METODOLOGÍA DE LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA DESDE UN ENFOQUE PRÁCTICO. EL VALOR DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 1



Manuel Moreno Linde
Profesor colaborador de Derecho Administrativo
mmorenolinde@yahoo.es
Universidad de Málaga

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Resumen: El presente trabajo pretende ser un análisis sobre la metodología de la investigación jurídica, realizado desde un enfoque práctico. En un ámbito de la investigación científica que se ha caracterizado tradicionalmente por tener una orientación esencialmente teórica, se estima conveniente un cierto cambio de perspectiva que oriente la investigación a la solución de los problemas reales que plantea la aplicación del Derecho. En este sentido, este planteamiento sitúa al problema como origen e hilo conductor de la investigación, de manera de que las conclusiones que se obtengan puedan constituir una respuesta real a los conflictos derivados de las instituciones jurídicas.

De conformidad con lo anterior, en el presente trabajo se analizan – con el referido enfoque práctico - las diferentes fases y elementos del trabajo de investigación jurídica, particularmente de las tesis doctorales. El artículo concluye con una referencia a la experiencia profesional como recurso de especial utilidad en la labor investigadora.

Palabras clave: Derecho, metodología jurídica, técnicas de investigación, experiencia profesional

Abstract: The present article intends to be an analysis of the methods of the legal research and it is made from a practical approach. In a scope of the scientific research, which is traditionally characterised by having an essentially theoretical orientation, some changes in the perspective are considered convenient in order to guide the investigation towards a solution of the real problems that the application of the law implies. In that sense, this approach places the problem as the origin and guiding force of the research, so the conclusions obtained can give a real answer to the disagreements originated by the legal institutions.

According to this, in the present work, the different stages and elements of the juridical research work are analysed, through the previously mentioned practical approach, particularly in the doctoral theses. The article concludes with a reference to the professional experience as a specially useful resource in the researching work.

Key words: Law, juridical methodology, research methods, professional experience

 

1. Introducción

No cabe duda de que las técnicas y métodos de investigación constituyen un ámbito de estudio de sumo interés y un elemento esencial en la formación del investigador del Derecho. A esa idea responde la inclusión en el Plan de Formación de la Universidad de Málaga 2014-2015 de una acción formativa específica “en docencia e investigación en ciencias jurídicas sociales”2.
El presente trabajo aborda el análisis de las técnicas de investigación jurídica, pero con una orientación que, en cierta medida, difiere de la que adoptan normalmente los trabajos de investigación jurídica, más práctica.

A este respecto, tradicionalmente, los resultados de la investigación del Derecho, particularmente las tesis doctorales, han venido caracterizándose por presentar un contenido esencialmente teórico, sobre todo cuando han versado sobre las instituciones jurídicas más clásicas. Consideramos, sin embargo, que la elaboración de las tesis doctorales jurídicas debe adoptar hoy una perspectiva diferente: el análisis de las instituciones jurídicas debe partir de la constatación de los problemas que su existencia y aplicación plantean en el mundo real, de suerte que de la investigación que se realice puedan extraerse conclusiones que faciliten alcanzar soluciones concretas y reales para tales problemas. Lógicamente, esta nueva perspectiva lleva aparejada la necesidad de contar con más recursos y de utilizar otras técnicas de investigación más allá de las tradicionales.

Así pues, el objeto primordial del presente trabajo es hacer una serie de consideraciones acerca de las técnicas metodológicas de la investigación jurídica desde un enfoque práctico, resaltándose particularmente la utilidad de la experiencia profesional como recurso a aplicar a la labor investigadora.

2. La delimitación del objeto de la investigación: la detección de un problema

El punto de partida de la investigación ha de ser, a nuestro parecer, la detección de un problema jurídico al que se intentará dar una solución. El problema y la búsqueda de su resolución han de ser el hilo conductor que guíe la confección de la  tesis doctoral en todas sus fases.

A este respecto, se ha señalado que en el campo del Derecho, las contradicciones que plantean problemas se pueden encontrar en diversos casos, entre los que cabe señalar: “1. Cuando la norma jurídica no concuerda con una necesidad según la valoración que hacemos de ésta; 2. Cuando dos o más normas jurídicas o cuerpos legales son incompatibles entre sí; 3. Cuando hay incompatibilidad entre dos o más posturas de la doctrina”3. A nuestro juicio, los problemas de los que partirá la investigación se hallarán siempre ligados a la aplicación de una norma o conjunto de normas o a la carencia de regulación de un conflicto apreciable en la sociedad que demanda una intervención normativa.

Evidentemente, para encontrar un problema jurídico, es necesario que en primer término se esté en disposición de llegar a él, que pueda sospecharse su existencia. Dicho de manera más clara, es preciso que se posea cierto conocimiento sobre la disciplina, en este caso jurídica, en la que vaya a enmarcarse el trabajo de investigación.

Ha de señalarse, no obstante, que la delimitación de un problema no ha constituido siempre el origen o el punto de partida de todo trabajo de investigación jurídica. En este sentido, lo habitual al iniciar una investigación jurídica ha sido seleccionar una concreta institución, por ejemplo, el acto administrativo sancionador, la usucapión de bienes muebles, etc. para abordar su estudio en profundidad.

Bien es cierto que con ocasión del estudio exhaustivo de las instituciones es posible enfrentar y buscar soluciones a los problemas que se vinculen a su funcionamiento, pero sin ser ese el objetivo último de la investigación. La metodología que pretende describirse aquí es diferente, en cierto sentido inversa a la tradicional: primero se localiza y delimita un problema, y a partir de ahí se aborda el estudio de las instituciones y figuras jurídicas vinculadas al mismo. Es decir, desde este punto de vista también van a analizarse con detalle las instituciones jurídicas, pero siempre en conexión con un problema previamente definido. Se trata de un análisis instrumental del objetivo último de la investigación, que es proponer soluciones a dicho problema, hilo conductor de todo el trabajo que se desarrolle.

Esta diferente perspectiva plantea la necesidad, como se verá más adelante, de hacer uso de nuevas fuentes y recursos diversos de los tradicionales. Obviamente, también a estos últimos habrá de acudirse, si bien siempre desde la óptica del problema respecto del que se aspira a proponer una solución.

3. Las fuentes de información en la investigación jurídica

La tarea investigadora se desarrolla en diversas fases, entre las que se encuentra la denominada fase heurística, que alude a la labor consistente en acopiar y organizar la información precisa para alcanzar el nivel de conocimiento necesario sobre una determinada materia, que permita el desarrollo y reflexión sobre el tema objeto de la tesis doctoral y la obtención de las conclusiones oportunas.

Lo normal será, una vez trazado el plan inicial de trabajo, acudir en un primer momento a fuentes de información más generales para, una vez alcanzados los conocimientos más elementales, pasar a examinar fuentes más específicas, de las que se extraerá la información verdaderamente útil para el desarrollo del tema sobre el que verse la tesis. No obstante lo anterior, en función del grado de conocimiento previo que se tenga respecto del asunto objeto de estudio, será posible prescindir de aquellas fuentes más generales y centrarse desde el principio en las particulares o concretas.

Las fuentes de información o conocimiento de las que tradicionalmente se ha nutrido la investigación jurídica son las normas, la doctrina científica y la jurisprudencia. A ellas nos referiremos en primer lugar.

3.1 Fuentes de información tradicionales: normas, doctrina y jurisprudencia

Las normas constituyen la primera y más importante fuente para la investigación jurídica. Entendida como proposición de naturaleza prescriptiva dirigida a ordenar el comportamiento humano, la norma – o en su caso, su ausencia - constituye el objeto capital de la investigación. Son las normas las que determinan, por estar dotadas de fuerza para obligar, la existencia de los conflictos, los problemas que ha de enfrentar el investigador. Tales conflictos pueden venir motivados por distintas razones. Así, por una deficiencia de la propia norma jurídica, que puede ir referida al contenido mismo de ella o a la técnica empleada en su redacción. Igualmente, los conflictos jurídicos pueden tener su origen en la aplicación que de ella vengan haciendo los órganos competentes para ello – aplicación o también inaplicación – sobre la base de la interpretación que vengan dando a la misma. E incluso los problemas pueden venir causados por la carencia de una norma para regular un conflicto social que demande una regulación. Lo que es claro es que el centro, el germen de un problema jurídico es siempre la norma jurídica o su inexistencia.

Así pues, toda investigación jurídica ha de sustentarse esencialmente en las normas jurídicas, sin perjuicio de recurrir a otras fuentes – a las que se irá haciendo referencia – imprescindibles para realizar un trabajo serio y riguroso. El Derecho es fundamentalmente el contenido de las normas, y por ello éstas constituyen la fuente más importante para la investigación jurídica.

Desde el punto de vista de la metodología de la investigación jurídica, las normas son consideradas fuentes formales, en tanto en cuanto, como se ha señalado, están dotadas de fuerza de obligar por mandato de un ordenamiento constitucional-legislativo4. Desde la óptica de las técnicas de documentación, las fuentes de información normativa pueden clasificarse en dos categorías: 1. Documentos normativos primarios, que son los que transmiten información esencialmente original. Se trata de los boletines y diarios oficiales. 2. Documentos normativos secundarios, que son fuentes de información derivadas de las primarias o que las describen. Son los repertorios en soporte de papel o en soporte automatizado, que publican los documentos originales, bien mediante referencias o bien en su integridad5. En relación con estas fuentes documentales, cabe hacer una serie de precisiones.

La publicación de las normas jurídicas en los diarios oficiales, además de ser un requisito necesario para que éstas comiencen a desplegar sus efectos, constituye una fuente de conocimiento de las mismas para los ciudadanos en general, y los operadores jurídicos en particular. Ahora bien, este último cometido es cumplido también, y de manera más eficaz, por los repertorios y recopilaciones normativas.

Recurrir a una u otra fuente documental puede resultar indiferente en el caso de que el trabajo de investigación se centre en una o en unas pocas normas bien identificadas. Pero si por el contrario la tarea investigadora exige la consulta de una multiplicidad de normas, en ese caso es aconsejable el empleo de los repertorios o recopilaciones normativas, siendo especialmente útiles a tales fines las bases de datos normativas, que facilitan enormemente la localización de normas mediante el empleo de muy diversos criterios de búsqueda.

Ha de tenerse presente, a este respecto, que en la realización de algunos trabajos jurídicos científicos se parte de cierto desconocimiento de la normativa que hay que utilizar. Es decir, no se trata ya de que el acceso a determinadas normas pueda resultar dificultoso, sino que es frecuente que éstas, al iniciar la tarea investigadora, ni siquiera hayan sido identificadas por el autor. En tal caso, es necesario desarrollar una labor de búsqueda de la normativa implicada en las cuestiones que van a ser abordadas, para lo que resulta imprescindible el empleo de bases de datos. Debe indicarse que las ediciones digitales de los boletines digitales incorporan ya bases de datos para la búsqueda de los actos que publican, incluidas las normas, lógicamente. No obstante, esas bases suelen ser más pobres, en cuanto a la inclusión de una diversidad de criterios de búsqueda, que las elaboradas por editoriales privadas, como por ejemplo Aranzadi – westlaw – o La Ley digital.

Por lo demás, esa necesidad a la que se acaba de aludir de realizar una labor de búsqueda e identificación de la normativa implicada en las cuestiones objeto de análisis, resulta especialmente importante cuando la tarea investigadora se desarrolla a partir de la identificación de un problema. En efecto, si el estudio se centra en una concreta institución jurídica, lo normal será que la normativa que la regula se encuentre ciertamente delimitada; y su identificación y acceso a ella, consecuentemente, resultará más sencilla que si, por el contrario, la investigación tiene su origen en la detección de un problema. En este último caso pueden ser diversas las instituciones conectadas con él y, por tanto, mayor el número de normas que haya de analizarse. Esto refuerza la necesidad de hacer uso de las bases de datos jurídicas para, mediante el empleo de los múltiples criterios de búsqueda, localizar toda la normativa relevante a los efectos de la tarea investigadora.

Otra de las fuentes fundamentales para la investigación en Derecho es la Doctrina jurídica, entendida como el conjunto de opiniones, teorías y especulaciones de los expertos de la ciencia jurídica sobre las normas jurídicas y su aplicación.

La Doctrina jurídica ejerce un papel relevante en la formación del nuevo Derecho, siendo así que la creación de nuevas normas se apoya frecuentemente en las opiniones expresadas por los expertos de las diversas disciplinas jurídicas. Y asimismo, las consideraciones de los autores son ciertamente tenidas en cuenta cuando se plantean dudas sobre la interpretación y aplicación de las normas. Pero en todo caso, la Doctrina no tiene fuerza de obligar jurídicamente ni es por tanto una fuente directa del Derecho.

Las opiniones y consideraciones de la Doctrina que quedan recogidas en medios de difusión escrita integran la bibliografía jurídica. Ésta se compone fundamentalmente de los libros, los artículos de revistas jurídicas, las tesis y otros trabajos de investigación6.

Respecto de los libros, cabe diferenciar entre manuales y monografías. Los primeros serían los “documentos didácticos que contienen las nociones esenciales de una ciencia, técnica o arte”7. En Derecho, los manuales son especialmente abundantes. En cuanto a las monografías, han sido definidas como “el estudio específico sobre un tema concreto dentro de una disciplina o materia, que agota dicho tema en sí mismo, es decir, que no tiene propósito de continuación e impreso en uno o muy pocos volúmenes”8 Se corresponden, pues, con temas mucho más específicos que los abordados en los manuales.

La revista jurídica es “una publicación en serie que trata generalmente de una o más materias específicas y contiene información general o información científica y técnica”.9 Las revistas constituyen en sí un objeto de preferente de la documentación, también la documentación jurídica y, en este sentido, las revistas de contenidos científicos son consideradas como la principal fuente de información primaria en cuestión de ciencia.

Ha de señalarse que la localización de toda esta documentación a que se acaba de hacer referencia se ha visto enormemente facilitada por las bases de datos de revistas y documentos científicos elaboradas por instituciones públicas – así, por ejemplo, Dialnet – o privadas. Dentro de estas últimas pueden encontrarse un buen número de bases de datos especializadas en el campo jurídico, como La Ley Digital o Iustel.

La Doctrina recogida en la bibliografía jurídica ha constituido y sigue constituyendo una fuente de información esencial para la investigación jurídica. Todo trabajo científico-jurídico que pretenda unos mínimos niveles de calidad debe estar bien apoyado, ahora como antes, en la bibliografía jurídica existente sobre la materia objeto de investigación, pues las opiniones y consideraciones precedentes de los autores del Derecho son las que posibilitan, en buena medida, la reflexión propia y la consiguiente deducción de las ideas, las soluciones y las conclusiones que aporta el trabajo científico.

En tercer lugar, ha de hacerse referencia a la Jurisprudencia como fuente de información para la investigación jurídica. La Jurisprudencia, definida en los términos más amplios, no es sino la doctrina sentada por los órganos que ejercen la función jurisdiccional a través de sus resoluciones. Respecto del papel que la Jurisprudencia juega en el esquema de fuentes del Derecho del Ordenamiento Jurídico español, ha de señalarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1 del Código Civil, la Jurisprudencia no constituye una Fuente del Derecho. Ello no significa, no obstante, que no cumpla una importante labor complementadora del ordenamiento, según lo establece el apartado 6 del mismo precepto, de conformidad con el cual: “la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho.”
Sea como fuere, a los efectos que aquí interesan, la Jurisprudencia juega un papel crucial como fuente de información para la investigación jurídica. Si en la introducción se ha señalado que los trabajos de investigación jurídica, desde la perspectiva con que a nuestro juicio han de abordarse, deben afrontar y tratar de dar solución a los problemas reales que plantea el Derecho, es claro el peso que debe tener en la labor del investigador la Jurisprudencia, que, como se señala en la exposición de motivos del Decreto 1836/1974, por el que se modificó el título preliminar del Código Civil, es el resultado o la consecuencia de poner en contacto al Derecho con la realidad.

La Jurisprudencia creada por nuestros tribunales viene siendo acopiada en los repertorios que las editoriales especializadas en Derecho publican desde hace ya muchos años. Algunas de esas editoriales – Aranzadi, por ejemplo – han elaborado bases de datos jurisprudenciales que facilitan enormemente la localización de las resoluciones judiciales.

3.2 Otras fuentes de información.

Además de las fuentes de información jurídica comunes o tradicionales, han de tenerse presente otras que pueden considerarse novedosas por su contenido o por el formato de su difusión. A este respecto, la eclosión de Internet ha facilitado el acceso a fuentes documentales a las que antes resultaba muy difícil – por no decir que imposible – llegar.

Así, ha de hacerse mención a lo que se viene denominado la “literatura gris”. Bajo este concepto se han ido aglutinando una serie de documentos que se caracterizan, en cuanto a su contenido, por no tener interés divulgativo, dirigiéndose a un público especializado, y en cuanto a su publicación y difusión, por la circunstancia de no poder ser adquiridos a través de los cauces habituales de venta de libros, siendo difíciles de localizar y obtener. Entre otros, cabe incluir como literatura gris algunos documentos que en el momento en que son difundidos por los canales tradicionales pasan a integrar la bibliografía jurídica, como las comunicaciones de congresos no publicadas en actas y las tesis doctorales. Junto a estos, han de considerarse otros documentos como informes, las especificaciones técnicas etc.

Internet ha revolucionado en buena medida este concepto, de suerte que hoy cabe entender por literatura gris todo documento que es producido en ámbitos gubernamentales, académicos, comerciales, empresariales e industriales, en formato impreso o electrónico pero que no están controlados por los editores comerciales. Y así, de conformidad con ello, se entiende que junto a los elementos anteriores integran la literatura gris las grabaciones en vídeo de temas científicos, documentos electrónicos sin derechos de autor, documentos de trabajo depositados en páginas web, etc.10
Este concepto más amplio de literatura gris comprende una enorme diversidad de documentos de indudable interés para el investigador del Derecho.

Así, especialmente relevantes son algunos documentos publicados en las páginas web de los organismos públicos. Éstos pueden consistir en estudios preliminares o previos a la redacción de normas o instrumentos que incorporan criterios para su interpretación. Igualmente, se suelen publicar en las páginas web de estas instituciones planes o programas estratégicos descriptivos de políticas públicas o, en general, que incorporan criterios orientadores de la acción de los poderes públicos en las más variadas materias. Estos documentos se sitúan a caballo entre lo normativo y la literatura gris. Por último, las entidades públicas difunden a través de la red memorias o informes sobre las actividades y acciones desarrolladas en los campos de su competencia.

Muchos de estos documentos integran el denominado soft law – Derecho “blando” – término con que se identifica a una serie de instrumentos, generalmente de Derecho internacional y Derecho comunitario – o que tienen su origen en éstos – que se caracterizan por ejercer cierta influencia sobre la política legislativa y ejecutiva de los poderes públicos, no obstante carecer de fuerza vinculante. Se trata, en definitiva de documentos que no pasan de ser meras recomendaciones o que contienen directrices no imperativas, pero a los que se les reconoce alguna relevancia jurídica desde el momento en que condicionan la acción de los órganos públicos.

Por otra parte, han de considerarse también literatura gris los documentos publicados en las páginas web de instituciones privadas – ONGs, fundaciones – consistentes en estudios que abordan problemas que, no siendo estrictamente jurídicos, pueden tener una cierta dimensión jurídica – así, por ejemplo los estudios sobre el estado del medio ambiente publicados por Greenpeace –.

Todas estas fuentes documentales, como hemos indicado, pueden ser de utilidad al investigador jurídico pues, por una parte, facilitan el conocimiento del estado de una concreta cuestión y, de ese modo, la delimitación de problemas que han de ser abordados. Y por otra, a través de estos instrumentos es posible saber cuáles son las orientaciones de las política legislativa de los centros de producción normativa y los criterios que guíen las acciones de los poderes públicos encaminadas enfrentar aquellos problemas.

Por último, la información estadística, entendida como “el conjunto de contenidos informativos en los que se realiza una valoración cuantificada y numérica de los diversos aspectos medibles de la economía y de la sociedad”, constituye también un recurso a tomar en consideración por el investigador del Derecho. No se trata ésta, desde luego, de una fuente de información novedosa, pero ciertamente su aplicación a la investigación jurídica ha sido hasta el momento limitada, pese a la utilidad que puede reportarle11.

En este sentido, la documentación estadística – el conjunto de documentos que contienen la información estadística elaborada por órganos estadísticos oficiales y no oficiales – constituye un recurso muy valioso para delimitar problemas a partir de los que iniciar un trabajo de investigación jurídica. A este respecto, los datos estadísticos, entre otras utilidades, permiten conocer, por ejemplo, el grado de aplicación de una norma o si se están alcanzando los objetivos perseguidos con su promulgación. No sólo eso, además, es posible, a través de esos datos, localizar geográficamente el problema o concretarlo en un determinado grupo social – por edad, por nivel de renta, etc. – En definitiva, aislar el problema para buscar en el Derecho las soluciones adecuadas. La información estadística es recopilada frecuentemente en bases de datos o los informes periódicos que elaboran organismos públicos y privados. Particularmente extensa es la base de datos elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

En conclusión, junto a las fuentes de información jurídica tradicionales, han de tomarse en consideración otras que contribuyen a enriquecer el trabajo de investigación, posibilitando, partir de un mejor conocimiento de la realidad, propuestas y soluciones más precisas y adecuadas a la verdad de los problemas abordados.

4. La organización de los materiales y la construcción del discurso.

Finalizada la etapa heurística de la investigación, ha de procederse a organizar los datos acopiados para construir, a partir de éstos y de los conocimientos adquiridos por la experiencia profesional, el discurso que quiere plasmarse en el trabajo, esto eso, las reflexiones suscitadas por el estudio realizado en conexión con el problema que se aborda.

Como se ha indicado al inicio de este trabajo, el problema y la búsqueda de su solución constituyen el hilo conductor del trabajo de investigación. Si ello es así en relación con la etapa de búsqueda de información y organización de los datos recopilados, también lo es, desde luego, en la de la plasmación por escrito de las ideas y consideraciones que se desee realizar.

En primer término, al inicio de la tesis habrá de expresarse con toda claridad cuál es el problema que se analiza y respecto del que se pretende aportar soluciones. Así, habrá de explicarse cuál es la génesis del problema así como los motivos que lo hacen merecedor de un análisis exhaustivo.

En segundo lugar, el problema abordado también debe ser la pauta a tener en cuenta para definir la estructura de los diferentes capítulos y epígrafes en que se divida la exposición. E igualmente, la referencia para establecer sus contenidos. Ello no significa que no puedan dedicarse apartados e incluso capítulos enteros a concretas instituciones jurídicas que estén directamente vinculadas con el problema, pero el análisis de esas instituciones ha de estar siempre en conexión con él, pues lo que justifica ese estudio es su posible contribución a la clarificación del problema o a la búsqueda de soluciones para el mismo.

Por último, la tesis doctoral habrá de incluir un capítulo de conclusiones en el que, a partir de las consideraciones realizadas en el cuerpo del trabajo, se formulen propuestas ordenadas y precisas de soluciones lo más ajustadas posible a la realidad del problema que ha dado origen a la investigación.

5. La experiencia profesional como valor añadido e incluso como premisa de la investigación. Un ejemplo en los trabajos sobre Derecho Urbanístico.

Con independencia de las fuentes de información a que se acuda durante la etapa heurística de la investigación, el jurista que se proponga realizar un trabajo de carácter científico dispone de un recurso de gran valor para aplicar a la tarea investigadora: su propia experiencia en el campo sobre el que verse el trabajo en cuestión.

En efecto, la dedicación profesional a una rama o disciplina del Derecho implica un acercamiento a la realidad de la aplicación de las normas; una realidad que generalmente entraña una serie de particularidades que no son apreciables desde la mera lectura de las disposiciones normativas o de la bibliografía jurídica. Esa circunstancia posibilita la adopción de perspectivas diversas, tanto en la determinación y valoración de los problemas, como en la identificación o construcción de sus soluciones.

Es más, en relación con determinados conflictos o problemas, la previa experiencia profesional en un determinado ámbito del Derecho se erige en requisito imprescindible para su detección. En este sentido, por su complejidad o profundidad, determinados problemas jurídicos únicamente pueden ser advertidos si las circunstancias de un caso concreto han llevado al profesional del Derecho hasta ellos. En ese contexto, el jurista se plantea cuestiones que pueden servir de acicate para el desarrollo de un trabajo de investigación científica, en la idea de que las conclusiones que deriven de dicha investigación serán originales, en cuanto que referidas a un problema que probablemente no haya sido abordado antes por otros investigadores, o lo habrá sido en muy pocas ocasiones.

Estas observaciones son perfectamente aplicables, por ejemplo, a la investigación sobre cuestiones jurídico-urbanísticas.

El Derecho Urbanístico constituye una disciplina jurídica que está indisolublemente ligada a una realidad física: el espacio urbano. A partir de aquí es fácil entender que el acercamiento a este ámbito del Derecho va a presentar unas particularidades que han de ser tomadas en consideración a la hora de realizar una investigación que verse sobre la materia urbanística. Así, cualquier trabajo de esta naturaleza, particularmente las tesis doctorales, ha de adoptar necesariamente una perspectiva práctica, pues lo conceptos urbanísticos se hacen verdaderamente inteligibles cuando se aplican a la realidad sobre la que se proyectan: el suelo.

Así las cosas, es evidente que la experiencia profesional cobra en el ámbito urbanístico una gran relevancia como recurso a aplicar a la investigación. Ello, en la medida en que, precisamente porque los conceptos urbanísticos son comprensibles en su aplicación real, obviamente, el jurista que opera habitualmente con ellos y conoce las consecuencias de su aplicación se halla en una posición ventajosa para conocer los problemas que plantea el Derecho Urbanístico y en mejores condiciones para proponer soluciones a los mismos.

Además de lo anterior, la investigación sobre cuestiones urbanísticas requiere el uso de una serie de fuentes específicas, además de las tradicionales, para cuyo adecuado manejo se estima imprescindible la experiencia profesional. Nos referimos a los instrumentos de planeamiento y de gestión urbanística, que son las herramientas a través de las cuáles los conceptos urbanísticos – que entremezclan elementos jurídicos y no jurídicos – se aplican a la realidad, el suelo. De ahí la necesidad de conocerlos y de saber interpretarlos.

Por último, en lo que hace a la construcción del discurso, también en este punto la experiencia profesional resulta valiosa, en cuanto que puede coadyuvar a que las reflexiones y consideraciones que se plasmen en el trabajo estén dotadas de mayor claridad. Ello, en la medida en que el profesional del Derecho Urbanístico está en mejor disposición para referir ejemplos de casos concretos para facilitar al lector el entendimiento de unos conceptos que, como se ha apuntado, pueden resultar difíciles de comprender a quién no conozca la realidad de su aplicación.

En definitiva, la previa experiencia profesional en un campo del Derecho es un recurso que proporciona a un trabajo de investigación – particularmente a una tesis doctoral – unas notas de originalidad que enriquecen el resultado final. E incluso puede ser el elemento determinante del desarrollo del trabajo científico si el problema a tratar, en función de su especificidad, sólo ha podido ser conocido a través de dicha experiencia, como ocurrirá en muchos casos, por ejemplo, en materia jurídico-urbanística.

6. Bibliografía
  • AZÚA REYES, S.T. (1990) Metodología y técnicas de la investigación jurídica. Editorial Porrúa. México, D.F.
  • CRUZ MUNDET, J.R. y MIKALARENA PEÑA, F.  (2006) Información y documentación administrativa. Tecnos. Madrid.
  • MACIÁ, M. (editor) (1998) Manual de documentación jurídica. Editorial Síntesis. Madrid,
  • Plan de Formación del personal docente e investigación de la Universidad de Málaga 2014-2015.http://www.uma.es/formacion/info/10797/plan-de-formacion-2014-2015/.

1 El presente trabajo es el resultado de la constatación y análisis de nuestras primeras reflexiones sobre el tema, presentadas como comunicación científica al Congreso Internacional de la Sociedad Española de Estudios de la Comunicación Iberoamericana (SEECI) “Prospectiva en innovación y docencia universitaria”, celebrado los días 28 y 29 de abril de 2014 en la Universidad Complutense de Madrid.

2 Acción que se enmarca en el programa Formación en Centro (Facultad de Derecho), dentro del Plan de Formación del personal docente e investigación de la Universidad de Málaga 2014-2015. http://www.uma.es/formacion/info/10797/plan-de-formacion-2014-2015/.

3 AZÚA REYES, S.T. (1999) Metodología y técnicas de la investigación jurídica. Editorial Porrúa. México, D.F., p. 8.

4 AZÚA REYES, S.T. Metodología...cit. p. 31.

5 CRUZ MUNDET, J. R. y MIKALARENA PEÑA, F. (2006) Información y documentación administrativa. Tecnos. Madrid, p. 149.

6 MACIÁ, M. (1998)  (editor) Manual de documentación jurídica. Editorial Síntesis. Madrid, p. 191.

7 CRUZ MUNDET, J.R. y MIKALARENA PEÑA, F. Información...cit. p. 71.

8 CRUZ MUNDET, J.R. y MIKALARENA PEÑA, F. Información…cit. p. 65.

9 CRUZ MUNDET, J.R. y MIKALARENA PEÑA, F. Información…cit. p.. 65.

10 CRUZ MUNDET, J.R. y MIKALARENA PEÑA, F.  Información…cit. p. 67 y ss.

11 CRUZ MUNDET, J.R. y MIKALARENA PEÑA, F. Información…cit. p. 121.


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