SOBRE EL USO DE LA LITERATURA EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO (i)

Pablo Raúl Bonorino Ramírez

Profesor Titular de Universidad – Filosofía del Derecho

Universidad de Vigo

bonorino@uvigo.es

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Resumen

En este trabajo se exploran tres variantes para utilizar la literatura como herramienta didáctica para la enseñanza del derecho y la teoría jurídica. La primera, denominada “derecho en la literatura“, que invita a explorar la manera en la que problemas jurídicos y políticos aparecen en las obras literarias. La segunda, llamada “derecho como literatura“, en la que se proponen analogías metodológicas entre el estudio del derecho y la teoría literaria. Y la tercera, a la que se denomina “derecho y literatura“, que propone establecer analogías parciales entre la actividad de interpretación que realizan los juristas y la que se lleva a cabo no directamente en textos literarios, sino en los trabajos teóricos que se realizan sobre ellos. Para poder ofrecer una imagen adecuada de las posibilidades didácticas de cada una de ellas se desarrollan tres ejemplos: la novela “Billy Budd, marinero” de Herman Melville, la teoría del derecho de Ronald Dworkin, y el texto de Borges “Pierre Menard, autor del Quijote”. De esta manera se muestra que se puede desarrollar un método de enseñanza del derecho en el que la literatura juegue un papel protagónico.

Palabras clave: Derecho, Literatura, Interpretación jurídica, Interpretación constitucional, Justicia, Castigo, Teoría jurídica.

Abstract

This paper explores three options for using literature as a pedagogical tool for teaching law and legal theory. The first, called "law in literature", which invites you to explore the way in which legal and political issues appear in literary works. The second, called "law and literature", proposed methodological similarities between the study of law and literary theory. And the third, called "law and literature", that aims to establish partial analogies between the activity of interpretation made by lawyers and which is performed not directly on literary texts, but in theoretical work carried out on them. In order to provide an accurate picture of the educational possibilities of each one, the paper develop three examples: the novel "Billy Budd, Sailor" by Herman Melville, the legal theory of Ronald Dworkin, and the text of Borges “Pierre Menard, author of Don Quixote". In this way, the paper shows how you can develop a method of teaching law in which literature plays a leading role.

Keywords: Law, Literature, Legal Interpretation, Constitutional Interpretation, Justice, Punishment, Legal Theory.

Sumario: 1 Introducción. 2 Distintas formas de usar la literatura en el aula. 3. El derecho en la literatura: naves y culpas. 4. El derecho como literatura: la novela en cadena de Dworkin. 5 Borges, el autor del Quijote y la interpretación constitucional. 6 Conclusiones.
 


1. Introducción

El objetivo de este trabajo es presentar de manera sucinta, las distintas formas de relacionar derecho y literatura que se han explorado en el seno de la teoría jurídica durante los últimos años. Para ello haré una breve presentación inicial de estos estudios, para luego presentar algunos ejemplos concretos representativos de sus principales tendencias: derecho en la literatura, derecho como literatura y derecho y literatura. Comenzaré con los trabajos que emplean las obras literarias como ilustraciones de ciertos problemas jurídicos generales, como la relación entre derecho y justicia. Luego, como representante de un enfoque que pretende establecer una analogía metodológica profunda entre literatura y teoría del derecho, expondré las líneas principales de la propuesta de Ronald Dworkin, quien cree que el derecho puede ser entendido como una novela en cadena. Por último, como ejemplo del uso de la interpretación literaria como modelo para comprender la interpretación de las cláusulas constitucionales que establecen derechos fundamentales, el texto que guiará mi reflexión será El Quijote, pero no el escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, sino el que –de la mano de Borges- reescribiera Pierre Menard durante el siglo pasado. Espero que el resultado final, sin pretender ser exhaustivo, pueda ofrecer una imagen de las varias formas en que se puede utilizar la literatura para introducir al alumno en ciertas nociones jurídicas.

2. Distintas formas de usar la literatura en el aula

Los trabajos que desde la filosofía jurídica tendieron puentes entre el derecho y la literatura se pueden rastrear hasta principios del siglo pasado. Kelsen publicó La doctrina de Dante Alighieri sobre el Estado en 1905, por poner solo un ejemplo(ii). No obstante, el auge de este tipo de estudios se produce en la década de los setenta y ochenta en los Estados Unidos. Tal fue su magnitud que se han incorporado asignaturas de esta naturaleza en los planes de estudio en muchas universidades y, como no podía ser de otra manera, ha dado lugar a una gran variedad de enfoques y tendencias(iii).

Se han propuesto varios esquemas clasificatorios para dar cuenta de la riqueza del Law and Literature Movement (como se lo suele denominar). En ellos se diferencian los distintos objetos de estudio y, dentro de cada corriente, se especifican las variantes más importantes (Cf. García Amado 2003). No es mi interés ingresar en comparaciones sobre clasificaciones, sino valerme de una (que no entre en colisión con los aspectos centrales de las principales propuestas existentes) para introducir luego algunos ejemplos concretos de estudios que se podrían adscribir a este fértil campo(iv).

Propongo distinguir los trabajos de esta corriente en tres grandes grupos(v). El primero de ellos, al que llamaré derecho en la literatura, explora la manera en la que ciertos problemas jurídicos y políticos aparecen en las obras literarias. Suele apelar, por lo general, a aquellas que se consideran cumbres de la literatura universal. Los textos de Shakespeare, Kafka, Dostoievski, o Melville, por ejemplo, acaparan buena parte de la atención. Pero también se centra en trabajos de menor valor literario pero con contenidos relacionados estrechamente con la problemática jurídica, como pueden ser las novelas de John Grisham.

Thomas Morawetz (1996) diferencia los siguientes campos de interés en este tipo de estudios: (1) las recreaciones literarias de procesos judiciales, especialmente cuando se trata de casos difíciles o que movilizan los sentimientos de justicia del lector; (2) las distintas formas de ser y el carácter de los juristas, especialmente jueces y abogados, presentados en ocasiones como héroes y en otras como villanos; (3) los usos simbólicos del derecho y su papel en la configuración de las sociedades; (4) el tratamiento que el derecho y el Estado dan a las minorías o grupos oprimidos: mujeres, inmigrantes, etnias, colectividades religiosas, etc.(vi)

Al segundo grupo lo denominaré derecho como literatura. En él quedan encuadrados aquellos trabajos que consideran que el derecho y la literatura poseen una naturaleza común. Autores que sostienen, por ejemplo, que el derecho consiste en un gran relato que da fundamento a un modelo de sociedad, mientras que los actos de los operadores jurídicos pueden entenderse como micro relatos, narraciones donde los hechos y las normas se conjugan para lograr el mayor grado de persuasión posible en el auditorio (Calvo 1996).

Finalmente, el tercero, al que llamaré derecho y literatura, incluye trabajos en los que se establecen analogías parciales entres ciertas actividades que realizan los juristas y aquellas que se pueden encontrar no directamente en obras literarias, sino en los trabajos teóricos que se realizan sobre ellas. La actividad común a la crítica literaria y al derecho más importante, para la mayoría de los trabajos de este grupo, es la interpretación. En ambas disciplinas encontramos el mismo tipo de posiciones básicas sobre la relación entre texto e intérprete: (1) las que consideran que el texto determina el significado que de él puede extraer el intérprete, (2) las que sostienen que la intención del autor del texto es la que permite hallar el verdadero sentido de un texto, y (3) las que afirman que el intérprete es quien atribuye significado a la obra, determinado por sus circunstancias personales y por la comunidad interpretativa en la que se inserta, con independencia del texto que tome como referencia (Cf. García Amado 2003: 370).

No se puede ofrecer una imagen adecuada de la manera en la que la literatura puede utilizarse para enseñar ciertas cuestiones jurídicas en cada una de estas variantes sin desarrollar con detalle algunos ejemplos. A ello dedicaré las tres secciones que siguen. Comenzaré con los trabajos que emplean las obras literarias como ilustraciones de ciertos problemas jurídicos generales, utilizando la exégesis de la novela Billy Budd, marinero de Herman Melville (1986). En ella se puede apreciar la íntima relación que existe entre el derecho y la justicia, a través de la relevancia práctica que pueden asumir los presupuestos filosóficos en los actos concretos de aplicación de castigos jurídicos. Luego, como representante de un enfoque que establece una analogía metodológica profunda entre literatura y teoría del derecho, expondré las líneas principales de la propuesta de Ronald Dworkin, quien cree que el derecho consiste en una práctica interpretativa que puede ser entendida como la construcción de una novela en cadena. Por último, como ejemplo del uso de la interpretación literaria como modelo para comprender la interpretación jurídica, haré uso del Quijote, pero no el escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, sino el que (de la mano de Borges) reescribiera Pierre Menard durante el siglo pasado. De él podremos obtener algunas lecciones para alumbrar la difícil tarea de interpretar las disposiciones constitucionales que expresan derechos fundamentales(vii).

3. El derecho en la literatura: naves y culpas

Herman Melville escribió Billy Budd, marinero en 1889, dos años antes de su muerte (aunque la obra no fue publicada hasta 1924). La acción se ubica en 1797, pero termina con la fecha “19 de abril de 1891”. Melville la relaciona expresamente con el ambiente generado por la reciente Revolución Francesa, que había generado varios motines en alta mar. Esta información constituye el telón de fondo para los sucesos narrados.

Billy Budd, marinero en un buque mercante, es alistado por la fuerza para servir en una nave de guerra. Su belleza, juventud, inocencia y bondad lo distinguen entre sus compañeros de travesía. Pero también su incapacidad para hablar en público. El maestro de armas, Claggart, encargado de las funciones policiales, es la contracara moral de Budd. Sus reacciones ante el joven oscilan entre la febril pasión y el odio. Desde su llegada comienza a hostigarlo sin razón aparente. Los otros marineros advierten al muchacho de la inquina personal que Claggart siente por él, pero como Billy no conoce la maldad no atina a desconfiar. Aprovechando el recuerdo fresco de un motín reciente, Claggart lo acusa falsamente de sedición. El capitán Vere, funcionario correcto y contrario a los ideales de la Revolución Francesa, reúne al acusador y al acusado en su cabina. Durante el careo, por la impotencia que siente por no poder hablar en su propia defensa, Budd golpea a Claggart y lo mata. Ante el médico, el capitán sufre un ataque de excitación inusitado, durante el cual proclama la total inocencia de Billy Budd pero al mismo tiempo afirma que es su deber ahorcarlo. Convoca a un consejo de guerra sumarísimo, elige el tribunal y se erige en fiscal, defensor, testigo y juez. Budd niega el cargo de sedición, pero reconoce el homicidio accidental que ha provocado. Vere dice que le cree en voz alta, pero limita el caso sólo a la muerte de Claggart, pues considera que es mucho más grave para la disciplina militar. En su alegato final, el capitán funda la condena a muerte de Billy por las consecuencias que tendría en la flota el hecho de absolver a un marinero por la muerte de su superior. Durante la ejecución, Budd bendice a su capitán a pesar de todo. Al poco tiempo, Vere muere por heridas de combate y sus últimas palabras son “Billy Budd”. Un periódico naval narra lo sucedido resaltando el valor de Claggart, pero entre los marineros se entonan canciones y se santifica la figura de Billy Budd.

Billy Budd, como Moby Dick en la novela más famosa de Melville, sólo es importante en el relato como generador de reacciones en los otros personajes de la obra, en este caso Claggart y Vere. Hay ciertas marcas en el texto que sugieren que lo importante es determinar la naturaleza oculta de esos personajes, tomando como punto de referencia sus extraños comportamientos (ver capítulos II, XII y XXII). Budd posee una belleza casi femenina, lo que lo transforma en objeto de deseo inconsciente de muchos miembros de la tripulación, compuesta por hombres con una prolongada abstinencia sexual (al menos heterosexual). El grado en que ese deseo oculto puja con la fuerza inversa de su represión, (por la carga moral negativa con la que se vive la homosexualidad en el ámbito militar), permite explicar muchas de las reacciones de los personajes: (1) el capitán del buque mercante en el que servía Budd al inicio de la obra se larga a llorar cuando su marinero favorito es reclutado por la fuerza (amor filial); (2) los marineros sienten fervor por Billy (amor amistad); (3) los apodos que le ponen en el buque, como “baby”, “bouty”, “handsome”, ponen de manifiesto los sentimientos ocultos que despierta (el chiste canaliza lo reprimido); (4) la necesidad de destruir el objeto que genera el deseo reprimido por razones morales es lo que motiva aparentemente los actos de Claggart y, en cierta medida, también los de Vere. Como dice Melville en el texto –casi de forma contemporánea con Freud- la locura (neurosis diría el vienés) no posee fronteras claras, es cuestión de grados como los colores del arco iris. El relato juega con todos estos elementos en el terreno de la ambigüedad. Parafraseando a Borges en sus Ensayos dantescos: en el relato Claggart es y no es un homosexual reprimido, esta es su esencia. Esto hace a la novel de Melville una pieza literaria valiosa, pues admite esta y muchas otras lecturas (Cf. Thomas 1987).

La novela plantea también problemas jurídicos de gran importancia. En primer lugar, se la puede entender como una crítica al llamado “proceso inquisitivo”, en el que el juez asume la labor de investigación y posterior juzgamiento de esos hechos. En los que la separación entre acusador y juez se desdibuja, en la que no se da publicidad al proceso, y en el que no existe ni libertad probatoria ni defensa técnica garantizada. Es este tipo de proceso el que lleva a cabo Vere, quien reconoce que “ante un tribunal menos arbitrario y más misericordioso… esa alegación [el estado emocional en el que se encontraba Budd cuando golpeó a Claggart] sería ampliamente atenuante. Y en el Tribunal Supremo llevaría a la absolución.” (Melville 1986: 190). En un proceso acusatorio no se hubiera podido condenar a un inocente de forma tan descarada (o al menos no con la pena máxima).

Pero la crítica más directa se formula contra el utilitarismo como filosofía moral y política (y como forma de justificar moralmente la imposición de castigos jurídicos)(viii). Vere decide la muerte de Budd mucho antes de celebrar el proceso, lo que hace luego es buscar una justificación jurídica para su decisión. Crea el tribunal, limita el caso y las reglas a emplear, fija su interpretación, pero aun así su sentencia no está basada en razones legales. Ante el pedido de clemencia del teniente que formaba parte del tribunal (“¿No podemos condenar y sin embargo mitigar el castigo?”), Vere responde: “Teniente, aunque eso fuera claramente legal para nosotros en estas circunstancias, considere las consecuencias de tal clemencia. La gente –refiriéndose a la tripulación del barco- tiene sentido común: la mayor parte de ellos conocen nuestros usos navales y tradiciones, y ¿cómo lo tomarían? Aunque se les pudiera explicar… no tienen esa especia de reacción inteligente que podría capacitarles para comprender y discriminar. No, para la gente, la acción del gaviero… será sencillo homicidio cometido en flagrante acto de sedición. Ellos saben que castigo ha de seguir a eso. Pero no se sigue. ¿Por qué?, meditarán. Ya saben lo que son los marineros. ¿No volverán a los recientes disturbios del Norte? Sí. Conocen la alarma bien fundada; el pánico que difundió por Inglaterra. Considerarían cobarde su sentencia clemente. Creerían que nos echamos atrás, que les tenemos miedo, miedo de practicar un rigor leal singularmente requerido en esta coyuntura, para que no provoque nuevos disturbios. ¡Qué vergüenza para nosotros tal conjetura por parte de ellos, y qué mortal para la disciplina! Ya ven entonces adónde apunto firmemente, impelido por el deber y por la ley… En resumen, Billy Budd fue normalmente declarado culpable y sentenciado a ser colgado de un penol al comenzar la guardia de alba, por ser entonces de noche: de otro modo, la sentencia se habría cumplido en el acto.” (Melville 1986: 191-193).

Si leemos los fundamentos de Vere, y a pesar de su intento por derivar su condena de las leyes navales vigentes, vemos con claridad que sus razones fueron muy distintas. El código militar hubiera servido tanto para condenar a muerte a Budd como para optar por otro tipo de condena revisable posteriormente. La opción por una de ellas se hizo teniendo en mente las consecuencias del acto de castigo (o de su ausencia). Esta es la justificación que los utilitaristas han ofrecido para el castigo. Una pena está justificada si trae aparejadas consecuencias socialmente deseables. El castigo busca disuadir al delincuente de cometer nuevos delitos (teoría de la prevención especial), y al resto de la comunidad de intentar transgredir la ley (teoría de la prevención general). Una de las objeciones que más a menudo se han formulado contra este tipo de posiciones es que consideraría justificado castigar a un inocente, si con ello se lograrán consecuencias socialmente valiosas. Esto es precisamente lo que ilustra con claridad el caso de Billy Budd(ix). El texto de Melville en este caso serviría como un excelente disparador para el inicio de las discusiones teóricas más profundas.

4. El derecho como literatura: la novela en cadena de Dworkin

Ronald Dworkin criticó con agudeza la teoría de Hart, la posición positivista dominante en los años sesenta en el mundo jurídico anglosajón. A partir de ese momento, sus trabajos constituyeron el centro de innumerables polémicas en el seno de la disciplina y más allá de sus límites también. Dworkin construyó lentamente una propuesta teórica basada en presupuestos filosóficos aparentemente muy diferentes de aquellos en los que se sostenía la de su principal adversario. En vez de continuar trabajando en el marco de la filosofía analítica del lenguaje ordinario, optó por realizar un giro interpretativo en los primeros años de la década de los ochenta. Es en ese momento en el que vuelve su cabeza hacia la literatura en busca de inspiración. Considera que en un nivel profundo, tanto el derecho como la literatura entienden la interpretación de la misma manera: como un intento por mostrar al objeto interpretado como lo mejor que puede ser dentro de su género. Pero antes de ingresar en este aspecto de su teoría, conviene ubicar mejor al personaje en el panorama iusfilosófico contemporáneo(x).

Ronald Myles Dworkin nació el 11 de diciembre de 1931, en la ciudad de Worcester, Massachusetts (EEUU). El desarrollo de su filosofía jurídica se suele dividir en tres fases. La primera etapa de su pensamiento está marcada por una profunda crítica al positivismo jurídico, representado por Hart, y por su oposición al utilitarismo como teoría política, principalmente a través del desarrollo de una teoría de los derechos individuales como derechos pre jurídicos (Dworkin 1977). En una segunda etapa o período de transición, a partir de la segunda mitad de la década de los setenta, comenzó a dar forma a una teoría alternativa del derecho, pero sin precisar todavía cuales iban a ser los fundamentos que le permitirían diferenciarse de sus oponentes teóricos (Dworkin 1985). En la tercera fase, Dworkin defiende una concepción interpretativa de la teoría jurídica y la expone de forma completa en su libro Law´s Empire (Dworkin 1986, en adelante LE). De forma paralela, Dworkin ha realizado un aporte muy importante en el campo de la filosofía política, trabajando en la construcción de una concepción igualitaria del liberalismo, fundamentada mediante una estrategia que no requiere aislar la política de la concepción de la buena vida, y en la que intenta compatibilizar la defensa de la libertad con la defensa de la igualdad; todo ello mientas protagonizaba algunas de las discusiones jurídicas más candentes en el seno de la práctica norteamericana (Dworkin 1994, 1996, 2000).

La producción académica de Dworkin comenzó como una crítica interna a la teoría que Hart expuso en The Concept of Law [El Concepto de Derecho] (Hart 1994, en adelante TCL), porque consideraba que era incapaz de explicar la pertenencia de los principios al derecho. La forma en que los distintos pensadores positivistas han intentado evitar las objeciones que surgen de esos argumentos de Dworkin, ha marcado el desarrollo posterior de la corriente en el mundo jurídico anglosajón. El argumento central de Dworkin sostiene que en los casos difíciles los juristas discuten sobre derechos y obligaciones jurídicas apelando a principios. El positivismo jurídico debía ser rechazado porque resultaba incapaz de explicar esta característica del razonamiento judicial sin renunciar a sus tesis básicas. Especialmente la llamada prueba de pedigrí, que en la teoría de Hart era proveída por la Regla de Reconocimiento.

A grandes rasgos podemos identificar dos líneas que han sido denominadas de diferentes maneras a lo largo de las discusiones según la posición que asumen respecto de la incorporación de los principios de moralidad como condición de validez jurídica: (1) Positivismo jurídico excluyente, no-incorporacionista o duro. El principal representante de esta línea es Joseph Raz. En ella se responde al desafío de Dworkin afirmando que se puede explicar cómo los principios jurídicos adquieren su validez jurídica de la misma forma que se hace con las reglas, esto es a través de los criterios que establece la regla de reconocimiento. En pocas palabras, esta vertiente del positivismo no se compromete con un modelo de reglas, pero para ello no cree necesario abandonar la doctrina de la regla de reconocimiento ni la separación estricta entre derecho y moral. (2) Positivismo jurídico incluyente, incorporacionista o blando. Uno de sus principales defensores es Jules Coleman, aunque después de la publicación del PostScript a TCL se puede decir que el representante más importante de esta corriente es el propio Hart (1994). También aceptan que la regla de reconocimiento puede incluir principios de la misma manera que reglas. Sin embargo, difieren en la forma en la que entienden el impacto de esta inclusión. Las condiciones de validez de un sistema jurídico quedan establecidas de dos maneras: algunas pautas pertenecen al sistema por su origen y otras por sus contenidos morales. Esta presentación puede resultar sumamente esquemática, pero alcanza para mostrar la gran influencia que ha ejercido la crítica de Dworkin en la filosofía jurídica anglosajona.

Hasta qué punto sus críticas al positivismo resultan aceptables y su propuesta permite superar esas dificultades, es algo que todavía se encuentra en plena discusión. Pero la teoría de Dworkin debe mantenerse en pie independientemente del éxito que pueda tener en sus ataques a Hart. La base de su teoría la constituye la aspiración de que los “derechos sean tomados en serio”. Esto significa preservar los derechos individuales frente a cualquier intento de avasallamiento por parte del Estado. Todas sus tesis específicamente jurídicas, como la teoría del razonamiento judicial y la tesis de la respuesta correcta, son desarrolladas para defender su concepción liberal del derecho. Cuando en 1986 Dworkin publicó LE muchos supusieron que en ella presentaría de forma sistemática todos los aspectos de su pensamiento filosófico y que contestaría a las críticas que había recibido a lo largo de casi veinte años de discusiones. Por ello en un primer momento la obra generó cierta desilusión. El tono en el que estaba escrita resultaba poco técnico y riguroso, más apropiado para una obra de divulgación que para lo que los especialistas esperaban de ella. También sorprendió la despreocupación expresa de Dworkin por hacer compatibles sus viejas tesis con los nuevos fundamentos que ofrecía en su libro (LE: viii). Pero de inmediato se reconoció su importancia y actualmente es considerada una de las obras más importantes de la filosofía jurídica anglosajona del siglo pasado.

En pocas palabras, este es el argumento que Dworkin desarrolla y defiende en LE:

(1) Las teorías semánticas del derecho, como el positivismo que defiende Hart, deben ser rechazadas porque no permiten explicar adecuadamente los desacuerdos entre juristas en los casos difíciles. El concepto de derecho es un concepto interpretativo. Los jueces deben determinar lo que es el derecho en cada caso, interpretando la práctica de otros jueces cuando deciden lo que es el derecho. Las teorías generales del derecho constituyen a su vez interpretaciones generales de nuestra propia práctica judicial (LE: Cap.1).

(2) Interpretar significa mostrar al elemento interpretado haciendo de él lo mejor que puede ser. Por ello, el resultado de dicha actividad debe ajustarse al elemento interpretado y al mismo tiempo debe justificarlo, esto es debe mostrarlo en su mejor perspectiva (LE: Cap. 2).

(3) Las diferentes interpretaciones generales de nuestra práctica constituyen distintas concepciones que pretenden explicar y justificar el uso que en nuestra práctica se hace de la fuerza pública (LE: Cap. 3).

(4) Tanto el convencionalismo como el pragmatismo (versiones interpretativas del positivismo y del realismo respectivamente), deben ser rechazadas porque no se ajustan ni justifican adecuadamente nuestra práctica jurídica. (LE: Cap. 4 y 5).

(5) La tercera concepción del derecho, defendida por Dworkin, se denomina “derecho como integridad”. Se basa en la consideración de la integridad como virtud política en igual plano que la justicia, la equidad y el debido proceso. Esto se encuentra justificado por el hecho de ser esa virtud la que permite concebir a nuestra comunidad política como una asociación de principios (LE: Cap. 6).

(6) El derecho como integridad se articula en torno al principio judicial de integridad. Este principio exige a los jueces que resuelvan los casos difíciles tratando de encontrar la mejor interpretación constructiva de la estructura política y de la doctrina jurídica de su comunidad, en algún conjunto coherente de principios respecto de los derechos y los deberes que tiene la gente en esa comunidad. Esta concepción presupone la existencia de una respuesta correcta y verdadera en los casos difíciles, que los jueces deben buscar, aunque su verdad no pueda ser demostrada y siempre constituya una cuestión controvertida (LE: Cap. 7).

(7) El derecho como integridad no sólo justifica nuestras prácticas, sino que también se ajusta adecuadamente a la forma en que los jueces argumentan en los casos difíciles. Dworkin apuntala esta afirmación mostrando la forma en la que Hércules (juez hipotético que acepta el derecho como integridad y que sólo tiene en cuenta los compromisos con el derecho) resolvería casos que caen en la esfera del common law (LE: Cap. 8), de diferentes estatutos (LE: Cap. 9) y de una constitución escrita (LE: Cap. 10).

(8) Finalmente, Dworkin sugiere que se debe distinguir entre integridad inclusiva e integridad pura. La integridad inclusiva se encuentra sujeta a los constreñimientos que la equidad y el debido proceso imponen al decidir lo que es el derecho. Es la que determina el contenido actual de nuestro derecho y constituye la guía en la labor de los jueces y juristas. La integridad pura, por otra parte, sólo toma en cuenta la dimensión de la justicia. Lo hace para mostrar cuál es el camino que debe seguir la práctica jurídica en su desarrollo, a los efectos de reformarse y acercarse al ideal de justicia que sólo parcialmente plasma. Esta tarea es la que constituye la principal labor de los filósofos políticos (LE: Cap. 11).

Dworkin analiza el razonamiento judicial a partir de una analogía con la interpretación en el dominio del arte. Interpretar un texto artístico es tratar de mostrarlo de la manera que lo revele como la mejor obra de arte que él puede ser. Quien interpreta una obra de arte lo hace a partir de ciertas creencias inarticuladas sobre los aspectos formales del arte (aquellos aspectos que hacen a la identidad de la obra de arte y que permiten distinguir entre las tareas de interpretar una obra dada y crear una nueva). Pero también opera a partir de creencias tácitas sobre lo que es el buen arte (teorías estéticas normativas). Los dos tipos de creencias están presentes en el juicio de que cierta forma de leer un texto lo hace mejor texto que otra (Dworkin 1985, 1986).

Dado que el objetivo de Dworkin es utilizar la interpretación literaria como modelo para el análisis del razonamiento de los jueces, necesita mostrar cómo en ciertas circunstancias la distinción entre artista y crítico podría ser erosionada. Para eso supone la siguiente situación: un grupo de novelistas se reúnen para escribir una novela, cada uno escribe un capítulo y se sortea el inicio. El que comienza debe remitir lo que ha escrito al que debe escribir el siguiente capítulo, quien se compromete a continuar la novela, no a escribir una nueva. El segundo participante, al finalizar, hace lo mismo, y así se desarrolla una cadena hasta terminar la obra.

De esta manera cada novelista, salvo el primero, tiene la doble responsabilidad de interpretar y crear, porque cada uno debe leer todo lo escrito hasta el momento para poder establecer, en un sentido interpretativo, qué es la novela creada hasta ese momento. Esta interpretación no puede consistir en la búsqueda de las intenciones del autor, pues no hay ningún autor singular a cuyas intenciones pueda el intérprete apelar para apoyar su propuesta.

Según Dworkin, decidir un caso difícil en derecho se parece a este extraño juego literario. Un juez al tomar una decisión debe escoger el principio que represente la mejor lectura de la cadena de decisiones precedentes que él debe continuar. ¿Sobre qué discrepan aquellos que no están de acuerdo sobre la mejor interpretación de un precedente jurídico? Siguiendo el paralelo establecido con la crítica literaria, Dworkin afirma que una interpretación plausible de las prácticas jurídicas debe también satisfacer una prueba de dos dimensiones: debe ajustarse a los hechos que constituyen la práctica y, al mismo tiempo, debe mostrar su valor o sentido. Pero el valor en este caso no puede entenderse como valor artístico, porque el derecho no es una actividad que persiga una finalidad estética, como lo es la literatura. El derecho es una empresa política, por lo que una interpretación jurídica de un sector del derecho debe mostrar el valor del mismo en términos políticos.

La mejor manera de entender la analogía que Dworkin propone con el dominio artístico, es analizando la forma en la que interpreta la disputa constitucional norteamericana respecto del aborto (Dworkin 1994, 1996). Esto nos permitirá afinar la noción de “interpretación jurídica”, mostrando las fases que en ella se pueden distinguir, y al mismo tiempo, introducir el otro elemento característico de su concepción del derecho: la idea de “integridad”.

En los EEUU la controversia jurídica sobre la penalización del aborto fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia. En 1973 al resolver el caso Roe vs. Wade sostuvo que cualquier ley que prohibiera el aborto durante los seis primeros meses de gestación, fundándose en una supuesta obligación de proteger al feto, resultaba inconstitucional. Lo esencial de esta línea jurisprudencial se ha mantenido a lo largo de los años, incluso con mayoría de miembros conservadores en la Corte, tal como quedó de manifiesto en la resolución del caso Casey en 1992. No obstante, las disputas en torno al fallo han sido constantes y muy virulentas. Para Dworkin todos los involucrados en esa discusión aceptan la idea de que la vida humana es sagrada (intrínsecamente valiosa o inviolable). El origen de sus discrepancias se encuentra en las distintas concepciones que defienden sobre dicha noción. De esta manera, el desacuerdo respecto del aborto se presenta como el reflejo de un desacuerdo más profundo, de carácter espiritual, entre distintas concepciones respecto del valor de la vida humana.

En Life`s Dominion Dworkin (1994) pretende defender el contenido del fallo ante la posibilidad de que fuera cambiado si se alteraba la composición del máximo tribunal norteamericano durante el gobierno conservador. Sostiene que, para poder llegar a una respuesta constitucional satisfactoria a la cuestión del aborto, se deben resolver previamente dos problemas. El primero es determinar si realmente las mujeres son titulares de un derecho constitucional a controlar su propio papel en la procreación. El segundo es analizar si el Estado puede imponer la concepción respecto de lo que hace valiosa a la vida humana que defienden la mayoría de sus ciudadanos.

¿Cuál es la forma en la que Dworkin cree que se puede limitar la arbitrariedad judicial al resolver estas cuestiones? La primera es haciendo visible los fundamentos morales y políticos presentes en todo intento por fijar el alcance de las cláusulas constitucionales abstractas. La segunda es exigiendo buenos argumentos para defender las opciones que en ese terreno se formulen. Esto exige comprometerse, a su entender, con las siguientes dos posiciones: (1) rechazar la idea incorrecta de que ante un caso difícil y, en ausencia de reglas mecánicas para resolver las cuestiones valorativas, no hay manera de determinar cuándo un argumento es mejor que otro; y (2) aceptar que a partir del concepto mismo de derecho surge la idea que puede permitir elegir entre argumentos rivales. Es el principio de integridad, que los jueces deben aceptar con independencia de las convicciones respecto de la justicia o de la equidad que posean.

La integridad en el derecho establece que los jueces deben fundar sus decisiones en principios y no en razones de interés político. Estos principios deben ser consistentes con los principios subyacentes en los precedentes de la Suprema Corte y en las principales estructuras constitucionales. Una vez aceptado un principio como fundamento para resolver un caso determinado el juez debe aplicarlo toda vez que sea pertinente, incluso en otras esferas distintas de la que dio origen al caso inicial. A partir de estas reflexiones, Dworkin construye dos argumentos independientes en defensa de la interpretación constitucional realizada por la Corte Suprema norteamericana al resolver el caso Roe v. Wade.

El primero refuerza la existencia del derecho a la privacidad, que surge de la mejor interpretación de la cláusula de debido proceso contenida en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución Norteamericana y de la forma en que la Corte Suprema la ha aplicado en sus decisiones anteriores. Este derecho, aplicado al campo de la reproducción humana, da lugar al denominado principio de autonomía procreativa, que protege de las intromisiones estatales a aquellas decisiones relacionadas con engendrar o dar a luz a un hijo. Las decisiones en materia de procreación se consideran fundamentales porque las cuestiones morales en las que se basan deben ser consideradas religiosas en el sentido amplio antes descrito. Las decisiones que la Corte tomó en materia de anticoncepción (desde el caso Griswold en adelante(xi)) pueden ser explicadas como presuponiendo la existencia de este principio, formulado tal como Dworkin propone, y al mismo tiempo pueden ser justificadas apelando a él. La integridad exige que los principios necesarios para dar fundamento a un conjunto de decisiones sean aceptados de la misma manera también en otros contextos (a menos que se consideren erróneos). Esto requiere a su vez el reconocimiento general del principio de autonomía procreativa, lo que implica reconocer el derecho de la mujer no sólo a decidir cuándo concebir, sino también a decidir cuándo dar a luz a un niño. La prohibición del aborto antes de que pueda considerarse viable al feto constituye una violación de este derecho y resulta, en consecuencia, inconstitucional.

El segundo argumento que Dworkin construye en apoyo de la interpretación realizada en Roe v. Wade sigue un curso diferente. También se basa en el reconocimiento del derecho a la autonomía procreativa, y en la fuerza del ideal de integridad en el razonamiento jurídico, pero localiza el punto de partida de la argumentación no en la cláusula de debido proceso, sino en aquellas que establecen la libertad religiosa en la Primera Enmienda de la Constitución Norteamericana. Estas cláusulas garantizan a todos los ciudadanos el “libre ejercicio” de su religión y prohíben al gobierno el “establecimiento” de una religión determinada. Se deben considerar creencias religiosas a todas aquellas que explican por qué y cómo la vida humana resulta inherentemente valiosa, aquellas que se presentan como respuestas a los interrogantes existenciales respecto de cuál es el sentido de la vida humana.

Dworkin sostiene que la Suprema Corte Norteamericana ha operado en la práctica con esa concepción al resolver, por ejemplo el caso Gillette v. United States en 1971. Si se acepta que las decisiones en materia de procreación (y especialmente en lo relativo al aborto) presuponen convicciones religiosas en ese sentido, entonces la existencia del derecho a la autonomía procreativa en la constitución norteamericana puede ser defendida también fundándola en las cláusulas de la Primera Enmienda. Se trata de una controversia religiosa en la que el estado estaría tomando partido por una de las posiciones en pugna. Al exigir conformidad con un tipo determinado de convicciones religiosas, el estado estaría violando las dos cláusulas de la Primera Enmienda. Por un lado limitaría el “libre ejercicio” de su religión a quienes les prohibiese tomar libremente la decisión de abortar y, por otro, estaría “estableciendo” de forma coactiva una religión colectiva(xii).

Según Dworkin, se pueden distinguir tres fases en toda interpretación jurídica. En la primera etapa se selecciona el material objeto de la interpretación, considerándolo como el parámetro en el que se plantea la cuestión interpretativa que ha generado toda la actividad. Esto no significa que dicho material, sean leyes o decisiones judiciales, no pueda ser objeto de una controversia interpretativa en otro contexto a los efectos de fijar su alcance o sentido. Pero no se pueden cuestionar todas las convicciones que componen un dominio al mismo tiempo. En el ejemplo que hemos presentado, en la etapa pre interpretativa se identificaron aquellas cláusulas constitucionales relevantes para resolver el problema de la constitucionalidad de las leyes que prohibían el aborto (decimocuarta enmienda), así como las principales decisiones del pasado en las que se resolvieron cuestiones de alguna manera relacionadas con la cuestión principal (Griswold entre otras), las que podían entenderse como paradigmas en la terminología del autor.

En la segunda etapa, se evalúan las posibles interpretaciones que se pueden proponer para dicho material en las dimensiones del ajuste y de la justificación. No es necesario que la interpretación propuesta se ajuste a todo el material considerado relevante, basta con que lo haga en su mayor parte. Además, siempre pueden considerarse algunas decisiones del pasado como erróneas si una nueva y mejor interpretación del resto del material así lo requirieran. En esta obra Dworkin rechaza muchas de las interpretaciones alternativas valiéndose únicamente de la dimensión del ajuste. También en ese caso quedó en claro que a veces las cuestiones relativas a la justificación requieren salir del marco en el que se planteó originariamente el problema, apelando a aquellos principios que justifican mejor al derecho como un todo (en el caso de Dworkin apelando a la idea de integridad). En el libro comentado se consideró que la mejor interpretación de la práctica constitucional norteamericana era aquella que mejor cumplía las exigencias que la integridad impone al derecho en general.

La denominada etapa post interpretativa depende del tipo de interpretación que se haya considerado la mejor en la fase anterior. Si se optó por una interpretación pacífica del material considerado relevante, entonces lo más probable es que proyectada en el futuro dicha decisión no altere la forma en que se venían resolviendo ese tipo de cuestiones. Si, por el contrario, se seleccionó una interpretación que condena como errores a una parte considerable del material de partida y que muestra al resto en una perspectiva novedosa, entonces la decisión generará alteraciones importantes en la práctica. Estas alteraciones pueden ir de la reforma de un área determinada hasta la revolución de todo el ordenamiento jurídico. En el caso Roe v. Wade el cambio fue importantísimo, todos los Estados que forman los EEUU debieron adecuar su legislación a lo dispuesto en dicha resolución, aun cuando sus legislaturas habían optado por soluciones opuestas. Estados Unidos se transformó de un día para el otro en la democracia occidental con la legislación más liberal respecto del aborto.

Como hemos podido apreciar en esta breve presentación, la base para entender qué es y cómo funciona el derecho se encuentra, según Dworkin, en el campo de la interpretación literaria.

5 Borges, el autor del Quijote y la interpretación constitucional

En el relato “Pierre Menard, autor del Quijote” Borges nos presenta la historia de Pierre Menard, quien escribió el Quijote reproduciendolo palabra por palabra varios siglos despues de su redacción por Miguel de Cervantes. En el texto encontramos dos narradores, Borges y Menard, que nos pueden servir para reflexionar sobre las vicisitudes de la interpretación, tarea a la que los juristas se enfrentan a diario. Desarrollare en las líneas que siguen algunas reflexiones relacionadas con esta cuestión, prestando especial atención a la tarea hermenéutica generada en torno al Quijote de Menard.

Propongo prestar atención a lo que Borges dice de su propia lectura del texto de Menard: “El texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico” (Borges 1996: 61). Apoya esta afirmación con dos argumentos: (1) el discurso de las armas y las letras, en la que Don Quijote decide la controversia en favor de las armas, en el texto de Cervantes puede ser explicado apelando a la biografía del manco de Lepanto. Sin embargo, en el caso del texto de Menard, ha dado lugar a un sin número de interpretaciones diversas, entre las que cita (1.1) la subordinación del autor a la psicología del héroe, (1.2) la trascripción literal del Quijote, (1.3) la influencia de Nietzsche, y (1.4) los hábitos retóricos del propio Menard, entre las que no cabe más que la tolerancia; y (2) el fragmento de la primera parte, capitulo IX en el que Don Quijote reflexiona sobre la historia, resulta en la versión de Cervantes “un mero elogio retórico de la historia” (Borges 1996: 62) y en la versión de Menard una audaz concesión al insipiente pragmatismo.

¿Qué es lo que le permite a Borges realizar estas afirmaciones, a primera vista sorprendentes? ¿Qué es lo que permite que los mismos signos físicos (palabras o sonidos) adquieran tan diversos sentidos? El sentido de un texto no parece encontrarse en los trazos que lo componen, sino en el ejercicio de interpretarlo, en el que irremediablemente juega un papel central el intérprete.

El intérprete, para dar sentido a un texto, no sólo debe conocer el lenguaje en el que está escrito sino que debe realizar inevitablemente conjeturas sobre las creencias e intenciones del autor y, para ello, sobre el contexto de producción del texto. Esta cadena, central en la concepción respecto del significado y de la interpretación que sugiere Borges, no tiene sin embargo un principio ni un final preestablecidos. Como sugiere la mera posibilidad de un Pierre Menard y como resalta el final del texto. La figura de Menard resulta totalmente prescindente, dado que siempre podremos ensayar las más interesantes e imaginativas interpretaciones de cualquier texto con solo modificar esos parámetros. Es más, parece ser que esta posibilidad, esta ambigüedad esencial, es lo que hace “clásicos” a ciertas obras. El texto de Borges parece contradecir a veces aquello que ha postulado un par de líneas antes. ¿Qué dejar y qué abandonar para superar las paradojas? Esto es algo que el texto no puede decir sin perder sus aspiraciones literarias.

Sin embargo podemos proyectar algunas consecuencias interesantes en el terreno de la interpretación de textos jurídicos permutando de manera precaria estos elementos, sobre todo en relación con las discusiones que genera la interpretación de textos constitucionales.

¿Pude fijarse el significado de un texto constitucional de manera valorativamente neutra, esto es sin que el mismo dependa de consideraciones políticas o morales? Quienes defienden una respuesta positiva a este interrogante, denominados originalistas o textualistas, creen que es posible aplicar una cláusula constitucional, por ejemplo una que dijera “se prohíben los castigos crueles”, interpretando sus términos con el alcance que quisieron darle sus redactores. Es el texto de la ley lo que debe mandar en un estado de derecho y a él debemos atenernos para determinar aquello que resulta prohibido u obligatorio. Ni las intenciones del legislador ni la historia legislativa pueden ser utilizadas para apoyar una interpretación determinada de un texto legal. Solo el texto debe hablar, y el texto habla con el significado que el mismo tenía cuando se emitió, ni más ni menos. En nuestro ejemplo, si en la época en que se sancionó dicha cláusula no se consideraba a la pena de muerte como un castigo cruel, entonces no se la puede interpretar como prohibiendo la pena capital en nuestros días.

Quienes se oponen a esta concepción sostienen que las cláusulas constitucionales deben interpretarse como cláusulas abstractas, esto es como concebidas desde su promulgación para operar como principios abstractos de moralidad, los que deben ser actualizados cada vez que requieran ser aplicados. En nuestro ejemplo, el mismo texto “se prohíben los castigos crueles” puede ser el fundamento para declarar la inconstitucionalidad de una norma que imponga la pena capital, en la medida en que se la pueda considerar como un castigo cruel en el momento en que se lleva a cabo la interpretación. En este caso nada importa el contexto de emisión de la orden, ni mucho menos las expectativas que los constituyentes pensaban satisfacer con ella. El intérprete debe actualizar la ley cada vez que se encuentra ante la necesidad de valerse de ella para resolver un conflicto.

El relato de Borges puede servir de apoyo tanto a uno como a otro de estos enfoques, según la interpretación que adoptemos del mismo. Creo que la mejor interpretación de un texto literario enfrentado a estas cuestiones que le son tan ajenas es aquella que preserva su ambigüedad esencial, esto es que muestra sus distintas caras sin considerar a ninguna de ellas como la definitiva. Por ello resulta una herramienta útil para introducir al alumno en las discusiones jurídicas. Si el objetivo es motivar la lectura de los debates en el plano constitucional, un texto abierto como el que estamos analizando puede ser el mejor punto de partida.

En este sentido el relato de Borges podría decir, a favor del textualismo, que si es cierto que lo que debe hacer un intérprete jurídico es dar significado a un texto, entonces la reconstrucción del contexto de emisión puede permitir fijar un significado que excluya cualquier otra posibilidad, o bien que restrinja al mínimo los desacuerdos, o bien que los haga resolubles mediante el incremento de la información respecto de dicho contexto. Sin embargo también le podría decir que no se pueden dejar de lado las intenciones del autor al encarar esta tarea, porque en el fondo de lo que se trata es de fijar lo que el autor intento decir con el texto que emitió en el momento en que lo emitió. Y que determinar estas intenciones, tal como el propio textualista señala al criticar a todo tipo de intencionalismo, no es una cuestión empírica. ¿Qué es lo que impide pensar a un constituyente con la intención de que su texto signifique aquello que signifique en el momento de su futura aplicación?

Pero los principialistas también podrían encontrar apoyo en el texto de Borges, cuando se señala que “atesorar antiguos y ajenos pensamientos... es confesar nuestra languidez o nuestra barbarie”, dado que “pensar, analizar, inventar... son la normal respiración de la inteligencia” (Borges 1996). ¿Debe un intérprete contemporáneo renunciar a su inteligencia glorificando el cumplimiento pretérito de esa función? Al mismo tiempo también encontramos que descontextualizar una emisión resulta el camino hacia la renovación imaginativa de textos que de esa manera aumentan su interés en relación directamente proporcional al aumento de su ambigüedad. ¿Puede un intérprete jurídico adoptar una concepción de la interpretación que incremente la equivocidad de las normas a la hora de aplicarlas para determinar los derechos de ciertos individuos?

No pretendo seguir torturando al texto de Borges con la finalidad de hacerlo hablar sobre cuestiones que sin duda vuelan muy por debajo de las verdaderas preocupaciones del poeta. Quizás el ejercicio sirva para mostrar los límites de la tarea que nos planteamos al intentar cruzar la literatura y el derecho. No es el objetivo del poeta dar respuestas, ni siquiera plantear claramente ciertos problemas al filósofo, aunque a veces lo haga. La literatura está allí para señalarnos aquello a lo que no podemos acceder mediante otro tipo de discursos. La tarea del teórico es dar respuestas, las mejores que pueda, a ciertos problemas que su tiempo considera importante resolver. El poeta está allí para sembrar la paradoja, para recordarnos “que no hay ejercicio intelectual que no sea finalmente inútil”, pero al mismo tiempo para darle valor al tramo que nos separa de ese final que se siente inexorable.

6. Conclusiones

He presentado tres estrategias didácticas para la enseñanza del derecho en las que se puede utilizar la literatura como herramienta pedagógica. El desarrollo de un ejemplo detallado para cada una de ellas ha permitido evaluar su potencial heurístico. La literatura puede servir para motivar al alumno. Constituye una inigualable fuente de ejemplos vívidos e interesantes para iniciar la discusión de ciertos problemas que de otra manera podrían resultarles sumamente áridos. También ofrece un amplio campo para trazar estimulantes analogías. Existen otras formas posibles de usar la literatura en el ámbito de la enseñanza universitaria que no fueron examinadas en el texto, pero considero que los elementos que se han presentado resultan suficientes para mostrar la riqueza y utilidad del enfoque propuesto.

Bibliografía

- Binder, G. (1999). “The Law-as-Literature Trope”, en Freeman, Michael y Andrew Lewis (eds.). Law and Literature. Oxford: Oxford University Press, pp. 63-89.

- Bonorino, P. R. (2002). Objetividad y verdad en el derecho. Bogotá: Universidad del Externado de Colombia.

- Bonorino, P. R. (2003a). Integridad, derecho y justicia. Bogotá: Siglo del Hombre-UNC.

- Bonorino, P. R. (2003b). El imperio de la interpretación. Los fundamentos hermenéuticos de la teoría de Dworkin. Madrid: Dykinson.

- Borges, J. L. (1996). Ficciones. Buenos Aires: Emecé.

- Calvo, J. (1996). Derecho y narración. Barcelona: Ariel.

- Dworkin, R. M. (1977). Taking Rights Seriously. Londres, Duckworth, 1977.

- Dworkin, R. M. (1985). A Matter of Principle. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

- Dworkin, R. M. (1986). Law's Empire. Cambridge, Mass.: Belknap Press.

- Dworkin, R. M. (1994). Life's Dominion : An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom. New York: Vintage Books.

- Dworkin, R. M. (1996). Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

- Dworkin, R. M. (2000). Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

- Freeman, M. y Andrew Lewis, eds. (1999). Law and literature. Oxford: Oxford University Press.

- García Amado, J. A. (2003). Ensayos de filosofía jurídica. Bogotá: Temis.

- González Echevarría, R. (2005). Love and the Law in Cervantes. New Haven: Yale University Press.

- Hanafin, P., Adam Gearey, y Joseph Brooker, (eds). (2004). Law and Literature. Oxford, UK ; Malden, MA: Blackwell Pub.

- Hart, H. L. A. (1992). Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law. Oxford: Clarendon Press. Original edition, 1968.

- Hart, H. L. A. (1994). The Concept of Law. Oxford: Clarendon Press.

- Kelsen, H. (1974). La teoria dello stato in Dante. Bologna: M. Boni.

- Melville, H. (1986). Benito Cereno. Billy Budd, marinero. Madrid: Alianza.

- Morawetz, T. (1996). “Law and Literature”, en Patterson, Dennis (ed.), A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory. Cambridge, Mass.-Oxford: Blackwell, pp. 450-461.

- Nussbaum, M. C. (1995). Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life. Boston, Mass.: Beacon Press.

- Posner, R. A. (1988). Law and Literature: A Misunderstood Relation. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

- Ross, A. (1972). Colpa, responsabilità e pena. Milán: Giuffrè. Original edition, 1970.

- Simmons, A. J., Marshall Cohen, Joshua Cohen, y Charles R. Beitz, eds. (1995). Punishment. Princeton: Princeton University Press.

- Stangerup, H. (1991). El hombre que quería ser culpable. Barcelona: Tusquets.

- Thomas, B. (1987). Cross-examinations of Law and Literature: Cooper, Hawthorne, Stowe, and Melville. Cambridge; New York: Cambridge University Press.



i.Este trabajo fue realizado en el marco del Proyecto de Investigación DER2010-19897-C02-02 financiado por el MICINN.

ii.Ver Kelsen 1974.

iii.Su incorporación en los planes de estudio de derecho no ha estado exento de debates. Hay quienes lo defienden porque permiten contemplar el fenómeno jurídico desde distintas dimensiones y ampliar la sensibilidad del futuro jurista (Nussbaum 1995), mientras que otros lo consideran de dudosa utilidad, como Richar Posner (1988), quien llegó a decir que un jurista podía aprender de derecho leyendo literatura tanto como lo que un militar podría aprender de estrategia leyendo novelas de guerra.

iv.Quien esté interesado en profundizar sobre este movimiento puede consultar algunos trabajos representativos en las compilaciones de Freeman y Lewis (1999) y Hanafin, Gearey, y Brooker (2004).

v.He dejado a un lado los trabajos que se suelen etiquetar como derecho de la literatura, pues constituyen disciplinas de derecho positivo que agrupan la legislación relacionada con los derechos de autor, la libertad de expresión, la creación y difusión de obras literarias, etc. (Ver García Amado 2003: 362).

vi.Esta última línea de trabajos han dado lugar a una corriente autónoma, denominada “estudios culturales del derecho”, en el que se postula la lectura y análisis del derecho como parte fundamental en el proceso de construcción de la identidad de una comunidad (cf. Binder 1999).

vii.Para un análisis del Quijote de Cervantes en clave jurídica, ver González Echevarría 2005.

viii.Otra interesante novela que plantea la cuestión desde otro ángulo es El hombre que quería ser culpable de Henrik Stangerup (1991). En ella se cuestiona la validez de la pretensión utilitarista de reemplazar el castigo por el tratamiento. Ver el análisis que de ella realiza García Amado (2003: 372-386).

ix.Sobre las discusiones en torno a la justificación moral del castigo, ver Hart 1992 (quien defiende una variante utilitarista), Simmonds y otros (eds.) 1995 (que presentan una gran variedad de ensayos sobre la cuestión, incluyendo un apartado especial sobre la pena de muerte), y Ross 1972 (quien aboga por una superación de la tradicional controversia entre prevención y retribución).

x.Para un análisis detallado de su filosofía jurídica, así como para una crítica de sus principales presupuestos teóricos, ver Bonorino 2003a y 2003b.

xi.La Suprema Corte norteamericana al resolver el caso Griswold v. Connecticut en 1965 decidió que un estado no podía prohibir la venta de anticonceptivos a las personas casadas (lo que se extendió luego también a las solteras al resolver otros casos). El fundamento fue que el derecho a la privacidad protegía de las intrusiones estatales a las cuestiones relativas a la procreación. Ver Griswold v. Connecticut, 381 U. S. 479, citada por el juez Stewart en su voto concurrente con el de Blackmun al resolver el caso Roe v. Wade.

xii.En el texto presento la argumentación de Dworkin sumamente resumida. Un análisis más detallado de sus argumentos se puede encontrar en Bonorino 2002.


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