Vincent Bernaudeau et alii, Les praticiens du droit du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Approches prosopographiques Belgique, Canada, France, Italie, Prusse, Presses Universitaires de Rennes II, Rennes, 2008, 351 págs.

Guillermo Hierrezuelo Conde


 

ABSTRACT: Estudio de las profesiones jurídicas en Bélgica, Francia, Italia y Canadá. La mayor atención se presta a Bélgica y el norte de Francia. El marco cronológico arranca de la Baja Edad Media y llega hasta el siglo XX.

PALABRAS CLAVE: Lille, Bruselas, Brujas, Robert Brunel, Vicent Bernaudeau, Dirk Heirbaut, Frédéric-Antoine Raymond, Céline Ronsseray, Marie-Bénédicte Vincent, Françoise Muller, Sylvie Blondel.

Vincent Bernaudeau redacta la introducción a esta obra colectiva (pp. 13-22). En la misma señala que el perfil del historiador varía según la época y las estrategias empleadas por los propios actores. De hecho, ha existido un amplio debate sobre la legitimidad de los juristas para determinar sus competencias.

Dirk Heirbaut nos presenta un método para identificar a los Jueces del Derecho consuetudinario en el norte de Europa en el período de la Alta Edad Media y sigue el modelo de la historiografía de los portavoces de Cassel y de Lille en 1300 (pp. 25-43). Los prácticos del Derecho son los que hacen posible el funcionamiento de la maquinaria del Derecho. Por otro lado, el portavoz podría ser considerado como el autor intelectual del Juzgado, y, en consecuencia, serían los autores materiales de la elaboración de los principios consuetudinarios. Para ello examina a autores como Pasquier Li Borgne; Robert Brunel que participó hasta doce veces como portavoz en la elaboración de las leyes de Lille; Pierre de Sainghin, que colaboró como portavoz de la Corte de Lille; Jean de la Haie, mentor de Sainghin durante la primera etapa de su carrera, también estaba considerado como una de las figuras centrales de la región de Lille; Wautier de Douai, padre de una familia noble que adquirió fama en 1268 y que desde 1290 era el primero de una larga lista de Jueces que actuaba como portavoz de la Corte de Douai; Wautier de Reningues, portavoz de las Cortes feudales de Douai y Lille, así como Pierre du Mès y Philippe d’Ypres.

Una cuestión tan poco tratada como el tema de los procuradores en el parlamento de Toulouse, en el siglo XVIII, ha sido estudiada por Frédéric-Antoine Raymond (pp. 45-60). Los grupos profesionales del Antiguo Régimen en el tribunal de Toulouse en las deliberaciones registradas entre 1693 y 1781 y, en concreto, la autenticidad de transcripciones de los síndicos han planteado numerosos interrogantes. Pero en el período comprendido entre 1693 y 1749 existen interrupciones en las deliberaciones vertidas por los procuradores (p. 48). A finales del siglo XVII comenzó a adquirir gran relevancia la conservación de los registros que han llegado hasta nuestros días. Estas deliberaciones llevadas a cabo por los síndicos y recogidas en los registros, crearon jurisprudencia.

Céline Ronsseray realiza algunas investigaciones sobre el primer administrador colonial en la Guayana francesa en el siglo XVIII (1712-1809), territorio de la conocida leyenda de El Dorado (pp. 61-76). Luis XIV decidió que estos territorios serían autónomos en su administración judicial, y con Luis XV los intendentes conocieron su máximo apogeo. Entre 1712 y 1809 ocuparon sus cargos veinticuatro gobernadores y dos intendentes. De hecho, las colonias francesas de América tuvieron sus propios administradores. En realidad, en la Guayana se prefería al administrador colono que al oficial sin ningún tipo de vínculos personales (p. 70).

Françoise Muller recoge información sobre la alta magistratura belga del siglo XIX, existente en una base de datos (pp. 77-92). En este aspecto, hay que señalar que la historiografía belga en materia jurídica ofrece un paisaje bastante desolador, en parte a consecuencia de la escasa conservación de los archivos públicos. La base de datos la ha elaborado Muller en función a cinco aspectos: la gestión de las personas; la gestión de las funciones y las jurisdicciones; la gestión de las candidaturas; la gestión de las referencias y, finalmente, las entradas utilizadas en la búsqueda de la investigación. La metodología utilizada ha sido la categorización de los datos en campos, lo que ha posibilitado la elaboración de la propia base de datos (pp. 86-87). Para evitar la existencia de datos incompletos y contradictorios, ha tenido que concebir el programa de manera que una misma información pudiera ofrecer múltiples recursos. En las pp. 88-92 se refiere de forma concreta a la base de datos de la Corte de casación belga, jurisdicción suprema de la magistratura belga.

Marie-Bénédicte Vincent profundiza en el Estado y la modernización en la Prusia de finales del siglo XIX y comienzos del XX. En concreto, se centra en una base de datos que ha incluido 306 altos funcionarios prusianos, en el período comprendido entre 1835 y 1895. De una parte Vincent estudia la sociología de las élites en el poder y de otro las relaciones del Estado con el poder civil. La historiografía ha destacado la preeminencia de las élites nobiliarias, que contribuyeron a mantener el modelo prusiano de Estado autoritario (Obrigkeitsstaat), que se empezó a configurar a principios del siglo XX, tras la desaparición del Estado absolutista del XVIII. Fue en 1879 cuando Prusia decidió imponer el Derecho como formación obligatoria de los altos funcionarios. En la base de datos que maneja Vincent ha tenido en cuenta variables como la generación a la que pertenecían, la religión, el origen social y la provincia de nacimiento.

Los prácticos del Derecho al servicio de la ciudad de Douai han sido objeto de estudio por parte de Sylvie Blondel en el periodo que va desde 1384 a 1531 (pp. 109-121). En el año 1527, Margarita, archiduquesa de Austria, regente de los Países Bajos en ausencia de Carlos V, no estaba de acuerdo con los gestores de la villa de Douai. En el período que Blondel estudia se incluyeron entre los prácticos del Derecho a los nuevos burgueses, nacidos de las nuevas aglomeraciones de Lille, Valenciennes, Tournai, etc. En concreto, destaca la aportación del linaje de la familia de los De Haucourt (p. 116) y de los Dablaing (pp. 120-121).

El tránsito de la monarquía absoluta hasta la unificación italiana (siglos XVI-XIX) y, en concreto, la casa de Saboya, que se estableció desde finales del siglo XVI hasta la unificación de la península en 1861, ha sido realizada por Francesco Aimerito (pp. 123-135). Las Constituciones reales exigían para la adquisición del título de abogado el poseer la condición de doctor en Derecho, previendo otro tratamiento para los procuradores. Desde el punto de vista social, la admisión en ambas profesiones estaba subordinada a los criterios de que fueran solventes, para evitar un eventual daño o perjuicio causado a los clientes. La posesión del doctorado confería de hecho una posición mucho más distinguida. Asimismo, el Colegio de Abogados ejercía una función disciplinaria, dictando en sus estatutos las reglas de su funcionamiento interno, representando la categoría profesional y en defensa de los intereses ante las autoridades públicas.

Serge Defois hace un análisis histórico sobre el origen profesional y social de los abogados y de la colegiación de los mismos en el período comprendido entre 1897 y 1976 (pp. 137-151). De los 57 abogados inscritos en el Colegio de Nantes de los que se conocen las profesiones de los padres, 12 pertenecían a una familia en la que el padre era jurista. En 1914, eran 18 de los 63 individuos. Por otro lado, en el período comprendido entre 1897 y 1914, la licenciatura en Derecho era requisito imprescindible para inscribirse en el Colegio de Abogados. Entre 1920 y 1938, los abogados establecieron normas más estrictas de la profesión a fin de determinar los límites de su ejercicio, con el fin de luchar contra los “usurpadores”. En el siglo XX, a finales de los años 30, hubo tímidos intentos de apertura para la colegiación de los abogados. De hecho, en 1938, de los 69 abogados cuyos padres tenían profesión conocida, 23 eran hijos de juristas. La época comprendida entre 1939 y 1964 fue un momento de escasos cambios en la normativa, si bien se impuso una cierta apertura. No fue hasta 1960 cuando realmente se consolidó la “modernización” de los Colegios de Abogados. A partir de 1976 comenzó una progresiva inclusión de abogados de orígenes modestos que posibilitó la inclusión de esta profesión en otros ámbitos sociales.

Yannick Beaulieu nos hace una aproximación socio-histórica de la magistratura italiana durante los cuatro lustros del fascismo (pp. 153-170). Pasa revista a la historiografía más relevante: Liora Israël, Alain Bancaud, Philippe Corcuff, Jean Maisonneuve, Bernard Lahire y Michel Grossetti. Durante el régimen de Benito Mussolini, los magistrados tenían como principal función aplicar la nueva legislación fascista, comentar su doctrina, así como participar en la transformación jurídica de los conceptos políticos. De este modo, la magistratura tuvo que adaptarse a la nueva organización de las jurisdicciones y de los territorios.

El Sindicato de los Abogados en Francia existente a partir de los años setenta del pasado siglo ha sido comentado por Jean-Philippe Tonneau (pp. 171-185). El sindicalismo iniciado a finales de los años sesenta del siglo XX, ha dado lugar, entre otros, al Sindicato de la Magistratura (SM), al Movimiento de Acción Judicial (MAJ), y al Sindicato de los Abogados de Francia (SAF). Estas organizaciones profesionales se denominaron unas veces asociación, otras unión, e incluso federación, etc. A finales de los años 70 tuvo lugar una integración profesional del SAF en el Colegio de Abogados, dando lugar a la creación de una organización denominada sindicato. También se produjo una relativa unidad entre los actores judiciales (magistrados, abogados, etc.) y las organizaciones profesionales (Unión Sindical de Magistrados, SM, ANA, FNUJA, SAF), siendo conocida como el “proyecto Peyrefitte”.

David Gilles escribe sobre la conquista de Québec por las fuerzas británicas en 1759-1760 según los documentos notariales de Jean Claude –el primero de la familia en ubicarse en la colonia–, y Pierre Panet de Méru, ambos fieles al poder británico (pp. 189-207). En 1759 el asentamiento fue tomado por los británicos y, en el Tratado de París de 1763, Francia cedió formalmente la zona a Gran Bretaña, pasando la provincia de Québec a las fuerzas inglesas. Más tarde, entre 1775 y 1776, durante la guerra de Independencia de Estados Unidos, tropas coloniales intentaron conquistar la ciudad infructuosamente. La profesión de notario en Québec se caracterizaba en esta época por las dificultades financieras para el ejercicio de su cargo y por la falta de reconocimiento para desarrollar esta profesión. Pero con la llegada del sistema judicial británico a este territorio se dotó a los notarios con un primer rango.

Un estudio historiográfico de dos generaciones de abogados en los distritos de Québec y Montréal a finales del siglo XVIII e inicios del XIX ha sido realizado por Jean-Philippe Garneau (pp. 209-223). La situación existente en este territorio cambió con la conquista británica a Francia en 1760, tras la guerra de los siete años. Los británicos representaban al menos el 9% de la población colonial en 1791. En 1785 el gobierno colonial procedió a realizar una reestructuración de las profesiones jurídicas, diferenciando entre los notarios y los abogados. En este período estudiado por Jean-Philippe Garneau existían 47 abogados colegiados en Québec o Montréal.

Una figura tan relevante como la del abogado Edmond Picard (1836-1924) ha sido estudiada por Bart Coppein (pp. 225-237). Este abogado nació en Bruselas el 15 de diciembre de 1836 en una familia numerosa, y ha sido sin duda la personalidad más brillante de la segunda mitad del siglo XIX en el mundo judicial belga. La familia de Picard pertenecía claramente a la burguesía de Bruselas, aunque no era muy rica. En el período comprendido entre 1860 y 1880 formó parte como abogado del Tribunal de apelación de Bruselas, siendo nombrado el 26 de abril de 1860 (pp. 228-230). Asimismo ocupó el cargo de abogado en el Tribunal de casación en 1880. Ocho años más tarde, Picard promovió la revista Pandectes périodiques.

Jean-François Tanguy nos ofrece un estudio de tres generaciones de la familia Gaillard de Kerbertin, que ocuparon cargos como magistrados franceses (pp. 239-254). El abuelo nació el 15 de julio de 1758 en Ploërmel, en pleno centro de la Bretaña, y en 1783 desempeñó el puesto de abogado ante la Corte judicial del parlamento de la Bretaña. El 22 de abril de 1795 pasó a ser Presidente del Tribunal penal de Morbihan. El padre, Fidèle Toussaint, nació en Ploërmel el 19 de mayo de 1789 y desempeñó la profesión de abogado en el Colegio de Rennes en 1810. Fue nombrado a los 41 años fiscal general ante el Tribunal de apelación de Rennes el 10 de agosto de 1830. Uno de los hijos de este último, Fidèle Pierre, su vástago más pequeño, inició la carrera como magistrado.

La magistratura bruselense tras la II Guerra Mundial ha sido el objeto de la comunicación por Eva Schandevyl (pp. 255-270). En este período descubrimos una élite urbana en pleno período de transición, que favoreció la renovación de la democracia. Esta localidad se caracterizó por la promoción social de ciertos grupos y la exclusión de otros, teniendo unas peculiaridades muy complejas. Tras la guerra, los magistrados belgas solicitaron ayuda a la clase política belga para el restablecimiento de su autoridad, a fin de hacer posible el gobierno. La mayor parte de los magistrados belgas optaron por mantenerse en una zona de neutralidad. Sólo cinco jueces fueron condenados por colaboración política, a diferencia de lo que sucedió en Francia donde la magistratura perdió mucha credibilidad a consecuencia de la guerra. Durante la ocupación alemana la magistratura belga experimentó un notable cambio. Ciertos magistrados fueron suspendidos de sus funciones, como el fiscal general de la Corte de apelación de Bruselas, mientras otros fueron arrestados y llevados a prisión. Una vez finalizada la guerra la justicia belga representó un buen ejemplo de la justicia de clase, en la medida en que numerosos estudiantes de Derecho provenían de las clases sociales más desfavorecidas (p. 261). Finaliza su estudio mencionando a la familia Cornil, perteneciente a las grandes familias de juristas y dinastías importantes entre los magistrados de Bruselas, que representaba el paradigma de una transmisión profesional, social y cultural (pp. 264-270).

Pierre-Jean Niebes se centra en los Juzgados de Paz en el Departamento de Jemappes en el período comprendido desde 1795 a 1814 (pp. 273-284). El 6 de noviembre de 1792 las armadas de la República francesa, comandadas por el general Dumouriez, consiguieron la victoria sobre las tropas austriacas. El 24 de octubre de 1795, el Comité de Salud Pública designó dos comisarios para proceder a la organización administrativa y judicial de los nuevos Departamentos. El 13 de diciembre de ese mismo año se publicó el listado de los Jueces de paz, entre ellos el del Departamento de Jemappes. El 4 de agosto de 1802, Bonaparte se proclamó primer Cónsul, y los Jueces de Paz comienzan a ser nombrados por el primer Cónsul por un período de diez años. Bajo el Imperio, los Juzgados de Paz estaban considerados como las instancias del poder.

Christian Chêne hace un análisis de los prácticos del Derecho que vivieron entre finales del Antiguo Régimen y la Restauración, haciendo especial referencia a dos de ellos: Nicolas-Eustache Pigeau (1750-1818), nacido en Senlis en una familia pobre y que representaba el prototipo de la primera generación de profesores, y Nicolas Bellart (1761-1826) (pp. 285-297). Había que distinguir entre graduados y no graduados, es decir, entre aquellos que habían pasado por la Facultad de Derecho y aquellos que simplemente habían obtenido un reconocimiento social. Pigeau no ocultaba su oposición a la monarquía, y llegó a pasar un año en prisión tras su arresto en junio de 1793. Pigeau se autonombraba a sí mismo “viejo jurisconsulto” y participó en la elaboración del Código Civil (p. 293). También reeditó de forma literal su discurso sobre el estudio de las leyes de 1784 a 1811. Por su parte, Bellart adquirió cierta notoriedad como una de las figuras principales en el Colegio de Abogados parisino y más tarde se dejó tentar por la política.

Bénedicte Rochet hace un estudio comparativo de la magistratura y de los abogados en Namur –en la actualidad ciudad de Bélgica– en el período comprendido entre 1830 y 1880 (pp. 299-313). Los archivos municipales de Namur se perdieron en gran parte a consecuencia del incendio acaecido en agosto de 1914: biografías nacionales, locales y particulares, actas de defunción, matrículas universitarias, etc. Al día siguiente de la independencia belga, Namur aparecía como una pequeña localidad de la provincia de casi 20.000 habitantes, llegando a alcanzar en 1870 la cantidad de 25.211. Aunque era reconocida como un centro administrativo, judicial, religioso y militar, la ciudad no podía enorgullecerse de grandes actividades económicas ni intelectuales. En el transcurso del siglo XIX fueron nombrados 58 magistrados en el Tribunal de primera instancia de Namur. Bénédicte Rochet también analiza la situación de los Jueces de Paz en este territorio (pp. 305-307). En cuanto a los abogados, hay que reseñar que el 63% de los mismos eran nativos de Namur.

Otro aspecto, como es el Tribunal de Comercio de París, en el período que abarca entre 1800 y 1871, ha sido desmenuzado de la mano de Claire Lemercier (pp. 315-333). Los Tribunales de Comercio franceses se han presentado, desde la Revolución, como una jurisdicción excepcional. De hecho, su competencia estaba limitada a sus materias particulares, que eran, en concreto, los actos de comercio. Los Tribunales de Comercio franceses del siglo XIX estaban integrados por los suplentes, los jueces y un presidente.

Las dificultades para crear los primeros Juzgados de Menores en Francia han sido tratadas por Éric Pierre (pp. 335-341). La ordenanza de 3 de febrero de 1945 creó la función del Juzgado de Menores. Con esta normativa se pretendía reformar la justicia de los menores teniendo como objetivo fundamental la reeducación de los jóvenes, tras la destrucción a consecuencia de la II Guerra Mundial. Esta ordenanza fue el resultado del espíritu de la Resistencia, pero también de las reformas precedentes como la ley de 1912, que ya creó el Tribunal de Menores y adolescentes, pero sin atribuirle la especialización a esta magistratura, aunque también influyeron la crisis del establecimiento de las medidas correctoras, denunciadas en los años 30 del pasado siglo. Esta ordenanza aplicó igualmente el antiguo principio de individualización de penas según el cual había que adaptar el tratamiento de los jóvenes a su personalidad. De esta forma, los años 1945-1955 fueron trascendentales para la configuración actual de los Juzgados de Menores.

Esta obra recopila las actas del coloquio internacional celebrado entre los días 14 y 16 de diciembre de 2006 en Namur (Bélgica). Vincent Bernaudeau es investigador en las Facultades universitarias Saint-Louis, en Bruselas. Por su parte, Jean-Pierre Nandrin es director del Instituto de Estudios Europeos y profesor de Historia contemporánea en las propias Facultades de Saint-Louis. También enseña Historia contemporánea en la Universidad Libre de Bruselas. Bénédicte Rochet es ayudante en el Departamento de Historia de las Facultades de Notre-Dame de la Paix, en Namur. Xavier Rousseaux es director del Centro de Historia del Derecho y de la Justicia en la Universidad católica de Lovaina la Nueva. Axel Tixhon es el encargado de los cursos en las Facultades de Notre-Dame de la Paix, en Namur. Han sido ellos los editores del libro y organizadores del Congreso que ha dado lugar a esta publicación que vio la luz en mayo de 2008. [Recibido el 18 de enero de 2011].


Nota Importante a Leer:

Los comentarios al artículo son responsabilidad exclusiva del remitente.

Si necesita algún tipo de información referente al artículo póngase en contacto con el email suministrado por el autor del artículo al principio del mismo.

Un comentario no es más que un simple medio para comunicar su opinión a futuros lectores.

El autor del artículo no está obligado a responder o leer comentarios referentes al artículo.

Al escribir un comentario, debe tener en cuenta que recibirá notificaciones cada vez que alguien escriba un nuevo comentario en este artículo.

Eumed.net se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios que tengan lenguaje inadecuado o agresivo.

Si usted considera que algún comentario de esta página es inadecuado o agresivo, por favor, pulse aquí.

Comentarios sobre este artículo:

No hay ningún comentario para este artículo.

Si lo desea, puede completar este formulario y dejarnos su opinion sobre el artículo. No olvide introducir un email valido para activar su comentario.
(*) Ingresar el texto mostrado en la imagen



(*) Datos obligatorios


REVISTA EUROPEA DE HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS Y DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS es una revista académica, editada y mantenida por Servicios Académicos Intercontinentales S.L., Sitio alojado en Gunzenhausen, distrito de Weissenburg-Gunzenhausen,
Baviera, República Federal de Alemania. http://www.eumed.net/rev/rehipip/.
La revista dejó de depender de la Universidad de Málaga en noviembre de 2013.

Para cualquier comunicación, envíe un mensaje a mjpelaez@uma.es o seghiri@uma.es


Presidente del C.R.: Antonio Ortega Carrillo de Albornoz
Director: Manuel J. Peláez
Editor: Juan Carlos Martínez Coll

ISSN versión electrónica: 2174-0135
ISSN versión impresa: 2386-6926
Depósito Legal: MA 2135-2014

Número actual
Presentación
Normas de Publicación
Hemeroteca
Consejo de Redacción
Evaluadores Externos
Otras Revistas de EUMEDNET
Servicios Academicos Internacionales > Eumed.net > Revistas > rehipip