LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN ARQUEOLOGÍA DE SERVICIOS



Jaime – Max MAGARIÑOS SÁNCHEZ *


 

1. Antecedentes inmediatos de la profesión independiente.

La arqueología de servicios tiene actualmente su justificación en la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Esta ley vino a regular de manera explícita una actividad que anteriormente desarrollaban arqueólogos individuales, encaminada a velar por el patrimonio histórico ante el avance de las obras públicas modernas, y que se caracterizaba por su carácter puntual propio de un voluntarismo personal que tenia como fin recuperar en lo posible bienes dejados a la vista de manera casual por las obras y que raramente implicaba la adopción de medidas de protección o de corrección de impactos.

La necesidad de un desarrollo de la legislación en materia de Patrimonio Histórico venía gestándose a partir de la década de los 60 a la luz de la multiplicación de hallazgos fortuitos que provocaba la proliferación de las obras públicas al compás del nuevo desarrollismo económico de la España franquista. No será hasta la instauración de la nueva democracia cuando se den avances parciales a través de las recién creadas Diputaciones provinciales, en colaboración con otras instituciones que tradicionalmente habían intervenido en materia de protección, como los museos, diferentes institutos de investigación científica y universidades. En este periodo se desarrollará lo que podemos denominar como una “arqueología de rescate” precursora de la actual “arqueología de gestión”, que se irá definiendo durante los mas de treinta años que van desde la década de los años 60 hasta el año 85 y que encontraba un referente último en la adhesión de España a las “Recomendaciones” de la UNESCO y Convenios europeos desde 1975

Podemos citar ejemplos concretos de preservación de yacimientos en la Comunidad de Madrid fruto de este espíritu pionero de protección ya que el caso madrileño puede ponerse como ejemplo paradigmático debido a la especial incidencia que la expansión urbana y de las infraestructuras tuvo en esta provincia.

Fue en los años 70 cuando la Diputación Provincial de Madrid va a potenciar el desarrollo de una, aún tímida, actividad arqueológica y paleontológica en la provincia con una clara orientación científica que favoreció la puesta en marcha de excavaciones sistemáticas, grupos de investigación y series de publicaciones científicas. Estos ejemplos son:

En aquellos momentos aún estábamos lejos de identificar en el panorama la figura del arqueólogo profesional independiente de las instituciones administrativas, universitarias o museológicas. Estos profesionales sin embargo emergerán rápidamente durante la década de los 80 propiciados por las nuevas políticas de gestión de las Comunidades Autónomas al amparo de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 y su normativa complementaria, que dio pie a la aparición de Leyes de Patrimonio Histórico propias dentro del proceso de transferencia de competencias territoriales.

La aparición del arqueólogo independiente encontró su razón de ser en la delegación técnica que las Administraciones realizaron en determinados casos y en determinadas condiciones. Una de las razones de dicha delegación fue de carácter práctico y organizativo, debido a que la aplicación de la nueva legislación conllevó la multiplicación exponencial de los expedientes administrativos tramitados, lo que hacía inviable la intervención directa, o de oficio, de la Administración con sus recursos materiales y humanos propios mantenidos habitualmente en sus mínimos operativos.

De la misma manera se produce en esos momentos un distanciamiento, que continua en la actualidad, entre el mundo académico y científico y la gestión administrativa del Patrimonio, ya que aquellos difícilmente pueden hacerse cargo de la multiplicidad de intervenciones sin menoscabo de sus propios objetivos orientados hacia la investigación dentro de programas concretos que restringen su interés a unas directrices muy específicas, en las que difícilmente cabe la muy diversa casuística de las intervenciones arqueológicas. Por supuesto este distanciamiento no ha sido absoluto en ningún momento, al existir múltiples puntos de encuentro con una disciplina cuyos resultados no le pueden ser ajenos a excepción de los recelos que puedan despertar en cuanto a la calidad de la información obtenida por sujetos resueltamente profesionalizados en las labores de campo. En este sentido habría que valorar los nuevos programas universitarios en cuyo currículo se incluyen especialidades de arqueología, o más recientemente la proliferación de másteres en Arqueología y Gestión del Patrimonio Histórico.

Como hemos indicado más arriba, la Administración reguló este nuevo campo profesional mediante el establecimiento de condiciones mínimas en las que un profesional puede ser titular de una autorización o permiso administrativo que le autorice a hacerse cargo de los aspectos prácticos de un expediente administrativo. Así el solicitante debe justificar disponer de una titulación universitaria media y acreditar suficiente experiencia en materia arqueológica mediante un curriculum o carta acreditativa de una autoridad en la materia. Hay que hacer notar que si bien la titulación exigida suele estar relacionada con el ámbito de las licenciaturas en humanidades podrían acceder a dichas autorizaciones en igualdad de condiciones ingenieros y arquitectos.

2. Panorama actual de las empresas de arqueología.

En torno a los años 90 asistimos a un boom en la creación de empresas de servicios arqueológicos respondiendo a la nueva situación legislativa y a la ampliación de la demanda de profesionales por la Administración, lo que supuso el desarrollo de un nuevo yacimiento de empleo para licenciados en humanidades en un contexto universitario en expansión. Fueron años de máximos en los precios profesionales, tanto de los servicios arqueológicos como de los Estudios de Impacto Ambiental que funcionaron como motor de desarrollo de estos nuevos servicios en un momento en el que todavía estaban por desarrollar los mecanismos propios de gestión como son las Cartas arqueológicas y la recientemente figura de las Zonas de Protección Arqueológica. Sin embargo toda esta actividad empresarial adolecía de una falta de inversiones que se suplía con una cierta sobrevaloración de los servicios y una baja necesidad de inversiones iniciales.

A principios de la década de 1990 los países desarrollados se vieron afectados por una crisis económica y financiera, los efectos de esta crisis tardaron en llegar a España, debido al enorme gasto público que se hizo entre 1990 y 1992 para preparar al país para grandes eventos como la Exposición Universal de 1992, en Sevilla (incluyendo grandes infraestructuras para el transporte de esta ciudad como la alta velocidad ferroviaria y la autovía Madrid-Sevilla) y los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Tras un máximo en 1993 los efectos de la recuperación no se dejaron ver hasta 1997. Para nuestro sector el año 95 fue un año de especial contracción, en el que muchas empresas cesaron en su actividad. No obstante el nuevo ciclo alcista en la economía favoreció su recuperación iniciándose un periodo de continua expansión hasta la actual situación de crisis iniciada en 2008.

La actual situación de crisis económica ha traído aparejada para la profesión arqueológica de servicios a empresas dos fenómenos determinantes: la reducción de los contratos y el ajuste a la baja de los precios de licitación.

La reducción de los contratos realizados va pareja a la contracción del sector de la construcción y de las obras públicas, y a un reajuste de las condiciones de medidas de corrección para las obras impuesta por la Administración, tendente a una simplificación de los procedimientos que proporciona un amplio margen de maniobra al promotor. En este sentido creemos que debe entenderse la reciente reformulación que están sufriendo las legislaciones autonómicas en materia de Patrimonio Histórico.

La caída de los precios de contratación, llevando a su extremo principios de competencia, ha supuesto en muchos casos una reducción de los medios de trabajo que no se corresponden con los estándares mínimos de calidad globales deseados y que quedan al albur de normas de procedimiento no expresas. Dos aspectos están muy relacionados con la calidad y con la competitividad económica. Uno es el de los tiempos de ejecución cada vez más reducidos en aras del coste y que conlleva no pocos conflictos a la hora de cuantificar el tiempo real de acometer trabajos arqueológicos. El segundo, es la desvalorización que se da a la fase de investigación arqueológica que se puede englobar en el capítulo de análisis y estudios, esto es, el procesamiento de la documentación y restos producidos por la excavación y la elaboración de la obligada memoria científica de resultados. Tradicionalmente este capítulo, al no corresponder a la fase de obra, sino a momentos posteriores a los trabajos de campo, se han visto siempre extrañado por el promotor que no lo asume como un trabajo propio sino como una obligación personal, quizá como el prurito profesional del arqueólogo, por lo que no se contempla generalmente de forma expresa en ninguna partida económica específica, asumiéndose dentro del precio global. En el caso de que el promotor asuma coyunturalmente el aspecto científico de los trabajos, lo hace mediante la financiación de una publicación como medio de promoción personal, en la que el arqueólogo no ve remunerado su trabajo editorial ni participa de los posibles beneficios de las ventas.

Creemos que este panorama de precariedad va a traer aparejada una evolución del sector profesional polarizada entre el profesional individual, quizá bajamente cualificado, y con escuetos recursos que acomete coyunturalmente pequeños trabajos sin considerar posibles beneficios empresariales, y empresas mixtas que pueden asumir contratos mayores (como un complemento) en un mercado profesional cada vez más diversificado a la hora de acceder a una fuente de ingresos con el fin último de mantener la actividad. Por contrapartida un efecto indeseado será la desaparición de las sociedades de tamaño medio que reúnen un equipo altamente cualificado y especializado con capacidad de acometer volúmenes de trabajo que impliquen su financiación con fondos propios.

Habitualmente podemos distinguir una tipología de empresas o asociaciones profesionales dedicadas a la arqueología. Podemos identificar desde el profesional autónomo independiente que actúa de manera individual hasta diversas fórmulas asociativas como puedan ser: la Comunidad de Bienes, la Sociedad Cooperativa o la Sociedad Limitada. Raramente podemos rastrear la existencia de Sociedades Anónimas de mayor tamaño ya que los márgenes habituales se restringen a la pequeña y mediana empresa.

Todas ellas reúnen a un equipo de profesionales cualificados como núcleo de la asociación que contratan personal técnico complementario mayormente bajo la fórmula de servicios autónomos o incluso en régimen general de cotización. La duración de estos contratos suele verse afectada por la discontinuidad debido a que se formalizan por obra o servicio y dependen del volumen de proyectos asumidos por la empresa en un periodo determinado. Este personal técnico suele estar constituido por recién licenciados que van adquiriendo experiencia con colaboraciones puntuales bajamente cualificadas para acceder con el tiempo a codirecciones o direcciones de permisos arqueológicos. La flexibilidad funcional de estos licenciados trae el efecto de que raramente se contratan profesionales auxiliares carentes de titulación universitaria que ofertan determinadas Escuelas Taller de arqueología y restauración. En caso de la necesidad de contratar personal de obra o peones estos pueden ser proveídos por la misma empresa de arqueología, aunque también se suele llegar a la fórmula en la que es la empresa constructora la que los pone a disposición del arqueólogo a través de una Empresa de Trabajo Temporal o de Servicios.

La tendencia general suele ser minimizar los gastos en personal y medios materiales mediante una redistribución de funciones de manera vertical cuando las circunstancia lo aconsejan. Frecuentemente son los propios socios los que realizan trabajos administrativos, de gabinete y de campo en aquellos proyectos de pequeño volumen o cuando no se acometen varios trabajos simultáneos que obliguen a la delegación de funciones.

Esta minimización de gastos e inversiones viene determinada no solamente por la racionalidad en la gestión de recursos sino por los modelos de contratación que se tienen que asumir e impuestos por el promotor. La dilación en los pagos obliga a las empresas a reducir los gastos iniciales de ejecución cuando no se pueden adoptar fórmulas de pago ágiles, por lo que solamente aquellas empresas que cuentan con fondos propios o medios de financiación alternativos pueden acceder a proyectos de gran volumen y de importantes inversiones iniciales.

En las casi tres décadas que lleva evolucionando el sistema podemos distinguir tres pilares en su estructura básica para la gestión del Patrimonio Histórico Arqueológico:

Las Comunidades Autónomas ejercen sus competencia a través de la Consejería de Cultura y sus delegaciones territoriales en el caso de las Comunidades pluriprovinciales. La Consejería de Cultura es la responsable de la realización de los distintos inventarios patrimoniales que están en la base la aplicación de los distintos grados de protección de sus elementos constituyentes. Una vez realizadas las consultas iniciales, es la responsable de establecer las condiciones particulares que regirán para los diferentes proyectos, así como de autorizar los trabajos pertinentes a cargo del profesional correspondiente. En este caso hay que resaltar el hecho de que la responsabilidad de realizar los estudios y los trabajos incluidos en la resolución es de manera directa el promotor del proyecto, siendo el arqueólogo un mero intermediador técnico para su ejecución en el cual han delegado los servicios técnicos de la Administración.

Los ayuntamientos ejercen sus competencias en el ámbito informativo y de control a través de las licencias de obra. El inventario general de bienes de un municipio queda recogido en la Carta arqueológica, documento que se incorpora a las Normas Municipales de Planeamiento y relaciona los elementos particulares y Zonas Arqueológicas objeto de protección. En determinadas circunstancia los ayuntamientos disponen entre sus medios técnicos la figura del arqueólogo municipal, figura mixta entre la Administración y la práctica independiente de la profesión ya que es el encargado de aplicar las ordenanzas municipales en materia de Patrimonio Histórico y de dar traslado de los expedientes a la Consejería de Cultura así como de acometer diversos trabajos de manera remunerada o bien de oficio. Así mismo, el arqueólogo puede incorporarse a la estructura de determinados ayuntamientos que constituyan Consorcios especialmente en poblaciones y ciudades catalogadas como monumentales.

La legislación medioambiental es una tercera fuente de gestión del Patrimonio Arqueológico mediante los Estudios de Impacto que son preceptivos para determinada tipología de proyectos entre los que podemos enumerar:

Si bien los estudios de impacto ambiental son suscritos por un ingeniero o arquitecto a él se incorporan documentos particulares entre los que están los estudios arqueológicos que deben ser redactados por un arqueólogo.

Un principio en la gestión de Patrimonio arqueológicos es el de la corresponsabilidad entre las partes actuantes que genéricamente se pueden resumir en la Administración y el Promotor. La colaboración en la cogestión del Patrimonio Histórico ha de ser racional y ha de contemplar los legítimos intereses de cada uno de los sujetos interesados. En este sentido una reclamación histórica de los agentes promotores de obra civil es que la planificación de las intervenciones arqueológicas debe ajustarse a los momentos de desarrollo de los proyectos. Como ya expusimos anteriormente1 la gestión administrativa del patrimonio ha ajustado las distintas estrategias de intervención graduándolas en las fases de estudio y ejecución de los proyectos. Para ello, se aplican técnicas propias de la investigación arqueológica pero en un contexto diferente al académico como es la urgencia que se le impone a la investigación por obras que deben resolver alteraciones del terreno en plazos mucho más reducidos de lo que puede asumir la investigación arqueológica con unos mínimos de calidad.

La tipología general de trabajos a realizar se puede resumir en las siguientes acciones que exponemos a continuación en orden ascendente de acuerdo al grado de interacción con un proyecto.

- Estudios documentales. Un estudio documental es un documento técnico que recoge todos los elementos patrimoniales incluidos en el ámbito del proyecto de obra. Este debe no solamente inventariar los elementos patrimoniales, sino también establecer de manera individualizada las medidas correctoras a aplicar a cada elemento y que son asumidas por la Administración pasando a formar parte del proyecto de obra e incorporando a él sus medidas correctoras específicas.
 
Los estudios documentales tienen como fuente principal de información la Carta Arqueológica. Cuando estos estudios son suficientes para establecer medidas correctoras se da fin al procedimiento.

Podemos sistematizar el tipo de elementos incluidos en el inventario, y sujetos a corrección de impacto, con una lista cuyos componentes precisan diferentes estrategias de protección. Estos elementos suelen ser: yacimientos arqueológicos, elementos etnográficos, elementos catalogados como pertenecientes al patrimonio industrial o elementos integrantes del patrimonio histórico y artístico. La casuística en materia de protección es muy variada dentro del marco que imponen las directrices tendentes a su conservación o a su desafección y que pueden implicar la modificación del proyecto de obra.

- Prospecciones superficiales y prospecciones con sondeos. La prospección arqueológica es una inspección directa del terreno afectado por las obras y se inscribe en la fase de estudios previos. Tiene como objeto redactar un documento técnico en el que se establezcan las actuaciones arqueológicas que sean pertinentes en la posterior fase de obra y que se incorporen a él con sus medidas correctoras específicas. Este documento tiene como objetivo primordial generar un inventario de elementos patrimoniales debidamente descritos y cartografiados que amplíen, sobre el terreno, la información de los elementos insuficientemente documentados en el estudio documental.
 
Un yacimiento arqueológico se evidencia como una dispersión de materiales cerámicos, líticos o estructuras a la vista que se pueden registrar en una inspección visual. Estas evidencias suelen ser suficientes para incluir en su descripción una aproximación a su adscripción cronocultural y a su inicial desarrollo en extensión, sin embargo difícilmente nos puede dar exacta idea de su entidad o potencia arqueológica. Por añadidura, no ofrecen la posibilidad de utilizar criterios para determinar su posible conservación por lo que se aplica el principio necesario de prevención. Estos datos iniciales se han de poner en relación cartográfica con el proyecto para aproximar el grado de afección previsible de la obra sobre el yacimiento y que depende de la incidencia de esta sobre el terreno.
 
Cuando se prevén afecciones es de interés determinar la potencia arqueológica y la extensión real del yacimiento en aras de una valoración exacta de la viabilidad del proyecto o de minimizar las inversiones necesarias para acometer excavaciones arqueológicas de mayor envergadura. En este punto se suele resolver acometer una fase de sondeos. Este grado de intervención suele cargarse al presupuesto de la fase de ejecución de la obra ya que estos movimientos de terreno pertenecen ya a un capítulo de ejecución y no a la fase de estudios previos. Los sondeos arqueológicos acotan los márgenes de las posibles excavaciones arqueológicas.

- Control de movimientos de terrenos. En la fase de ejecución del proyecto de obra se suelen ejecutar todos los capítulos que conciernen a los movimientos de terrenos, bien propios - que se realizan con medios mecánicos - o bien arqueológicos, que no se consideran como propios.
 
Aplicando el principio de prudencia se suele resolver aplicar al proceso de obra un control arqueológico directo de los trabajos de remoción de terrenos. Este control puede ser asumido a bajo coste por un único técnico arqueólogo incluso si la obra presenta múltiples frentes. Dicho servicio arqueológico es visto muchas veces como un mero trámite preventivo pero sin embargo cumple una función importante de vigilancia y control para que los trabajos mecánicos, a veces con maquinaria de gran envergadura, no afecten fortuitamente a elementos protegidos presentes en el ámbito del proyecto y que deben ser convenientemente señalizados y balizados para mayor información de agentes de obra u operarios que frecuentemente desconocen el estado de los trabajos arqueológicos.

- Excavaciones arqueológicas. En la fase de ejecución del proyecto de obra se suelen ejecutar todos los capítulos que conciernen a los movimientos de terrenos, bien propios - que se realizan con medios mecánicos - o bien arqueológicos, que no se consideran como propios, y que se caracterizan por ser fundamentalmente manuales. Este punto suele ser percibido por los promotores como un condicionante costoso tanto desde el punto de vista de la variable del tiempo, como del de la inversión económica, en relación con los metros cúbicos de terreno removido que es el parámetro habitual para valorar los plazos de ejecución cuando se están moviendo terrenos.

Una vez ejecutada la fase de sondeos, y acotados los márgenes de las posibles excavaciones arqueológicas, estas se suelen acometer de manera paralela a los trabajos propios de obra haciéndose una adaptación de los tiempos y realizando las necesarias reservas de terreno para los trabajos arqueológicos. El área sujeta a excavaciones suele ser un porcentaje reducido respecto a la superficie total. Esto posibilita avanzar con la mayor parte de la obra para, una vez liberado el terreno, concluir la ejecución puntualmente.

En un porcentaje muy alto las excavaciones cumplen el objetivo principal de documentar suficientemente un yacimiento por lo que pocas veces se resuelve la conservación del mismo y mucho menos su exposición a la vista. Muy frecuentemente una vez excavado el yacimiento este puede ser ocupado por las edificaciones o infraestructuras. En el caso de que se determine conservar determinadas estructuras se procede a su cubrición con medios apropiados y se puede construir sobre rasante mediante terraplén. Una solución habitual es disponer sobre él zonas verdes que en principio tenían otra localización lo que supone una modificación del proyecto de obra.

3. Aspectos deontológicos y de calidad en la arqueología de servicios.

La práctica arqueológica como actividad profesional liberal tiene una fuerte carga deontológica debido a que se desarrolla en un medio social y persigue unos fines científicos. Queremos destacar aquí un principio general que rige su práctica, el principio de calidad como un objetivo que se persigue. En su dimensión técnica la calidad engloba los aspectos científicos y tecnológicos que afectan al producto o servicio y que se desarrolla en tres ámbitos dependiendo de con quién se establecen relaciones como la Administración, el cliente y la comunidad científica.

Las relaciones con la Administración son de carácter normativo ya que el arqueólogo ha de ajustarse a unas normas de procedimiento administrativo que tienen como objeto cuatro documentos, el proyecto de actuación, los permisos de actuación, el informe de actuación y la resolución administrativa.

El proyecto de actuación incluye dos apartados que comprometen al arqueólogo: la propuesta de actuación y la metodología. En ellos se explicitan tanto el “qué” como el “cómo” se van a ejecutar los trabajos. La propuesta de actuación tiene como fuente la interrelación entre el proyecto de obra y la información previa de la situación patrimonial del ámbito donde se van a realizar los trabajos. La metodología igualmente explicita cómo se van afrontar los trabajos de acuerdo a un protocolo técnico que haga comprensiva la información obtenida para su procesamiento posterior y que se reflejará en el informe de actuación y la memoria científica que han de incluir de manera general una descripción de los trabajos realizados junto con una sistematización de la documentación obtenida y unas conclusiones cronoculturales del bien objeto de estudio. La memoria si bien es estrictamente un documento administrativo participa así mismo de un valor científico por lo que, independientemente del fin último que se pueda dar a la información contenida en él, debe ser compatible con los estándares de calidad que exige la comunidad científica. Tras el informe de actuación la consecuente Resolución administrativa cierra el procedimiento administrativo.

Las relaciones con el promotor o cliente son otro factor que influye en el concepto de calidad en su dimensión humana y supone cuidar de las buenas relaciones entre clientes y empresas. Dentro de los principios de libre competencia y de libertad en el ejercicio profesional el concepto de calidad hace referencia a la consecución de un acuerdo de servicios entre las partes en las condiciones más ventajosas para ambos. Como ya vimos, los servicios ofrecidos quedan reflejados en el proyecto de actuación que los regula y en este sentido los servicios particulares en arqueología presentan una diferencia respecto a otros que la propiedad pueda contratar, y es que su alcance no responde tanto a las necesidades propias de la dirección de obra como a unas determinaciones que tienen su origen en los criterios de la Administración. Evidentemente el sujeto de servicios querrá matizar las condiciones en que se han de ejecutar los trabajos manejando dos aspectos que quedan en cierta manera desregulados y que se dejan a su arbitrio como es la correlación entre tiempos y el precio establecido en las relaciones contractuales.

De forma genérica se pueden diferenciar dos modelos generales de contratación, la modalidad abierta y la modalidad cerrada. La modalidad abierta se hace cargo de los imponderables arqueológicos que obligan a que en muchos casos se encuentren dificultades en determinar de antemano la duración de los trabajos para un área determinada dependiendo de la complejidad que presente el registro. Esta es una situación ventajosa para el arqueólogo que puede trabajar sin la urgencia habitual. No obstante esta modalidad de contratación presenta un fuerte contenido deontológico ya que el profesional debe ajustar a unos parámetros racionales la metodología empleada compatible con la calidad de su trabajo. La modalidad de contratación cerrada se ajusta más a la lógica del desarrollo de la obra o proyecto ya que se pueden cuantificar los tiempos y los costos con un precio cerrado asumiendo el arqueólogo un riesgo. Este intentará ajustar los tiempos a los recursos disponibles incrementando los medios a su costa o realizando ajustes metodológicos que pueden suponer implicaciones en la calidad del servicio y, en último extremo, implicaciones en materia de disciplina profesional. Esta situación tiene un origen de difícil valoración, que son las condiciones en que se emiten los permisos arqueológicos donde solamente están reguladas las condiciones en las que el director de los trabajos accede a ellos. En la práctica hay aspectos que no quedan regulados por dichos permisos como puedan ser los precios por unidad de ejecución o sueldos y cualificación técnica del personal técnico dependiente.

No queremos soslayar aquí el delicado tema de la disciplina y posibles infracciones que pueden producirse en el transcurso de un proyecto de obra sujeto a estudios arqueológicos. La experiencia nos ha enseñado que la fuente principal de conflictos en materia de disciplina suele ser el factor tiempo asociado a los costes que conlleva. En este sentido podemos enumerar tres situaciones tipo en que se pueden plantear situaciones delicadas en materia de disciplina.

Estas situaciones tipo crean conflictos con el código deontológico del arqueólogo que se presenta siempre como el último garante de la disciplina en materia de Patrimonio frente a la Administración, con el añadido de que está prestando un servicio a un tercero que le obliga a mantener relaciones normales con él. La corrección de los efectos de estas fuentes de conflictos no está en la mano del profesional arqueólogo y dependen más de los principios que rigen la práctica del promotor que en última instancia se han de ver a la luz de una serie de valores socialmente admitidos como son el economicismo y el objetivismo de los valores científico-técnicos, frente a un relativismo de los valores culturales a los que se niega su carácter de bien social.

Bibliografía.

Almansa Sánchez, Jaime, 2011: El Futuro de la Arqueología en España. Editorial Jas, Madrid.
Mora, Gloria; Díaz Andreu, Margarita (Eds.), 1997: La cristalización del pasado: Génesis y desarrollo del marco institucional de la Arqueología en España. Universidad de Málaga.
Parga-Dans, Eva, 2011: Innovación y emergencia de un servicio intensivo en conocimiento: el caso de la arqueología comercial. Tese de Doutoramento, Universidad de Santiago de Compostela.
Quero Castro, Salvador; Pérez Navarro, Amalia (coords.), 2002: Historiografía de la Arqueología española. Las Instituciones. Museo de San Isidro, Madrid.

En caso de cita: MAGARIÑOS SANCHEZ, J.M. “La actividad profesional en Arqueología de servicios”. RIIPAC, nº 2, 2013, páginas 177 -188 [en línea: http://www.eumed.net/rev/riipac]

* Arqueólogo. ARCO Servicios de Arqueología. Alcalá de Henares, Madrid. jaimemax@gmail. com

1 Revista Tecnoambiente. Madrid. 226, pp. 23-25



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