Salustiano de Dios y Eugenia Torijano (coords.), Cultura, política y práctica del Derecho. Juristas de Salamanca, Siglos XV-XX, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2012, 567 págs.

Guillermo Hierrezuelo Conde


 

RESUMEN: En esta obra se recogen hasta siete estudios relativos a juristas de Salamanca en el período que comprende desde el s. XV hasta el pasado siglo XX. El primero de ellos está dedicado a distintos juristas salmantinos que vivieron durante el s. XV, destacando la figura de Pedro de Luna, conocido como papa Benedicto XIII; el segundo de los artículos pone de relieve la importancia de los colegios mayores salmantinos, institución en la que se tramitaron numerosos expedientes a los colegiales para la averiguación de la limpieza de sangre, así como otros aspectos, como la honorabilidad de la línea familiar; la tercera de las colaboraciones gira en torno a la figura del oficial de la administración española en el s. XVIII, y a las referencias que sobre ella se recogen en la obra de Jean Pierre Dedieu titulada La muerte del letrado; el cuarto estudia la personalidad del catedrático Vicente Fernández de Ocampo, que vivió entre 1743 y 1815; el quinto al informe realizado al proyecto de Código Civil de 1851 por la Facultad de jurisprudencia de la Universidad de Salamanca, que aunque no llegó a entrar en vigor adquirió gran trascendencia en el ámbito civil; el sexto, a la importancia de las audiencias de lo criminal de Salamanca y Ciudad Rodrigo, hasta la supresión de esta última; y el último de ellos, a aquellos profesores de la Universidad de Salamanca que vivieron los primeros años de la Dictadura franquista, entre los que podemos citar a Teodoro Andrés Marcos y Nicolás Rodríguez Aniceto, entre otros.

PALABRAS CLAVE: Juristas, Salamanca, Siglos XV-XX.

El primero de los estudios, realizado por Salustiano de Dios y de Dios, ha sido dedicado a los juristas de Salamanca en el siglo XV (pp. 13-70). En los últimos años del siglo XIV y primeros decenios del XV, Salamanca comenzó a despuntar, favorecida por los acontecimientos políticos que se sucedieron. Salustiano de Dios reseña que la Universidad de Salamanca estuvo «muy influenciada por el clero compostelano y catedralicio salmantino» y «fue orientada desde sus comienzos hacia las enseñanzas del derecho, pese a que luego, a partir de Pedro de Luna, las Escuelas Mayores extendieran sus saberes también a la teología, al tiempo que las enseñanzas de Artes...» (p. 20). Además, señala De Dios que no es fácil determinar los primeros escritos de los juristas de Salamanca, aunque antes de la segunda mitad del s. XIV ya tenemos constancia de algunos testimonios. Más tarde, a finales del s. XIV y primeros decenios del XV la Universidad de Salamanca comenzó a brillar con luz propia con el nombre de Pedro de Luna (p. 26). Las constituciones y estatutos de la Universidad de Salamanca de 1381 no han sido conservadas, aunque sí las de 1411, otorgadas siendo papa Pedro de Luna con el nombre de Benedicto XIII, así como las del papa Martín V, en 1422, en cuya elaboración participó la Universidad, que eran una continuación de las anteriores pero más amplias. Con la creación a principios del s. XV del Colegio Mayor san Bartolomé, el primero de su naturaleza, comenzó un periodo de auge de la Universidad salmantina. Las constituciones de Benedicto XIII de 1411 contemplaban la existencia de edificios propios para la impartición de las enseñanzas, abandonando los solares del cabildo catedralicio salmantino, ocupados hasta entonces. Algunos de los juristas que consolidaron la Universidad salmantina fueron, entre otros, Vicente Arias de Balboa, que estudió leyes a finales del s. XIV y Alonso de Cartagena; este último estudió entre 1400 y 1415 (pp. 32-33). Entre los conciliaristas de Salamanca destacaron Juan González de Sevilla, Juan Alfonso de Segovia, Alfonso de Madrigal, Diego de Anaya y Alonso de Cartagena. Entre quienes abogaban por la supremacía del papa sobre el concilio, que fue la postura que finalmente triunfó, se encontraban Juan de Carvajal, Juan de Torquemada y Rodrigo Sánchez de Arévalo. En Salamanca en el siglo XV se enseñaba el Derecho civil y canónico, es decir, el Derecho común o Ius commune, siendo el momento clave para la obtención de la licenciatura la exposición y debate oral ante los maestros de unos puntos sacados al azar de los grandes textos canónicos y civiles. En esta época los juristas –y también los jurisconsultos de Salamanca– tenían la pretensión de que el Derecho común fuera de aplicación en el reino en defecto de leyes claras y costumbres del Reino (pp. 44-45). Salustiano de Dios reseña que «los juristas salidos de Salamanca o que en ella enseñaban se movían en la senda del llamado mos italicus, de sólidos civilistas y canonistas pero de métodos tradicionales... porque eran duchos, a imitación de sus modelos itálicos, en el manejo de la Biblia, los santos padres, la historia clásica y la propia hispana y no hacían ascos a textos de Aristóteles, Cicerón o Séneca, amén de teólogos» (p. 48). Otro jurista de Salamanca, catedrático de Leyes, fue Lorenzo Galíndez de Carvajal, que interpretó el sistema de fuentes de Alcalá. Algunos juristas de Salamanca, como Antón Rodríguez Cornejo –doctor en cánones y regente de la cátedra de Sexto y Clementinas– y Diego Gómez de Zamora –catedrático de Prima de Cánones– participaron de forma activa en la condena de Pedro de Osma.
Gonzalo García de Villadiego, catedrático de vísperas de cánones en Salamanca y luego embajador de los reyes en Roma y obispo electo de Oviedo, publicó cuatro tratados en prensas españolas y europeas. Mayor protagonismo como jurista alcanzó Alonso Díaz de Montalvo, estudiante de Salamanca y Lérida, haciéndose numerosas ediciones de sus libros (p. 65). No menos fama alcanzaron Rodrigo Suárez, catedrático de Prima de Leyes de Salamanca, o Juan López de Palacios Rubios, licenciado en cánones por Salamanca y doctor y catedrático de Prima de Cánones en Valladolid, que además ocupó los cargos como oidor de Ciudad Real y Valladolid, embajador de los reyes y presidente del Consejo de la Mesta. Destacó también el nombre de Lorenzo Galíndez de Carvajal, que llegó a ocupar la cátedra de Prima de Leyes de Salamanca.
Baltasar Cuart Moner, profesor de la Universidad de Salamanca, elabora un estudio sobre los expedientes de colegiales en los Colegios mayores salmantinos durante el siglo XVI (pp. 71-141). En efecto, en el Archivo de la Universidad de Salamanca se conservan numerosos expedientes de colegiales mayores que se desplazaron a distintos puntos de la geografía para investigar la vida y costumbres de los aspirantes a ocupar las prebendas que iban quedando vacantes. En estos expedientes los colegiales averiguaban la limpieza de sangre, así como otros aspectos, como la honorabilidad de la línea familiar y cómo se había llegado a ella, cómo se había construido, etc. En estos aspectos, los expedientes de colegiales alcanzaron un gran valor. En los expedientes colegiales de vita et moribus existía una gran dificultad de hallar información objetiva en los testigos, ya que en muchos casos eran juicios de valor sobre tal o cual linaje, o incluso testificaron coaccionados por los investigados o llevados por el odio. Estos expedientes de vita et moribus eran una encuesta oral, que un colegial mayor planteaba a una serie de personas, hombres y mujeres, para averiguar la idoneidad de un linaje al que pertenecía un aspirante a una beca colegial. Los únicos testigos que se rechazaban eran aquellos cuya sangre conversa fuese notoria, si bien en numerosas ocasiones sus declaraciones eran manipuladas. En realidad, los linajes conversos del siglo XVI trataron de aprovecharse de la indagación de limpieza de sangre, urdieron todo tipo de estratagemas, disimulando sus orígenes para integrarse en las filas mayoritarias como cristianoviejos, lo que permitía una reubicación social. En este contexto, los colegios mayores permitieron consolidar su estatus y lograr el ascenso social. A modo de ejemplo, analiza con detalle los expedientes de Antonio de Montemayor (pp. 98-106), Diego González de Astudillo (pp. 106-116), Diego de Vera (pp. 116-126), Diego González de Quintero (pp. 126-131) y Francisco Gil (pp. 131-135).
Ana María Carabias Torres, profesora de la Universidad de Salamanca, se refiere al cambio tipológico del oficial de la administración española en el siglo XVIII, analizando la obra de Jean Pierre Dedieu sobre "La muerte del letrado" (pp. 143-237). Uno de los colegios mayores que alcanzó mayor importancia en la época fue el Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca. Dedieu en su artículo llegó a afirmar que «los colegiales mayores eran los más alejados de todos de la abogacía» (p. 152). Sin embargo, Ana María Carabias, muestra su disconformidad en ese aspecto, llegando a manifestar que «no debería identificarse en la práctica 'letrado' y 'colegial mayor' y que, por tanto, no puede hablarse de 'muerte del letrado', sino en todo caso de 'muerte del colegial mayor' en los altos cargos de la administración de la monarquía española durante el siglo XVIII» (pp. 207-208). De hecho, la autora de este artículo considera que el incremento de quienes se autodenominaron "abogados" fue temporal y en absoluto constituyó un grupo aparte del conjunto de los llamados "letrados". Carabias Torres también considera que la reforma de las universidades practicadas en 1771 no fue fruto de la desconfianza del rey para elegir a sus agentes, sino una cuestión política en la medida en que devolvió al rey el patrocinio sobre los centros de educación superior. Desde el siglo XVI en Salamanca los colegiales monopolizaron las cátedras, llevando a las universidades españolas a una situación crítica y de ignorancia del Derecho nacional. En efecto, Dedieu y la historiografía de la época afirmaron que los colegiales tenían poca formación, rechazando las facultades universitarias de Derecho a la implantación del Derecho nacional, a pesar de que desde las Reales Órdenes de 1713 y 1714 mandaban incluir el estudio del Derecho patrio en las universidades. En el Plan de estudios de 1771 se ordenaba explicar la Nueva Recopilación, las colecciones de Cortes y las Leyes de Toro comentadas por Antonio Gómez. Pero los investigadores han mostrado que en la Universidad de Salamanca se partía de las grandes compilaciones jurídicas recogidas en los Planes de estudio (Corpus Iuris Civilis y Corpus Iuris Canonici, con sus comentarios) para enseñar en realidad el Derecho regio castellano de las Partidas, las Leyes de Toro, la Nueva Recopilación y la traducción castellana de leyes y normas. Carabias Torres afirma que «las universidades borbónicas tomaron en parte el modelo salmantino, aunque no en todas se llegaría a un nivel equivalente» (p. 162). Esta nueva situación, hace que desde mediados del siglo XVIII no fuera necesario estudiar en una Universidad castellana para tener posibilidad de disfrutar de un nombramiento real, compartiendo el poder la Universidad con otras instituciones como el Seminario de Nobles de Madrid, varios tipos de academias, etc., cuya formación tendía a convalidarse. En el artículo de Dedieu que estudiamos también analizaba la desaparición de los colegiales mayores de los nombramientos a lo largo del siglo XVIII, si bien a juicio de Ana María Carabias, olvida una: que los propios colegios mayores se llegaron a cerrar, abandonando las funciones que hasta el momento habían llevado a cabo (pp. 170-176). Finalmente, analiza la familia de Diego de Rojas y Contreras (1700-1772), que utilizó los colegios mayores como medio de ascenso socio-laboral, y que una vez cerrados estos siguieron otro camino para mantenerse en el poder (pp. 176-204).
El cuarto de los artículos, referido al catedrático Vicente Fernández de Ocampo y Rodríguez del Manzano (1743-1815), ha sido elaborado por María Paz Alonso Romero, catedrática de la Universidad de Salamanca (pp. 239-313). Fernández de Ocampo nació en Salamanca y falleció en Madrid. Dentro de la Universidad de Salamanca, fue uno de los principales actores en el proceso de implantación de las reformas borbónicas y en el fomento del Derecho patrio. Consiguió el título de bachiller en Leyes el 6 de junio de 1764, obteniendo el grado de licencia en Leyes el 25 de septiembre de ese mismo año (p. 246), y el 5 de noviembre de 1765 el doctorado en leyes. En cuanto obtuvo el título de licenciado en Leyes y Cánones comenzó a ejercer la abogacía en los tribunales de la provincia, sin otro requisito, ya que existía un privilegio de la Universidad salmantina que habilitaba con ese título sin el requisito del ordinario examen de acceso ante el Consejo, Chancillerías o Audiencias. Consiguió su primera cátedra a los veintisiete años de edad, en concreto la de Instituta el 13 de octubre de 1770.
Cinco años más tarde, el 19 de diciembre de 1775, obtuvo su segunda cátedra, la de Digesto. Con tan sólo treinta y seis años, el 20 de julio de 1779, ocupó la cátedra de Prima de Leyes, cuando ya se había establecido el nuevo sistema en el que imperaba el mérito y la libre concurrencia entre opositores frente a la antigüedad. Con esta cátedra alcanzó el máximo eslabón su carrera académica, ya que por encima de ella no había más cátedras a las que opositar. El Plan de 1771 destinaba la cátedra de Prima de Derecho Real a quienes ya estuvieran en posesión del título de bachiller, y cursaran el quinto año. Cuando accedió a esta cátedra era conocedor del Derecho patrio, en la medida en que había ejercido también la abogacía. Ocampo intentó en 1785 incorporar a la Universidad de Salamanca la Escuela de Dibujo de San Eloy inaugurada el año anterior (p. 291). Además de sus cátedras, recibió varios nombramientos y ocupó diversos cargos (pp. 298-311), entre los que destacan el nombramiento como miembro del claustro de diputados durante el curso 1768-1769 y el cargo de censor regio.
Eugenia Torijano, profesora de la Universidad de Salamanca, detalla el Informe al proyecto de Código Civil de 1851 de la Facultad de Jurisprudencia de Salamanca (pp. 315-381), que nunca llegó a aprobarse. Ese documento manuscrito se guarda tanto en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca como en el Archivo del Congreso de los Diputados. Constaba de 198 folios y se dividía en dos partes bien diferenciadas: las observaciones generales y las particulares. Se formó una Comisión con todos los profesores de la Facultad (incluido Madrazo, que estaba adscrito a la de Filosofía) que impartían clase en ese momento en Salamanca. En la documentación del Archivo del Congreso de los Diputados, el Informe estaba firmado por cinco profesores, si bien Juan Antonio Monleón aparecía citado en el Archivo salmantino como miembro de la Comisión, y seguramente participó en algunas de sus sesiones: Salvador Ramos Reboles (1801-1863), Pablo González Huebra (1802-1872), Juan Antonio Monleón Pérez (1805-1859), Carlos Ramón Fort y Pazos (1807-1878), Miguel Carrasco Alonso (1807-1864) y Santiago Diego Madrazo Arroyo (1816-1890). Aunque el Derecho civil no se codificó en España hasta 1889, hubo intentos de esta gesta con anterioridad en el proyecto de 1851. La Comisión comentó brevemente, aunque de forma juiciosa, uno a uno cada artículo del proyecto. Eugenia Torijano describe brevemente el mismo: «entiende la Comisión que es un proyecto escaso en doctrina, en el sentido de que no es suficientemente claro para que sea entendido por el público y aunque define, explica y clasifica, no lo hace de forma satisfactoria» (p. 341). Además, destacó la Comisión que numerosos artículos contenían referencias a otros, haciendo una valoración negativa de este aspecto. La Comisión también hizo numerosas observaciones al Libro primero (referido a las personas), a Libro II (división de los bienes y de la propiedad), así como al Libro III (modos de adquirir la propiedad) (pp. 344-368). Los profesores salmantinos hicieron un examen del proyecto «atendiendo fundamentalmente a cuestiones muy técnicas, conforme a su formación y profesión, aunque bien es cierto que tampoco dejan de lado cuestiones más ideológicas, tales como la defensa a ultranza de la institución del matrimonio canónico perfectamente insertado en el derecho civil, pues, es una constante también del Informe mantener que la Iglesia siga insertándose en las instituciones civiles» (p. 368).
En otro orden de cosas, esta vez en el ámbito penal, Pilar Arregui Zamorano, profesora de la Universidad de Salamanca, reflexiona sobre la puesta en funcionamiento y supresión de las dos audiencias de lo criminal que se crearon en Salamanca, una en su capital y la otra en Ciudad Rodrigo (pp. 383-472). Este estudio abarca un arco temporal que comprende una década, desde su creación por la Ley adicional a la Orgánica del Poder Judicial el 14 de octubre de 1882, hasta el Real Decreto de 18 de julio de 1801, que suprimió un buen número de ellas, entre las que se encontraba la de Ciudad Rodrigo. Las audiencias de lo criminal que permanecieron pasaron a denominarse audiencias provinciales, como sucedió con la de Salamanca.
La instauración de las audiencias de lo criminal en España como órganos colegiados fue calificada como la reforma más trascendental llevada hasta el momento en nuestro país. Su trascendencia se debió además por la introducción del principio de oralidad y de publicidad de los juicios, que supuso una ruptura con el procedimiento inquisitivo y secreto. Las bondades de este tipo de juicio parecían evidentes, pero para la implantación del juicio oral y público era necesario reformar el procedimiento y la organización de los tribunales. Y esta labor la llevó a cabo la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, que modificó la planta de los tribunales de justicia, al tiempo que ordenaba al Gobierno la reforma de los procedimientos criminales de acuerdo con las reglas que allí se establecían (p. 388). Este mandato se cumplió con la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872, incorporando el juicio oral como novedad. Sin embargo, fue suprimido con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, si bien nuevamente se restableció. La Ley adicional a la Orgánica del Poder Judicial de 1882 creaba un total de 95 tribunales colegiados, marcando los lugares donde se crearían y los juzgados adscritos a cada uno de ellos. La totalidad de los tribunales colegiados se clasificaron en tres grandes grupos: el primero, formado por las salas de lo criminal de las quince audiencias territoriales existentes; el segundo, integrado por las audiencias de lo criminal con sede en una capital de provincia (entre ellas, la de Salamanca); y, en tercer lugar, el formado por las audiencias de lo criminal cuya sede no estuviera en una capital de provincia (entre ellas, la de Ciudad Rodrigo). El nombre de audiencias de lo criminal hizo posible que las proyectadas circunscripciones mantuvieran el nombre de partidos judiciales. De esta forma, la audiencia de lo criminal de Ciudad Rodrigo tuvo jurisdicción sobre los partidos judiciales de Vitigudino, Ciudad Rodrigo y Sequeros; y la de Salamanca sobre los de Alba de Tormes, Béjar, Ledesma, Peñaranda de Bracamonte y Salamanca.

Estas audiencias del crimen contaban, al menos, con un presidente y dos magistrados, que era el número mínimo permitido. El resto de las audiencias contaba con un presidente y cinco magistrados, a excepción de la de Málaga compuesta por un presidente y ocho magistrados. La audiencia de lo criminal de Salamanca y la de Ciudad Rodrigo contaron con un presidente, dos magistrados, un fiscal, un teniente fiscal, un secretario, un vicesecretario, un oficial primero, un portero, dos alguaciles y un mozo de estrados (p. 419). El obstáculo principal que tuvieron que superar los tribunales colegiados fue el presupuestario, y la de decidir su número y su ubicación. En efecto, la Ley de Presupuestos del Estado de 1890-1891, en su art. 25, ordenaba al Gobierno a suprimir 20 audiencias de lo criminal de acuerdo a las bases que la propia Ley recogía. La audiencia de lo criminal de Ciudad Rodrigo fue una de las llamadas a desaparecer (p. 457).
Javier Infante Miguel-Motta nos acerca a las vivencias de los profesores de la Facultad de Derecho de Salamanca en la época del primer franquismo (pp. 473-567). Hay que destacar el «Mensaje que la Universidad de Salamanca dirigió a las Academias y Universidades del mundo acerca de la guerra civil española», aprobado de forma unánime por el claustro universitario el 26 de septiembre de 1936, que mostraba su apoyo al Generalísimo Francisco Franco Bahamonde, y su oposición a la República. En junio de 1948, el claustro de la Universidad salmantina acordó premiar al Caudillo con la concesión del doctorado honoris causa, y no fue hasta el 30 de abril de 2008 cuando el Consejo de Gobierno rechazó la distinción.
Al triunfar el golpe militar, fueron sometidos a depuración y separados definitivamente del servicio los catedráticos Wenceslao Roces Suárez, Álvaro Calvo Alfageme y José de Benito Mampel, así como los profesores auxiliares Luis Portillo Pérez y Agustín Iscar Alonso (pp. 480-485). Otros apoyaron la rebelión militar de manera manifiesta, como los cinco catedráticos de la Facultad de Derecho, que a continuación se enumeran: Teodoro Andrés Marcos, Wenceslao González Oliveros, Isaías Sánchez Tejerina, Manuel Torres López y Nicolás Rodríguez Aniceto (pp. 486-489 y 505-556).
Esta obra recoge siete estudios relativos a los juristas de Salamanca en el período que comprende desde el siglo XV hasta el XX, fruto de un proyecto financiado por la Junta de Castilla y León para el trienio 2008-2011. Esta labor se inició con un número monográfico publicado en Salamanca. Revista de Estudios (47, 2001), titulado Salamanca y los juristas, y más tarde el libro El derecho y los juristas en Salamanca (siglos XVI a XX). En memoria de Francisco Tomás y Valiente (2004). Más recientemente se ha publicado el libro Juristas de Salamanca, siglos XV-XX: Enseñanza, doctrina y práctica del Derecho (2009). [Recibido el 5 de marzo de 2013].


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