Antonio Fernández de Buján, Derecho Público Romano, Thomson-Civitas, Pamplona, 2010, 13ª edición, 432 págs.

José Luis Zamora Manzano


 

ABSTRACT: En la presente reseña se destacan los aspectos y novedades de la 13ª edición del libro de Derecho público romano en el que, al margen de las etapas históricas y las fuentes del Derecho romano, se aborda el Derecho administrativo junto a la incorporación del Derecho fiscal romano, esto último como novedad, y la recepción del Derecho romano en el Derecho castellano e iberoamericano. Estamos, por tanto, ante una obra que, sin lugar a dudas, constituye un trabajo ejemplar, con una labor de exposición y sistematización que el autor ha hecho de forma encomiable y que se ha convertido en el principal manual de referencia del Derecho público romano.

PALABRAS CLAVE: Derecho público romano, Formas de gobierno, Comicios, Senado, Princeps, Compilación justinianea, Derecho administrativo, Expropiación, Utilitas publica, Ius fiscale, Aerarium, Thesaurus, Debitor, Delationis fiscale, Principios tributarios, Derecho europeo, Ius commune, Derecho castellano, Derecho iberoamericano, Antonio Fernández de Buján.

Acaba de ver la luz la decimotercera edición del manual de Derecho público romano de Antonio Fernández de Buján, Catedrático de Derecho romano de la Universidad Autónoma de Madrid, un manual que aunque procede del ambiente académico, tiene un enorme rigor científico, toda vez que se trata de un libro ameno, muy bien escrito, comprensible y sobre todo didáctico , aspecto este último fundamental teniendo en cuenta los nuevos tiempos en los que la enseñanza universitaria experimenta una profunda renovación por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior , y en el que los enfoques didácticos clásicos centrados en el aula y en la actividad del profesor, cambian por una metodología de enseñanza-aprendizaje centrada en la actividad autónoma del estudiante , a lo que contribuye el A. con este nuevo manual. A ello debemos añadir los muchos motivos de encomio que suscitan las actualizaciones y revisiones que a lo largo de los años se han ido produciendo en el mismo desde su edición del año 1996.

En este sentido, es menester que nuestros libros adoctrinen sobre el significado del Derecho público romano con una proyección que permita obviamente examinar un Derecho científico y jurisprudencial que nació, se desarrolló y se extinguió en un clima de evolución social y político interesantísimo , contribuyendo de esta forma a conformar unas ideas bastante claras sobre lo que es y representa el dinamismo jurídico; a ello, sin lugar a dudas, contribuye este libro. Asimismo, cabe precisar antes de analizar brevemente su contenido, que la obra incorpora todo un elenco bibliográfico sobre los avances registrados en la investigación histórica del Derecho público a los que el A. va dando en su sistemática un tratamiento riguroso y preciso, explicando en todo momento su engarce con lo común y general, donde la jurisprudencia romana dio vida a un cuerpo doctrinal que postula lo mejor de cara a aquel tiempo y al nuestro . En esta obra, en la que el A., con amplio rigor científico y análisis minucioso y exhaustivo, como corresponde a su reconocido prestigio como romanista, aporta al estudiante, inmerso en los estudios de Grado, la visión y el contexto histórico del Derecho romano, con sus etapas históricas, las fuentes y la importancia de la tradición y recepción, desde la romanización jurídica de Hispania hasta las diferentes codificaciones tanto europeas como iberoamericanas; a lo que se añade, junto al Derecho administrativo romano, como novedad en la 13ª edición un capítulo dedicado al Derecho fiscal romano y los principios tributarios. De esta forma ofrece al estudiante el punto focal en el que ir construyendo el armazón jurídico resaltando la importancia y el valor formativo de nuestra disciplina.

No pretendemos en esta reseña hacer mención de todos los aspectos y matices que contiene la obra de Antonio Fernández de Buján, y que constituye además de un ejemplo de buen hacer romanístico, un manual de referencia obligado no sólo para el romanista sino para todo estudioso del Derecho que quiera hallar en el Derecho público romano la génesis de la mayor parte de los conceptos jurídicos que se manejan a nivel constitucional, penal, procesal, jurídico-administrativo y fiscal, entre otros.

En aras a la brevedad y siempre teniendo presente que en una reseña es difícil destacar todos los prolegómenos con el rigor con los que son analizados por el A., debemos precisar que el manual se estructura en veinte capítulos (pp. 31-384): Como portón de entrada al estudio de las diferentes formas de gobierno se desarrollan: los capítulos I (pp. 31-39) donde el A. se centra en el concepto, el valor actual del Derecho público romano, las etapas y sus fuentes y el II (pp. 45-75) que se dedica al estudio los métodos y la importancia del Derecho romano como elemento esencial y vínculo de unión entre el Derecho europeo y el iberoamericano.

Posteriormente, con rigor cartesiano, el A. va analizando de forma pormenorizada las distintas etapas del sistema constitucional romano, desde la génesis de la monarquía en el capítulo III (pp. 75-82) con las organizaciones precívicas, a la importancia de la figura carismática del rey del capítulo IV (pp. 83-90) dónde de forma sintética se analizan sus funciones, la creación del Senado y el nacimiento de los comicios por curias y centurias.

El autor continua con una aproximación a la experiencia jurídica romana en la conformación de la República en el capítulo V (pp. 91-97) como instrumental del VII, en el que se examina el tránsito de la Monarquía a la República y el antagonismo de clases entre patricios y plebeyos.

Posteriormente en el capítulo VI (pp. 99-108) se estudia de forma sucinta la codificación de la Ley de las XII tablas y su elaboración por parte de los decemviri legibus scribundis, junto al contenido de la ley.

Los capítulos VII (pp. 113-118), VIII (pp. 123-129), IX (pp. 131-142) y X (pp. 143-160) versan sobre todos los aspectos políticos, sociales y jurídicos de la República romana tras la consolidación de este periodo, con un desarrollo que el A. realiza prestando lúcida atención sobre el Senado republicano y sus competencias, las asambleas y el procedimiento comicial, todo el elenco de magistrados con sus características y funciones, para cerrar con el capítulo X centrado en las fuentes de esta etapa y la jurisprudencia con un laborioso ejercicio de síntesis, destacando los aspectos y las vicisitudes de mayor relevancia.

El capítulo XI (pp. 161-167) está dedicado a contextualizar el período comprendido entre la República y el Principado, en el que el A. hace hincapié en la expansión mediterránea y sobre todo la organización político-administrativa del territorio en municipios, colonias y provincias profundizando en la forma de anexión en base a la lex provinciae.

De otro lado, continuando con la estructura que nos presenta el A., manteniendo el hilo conductor y manejando de forma fluida y con precisión las fuentes jurídicas y literarias, en el capítulo XII (pp. 173-189) nos habla de la cuarta forma de gobierno el Principado, la figura de Augusto como princeps y el periodo de esplendor de las artes y de las letras, y donde además se van marcando las notas del autoritarismo que inciden en un poder carismático que choca con la idea de la sucesión dinástica; periodo en el que el A. nos ilustra sobre los problemas de la sucesión, la Administración y el Derecho de esta etapa, haciendo hincapié en la etapa de la jurisprudencia clásica.

En el capítulo XIII (pp. 195-204) se estudia la última forma de gobierno: el Dominado o Imperio absoluto junto a la influencia del Cristianismo en los órganos de gobierno hasta su promulgación a finales del siglo IV como religión oficial del Estado. Recogiéndose además por parte del A. las dos tendencias del Derecho de este periodo: la primera las disposiciones emanadas por el emperador leges y las obras jurisprudenciales iura y, por otro lado, el fenómeno del Derecho romano vulgar (Vulgarrecht) haciendo mención a las distintas posturas doctrinales de Pugliese y Guarino frente a la Mitteis, Levy o Wieacker.

Cierra su estudio histórico con el capítulo XIV (pp. 211-223) dedicado al imperio bizantino y sobre todo centrado en la Compilación justinianea y posjustinianea y en el análisis histórico crítico de las fuentes del Derecho romano.

Al socaire de todo la línea argumental mantenida por el A. en los primeros catorce capítulos se puede apreciar una visión de conjunto de gran calidad científica de la que se aprecia como el Derecho público romano nace y evoluciona al compás de todo un amalgama de factores sociales, políticos y económicos que son sistematizados con gran precisión en el manual.

Después del análisis minucioso del sistema constitucional romano y sus fuentes, Antonio Fernández de Buján introduce hábilmente el capítulo XV (pp. 227-235) dedicado al Derecho penal romano centrándose en la Ley de las XII tablas y en la etapa en la que queda asumido bajo la competencia Estatal. Bajo este prisma el A. se centra principalmente en los iudicium populi desde el comitiatus maximus a procesos ante magistrados específicos como los quaestores parricidii o los duoviri perduellionis, o los tribunales penales permanentes quaestiones perpetuae con competencia de delitos electorales (ambitu), crimen falsi, peculatus, adulterii, calumniae, iniuriis, maiestatis; para cerrar el capítulo con el Derecho penal en el Principado donde aumenta la facultad coercitiva del Emperador y sus funcionarios que van a resolver los delitos en sede de la cognitio extra ordinem.

El Capítulo XVI (pp. 241-259) versa sobre el Derecho administrativo romano, donde se nos presenta la compleja problemática de toda una línea de investigación novedosa cuyos resultados de investigación han quedado plasmados en una colección de estudios y monografías de Derecho romano en la editorial Dykinson bajo la sección de Derecho administrativo y fiscal que A. Fernández de Buján dirige. En el manual y dado que el libro va dirigido al ámbito de la formación académica, el A. sintetiza y condensa la experiencia administrativa romana destacando la organización administrativa y las competencias de ésta que casan perfectamente con el derecho moderno: concesiones sobre el ager publicus, servicios públicos y urbanismo, regulación de las competencias en la Administración en materias de orden público (tráfico, policía, salubridad, abastecimiento de las ciudades). También se examinan, entre otros aspectos, la regulación jurídico-administrativa de las vías públicas, previsión de gastos para la construcción de calzadas, caminos y los trabajos de reparación y conservación, régimen fiscal de las vías (inmunidad y bonificaciones) y el procedimiento de Expropiación forzosa por utilitas publica.

Como novedad de esta decimotercera edición se introduce un importante capítulo XVII (pp. 267-288) en el que se analiza el Derecho fiscal romano. Así el A., que además es experto en esta línea de investigación, señala que la denominación y conformación de numerosos conceptos e instituciones del moderno derecho financiero tienen su precedente histórico en el derecho romano haciendo hincapié en sus observaciones preliminares en los conceptos de aerarium, fiscus y thesaurus. De esta forma el A. con una metódica capacidad de establecer relaciones rigurosas entre los distintos ámbitos de conocimiento señala que el derecho fiscal moderno es heredero del ius fiscale romano ya que el primero no puede ser rectamente entendido sino a través del hilo conductor que supone su proceso histórico. Tras el análisis de la clasicidad del léxico y de los conceptos ius fiscale, tributum, stipendium, debitor, delationis fiscale, onus tributi, etc…, nos comenta como los instrumentos del derecho financiero también son objeto de regulación en el derecho romano citando (p. 271): los índices de inflación, flujos monetarios, devaluación de la moneda, prohibición de exportar armas, franquicias aduaneras, inversión de capitales, etc.

Asimismo, el A. nos habla del fundamento de la imposición fiscal (pp. 272-276) que va a evolucionar al socaire de las circunstancias políticas, económicas y sociales teniendo presente que los principios informadores del sistema tributario que encuentran su génesis en reflexiones jurisprudenciales romanas, inspirando muchos de los principios recogidos en la Ley General Tributaria como: el de proporcionalidad y capacidad económica; igualdad y generalidad de la imposición, benignidad, humanidad y equidad; legalidad o reserva de ley, indisponibilidad, objetividad y seguridad jurídica, razonabilidad y utilidad común y el de preclusión (pp. 277-288).

Los tres últimos capítulos del XVIII al XX se dedican a examinar la recepción del Derecho romano. En el XVIII (pp. 293-316) el A. resume de forma clara y precisa la recepción en el siglo XI en Bolonia en la escuela de los glosadores y la formación del ius commune, y su evolución a lo largo del resto de escuelas: comentaristas, humanistas hasta llegar al usus modernus pandectarum, la escuela de Derecho natural del siglo XVIII hasta el inicio de las grandes codificaciones, en particular el Código civil francés y el BGB alemán de 1900 (pp. 295-307). Asimismo, nos plantea la importancia que tiene el Derecho romano desde el punto de vista del Derecho comunitario europeo ya que el mismo está llamado a cumplir un papel importante en la previsible codificación del Derecho privado europeo por su universalidad y versatilidad, al ser éste un elemento de cohesión y de intermediación entre los diferentes ordenamientos.

El penúltimo capítulo XIX (pp. 323-367) se centra en la Recepción del Derecho romano pero de forma monográfica al territorio peninsular. A mi juicio constituye un capítulo importante e instrumental para comprender la recepción del ordenamiento jurídico romano en nuestro territorio. Para ello el A. se centra en la historia prerromana y el marco político de estos pueblos para ver la evolución tras la conquista y romanización (pp. 333 y ss.). Después de un análisis minucioso de las notables influencias del ordenamiento jurídico romano, se establecen las huellas que quedan en el ordenamiento visigodo y su relevancia en el Derecho castellano en particular: en el Código de las siete partidas, Fuero real, Leyes de Toro y la Nueva y Novísima recopilación (pp. 339-342). Se cierra el capítulo con un apunte sobre la importancia que tiene el Derecho romano como antecedente y fundamento del Derecho civil español, poniendo de manifiesto la mella y el trasunto fiel de muchas de sus instituciones.

Finalmente el A. en el último capítulo XX (pp. 373-383) aborda el estudio de la recepción del derecho romano en Iberoamérica, fenómeno marcado en gran medida por la incorporación de las Indias a la corona de Castilla y la aplicación del Derecho castellano de acusada influencia romanística a través de la ley de Partidas; éstas y otras influencias han quedado marcadas en los códigos iberoamericanos cuya redacción se prolongó entre los siglos XIX y XX, entre los que se destacan como paradigma el Chileno, el Argentino y el proyecto Brasileño de 1865 que evidentemente heredan del código de Napoleón; así también se puede afirmar que el Derecho romano constituye un factor de unidad cultural latinoamericana.

Cada capítulo contiene un elenco bibliográfico que se ha ido actualizando a lo largo de las ediciones que sirve para ver las publicaciones y que ayudan al investigador a saber las monografías y artículos que versan sobre cada tema a las que se han ido añadiendo las citas correspondientes a las revistas electrónicas; de forma particular la Revista General de Derecho Romano del portal iustel (www.iustel.com) que dirige el propio Antonio Fernández de Buján.

Para cerrar esta obra el autor, con gran acierto, ha introducido una amplia tabla cronológica (pp. 386-399) que ayuda a apreciar los episodios y vicisitudes históricas más importantes a lo largo de las distintas etapas; también un índice analítico que permite localizar rápidamente la voz en el manual (pp. 401-420); y finalmente unos mapas (pp. 421-432) que nos permiten contextualizar la evolución y expansión del Imperio y la conformación de la provincia de Hispania.

Nos congratula podernos hacer eco de esta decimotercera edición revisada del manual de Derecho público romano de Antonio Fernández de Buján, que sin lugar a dudas constituye un trabajo ejemplar como he puesto de manifiesto en estas líneas que tratan de ser indicativas de la labor de exposición y sistematización que el A. ha hecho de forma encomiable demostrando su hábil destreza en el manejo de las fuentes jurídicas y extrajurídicas con una profunda y rigurosa disección y solidez argumentativa, haciendo al mismo tiempo una síntesis de aspectos fundamentales con enorme carácter didáctico, que dan al libro una notable coherencia interna que ayudan al que se acerca a la materia por primera vez y a comprenderla sin ningún tipo de dificultad; lo que se percibe por estar ejemplarmente documentada y escrita con un lenguaje conciso y elegante. En definitiva, estamos ante una obra actualizada que viene a enriquecer a cualquier jurista que trate de aproximarse al estudio del Derecho público romano a lo largo de sus etapas y la recepción del mismo, con dos capítulos que hacen alusión a las nuevas líneas de investigación emergentes en los últimos años el Derecho administrativo y el fiscal romano que encuentran un estudio pormenorizado en capítulos independientes. De esta forma se aprecia en toda la obra un hilo conductor que permite una lectura ininterrumpida y amena que sirve para observar la conexión entre la investigación histórica y la dogmática actual y poder llegar a la conclusión de que en muchos casos el derecho positivo es un trasunto fiel del Derecho romano.

En conclusión, cabría afirmar, en definitiva, que el Derecho público romano de Antonio Fernández de Buján, se viene ya conformando desde hace años, por su amplísima difusión entre el profesorado y los estudiantes de enseñanzas jurídicas, y por su original y valioso contenido, como la principal obra de referencia en la romanística española. [Recibido el 31 de enero de 2010].


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