Rafael Palomino Lozano, Religión y Derecho comparado, Prólogo de Rinaldo Bertolino, Iustel, Madrid, 2007, 417 págs.

Guillermo Hierrezuelo Conde


 

ABSTRACT: El Derecho Eclesiástico del Estado en España es un área de conocimiento que, en las Facultades de Derecho, se ha traducido en la substitución de las enseñanzas del Derecho Canónico de la Iglesia Católica Romana, por un conglomerado de cosas y campos científicos que llevan a que los profesionales de dicha área escriban sobre lo divino y sobre lo humano, con desigual criterio, variable formación e irregular manejo de lenguas extranjeras (unos varias, pocos muchas y un notable grupo que solo acoge la doctrina en lengua española). Intolerable resulta que en otra vuelta de tuerca, inconcebible y execrablemente carpetovetónica, ahora se les esté en algunos lugares denominando a los profesionales de dicho sector científico bajo el rimbombante título de docentes de «Derecho y Factor Religioso». El factor era un comerciante o un empleado de las estaciones de ferrocarril. La religión católica y el resto de las religiones son una cosa muchísimo más seria para que se utilice semejante denominación que solo puede habérsele ocurrido al típico garañón anticlerical de turno tras una destemplanza de vinolencia. Rafael Palomino no pertenece ni a los destemplados ni a los gurruminos partidarios del nuevo «Factor Religioso», sino que es uno de los estudiosos más serios del Derecho Eclesiástico con que contamos en el Estado español (de momento monarquía constitucional y, antes de tres lustros, esperemos, gracias a Dios, República Federalista) y contextualiza paradigmáticamente la relación entre Derecho y Religión, siguiendo de cerca la doctrina norteamericana e italiana. La alemana y la francesa no parecen interesarle demasiado. En las actuales circunstancias de fundamentalismos religiosos islámicos por un lado y por otro de una laicidad emergente de la mano de políticos ignorantes, avillanados y molondros que, en un mundo de tránsfugas, disolutos y prevaricadores, arruinan económica y moralmente a los países donde gobiernan por sus erráticas políticas sociales y su desconocimiento de los más elementales conceptos de la Ciencia económica y de la Hacienda Pública, la religión debe ser un referente para la purificación de la sociedad y la idea de trascendencia asume carta de naturaleza que tranquiliza la conciencia de hombres y mujeres atribulados. El binomio Religión y Derecho es hoy más que nunca una necesidad y su enseñanza en las Facultades de Derecho, de Ciencias Políticas y Sociología y de Trabajo Social debería ser obligatoria si queremos formar ciudadanos responsables en la Europa del siglo XXI.

PALABRAS CLAVE: Religión, Derecho, Factor religioso, Derecho Eclesiástico del Estado, Libertad religiosa, Rafael Palomino, Rinaldo Bertolino, Rafael Navarro Valls.

Como Rinaldo Bertolino aclara, Rafael Palomino «se sirve de una metodología de investigación exhaustiva: conjuga el presente –jurídico o religioso– con la tradición» (p. 16), y además «se coloca frente a estas realidades que aspiran al absoluto y a lo totalizante, moviéndose desde la única realidad que considera verdaderamente definitiva, como penúltima sólo respecto del Absoluto de Dios» (p. 17). Además, el creer religioso no pierde en nada su objetividad, porque de él puede predicarse lo mismo que se dice de lo sagrado: se trata de un valor y, en cuanto tal, es completamente objetivo. Bertolino considera que la gran aportación de R. Palomino ha sido la de «pronosticar un futuro modelo europeo sobre la disciplina, caracterizado por la ausencia de toda referencia a tradiciones específicas, y cuya clave fundamental será el diálogo interreligioso» (p. 24). Entre las reflexiones más importantes del autor destacamos la necesidad de introducir en el ámbito de la juridicidad estatal una noción de religión, reconociéndole su propia y previa operatividad extrajurídica, metajurídica y parajurídica. Nos ofrece asimismo una visión panorámica cultural, social, y, en consecuencia, jurídica, que exigiría una transformación radical, frente a las nuevas exigencias del multiculturalismo. Por otro lado, Palomino Lozano destaca que el Derecho eclesiástico actual respeta en todo momento los valores expresados en la Constitución de 1978. De esta forma, se cerró la “cuestión religiosa” del pasado, superando el régimen de confesionalidad del Estado durante periodos precedentes y particularmente acusado en el siglo XX durante las dos dictaduras militares que hubo de sufrir el Estado español, la de Primo de Rivera cultural e ideológica, la de Franco con miles de muertes, tras procesos sumarísimos. Resulta incomprensible la insensibilidad del tirano del fardo ante el valor de la vida humana de las que él disponía ratificando condenas de los tribunales sin el menor atisbo de misericordia.

R. Palomino matiza que Religión y Derecho han estado siempre en continua interacción a lo largo de la Historia, predominando en determinados momentos uno sobre el otro. En occidente se ha producido una secularización del Derecho, vinculada a la monopolización de lo jurídico por lo estatal. Pero, en el Estado democrático, la religión se plantea como fenómeno social y de las libertades. El Derecho eclesiástico del Estado no es propiamente una ciencia jurídica, sino una rama o disciplina de estudio científico-jurídico. Pero aclara también que cuando aparece el término religión no es una cuestión reservada al Derecho eclesiástico del Estado, en la medida en que podemos estar ante el Derecho civil, ante el Derecho administrativo, ante el Derecho penal, etc. El concepto religión aparece asociado o inserto en el ámbito de las libertades fundamentales, aunque no toda referencia a la religión en un ordenamiento jurídico implica la idea de derecho fundamental, ya que puede darse el caso en que el bien jurídico protegido no sea la libertad en sí, sino el desarrollo de las denominadas actividades religiosas (p. 58).

En ocasiones los estudiosos de las ciencias de la religión establecen una línea divisoria entre religión y pseudo-religiones. De esta forma, han aparecido otras alternativas como las religiones de sustitución, la magia, la idolatría, el fanatismo religioso o el fundamentalismo, etc. (pp. 102-111). Rafael Palomino considera que la religión es ética, en cuanto que establece un modelo de comportamiento y promueve su seguimiento como clave de salvación o meta para la liberación del hombre. De hecho, moralidad y religión aparecen estrechamente vinculadas en el hinduismo (dharma). Por otro lado, en algunos casos, el propio Derecho prevé mediante alguna cláusula concreta la separación entre la esfera política y/o de la esfera de actuación estatal y la esfera religiosa. Cuando estas cláusulas no resultan suficientes se produce la tajante división.

Existe una disociación terminológica entre el texto del art. 16 de la Constitución española de 1978 y los textos internacionales y regionales en materia de libertad religiosa. Un sector doctrinal diferencia entre libertad ideológica y libertad religiosa, que se diferencian por su objeto. El pluralismo jurídico parece abrirse camino en el estudio del Derecho de sociedades pluri-religiosas, de protección de tierras de significado religioso o administración de recursos naturales compartidos. En opinión de algunos autores, ni siquiera los estándares internacionales sobre libertad de pensamiento, conciencia y religión exigen necesariamente la separación de la religión y el Estado. Por ello, Palomino propone que la opción más equilibrada apunta por establecer un marco amplio dentro del cual nos moveríamos entre la “separación benevolente” y la “cooperación” (pp. 167-168). En realidad, no hay modelos perfectos, aunque resulta interesante el modelo español (pp. 168-173).

En Estados Unidos el tradicional modo de entender la religión en el sistema legal remite a un concepto de Dios, a una idea teísta de la religión, y a una concepción institucional del culto a ese Dios, asociado con la tradición cristiana y, en su caso, judeo-cristiana de la que la civilización americana es tributaria en sus orígenes (pp. 191-255). La sentencia United States v. Kuch ha sido considerada prototipo de la limitación del concepto de religión o, si se prefiere, el ejemplo clásico del contorno negativo de lo que no es religión, aunque haya aspectos formales coincidentes con la misma. Las vías legales para que los grupos religiosos en los Estados Unidos puedan tener propiedades para el cumplimiento de sus fines (religiosos o conexos) pueden llegar a ser hasta doce distintos. Las Iglesias han utilizado a lo largo del tiempo muy variadas formas legales: trust, nonprofit corporations, partnerships, entidades asociativas específicamente religiosas, etc. La amplia fórmula propugnada por el Tribunal Supremo desde 1965 con un criterio funcional parece exigir, como contrapartida, un apoyo flexible en los criterios objetivos y externos que permitan identificar la religión, sobre todo en el ámbito organizativo.

En el Derecho español (pp. 257-353) la regulación del fenómeno religioso es, en cierto modo contradictoria. La Constitución española no recoge una definición legal de religión, siguiendo la estela del constitucionalismo comparado. En efecto, no existe un criterio legal que permita definir qué ente es una confesión religiosa para el Derecho eclesiástico español, de igual forma que no existe una definición legal de iglesia o comunidad religiosa. Palomino Lozano entiende que el art. 16 de la Constitución española plantea un mandato tridimensional, que parte de dos principios: un principio dogmático y un principio práctico. El primero pretende dar un enunciado al derecho de libertad religiosa, y el segundo un cauce de solución a la “cuestión religiosa” en España. El texto del art. 16 no ofrece de por sí ninguna orientación clara del objeto, definición o contenido de la libertad de religión y, por ende, del mismo concepto de religión. De todos modos, el art. 16.3 de la Constitución, cuando se refiere a las “creencias religiosas” y a las “confesiones”, establece la necesidad de clarificar cuáles son éstas, por contraposición a diversas expresiones de las creencias y de sus manifestaciones grupales. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 dirige de forma casi preferente el interés normativo hacia los derechos de libertad religiosa en su vertiente colectiva. De alguna forma, esto venía exigido por el principio de cooperación establecido en el art. 16.3 del texto constitucional. También analiza el autor el concepto de religión en la jurisprudencia (pp. 329-345), que establece algunos rasgos específicos de la caracterización de los conceptos como religión; fines religiosos; e Iglesias, comunidades y confesiones religiosas. La adhesión a una religión constituye un fenómeno exclusivo y excluyente. Los fines religiosos remiten a la consideración religiosa o no religiosa de la entidad de que se trate. La jurisprudencia de la Audiencia Nacional considera que la religión constituye un fenómeno colectivo, si bien sostiene que la calificación de religión o fines religiosos, conforme a las condiciones legislativas no exige un mínimo de fieles. Por su parte, el Tribunal Supremo realiza una nueva aportación respecto de aquellos fines ajenos a lo religioso. En concreto, señala que son ajenos los “meramente científicos o culturales”, siendo indiferente que dichos fines puedan ser o no coincidentes con los de otros grupos. Indica que carecen de fines religiosos las asociaciones interconfesionales con fines humanísticos o de solidaridad. La Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2001 ha analizado el contenido del término fines religiosos y diferenciaba los fines religiosos de aquellos otros fines colectivos presentes en la sociedad (económicos, culturales, sociales, demoantropológicos, ecológicos, deportivos, etc.) respecto de los cuales el Estado también realiza una mínima concreción para otorgar efectos jurídicos.

En el Derecho comparado italiano (pp. 355-402) la regulación jurídico-estatal del factor religioso en su dimensión colectiva se configura como Derecho especial. Se trata de un rasgo que vendría en parte propiciado por el principio de bilateralidad que establece la propia Constitución. El ordenamiento jurídico italiano no establece un concepto de religión ni de confesión religiosa, aunque este último término se recoge expresamente en su Constitución. Pero sí se encuentran elementos accesorios, colaterales o sencillamente conceptos jurídicos en los que se reflejan propiamente qué se va a entender por religión. En efecto, la legislación italiana evita una referencia directa a una posible noción de confesión religiosa, optando más bien por una distinción de sectores: el sector de la economía productiva y el sector de la religiosidad. En efecto, la Ley de asociaciones de promoción social parece establecer una diferenciación entre política, economía productiva y promoción social o cooperación al desarrollo. Tal esquema, a juicio de R. Palomino, resultará válido hasta que nuevas formas de expresión de la religión exijan el replanteamiento conceptual de la actitud estatal (pp. 401-402). Cualquier grupo con finalidad religiosa puede constituirse y actuar en el ordenamiento jurídico italiano, sin necesidad de autorización ni registro previo. La doctrina identifica el concepto jurídico de confesión con el concepto de institución dotada de capacidad jurídica propia (p. 365). La doctrina constitucional sobre la materia religiosa se encuentra recogida fundamentalmente en tres pronunciamientos: la sentencia 467 del año 1992, la 195 del año 1993 y, por último, la 346 de 2002 (pp. 385-395).

Rafael Palomino es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y nos ofrece una visión novedosa del Derecho comparado y multidisciplinar, materia en la que son escasas las obras jurídicas que tratan este tema dentro del Estado español con tanta pulcritud. No obstante, como se observa en casi todos los componentes de la escuela de Navarro Valls, este libro de Palomino está carente de ese tono de superioridad moral, de exquisitez y finura jurídica de 30/30 e lode, con que escribía Carlo Arturo Jemolo, ni es tampoco el volcán de ideas (la mayor parte de ellas de una heterodoxia alarmante) del que fuera gran canonista y eclesiasticista de la Universidad de Bolonia Giuseppe Caputo con su sorprendente culturización del hecho jurídico-religioso. Libro magnífico este de Rafael Palomino, aunque, como es habitual en él, el laboratorio del constitucionalismo republicano y de la laicidad en Europa que es la dulcísima Francia, hija predilecta de la Iglesia, parece importarle bien poco. [Recibido el 22 de diciembre de 2010].


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