005). Por ello, la distribución de recursos y la asistencia debe permitir a las mujeres acceder sin riesgo de abuso o agravio a provisiones, incluyendo a mujeres como las distribuidoras de la asistencia en los equipos de ayuda, evitando un control masculino exclusivo sobre los recursos para la recuperación de los desastres.

Reconstrucción

La reconstrucción requiere de canalizar presupuestos a las prioridades sociales emergentes, así como a las actividades que revitalicen los sectores económicos afectados. Incluye los programas de empleo temporal, la reconstrucción de viviendas e infraestructuras vitales, e incorpora medidas de mitigación que reduzcan las vulnerabilidades presentes y futuras y, sobre todo, que eviten reconstruir anteriores vulnerabilidades (Demeter, 2004), como en el caso de la reubicación de viviendas que son reconstruidas en terrenos propensos a nuevos riesgos de desastre, o bien, que se reconstruyen con diseños y materiales homogéneos que no son aptos para el clima de todas las regiones, y cuyas ineficiencias pueden provocan un excesivo consumo de energía eléctrica para mantener fresca la vivienda o, al contrario, para calentarla. Recientes estudios consideran que el consumo energético tiene un costo ambiental que impacta en el cambio climático global, pero también un costo económico que muchas familias de ingresos bajos no pueden cubrir; además, la falta de confort térmico y espacial de la vivienda reconstruida, que generalmente es de tamaño mínimo para el número de habitantes (más de cinco), puede llegar a provocar estrés y violencia de género, sufridos principalmente por las mujeres, ancianos y niños, que por otro lado, son los que más tiempo están dentro de las viviendas inadecuadas (Morrillón, 2005). Es importante no perder la oportunidad que brinda la recuperación y la reconstrucción posdesastre, pues se tiene la legitimación para hacer cambios positivos y se cuenta con los recursos, prestados y canalizados, que pueden utilizarse no sólo para salir del paso, sino para fomentar cambios institucionales y sociales que incluyan entre sus objetivos la equidad de género, la gestión ambiental sostenible y la justicia social, todo ello esencial para reducir la vulnerabilidad de la sociedad ante el riesgo de desastre.

Es primordial mencionar que muchos gobiernos locales sobrevaloran la reconstrucción de infraestructura por encima de otras prioridades de la población local, como es la reconstrucción de la vivienda para la población de menores ingresos con calidad y créditos para adquirirla, la producción agrícola, la generación de ingresos para mujeres jefas de hogar, la descentralización política y la democratización de procesos sociales comunitarios. Otro factor importante que influye en la calidad de la reconstrucción son los urgentes tiempos administrativos y políticos de entrega de obra, así como la fragmentación administrativa sectorial gubernamental, que si no tiene una dirección única en todo el proceso, puede tornar caóticos y duplicados los gastos y esfuerzos, sin lograr mejores resultados en términos de desarrollo sostenible y de sensibilidad para la equidad de género.

Indicadores de la gestión del riesgo de desastre Para que sea verdaderamente efectivo, un sistema de gestión de riesgos de desastres requiere, para su implementación, de un compromiso político visible con un enfoque de equidad de género, manifiesto en políticas apropiadas para reducción de riesgos, necesariamente vinculadas con las de la planeación del desarrollo urbano y regional, y asistidas por una legislación efectiva que asigne responsabilidades y recursos a fondos para la prevención y reducción de riesgos, la atención de desastres. Al mismo tiempo, es necesario crear indicadores de la gestión del riesgo de desastre para medir su efectividad, principalmente sobre la actuación del gobierno, que incluye el porcentaje destinado del PIB para un presupuesto de prevención y mitigación de riesgos y de pobreza, para la preparación y gestión de emergencias, evaluación, control y cumplimiento de logros y responsabilidades con una visión de equidad de género. Sobre la identificación de riesgos de desastre, los indicadores deben considerar el desarrollo, el monitoreo sistemático de peligros, de las vulnerabilidades, el porcentaje de proyectos de investigación -incluidos aquellos con perspectiva de equidad de género- y proyectos de inversión con componentes de evaluación del riesgo de desastre. Por su parte, la gestión de riesgos incluye indicadores como las tendencias en la deforestación y reforestación, la cobertura de seguros, la existencia de redes de seguridad social en la fase de recuperación, el hacer cumplir planes de zonificación actualizados, las tendencias en asentamientos desarrollados en zonas de peligro y construidos sin cumplir con los estándares de seguridad, la gestión del conocimiento, entre otros (Demeter, 2004). La equidad de género debe integrarse en las políticas de gestión de riesgos y desastres, así como el manejo de riesgos se debe integrar a los instrumentos de política de género existentes. Los indicadores de género deben recoger y presentar datos desagregados por sexo para identificar y documentar diferencias reales entre géneros y para proyectar, en el corto y largo plazo, necesidades específicas, planear programas, revisar y modificar las normas institucionales vigentes que incluyan la equidad de género, realizar auditorías de recursos financieros, procesos democráticos y de derechos humanos que analicen el impacto de género en la respuesta y reconstrucción, así como evitar el uso de lenguaje neutro o sexista, entre otros.

RIESGO DE DESASTRE Y CULTURA

Prejuicios discriminatorios y estereotipados Aun cuando la gente y las comunidades han desarrollado un planteamiento centrado en la gestión del riesgo de desastres, éste no considera explícitamente la dimensión de género como un lineamiento imperativo (Maskrey, 1989). Los prejuicios y las percepciones culturales de género son a menudo totalmente independientes de la realidad vivida, pero son importantes en la conformación de percepciones discriminatorias sobre los derechos y contribuciones de las mujeres, lo que explica por qué las mujeres, en sus comunidades, continúan siendo invisibles en las dimensiones sociales de la vulnerabilidad ante desastres y por qué son discriminadas en los programas gubernamentales de desarrollo y de gestión integral de riesgos de desastres. A pesar de que las mujeres se ofrecen como voluntarias en programas y trabajos fundamentales para la sociedad en su conjunto, y para sus unidades familiares en particular, las agencias ven muy a menudo a los grupos femeninos como ilegítimos, no oficiales, como una extensión de las responsabilidades domésticas y trivializan su trabajo en el desastre (Fothergill, 1998:20).

Más allá del discurso patriarcal normativo que dispone límites para las mujeres y que se apropia de su trabajo cotidiano y controla sus derechos reproductivos, la realidad supera los prejuicios estereotipados y deja ver que las mujeres hacen más actividades de las que se les reconocen y se les valoran, por eso es fundamental reconocer las habilidades que las mujeres han desarrollado cotidianamente y que emplean en caso de desastres. Por esa razón, las decisiones deben basarse en hechos reales y particulares que las mujeres viven, y no en los prejuicios sobre lo que las mujeres deben ser o cómo deben comportarse. Madhavi Ariyabandu (2004), del Programa de Gestión de la Mitigación del Riesgo en el sur de Asia, sostiene que las mujeres son más innovadoras en la ayuda inmediata de sus familias y comunidades y juegan un rol superior en la gestión de la emergencia y el riesgo. Las situaciones posdesastres también permiten que las mujeres tengan una oportunidad de cambiar las percepciones sobre sus capacidades y desafiar los límites y alcances en los roles de género en su sociedad, haciendo más visibles sus aportaciones y al introducir cambios para no reproducir roles inequitativos durante el manejo de los desastres en sus comunidades (PAHO, s/f; Rochelle, 2005).

En el ámbito de las políticas públicas, las prácticas de la gestión de los desastres es ampliamente conducida por hombres, cuyas experiencias y actitudes reflejan normas culturales de privilegios de género masculino, de clase y raza (Enarson y Morrow 1998:4). Por su parte, Alice Fothergill (1998:16) expone que en las organizaciones más planificadas, formales e institucionales, las mujeres disminuyen su presencia en mandos medios y superiores, lo que contribuye a la exclusión de éstas en la planeación y la toma de decisiones, ello, tanto en países desarrollados como en los que no lo son. Desafortunadamente, estas diferencias son poco conocidas (y mucho menos, reconocidas), excepto por un puñado de especialistas y académicas, y sólo escasa y ocasionalmente, por los funcionarios gubernamentales y por las políticas de protección civil y sus programas de mitigación de riesgo y desastres, de respuesta y recuperación (Enarson y Morrow, 1998). Los cambios continuos y la poca profesionalización del personal en gabinetes gubernamentales de protección civil hacen que la capacitación sea repetitiva en vez de ser progresiva, por lo que continuamente se inicia una formación sin que haya lecciones aprendidas, tanto en cuestiones de equidad de género, como en el propio manejo de riesgos y desastres (Gomáriz, 1999:9).

La inclusión de la noción de equidad de género dentro de las entidades gubernamentales se ha propuesto a través de la transversalidad del enfoque en todas las funciones y estructuras institucionales, con el propósito de que se dejen de crear y perpetuar inequidades de género e ineficiencias económicas que limitan e impiden el desarrollo de las comunidades donde se ejecutan sus programas. Sin la transversalidad de la visión de equidad de género en los programas realizados por las instituciones, éstos se vuelven ineficientes y tienen como resultado fuertes conflictos que refuerzan inequidades entre los hombres y mujeres; así, los efectos esperados para disminuir las vulnerabilidades ante riesgo de desastre, erradicar la pobreza y proteger el medio ambiente son difícilmente alcanzados (Reed, 1996, citado por Kumar-Range, 2001). Según Sadako Ogata, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados, la transversalidad es el proceso de evaluación y la estrategia para hacer de las preocupaciones y experiencias de mujeres y hombres, una dimensión integral en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y no se perpetúe la inequidad, donde la meta final es lograr la igualdad de género (ACNUR, 2000; Reyes, 2003).

Integración de la equidad de género en los planes con la comunidad

Los liderazgos femeninos son más tolerados en la región de América y el Caribe que en la región asiática. Esa tolerancia permite que las mujeres se involucren activamente en actividades económicas remuneradas, adquiriendo capacidades organizacionales y administrativas con las cuales puedan mantener un compromiso social con sus comunidades (Toscani, 1998). Después de los sismos de 1985 en México, muchas mujeres damnificadas ampliaron y modificaron sus roles al asumir papeles de dirigencia y coordinación de tareas colectivas, al trabajar con grupos de derechos humanos, agencias internacionales de ayuda humanitaria, de organizaciones sindicales, de grupos feministas, o simplemente por su participación activa en la movilización social de los barrios dañados. A pesar de este empoderamiento 2 de las mujeres, tanto en los albergues y los campamentos temporales, como en las viviendas reconstruidas, se presentaron muchos casos donde maridos y/o parejas con actitudes muy violentas (golpizas, desnudamiento en público o humillaciones verbales) trataron de obligar a sus esposas y compañeras a volver a sus hogares en forma exclusiva, es decir, a limitarse y restringir sus actividades dentro de los roles tradicionales previos al desastre y a abandonar sus incipientes liderazgos, su participación activa, sus vínculos con las organizaciones de damnificados y de solicitantes de vivienda, de mujeres y feministas, entre otros (Muñoz, 1993; García, 1993). Pero la discriminación de género, en ocasiones, es realizada por las propias mujeres, pues aun liderando a numerosos grupos, en momentos decisivos dejan que su representación sea asumida por un hombre, aunque éste no sea realmente su líder, tal como comenta Yolanda Tello, ex Dirigente de Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, D. F. “Llegaba el momento en que todo el trabajo lo hacíamos nosotras las mujeres, pero si había un hombre, a ése lo escogíamos de responsable, aunque no hiciera ni supiera nada (…), era parte de nuestra cultura, idiosincrasia o forma de vida” (Tello, 2003). Existen otros casos donde el orden patriarcal se ha visto trastocado en un periodo de crisis y genera actos desesperados por los hombres que, con incrementada violencia, pretenden obligar a las mujeres a un retorno a las circunstancias de dominación masculina tradicionales, para reestablecer y dejar muy claros los límites permitidos a las mujeres. Me refiero al caso específico de desastre humanitario sufrido por los y las refugiadas de guerra en México, repatriados a Guatemala, su país de origen. 3 Varios reportes señalan que las mujeres repatriadas han sufrido violencia, no sólo por parte de sus parejas, sino también por los hombres de sus comunidades, con el propósito de obligarlas a volver a asumir roles tradicionales, roles que habrían sido modificados en los campamentos de refugiados en México, cuya vida cotidiana permitió a las mujeres indígenas un cierto empoderamiento. No obstante, este empoderamiento, aceptado por los hombres mientras estaban en los campamentos, fue violentamente rechazado por los hombres repatriados a sus comunidades de origen, como bien señala Emilia Reyes en su investigación sobre las refugiadas guatemaltecas: “Tal vez lo que ocurre es que las orientaciones de las políticas de género implementadas, en realidad no estaban diseñadas para lograr cambios internalizados en las concepciones de género, tal vez sólo atendían las necesidades prácticas, en lugar de los intereses estratégicos de las mujeres` (Reyes, 2003:66). “Si las políticas de género se pensaban útiles para evitar problemas en el campamento, tales como la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, el abuso sexual, los abortos, la inadecuada distribución de los recursos y otros, ahora se sabe, además, que son necesarias para facilitar el momento de regreso al país de origen y de adaptación a una nueva vida (…) ahora se sabe que también es menester prever el momento del retorno o de la reinstalación (Reyes, 2003:61).

Para lograr introducir una concepción de igualdad de género después de un desastre y en las propias tareas de desarrollo, es fundamental una estrategia eficaz que se base en el fomento de alianzas entre los hombres y las mujeres, tanto dentro de la familia como en la comunidad, y que permita un cambio de actitud y comportamiento en ambos géneros. En un programa de integración de igualdad de género se debe incluir una preparación dirigida a que los hombres desarrollen una actitud más democrática y equitativa, a que acepten los nuevos roles protagónicos y empoderados de las mujeres; es necesario trabajar activamente con los maridos, y en cooperación con los demás hombres de la comunidad, para promover una comprensión y apoyo, con el fin de que las mujeres puedan participar más. En general, si los hombres reciben una capacitación que les permita comprender el lugar que las mujeres ocupan en su sociedad y convencerse de los enfoques que las dominan a ellas y también a ellos, es más fácil que “permitan” a sus mujeres participar; ello también ayuda a los hombres a sentirse menos amenazados por los cambios y más integrados al proceso democratizador; además, se sienten satisfechos con los avances logrados por las mujeres y con la contribución que éstas aportan al ingreso familiar, que las beneficia tanto a ellas como a sus comunidades. Estas tareas empiezan con el reconocimiento y la visualización del aporte de la mujer a la economía familiar, luego de lo cual se pasa a demostrar que es valioso y justo que las mujeres participen en la toma de decisiones que repercuten sobre ellas y sus familias (ACDI, 2003).

Desempleo y separaciones de pareja posdesastre Después de un desastre, el desempleo generalizado y la escasez de fuentes de ingresos locales se ven agravados, lo que puede provocar la fragmentación de las unidades familiares. A u n q u e l o s h o m b r e s s o n q u i e n e s tradicionalmente dejan el hogar en busca de un empleo, en algunas regiones con sequías prolongadas o desertificación , la migración femenina también empieza a ser considerable. Ante el abandono de la familia o la muerte de uno de los cónyuges, las familias con una sola jefatura, encabezadas por mujeres en su mayoría, son mucho más vulnerables a la pobreza y a la mala salud, y si se aúna la exposición repetida a desastres, ello puede llevar a grupos de bajos ingresos y sin apoyos a una espiral de pobreza crónica generacional. Otra tendencia es que los hombres empobrecidos que sienten disminuidos sus derechos dejan de cumplir sus obligaciones maritales y de manutención a sus dependientes (Agarwal, 1990:391; Wiest et al., 1994). En Brasil, existe un caso conocido como el de las jefas de familia llamadas las “viudas de la sequía” (Branco, 1995). Las separaciones y los casos de violencia doméstica contra las mujeres en una situación posdesastre, reportan un incremento cuando la crisis de la emergencia disminuye, pero la presión económica toma el poder (Morrow, 1997; Delica, 1998).

CONCLUSIONES. GÉNERO, DESASTRES Y TSUNAMI

A manera de conclusión y como síntesis, expongo algunas de las aportaciones puntuales que la Red de Género y Desastres (Gender and Disaster Network, 2005a) elaboró recientemente, a partir de diversos boletines y del foro online que ésta mantuvo con especialistas de todo el mundo sobre el impacto del terremoto en las costas de Indonesia y el tsunami que afectó las costas asiáticas el pasado 26 de diciembre de 2004. Estas propuestas sobre gestión de los desastres, ayuda de emergencia y reconstrucción, plantean una visión de equidad de género y, aunque directamente se realizaron para apoyar las tareas de ayuda y reconstrucción en las comunidades asiáticas, y guardando, por supuesto, proporciones, pueden aplicarse ampliamente para otras regiones.

Los tsunamis afectaron a cientos de miles de personas en Asia, pero las consecuencias tienen, en muchos casos, un efecto de mayor prominencia para las mujeres . En el periodo posterior inmediato a un desastre, particularmente niñas y mujeres están en alto riesgo por la existencia de criterios de segregación sexual en algunas regiones asiáticas, los cuales las devalúan culturalmente, lo que puede descartar públicamente la búsqueda de ayuda para ellas; ciertamente, muchas comunidades padecen de altos rangos de pobreza, malnutrición y analfabetismo, pero se hallan incrementados en mujeres y niñas; en otros casos, las esposas o jefas de familia solas se hallan en una exclusión social y desvalorada que las margina de oportunidades de ingreso y, por lo tanto, sus necesidades económicas se incrementan. Además, las mujeres tienen necesidades de salud reproductivas que requieren de protección y cuidados importantes que una situación de crisis empeora (el embarazo y/o los partos). En pos de contribuir al desarrollo, mujeres y hombres deben poder acceder a las mismas oportunidades para formarse y sentirse capaces de actuar sobre sus sociedades y sus territorios; para ello, es necesario comprender cómo se estructuran nuestras sociedades y cómo las diferencias han llegado a traducirse en desigualdades que necesitan ser superadas (bien sean de género, clase, raza, casta, etnias, generacionales, o de preferencias eróticas o políticas). No es difícil predecir que si los patrones de género inequitativos son desatendidos en el presente, innegablemente producirán mayores inequidades de género y otros más a futuro.

Seis principios para aplicar la noción de género a la ayuda y reconstrucción

A continuación, presento una traducción de los principios fundamentales de equidad de género que la Red Género y Desastres propuso para ser considerados en la gestión de riesgos y desastres, el pasado enero de 2005. (Gender and Disaster Network, 2005).

La equidad de género y reducción del riesgo como oportunidad para el cambio y la reorganización

La equidad de género y los principios de reducción del riesgo son una oportunidad para el cambio y la reorganización política, de tal forma que éstos permitan a las mujeres, oportunidades significativas para su participación equitativa en la planeación de un futuro más resiliente a desastres y en el fortalecimiento de sus liderazgos en sus comunidades. Las mujeres de las localidades deben ser empleadas con salarios justos y beneficiadas plenamente en todo programa, incluyendo los de recuperación económica, los de generación de ingresos y los de evaluación y gestión de proyectos de mitigación del riesgo y vulnerabilidades, y ser capacitadas para ello con un entrenamiento en habilidades no tradicionales, contar con ayuda de guarderías para los cuidados infantiles, centros para mujeres y lugares acondicionados para ellas, tanto en los campamentos como en otros lugares seguros.

Algunos pasos prácticos que posibilitan el fortalecimiento de las mujeres son: una consulta detallada con las mujeres sobre el diseño y la operación de los albergues de emergencia; escriturar las nuevas viviendas reconstruidas con los nombres de ambos beneficiarios, si son una pareja, o de la mujer, si es jefa de familia; incluir a las mujeres tanto en el diseño urbano como en la construcción y reconstrucción de las viviendas para que los prototipos se ajusten a sus necesidades reales; promover los derechos de propiedad del suelo para las mujeres.

El género no es neutral y es necesario reconocerlo en la realidad

Nada en las tareas vinculadas con desastres es de un “género neutral”. El análisis de género no debe ser opcional o divisivo, pero sí imperativo para dirigir la asistencia y planear una completa y equitativa recuperación. La estrategia para equiparar las diferencias es reunir y solicitar datos específicos de género para identificar las diferencias reales entre hombres y mujeres al evaluar e identificar sus necesidades específicas en el hogar, la salud mental y el desplazamiento y la migración; utilizar el conocimiento de las mujeres sobre los recursos ambientales y la complejidad de sus comunidades, dándoles capacitación y empleo en las evaluaciones de las comunidades de base, en el seguimiento de la investigación y en el monitoreo de los cambios a través del tiempo y en diferentes contextos; dar un seguimiento del presupuesto en los fondos para ayuda y respuesta, con el fin de que incluya una equidad de género, explícita e implícitamente, y constatar que la distribución de bienes, servicios, oportunidades para las mujeres y los hombres generen equidad.

Trabajo con las mujeres de las organizaciones sociales de base territorial local

Las organizaciones comunitarias de mujeres pueden participar en el desarrollo de sus propios planes de preparación y mitigación junto con los hombres de la comunidad, ya que tienen capacidad de penetración, información, experiencia, redes y recursos vitales para incrementar la resiliencia a desastres, por eso no se debe desaprovechar la oportunidad para trabajar con y desarrollar las capacidades de las mujeres en los grupos locales existentes: ambientalistas, activistas por la paz; grupos vecinales, barriales; organizaciones de base religiosa y de servicios y profesionales. Una p e r c e p c i ó n m á s s o c i a l d e l d e s a s t r e necesariamente tiene sustento en una participación comunitaria, en una gestión comunitaria de los riesgos, lo que es más compatible con un enfoque de equidad de género. Pero para ello se debe fortalecer no sólo la participación de hombres lugareños, sino la incorporación de las mujeres locales a los beneficios directos e indirectos de todas las acciones tomadas; insistir en su representación plena con voz y voto en los grupos de la comunidad y en las reuniones; contratar mujeres locales para cargos de evaluaciones y otros trabajos de responsabilidad; incorporarlas como voluntarias; buscar a las lideresas informales con un conocimiento de la comunidad y sus problemas; desarrollar un balance de género en los equipos técnicos para trabajar con los residentes, tanto a corto como a largo plazo, en la prevención, emergencia, recuperación y reconstrucción.

Evitar el uso de estereotipos que no reflejan la realidad que viven las mujeres

Las dificultades de inserción de la mujer en puestos específicos de la sociedad es un problema de índole cultural y educativo, por eso hay que hacer grandes esfuerzos por eliminar prejuicios, abolir prácticas arraigadas y eliminar restricciones que mantienen las inequidades de género. Es obligatorio oponerse a usar y reforzar estereotipos que se basan en falsas generalidades; todas las iniciativas se deben fundamentar con el conocimiento de la diferencia y la especificidad cultural, económica, política y sexual contextual, y evitar generalizaciones no reales.

Por ello es necesario reconocer que las mujeres no son v íctimas pasivas de los desastres, sino sobrevivientes cuya participación también como l i deres as y negociadoras es fundamental en todas las fases (de la gestión integral del riesgo) de desastre . Las necesidades de las mujeres deben distinguirse claramente de las de los niños y niñas; no todas las mujeres son necesariamente madres y/o tienen que vivir con una pareja hombre; las mujeres jefas de hogar no son necesariamente las más pobres o las más vulnerables, sino que es la conjunción de varios aspectos adversos lo que las hace ser vulnerables; las mujeres no son inherentemente dependientes económicas, al contrario, son productoras, fuentes de ingresos para sus familias y trabajadoras comunitarias imprescindibles; las normas de género deben calcular el riesgo que pueden sufrir también los niños y los hombres, al igual que las mujeres. Las mujeres en situación de marginación o exclusión social como las indocumentadas, con VIH/Sida, de baja casta o clase socioeconómica, indígenas y trabajadoras sexuales, viudas, deben tener una especial atención y reconocerse que tienen múltiples perspectivas y capacidades y no una única o exclusiva con la cual se les denomina.

Los derechos humanos como guía de equidad

El considerar en las evaluaciones y propuestas un enfoque de los derechos humanos beneficia a las mujeres, ya que las iniciativas democráticas y participativas son lo mejor para ellas. Una visión inequitativa de género puede sesgar los apoyos y propiciar un control masculino sobre los recursos económicos para la recuperación de un desastre, por lo que mujeres y hombres deben tener aseguradas condiciones de vida necesarias para d i s f r u t a r d e s u s d e r e c h o s h u m a n o s fundamentales por igual.

Las niñas y los niños, así como las mujeres en para garantizar que las mujeres tengan situación de crisis, están en un riesgo circunstancias particulares de apoyo, y no sólo incrementado de sufrir acoso, ataques sexuales y que se reconozcan, sino que se prioricen.

rapto. Algunas mujeres sufren abusos por parte de sus parejas íntimas, y otras, la explotación por parte de traficantes dentro de ámbito del trabajo doméstico, de la agricultura y en el de las sexo servidoras. Otros abusos pueden provocar deterioro o pérdida de los derechos existentes de las mujeres sobre la propiedad o tenencia de la tierra, matrimonios forzados y/o tempranos, migración obligada, pérdida de acceso o reducción de servicios de cuidados de la salud reproductiva.

Respeto y desarrollo de las capacidades de las mujeres

En la integración de las mujeres debe haber un cambio en las relaciones de poder para evitar sobrecargar a las que ya tienen un trabajo pesado y responsabilidades familiares incrementadas. Es fundamental identificar las experiencias de las mujeres en los desastres y apoyar sus contribuciones en los sistemas de alerta temprana oficiales e informales de preparación en la casa, en la escuela, en la solidaridad comunitaria, en la recuperación socioemocional inmediata y a largo plazo, y en los cuidados a la familia extensa. Destinar recursos para compensar materialmente el tiempo, energía y habilidades de las mujeres de base que laboran con organizaciones gestoras del riesgo de desastres, para que dejen de ser voluntarias sin reconocimiento.

Una vez reconocida la importancia que los roles de género juegan en la gestión integral del riesgo de desastre, las consideraciones de género no pueden ser relegadas cuando ocurra un desastre. En el sentido de reducir los daños asociados con desastres por fenómenos de origen natural, o bien, antrópicos, es necesario reconocer las vulnerabilidades preexistentes al desastre y vincular los planes de gestión integral de los desastres con la ayuda humanitaria desde una perspectiva de equidad de género, para que exista un mejor entendimiento sobre qué es lo necesario


FUENTES DE CONSULTA

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