Miguel Ángel González de San Segundo (coord.,), Un jurista aragonés y su tiempo. El doctor Juan Luis López primer Marqués del Risco (1644-1703), Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2007, 704 págs.

Guillermo Hierrezuelo Conde


 

RESUMEN: En esta obra colectiva se estudia la persona de Juan Luis López (1644-1703), marqués del Risco y jurista aragonés de familia originaria de la localidad de Escarrilla, en el Valle de Tena. Fue doctor en Leyes por la Universidad de Zaragoza, y llegó a ocupar los cargos de alcalde del crimen de la Audiencia de Lima el 23 de octubre de 1681, gobernador de Huancavelica, y más tarde regente del Supremo Consejo de Aragón y primer marqués del Risco. Uno de los títulos más destacados que poseía Juan Luis López era el estatuto especial de la infanzonía, que fue solicitado y aprobado por su padre Juan Lamberto López para sí y para la totalidad de sus hijos en 1656, y reflejaba la pertenencia a una clase noble que gozaba de una serie de privilegios. Finalizado su cargo como magistrado en las Indias, se integró en la administración central de la Corona aragonesa en el año 1694, y más tarde en el consejo de Aragón, obteniendo además el título de marqués del Risco a comienzos del reinado de Felipe V. Entre sus obras más importantes destacan: De Origine Iustitiae, sive Iudicis Medii, Aragonum. Exercitatio. Cum annotatis (1678), y Ad Nonnullos Aragoniae Foros Emendationes (1679).

PALABRAS CLAVE: Juan Luis López, Jurista aragonés, Marqués del Risco.

En la primera de las colaboraciones Bruno Aguilera Barchet, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, estudia "La creación legislativa en Aragón durante el Reinado de Carlos II: las Cortes frente a la crisis" (pp. 23-63). El período Carlos II se caracterizó por la decadencia política y económica, que se agravó en 1640 con las rebeliones portuguesa y catalana. Esta crisis no afectó solamente a Castilla, sino que también se extendió a los reinos de la Corona de Aragón. De hecho, este monarca tuvo que dedicar la mayor parte de sus recursos a evitar la división de los dominios de la Corona española. Esta crisis económica de Aragón en la Edad Moderna se agravó en el siglo XVII en la medida en que la monarquía hispánica trataba de aumentar la contribución de Aragón a las arcas de la Corona (p. 38). De esta forma, el debate general durante el reinado de Carlos II era la forma de salir de la crisis que atravesaba Aragón. Aguilera Barchet destaca que «en el siglo XVIII y en el reinado de Carlos II se puso de relevancia el carácter manifiestamente representativo de la asamblea estamental aragonesa» (p. 50). Finalmente, analiza los actos preparatorios de las Cortes de 1626 y de 1646, así como las de 1678 y de 1684.
Jon Arrieta Alberdi, catedrático de la Universidad del País Vasco, dedica algunas páginas al tiempo en que vivió Juan Luis López (1644-1703) (pp. 65-85), y en concreto se centra en la guerra de los Treinta Años y la de Sucesión. En su juventud vivió los años de la guerra de Cataluña (1640-1652) y no fue ajeno a las instituciones del reino. Ocupó el cargo de fiscal de la Universidad de Zaragoza y más tarde como asesor de la Bailía general de Aragón. Esta época se caracterizó por la crisis general de las Cortes a lo largo del siglo XVII, quizá por la errática trayectoria que tuvo y las pocas veces que se reunieron. En efecto, a la escasez de reuniones se añadía el fracaso de las catalanas de 1626 y 1632. De hecho, llama la atención que en la segunda mitad del siglo XVII sólo se celebraron las Cortes de Aragón, en 1677. En otoño de 1681 Juan Luis López fue trasladado a las Indias, seguramente a causa de sus buenas relaciones con Melchor de Navarra y Rocafull, vicecanciller del Consejo de Aragón (p. 80). En junio de 1698 fue nombrado regente del Consejo de Aragón, en un momento en el que era patente una pronta muerte del monarca y en vísperas de la Guerra de Sucesión.
Ana María Barrero García, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, escribe sobre "El último servicio de un servidor de la Corona: los Emblemata Centum Regio Politica de Solorzano Pereira" (pp. 87-116). Tanto Juan de Solórzano Pereira como Juan Luis López fueron doctores y estuvieron en el virreinato peruano. Mientras el primero ejerció la judicatura como oidor de la Real Audiencia del virreinato, Juan Luis López desempeñó el puesto como alcalde del crimen de la Real Audiencia del virreinato. Ambos personajes contrajeron matrimonio con la sociedad criolla. En ambos casos participaron en el ámbito literario, por un lado los escritos del primer marqués del Risco y por otro los Emblemata centum regio politica (1653) el último libro de Solórzano Pereira y que algunos autores hablan de dos ediciones realizadas en vida del autor. En el mismo Solórzano valoraba de forma positiva la decisión de Felipe IV de disolver las Juntas (p. 104). Barrero García destaca que «Solorzano Pereira no debe su reconocimiento literario por parte de la historiografía a los Emblemata. Sin embargo, de atender a los escasos datos de que se dispone sobre su trascendencia, sus ediciones y traducciones, cabe concluir que no fue un libro desafortunado» (p. 113).
Algunos aspectos de la familia aragonesa y la indiana del primer marqués del Risco han sido perfilados desde la pluma de Javier Barrientos Grandon, miembro de la Academia Chilena de la Historia (pp. 117-149). El origen del linaje zaragozano de los López, al cual pertenecía nuestro protagonista se situaba en Escarrilla, valle de Tena en los Pirineos, reino de Aragón. En las últimas décadas del siglo XVI algunos miembros se establecieron en la ciudad de Zaragoza. De la vida del abuelo paterno, Juan López, poco se conoce, aunque parece ser que era carretero y que se casó en Zaragoza con Ana Gerónima de Maesso y murió entre 1626 y 1631. De este matrimonio nacieron cinco hijos y uno de ellos fue Juan Lamberto López, primogénito del matrimonio y padre del futuro primer marqués del Risco. El padre nació en la ciudad de Zaragoza, bautizado el 25 de de junio de 1616 y fallecido el 29 de diciembre de 1679. Contrajo matrimonio en 1641 en la misma ciudad de Zaragoza. Juan Luis López tuvo seis hermanos, desempeñando algunos de ellos oficios eclesiásticos, siendo el tercero de los hijos habidos en el matrimonio de Juan Lamberto López y Martina Teresa Martínez y Sáinz de Mur. Fue bautizado el 19 de junio de 1644, y contrajo matrimonio con una hija del presidente provisto de la Real Audiencia de Charcas Diego Cristóbal de Messía y León Garavito, antiguo oidor en Quito y fiscal y oidor en la audiencia virreinal de Los Reyes (p. 137). De hecho, la familia León Garavito era «una de las que contó con más miembros en las audiencias del virreinato del Perú durante la segunda mitad del siglo XVII» (p. 139).
Sobre las notas o comentarios a la Recopilación de Leyes de Indias de Carlos II nos ha escrito Beatriz Bernal Gómez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid (pp. 151-162). La Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias, promulgada por Carlos II en 1680 fue fruto de una serie de obras que pretendían facilitar la interpretación y aplicación del Derecho vigente. Entre ellas destacaron los tres tomos de observaciones y comentarios del doctor Juan Luis López, marqués del Risco, que reflejaban la práctica de los tribunales de la época a finales del siglo XVII, si bien de escaso valor doctrinal en la época, aunque de extraordinario interés para el jurista e historiador actual.
María de los Desamparados Cabanes Pecourt, profesora de la Universidad de Zaragoza, estudia "La infanzonía de Juan Luis López en la Audiencia Real de Aragón y en la Corte del Justicia" (pp. 163-188). En efecto, uno de los títulos que poseía Juan Luis López era el estatuto especial de la infanzonía, solicitado y aprobado por su padre Juan Lamberto López para sí y para sus hijos en 1656, que reflejaba pertenecer a una clase noble que gozaba de una serie de privilegios. Este expediente se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, Sección de Infanzonía (signatura 278-5). La petición, que se inició el 23 de septiembre de 1656 ante la Audiencia Real, se fundamentaba en la pertenencia del actor a una casa o palacio de infanzones inmemorial (superior a los cien años). De la sentencia se derivaban derechos y obligaciones para el infanzón de diversa naturaleza: tributaria, administrativa y militar. La infanzonía más antigua alegada era la de Fernando de Lop, apellido que fue alternado con el de López a partir de Juan de Lop 2º, nieto del primero (p. 184).
Santos Manuel Coronas González, catedrático entonces y ahora jubilado de la Universidad de Oviedo, nos acerca a la semblanza de Isidoro Gil de Jaz, magistrado de la Audiencia de Asturias (1749-1754) (pp. 189-238). Consiguió la magistratura en 1703, tras haber desempeñado la abogacía en Madrid desde 1725, y después de haber obtenido el grado de bachiller en Leyes por la Universidad de Huesca en 1721. En 1736 fue nombrado por Felipe V oidor (ministro, juez) del Consejo del reino de Navarra, cargo que ocupó hasta 1749. Durante la regencia de Gil de Jaz en la Audiencia de Asturias hay que distinguir dos épocas: la primera, entre 1749 y 1752, caracterizada por una incesante actividad reformista que propició la creación del Real Hospicio de Oviedo; y la segunda, se extendió hasta 1754 que ocupó plaza efectiva en el Consejo de Castilla, supremo órgano de gobierno, justicia y legislación en la España del siglo XVIII. Entre las competencias jurisdiccionales de un regente estaban las gubernativas de policía. En 1752 fue nombrado Juez Protector del Real Hospicio con jurisdicción privativa en lo contencioso.
Miguel Ángel González de San Segundo, catedrático de la Universidad de Zaragoza, perfila la vida y familia de Juan Luis López (pp. 239-314). Al igual que dos de sus hermanos, Juan Luis López cursó los estudios superiores en la universidad de su ciudad natal, primero en la facultad de Artes, y a continuación en la facultad jurídica, llegando a ser maestro en la de Artes y doctor en la de Leyes. Obtuvo la cátedra de la Universidad de Zaragoza primero en la cátedra de Instituta, hacia 1663, y más tarde, en 1676, en la cátedra de Vísperas de Cánones, en la cual se jubiló. El 20 de noviembre de ese mismo año pasó a la cátedra de Prima de Cánones y la ejerció hasta su fallecimiento en 1687. Asimismo, ejerció la abogacía en su ciudad natal, posiblemente a partir del año 1667, interviniendo en las cuestiones litigiosas que afectaban a su padre Juan Lamberto López, y también actuó como abogado en Madrid en otras cuestiones. Fue uno de los pocos juristas aragoneses que ejercieron profesionalmente en la audiencia de Lima y en el gobierno de Huancavelica (pp. 271-278). En efecto, González de San Segundo señala que «fue uno de los muy pocos naturales del reino de Aragón que durante la época moderna llegaron a ser ministros superiores en las audiencias indianas» (p. 274). Tomó posesión como alcalde de la sala del crimen el 23 de octubre de 1681, y más tarde como auditor general de la gente de mar y guerra, el 8 de noviembre de 1681, y juez privativo de los extravíos de oro y plata sin quintar y de la prohibición de comerciar con plata labrada y sacarla del Perú, el 13 de mayo de 1682. Más tarde fue nombrado corregidor o gobernador de la villa y mina real de azogues de Huancavelica, el 12 de octubre de 1863, así como otros cargos que ocuparía. El matrimonio indiano de Juan Luis López con la familia de los Mesía, celebrado en Lima el 12 de mayo de 1686, le permitiría la entrada en la sociedad peruana de aquella época. Finalizada su actividad como magistrado en las Indias, Juan Luis López se integró en la administración central de la Corona aragonesa en el año 1694, ingresando en el consejo de Aragón a finales del reinado de Carlos II y obteniendo el título de marqués del Risco a comienzos del reinado de Felipe V. Finalmente, falleció en Madrid, cuatro días después de haber otorgado su última voluntad el 28 de diciembre de 1703.
José Luis Moreu Ballonga, profesor de la Universidad de Zaragoza, detalla la regla del standum est chartae, recogida en el art. 3 de la Compilación aragonesa de 1967, retocada en las reformas legales de 1985 y de 1999 (pp. 315-503). Se ha discutido sobre el origen histórico del principio o brocardo, remontándose en ocasiones a los siglos XIV y XV, otras veces a 1436, e incluso como anterior a la Compilación de Huesca de 1247. Moreu Ballonga destaca, en su opinión, que «a mí me parece reconocer en el Derecho consuetudinario del Alto Aragón que conocemos, más que un sentido liberal de los aragoneses que vivieron bajo el antiguo régimen, que sin duda pudo también existir en cierta medida, la debilidad del reino, de sus capacidades legislativas y de su ordenamiento jurídico» (p. 342). Además, destaca que standum est chartae es la "carta" por antonomasia en el Derecho aragonés histórico del Alto Aragón, o incluso de otras zonas del reino (p. 344). La doctrina aragonesa más influyente conceptúa al standum est chartae como uno de los «principios generales en los que tradicionalmente se inspira» el ordenamiento jurídico aragonés y principios que el art. 1º de la Compilación reconoce, acaso como fuente subsidiaria, tras la ley imperativa aragonesa y la costumbre aragonesa (p. 427). De hecho, Costa califica la "carta" como "fuente primordial del derecho" y afirma que tiene idéntica naturaleza que las leyes públicas (p. 355). Sin embargo, Moreu Ballonga considera «dudosa o discutible la tesis habitual de la doctrina aragonesa de que el standum est chartea sea un 'principio general y tradicional'» (p. 430). Por otro lado, José Luis Moreu considera que «no fue un acierto incluir en 1967 el standum est chartae como 'principio' del Derecho aragonés extensible en teoría a la mayor parte del Derecho patrimonial» (p. 365). También estudia cómo quedó la cuestión tras la reforma legal de 1999 en el art. 3 de la Compilación, que «ha empeorado la regulación anterior y ha creado un serio problema interpretativo» (pp. 366-387), lo que ha propiciado que el standum est chartae tenga diversas interpretaciones y dañe la misma seguridad jurídica. Por ello, Moreu Ballonga defiende la teoría «según la cual toda norma legal del Derecho general estatal que fuese imperativa y que resultase aplicable en Aragón debería resultar aquí también aplicable como imperativa» (p. 387).
Oriol Oleart, profesor de la Universidad de Barcelona, se ha referido a la intervención de la Diputación del General de Cataluña en la publicación de libros legales, y en concreto de las De decisiones de la reyal Avdientia del Doctor Miquel de Cortiada (pp. 505-591). Esta vinculación de la Diputación del General con la impresión de las decisiones de la Audiencia en Cataluña databa del siglo XVI y se prolongó hasta principios del siglo XVIII. La primera disposición sobre esta materia se aprobó en las Cortes de Monzón de 1542, si bien en las Cortes siguientes, celebradas en 1547, se fijó una regulación más casuística de las decisiones. Las siguientes Cortes en las que se legisló sobre esa cuestión fueron en las de Barcelona de 1701-1702. De hecho, durante la segunda mitad del siglo XVII se reflejó mayor actividad relativa a la producción de obras e impresión de volúmenes de decisiones de la Audiencia, siendo la publicación más importante la obra del doctor Miquel de Cortiada, que se publicó entre 1661 y 1693. Miquel de Cortiada, natural de Lleida, falleció el 6 de febrero de 1691. Además, consiguió la cátedra de Derecho romano en 1650 en la Universidad de Lleida, donde anteriormente se había doctorado. En su condición de doctor de la real Audiencia publicó en la segunda mitad del siglo XVII su obra de cinco tomos: Decisiones reverendi cancellarii, et sacri regii Senatus Cathaloniae. El último de los tomos vio la luz póstumamente. Otras obras publicadas a cargo de la Diputación fueron la de los doctores Miquel de Calderó, Bonaventura Tristany y Pere d'Amigant. En las últimas páginas de esta obra colectiva, comprendidas entre la 534 y la 590, se recogen 67 documentos parciales de la época.
José María Pérez Collados, catedrático de la Universidad de Gerona, estudia la opinión jurídica de Juan Luis López sobre la integración de las Indias en la Corona de Castilla (pp. 593-610). Parece ser que fue el aragonés Melchor de Navarra y Rocafull, duque de Palata y virrey de Perú, quien intermedió a favor de Juan Luis López para que desempeñara oficios en Indias, en principio, reservados a los naturales de la Corona de Castilla. Juan Luis López consideraba que la confusión de considerar a los naturales del reino de Aragón extranjeros en Indias se habría producido a causa de la forma de incorporación de las Indias a la Corona de Castilla, mediante el procedimiento de la accesión, y a consecuencia de la relación jurídico-política establecida entre las Coronas de Castilla y Aragón. En otro aspecto, entendía que no había razones jurídicas ni políticas para excluir a los aragoneses de la administración de las Indias (p. 604).
José Sánchez-Arcilla Bernal, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, escribe sobre los alcaldes del crimen en las Audiencias castellanas y en las Audiencias indiana (pp. 611-638). Los alcaldes del crimen en Indias tuvieron una naturaleza excepcional, al igual que en la Península (p. 637). Melchor de Navarra y Rocafull le nombró en la administración indiana como alcalde del crimen de la Audiencia de Lima de 1680, y un año más tarde como auditor general de guerra y como juez e intendente de minerales de oro, plata y azogue del virreinato. En 1683 fue nombrado corregidor de Huancavelica y gobernador de la provincia de los Angares. Sánchez-Arcilla afirma que «las audiencias castellanas –en concreto las de Valladolid y Granada– sólo fueron un modelo inspirador del sistema 'audiencial' que se estableció en América, el cual, desde muy pronto, adquirió una fisonomía propia, no sólo en el ámbito de sus competencias, sino también en el orgánico» (p. 613). De hecho, en las Audiencias indianas los oidores asumían tanto los asuntos en materia criminal como civil. Las primeras Ordenanzas de Audiencia que regularon los alcaldes del crimen en Indias fueron las dictadas en 1646 por el virrey Palafox, y se regularon en doce capítulos. Estas Ordenanzas de Palafox suponían un reconocimiento explícito de norma especial, así como la vigencia supletoria de las Ordenanzas de las Audiencias de Valladolid y Granada. Estos alcaldes del crimen indianos debían conocer de las causas relativas a la remisión a la Península de aquellos casados que no habían llevado consigo a sus mujeres, así como las de los extranjeros y personas que hubiesen pasado a Indias sin licencia, sin que los oidores pudieran mediar en dichas causas. La regulación más completa de esta institución de las Audiencias indianas se encontraba recogida en la Recopilación de Indias de 1680, dictada durante el ejercicio de su cargo por parte de Juan Luis López.
Alfonso Sánchez Hormigo, profesor de la Universidad de Zaragoza, nos aproxima a las figuras del librecambista imposible y al arbitrista disfrazado (pp. 639-675). La herencia de Felipe III fue una Hacienda en quiebra, al igual que le sucedería a su sucesor. A ello se le unió la fuerte crisis de los años 1627 y 1628, situación agravada por la guerra contra Francia y la sublevación de Cataluña y Portugal en 1640. Durante el reinado de Carlos II (1665-1700) se produjo una leve recuperación. Sánchez Hormigo califica a Dormer como un "librecambista imposible", aunque liberal, sometido al servicio del monarca, cuyos válidos no profesaban afición al librecambismo. Dormer no consideraba la prohibición como la mejor medida para el desarrollo del Reino, y sin embargo se movía dentro de un proteccionismo en lo político y en lo económico. En efecto, la solución que proponía Dormer consistía en fomentar la industria autóctona mediante el suministro de materias primas, y para evitar la competencia de los extranjeros abogaba por la prohibición de que éstos entraran y vendieran tejidos extranjeros (p. 657). Algunas de las medidas propuestas por Dormer fueron acogidas en las Cortes, si bien sus posturas liberalizadoras tuvieron un alcance limitado. Pero en las Cortes de la época también se asumieron algunas ideas de José Gracián Serrano. De hecho, al igual que Dormer, consideraba necesario eliminar las Generalidades para reactivar la actividad comercial (p. 661). Marcelo Nabacuchi defendió todos y cada uno de los argumentos de su amigo íntimo Gracián, si bien evitaba que se identificase su postura con éste. De hecho, tanto Dormer como Marcelo defendían la postura del arbitrista disfrazado.
La última de las colaboraciones es la de José Solís, profesor de la Universidad Zaragoza, que nos escribe sobre la historia del Derecho aragonés en la obra de Juan Luis López (pp. 677-704). Juan Luis López publicó numerosas obras, muchas de ellas sobre historia del Derecho y de las instituciones. Juan Luis López dedicó especial interés al estudio de la legislación antigua y la historia de las instituciones aragonesas. Entre sus obras destaca una historia sobre los orígenes del Derecho y del Justicia de Aragón, así como su De Origine Iustitiae, sive Iudicis Medii, Aragonum. Exercitatio. Cum annotatis (1678), y Ad Nonnullos Aragoniae Foros Emendationes (1679). Otra de sus obras es Aragoniae Gentis et Regni Vindiciae (1732). Pero el proyecto en el que más trabajó durante años fue el de crear una "Biblioteca" de Derecho aragonés, si bien a fecha de su muerte en 1703 estaba prácticamente ultimado, aunque inacabado.
Esta obra, patrocinada por la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, ha sido coordinada por el profesor Miguel Ángel González de San Segundo, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Zaragoza, y recoge catorce trabajos sobre este jurista aragonés e indiano, que analizan su figura y el contexto histórico, social, económico y jurídico de la época. [Recibido el 24 febrero de 2013].


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