AUSENCIA DE NORMATIVIDAD ADECUADA EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO

Amalia Patricia Cobos Campos

Profesora y Coordinadora de Docencia del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho

Universidad Autónoma de Chihuahua, México

pcobos@uach.mx

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Resumen

Dada la relevancia de los procesos de evaluación y acreditación de la educación superior, y toda vez, que los organismos que se encargan en México de su realización, son de índole privada, resulta de vital importancia establecer los mecanismos legales que regulen dichos procesos, para un más eficaz funcionamiento de estos y de los organismos creados para su supervisión. El marco legal es sin duda el punto de referencia más importante de cualquier organismo, con mayor razón cuando hablamos de estos procesos que inciden de manera tan significativa en la educación superior.

Abstract

Given the significance of the processes of evaluation and accreditation of higher education, and every time the bodies responsible in Mexico of its realization, are of a private nature, it's important to establish the legal mechanisms that regulate these processes for a more effective functioning of these and bodies to monitor your. The legal framework is without a doubt the reference point more important of any body, more so when we talk about these processes affecting so significantly in higher education.

Palabras clave: Normatividad, acreditación, evaluación, educación superior

Keywords: Regulation, accreditation, assessment, higher education

Sumario: 1. Introducción. 2. Antecedentes. 3. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta hacia futuro la educación superior en México?. 4. Regulación legal en materia de evaluación y acreditación de la Educación superior en México. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía.

 

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• Introducción

La importancia de regular adecuadamente los organismos de evaluación y acreditación en México es innegable a la luz de la relevancia que los mismos han asumido en el desenvolvimiento de la educación superior. La educación en el mundo se transforma con un nuevo modelo educativo que deja atrás las tradicionales posturas maestro-alumno, para dar vida al aprendizaje centrado en competencias. Este nuevo modelo se concibe a la luz de un mercado de trabajo cada vez más demandante en cuanto al perfil de egreso de los profesionistas, generando igualmente, nuevos retos a las instituciones educativas de cualquier nivel, aunque el presente análisis se centrará únicamente en los relativos a la educación superior.   

En todo este entorno, los mecanismos legales adecuados representan una cuenta pendiente  en lo que a México respecta. En muchos países, los organismos de acreditación de la educación surgen, algunos desde sus inicios, acompañados de un proceso legislativo y otros, posteriormente regulados, lo que en ambos casos permite un adecuado desempeño de su función. Esta normatividad permite que tengan vida y personalidad jurídica, lo que no ocurre en el caso de México, ante la ausencia de regulación legal.

En cuanto a los primeros podemos citar ejemplos como el de Costa Rica, que cuenta con el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior en Costa Rica (SINAES), el cual se constituyó en el año 1999 y que cuenta con dos leyes que sustentan su accionar, la Ley Nº 8256 que le otorga el carácter de órgano oficial de acreditación  La Ley que otorga al SINAES el carácter de órgano oficial de acreditación es la Nª 8256 (aprobada en el 2002). y la Ley Nº 8798 de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior.

Argentina, por su parte, dio vida al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) regulado por la Ley Nacional de Educación  Superior No. 24.521.

Brasil cuenta con el Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) que fue creado por la ley 10.861, de 14 de abril de 2004.
Lo anterior, sólo por citar algunos de los países que, a diferencia de México cuentan con una regulación legal de sus organismos de acreditación, cosa que en éste último no ha ocurrido, por el contrario, estos han surgido como organismos privados,  y se desenvuelven  bajo sus propios lineamientos, ausentes de una legislación que los reglamente  y les dé vida jurídica.
  

México es un país de contrastes, simultáneamente al crecimiento urbano desproporcionado de las granes ciudades como el Distrito Federal Guadalajara, Monterrey,  entre otras de menor envergadura, se encuentran zonas del mismo que parecen muy lejanas a cualquier tipo de desarrollo económico y social, qué decir de la Educación Superior.

Si bien pareciera que los avances en materia de democracia a través de la alternancia, y el fortalecimiento de los órganos electorales, pueden incidir en un mejor desenvolvimiento educativo y crecimiento social,  esto no es así, aunque existen avances importantes, verbigracia en el caso de la equidad de género,  la realidad es que la pobreza se ha acrecentado, los jóvenes no encuentran oportunidades y obtienen una Educación Superior para después subemplearse sin ejercer su profesión. 1

La Educación Superior Pública en México ha realizado importantes avances, que se reflejan en los mecanismos de evaluación y acreditación, e incluso, en los procesos de selección de estudiantes, en éste último punto a través de la aplicación del examen  suministrado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), que permite una selección más adecuada de los aspirantes, ingresando al sistema de Educación Superior Pública, quienes están mejor preparados y reúnen el perfil adecuado para la carrera seleccionada, ante la evidente imposibilidad de dar cupo a todos los estudiantes que aspiran a ello, dicho organismo es una asociación civil sin fines de lucro, cuya actividad principal es el diseño y aplicación de instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias, así como el análisis y la difusión de los resultados que arrojan las pruebas.

 Desde 1994 proporciona información confiable y válida sobre los conocimientos y habilidades que adquieren las personas como beneficiarios de los programas educativos de diferentes niveles de educación formal e informal2

La acreditación de programas académicos, como un medio para reconocer y asegurar la calidad de la educación superior, tiene su antecedente inmediato en los procesos de evaluación que fueron relevantes en el mundo a partir de la década de los años ochenta.

En casi todos los países se establecieron políticas y programas sustentados por Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), entre otras.

Los albores de los procesos de evaluación de la educación superior en México se generaron en la década de los setenta integrándose a los programas de gobierno, influyendo en forma definitiva las iniciativas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); quedando institucionalizada con el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 del Gobierno Federal.

Así las cosas, “la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES) creó en 1989 la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA), la cual diseñó la estrategia nacional para la creación y operación del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior, sustentado en tres líneas de acción: la evaluación institucional (autoevaluación), la evaluación del Sistema y los subsistemas de educación superior y la evaluación interinstitucional de programas académicos y funciones de las instituciones, mediante el mecanismo de evaluación de pares calificados de la comunidad académica.”3

Asimismo, en 1991, se crean Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES), integrados por nueve cuerpos colegiados, compuestos por pares académicos del más alto nivel de las instituciones de educación superior de todo el país (IES). La misión fundamental de dicho organismo, es evaluar las funciones y los programas académicos que se imparten en las instituciones educativas que lo solicitan y formular recomendaciones puntuales para su mejoramiento, contenidas en los informes de evaluación, que se entregan a los directivos de las instituciones4

En  19 años de trabajo, los CIEES en principio, realizaron la evaluación diagnóstica, respecto a la acreditación de programas, el proceso ha sido más lento, estableciéndose  en 2002, año en que se asignó como una función específica de los CIEES en el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación.

A solicitud de la Secretaría de Educación Pública a partir de 2001, los CIEES iniciaron la clasificación de los programas evaluados en relación con la acreditación, esto con el propósito de impulsar la acreditación de programas académicos.

En ese primer año, los CIEES identificaron 285 programas de licenciatura como acreditables y en agosto de 2006, estos se incrementaron a 912  y se incorporaron 181 de Técnico Superior Universitario.

En  el año 2000 se estableció el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES),mediante acuerdo de la Secretaría de Educación Pública de México. El COPAES es la instancia encargada de conferir el reconocimiento formal a entidades privadas que pretendan otorgar acreditación a programas académicos y de dar garantía de legitimidad a los procesos de evaluación y acreditación que estos entes realicen.

El proceso de acreditación es de carácter voluntario, se refiere, tanto a óptimos de calidad, como a estándares básicos y se dirige a programas de pregrado, especializaciones, maestrías y doctorados; el Consejo tiene como funciones:

El COPAESestá integrado por diez académicos y cuenta con Comités Técnicos ad hoc. 5
Los cuerpos académicos por su parte se han fortalecido a través del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), el cual es un programa estratégico creado para elevar permanentemente el nivel de habilitación del profesorado, con base en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior. Así, al impulsar la superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos de las instituciones se eleva la calidad de la educación superior.6
El PROMEP sustituyó en las universidades públicas al anterior Programa Nacional de Superación del Personal Académico (SUPERA).
Asimismo, existe la beca al desempeño académico que permite un ingreso más digno a los docentes universitarios, pero que para su concesión exige que estos tengan perfil de investigador y de docente de tiempo completo simultáneamente, requiriendo asimismo que destine mucho tiempo a actividades extra clase que pueden ir en detrimento de la docencia misma, que es la función esencial a desempeñar, representando una duplicidad que a la larga pudiera ser más perjudicial que beneficiosa para la educación superior en nuestro país, por lo que deben implementarse los mecanismos idóneos que permitan que existan docentes e investigadores de manera separada aunque es obvio que estos últimos deberán seguir desarrollando labores docentes, no será ésta su mayor carga de trabajo.
Frente a éste panorama, es innegable el permanente avance de la educación superior en México y la profesionalización de los organismos de acreditación, que al ser organismos no gubernamentales, cuentan con independencia para la adecuada valoración de las instituciones de Educación superior, sean éstas públicas o privadas.
Es relevante hacer mención en el presente apartado del Consejo Nacional para  la Acreditación de la Educación Superior en Derecho A.C. mejor conocido por sus siglas como CONFEDE, 7 ya que es a dicho organismo a quién corresponde acreditar a las facultades de derecho de nuestro país, se trata de una asociación civil cuyo objetivo general se resume en:
“Evaluar y acreditar la calidad y pertinencia de los programas académicos de las IES que imparten estudios en derecho, respecto a la congruencia entre sus definiciones y objetivos institucionales con su operación, considerando los  estándares de calidad nacionales e internacionales, que entre otros, son los siguientes: autenticar la calidad de los egresados en Derecho de la IES, en base a los parámetros, indicadores y requisitos esenciales, mínimos y deseables que establezca el CONFEDE para tal efecto.”8
La relación de las instituciones de Educación Superior con éste organismo se da a partir de un contrato de prestación de servicios, por lo que las relaciones entre ambos estarán reguladas por el derecho civil, lo cual no resulta del todo apropiado dada la relevancia de la función que desempeñan en el desarrollo de la educación superior.
Cabe resaltar que “hasta el año 2003 únicamente 9 organismos habían sido reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) como acreditadores de programas en áreas específicas del conocimiento, número que aumentó a 25 en 2005. Al igual que el de los organismos acreditadores el número de los programas acreditados aumentó considerablemente entre 2003 y 2005, siendo el mayor número de ellos los programas en el área de las ingenierías y la contaduría y administración.” 9
3. ¿Cuáles son los retos a los  que se enfrenta hacia futuro la educación superior en México?
Un punto esencial lo es, como ya se apuntó con antelación,  el separar adecuadamente los perfiles el investigador de los del docente,  toda vez que en la actualidad al docente se le sobrecarga de trabajo, pretendiendo que sea ambas cosas en detrimento del adecuado crecimiento de dichas  funciones, ambas de vital importancia en el desenvolvimiento de la educación.
Se están dando de unos años a la fecha, cambios profundos en la manera de concebir la educación, ello implica, que esa nueva docencia centrada en el aprendizaje, a través del desarrollo de competencias, trastoca los roles tradicionales de alumno-docente y requiere no solo de nuevas figuras como las tutorías para su adecuado desenvolvimiento, sino también de nuevas actitudes, es este entorno un verdadero reto, cuyos frutos deberán reflejarse a futuro en una educación superior de alta calidad la cual deberá alcanzar a lo que menos tienen, para que a través de esa transformación, la sociedad misma evolucione hacia un entorno mas justo.
Por otra parte, estos cambios no se pueden dar si el docente no se capacita adecuadamente para evolucionar su propia docencia hacia los nuevos modelos educativos.  Es indispensable, de igual forma, el cambio de mentalidad de una importante cantidad de docentes que se resisten a la modificación  de sus técnicas de enseñanza-aprendizaje, por estimar que: “si las cosas han funcionado bien así, para que cambiarlas”, sin comprender que el cambio se está dando porque realmente el sistema anterior no funcionó y que, no se trata de una modificación caprichosa, sino de un cambio que se genera desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y que incide en la educación a nivel mundial.
De igual forma exige un transformación en la mentalidad del estudiante, de la pasividad a  que ha estado acostumbrado, a una intervención directa en su aprendizaje que él mismo debe construir, hay que dejar atrás y para siempre la mentalidad de asistir a la escuela por obligación y no por el convencimiento de que de ello depende su vida futura y crearles la firme convicción de que, si bien es cierto que se les proporcionarán herramientas para desempeñar una profesión, también se les darán otras que les permitirán un mejor desenvolvimiento personal y social.
Son muchos los patrones culturales, sociales y educativos a modificar para alcanzar una educación de calidad que permita a nuestros egresados ser competitivos en el mercado laboral y alcanzar los escasos espacios de trabajo  que se generan en un mundo en crisis económica permanente.
La Educación Superior en México debe “intentar responder a los patrones internacionales y la dinámica de los procesos de globalización económica. Estos procesos de globalización más propios de las economías post industriales, arrastrarán consigo tendencias hacia la organización posmoderna y la sociedad del conocimiento para apuntalar un proyecto hegemónico de sociedad global que de sustento al mercado global y a una democracia global. La sociedad del conocimiento más parece una utopía más cuya realidad implica que las IES se transformen bajo un guión de libre mercado como el imperativo de un pensamiento hegemónico cada vez más confrontado por las manifestaciones de la diversidad cultural”10 .
Si bien es cierto que los cambios en los últimos años han sido sustanciales, debemos coincidir con Rodríguez y Casanova en que dichos cambios “en las últimas tres décadas son altamente inconsistentes en términos políticos y sociales. A partir de los ochenta, las sucesivas gestiones presidenciales han dado forma a una suerte de modernización que no siempre ha resultado coherente y con rumbo definido. Se ha carecido de un planteamiento rector que articule las diferentes políticas gubernamentales en una dimensión de largo aliento y que atienda —desde una perspectiva de Estado—las demandas y necesidades de la sociedad mexicana. Las reformas impulsadas han privilegiado el corto plazo y una visión técnica de los complejos componentes del sistema educativo superior. En tal sentido, se han ignorado las dimensiones sociales del problema universitario en México y temas fundamentales de la educación superior nacional —como la democracia, la igualdad y la compensación de las diferencias sociales en México— han quedado subsumidos en la retórica de la modernización y de la funcionalidad técnica.”11
Luego entonces, para que la modernización de la educación se dé en todos los órdenes, primero debe existir un orden normativo adecuado que la sustente y geste los mecanismos adecuados para que tales cambios se realicen con la debida supervisión y generen una evolución idónea que nos permita posicionarnos en una educación de primer nivel.
4. Regulación legal en materia de evaluación y acreditación de la Educación superior en México

El sistema de Educación Superior en México se configura y sustenta en el artículo 3º Constitucional12 ; asimismo la fracción III del mismo precepto constitucional otorga facultades al ejecutivo Federal para determinar los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República, siendo la primeras tres enunciadas las que conforman la educación básica obligatoria.13

En cuanto a la materia que nos ocupa, la fracción VII del precitado numeral confiere a las Instituciones de Educación Superior el respeto a la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; así como la determinación de sus planes y programas; la posibilidad de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administración de su patrimonio.14

La Ley reglamentaria del multicitado precepto constitucional lo es la Ley General de Educación, la cual no contiene una regulación de los organismos acreditadores y solo hace mención a los mismos en su artículo 41, precepto en el que establece como facultad de la autoridad educativa federal establecer los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación en los diversos niveles de la educación, incluido el superior.15

Establece también la posibilidad de celebrar convenios con las universidades para los mismos efectos.

De igual forma, hace mención en algunos otros preceptos del término acreditación pero lo hace en el sentido de evaluar los conocimientos de los alumnos y no como proceso para las instituciones como se puede apreciar del precepto antes analizado, siendo dable concluir que no existen en la ley de la materia elementos que permitan regular los procesos de acreditación y evaluación de las instituciones y sus programas.

Por su régimen jurídico, las instituciones de educación superior en México,  pueden constituirse en 16:

A partir de esos principios se generan las políticas públicas de educación Superior  y se emite un Programa Nacional de Educación.

Sin embargo, nos encontramos con la ausencia de normas específicas para los procesos de acreditación y evaluación de la educación superior.

“En la descripción de las normas constitucionales [……….] es posible apreciar que ha sido voluntad del estado mexicano establecer la función de la educación como un servicio público susceptible de ser realizado en forma centralizada o descentralizada, por medio de organismos públicos o de los particulares; tener carácter federal, estatal o municipal; en consecuencia, es de afirmarse que la educación es una responsabilidad compartida por los diversos componentes del sistema político y social de nuestro país.”17

Ahora bien, dentro del límite de las facultades que la Constitución Federal confiere a los estados en materia de educación, podemos remitirnos a las Constituciones estatales. Éstas contienen bases jurídicas para la regulación educativa, rebasando las pretensiones del presente análisis la enumeración exhaustiva de toda la normatividad de las entidades federativas, baste en consecuencia para ello, tomar en vía de ejemplo una de ellas,  la del estado de Chihuahua, que contiene entre sus preceptos de relevancia para los fines pretendidos, el artículo 8º que consagra el derecho a la educación pública.18 , el 144 que alude a los fines y directrices de la educación estatal.19 Igualmente acorde a lo anterior,  la ley estatal de educación para el estado de Chihuahua20 regula la materia, sin que de su redacción pueda inferirse directriz alguna al respecto

Podemos en consecuencia afirmar, que con sustento en la Constitución Política de las  Entidades Federativas  y sus respectivas leyes Estatales de Educación, éstas se encontrarían en la posibilidad de crear normatividad conducente a regular los procesos de evaluación y acreditación de la educación superior en los términos que la misma carta fundamental les establece, ateniendo a los intereses de orden público que les son propios, sin embargo hasta el momento, debemos reconocer que ninguna lo ha hecho.

5. Conclusiones

La educación superior de nuestro tiempo se enfrenta a retos sin parangón, al existir una transformación toral en los esquemas educativos mundiales, que evolucionan a técnicas educativas centradas en el aprendizaje, las cuales tienen como meta esencial proporcionar al estudiante las destrezas y habilidades que le permitan contar con las herramientas necesarias para la solución de problemas no solo en el desempeño de su profesión sino en su desenvolvimiento social.

Se parte en principio de parámetros de calidad21 , que implica un aprendizaje significativo y en ese proceso se hace evidente la necesidad de contar con mecanismos de medición que permitan visualizar los niveles de cambio que se van gestando en las instituciones y cómo inciden en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y es así como surgen los procesos de evaluación y acreditación de la  educación superior.

Es importante establecer que ambos procesos son distintos y no van necesariamente unidos, en la mayoría de las ocasiones se dan sucesivamente, primero se evalúa y si procede se acredita. En principio la evaluación como su nombre lo indica alude a formas de medición cuyos baremos dependen de aquello que queremos medir, y en este caso, ¿cómo medir el desempeño de las instituciones de educación superior?

Se han establecido algunos factores que son los que permiten realizar dicha evaluación cuya complejidad es dable reconocer. En principio se parte del desarrollo personal holístico del estudiante, no basta un aprendizaje sesgado, enfocado únicamente a sus habilidades profesionales, debe a demás permitirle ser analítico, creativo e innovador.

Por otro lado la acreditación ya no implica la medición, sino la determinación de que una institución cumple con los requisitos para impartir esa educación de calidad que los nuevos tiempos exigen.

La necesidad de alcanzar ambos aspectos, evaluación y acreditación, fue lo que dio vida a los organismos encargados de hacerlo, las instituciones no podían autoevaluarse adecuadamente y requerían de un tercero que estuviera calificado para hacerlo y realizara el proceso de manera imparcial y crítica. 

 

Es innegable que los procesos de evaluación y acreditación de la Educación Superior en los distintos países influyeron en mejorar la calidad de ésta, y permitieron realizar un análisis autocrítico de los sistemas educativos imperantes en el mundo. Pusieron en consecuencia el dedo en la llaga, respecto a las debilidades en la estructura educativa, ello sin desconocer las fortalezas de la misma.
Implicó en efecto, la modificación de los patrones seguidos hasta entonces, y, entre ellos la trascendencia de la adecuada preparación de los docentes, fue de gran relevancia, toda vez que hasta entonces, únicamente se valoraba el conocimiento del docente, sin importar sus habilidades para trasmitirlo, lo que llevó inexorablemente a la llamada clase conferencia en la que la participación del alumno era prácticamente nula, porque no se atrevía a contradecir el magister dixit. Es por ello que el concepto de la función docente se ha transformado y abarca cuestiones inherentes al entorno cultural y sus modificaciones, a más de permitir una mayor participación del alumno en la construcción de su propio aprendizaje.
Otro punto esencial fue el analizar los perfiles de egreso y la eficiencia terminal, que hasta entonces habían estado algo olvidados, aunque debemos reconocer que respecto al perfil de egreso, siempre se buscó que el egresado tuviera la formación adecuada para desempeñarse con eficiencia en su carrera, sin embargo esa eficiencia se transformó en la búsqueda de calidad y mas que esto en la formación integral del mismo, ya que debemos reconocer que lo que son y hacen nuestros egresados trasciende en mucho a las aulas y se refleja en la sociedad misma y en su desarrollo.

Los países latinoamericanos han respondido al reto del nuevo modelo educativo y a la necesidad de evaluación y acreditación con denodado esfuerzo, y derivado de ello, la mayoría de los estados modernos cuentan con legislación reguladora de sus procesos de evaluación y acreditación de la educación superior.

Los organismos acreditadores fueron surgiendo, en la mayoría de los países dentro de la estructura gubernamental, lo que facilitó su regulación, en México no fue así, los organismos evaluadores y acreditadores, surgieron con fuerza, pudiendo incluso decir sin falso orgullo que es pionero en esos campos, como se asentó en párrafos antecedentes, ya que cuenta con prestigiados organismos de acreditación y evaluación, que tienen reconocimiento a nivel internacional, sin embargo, estos surgieron como entidades privadas constituidas como asociaciones civiles sin fines de lucro y sustentadas en sus propios reglamentos internos.

En consecuencia, a diferencia de otros países, no se cuenta con la normatividad necesaria para su sustento y mejor funcionamiento, por lo que, al respecto, es dable afirmar que es uno de los retos que nuestro país tendrá que vencer en un futuro inmediato, ya que si bien es cierto que México ha edificado de manera sólida sus procesos de evaluación y acreditación de la educación superior, también lo es, que la carencia de una normatividad adecuada frena los avances de los organismos e impide definir con claridad sus alcances y responsabilidades. 

La misma carta fundamental irroga al legislador federal la facultad, que en éste caso se traduce igualmente en obligación a su cargo, de gestar los cuerpos normativos que la función educativa requiera, lo cual determina con meridiana claridad en el artículo tercero, 22 empero éste ha sido omiso al respecto, desestimando la importancia de regular estos organismos a pesar de su incidencia en los procesos educativos, por lo que podríamos encontrarnos frente a lo que la doctrina constitucional actual llama omisión legislativa.
 
Con los fundamentos constitucionales antes apuntados es claro que debe legislarse a efecto de que se genere una a la podríamos denominar Ley Federal de Procedimientos de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, la cual deberá establecer los lineamientos mínimos de los procesos de acreditación, certificación y evaluación de la educación superior, los requisitos que deberán cumplir los organismos que intervengan en dichos procesos, y cuáles son los derechos y obligaciones que quienes intervienen en los mismos incluidas la instituciones de educación superior (IES).

Otro punto que sería muy relevante regular es la obligatoriedad de someterse a esos procesos cuando menos en las instituciones superiores, ya que a la fecha es opcional para éstas someterse a estos, lo que deriva en una evaluación incompleta que no beneficia a todos por igual, a más de ser costosa, ya que los organismos existentes cobran altas cuotas para la acreditación, la cual se está realizando por planes de programas académicos por regla general y no de manera institucional.

De tal suerte que, existiendo normas ad hoc, los antelados procesos contarán con un sustento legal, que les permita funcionar con más herramientas y no como sucede actualmente, que funcionan, como ya se dijo, basados en una normatividad interna que como organismos privados los rige, y que si bien parten de la buena fe y la búsqueda de eficacia y eficiencia, no pueden ser el basamento adecuado de cuestiones que son vitales para el adecuado desenvolvimiento de la educación superior en México que innegablemente incide en el desarrollo del país mismo.

No existe obstáculo alguno para que dicha legislación sea elaborada a nivel federal y se genere de igual forma la estatal, es pues, momento de que el legislador asuma la responsabilidad que la constitución le atribuye y elabore ésta legislación que redundará en beneficio de una mejor educación superior, lo cual no es poca cosa, en el status quo que vivimos, que exige patrones de calidad cada vez más altos en aras de la necesaria competitividad y de los retos a enfrentar ante un mundo en crisis y los avances imparables de la ciencia y la tecnología.

"Nunca antes en la historia el bienestar de las naciones
ha estado tan estrechamente vinculado a la calidad
y el alcance de sus sistemas e instituciones de enseñanza Superior."
(Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, junio de 2003).
6. Bibliografía

Páginas web consultadas:

Legislación consultada:

 

 

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