LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO:
ALGUNAS INICIATIVAS DE CARÁCTER GENERAL EN CURSO
 

José María Souvirón Morenilla (CV)
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga.
jmsouviron@uma.es

Bajar en formato PDF 

Resumen: El interés por promover y garantizar la calidad de la actividad docente en las universidades se ha materializado en la creación de diferentes mecanismos basados en la evaluación. Entre los mecanismos de evaluación creados en los últimos años merece especial mención el programa DOCENTIA, cuyo desarrollo requiere de la participación de tres agentes: Universidades, Agencias Autonómicas de Evaluación y  Agencia Nacional (ANECA). Al análisis jurídico de estos mecanismos nos referimos en el presente artículo, con especial referencia al “Marco Andaluz para la evaluación” y la relación entre estos procedimientos de evaluación de la actividad docente y el régimen de ascenso en la carrera universitaria previsto en el nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador.

Palabras clave: evaluación, actividad docente, universidad, calidad, “docentia”, Estatuto del personal docente investigador, ANECA, CNEAI.

Sumario: 1. La calidad de las universidades y la evaluación del profesorado universitario. 2. El programa “Docentia” de la ANECA. 3. El programa “Docentia Andalucía” y el marco andaluz de la evaluación de la actividad docente del profesorado universitario. 4. La evaluación de la actividad docente en el nuevo Estatuto del PDI universitario. 5. Algunas consideraciones finales


1.    La calidad de las universidades y la evaluación del profesorado universitario

1. Los mecanismos institucionales dirigidos a promover y garantizar la calidad de la actividad de las Universidades se han generalizado en los últimos años en Europa. Tales mecanismos se han incorporado, por lo demás, a los objetivos intergubernamentales de la Unión Europea, a partir de la Recomendación del Consejo Europeo sobre la cooperación europea para la garantía de la calidad (96/561/CE) (DOCE de 7 de octubre de 1998) y de la Declaración de Bolonia de 1999, que incluyó entre sus objetivos “la promoción de la cooperación europea en la garantía de la calidad, atendiendo al desarrollo de criterios y metodologías comparables”. Consecuentemente la LOU, tanto en su texto original (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) como en el actualmente vigente resultado de su modificación por la LOMLOU (Ley Orgánica 4/ 2007, de 12 de octubre), ha recogido también dichos objetivos.

2. En España la implantación de tales mecanismos –y en concreto la evaluación “ex post”- aparecía ya en la Ley de Reforma Universitaria de 1983 (la LRU), ligada al régimen de autonomía universitaria que la misma consagró (su Exposición de Motivos enfatizaba:” A ello responde finalmente que el control de su rendimiento y la responsabilidad sean, en definitiva, la contrapartida de la autonomía”), aunque en términos programáticos y centrados en la evaluación del profesorado universitario. Establecía así el artículo 45.3 de la LRU:”Los Estatutos de las Universidades dispondrán los procedimientos necesarios para la evaluación periódica del rendimiento docente y científico del profesorado, que será tenida en cuenta en los concursos a que aluden los artículos 35 a 39, a efectos de su continuidad y promoción”.

A partir de esta determinación legal y las concominantes de los Estatutos de las Universidades, esa evaluación periódica del rendimiento docente del profesorado universitario se ha concretado hasta hoy mismo en general en la realización de encuestas entre el alumnado acerca del desarrollo por el profesorado de sus encargos docentes y con consecuencias meramente informativas. Lo que no implica, ni mucho menos, desdoro para este tipo de procedimiento, al responder el mismo al estricto significado de la actividad de “evaluación” como evaluación para la mejora[i].

La evaluación de la actividad universitaria halló en todo caso en 1989 un factor de refuerzo institucional –por las consecuencias vinculadas a dicha evaluación, aunque no necesariamente a esas encuestas- a través del nuevo régimen de las retribuciones de los docentes universitarios establecido por el Real Decreto 1086/ 1989, de 28 de agosto (vigente hoy en esencia tras algunos retoques posteriores). Dicho régimen incorporó, junto a lo previsto por la Ley 30/1984, con carácter general para los funcionarios públicos, determinadas peculiaridades en lo que respecta al complemento específico y al complemento de productividad. El primero integrado por tres componentes (general, singular por cargo académico y singular por méritos docentes), del que este último (los llamados “quinquenios”) incorpora una cantidad, diferente para cada Cuerpo, a percibir por cada cinco años -10 años en el caso del profesorado sin dedicación exclusiva- con un máximo de 6 quinquenios. Por su parte el “complemento de productividad” (los llamados “sexenios”) integra una cantidad, diferente para cada cuerpo y consolidable por tramos de seis años de investigación evaluada favorablemente por la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI).

2.Con estos antecedentes la preocupación por la calidad de las Universidades y su evaluación halló posteriormente referencias más amplias, no limitadas sólo a la actividad docente o investigadora de su profesorado. Así, aún bajo la vigencia de la LRU de 1983, se aprobó en 1995 el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades (Real Decreto 1497/1995, de 1 de diciembre). El Plan teniendo como objeto la evaluación institucional de éstas, elaborar metodologías homogéneas para la evaluación de la calidad integradas en la práctica vigente en la Unión Europea y proporcionar información para la toma de decisiones, incluía las correspondientes convocatorias anuales por el MEC de proyectos de evaluación institucional de las Universidades (respecto de una titulación o grupo de éstas o globales sobre la enseñanza, la investigación o la gestión). A partir de este Plan nuestras Universidades entraron en una nueva dinámica de autoevaluación y evaluación externa que consolidada, con la incorporación de nuestro sistema universitario a la European Network for Quality Assurance, se confirmó con el II Plan de Calidad de las Universidades (Real Decreto 408/ 2001, de 20 de abril), cuya coordinación se atribuyó al Consejo de Universidades; y con la creación en 1997 de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña y de la Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas.

3.Posteriormente, en 2002, y sin duda predeterminadas por la Declaración de Bolonia y el horizonte del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) la LOU y la LOMLOU que la reformo con la voluntad de ambas, como proclama la E. de M.de esta última, de potenciar al tiempo la autonomía de la Universidad y la exigencia de su rendición de cuentas a la sociedad, vinieron a dar un rotundo impulso a la promoción y la garantía de la calidad de las Universidades, en tanto que “fin esencial de la política universitaria” atribuyendo la evaluación de la actividad a la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación) y a las Agencias de Evaluación de las Comunidades Autónomas[ii].

Destaquemos, pues, que en nuestro sistema universitario, presidido por la LOU, la garantía de la calidad de las Universidades queda ligada a la evaluación, entre otras, y por lo que en estos momentos nos importa, de la actividad docente, investigadora y de gestión del profesorado universitario. Evaluación que tendrá entre sus objetivos la medición del rendimiento del servicio público de la educación universitaria, la mejora de esa actividad docente, investigadora y de gestión; la información a la sociedad para fomentar la excelencia; y la información a las Administraciones públicas para la toma de decisiones en el ámbito de sus respectivas competencias (art. 31.1 LOU).

Pero esta enunciación abstracta de la evaluación de la actividad docente, investigadora y de gestión del profesorado universitario se ve seguida en el articulado de la LOU de mayor precisión y pormenor, atendiendo al cual podemos distinguir:

 

A)   Una evaluación legalmente reglada:

       Dentro de ésta podemos, a su vez, distinguir:

a) Evaluación “ex ante”, donde a su vez podemos incluir:

- la necesaria evaluación positiva para poder ser contratado como Profesor Ayudante Doctor (PAD ) ( art. 50 LOU ).

- la necesaria evaluación positiva para poder ser contratado como Profesor Contratado Doctor ( art. 52 LOU ).

- la necesaria evaluación positiva de la actividad docente e investigadora del profesorado de las Universidades privadas en los supuestos del art. 72 LOU.

- la necesaria acreditación nacional previa que valore los méritos de los aspirantes a plazas de Catedrático de Universidad (CU) y Profesor Titular de Universidad (TU)

- la necesidad de informe positivo previo de la actividad docente-investigadora para acceder a CU sin ser TU con ocho años de antigüedad (art. 60 LOU).

       b) Evaluación “ex post”.

            Como tal podemos considerar:

-          La valoración (al cabo evaluación) de los méritos docentes, investigadores, de gestión, etc. del personal docente e investigador(PDI) contratado a efectos de la asignación de complementos retributivos del art. 55. LOU (art.55.4 LOU)

-          Id . del PDI funcionario (art. 69 LOU)

A este respecto conviene tener en cuenta que el Gobierno ha de establecer el régimen retributivo del PDI funcionario, que será el general de los funcionarios públicos, pero estableciendo intervalos de niveles o categorías dentro de cada nivel correspondiente a cada cuerpo, los requisitos de promoción de uno a tro y sus consecuencias retributivas ( art. 69.1 LOU ). Como también que el Gobierno, las Comunidades Autónomas y las propias Universidades podrán establecer retribuciones adicionales a las anteriores ligadas a méritos por actividad y dedicación docente, formación docente, investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de conocimientos, y gestión,, debie3ndo estos últimos complementos asignarse previa valoración de tales méritos por la ANECA o la Agencia de Evaluación autonómica correspondiente ( art. 69.1,2 y 3 LOU ).

B)   Una evaluación no legalmente reglada.

Como tal podemos considerar la susceptible de ser llevada a cabo por las propias Universidades o –con carácter voluntario- por las Agencias de evaluación, con fundamento en lo previsto en el art. 31.3 LOU y específicamente por lo que respecta a la actividad docente en el art. 33 LOU: “ La actividad y la dedicación docente, así como la formación del personal docente de las Universidades serán criterios relevantes, atendida su oportuna evaluación, para determinar su eficiencia en el desarrollo de su actividad profesional” (un precepto éste trasunto del recogido en el art. 45.3 LRU). Este tipo de evaluación  puede consiguientemente operar de modo separado de los anteriores supuestos de evaluación legalmente reglada (es lo que sucede, por ejemplo, con las encuestas de rendimiento docente efectuadas a los alumnos respecto de la evaluación necesaria para que al profesorado le sean reconocidos complementos retributivos).

4. Hasta el momento presente y en desarrollo de la LOU las diversas Administraciones implicadas (Administración central, Comunidades Autónomas, Universidades, ANECA y Agencias autonómicas de evaluación, etc.) han puesto en práctica los procedimientos para el cumplimento de las citadas determinaciones legales sobre lo que hemos calificado de “evaluación legalmente reglada”. En su vertiente “ex ante”: (evaluaciones previas por la ANECA o las Agencias autonómicas, para poder ser contratado como PAD o PCD, y acreditación previa para poder concursar a plazas de CU y TU) y en su vertiente “ex post”: evaluación docente para el reconocimiento de “quinquenios” y evaluación de investigación para el de “sexenios” y complementos autonómicos. Conviene además subrayar el relevante efecto, no meramente retributivo, otorgado en desarrollo de la LOU de 2001 a los “sexenios”, que en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto 1312/ 2007, de 5 de octubre, constituyen un requisito para formar parte de las Comisiones de Acreditación (3 sexenios para las Comisiones de CU y 2 para las de TU).

5. Pues bien, la clásica evaluación “ex post” de la actividad docente del profesorado universitario ha sido objeto en los últimos años de determinadas iniciativas ya hechas efectivas o en curso de serlo, y que podrían tener consecuencias de interés para nuestro sistema universitario y la propia dinámica interna de las Universidades.

Por otra parte, el nuevo Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades que el gobierno proyecta incorpora muy importantes novedades sobre el régimen del profesorado universitario en las que la evaluación de sus actividades, entre ellas la docente, ocupa, por su significado y alcance para la carrera docente, un papel bien destacado.

2.    El programa “Docentia” de la ANECA

6. El 14 de diciembre de 2006 la ANECA hizo público el Programa DOCENTIA (Programa de apoyo para la evaluación de la actividad docente del profesorado universitario)[iii]. Con este Programa la ANECA pretende “satisfacer la demanda de las Universidades y la necesidad del sistema educativo de disponer de un modelo y unos procedimientos para garantizar la calidad del profesorado universitario y favorecer su desarrollo y reconocimiento”. Su finalidad  es orientar, sin perjuicio de su autonomía, las actuaciones de las Universidades y potenciar su papel en la evaluación de la actividad docente y en el desarrollo de planes de formación de su profesorado, participando y apoyando la colaboración técnica con las Universidades, las Agencias autonómicas y las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas, como marco abierto a la participación de estas instituciones.

DOCENTIA se enmarca en el contexto del EEES, donde las Universidades europeas asumen la responsabilidad de ofrecer una enseñanza de calidad y garantizar a tal fin la cualificación y competencia de su profesorado[iv]. En ese contexto el Programa parte de la necesidad de que las Universidades desarrollen procedimientos para la evaluación del desempeño docente de sus profesores y de su formación y estímulo, así como de las previsiones del marco legal vigente que ha vinculado dicha evaluación a la asignación de retribuciones adicionales al profesorado universitario, y en fin de la conveniencia de ampliar el enfoque evaluador de las Universidades, limitado a la valoración del encargo docente, al modo con que el profesorado planifica, desarrolla y mejora la enseñanza y el aprendizaje por los alumnos. Sobre esta base la evaluación de la actividad docente se entiende por DOCENTIA como parte de un sistema, desarrollado por una institución, para garantizar la calidad de los planes de estudios que imparte, y conforme con el marco estratégico definido por la Universidad en la que se imparte el plan de estudios y que establece la política de profesorado (la cual abarca no sólo la evaluación de la actividad docente sino también la formación, la promoción o los incentivos económicos).

7. El Programa DOCENTIA, subraya que el mismo tiene como misión “facilitar y apoyar la evaluación de la actividad docente del profesorado universitario”; como visión, “disponer de un modelo válido de dicha evaluación apropiado, útil, viable y preciso; y como objetivos, proporcionar un modelo y procedimientos que permitan llevar a cabo la evaluación de la actividad docente que se desarrolle en las Universidades, favorecer el desarrollo y promoción del profesorado proporcionándole evidencias contrastadas sobre su actividad docente, favorecer el proceso de toma de decisiones relacionadas con la evaluación que afectan a diferentes elementos en la política y gestión de los recursos humanos, y contribuir “al necesario cambio cultural en las Universidades que supone la evaluación de la actividad docente y potenciar el intercambio de experiencias entre las Universidades para la mejora contínua de la actividad docente”.

8. Presupuesto conceptual de interés constituyen las nociones de actividad docente y de evaluación de la actividad docente de que DOCENTIA parte. El Programa define la actividad docente como “el conjunto de actuaciones, que se realizan dentro y fuera del aula, destinadas a favorecer el aprendizaje de los estudiantes con relación a los objetivos y competencias definidas en un plan de estudios y en contexto institucional determinado”. Sobre esta base  afirma que “los resultados de la actividad docente se traducen en términos de los avances y logros en el aprendizaje y en la valoración expresada en forma de percepciones u opiniones de estudiantes, egresados, responsables académicos y del propio profesorado”. Por evaluación de la actividad docente entiende “ la valoración sistemática de la actuación del profesorado considerando su rol profesional y su contribución para conseguir los objetivos de la titulación en la que está implicado, en función del contexto institucional en que ésta se desarrolla”.

9. A partir de aquí DOCENTIA ofrece un modelo de evaluación que tiene en cuenta las actuaciones del profesor dentro y fuera del aula, los resultados de éstas y su posterior revisión y mejora en términos de formación e innovación docentes. El modelo considera así tres dimensiones a evaluar ( planificación de la docencia, desarrollo de la enseñanza, y resultados ) conforme a estos criterios: adecuación de la actividad docente a los requrimientos formativos establecidos por la Universidad y el correspondiente Centro; satisfacción por parte de los agentes implicados; eficiencia; orientación a la innovación docente, es decir, “desde una reflexión sobre la propia práctica que favorezca el aprendizaje del profesorado a través de la autoformación o la formación regulada por otras instancias” y “una predisposición a introducir cambios que afectan al modo en que se planifica y se desarrolla la enseñanza o se evalúan los resultados de la misma”

10. Para el desarrollo del Programa DOCENTIA (que incorpora las correspondientes propuestas sobre las fuentes y procedimientos de evaluación de la actividad docente[v]) la ANECA parte de la actuación de tres agentes: las Universidades –las cuales deberá establecer las finalidades a las que responde la evaluación-, las Agencias autonómicas de evaluación, y la propia ANECA (DOCENTIA entiende que si entre las citadas finalidades se encuentra reconocer la actividad docente mediante complementos retributivos debería intervenir también la Comunidad Autónoma).

11. El Programa contempla las siguientes etapas para su puesta en práctica: 1) Invitación a las Universidades para participar en su desarrollo, a través de convocatoria pública en la que quedarían fijados (a partir de convenio entre la ANECA y las Universidades o entre la ANECA y la Agencia de evaluación autonómica correspondiente), las condiciones de la participación. 2) Elaboración por las Universidades participantes de un Manual para la evaluación docente de su profesorado que recoja al menos los aspectos a que se refiere DOCENTIA (objeto, ámbito, fines y criterios de la evaluación, criterios de evaluación, procedimientos para el desarrollo de la evaluación, fuentes y formas de evaluación, pautas para la toma de decisiones derivadas de la evaluación, difusión de sus resultados de la evaluación, reconocimiento de los procedimientos previstos por la Universidad para llevar a cabo la evaluación por parte de una Comisión de Evaluación compuesta por cinco miembros designados en la forma que fije el convenio de colaboración entre ANECA y las Agencias autonómicas). 3) Desarrollo por la Universidad de las actuaciones previstas por el Manual, para lo que podrían contar con el apoyo de ANECAS o las Agencias autonómicas para formar los Comités de Evaluación o articular su composición. 4) Seguimiento del Programa por ANECA y las Agencias autonómicas con las que se haya firmado convenio. Y 5) Certificación por ANECA o la Agencia autonómica de los resultados que se obtengan, con el procedimiento de evaluación aplicado por la Universidad, por un período de tres a cinco años.

3. El programa “Docentia Andalucía” y el marco andaluz de la actividad docente del profesorado universitario.

12. Presentado el Programa Docentia por la ANECA a las Universidades españolas en marzo de 2007, la Agencia andaluza de Evaluación (AGAE) abrió convocatoria para la participación de las Universidades andaluzas en la que participaron 9 de ellas, en el mismo que acordaron realizar un procedimiento para la evaluación docente del profesorado universitario común para toda Andalucía (el llamado “Docentia-Andalucía”). Dichas Universidades iniciaron así un conjunto de trabajos técnicos con el apoyo técnico de la AGAE, que suscribió a su vez con la ANECA un convenio para el desarrollo del Programa Docentia en las Universidades de Andalucía, y que abocaron en el envió a la AGAE, para su verificación, del documento “Programa Docentia-Andalucía: Manual para la evaluación de la actividad docente del profesorado universitario”[vi].

El Programa Docentia-Andalucía fue verificado con resultado positivo por una comisión de expertos nombrada de forma conjunta por la ANECA y la AGAE,  que no obstante lo sometió a ciertas condiciones para su efectiva implantación. A partir de ahí se sucedieron diversas actuaciones de revisión del Programa propuesto (para contextualizar el modelo Docentia de ANECA en la realidad de las Universidades andaluzas, así como del modelo Docentia-Andalucía en la especificidad de cada una de las Universidades andaluzas) y una etapa de difusión y debate en éstas para hacer partícipe a la comunidad universitaria del modelo de evaluación propuesto.

13. El Programa Docentia-Andalucía se fundamentaba explícitamente en la relevancia de la evaluación de la actividad docente dentro de los nuevos sistemas de garantía de la calidad de las instituciones universitarias y en la necesidad, derivada de nuestra adaptación al EEES, de introducir en las Universidades mecanismos sistemáticos internos y externos de evaluación. En ese sentido recordaba que el fomento de la calidad de las Universidades en sus áreas de docencia, investigación y gestión constituía tanto un derecho como un deber de éstas a la luz de la legislación estatal (la LOU de 2001 y la LOMLOU de 2007) y de la específica de Andalucía (la Ley 15/ 2003 andaluza de Universidades).

Su modelo de evaluación de la actividad docente, recogiendo las del DOCENTIA-ANECA, incluía los siguientes objetivos: mejorar la actividad docente del profesorado; aportar valores de referencia sobre la actividad docente a distintos niveles del sistema interno y externo; apoyar individualmente al profesorado proporcionándole evidencias contrastadas sobre su docencia para su mejora continua; contribuir a aportar evidencias para los sistemas de garantía de calidad; servir de instrumento para introducir elementos de objetividad, equidad y transparencia en la definición y la ejecución de las políticas de PDI; facilitar la toma de decisiones fundamentada de las autoridades académicas sobre la actividad docente; y contribuir al necesario cambio cultural en las Universidades que supone la revitalización de la actividad docente.

Por su parte, el procedimiento de evaluación se basaba en la recogida de información objetiva sobre un conjunto de indicadores con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones de mejora de la actuación docente, a partir de la valoración de cuatro dimensiones (objeto de la oportuna puntuación): planificación de la docencia; desarrollo de ésta; resultados de la misma; e innovación y mejora. Todo ello desde la diversidad de fuentes de recogida de información (encuesta de opinión de los estudiantes; informes de los responsables académicos; autoevaluación del profesor; y datos institucionales del servicios o unidad responsable de calidad), así como de los agentes implicados, pues junto a los anteriores se contemplaba la participación de diferentes órganos universitarios (Vicerrectores responsables del proceso, Consejo de Calidad responsable de la revisión del modelo; y Comisión de Evaluación responsable de llevar a cabo las valoraciones).

14.Apartado de interés dentro del modelo Docentia-Andalucía eran su ámbito de aplicación y las consecuencias de la evaluación.  El modelo de evaluación del Docentia-Andalucía se definía como un modelo único para todo el profesorado universitario; de carácter obligatorio “una vez estuviera totalmente implantado tras el período experimental”; con los últimos cinco cursos académicos como período de evaluación; y tres hipótesis para el resultado de ésta: desfavorable, favorable o excelente. En cuanto a las consecuencias de la evaluación, el modelo consideraba que “los resultados, una vez culminado el proceso, podrían quedar vinculados a las siguientes consecuencias: autorización para la dirección o la docencia en cursos de enseñanza no reglada; planes de orientación o de formación para la mejora de la calidad docente de cada profesor; asignación de “menciones de excelencia docente”; concesión de ayudas para la innovación, mejora de la docencia o investigación educativa; propuesta de concesión de complementos por calidad docente; propuesta de toma de decisiones ante una evaluación desfavorable reiterada; solicitud para profesor emérito;  información para la promoción y selección del profesorado.

15. A título de resumen podríamos decir que en su versión inicial (pues el mismo ha sido reconfigurado finalmente como “Marco Andaluz para la evaluación”) el Programa Docentia-Andalucía, siguiendo la línea del DOCENTIA-ANECA aparecía como un modelo de estricta evaluación para la propia mejora del profesorado en su actividad docente. Pero sobre esta base buscaba algo más: construir valores referenciales de calidad docente a niveles internos y externos, e incluso un fin de fondo, aunque impreciso, bien significativo: “contribuir al necesario cambio cultural en las universidades que supone la revitalización de la actividad docente” del que otro de tales objetivos aparecía como su corolario instrumental:” facilitar la toma de decisiones fundamentada de las autoridades académicas sobre la actividad docente” y “servir de instrumento para introducir elementos de objetividad, equidad y transparencia en la definición y la ejecución de las políticas del PDI”.

La superación del mero modelo de evaluación para la mejora que lo anterior implica queda, por lo demás, evidenciado por las consecuencias que hemos visto Docentia-Andalucía anudaba a la evaluación de la actividad docente, por ejemplo, en estos dos extremos que más allá de la evaluación interna y para la mejora, se vinculan al régimen legal del profesorado: la concesión de complementos retributivos, o la eventual acción disciplinaria subyacente a la letra de alguna de tales consecuencias (así la “toma de decisiones ante una evaluación desfavorable reiterada”), aspectos que, aun con cobertura en la LOU (art. 33.3), de cristalizar efectivamente merecerían una especificación en la reglamentación general del profesorado o al menos en los Estatutos de las Universidades.

16. Pero el llamado Programa Docentia-Andalucía ha quedado finalmente reconvertido en el Marco Andaluz de la evaluación de la Actividad Docente del profesorado universitario. Ultimado como propuesta de las Universidades andaluzas para la negociación con los “agentes sociales” el 2 de febrero de 2009, ha sido finalmente acordado y firmado el pasado 20 de diciembre de 2009 por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, las Universidades andaluzas y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO[vii], con el propósito de que sirva de guía para los Docentia en cada una de dichas universidades.

Y de hecho, dicho documento constituye un salto formal sobre el hasta entonces articulado como Programa Docentia-Andalucía acordado por las Universidades andaluzas con el soporte técnico de la AGAE. El mismo se presenta ya como “marco andaluz” y cuenta con el refrendo de la propia Junta de Andalucía, y se autocalifica de “modelo de evaluación de la actividad docente del profesorado universitario común a todas las Universidades públicas andaluzas…con el que se manifiesta un esfuerzo de integración y colaboración del sistema universitario andaluz” (eso sí basado en los trabajos del Docentia-Andalucía). Por lo demás el mismo se vincula a la competencia de coordinación de las Universidades andaluzas que corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía conforme a la Ley andaluza 15/ 2003, andaluza de Universidades, para servir, entre otros objetivos y fines, a “la mejora de la calidad y excelencia docente, investigadora y de gestión, mediante la fijación de criterios comunes de evaluación de la eficacia, eficiencia, y rendimiento de las actividades, estructuras y servicios universitarios” (art. 66). Como también a la del Consejo Andaluz de Universidades (art. 73) para “promover la evaluación continua de los procesos y resultados de las actividades docentes, investigadoras y de gestión desarrolladas por las Universidades andaluzas en orden a potenciar la mejora de su calidad”.

Desde la anterior perspectiva, resulta bien significativo la determinación prescriptiva -aun en vía de coordinación- de este documento, que establece (punto 1, in fine): “Bajo este Marco cada Universidad deberá desarrollar, según sus características y su contexto, su propio Manual de Evaluación de la actividad docente de su profesorado de acuerdo con los representantes sindicales, constituyéndose para ello una Comisión de Garantía que se describe en el punto 13”

17. El Marco Andaluz, que evoca similares soportes normativos y legales que los que hemos visto hacía el Programa Docentia-Andalucía (y por tanto similares equívocos al incluir junto a preceptos de la LOU y de la Ley andaluza de Universidades, referencias europeas mucho menos vinculantes), define como características del mismo (punto 3) su definición como modelo de evaluación para la mejora y al tiempo “sumativa” (por proporcionar resultados finales sobre la labor docente), útil para obtener indicadores sobre la calidad docente que puedan servir de guía para la toma de decisiones en la política de profesorado y para –algo no especificado en los trabajos del Docentia-Andalucía- facilitar al profesorado inmerso en procesos de acreditación datos objetivos de la docencia impartida.

A partir de aquí el Marco Andaluz precisa los objetivos de la evaluación docente (punto 4), repitiendo los ya mencionados del Programa Docentia-Andalucía, pero incluyendo uno nuevo (el citado de ayuda al profesorado inmerso en procesos de acreditación) y suprimiendo el comentado de “contribuir al necesario cambio cultural en las Universidades que supone la revitalización de la actividad docente”.

18. El ámbito del Marco Andaluz de evaluación queda ahora establecido con mayor pormenor que en el Docentia-Andalucía, lo que no excluye su ambigüedad. Se define (punto 6) como “marco de evaluación docente único para todo el profesorado universitario, independientemente de su relación contractual y categoría profesional”, “universal tras el período de implantación progresivo que cada Universidad determine” (aunque no podrá ser superior a 10 años) y “obligatorio una vez esté totalmente implantado”; y evaluará la docencia de 5 cursos académicos, aunque las Universidades establecerán períodos más cortos para el profesorado con contratos de duración determinada. Y decíamos ambigüedad por dos razones: esa referencia a todo el profesorado “independientemente de su relación contractual” ¿significa que el profesorado funcionario queda excluido?: no lo parece, sino que debe haberse producido una imprecisión en el texto. De otra parte, el Marco Andaluz se predica como obligatorio una vez esté totalmente implantado, pero el hecho es que a lo largo del documento, y sin distingos temporales, la evaluación se regula como voluntaria a partir de las correspondientes convocatorias.

19.En lo que respecta a las consecuencias de la evaluación, que en el documento Docentia-Andalucía, aun potencialmente, eran objeto de previsiones de interés, sin embargo en el Marco Andaluz éstos, sin embargo, han quedado diluidos en las abstracción de esta fórmula (también potencial): “Los resultados obtenidos de la evaluación de la actividad docente quedarían vinculados, en su caso, a las consecuencias que cada Universidad determine; éstas irán dirigidas tanto al reconocimiento de aquellos docentes evaluados favorablemente, como al establecimiento de las medidas oportunas con el profesorado cuya evaluación haya sido desfavorable de forma continuada”. Es decir, hay una remisión general a lo que puedan disponer las Universidades al amparo del art. 33 LOU (y que, como hemos dicho, debiera ser objeto de precisión a nivel reglamentario o estatutario).

Por lo demás, resulta de interés lo establecido en el último párrafo del punto 5 del Marco (añadido en la negociación con los sindicatos):”La evaluación derivada de este Marco Andaluz, a salvo lo que indique el Estatuto del PDI, no tendrá consecuencias sobre los procedimientos actualmente establecidos en cada Universidad, de concesión del componente por méritos docentes del complemento específico del profesorado (quinquenios)”.

20. El Marco Andaluz, bajo el epígrafe “Agente implicados” (punto 7) exige que en el procedimiento de evaluación participen muy diversos agentes: alumnado, responsables académicos, el propio profesorado evaluado, los correspondientes Vicerrectorados y Servicios de la Universidad, la Comisión de Calidad que exista en la Universidad, la Comisión de Evaluación que el Marco instituye como órganos de valoración y la Comisión de Garantía.

21. Como dimensiones para la evaluación docente el Marco andaluz recoge las del Programa DOCENTIA (planificación de la docencia, desarrollo de la misma, resultados, e innovación y mejora), estableciendo para cada una de ellas y las variables de cada subdimensión los puntos de valoración disponibles); las fuentes y procedimientos de recogida de información (alumnos, autoevaluación del profesor, y responsables académicos); los posibles resultados de la evaluación que podrá ser favorable o desfavorable (han desaparecido las menciones de muy favorable y excelente); establece que los Consejos de Gobierno de las Universidades deberán aprobar el Manual de Evaluación docente de la Universidad, y determina la necesaria constitución en su seno de la Comisión de Evaluación (cuya composición establece) y de la Comisión de Garantía, esta última paritaria de representantes de la Universidad y de las organizaciones sindicales; regula, en fin, el procedimiento para la evaluación docente conforme a la secuencia de convocatoria, presentación de solicitudes, remisión de informes, análisis de la información por la Comisión de Evaluación, y resolución, que será notificada a los interesados, los cuales podrán presentar alegaciones en plazo de 30 días, así como contra la respuesta a tales alegaciones recurso de alzada ante el Rector.

22. El Marco Andaluz se refiere finalmente como “procedimiento para la toma de decisiones derivadas de la evaluación docente” a las eventuales consecuencias de la evaluación, prefijando que cada Universidad determinará, antes de iniciarse el proceso de evaluación, la toma de decisiones derivada de la misma, debiendo las decisiones que se adopten estar directamente vinculadas con las consecuencias de la evaluación.. En todo caso tales consecuencias se reducen a la virtualidad de los resultados globales para detectar necesidades de mejora uy orientar acciones formativas para la mejora y la promoción de acciones que estimulen las buenas prácticas continuadas y erradicar las menos eficaces.

4. La evaluación de la actividad docente en el nuevo Estatuto del PDI universitario

23. El Ministerio de Ciencia e Innovación hizo público el 10 de noviembre de 2008 un  Borrador de Real Decreto por que se regula el Estatuto del Personal Docente e Investigador de las Universidades. Este Borrador posteriormente objeto de una nueva versión con algunas variaciones y retoques publicitada el 8 de junio de 2009 ahora por el MEC, aún pendiente de su formalización y en su caso aprobación como Real Decreto, ha suscitado en todo caso el interés de la comunidad universitaria.

Entre sus muchas novedades han de destacarse aquí sus previsiones sobre la evolución docente del profesorado universitario. En efecto, en desarrollo del art.69 LOU y la disposición adicional 6ª de la LOMLOU regula una carrera funcionarial basada en méritos docentes e investigadores mediante el establecimiento de una serie de “grados de ascenso” para cada uno de los Cuerpos docentes universitarios (CU y TU), basándose la promoción a cada uno de estos grados en una acumulación de puntos resultado de sucesivas evaluaciones globales del profesorado, a realizar con carácter voluntario cada 5 años, y que tendrán dos componentes: 1) evaluación general atendiendo a una serie de criterios generales (antigüedad, méritos docentes, de investigación, de innovación y transferencia de conocimiento y de dirección y gestión. 2) Una evaluación específica de la actividad docente en el correspondiente periodo de 5 años, vinculada a la regulación del complemento retributivo por méritos docentes. No obstante, el PDI podrá seguir acogiéndose a la actual evaluación docente, es decir, los “quinquenios” (“mientras siga vigente” dice el Borrador) sin perjuicio de poder solicitar la específica evaluación docente integrada en la global –dice el Borrador- con las consecuencias académicas y retributivas de éste.

24. ¿cuáles son esas consecuencias? Aunque el Borrador no las preveía, éstas son las que parecen deducirse de su contexto: la posibilidad de que el PDI funcionario con dos grados de evaluación global pueda incorporarse a la Comisión de Acreditación (con lo que la docencia sería valorada a tales efectos – hoy lo son sólo los “sexenios”) y las retributivas propias del complemento por méritos docentes. Pero esto sin perjuicio de incluso de futuro (pero sólo “mientras siga vigente” el actual régimen de los quinquenios) puede percibir en complemento a quienes opten por no solicitar la evaluación global, y sí y tan sólo la específica de los “quinquenios”.

5. Algunas consideraciones finales

 

25. A la vista de las iniciativas en curso a que hemos pasado revista (el DOCENTIA actual de ANECA, el Docentia autonómico – en Andalucía el “Marco Andaluz” para la evaluación docente del PDI-, el nuevo Estatuto del PDI), ¿cómo se correlacionan sus respectivas previsiones sobre la evaluación de la actividad docente del profesorado universitario?

Aunque la concreción del DOCENTIA en contexto autonómico (por ejemplo, el “Marco Andaluz” que hemos analizado) ofrezca algunas peculiaridades respecto del alcance del DOCENTIA-ANECA, en la práctica ambas iniciativas  se alinean en unos mismos objetivos y acciones. El eventual contraste puede producirse entre estas tales iniciativas coordinadas  y las previas del nuevo Estatuto del PDI. Constituyen iniciativas paralelas en el tiempo, pero no es claro obedezcan a un mismo designio, algunos de modo explícito.

En efecto, su respectiva lógica parece divergente como substrato de esa evolución de la actividad docente del profesorado. El DOCENTIA y el “Marco Andaluz” remiten a lo que cada Universidad establezca (aunque vinculadas éstas por acuerdos voluntarios entre sí y con la ANECA, y la coordinación por la Comunidad Autónoma), mientras que el nuevo  Estatuto del PDI apunta a un control externo a la Universidad y jurídicamente vinculante para ella y su profesorado. De otra parte, en el primer caso se contempla la actividad docente de la Universidad en su conjunto, aunque indirectamente se concreta también, en su objeto y resultados- con carácter individual para cada profesor y mientras que en el caso del nuevo Estatuto del PDI estamos ante una estricta  evaluación individual de los profesores. La evolución en uno y otro caso aparecen, pues, como algo distinto.

26. siendo así ¿para qué esos dos distintos sistemas?¿qué puede suceder si la evaluación interna diera resultados contradictorios con la externa contemplada por el Estatuto del PDI? Es más, ¿tendrían los efectos de la evaluación interna efectos de carrera para el profesor interesado, por ej., si se tratase de Universidad? A mayor abundamiento ¿sustituiría la evaluación prevista en el nuevo Estatuto del PDI o la del DOCENTIA y el “Marco Andaluz” al régimen actual de los “quinquenios”? Ya hemos visto que no –al menos  transitoriamente- en el primer caso. Pero es que tampoco lo sería en el segundo, porque, por ejemplo, el Marco Andaluz incorpora la previsión (punto 5) ya comentada de que “la evolución derivada de este Marco andaluz, a salvo de lo que indique el Estatuto del PDI, no tendrá consecuencias sobre los procedimientos actualmente establecidos en cada Universidad, de concreción del componente por méritos docentes del complemento específico del profesorado (quinquenios)”.

Es decir, el régimen de concreción de los “quinquenios” porque, y sin que la evolución derivada del DOCENTIA (del Marco Andaluz) le afecte (o sea, seguirá su actual sistema de otorgamiento por la Universidad).

27. Ahora bien, el nuevo Estatuto del PDI (como es el caso, al menos de futuro) podría vincular el procedimiento de los “quinquenios” y consecuente retribución a mecanismos de completa evaluación externa a la Universidad (ya hemos visto esa es la reserva que se incluye en el Marco Andaluz). Lo cual puede darnos la clave también de la correlación entre DOCENTIA y Marco Andaluz y el nuevo Estatuto del PDI: los primeros tratan de implantar un sistema de evaluación mucho más tecnificado, basada en un modelo heterogéneo a la Universidad pero acentuado por éstas, que podría operar como rodaje del sistema externo y vinculante que de futuro establecerá el nuevo Estatuto del PDI. Hay así un horizonte de centralización de la evaluación, aunque se articule por la vía voluntaria por parte del evaluado y a partir de mecanismos formalmente colaborativos o de coordinación, como la de la Junta de Andalucía y la AGAE a nivel Andaluz, y la de la ANECA a nivel estatal.


 

[i] Aunque en sentido genérico la evaluación implica el desarrollo de procesos orientados a una valoración del objeto evaluado y que basados en información cuantitativa y cualitativa mide los correspondientes datos, proporcionando así un informe útil para la toma de decisiones, esa evaluación puede a su vez concretarse en estas tres distintas funciones: a) la “evaluación” en sentido estricto, que dirigida a la mejora de la calidad y centrada en los procesos seguidos por la institución evaluada, detecta problemas y ofrece soluciones teniendo como destinatarias de esa función evaluadora y de sus resultados a la propia institución (es, pues, una evaluación de sólo procesos y resultados, interactiva con y/o en el seno de la institución evaluada, y no  implica un pronunciamiento final –positivo o negativo- sobre la institución evaluada; b) la “certificación”, la cual implica un pronunciamiento final, positivo o negativo, sobre la misma existencia en las correspondientes instituciones de mecanismos de evaluación interna; c) la “acreditación”, que analiza y valora los resultados de la actividad o institución de que se trate a partir del cumplimiento o no por ésta de determinados estándares de calidad, y que dirigida a la información a la sociedad o a los consumidores o usuarios, implica un pronunciamiento final positivo o negativo sobre el cumplimiento de dichos estándares. A esta tríada responden las previsiones de la vigente LOU (Título V y otros preceptos de la misma), aunque la misma utilice de manera no del todo precisa tales conceptos.

[ii] Con la LOU busca los siguientes objetivos: la medición del rendimiento del servicio público de la educación superior universitaria; la transparencia y comparabilidad de las Universidades en el ámbito nacional e internacional; la mejora de la actividad docente, investigadora y de gestión de las Universidades; la información a las Administraciones públicas para la toma de decisiones en el ámbito de sus competencias; y la información a la sociedad para fomentar la excelencia y movilidad de estudiantes y profesores ( art. 31).
Tales objetivos “se cumplirán –dice el art. 31. 2 LOU- mediante la evaluación, certificación y acreditación” de las siguientes actividades que la propia LOU enumera ( art. 21.2 ): las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional; las enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios de las Universidades; las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado universitario; las actividades, programas, servicios y gestión de los centros e instituciones de educación superior; otras actividades y programas que puedan realizarse como consecuencia del fomento de la calidad de la docencia y de la investigación por parte de las Administraciones públicas.

[iii] Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación: DOCENTIA (Programa de apoyo para la evaluación de la actividad docente del profesorado universitario), Modelo de evaluación. 14 de noviembre de 2006.

[iv] El propio documento DOCENTIA recuerda que el mismo se incluye en un conjunto de actuaciones orientadas a favorecer la calidad, movilidad, diversidad y competitividad entre las Universidades europeas y en concreto el logro de ese primer principio de la calidad, (particularmente de la calidad del personal docente), para la que, los “Criterios y directrices para la garantía de la calidad en el EEES” promovidos por la European Association for Quality Assurance in Higher Education ( ENQA ) establecen que las instituciones deben disponer de medios para garantizar que el profesorado está cualificado y es competente para ese trabajo.” Recuerda asimismo que ha tenido en cuenta los estándares de evaluación establecidos por el Joint Commitee of Standards for Educational Evaluation

[v] El documento DOCENTIA de 2006 se complementa con el documento también de ANECA “Orientaciones para la elaboración del procedimiento de evaluación” de 10 de enero de 2007.

[vi] AGAE-ANECA: Programa Docentia-Andalucía: Manual para la evaluación de la actividad docente del profesorado universitario. Noviembre 2008.

[vii] Marco Andaluz de la Actividad Docente del Profesorado Universitario. Diciembre 2009


Nota Importante a Leer:

Los comentarios al artículo son responsabilidad exclusiva del remitente.

Si necesita algún tipo de información referente al artículo póngase en contacto con el email suministrado por el autor del artículo al principio del mismo.

Un comentario no es más que un simple medio para comunicar su opinión a futuros lectores.

El autor del artículo no está obligado a responder o leer comentarios referentes al artículo.

Al escribir un comentario, debe tener en cuenta que recibirá notificaciones cada vez que alguien escriba un nuevo comentario en este artículo.

Eumed.net se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios que tengan lenguaje inadecuado o agresivo.

Si usted considera que algún comentario de esta página es inadecuado o agresivo, por favor, pulse aquí.

Comentarios sobre este artículo:

No hay ningún comentario para este artículo.

Si lo desea, puede completar este formulario y dejarnos su opinion sobre el artículo. No olvide introducir un email valido para activar su comentario.
(*) Ingresar el texto mostrado en la imagen



(*) Datos obligatorios


Rejie es una revista académica , editada y mantenida por el Grupo eumednet de la Universidad de Málaga.

Para cualquier comunicación, envíe un mensaje a cmavila@uma.es


Directora: Isabel González Rios  isa_gonzalez@uma.es
Promotor: Grupo de Innovación Docente: PIE 017/08
Editor: Juan Carlos Martínez Coll

ISSN: 1989-8754

Numero Actual
Presentación
Normas de Publicación
Hemeroteca
Consejo de Redacción
Comité Científico
Otras Revistas de EUMEDNET
Universidad de Málaga > Eumed.net > Revistas > Rejie