A. A. V. V., Direito e informação. I encontro nacional de Bibliotecas jurídicas, Coimbra Editora, Lisboa, 2007, 112 págs.

Guillermo Hierrezuelo Conde


 

ABSTRACT: Interesante información se puede encontrar en este libro sobre la reproducción de obras para uso privado, sin autorización del autor. Problemas jurídicos principales que plantea o puede ir planteando en el futuro. ¿Hasta qué punto se aplica una penalidad como consecuencia de la reproducción de libros? ¿Qué sistemas de control existen? Valor de la obra literaria y de la obra jurídica.

PALABRAS CLAVE: Fotocopias de manuales, Copia privada, Plagios, Plagiones, Información jurídica, Delitos contra la propiedad intelectual, Bibliotecas jurídicas.

Dário Moura Vicente, profesor de la Facultad de Derecho de Lisboa, hace aportaciones interesantes acerca de la copia privada y la sociedad de la información (pp. 15-27). En la generalidad de los sistemas jurídicos nacionales se permite, con ciertos límites, la reproducción de obras para uso privado de obras literarias y artísticas, sin necesidad de autorización previa de los titulares de derechos sobre esas obras. En el Derecho portugués, la reproducción de obras protegidas para uso privado sólo está permitida si no se perjudica a los legítimos intereses del titular de los derechos. Esta premisa hay que tenerla muy presente, máxime cuando en los últimos años, gracias a las nuevas tecnologías, se ha facilitado considerablemente la reproducción para uso privado, a bajo costo y con un alto nivel de calidad. En muchos países, como Francia, se ha optado por establecer una compensación equitativa por la copia privada (p. 21). Estos criterios mencionados anteriormente también se aplican a la copia privada digital. A modo de conclusión, Dário Moura propone que la normativa se oriente hacia un sistema de remuneración por actos individuales de utilización.

Eloy Rodrigues, que trabaja en los Servicios de documentación de la Universidad do Minho, se refiere al acceso libre al conocimiento (pp. 29-40). El mismo ha sufrido un auge en los últimos diez años, máxime con la disponibilidad libre en Internet de la literatura de carácter académico o científico, permitiendo a cualquiera utilizarlo, descargarlo, copiar, distribuir, imprimir o referenciar el texto íntegramente de esos documentos. En las últimas décadas la literatura científica especializada ha aumentado sus beneficios un 30%, muy por encima de los registrados en otro tipo de publicaciones. Al mismo tiempo, se ha agudizado la “crisis de los periódicos” y las graves consecuencias que las limitaciones de acceso a la literatura producen en el propio sistema científico (pp. 32-33). En realidad, las revistas de acceso libre no representan ni el 5% del total de las revistas, al menos en el momento en que se defendió por parte de Rodrigues su ponencia, ya que ese tanto por ciento ha variado considerablemente en los últimos cuatro años. Los autores deben conocer y negociar las condiciones de transferencias de sus derechos para las empresas editoras. A modo de conclusión, Eloy Rodrigues afirma que parece evidente que el acceso libre será parte del futuro de la comunicación científica, si bien necesitará que el sistema científico y académico pasen de las declaraciones de intenciones al apoyo a actos concretos (p. 39).

João Esteves Pinto, administrador de la Imprenta Nacional de la Casa de la moneda, hace una breve referencia (pp. 41-49) a la relevancia del Diario de la República (DR), que se presenta como el único diario mencionado en la Constitución de la República portuguesa, y el Diario electrónico de la República (DRE). Aunque también hay otras leyes ordinarias que determinan igualmente la publicación en el Diario de la República de diversos actos, según sean dictados por autoridades públicas o privadas.

La figura del personal que introduce y utiliza la información jurídica, así como la de los investigadores, ha sido defendida y valorada por Luís Fábrica, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica portuguesa (pp. 51-60). Este personal debe tener los conocimientos de informática necesarios no sólo para introducir los datos en la base de datos informática, sino también para interpretar los correspondientes resultados. Por otro lado, en el proceso científico de la investigación se presenta como fundamental conocer los mecanismos de recopilación, elaboración y manejo de la información por todos los participantes (p. 52). Uno de los cambios más importantes ha sido la digitalización de las obras, tales como el Diario de la República electrónico, que ha sustituido los enormes volúmenes encuadernados, al tiempo que hacía posible una consulta más rápida, ágil y eficaz.

Un análisis sobre las bibliotecas jurídicas según la perspectiva de la investigación Histórica en la época contemporánea ha sido realizada por el jurista Luís Bigotte Chorão (pp. 61-76). La Historia del Derecho, como género historiográfico, siempre se ha presentado como una fuente insustituible de conocimiento histórico, entendido éste en el sentido más amplio. En la bibliografía jurídica, caben citar cuatro juristas portugueses, en los siglos XIX y XX: Silva Abranches, Armelim Júnior, Eduardo Rally Alves de Sá y Fernando de Arranches Ferrão (pp. 65-67). En esta bibliografía jurídica también ha alcanzado una gran relevancia la colección de disertaciones académicas presentadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra durante el s. XIX, así como los Anais da Sociedade Jurídica, publicados en Lisboa desde 1835.

El abogado Fernão Fernándes Thomaz comenta la relación del abogado con la información jurídica (pp. 77-86). Hay que destacar la idoneidad del Diario de la República o el Boletín del Trabajo y Empleo, como recopilaciones oficiales en sus correspondientes materias. El Estatuto de la orden de los abogados establece en su art. 82, c) y d) que el abogado debe dar a su cliente su opinión sobre el derecho y las pretensiones que éste invoca, y debe estudiar con cuidado y tratar con celo esta cuestión para utilizar todos los recursos, según su experiencia y leal saber. Pero el abogado se ha encontrado siempre con varios inconvenientes: el exceso de la información jurídica producida también por las nuevas tecnologías; parte de esa información se presenta como inútil y, por tanto, no se podrá utilizar, así como que los abogados deben contribuir de forma constante a la mejora de los medios tecnológicos ya existentes.

El profesor de la Facultad de Derecho de Lisboa Eduardo Vera-Cruz Pinto ofrece una visión particular de los aspectos deontológicos en la función de bibliotecario en la Facultad de Derecho (pp. 81-86). Una de las principales preocupaciones de los bibliotecarios ha sido la defensa del derecho del autor de aquellos que escriben libros jurídicos. Por ello, este personal debe cumplir uno de los deberes deontológicos de su profesión: proteger los autores en las bibliotecas para que estas funciones como centros de reproducción gratuita de libros que, comprados, pagan una parte de los derechos de autor. El derecho de autor representa una forma de tutelar la remuneración del trabajo intelectual (pp. 80-81). A este problema se le une el hurto de libros, que representa una pérdida incalculable para cualquier biblioteca.

Ana Maria Martinho, bibliotecaria de la Facultad de Derecho de Lisboa, comenta las competencias profesionales del bibliotecario jurídico (pp. 87-103). El bibliotecario, como gestor de información y conocimiento, técnico o profesional de documentación e información, documentalista y muchas otras funciones, tiene como misión esencial organizar, tratar y difundir la información, de modo que pueda ser fácilmente obtenida por quien lo necesite. Para el ejercicio adecuado de todas estas funciones necesita un amplio conjunto de saberes y competencias, tanto más diversificados y especializados cuanto mayor sean las funciones desempeñadas. La información jurídica posee una importancia social, pero que debe ser reconocida, conservada y transmitida sin alteraciones, para que tenga la precisión y rigor necesarios en su correcta utilización (p. 88). El bibliotecario jurídico asume cada vez más un papel de intermediario indispensable entre las fuentes de información jurídica y los que manejan esta información, esto es, los profesionales que realizan actividades en el ámbito de Derecho. El bibliotecario jurídico deberá estar atento a las constantes actualizaciones, ya que una información incompleta o inadecuada podría causar graves daños a quien la necesita.

Este Primer Encuentro Nacional de Bibliotecas jurídicas, que tuvo lugar en Lisboa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, pretendía ser un lugar de encuentro de bibliotecarios y técnicos jurídicos, profesores, investigadores y alumnos de Derecho, abogados, consultores jurídicos, productores de información jurídica y representantes de asociaciones y representantes ambién de asociaciones de bibliotecarios, nacionales y extranjeros. [Recibido el 18 de diciembre de 2010].


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