LA EJECUTIVIDAD DE LOS ACUERDOS DE MEDIACION EN LA UNION EUROPEA. ALGUNAS REFLEXIONES



Esperanza Márquez Chamizo (CV)
Profesor asociada de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales, Derecho Comunitario e Instituciones de la Unión Europea. Especialista en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad de Málaga
emarquez@uma.es
Augusto Pansard Anaya (CV)
Profesor asociado de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales, Derecho Comunitario e Instituciones de la Unión Europea. Especialista en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad de Málaga
apansard@uma.es
Universidad de Málaga

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RESUMEN: El sistema legal en España está experimentando un proceso de convergencia con los países vecinos de la Unión Europea.  La Directiva 52/2008 sobre la mediación en asuntos civiles y mercantiles ha sido transpuesta recientemente por la Ley 5 /2012, de 6 de julio. Esta es la primera norma general sobre mediación civil y mercantil a nivel estatal,  y se promulga  cuando la mediación empiezan a ser considerada  como una alternativa al procedimiento judicial o arbitraje, ya que implica un sistema de resolución de conflictos que puede ayudar a obtener la tutela judicial efectiva, dejando a los órganos jurisdiccionales  como último recurso y convirtiendo al ciudadano en protagonista activo de la solución de su propio conflicto.

Este trabajo tiene como objetivo analizar las cuestiones relativas al acuerdo de mediación en la Unión Europea, su ejecutividad  y efectos vinculantes, el procedimiento a seguir o la eficacia de los acuerdos alcanzados en el mismo.
La progresiva consolidación de la mediación  entre los  operadores jurídicos implica la reflexión sobre el modelo adoptado en nuestro sistema, ya que este método ha supuesto una gran mejora en todos los sistemas procesales de Estados miembros. Es necesario promover la cultura de la mediación para que esta institución a todos los sectores de la sociedad involucrados.
PALABRAS  CLAVE: Resolución alternativa de disputas-mediación civil y mercantil, ejecutividad de acuerdos de mediación, Directiva 2008/52/CE, Ley 5/2012, de 6 de julio, cultura de mediación.

ABSTRACT: The legal system in Spain is undergoing a process of convergence with our  neighboring countries in the  European Union.   Directive 52/2008  on mediation in civil and commercial matters has been recently  transposed by the Law 5/2012, of July 6th. This is  the first rule about civil and commercial  mediation in the state level and it happens when mediation begin to be considered as an alternative to prosecution or via arbitration, as it involves a system of conflict resolution, that can help to get the right to judicial protection, keeping the Courts as a last resort and turning the citizen into active protagonist of the solution of their own conflict. This paper aims to analyze the questions about   the mediation agreement  in European Union,   their  enforceability  and binding  effects, the procedure to be followed or the effectiveness  of the agreements reached therein.
The gradual consolidation of mediation betwen legal operators involves reflection on the model adopted in our system, because this method has meant a great improvement in all Member States legal system.  It is necessary to promote the culture of mediation to bring this institution to all sectors of society involved.
KEY WORDS: Alternative dispute resolution, civil and commercial mediation, enforceability of the agreements reached, Directive2008/52/EC, Law 5/2012, of July 6th,  culture of mediation.

 1. Introducción
Los  tratados originarios de la actual Unión Europea, instituyeron un ordenamiento  jurídico que ha quedado integrado en el sistema jurídico propio de los Estados miembros y que se impone a sus jurisdicciones al crearse una comunidad jurídica 1  de duración ilimitada cuyo desarrollo era difícilmente imaginable en sus inicios allá por los años cincuenta del pasado siglo.  El tránsito de las primitivas comunidades europeas a la que hoy conocemos como Unión Europea, consagrada en el vigente Tratado de Lisboa, parte de la consecución del objetivo declarado de constituir un “espacio de libertad, seguridad y justicia” en el que más de 500 millones de ciudadanos tengan garantizado su derecho a la libre circulación y el resto de las libertades y derechos recogidos en el tratado anteriormente referido así como en el resto del acervo comunitario.  La conciliación de conceptos que pudieran resultar antagónicos –como la libertad, la seguridad y la justicia- es uno de los grandes retos que debe afrontar el proceso de integración europea2 .
La realización de las libertades básicas del mercado interior  (libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales) ha traído aparejada la necesidad de reforzar la cooperación entre los sistemas judiciales nacionales de los Estados miembros para lograr en un espacio único, el acceso a la justicia y la cooperación y coordinación entre autoridades judiciales. En pos de este objetivo numerosas normas han contribuido a armonizar y articular los sistemas judiciales de nuestro entorno, propiciando  un entendimiento común del derecho a la tutela efectiva como pilar del estado de derecho, una de cuyas manifestaciones encontramos en los medios alternativos de resolución de controversias que tratan de asentarse en el entorno europeo.
Otro factor que los operadores jurídicos han de sopesar para la delimitación de los medios alternativos de resolución de controversias podríamos relacionarlo con la visión personalista del Derecho, avalada por la proclamación  de los derechos fundamentales y el reconocimiento de capacidades jurídicas más allá de la consideración del  individuo como mero destinatario de normas y obligaciones, concepción defendida por la doctrina3   incluso en el ámbito del Derecho Internacional, ordenamiento en el que tiene su origen el Derecho Comunitario.  Esta visión permite abrir un nuevo sesgo en el que se equilibre la necesidad de resolver conflictos con el peso de los procedimientos y la administración, la persona sobre el rigor de la ley.
En este contexto se aprobaron diferentes normas en el contexto de diversas organizaciones internacionales de ámbito universal y europeo4 , que sedimentan y allanan el camino a la aprobación de la  Directiva 2008/52 5. Por lo que respecta a la mediación, el Consejo Europeo, en su reunión en Tampere el 15 y 16 de octubre de 1999, hizo un llamamiento a los Estados miembros para que crearan procedimientos alternativos y extrajudiciales destinados a mejorar el acceso a la justicia en Europa. En el año 2000, el Consejo adoptó conclusiones sobre métodos alternativos de resolución de litigios de conformidad con el Derecho civil y mercantil declarando que el establecimiento de principios básicos en dicho ámbito era un paso esencial para permitir el desarrollo y correcto funcionamiento de los procedimientos extrajudiciales de resolución de litigios en asuntos civiles y mercantiles, a fin de simplificar y mejorar el acceso a la justicia.
El 19 de abril de 2002, la Comisión Europea presentó un Libro Verde, donde se estudiaron las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del Derecho civil y mercantil, y,  a través de la Directiva 2008/52  se armonizaron ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles transfronterizos, que debían estar incorporados al ordenamiento jurídico de los Estados miembros antes del 21 de mayo de 2011.
El legislador español, con el Real Decreto Ley 5/2012, de 5 de marzo y la Ley 5/2012, de 6 de julio, ha regulado la mediación en asuntos civiles y mercantiles, tanto internos como transfronterizos. El pasado 27 de diciembre de  2013 se publicó el reglamento que desarrolla la mencionada ley. En la Comunidad Autónoma de Andalucía la Ley 1/2009, de 27 de febrero regula la mediación familiar. El Decreto 37/2012, de 21 de febrero aprueba el reglamento de desarrollo de la ley citada.
Por la situación de la justicia en España existe, en el ámbito civil y mercantil, y en otros ámbitos, una “necesidad” de mediación. Los particulares tienen derecho a reclamar el protagonismo que el marco legal les reconoce, independientemente de las ventajas que los sistemas alternativos de resolución de controversias puedan generar a nuestras colapsadas administraciones judiciales. Tanto los órganos jurisdiccionales como los profesionales se están formando para satisfacer esa necesidad, y para articular este derecho, concreción de la tutela judicial efectiva, aunque todavía no existe una demanda intensa de mediación, que deberá surgir de los propios interesados una vez tengan una información adecuada.
Por ello, una vez que contamos con el desarrollo normativo que se ha generado a impulsos de la Unión Europea, es necesario dar a conocer esta institución y los efectos beneficiosos que implica aunque no todos los conflictos son aptos para ser resueltos a través de la mediación. En algunos de ellos, será suficiente la negociación, y, en otros, resultará imprescindible acudir a la vía jurisdiccional o al arbitraje, para que un tercero decida sobre el conflicto si las partes no son capaces de resolverlo por sí solas, ni con la ayuda de un tercero, neutral e imparcial, el mediador. Junto a la necesidad de difusión de este medio alternativo, parece adecuado reflexionar sobre alguno de sus aspectos fundamentales.

 2.- ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
 La libre circulación de personas (junto con la de capitales, bienes y servicios) es uno de los  derechos básicos  que se reconoce a los ciudadanos de la Unión Europea en virtud de los Tratados Comunitarios. Para su efectividad y garantía resulta imprescindible la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia exento de fronteras internas. El concepto de la libre circulación de personas ha ido evolucionando desde su creación. Inicialmente se configuró de la mano de la libre circulación de  bienes y mercancías, necesaria para el establecimiento de  un “mercado común” a través de la supresión de aranceles.  En relación a la libertad de circulación de personas, en aquellos momentos iniciales, las personas se concebían como operadores “económicos”,  trabajadores o  proveedores de servicios. El giro copernicano viene de la mano del Tratado de Maastricht  que introdujo el concepto de “ciudadanía” de la Unión para toda persona que tuviera la nacionalidad de un Estado miembro, asociándose a dicha ciudadanía el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros además de algunos derechos políticos. Los tratados sucesivos avanzaron en esta dirección hoy confirmada en el Tratado de Lisboa.
Actualmente, la libre circulación de personas se regula principalmente mediante la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, norma que encuentra obstáculos y reticencias agravados por la situación económica de nuestros días.
Junto a la libre circulación de personas  se consagra la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, recogidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y reforzadas jurisprudencialmente, a fin de asegurar la movilidad de empresas y profesionales en la UE. Los trabajadores por cuenta propia y profesionales o personas jurídicas, tal como se definen en el artículo 54 del TFUE, establecidos legalmente en un Estado miembro, podrán ejercer su actividad de forma estable y continua en el territorio de otro Estado miembro (libertad de establecimiento, artículo 49 del TFUE) u ofrecer y prestar sus servicios en otros Estados miembros de forma temporal aun cuando permanezcan establecidos en su país de origen (libre prestación de servicios, artículo 56 del TFUE).
El tráfico jurídico y mercantil que este marco jurídico ha propiciado exige la eliminación de cualquier discriminación por razón de nacionalidad para la garantía de estos derechos, y  la armonización de las normativas nacionales. Los obstáculos a las resoluciones o actos administrativos que conlleva este espacio sin fronteras  dificultan el ejercicio de estas libertades, por ello resulta imprescindible la adopción de medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y mercantil, necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior.
En  virtud de lo anterior resultó imprescindible para las instituciones europeas propiciar el necesario reconocimiento, y consiguiente ejecutividad, de todos aquellos títulos con  fuerza ejecutiva en el estado miembro en el que fueran dictados, ya sean judiciales o  extrajudiciales. Se conseguiría, de esta forma,  acelerar y simplificar el acceso a la ejecución en un Estado miembro distinto de aquél en que se haya dictado una resolución, eliminando actuaciones  intermedias para  la ejecución como venía siendo el caso del exequatur. La posibilidad de que una  decisión judicial o, en general, un título ejecutivo, pueda ser directamente aplicado en toda la Unión Europea  garantizaría los derechos subjetivos en todo el ámbito europeo, espacio de libertad, seguridad y justicia. Las facilidades  para la movilidad de personas y bienes no se verían obstaculizadas por las administraciones de los Estados miembros. Numerosos convenios y normas internacionales anteriormente referidas habían abierto camino.
Concebir una suerte de “administración única europea” para la fluidez del tráfico jurídico y mercantil en la Unión tropieza, choca, desde luego, con las concepciones clásicas sobre la soberanía estatal. La función jurisdiccional y la fe pública se encuentran entre lo que podríamos considerar “material sensible”   puesto que la fe pública  y el imperium se presentan como prerrogativas propias del Estado.
Aún contando con lo anterior las ventajas del mercado interior sostenido por el “espacio único europeo”, referido en la introducción, se plasman en algunos logros destacables, como es el caso de  los títulos crediticios europeos, lo que permite pensar que este planteamiento es aplicable no sólo a las relaciones derivadas del tráfico mercantil.   El Reglamento 805/2004, de 21 de abril de 2004, creó un título ejecutivo europeo para los créditos no impugnados. Es la primera norma que prescinde en el marco europeo del exequatur. La tradicional exigencia de homologación judicial para la efectividad de un título ejecutivo se sustituía por un principio de confianza en la autoridad administrativa de los Estados miembros de la Unión Europea,   los órganos jurisdiccionales de aquél en que la resolución debiera ejecutarse no necesitaban revisar el cumplimiento de las normas mínimas procesales.
Igual que en el ámbito estrictamente mercantil se avanza, de forma paralela se debate sobre la necesidad de implantar y armonizar los medios alternativos de resolución del conflictos en los que las partes buscan dar satisfacción a sus intereses sin necesidad de la intervención de la administración de justicia, aun entendiendo que esta capacidad de las partes deriva del derecho a la tutela judicial efectiva, más eficaz si se descarga de aquellos asuntos que las partes deciden solventar por si mismas.  Para que estas soluciones sean eficaces y no necesiten homologación en el resto del territorio de la Unión  los acuerdos entre las partes han de dotarse de eficacia transfronteriza y, evidentemente, ejecutividad en todo el ámbito europeo.
El primer movimiento en este sentido lo encontramos en el ámbito de las relaciones familiares,  la Recomendación nº R (98) 1, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros sobre la Mediación Familiar, adoptada el 21 de enero de 1998. El Comité Económico y Social Europeo aprobó el Dictamen de 11 diciembre 2002, sobre el Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil6 .  El Dictamen dejaba bien claro que las ADR (“Alternative Dispute Resolution”) no constituyen un medio de sustraerse a la justicia, sino  una opción libremente consentida por las partes. Ofrecen a las partes un procedimiento alternativo, a la vez que se preserva su derecho fundamental de a la tutela efectiva de los tribunales.
La promulgación de la Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo, que regula ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, plasma en un texto legal las inquietudes referidas,  puesto que con anterioridad las puesta en práctica de ADR se enmarcaba en iniciativas particulares de los Estados miembros. El instrumento legal elegido para instrumentar la mediación se caracteriza por tener como finalidad crear una “obligación de resultado”; a saber, obliga a los destinatarios a conseguir un determinado objetivo en un plazo dado dejando a cada sujeto obligado libertad para elegir los medios y forma adecuados para su  consecución y alcanzar el cumplimiento de la obligación que la norma crea.
Nuestro país, en el contexto del  Plan de Modernización de la Justicia,  aprobó el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles, posteriormente se aprobó la Ley  5/2012, de julio de 2012 que conservó el articulado de la norma primeramente referida.  La norma española aprovecha la transposición de la norma comunitaria sobre mediación transfronteriza para regular de forma general la mediación civil y mercantil, de modo que el cumplimiento de la obligación internacional propicia importantes avances legislativos. Al regular en el título V el procedimiento de ejecución de los acuerdos se incluye la ejecución de  acuerdos transfronterizos cuyo cumplimiento haya de efectuarse en otro Estado distinto de aquel en que se adoptó.

3. La mediación transfronteriza en la Directiva
3. 1. El elemento transfronterizo.
El art. 2 de la Directiva 2008/52/CE, considera «litigio transfronterizo» a aquél en que al menos una de las partes está domiciliada o reside habitualmente en un Estado distinto a aquél en que estén domiciliadas cualquiera de las otras partes a las que afecta, cuando acuerden hacer uso de la mediación o sea obligatorio acudir a ella según la ley aplicable. También se considera transfronteriza la mediación prevista o resuelta por acuerdo, cualquiera que sea el lugar en el que se haya realizado, cuando, como consecuencia del traslado del domicilio de alguna de las partes, el pacto o algunas de sus consecuencias, se pretendan ejecutar en el territorio de un Estado distinto. A diferencia de lo que ocurre en España, el domicilio y la residencia habitual pueden ser dos lugares distintos.
El domicilio se determinará, según el art. 2.3 de la directiva de conformidad con el Reglamento (CE) n.º44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. En los litigios transfronterizos entre partes que residan en distintos Estados miembros de la Unión Europea, el domicilio se determina de conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento 44/2001:
    - Art. 59: Para determinar si una parte está domiciliada en un Estado miembro, ya sea en el que se celebre la mediación o en otro, se aplicará la ley interna de dicho Estado.
   - Art. 60. Se entiende que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentre: a) su sede estatutaria; b) su administración central; y c) su centro de actividad principal.
La ley española, al transponer la directiva reproduce en su artículo 3 lo dispuesto en la norma comunitaria sin aludir al concepto de residencia habitual.

3. 2. La ejecución y aplicación transfronteriza de los acuerdos de mediación.
El considerando 19 de la Directiva establece que la mediación no debe considerarse como una alternativa peor que el proceso judicial por el hecho de que el cumplimiento del acuerdo resultante de la mediación dependa de la buena voluntad de las partes; por lo que los Estados miembros deben asegurar que las partes en un acuerdo escrito resultante de la mediación puedan hacer que su contenido tenga fuerza ejecutiva, salvo cuando su contenido sea contrario a la legislación, o cuando esta no disponga la fuerza ejecutiva del contenido del acuerdo por la índole del mismo.
 El contenido de los acuerdos resultantes de la mediación que hayan adquirido carácter ejecutivo en un Estado miembro debe ser reconocido y declarado ejecutivo en los demás Estados miembros, de conformidad con la legislación comunitaria o nacional aplicable, por ejemplo sobre la base del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, o del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, exigencia propia del espacio de libertad, seguridad y justicia que define el Tratado de Lisboa como indicábamos al inicio de este trabajo.
El carácter ejecutivo de los acuerdos alcanzados se regula en el artículo 6. El mismo empieza exigiendo en su apartado primero que los Estados miembros garanticen que las partes, o una de ellas con el consentimiento explícito de las demás, puedan solicitar que se dé carácter ejecutivo al contenido de un acuerdo escrito resultante de una mediación.  Hemos de considerar que  una de las partes podría impedir la ejecución si se opone a aceptar dicha solicitud, podría haberse contemplado la posibilidad de prever en el acuerdo inicial la obligatoriedad de dar carácter ejecutivo al acuerdo alcanzado a petición de una de las partes intervinientes en la mediación, creemos que esto no contravendría el principio de voluntariedad, puesto que de lo contrario se deja la ejecución en manos de quien puede acabar paralizando el procedimiento. Tras el acuerdo de  voluntades debería facilitarse la ejecución, previamente establecida en documento, para evitar convertir el proceso  de mediación en un expediente dilatorio.
En otros ámbitos de los negocios jurídicos disponibles entre privados se introducen cláusulas en  las que se permite a uno de los intervinientes solicitar la elevación a público de los acuerdos alcanzados, permitiéndose  la realización de los actos legalmente necesarios  para posibilitar la ejecución del los pactos.
Reconocida  fuerza ejecutiva, el pacto podrá ser reconocido y ejecutado en otros Estados miembros de la UE. El considerando 20 establece que  el contenido de los acuerdos resultantes de la mediación que hayan adquirido carácter ejecutivo en un Estado miembro “debe ser reconocido y declarado ejecutivo” en los demás Estados miembros, de conformidad con la legislación europea o nacional aplicable. La ley española contempla dos posibles situaciones.

3.3. a. Art. 27.1; acuerdos que han adquirido fuerza ejecutiva en el extranjero.
Puede ser el caso de un Estado perteneciente o no a la Unión Europea. Y en estos últimos casos, distinguiremos si el tercer estado ha ratificado o no la Convención de Lugano.
En el caso de Estados de la Unión Europea (excepto Dinamarca, que no ha firmado la Directiva) se reconoce su ejecutividad automáticamente, sin necesidad de exequátur o  procedimiento de homologación. Cada Estado obligado por la norma comunitaria  ha de comunicar la autoridad o autoridades a las que atribuye capacidad para dotar de fuerza ejecutiva a  resoluciones o documentos. En 2016 la Comisión de la Unión Europea verificará el grado de cumplimiento de esta obligación incumplida en bastantes supuestos como expondremos en los epígrafes siguientes7
Si uno de los Estados relacionados con las partes mediadas no fuere miembro de la Unión Europea, o no lo fuere ni el Estado en el que dicta el acuerdo y ni aquél en que pretenda ejecutarse, habremos de acudir a la Convención de Lugano II de 30 de octubre de 2007, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DOUE L 339, 21.112007). En el  artículo 38, se establece que las resoluciones dictadas en un Estado vinculado por este Convenio que allí fueren ejecutorias “se ejecutarán en otro Estado vinculado por el presente Convenio cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se hubiere otorgado su ejecución en este último”.
En su Anexo II, se contiene un listado de tribunales y autoridades de los  Estados signatarios del Convenio que tienen  competencia funcional para tramitar la solicitud de ejecución. La  competencia territorial corresponde  al lugar del domicilio del ejecutado o donde deba llevarse a efecto la ejecución (art. 39). En España será el Juzgado de Primera Instancia correspondiente al  domicilio el ejecutado o donde deba llevarse a efecto  la ejecución.
Lugano  permite la solicitud de ejecución a instancia de cualquiera de las partes, sin que sea presupuesto necesario la voluntad coincidente de todas ellas, según se establece en su artículo 4,  párrafo 2, que permite a toda persona, sea cual fuere su nacionalidad, domiciliada en un Estado parte en el Convenio, invocar contra un demandado, del mismo modo que los nacionales de este Estado, las reglas de competencia judicial vigentes en el mismo y, en particular, las previstas en el Anexo I.
El artículo 41 del mismo instrumento obliga a proceder automáticamente  a la ejecución, cumplimentados los trámites previstos  en el artículo 53, sin necesidad de  examen previo en virtud de lo estipulado en  los artículos 34 y 35, el automatismo implica que la parte contra la cual se solicitare la ejecución no podrá, en esta fase del procedimiento, formular observaciones. En relación con los documentos públicos, el Convenio reconoce carácter ejecutivo a los documentos públicos extendidos en cualquier Estado signatario siempre que tuviese igual carácter en el Estado de origen, exceptuándose únicamente de este que tuviere aparejada la ejecución, siempre que no sea contrario al orden público, del mismo modo que se contempla en la Directiva europea sobre mediación.
Cuando se pretende la ejecución de un título procedente de un Estado no perteneciente a la Unión Europea ni signatario del Convenio de Lugano, será aplicable el procedimiento establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881,  vigente en virtud de lo establecido por la Ley Orgánica 1/2000, de Enjuiciamiento Civil: será necesaria la apostilla y traducción, siendo competente el Juzgado de Primera Instancia para su  homologación. 

3.2.b. Art. 27.2: acuerdos que no han adquirido fuerza ejecutiva en el extranjero.
En este supuesto sólo podrá ser ejecutado en España previa elevación a escritura pública por notario español a solicitud de las partes, o de una de ellas con el consentimiento expreso de las demás. Podemos pensar en  acuerdos  que se hubieran alcanzado mediante procedimientos o medios a los que no se les confiere fuerza o carácter ejecutivo en el Estado de origen donde se llevaron a cabo. El acuerdo de ser elevado a  escritura pública.
En este supuesto  el inicio del cómputo de los cinco años previstos para el ejercicio de la acción ejecutiva coincidirá con la fecha en que adquiera fuerza ejecutiva en España, a saber, desde la elevación a público, momento en que se puede ejercitar la acción procesal oportuna.

4. Panorama de la mediación en los otros miembros de la Unión Europea. La ejecutividad de los acuerdos de mediación.
Un breve recorrido por las opciones de  los Estados de la Unión,  con una amplia variedad de situaciones, nos puede ilustrar en orden a las posibilidades de los ordenamientos jurídicos para la implementación en ellos de los medios alternativos de resolución de conflictos, en nuestro caso la mediación.
Encontramos algunos miembros, como es el caso de Bélgica, Polonia, Portugal, Rumanía, Finlandia y Suecia en los que se constata mayor arraigo de la institución de la mediación, puesto que junto con los procedimientos en materia civil y familiar, mercantil  y, en algunos casos laboral, se utiliza también la mediación en el ámbito penal, sector en el que creemos que se demuestra la apuesta decidida por la institución.  En el caso de la República Checa se legisla en el año 2000 sobre mediación penal y hasta el 2012 no se regula la institución en los asuntos civiles. 
En algunos casos constatamos desarrollos normativos anteriores a la Directiva comunitaria de 2008, lo que nos lleva a concluir que la tradición mediadora ya ha recorrido algún trayecto. La mediación estaba prevista en el Código de Procedimiento Judicial de Suecia, siendo un expediente obligatorio en algunos supuestos.  Las reformas procesales en Holanda para coordinar los procedimientos con los métodos alternativos de resolución de controversias en el ámbito civil empiezan en el año 1986.  En Lituania la mediación y la conciliación entran en el procedimiento civil de la mano de reformas del año 1996, aunque desde 2008 cuenta con legislación específica en materia de mediación civil.  De la misma forma que ocurre en Estonia, en 1999 ya contaba con regulación que sería posteriormente adaptada a las exigencias comunitarias, lo que muestra que la mediación no tiene,en origen,  una entidad muy diferenciada de otros medios alternativos de resolución de controversias.
Hungría en el 2002 legisla sobre mediación.  Austria cuenta con medidas legales para regular la mediación desde el año 2003. En Bulgaria, Eslovaquia, Irlanda  y Malta  se legisla en el año 2004, procediéndose a una reforma en 2010 para adaptar su normativa a las exigencias comunitarias. La legislación belga data de 2005, y abarca el ámbito civil, incluyendo relaciones familiares, mercantil, laboral y penal. Polonia, que contaba con instrumentos procesales para implementar métodos alternativos de resolución de conflictos, reforma el procedimiento en esa misma fecha y Finlandia promulga  leyes para regular la mediación en ese año. Rumanía en 2006 cuenta con previsiones legales para la mediación, incluida la mediación penal como referimos anteriormente.
Tras la entrada en vigor de la Directiva,  Polonia y Eslovenia desarrollan instrumentos normativos en 2009, Italia  y Grecia en 2010, Francia en 2011, con una transposición similar a la española, puesto que regula conjuntamente mediacion nacional y trasnfronteriza. La República Checa, Luxemburgo y Alemania cumplen con la transposición en 2012.  En el caso de Grecia cabe destacar que ya tenía prevista la mediación en los casos en que hay víctimas de violencia doméstica (Ley 3500/2006), nótese que es un ámbito proscrito para la legislación española.
En los países anglosajones la negociación y la resolución por acuerdo entre las partes forman parte de la cultura jurídica existente. En el caso de Inglaterra y Gales la mediación no se encuentra regulada por ley. En el marco familiar, la  mediación  se realiza voluntariamente por las partes, si bien se incentiva su uso.  Escocia utiliza  sistemas de resolución alternativa análogos a los de Inglaterra y  Gales.
En algunos supuestos nos encontramos con ausencia de previsiones legales en materia de mediación, como es el caso de Chipre o de Letonia, aunque se emplea en algunos supuestos la mediación está aún en sus inicios.
Dinamarca, como expusimos anteriormente, no ha suscrito la Directiva 2008/52/CE. Al ser signatario del Convenio de Lugano los documentos públicos con fuerza ejecutiva en origen, tendrán fuerza ejecutiva, a instancia de parte, en cualquier otro Estado vinculado por el mismo Convenio, con arreglo al procedimiento previsto en los artículos 38 y siguientes de dicho instrumento internacional. Solo desestimará o revocará la misma cuando fuere manifiestamente contraria al orden público.
Aún al margen del sistema diseñado por la Directiva, posee una intensa normativa interna en materia de mediación civil y penal. La mediación privada no está legalmente regulada y sus costes serán de cuenta de las partes.
El caso italiano merece algún comentario por las particularidades que se aprecian en la transposición de la Directiva. El derecho comunitario  fue transpuesto en Italia mediante el Decreto Legislativo nº. 28, de 4 de marzo de 2010, adelantándose en más de dos años a la norma española reguladora de la materia. Las autoridades italianas con la intención de reducir la carga de trabajo en los juzgados, adoptaron inicialmente la mediación obligatoria previa lo que suponía la posibilidad de inadmisión de la demanda en materia de derechos reales, divisiones, sucesiones, alquiler y comodato, alquiler de una empresa, pactos de familia, responsabilidad médica, difamación por medio de la prensa y contratos de seguro, bancarios y financieros.
Con posterioridad  se ha declarado la inconstitucionalidad del decreto de transposición alterando sustancialmente el escenario descrito. El Tribunal Constitucional, en octubre de 2012, declaró que el Decreto Legislativo nº 28, de 4 de marzo de 2010, incurría en un exceso de la delegación legislativa, en la medida en que establecía la obligatoriedad de la mediación. Las recomendaciones dirigidas a Italia por la Comisión Europea el pasado mes de mayo de 2013, destinadas  a simplificar la carga administrativa de empresas y particulares, instando a acortar la duración de los procedimientos civiles, reducir el alto nivel de litigios civiles y promover el uso de los procedimientos judiciales alternativos podrían  suponer la vuelta a la mediación obligatoria en el  derecho italiano.  En Italia la mediación es facultativa, a instancia del juez o en virtud de una obligación prevista en el contrato entre las partes.
Como particularidad, cabe destacar que la regulación italiana  permite al mediador  formular una propuesta de acuerdo, a instancia de parte o por propia iniciativa en el supuesto que no sea posible alcanzar un acuerdo (art. 11). De hecho, se permite al  juez condenar en costas a la parte que gana el juicio en el caso de que el contenido del fallo coincida con la propuesta de acuerdo que había sido formulada por el mediador y rechazada por la parte ganadora del pleito (art. 13.1), una apuesta decidida por la figura del mediador. Italia deja exento de tasas y costas el procedimiento de mediación  como medida para incentivar su utilización en un sistema colapsado.
Respecto a la obligación de comunicar a la Comisión los órganos que en cada Estado miembro están capacitados para dar ejecutividad a los acuerdos de mediación, no consta en la información oficial de la Unión Europea que este trámite haya sido cumplimentado por Bélgica, Bulgaria, Chipre, Letonia, Malta, Polonia, Rumanía, Finlandia y Escocia. Para dar ejecutividad a los acuerdos de mediación el resto de los destinatarios de la Directiva han optado por la homologación de los acuerdos en sede judicial o por su elevación a documento publico mediante acta notarial.  El juez podrá, al igual que ocurre en España, rechazar la homologación del título en caso de que el acuerdo sea contrario al orden público. Cabe destacar que en el caso de Grecia la Secretaría de Primera Instancia del partido o lugar en el que se celebró la mediación será la autoridad competente a los efectos de cumplimiento del artículo 10 de la Directiva 2008/52/CE. En el caso francés reseñamos que es posible dotar de ejecutividad a un un acuerdo de mediación mediante su homologación por órganos administrativos.
En último lugar, debemos aludir brevemente a algunas de las facilidades y las soluciones adoptadas por  los Estados miembros con objeto de promover la cultura de la mediación entre sus ciudadanos:
-En Bélgica las partes pueden obtener ayuda para costear los honorarios de un mediador si sus ingresos son modestos y a condición de que el mediador esté acreditado. -Alemania en la recién estrenada legislación de 2012 ha previsto incentivos financieros para fomentar la mediación,  pueden ser creados por cada departamento de los Lander, por lo que potencialmente será diferente de un estado a otro. Los Estados pueden reducir o incluso renunciar a las tasas judiciales, si las controversias se resuelven a través de la mediación u otros medios de ADR. Queda por verse cuán generosos son los Estados en la creación de estos incentivos según las posibilidades de sus presupuestos.  
Según la Fundación Pública Andaluza Mediara Bulgaria desembolsa el 50% de la tasa estatal que se ha de abonar para afrontar un conflicto contencioso si se resuelve en mediación. La medida fue clave para el éxito de la mediación como alternativa a la resolución de conflictos.
-En Hungría la Ley de tasas y en el Código de procedimiento civil establecen deducciones -con un tope de 50.000 forints-. Algunos tribunales ofrecen mediación de manera gratuita a las partes para procedimientos ya en curso.
El Servicio de presentación de pruebas y de mediación de la República Checa es el organismo centralizado responsable de la mediación, la mediación que presta este servicio es gratuita, su coste es sufragado por el Estado en un loable impulso a la institución.
- En  Malta la mediación es obligatoria en los asuntos de familia, en particular en los relacionados con separaciones personales, derechos de visita a los hijos, cuidado y custodia de estos, y alimentos en favor de los hijos o los cónyuges.  No se interpreta que establecer la obligación de mediar suponga un detrimento del derecho a la tutela efectiva de los tribunales, opción que, sin duda, asienta este medio de resolución de conflictos.  En el caso de la mediación familiar si el mediador es nombrado por el tribunal, de una lista predeterminada, el coste corre a cargo del tribunal. Esta opción impulsa esta institución y puede aliviar la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales. Las partes pueden nombrar al mediador que deseen asumiendo el pago de sus honorarios.
- En Holanda debemos destacar, como medida de estímulo a la mediación, que, aunque no es, en principio, gratuita la mediación puede serlo en función de los ingresos de las partes. Si los recursos de los interesados no alcanzan los umbrales aplicables, el Estado contribuye a sufragar el coste de un abogado o mediador. No obstante, el Estado nunca asume la cuantía total.
- En Austria la mediación tampoco es gratuita, no obstante encontramos asociaciones que prestan servicios de mediación con y sin ánimo de lucro, así como algunas organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a los mediadores.
- En Polonia la mediación, en principio, no es gratuita mas lo será para las partes en los asuntos penales y en los asuntos de menores, ya que en estos casos el Estado se hace cargo de los gastos. En los asuntos civiles, los gastos varían según se trate de asuntos con cuantía o sin cuantía.
- Cabe destacar en el sistema del país vecino que en los casos en que el juez decide recurrir a la mediación cuando se trata de conflictos familiares y con arreglo al artículo 147-C de la Organización Tutelar de Menores  no ha lugar al pago de ninguna tasa. Las restantes situaciones, excepto las de asistencia jurídica gratuita, están sujetas a una tasa. Si las partes obligadas a pagar alguna cantidad relacionada con el proceso de mediación tienen dificultades económicas, pueden solicitar la exención al organismo competente, el Instituto de la Seguridad Social. Estas medidas constituyen una apuesta decidida por el afianzamiento de la mediación.
- Rumanía  prevé el desembolso total de las costas judiciales si las partes resuelven por mediación el conflicto, según informa la Fundación pública Andaluza "Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía" Mediara.
- Destacaremos del sistema esloveno, que la mediación judicial en litigios derivados de relaciones entre padres e hijos y en litigios laborales debido a la terminación de un contrato laboral es gratuita para las partes. En todos los demás litigios, salvo los mercantiles, el tribunal cubre los honorarios del mediador durante las tres primeras horas de mediación.
- En Finlandia la mediación es gratuita en los asuntos penales, aunque también cabe la posibilidad de solicitar la ayuda de alguna oficina de asistencia jurídica gratuita en el resto de los asuntos  en  un intento decidido de promocionar  procedimientos mediatorios. - En Suecia la mediación es gratuita tanto para las víctimas como para los infractores. Hemos de resaltar que desde el 1 de enero de 2008, las autoridades locales suecas deben obligatoriamente ofrecer mediación para todos los delitos cometidos por menores de 21 años. Tanto la Policía como las autoridades locales pueden tomar la iniciativa de preguntar al infractor si desea participar en una mediación, lo que supone una profunda implicación de las administraciones en el impulso a la mediación. 
- En Inglaterra y Gales si una parte ganadora ha rechazado previamente una oferta de mediación razonable, el juez podrá determinar que a la parte perdedora no se le exija el pago de las costas asumidas por aquella. En Escocia el Servicio escocés de mediación familiar (Family Mediation Scotland) coordina una red de servicios de mediación locales,  de recurso gratuito para las cuestiones que conciernan a los hijos de padres en proceso de divorcio o separación. Los servicios locales también ofrecen mediación,  para todo tipo de cuestiones,  como conflictos de carácter vecinal o comunitario, referentes a necesidades de asistencia adicional o discriminación por motivos de discapacidad.
Para cerrar este breve periplo comunitario debemos mencionar que la adhesión de Croacia a la Unión Europa el 1 de julio pasado marca otro hito en la construcción de la UE. Croacia ha facilitado información sobre la legislación de la UE en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil. Dicha información cubre los siguientes ámbitos: sentencias en materia civil y mercantil; cuestiones matrimoniales y cuestiones de responsabilidad parental; obligación de alimentos; notificación de documentos judiciales y extrajudiciales; obtención de pruebas; procedimientos europeos (procedimiento de requerimiento europeo de pago, proceso europeo de escasa cuantía, título ejecutivo europeo para créditos no impugnados).   Obsérvese asimismo que varios reglamentos en el ámbito de la justicia civil han sido modificados por el Reglamento (UE) nº 517/2013 del Consejo,  de 13 de mayo de 2013, como consecuencia de la adhesión de Croacia.

5. Balance crítico de la mediación: posibilidades y retos.
El acercamiento a la mediación necesariamente invita a plantear numerosas reflexiones difíciles de condensar en unas conclusiones finales, pero como primer paso del aprendizaje en la senda de la mediación vale la pena intentarlo. A modo de conclusión pretendemos plantear la importancia de la mediación en diferentes ámbitos, con una breve alusión a sus posibilidades en las relaciones que se generan ante la comisión de delitos, ámbito excluido de la directiva pero interesante y con experiencias en otros Estados como comentamos anteriormente.  Nos parece oportuno comentar algunas cuestiones relativas a la ejecución de los acuerdos y, por último, expondremos la convicción, que tras la los estudios realizados, de la necesidad de impulsar la mediación.

 5.1. Las posibilidades de la mediación.
 El primer descubrimiento de quien se acerca al la mediación es su absoluta virtualidad para la pacificación de la vida social, objetivo que no siempre consigue el sistema normativo actual (crisis de la justicia, valoración negativa del servicio público,  sobrecarga de trabajo impropia de la jurisdicción civil,  multiculturalidad de la sociedad actual, etc.). Por otro lado, los operadores jurídicos también contemplan la mediación como método alternativo de resolución de conflictos auxiliar y complementario a la Administración judicial, calificando la mediación como una importante forma de llevar a cabo la colaboración de los ciudadanos en la Administración de Justicia8 . De su potencialidad ha de concluirse la oportunidad de su implantación en otros ámbitos, al margen de los regulados en la Directiva del pasado 2008, que brevemente señalaremos.
 El ámbito de la mediación civil y mercantil comprende todos los derechos disponibles, salvo las materias que afecten al interés público o a terceros. Señala Susana San Cristobal Reales, que “se deduce que no son equivalentes los conceptos de orden público y norma imperativa. Este criterio es el establecido por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 26 de abril de 1995, 26 de septiembre de 2006 y 7 de julio de 2006, resoluciones en las que el citado Tribunal indica que “el concepto de orden público no es exactamente coincidente con el de norma imperativa, especialmente por cuanto muchas normas imperativas no se refieren ni a la organización de la comunidad ni a sus principios fundamentales y rectores, y porque en determinadas materias comprendidas dentro del ámbito señalado no se requiere un carácter imperativo expreso para que queden sustraídas a la disponibilidad de los particulares (…) En nuestro sistema legal, la vulneración de la infracción del orden público, consiste en la transgresión de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución”9 .
 - La posibilidad de su implantación el el orden penal, no para buscar responsabilidades identificar tipos o graduar sanciones sino para construir nuevas relaciones capaces de generar soluciones superadoras del conflicto,  contribuiría a la paz social, como ya apuntaban José Pascual Ortuño y Javier Hernández en sus trabajos en 2007 10. También en el espacio de ejecución penitenciaria cabe impulsar y desarrollar estrategias de mediación con fines restaurativos, tanto para la  calificación del penado en tercer grado como para el acceso a la libertad condicional,  valorando si el daño causado ha sido reparado o, al menos, si se ha realizado algún esfuerzo para ello. La concreción de programas de mediación, con tales finalidades, puede tener una evidente relevancia.
  - La  experiencia de Concha Sáez en el ámbito de la mediación penal se presenta como determinante en orden a su futura implantación en nuestro sistema jurisdiccional.  Califica la mediación como un “sistema cuya implantación es urgente e imprescindible, entendida como el sistema de gestión de conflictos en que una parte neutral, en posesión de conocimientos y habilidades técnicas específicas, imparcial e independiente de los actores institucionales del proceso, ayuda a dos o más personas implicadas en un delito o falta en calidad de víctima e infractor –o en ambas posiciones en los supuestos de denuncias cruzadas- a comprender el origen del conflicto, sus causas y consecuencias, a confrontar sus puntos de vista y a elaborar acuerdos sobre el modo de reparación, tanto material como simbólica.” España, según la  autora, se sitúa a la cola de los países de nuestro entorno en el diseño de los mecanismos institucionales de articulación (la excepción: la L.O. 5/2000, de responsabilidad penal de los menores, contempla la mediación para determinadas infracciones no violentas sobre la base del principio de oportunidad)11 . Para Concha Sáez es absolutamente positivo el resultado obtenido en las experiencias de mediación, lo califica  como el “aparente- milagro” de que quienes han llegado hasta nosotros enfrentados  (a veces hasta irreconciliablemente) se escuchen, atiendan los argumentos del otro, se disculpen y perdonen12 .
  - En los supuestos de violencia de género la Ley 1/2004 prohíbe expresamente acudir a la mediación, puesto que no puede producirse un diálogo entre dos partes que no están en pie de igualdad, aun cuando en otros Estados de la Unión Europea  no se impide la mediación en estos supuestos, como exponíamos en el apartado anterior de este trabajo refiriéndonos a Grecia. Debiendo resaltarse que la doctrina se encuentra dividida en este punto, y podría pensarse en su utilidad en casos de conflictos episódicos.
  - En el ámbito de la mediación mercantil, y en el supuesto particular de la mediación en el ámbito del contrato de seguro, la mediación parece, a parte de la doctrina, que puede resultar adecuada si tiene lugar entre empresas aseguradoras, mientras que entre particulares el arbitraje parece ser una mejor solución alternativa. Se suscita la duda acerca de cuál ha de ser la denominación correcta del «acuerdo de mediación». en este sentido,  cabe pensar que se refiere a una «cláusula contractual» prevista por las partes con anterioridad a la celebración del contrato de seguro o, también un «acuerdo de mediación transaccional» que las partes del contrato de seguro hayan obtenido con la ayuda de un mediador. Como quiera que sea, en el ámbito del seguro, es del todo oportuno el impulso a la mediación13 .
  - Otro sector de los estudiosos, considera que la ley de mediación constituye una ley de mínimos, es aplicable al contrato de seguros y a los planes de pensiones mediante un pacto en la póliza, en el boletín de adhesión, en las especificaciones o en los reglamentos de prestaciones para prevenir una solución válida a posibles desacuerdos 14.  El pacto no impedirá el ejercicio de acciones judiciales o extrajudiciales pero se deberá intentar antes la mediación. Recordemos que el contrato de seguro no es un contrato de consumo, que quedaría fuera de nuestro ámbito, sino un contrato mercantil con condiciones generales. Se podría plantear la reconversión del defensor del cliente en este sector en la figura del mediador.
  - En materia concursal se  apunta la mediación como medio de aligerar la saturación que sufren los Juzgados de lo Mercantil. Se recomienda explorar fórmulas de mediación pre-concursal para lo que sería necesario facultar al juez para designar mediador previa comunicación del deudor de su situación de insolvencia, solución ya contemplada en otros ordenamientos de nuestro entorno -como el francés que da preeminencia a la continuidad y reorganización de la empresa-  al amparo del artículo 15 de la nueva Ley Concursal, facilitando la posibilidad de acuerdos de refinanciación a pequeñas empresas y particulares. Esta opción podría apoyarse con incentivos a las partes que intenten la mediación a fin de que no se convierta en un expediente dilatorio15 . La nueva ley de emprendedores insiste en la su  importancia, institucionalizando la mediación concursal. Por otro lado, el acuerdo de mediación presenta algunas dificultades que se derivan de la falta de regulación de los efectos del acuerdo adoptado durante el proceso mismo de mediación concursal. Asimismo, la doctrina señala la necesidad de establecer incentivos negativos que aumenten la voluntad negociadora de los acreedores, especialmente en lo que concierne al deudor persona física, puesto que en este caso no tienen ningún aliciente para buscar soluciones, al no existir exoneración de las deudas.  Para Emilio Beltrán el papel del mediador será similar al del administrador concursal pero sin necesidad de intervención judicial y con un procedimiento mucho menos costoso ya que no tendría que tomar decisiones. Una vez alcanzado el acuerdo, se elaboraría un documento que se trasladaría al notario y en caso de no alcanzarlo, el propio mediador podría convertirse en administrador concursal.  En el mismo sentido se pronuncia Arturo Ruiz al  comentar la nueva ley de emprendedores16 .
 - Por lo que respecta a las vicisitudes de la vida societaria la Resolución de 25 de junio de 2013 de la Dirección de General de los Registros y del Notariado (BOE 26 de julio 2013), se pronuncia sobre la inclusión de una cláusula genérica de mediación en los estatutos de una sociedad limitada, lo que no excluye que con posterioridad se deba fijar cual es el conflicto concreto que ha de ser mediado. El mediador, una vez fijado el ámbito de su actuación, debe abstenerse de actuar cuando se desborde el ámbito legal de su competencia, las partes -sean socios o administradores- pueden poner fin al proceso en cualquier momento, pero cuentan con una senda útil para la solución de ciertas diferencias. Destacamos que la resolución refiere expresamente la “incontrovertida” posibilidad de incluir en los estatutos una cláusula de arbitraje en general y por lo mismo también respecto a la mediación, aunque después se deba fijar cual es el conflicto concreto en el que se ha de desenvolver la actividad del mediador.
  - En el ámbito laboral las ventajas de la mediación no necesitan mucho comentario, la dinámica del sector la ha impulsado y desarrollado positivamente, dejando constancia de sus experiencias en la  Guía para la Mediación Laboral  cuya provechosa lectura para los que se inician en la mediación desde estas líneas recomendamos. Entendiéndose la mediación como una negociación dirigida 17 o asistida18   sus experiencias han sido muy provechosas para el ejercicio de la actividad mediadora en otros sectores,  Los abogados, cooperadores necesarios en el impulso a la mediación, han de aprender a  apartar la toga cuando actúen como mediadores, como muy bien señala el documento referido, que nos introduce en los rudimentos de la negociación ((MAAN-BATNA).‎
 - En el campo de las relaciones familiares debemos recordar que la mediación familiar fue introducida en el derecho procesal español por la Ley 15/2005, de 8 de julio, aunque ya estaba presente en nuestro derecho positivo por su inserción en algunas normas de derecho internacional privado,  entre las que destaca en el ámbito de la responsabilidad parental el Reglamento (CE) 2201/2003, en cuyo artículo 55.e) se establece que las Autoridades Centrales de los Estados miembros, cooperarán para «facilitar la celebración de acuerdos entre los titulares de la responsabilidad parental a través de la mediación o por otros medios, y facilitar con este fin la cooperación transfronteriza».....Más allá de las técnicas legislativas lo más reseñable es que el ámbito familiar con sus primeras experiencias piloto  ha mostrado que “La mediación implica un esfuerzo de la parte, del propio ciudadano, por retomar el protagonismo respecto de los propios problemas” 19. Los resultados de los esfuerzos de los operadores jurídicos que trabajan con las crisis familiares han sido la vanguardia de la mediación.
 La apuesta por el protagonismo de la autonomía de la voluntad que inicia la Ley de 2005, abriendo la puerta a la mediación, ha llevado a parte de la doctrina a plantear la posibilidad del divorcio por mutuo acuerdo ante notario en España en los supuestos en los que no exista descendencia, en caso contrario es preceptiva la intervención del Ministerio Fiscal. Esta posibilidad ya se contempla en algunos ordenamientos iberoamericanos (Cuba, Perú, Colombia, Brasil)  y en algunos sistemas europeos encontramos soluciones no jurisdiccionales a la crisis familiar (Portugal, Noruega, Dinamarca, Estonia...). Aun cuando se debate doctrinalmente la posibilidad de llevar los mecanismos de la mediación y autonomía de la voluntad a  la disolución del contrato matrimonial no parece acertada la implantación de esta medida 20 . La implantación de la mediación es una ardua labor que no se compromete únicamente con el aligeramiento del trabajo en los juzgados, sino que compromete la visión de la sociedad respecto a las crisis familiares y la protección que estas precisan.  La doctrina considera, en parte,  que la mediación goza de un sentimiento favorable de aceptación por parte de la ciudadanía, considerando la figura apta para minorar los daños de la ruptura21 , incluso para propiciar la reconciliación o recuperar la armonía de la vida precedente, extender sus mecanismos autocompositivos al instituto de un “divorcio notarial” por acuerdo de las partes no creemos que venga en ayuda de la implantación en nuestro sistema jurídico de la institución de la mediación.
-En aquellas situaciones en las que las crisis familiar se entremezcla con otros problemas con aspectos económicos, como las sucesiones o las empresas familiares la mediación presenta un futuro prometedor y ventajoso.  En cuanto al ámbito de las sucesiones propiamente dichas, una alternativa o complemento al nombramiento por el testador de un albacea contador partidor puede ser la imposición por el mismo, para dirimir las discrepancias que pudieran existir entre los sucesores (herederos, legatarios, etc.) de un mediador o  una institución mediadora. Si la mediación no  tiene éxito  se podría insertar, además, una cláusula escalonada de arbitraje.
 En relación con las empresas familiares, aquellas en las que una parte esencial de su propiedad está en manos de una o varias familias, cuyos miembros intervienen de forma decisiva en la administración y dirección del negocio, podemos encontrar tres círculos bien diferenciados (familia, propiedad y gestión de la empresa), que se entrelazan entre sí, constituyendo un campo abonado para conflictos en relaciones que han de perpetuarse en el tiempo. Su promoción en este campo se nos antoja necesaria habida cuenta del peso de estas empresas en nuestro tejido económico22 .   
 - Por lo que respecta al fenómeno intercultural, debemos señalar el protagonismo cada vez mas acusado de la mediación, que define Dora Sales...“Dentro del contexto amplio de la mediación, la mediación intercultural se refiere a las situaciones en las que las personas en contacto —que precisan de la intervención de una tercera parte, mediadora, imparcial, que sirva de puente comunicativo—, pertenecen a culturas distintas, y hablan lenguas diferentes, desde diversos patrones comunicativos, poseen distintas formas de ver el mundo y quizás  no compartan el mismo sistema de valores23 ”.  A la vista de este panorama hay que concluir con Nuria Belloso 24 que‎La inmigración no puede entenderse como un fenómeno coyuntural sino como una realidad que irá aumentando progresivamente. Se hace necesario que las sociedades actuales tengan conciencia de que deben asumir la interculturalidad (…) La mediación intercultural en definitiva estaría fomentando la no discriminación en el acceso a los recursos básicos para poder ejercitar los derechos y deberes en pie de igualdad con los nacionales.” La necesaria mediación intercultural es el antídoto mas eficaz contra la xenofobia y la demagogia.
- Otro campo de aplicación de la mediación que abre la Directiva de 2008  lo encontramos en la solución de conflictos en las reclamaciones contra personal médico y centros sanitarios. Es posible el sometimiento a mediación de este tipo de controversias en virtud de lo estipulado en el art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro, aunque, en principio, aparece como jurisdicción exclusiva y excluyente la jurisdicción contencioso administrativa, al presentarse la atención sanitaria como servicio público 25. No obstante encontramos un campo residual para la jurisdicción civil en el cual encontraría acomodo la mediación.  Este se concreta en aquellos daños producidos por sociedades mercantiles de titularidad pública; los daños derivados de la actividad estrictamente privada y ajena al servicio del funcionario público sanitario; los daños producidos por concesionarios y contratistas de la administración cuando la administración tiene concertada la prestación hospitalaria con empresas privadas: el concesionario responderá frente al tercero en la jurisdicción civil; las reclamaciones contra la entidad aseguradora de la Administración es viable cuando el perjudicado reclama exclusiva y directamente contra la aseguradora en virtud del art. 76 de la Ley de Contrato de Seguro. Como hemos expuesto anteriormente los contratos de seguros son contratos civiles, no automáticamente susceptibles de mediación, pero si es posible en los supuestos anteriormente referidos. Los supuestos de intoxicación, lesión o muerte están, en cualquier caso, excluidos tanto de la mediación como del arbitraje. El resto de las controversias  es susceptible de mediación.
- Las nuevas tecnologías presentan un nuevo escenario tanto para las relaciones económicas como para la contratación, por lo que ya se avanzan nuevas formas de mediación on-line, denominadas comúnmente ODR (on-line dispute resolution). Aun cuando puede decirse que en este escenario se diluye el “factor humano” de la mediación, el empleo de los medios digitales puede facilitar el uso de la mediación tal y como aparece recogido tanto en la Directiva de referencia como en la ley que la transpone. La mediación electrónica se erige como una subespecie de mediación que debe observar todos los principios generales y características básicas de la misma y es una opción válida a disposición de las partes, por lo tanto los que nos formamos en mediación estamos destinados a entendernos con las nuevas tecnologías. Aunque en principio se entiende que estamos preparados será necesario un esfuerzo complementario 26 . El desarrollo de la contratación transnacional con las prácticas abusivas que puede conllevar exige la armonización de los distintos sistemas jurídicos y la adaptación a esta nueva realidad. Es ineludible abrir la posibilidad de implantar mecanismos extrajudiciales que frenen eficazmente prácticas dañosas27 . La mediación no puede permanecer ajena a la influencia de las nuevas tecnologías, es un instrumento más en las manos de las partes y del mediador, máxime cuando la Unión Europea se manifiesta a favor de las ODR. Negar el carácter personalísimo o inmediato al usar medios electrónicos sería tanto como considerar que quienes contratan por medios electrónicos no están contratando ellos mismos28 .

 5.2- La ejecutividad de los acuerdos.
En relación a la ejecutividad del acuerdo, De la Vega Justribó analiza las modificaciones procesales derivadas de la transposición de la Directiva y señala “como novedad muy relevante, en el artículo 517 LEC, el Real Decreto-ley diseña el otorgamiento de título ejecutivo al acuerdo de mediación que haya sido elevado a escritura pública, a diferencia del anterior proyecto de ley presentado en 2011 en las Cortes, que otorgaba el carácter de título ejecutivo al acuerdo de mediación firmado por un mediador, lo que fue muy criticado por parte de la doctrina. La ejecutividad prevista en la Directiva 2008/52/CE y que habían de promover  los estados en su transposición es flexible, pues se otorga un importante margen de discrecionalidad a los legisladores estatales, ya que se establece la obligación de los estados miembros de dotar de ejecutividad a los acuerdos de mediación a instancia de las partes, si bien se salva la posibilidad de que el estado al que se solicite no contemple su carácter ejecutivo, y no se considera aplicable la Directiva al reconocimiento de acuerdos ejecutivos por otro estado. La ejecutividad podrá  atribuirse a través de resoluciones judiciales o incluso de otros órganos, y esta ha sido la solución adoptada en el Real Decreto-ley de mediación y la posterior ley”29 .
Para la autora  “en la misma línea de exceso regulatorio de otros preceptos del Real Decreto-ley, según mi parecer, puede considerarse excesiva y poco favorecedora del necesario impulso a la mediación la formalidad que se exige al acuerdo de mediación, su homologación judicial o la exigencia de elevación a público para que resulte ejecutable”. Según De la Vega esta regulación resulta discriminatoria puesto que la necesidad de contraste notarial o intervención judicial conceden de facto al acuerdo de mediación un rango inferior al de un laudo arbitral que es ejecutable sin más requisitos. De tal modo que partiendo de una herramienta autocompositiva -las partes son las autoras del acuerdo- el arbitraje  parece estar más considerado, siendo una solución heterocompositiva. La doctrina consideró, en su momento,  un gran paso adelante la Ley de Arbitraje de 1988 que eliminó la obligatoriedad de elevar a público el compromiso arbitral, posteriormente la Ley de Arbitraje de 2011 elimina la obligación de protocolización del laudo, esta exigencia es desconocida en prácticamente todas las legislaciones de arbitraje, su fuerza ejecutiva no depende de su protocolización 30. La distinta solución adoptada para la mediación parece establecer una gradación entre los medios no jurisdiccionales de resolución de controversias.
En otros ordenamientos, como el canadiense, la ley prevé un sistema mixto de mediación y arbitraje, por tanto en pie de igualdad,  procedimiento en el que las partes han acordado someterse a una mediación para resolver un determinado conflicto, pero si la mediación no funciona el procedimiento se transforma en un arbitraje que será dirigido por la misma persona que intervino como mediador y la decisión que éste adopte será vinculante 31.  El Derecho español es, como ya se ha dicho, contrario a admitir la arbitrabilidad de las controversias familiares, fundamentalmente porque prevalece la idea de que el poder público debe intervenir en la resolución de los problemas de naturaleza familiar, pero esta a la vista que  la tendencia en el actual Derecho de familia es reforzar la voluntad de los miembros del grupo familiar, reconociendo un mayor protagonismo a la libertad y a la autonomía privada. La solución canadiense equilibra el protagonismo de las partes y la seguridad de que un posible acuerdo o laudo podrá ejecutarse. La mediación y el arbitraje aparecen, de este modo, nivelados.
En relación a los acuerdos en el plano de las crisis familiares se argumenta que no es posible crear un título ejecutivo directo de los acuerdos de mediación puesto que la materia que tratamos o bien afecta al orden público (como es el vínculo matrimonial, cuya disolución necesita ser sancionado por los tribunales), o bien necesita del control, tanto por fiscalía como por los jueces, de la protección adecuada de los intereses de los menores. Convergen el ius cogens y el ius dispositivo, el derecho público y el privado. Ello se deriva de la propia Constitución Española, que en su artículo 39 consagra como interés público general y fundamental el del interés de los hijos, consecuencia del principio constitucional de protección a la familia y a la infancia. Puede parecer lógica la cautela en interés de los menores, no obstante en otros tipo de disputas no parece oportuno exigir la elevación a público de un acuerdo, máxime si una de las partes, al negarse, puede hacer vano todo el proceso mediatorio. 
- En el aspecto procesal de la ejecución, los operadores jurídicos señalan que la remisión que en materia de ejecución hace la Ley de Mediación a la Ley de Enjuiciamiento Civil desconoce la auténtica naturaleza de la mediación cuando hace una equiparación de tal identidad entre la mediación y los otros medios de conclusión de litigios. El legislador  con esta técnica legislativa, olvida el interés que la sociedad en general, y el mercado en particular, pudiera tener en la mediación (menor coste y tiempo), por lo que corre serio riesgo de perderse su virtualidad al no haber arbitrado el legislador un sistema alternativo de ejecución, simple, básico, rápido y eficaz;  el incumplimiento posible acaba de vuelta en el juzgado. Cualquiera que tenga interés dilatorio puede usar la mediación para aquello que esta figura pretende evitar. Si una de las partes no accede a la elevación a público del acuerdo habrá de acudirse igualmente a la vía declarativa para obtener la satisfacción de sus intereses,  puesto que el acuerdo en sí mismo no tiene carácter ejecutivo, la supuesta ventaja de la mediación se diluye por completo... El acuerdo que elaboran las partes en virtud de la autonomía de la voluntad no obtiene el mismo reconocimiento que el laudo arbitral elaborado por un tercero, ya que este no necesita ser protocolizado 32 .
 - Si surgieran otras incidencias la posible dilación le afectaría como al resto de los títulos ejecutivos: la impugnación del acuerdo de mediación por estar incurso en una causa de nulidad no se podrá articular en sede de oposición a la mediación, sino  a través del proceso declarativo correspondiente 33. Cabe preguntarse, en el caso de las crisis familiares,  qué ocurre cuando alguna de las partes se opone a que se homologue judicialmente el acuerdo de mediación alcanzado y firmado por ambas partes privándolo de su operatividad ejecutiva. En este caso  tendrá el mismo valor que el convenio regulador o pacto de convivencia firmado por ambas partes y no ratificado a presencia judicial, esto es, se incorpora al proceso contencioso como un elemento probatorio más, que tendrá mayor o menor trascendencia a la hora de dictar sentencia según los motivos que se aleguen, a saber, un cambio de opinión o un cambio de las circunstancias con posterioridad a la firma del convenio, pacto o acuerdo 34.
La Ley de Enjuiciamiento Civil, tras la introducción de la mediación, asimila la sentencia, el laudo y el acuerdo de mediación equiparando estos dos últimos a los títulos jurisdiccionales.  La mediación tienen su origen en la autonomía de la voluntad ejercitada de una forma autocompositiva, el laudo con el mismo origen se articula heterocompositivamente. En la primera nadie juzga, nadie impone la solución, pero haciendo concesiones mutuas nos encontramos con un acuerdo firmemente alcanzado 35. No parece operativo exigir protocolozación al acuerdo, requisito no exigido actualmente al laudo.  La necesidad de que los acuerdos alcanzados en virtud de la mediación puedan ser ejecutados conforme a la ley del Estado en que el acuerdo pretende hacerse valer es una manifestación del principio de seguridad jurídica, la opción del legislador, en nuestro caso, puede acabar en dilaciones no deseadas36 .

 5.3.-  El impulso a la mediación.
 En relación al impulso que necesariamente ha de darse a la mediación, ya antes de elaborarse la Ley, cuando había de realizarse la transposición de la Directiva, la doctrina adelantaba ...“Al Estado y distintas Administraciones e Instituciones quedará una importante labor de promoción de los métodos alternativos de resolución de conflictos, haciendo conocer a la ciudadanía su existencia y conveniencia, garantizando la preparación de los mediadores y, sobre todo, la consecución de la colaboración de la Abogacía en la confrontación de los conflictos” 37(38). El texto del Real Decreto-Ley apuntaba la necesidad de incluir la mediación dentro del asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, si bien no los incluye expresamente, y permite a las Administraciones que lo hagan o no. Evidentemente, en una situación económica como la actual, será difícil, pero la inclusión de la mediación dentro de la justicia gratuita sería una posibilidad a tener en cuenta.
Sería positivo intentar medidas análogas a las realizadas en otros países, como establecer tarifas a las partes dependiendo de sus niveles de ingresos, incluso la gratuidad si son muy bajos, opción que han escogido algunos Estados de la Unión, como hemos referido en el epígrafe anterior de este trabajo. Es el caso de Países Bajos, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Finlandia y Escocia en Reino Unido.
Las ventajas de la mediación como “sistema cooperativo de gestión y resolución de conflictos” e instrumento de paz social como nuevo modelo que se aparta de los métodos confrontacionales tiene muchos retos  pendientes, entre ellos  “una mayor difusión desde las distintas Administraciones para dar a conocer este importante recurso, así como una regulación nacional de la mediación” 38 . En relación con la regulación Jaime de Hoces Utrera manifiesta que la regulación de la formación para ejercer como mediadores, a tenor de la diferente y dispersa normativa autonómica, no constituye un avance, puesto que la Ley que desarrolla y transpone la Directiva ha desaprovechado la oportunidad de unificar criterios, una regulación uniforme de la actividad de la mediación constituiría un argumento muy positivo para la difusión de la institución. La normativa existente concibe la mediación como una actividad secundaria, no piensa en ella como una profesión, en este punto hay mucho terreno por conquistar. La homogeneización normativa vendría en ayuda de la ciudadanía y de los profesionales interesados en el ejercicio de la mediación 39(40). 
 En relación a la posible intervención de los jueces para  alentar esta institución e   incentivar su aplicación, Raquel Alastruey defiende que no cabe indicar que se le impondrán las costas o algún otro tipo de amenazas procesales, aún cuando el juez debe favorecer la mediación (...)   “es hora de que los jueces retomemos nuestra función de pacificación de conflictos y sepamos transmitir nuestra función no como una amenaza de males desconocidos (la sentencia) sino como una posibilidad de satisfacción de intereses, inicialmente, enfrentados” 40.
  Helena Soleto refiere como, en general, en los países de Europa se fomenta el uso de la mediación en el ámbito familiar, y en algunos países el Tribunal puede derivar obligatoriamente a las partes a una primera sesión de mediación, como puede ser en Finlandia, Malta, República Checa, y algunos Lander alemanes, mientras que en otros países se favorece su uso, o se opta por la obligatoriedad de acudir a una sesión informativa sobre los efectos de la ruptura en los hijos para iniciar una acción legal como Reino Unido o Estados Unidos. Apunta la autora que el art. 395 LEC se dispone que la no participación en la mediación intentada por una de las partes se interpretará como mala fe a efectos de imposición de costas,  aunque hubiese resultado ganadora del proceso si no  participó en la mediación que se intentó por la otra parte.

Ha de interpretarse que será condenada en costas la parte que no participó de buena fe en la mediación, y que no es suficiente con que hubiera asistido simplemente a la mediación o a la primera sesión. El art. 395 ejerce de mecanismo corrector, para que incluso el ganador del proceso sea castigado con el pago de las costas si se pudo evitar el proceso. Esperemos que este artículo sea usado por los Tribunales, ejerciendo de elemento incentivador para la mediación, tal como ocurre en el sistema de Reino Unido.

Otro sector de la doctrina, como Vicente Magro Servet,  entiende que fue acertada la opción del proyecto de ley de instaurar una mediación previa obligatoria como requisito de procedibilidad,   posición que ha sido criticada y desechada, al menos de momento, en algunos Estados de la Unión Europea, como es el caso italiano expuesto anteriormente41 .
 Expuesto todo lo anterior, parece muy convincente el razonamiento de Lucía García García, como toma de posición, sin desdeñar las aportaciones anteriormente expuestas:  “La mediación ha de introducirse mediante la convicción de su bondad y no por su imposición legal; pues esto podría deparar el riesgo de que se convierta en un trámite burocrático más determinante de su desprestigio (...)  lo idóneo sera obligar a la asistencia a la sesión informativa. “  Más adelante la autora expone “Tenemos la convicción de que, a medida que se va adquiriendo una formación más sólida, la mediación se convierte en una auténtica filosofía de vida (…) una especie de mecanismo que dispara las alertas ante cualquier situación conflictiva, suscitando la reflexión acerca de las motivaciones del otro, y que, como un fármaco de efectos retardados pero de largo alcance, va, poco a poco removiendo los cimientos de las posiciones. (…) El éxito de este sistema de resolución alternativa de conflictos necesita (…) una verdadera revolución cultural, una trasformación de mentalidades”...42 .

6. Conclusiones.
 La armonización de las diferentes legislaciones europeas que impone la Directiva,  en el espacio de libertad y seguridad de la Unión Europea, tiene largo recorrido por delante, aun cuando en algunos Estados  el desarrollo de la mediación y su implantación era muy anterior a la propia iniciativa comunitaria.       
Por otro lado, en los Estados que se están estrenando en los medios alternativos de resolución de disputas puede provocar cierto recelo o escepticismo,  sin esperar mucho respecto a su “bondad” para aligerar la carga de nuestros juzgados. Tal vez por esto, o por la situación de precariedad económica actual, nos encontramos con tardías transposiciones,  transposiciones defectuosas o incompletas, sin que se haya cumplimentado la obligación de comunicación a la Comisión prevista en la norma que comentamos.
En nuestro caso los intentos conciliatorios contemplados en nuestro sistema procesal han dado escasos resultados, este fracaso quizá explique el recelo ante la  mediación como un sistema efectivo para resolver controversias. Para no apreciar la mediación intrajudicial como un instrumento dilatorio que alargue aún más el litigio hace falta darle a la nueva Ley un voto de confianza, y apostar por  la pericia y la profesionalidad que se espera de los mediadores, ellos ha de ser, hemos de ser, los primeros convencidos de la bondad del método, no como “alivio administrativo-judicial” sino como un instrumento al servicio de quienes se encuentran en dificultades.
El contexto de relaciones transnacionales y los flujos migratorios intracomunitarios, derivados de la libre circulación de personas y la libertad de establecimiento en el seno de la Unión Europea, supone desarrollar instrumentos que hagan estas libertades efectivas. Para ello hemos de utilizar instrumentos arbitrados por el propio derecho de la Unión Europea, objetivo de la Directiva 52/2008, el derecho comunitario ha de ser algo tan cotidiano como  el Boletín Oficial del Estado. Regula y se extiende a todos los aspectos de nuestra vida, también los que pueden acabar en los juzgados.
Necesitamos encarar las nuevas posibilidades, no sólo como instrumentos jurídicos sino como una nueva forma de entender las controversias y los conflictos. Nadie conoce mejor sus diferencias, y sus posibles soluciones, que las partes y, si se logra una comunicación adecuada, son quienes mejor pueden solucionar sus conflictos y ejecutar los acuerdos a los que lleguen.   La experiencia de los asuntos ya sometidos a mediación demuestra que, por sus características, es un medio de solución de conflictos rápido, económico y que, cuando se alcanzan acuerdos, pueden ser  más fáciles de ejecutar.  Los posibles  acuerdos que se logran en un proceso de mediación pueden ser elevados a escritura pública, de coste reducido por tener el tratamiento de documento sin cuantía. También, si así lo desean las partes, puede ser homologado en vía judicial, obteniéndose un título judicial, si el proceso ya se había empezado, aun cuando la experiencia también demuestra que se plantean  menores problemas a la ejecución de los acuerdos cuando se han alcanzado a través de la vía de la mediación.
 Recordemos que gran parte de las cuestiones litigiosas que se plantean en el ámbito de los Colegios Profesionales, corresponden a la Jurisdicción Civil.
 La futura modificación de la Ley de Colegios Profesionales no debe perder de vista las posibilidades de la mediación, que ha de extenderse a otros ámbitos distintos del civil y el mercantil habida cuenta de los compromisos internacionales suscritos por España.

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3 Una de las explicaciones más elocuentes de esta visión personalista del Derecho la encontramos en la obra del Profesor Carrillo Salcedo,  entre otras: “Globalización y orden internacional”. (2005). Sevilla, Universidad;  “La criminalización de la barbarie: la Corte Penal Internacional”, [y otros]. (2000) Madrid, Consejo General del Poder Judicial; “Dignidad frente a barbarie: la Declaración Universal de Derechos humanos, cincuenta años después.” (1999) Madrid, Trotta, D.L.; “Soberanía de los estados y derechos humanos en derecho internacional contemporáneo”. (1995)  Madrid, Tecnos; “Curso de derecho internacional público: introducción a su estructura, dinámica y funciones.” (1994) Madrid, Tecnos; “El derecho internacional en perspectiva histórica.”  (1991) Madrid, Tecnos.

4 A título ejemplificativo, podemos citar algunas normas internacionales y comunitarias:
     -  Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre Competencia de Autoridades y Ley Aplicable en Materia de Protección de Menores. BOE núm. 199, de 20 de agosto de 1987.
     - Convenio de Luxemburgo de 1967  sobre reconocimiento de resoluciones relativas al matrimonio, hoy sustituido por el Reglamento (CE) nº 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes .
    - Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.   (DO L 299 de 31.12.1972, p. 32). (Versión consolidada en el DO C 27 de 26.1.1998, p. 1). El régimen de este convenio está actualmente sustituido por el Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000  relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
   - Convenio Europeo de relativo al reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, así como al restablecimiento de la custodia (nº 105 del Consejo de Europa), Bruselas 20 de mayo de 1980. BOE núm. 210/1984, de 1 de septiembre de 1984.
  - Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. BOE  núm. 202, de 24 de agosto de 1987.
  - Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa R (86), de 16 de septiembre de  1986, respecto a medidas para prevenir y reducir la carga de trabajo excesiva en los órganos jurisdiccionales.  BOE núm. 291, de 2 de diciembre de 2010, Sec. I.
  - Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 sobre reconocimiento, ejecución, cooperación  y medidas de responsabilidad parental.   BOE núm. 291, de 2 de diciembre de 2010, Sec. I.
 - Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa R (98), de 21 de enero de 1998, sobre mediación familiar.
  - Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa R (99), de 15 de septiembre de 1999, sobre mediación en asuntos penales.
   - Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa R (2001), de 15 de septiembre de 2001,  sobre mediación en asuntos entre autoridades administrativas y particulares.
  - Reglamento 44/2001/ CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. DOUE L 12, 16.1.2001.
   - Reglamento 2201/2003/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental. DOUE L 338 de 23.12.2003.  En su artículo 55.e) alude a la cooperación en el seno de la Unión Europea para facilitar la mediación.
  - Reglamento 4/2009/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos. DOUE L 7/1 DE 10.1.2009.
  - Reglamento 664/2009/CE del Consejo, de 7 de julio de 2009, por el que se establece un procedimiento para la negociación y la celebración de acuerdos entre Estados miembros y terceros países sobre la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial, de responsabilidad parental y de obligaciones de alimentos y sobre la ley aplicable en materia de obligaciones de alimentos. DOUE L 200, 31.7.2009.

5 En su art. 6.2  la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 establece:  “ El contenido del acuerdo podrá adquirir carácter ejecutivo en virtud de sentencia, resolución o acto auténtico emanado de un órgano judicial u otra autoridad competente, de conformidad con la legislación del Estado miembro en el que se formule la solicitud.”

6 LIBRO VERDE  sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil (presentado por la Comisión). Bruselas 19.04.2002 COM (2002) 196  final. Este documento reconoce explícitamente que “una de las razones del desarrollo del las ADR es de carácter práctico y coyuntural: las ADR constituyen una respuesta a las dificultades de acceso a la justicia a las que se enfrentan muchos países”.  El texto reconoce la eficacia de las iniciativas en materia de consumo, relaciones familiares, tráfico mercantil, comercio electrónico... califica a las ADR  como instrumento de la paz social. La eficacia jurídica del los acuerdos logrados mediante un procedimiento de ADR autorizado pueden tener carácter ejecutivo según el texto de la Comisión.

7 En línea https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-es.do. Consultada el 5 de mayo de 2014. Esta página sobre información acerca del panorama de la mediación en la Unión Europea está elaborada por la Comisión. No obstante cada Estado miembro  realiza el mantenimiento de la versión de esta página, siendo exclusivamente  estos los responsables de las indicaciones que en la misma se contienen. La información sobre las autoridades competentes para dar carácter ejecutivo a los acuerdos de mediación no está actualizada en todos los casos, puesto que no todos los miembros han facilitado la información correspondiente. Nos ceñimos a la información disponible a la fecha de realización del presente trabajo

8 Fábrega Ruiz, C. F y  Heredia Puente, M. “La mediación intrajudicial. Una forma de participación del ciudadano en la justicia”.Revista del Colegio de Abogados de Jaén [En línea] http://www.poderjudicial.es/ stfls/cgpj/Doc%20Temporales/DocsPublicacion/FICHERO/LA%20MEDIACI%C3%93N%20INTRAJUDICIAL%20HEREDIA%20PUENTE-FABREGA%20RUIZ_1.0.0.pdf.

9 San Cristobal Reales, S. (2013) “Sistemas alternativos de resolución de conflictos: negociación, conciliación, mediación, arbitraje, en el ámbito civil y mercantil”.  Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLVI 39-62 / ISSN: 1133-3677.

10 Ortuño Muñoz, J.P. y Hernández García, J. “Sistemas alternativos a la resolución de conflictos (ADR): la mediación en las jurisdicciones civil y penal”, (2007).  Madrid: Fundación Alternativas, 2007 Documento de trabajo 110/2007, pag. 60.En líneadisponible en www.pascualortuño.com/p/publicaciones.htm.  Refieren los autores  “ el diferente papel que juega el Estado en cada una de las realidades políticas y, por otro, el diferente alcance que se otorga al proceso penal como cauce primario de intervención en los conflictos sociales graves. Mientras en el paradigma anglosajón el Estado se sitúa en una posición de observador que permite el libre desarrollo de las relaciones sociales, en los modelos europeos el Estado asume un tradicional rol de mediador providencial, catalizador de todos los mecanismos de control social. De igual modo, la estructura fuertemente acusatoria del proceso penal anglosajón contrasta con el cariz inquisitorial de los procesos penales en Europa, al menos en sus inicios, donde incluso se consagra constitucionalmente, como en el caso italiano, la obligatoriedad de la acción penal y se proscribe o se limita a una posición del todo apendicular o secundaria al principio de oportunidad”. 

11 Sáez, C. (2010) “Mediación Penal”. En línea disponible [En línea] www.poderjudicial.es/ cgpj/es/Temas/Mediacion/Publicaciones. Para la autora nuestro país ha contraído compromisos que traen origen de normas comunitarias de imperativa transposición: “la Decisión Marco del Consejo de Ministros de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001 sobre el Estatuto de la Víctima en el Proceso Penal establece en su artículo 10: 1. Los Estados miembros procurarán impulsar la Mediación en las causas penales para las infracciones que a su juicio se presten a este tipo de medidas. 2. Los Estados miembros velarán porque pueda tomarse en consideración todo acuerdo entre víctima e inculpado que se haya alcanzado con ocasión de la medida en las causas penales. El artículo 17 establece la obligación para los Estados, antes del 22 de marzo de 2006, de la puesta en vigor de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que resulten necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10.” Pag. 2.

12 Op. Citada nº 11. Pag. 12

13 De La Vega Justribó, B. (2012). “Mediación civil y mercantil: La Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre mediación. Cuestiones de la mediación concursal.” Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 733, septiembre 2012. Páginas: 2972-2999. Pag. 2988. En línea disponible en http: //libros-revistas-derecho.vlex/vid/civiles-mercantiles-supremo-concursal-429092330.

14 Benito Osuna, F. (2012). “Reflexiones sobre el RD-Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles y su incidencia en el seguro”. Revista Española de Seguros. Nº 149, enero 2012.  http://vlex.com/vid/382546618.  Pag. 103-114

15 Gallego Sánchez, E. (2012). “ La mediación concursal. Alternativa para la solución de las crisis de los no empresarios y PYMES.” Práctica de Tribunales, nº 90. Editorial La Ley.  LA LEY 155/2012.  Pag. 12 y 15

16 En línea disponible en http://diariojuridico.com , de 23 de junio de 2012 y 15 de octubre de 2013.

17 Munduate, L;  Butts Griggs, T; Medina, F. J;  Martínez-Pecino,  R.  ”Guía para la. Mediación Laboral. Sistema Extrajudicial  de Resolución de Conflictos  Laborales de Andalucía. SERCLA.” Capítulo III. En línea disponible en www.mediacion.icav.es/archivos/contenido/273.pdf.   ‎Pag.36

18 Op. Citada, Capítulo IV, pag. 47. 

19 Pascual Ortuño, J. P.  (2013). “La mediación en el ámbito familiar”. Revista Jurídica de Castilla y León, nº 29 enero de 2013.  ISSN: 2254-3805  ARBITRAJE Y MEDIACIÓN. Pag. 6.  .

20 Messía de la Cerda Ballesteros, J. A. (2012).   “La  implantación del divorcio por mutuo acuerdo ante notario en España”. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario,  nº 734,  2012. Pags. 3351 a 3396. En otro trabajo (“Consideraciones sobre la normativa española de mediación en asuntos civiles y mercantiles”. (2012)  en  Actualidad Civil nº 21 diciembre 2012, pag 2083, tomo 2. Editorial La  Ley 18021/2012) el autor afirma que “en cualquier caso la mediación puede ser un instrumento eficaz para evitar rupturas matrimoniales innecesarias”

21 Tena  Piazuelo, I.  (2012).  “Crisis de pareja, mediación familiar y reconciliación: reseña de una oportunidad perdida”. Actualidad Civil, nº 13-14. Editorial La Ley. La Ley 7350/2012.  Pags. 12-13.  El autor concluye “Ojalá que, en ese campo abonado, la mediación familiar logre manifestarse en todas  sus modalidades (comprendiendo la mediación preventiva) y en toda  su virtualidad, incluyendo en su objeto la reconciliación de la pareja que recurre a la intervención mediadora”.

22 Martínez González,  S. P. (2012). “La mediación en el derecho de familia. Sucesiones hereditarias y empresas familiares. Regulación legal y aspectos prácticos”. Práctica de Tribunales, Nº 100, Sección Estudios,  Enero-Febrero 2013, Editorial LA LEY  19263/2012.  Pags. 16-17

23 Sales  Salvador, D.  (2008). “Mediación intercultural e interpretación en los servicios públicos: ¿Europa Intercultural?” En línea disponible en  www.pliegosdeyuste.eu/n78pliegos/n78pag77.htm  nº 7-8 2008. Pag. 2.

24 Belloso Martín, N. (2003).“Inmigrantes y mediación intercultural”. En línea disponible en   www.uv.es/cefd/7/belloso.doc . Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, ISSN-e 1138-9877, Nº. 7, 2003,  Pag. 2

25 Perales Viscasillas, P. (2012). “La mediación y el arbitraje como fórmulas alternativas de solución de conflictos en las reclamaciones contra personal médicos y centros sanitarios”. Revista Española de Seguros, nº 152, octubre 2012. Páginas: 315-341.Pag. 325.  En línea  disponible en http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/arbitraje-alternativas-reclamaciones-dico-458815630.

26 Martín Diz, F. (2012).  “Mediación electrónica: regulación legal y posibilidades de aplicación” Práctica de Tribunales, Nº 98, Sección Estudios, Noviembre-Diciembre 2012, Editorial LA LEY 17533/2012.  Pags. 6, 7, 13.

27 Vilalta Nicuesa,  A. E. (2012). “Contratación transnacional y acceso a la justicia: mecanismos de resolución electrónica de disputas”. Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, N.º 732,  págs. 2067 a 2149.  Pag. 2144 y ss.

28 Vázquez de Castro, E. y Férnandez Canales, C. (2012). “El actual marco normativo de la mediación electrónica”. Revista Crítica de Derecho inmobiliario, nº 731, pags. 1451 1478.  Pags. 1466, 1467, 1472, 1473.

29 De la Vega Justribó, B. Pag. 2989. Ver nota 13. 

30 Ripol I. (2013). “La ejecución del laudo y su anulación. Estudio del art. 45 de la Ley de Arbitraje”. Barcelona. Ed. J.M. Bosh Editor, S.A.2013.   Pags. 124, 159

31 Mesa Marrero, C. (2012). “El modelo canadiense y su posible proyección en el Derecho español “ Actualidad Civil, Nº 6, Sección A Fondo, Quincena del 16 al 31 Mar. 2012, pág. 559, tomo 1, Editorial LA LEY 2153/2012. Pag 2.  Pag. 15.

32 Soler Pascual, Luis Antonio.(2012)“La ejecución del acuerdo de mediación. La elevación a escritura pública. Problemática”. Práctica de Tribunales, Nº 98, Sección Estudios, Noviembre-Diciembre 2012, Editorial LA LEY  17537/2012.    En el mismo sentido,  Sánchez Martín, P. (2012).  “Incidencia de la mediación en el proceso civil”. Práctica de Tribunales, Nº 98, Sección Estudios, Noviembre-Diciembre 2012, Editorial LA LEY 17536/2012..

33 Martín Pastor, J. (2012). “Efectos de la Ley 5/2012 sobre la ejecución forzosa”. Práctica de Tribunales, Nº 98, Sección Estudios, Noviembre-Diciembre 2012, Editorial LA LEY  17534/2012.   Pag. 6.

34 Martínez González, S. P. Pags. 11 y 19. Obra citada anteriormente, ver nota  21

35 Pardo Iranzo, V. (2012) “Y ante el incumplimiento del acuerdo de mediación ¿qué normas aplicamos?” En línea disponible en  www.legalprestigia.aranzadi.es/articulos/14.  Editorial Thomson Reuters.

36 Pag 58,  trabajo citado en nota 10. Documento de trabajo 110/2007

37 Soleto Muñoz, H. (2007). “La mediación: método de resolución alternativa de conflictos en el proceso civil es pañol”. Revista Eletrônica de Direito Processual, Volume III. Año 2007

38 García Villaluenga, L. (2010). “Mediación civil. Mediación intrafamiliar.”  Disponible en www.poderjudicial.es/stfls/cgpj/Doc. Ver nota 10.

39 De Hoces Utrera, J. (2012) “Incongruencias en la regulación de la formación de la persona mediadora”. Lan Harremanak  (2012).    Revista de Relaciones Laborales. Universidad País Vasco.  Año 2012, nº 26.Pags. 161-192.

40 Alastruey Gracia, R. (2010). “Argumentario para la búsqueda de soluciones negociadas en el proceso”.  En línea disponible en www.poderjudicial.es.  Pag 17

41 Magro Servet, V. (2012).  “La incorporación al derecho español de la Directiva 2008/52/CE por el Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles”. Diario La Ley, Nº 7852, Sección Doctrina, 7 Mayo 2012, Año XXXIII, Ref. D-190, Editorial. LA LEY 3152/2012. El mismo autor en otro trabajo del mismo año elabora un sistemático y útil estudio de los cambios que la legislación de mediación ha introducido en el proceso civil en virtud de la facultad de las partes de someterse a mediación. (“Afectación al proceso civil del Real Decreto Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles”. Procedimiento. Práctica de Tribunales, nº 93, mayo 2012. Editorial La Ley 4335/2012.)

42 Lucía García García. (2003).  “Mediación familiar: prevención y alternativa al litigio en los conflictos familiares”. Madriod. Ed. Dykinson,  2003. En línea  disponible en http://site.  ebrary.com/id.10721768.  Pags. 221, 224.


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