Revista OIDLES - Vol 2, Nº 5 (diciembre 2008)

BIENESTAR SOCIAL Y DESIGUALDAD DEL INGRESO: DIFERENTES ENFOQUES PARA SU MEDICIÓN

Por Zahily Mazaira Rodríguez (CV), Francisco Becerra Lois (CV) e Irán Alonso Hernández (CV)

 

 

Introducción:

Los problemas relacionados con el bienestar social constituyen un reto permanente para los estudiosos de las ciencias sociales. En primer lugar, porque el concepto de bienestar es un concepto difícil de conceptuar, en particular debido a los aspectos subjetivos que afectan al bienestar individual y que se trasladan al bienestar colectivo o social. Esta falta de precisión del concepto afecta lógicamente a su medición. En segundo lugar, porque siendo un concepto multidimensional, es casi imposible de abarcar a partir de datos empíricos. Finalmente, porque el Bienestar Individual, al igual que la utilidad, presentan serios problemas metodológicos para su agregación en un ente colectivo.

Sin embargo, a pesar de las dificultades que encierra su medición, para las sociedades modernas es indispensable disponer de instrumentos capaces de medir los impactos que las medidas de política social puedan tener sobre el bienestar social de las familias y de servir de guía para el seguimiento de tales políticas a través del tiempo y del espacio.

Para ello es importante conocer algunos de los conceptos de bienestar que son enunciados desde la teoría económica, así como los diferentes enfoques que existen para su medición.

En este trabajo se pretende analizar críticamente los diferentes enfoques de medición del bienestar social, haciendo énfasis en el enfoque de la desigualdad del ingreso donde se analizan aspectos relacionados con la variable apropiada para la medición de la desigualdad, así como las diferentes medidas existentes. De modo que el objetivo general del artículo consiste en fundamentar teóricamente los aspectos que deben servir de base para explicar cuales son los factores explicativos de las diferencias en los niveles de bienestar social y de la desigualdad del ingreso de la familia.

1.1.-El concepto de bienestar social desde un enfoque económico.

Cuando preguntamos a varias personas ¿Qué entienden por bienestar social?, todos manifiestan una idea, sin embargo les resulta difícil llegar a definir brevemente en una expresión los sentimientos de satisfacción material e inmaterial que producen en los individuos y colectividades una serie de condiciones materiales, como el nivel de ingresos, equipamiento de la vivienda, acceso a la educación, salud, etc. Es por esta razón, que las propuestas para su medición han resultado múltiples donde influyen además el ámbito territorial seleccionado y las estadísticas disponibles.

Pilar Zarzosa afirma que el bienestar de una colectividad es un concepto prácticamente imposible de medir y la primera gran dificultad según ella viene dada por el propio objeto a medir : El bienestar social, el cual resulta difícilmente definible, es por ello que en su obra cita varias definiciones aportados por diferentes autores los que serán referidos a continuación. (Zarzosa, 1996:19)

Según se afirma en uno de los informes publicados en el marco del Programa de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en la elaboración de los Indicadores Sociales, el bienestar es una idea vaga y abstracta que más bien denota una aspiración que una realidad. (INE, 1981)

La palabra “bienestar” se define en el Diccionario de Uso del Español de Maria Moliner, de la siguiente forma: “Estado del que está bien, sin padecimiento, con salud, energías, etc.”, o, “Estado pasajero en que uno se encuentra bien y a gusto”, y se añade “véase alegría,…felicidad,…satisfacción…”. (Moliner, 1983: 376)

En su obra (Graaff, 1967: 5) afirma que “El Bienestar es identificable en cierto modo con un estado de ánimo,…Los elementos del bienestar son estados de conciencia,… El mapa de bienestar de una persona es idéntico (por definición) a su mapa de preferencias, que indica como orientaría su elección en circunstancias diferentes, si le diera oportunidad de hacerlo”.

Otros autores distinguen varios “niveles de observación del bienestar”: “Actividad y Producción”, uno de cuyos indicadores es el PNB, “bienestar económico”, que definen como el nivel de consumos de bienes y servicios; “calidad de vida”, que se refiere a los aspectos mensurables, aunque difícilmente en dinero, del bienestar y que engloba objetivos civiles (de libertad y de participación) y objetivos sociales, y, por último, “bienestar total”.(García y Puig,1980: 19 y 20)

(Pena, 1977: 7 - 10) realiza una notoria diferenciación en tres términos, crecimiento, desarrollo y bienestar. Para él, el crecimiento implica simplemente el aumento de los diversos tipos de productos y mercancías. El desarrollo lleva consigo cierta connotación cualitativa, supone una cierta forma de organización social y una estructuración del sistema económico, en especial del aparato productivo, con la introducción de las innovaciones tecnológicas apropiadas. Y el término bienestar supone una integración de lo económico en lo social y el paso de los conceptos de planificación económico-social. Por otro parte, este autor diferencia también entre “nivel de vida” y “nivel de bienestar”. Mientras el primero responde a una idea de flujo, medido por unidad de tiempo, el nivel de bienestar equivale a una idea de stock, medido en un instante dado.

En el citado informe de la OCDE se afirma que el término “bienestar social” se utiliza no como sinónimo de “bienestar de la sociedad”, sino para indicar el bienestar global de los individuos, o sea, el bienestar de los seres humanos considerados individualmente. Las instituciones, el sistema político, la economía, la estructura familiar y el sistema de educación solo se tienen en cuenta en la medida en que influyen en el bienestar de los individuos, y no como campos globales.

Para Tinbergen el término bienestar es sinónimo de utilidad o satisfacción. (Tinbergen, 1991) Amartya Sen afirma que el término bienestar social se refiere al “valor ético o a la calidad del estado de los asuntos de la sociedad” y que como tal es usado en la literatura, tanto por los pioneros de la moderna teoría del bienestar (Bergson, Samuelson y Arrow) como por los economistas posteriores, es “simplemente la representación de la bondad o la buena calidad del estado social”. (Sen, 1991: 15)

Podría continuar la búsqueda de un concepto más acabado de bienestar social, aunque seguramente sin encontrar una definición que pareciese de perfecta validez para indicar todo el significado que encierra tal expresión, sin embargo estas citas son suficientes para comprender que existe un consenso, sea cual sea la definición, de que el bienestar encierra aspectos materiales e inmateriales, es por ello que se comparte la idea expresada por Pena Trapero quién,... “dice que el Bienestar es el resultado de un conjunto de situaciones objetivas o condiciones materiales (tener acceso a la educación, salud, vivienda, determinados ingresos) y de apreciaciones subjetivas o percepciones (actitudes, decepciones y satisfacciones) que, sobre aquellas, realizan los individuos”. (Pena, 1977) en (Zarzosa, 1996: 20)

Esta falta de precisión, que se pone de manifiesto al examinar los diferentes conceptos, afecta su medición; en su obra Pilar Zarzosa afirma que se presentan serios problemas a la hora de medir el bienestar social de una colectividad, pues en primer lugar, es necesario medir el grado de satisfacción de los individuos que la forman, sus sensaciones y está claro que no existe la posibilidad de cuantificar las emociones humanas. Otro de los problemas se presenta, si en un intento de aproximación en su medición se tratan de medir las causas, es decir los factores que determinan el nivel de satisfacción de los individuos, pues lógicamente existen factores o condiciones materiales, de por sí bastante complejas, y las condiciones inmateriales o subjetivas donde nuevamente se enfrentan a la imposibilidad de medir las percepciones humanas. Y por último, se encuentra el problema de la agregación pues se trata de medir el bienestar de una sociedad no el bienestar individual y el tránsito del bienestar individual al bienestar social no es inmediato.

Es por estas razones por las que se afirma que resulta imposible realizar una medición cuantitativa absoluta de este concepto. Aunque, como señala Pena (1977), lo importante no es llegar a una definición absoluta y definitiva de este concepto, sino obtener una definición “útil” que permita la toma de decisiones y el conocimiento aproximado de la situación real de un territorio.

1.2.-Principales enfoques metodológicos utilizados en la medición del bienestar social.

Realizando una síntesis de los distintos métodos de medición del Bienestar Social que se han utilizado en el pasado cercano encontramos que existen tres puntos de vista fundamentales o tres grandes enfoques: El de las funciones de utilidad, el contable y el de los indicadores sociales.

Estos no han quedado obsoletos, por el contrario han evolucionado a lo largo del tiempo y son los enfoques vigentes en la actualidad.

1.2.1.-Las funciones de utilidad individual.

Este enfoque aparece a principios del siglo XX como resultado de los primeros logros del marginalismo y constituye una derivación de la teoría de la utilidad, según este enfoque, el método para medir el bienestar consiste en hallar la función de utilidad colectiva a partir de las funciones de utilidad individual. Esta función de utilidad colectiva sería identificada con la función de bienestar social.

Este enfoque se da a conocer por Athur Cecil Pigou, si bien su desarrollo posterior estuvo ligado al del Estado del Bienestar que nace a mediados del siglo XIX.

La teoría de la conducta del consumidor parte de la idea de que el consumidor es racional, en el sentido de que, de entre todas las alternativas de consumo posibles, elige aquella que le proporciona mayor satisfacción o utilidad. La teoría cardinal de la utilidad parte de dos hipótesis fundamentales:

a. El consumidor posee una medida cardinal de la utilidad, es decir, es capaz de asignar a cada combinación de bienes un número que represente la utilidad que dicha combinación proporciona. La combinación de bienes A proporciona al individuo una utilidad n veces mayor que la que le proporciona la combinación B.

b. La utilidad marginal disminuye a medida que se aumenta el consumo de un producto, es decir, los incrementos de utilidad total del consumidor, proporcionados por el consumo de nuevas unidades de un producto, disminuyen cuanto más se consuma del mismo.

Dentro de esta escuela utilitarista del siglo XIX destacan autores como Jeremy Bethan o John Stuart Mill.

Dentro de este enfoque cardinal, que solo abandonó en algunos de sus últimos trabajos, se enmarca la obra de Pigou, considerado el padre de la Economía del Bienestar. En 1920, en su obra de “The Economics Welfare” presenta como debían utilizarse los recursos disponibles para lograr el máximo nivel de bienestar económico (eficiencia) y que mejoras podrían lograse actuando sobre la distribución de la riqueza (equidad). Analiza además el efecto de las externalidades sobre el bienestar y sus mecanismos de corrección junto con las transferencias posibles de renta desde los niveles más elevados hacia los que tienen una posición menos favorable.

Las principales críticas a este enfoque provienen de autores como Lionel Robbins (1932, 1944) quienes rechazaban las comparaciones interpersonales de utilidad por su inherente carácter normativo.

Es por ello que a finales del siglo XIX se abandonó el supuesto de que la utilidad fuera mensurable cardinalmente, y, a partir de entonces, se supuso que el consumidor poseía una medida ordinal de la utilidad. Esta teoría es menos restrictiva que la cardinal: en este enfoque el consumidor es capaz de ordenar consistentemente las combinaciones de artículos en orden de preferencia. (Pareto, 1909).

En la teoría ordinal de la utilidad el supuesto de racionalidad significa que para todo par de alternativas A y B, el consumidor sabe si prefiere a una de las dos o si le da igual una que otra (Completitud). Para él solo una de las tres posibilidades es verdadera, pero además estas preferencias son transitivas y consistentes.

La ordenación que el consumidor realiza de las combinaciones de bienes se describe matemáticamente mediante su función de utilidad ordinal. Esta función asigna a cada combinación de producto un número, de manera que si una combinación es más deseable que otra, el número asignado a la primera será mayor que el asignado a la segunda combinación, pero la diferencia entre ambos no tiene ningún significado cardinal.

A partir de la función de utilidad del consumidor se obtienen sus curvas de indiferencia. El lugar geométrico de todas las combinaciones de artículos que proporcionan al consumidor el mismo nivel de utilidad es una “curva de indiferencia”

El conjunto de todas las curvas de indiferencia correspondientes a distintos niveles de satisfacción es un “Mapa de Indiferencia”. Se han realizado numerosos estudios, concluyendo que no es posible resolver, de forma única, el problema de la agregación de las funciones de utilidad individual, para pasar a funciones de utilidad colectiva.

Las comparaciones de bienestar serían sencillas si fuese posible agregar las utilidades individuales en una sola función de utilidad. Pero no existe una forma única de llevar a cabo esta operación, sino que las posibilidades son infinitas.

• Las curvas de Indiferencia Social. Una curva de indiferencia Social representa todas las combinaciones de bienes que proporcionan una utilidad constante a los miembros de la comunidad, considerados de forma individual y colectiva (Samuelson, 1956).

A distintas distribuciones de los ingresos, le corresponden distintas curvas de indiferencia social. Dicho de otra forma, la curva de indiferencia social depende de la distribución de la renta. Solo si hubiese una única situación posible en cuanto al reparto de los ingresos, podríamos hablar de “la” curva de indiferencia social, y no de “las” posibles curvas de indiferencia social.

No obstante, una especie de consenso social en cuanto a la distribución óptima de la renta, es decir, una “escala de preferencia colectiva” proporcionaría una única curva de indiferencia social.

• Teorema general de la Imposibilidad.

Arrow en su obra, intentó construir una escala de preferencia colectiva, similar a la escala de preferencias individuales establecida por Pareto. Estableció cinco axiomas o condiciones que toda estructura de preferencia social debe satisfacer para ser mínimamente aceptable. Estos axiomas son los siguientes: (Arrow, 1963)

1. Ordenación Completa.

2. Conformidad con las preferencias individuales.

3. No imposición.

4. No dictadura.

5. Independencia de las alternativas irrelevantes.

Estas cinco condiciones establecidas por Arrow son mayoritariamente admitidas, porque los juicios de valor que contienen son considerados por casi todos los economistas, y por casi todo el mundo, razonables y sugestivos. Sin embargo, Arrow demostró que no es posible construir preferencias sociales que satisfagan los cinco axiomas. Esta conclusión de que no existe un método de decisión social, mediante el cual se pueda obtener una combinación de las preferencias individuales sobre los posibles estados de la sociedad, a fin de lograr una ordenación social de dichos estados, constituye el denominado “Teorema general de la Imposibilidad”.(Zarzosa, 1996: 27)

• Transición del Bienestar Individual al Bienestar Social.

La transición del bienestar individual al bienestar social se puede efectuar de tres formas, cada una de las cuales conduce a un concepto cualitativamente distinto de bienestar social, (Nath, 1976)

1. Concepto de bienestar social según un enfoque “paternalista”: La concepción sobre el bienestar social corresponde a una persona o a una entidad, sin que sean las preferencias individuales las que determinen este concepto. Al no ser posible construir la función de bienestar social, dado que esta es un índice que sintetiza a ordenación social de las distintas alternativas y que por el Teorema General de la Imposibilidad se sabe que no existe un método para obtener esa ordenación, muchos autores se refugian en una descripción particular de aquella que representaría en realidad las preferencias del gobierno o del Ministro de Planificación. Esta concepción de bienestar social rompe con uno de los axiomas establecidos por Arrow, el de “No Dictadura”, y por lo tanto no es aceptable.

2. Concepción “Paretiana”: parte de la idea de que las comparaciones interpersonales en el terreno del bienestar son imposibles. Entonces “el bienestar colectivo no puede ser más que un conglomerado heterogéneo de las situaciones individuales de bienestar. Si se mejora la de alguno sin empeorar la de nadie, disminuye; pero si ha mejorado la de unos y ha empeorado la de otros, simplemente no sabemos lo que ha ocurrido con el bienestar del grupo” (Graaff, 1967: 8). Según este criterio, el cambio de una asignación específica a otra es socialmente deseable sino se reduce la utilidad de nadie y se aumenta la de, por lo menos, una persona. Sin embargo, es difícil que un cambio, por el que se aumenta la utilidad de un individuo, no provoque la reducción de la utilidad de otro, a no ser que se produzca una compensación (subsidios para compensar a los que pierden con el cambio).

3. Concepto de bienestar social según el enfoque de Bergson: la idea de partida es que las comparaciones interpersonales en el terreno del bienestar social no son imposibles, sino que no pueden establecerse sin recurrir a ciertos juicios de naturaleza esencialmente ética. Entonces, es posible elaborar una función de bienestar social (Bergson, 1938: 310-334), función cuyas variables serían los índices de utilidad individual y que recogería implícitamente una serie de juicios éticos en cuanto al modo en que a de “sumarse” el bienestar de un individuo al de otro.

La función de bienestar social, que es un índice ordinal del bienestar de la sociedad y función de los niveles de utilidad de todos los individuos, no es la única y de su forma dependen los juicios de valor de la persona para la que es una función de bienestar social deseable. Por lo tanto es una función del tipo “individualista”, y, en principio, se puede construir de forma que describa las preferencias de una autoridad paternalista. (Zarzosa, 1996:29)

En las últimas décadas ha ido en aumento el número de economistas que discrepan de Pareto, incluso hay quienes sostienen que la concepción paretiana y la medición cardinal del bienestar no son cosas incompatibles. En este sentido, afirma Van Praag: “Pareto no estableció que la utilidad cardinal fuera un concepto no esencial,… sino solo que no era necesario para conocer la función de utilidad que explique la conducta del consumidor” (Van, 1991: 70). La parte ordinal debe ser estimada por el tradicional método de estudiar la conducta del consumidor y la parte cardinal se estimaría a partir de una evaluación del nivel de renta.

El problema del enfoque de las funciones de utilidad, como método de medición del bienestar, radicaba en que no existe una única función de bienestar social, sino que ésta depende de la forma en que se realice la transición del bienestar (utilidad) individual al bienestar social, en definitiva, de los juicios de valor de la persona para quien es una función de bienestar deseable. Las asunciones normativas sobre la manera de agregar las utilidades individuales quedan representadas por la forma funcional de la función. Su principal limitación consiste en que para establecer tal correlación entre las funciones de Bienestar es necesario presuponer una teoría de comparaciones interpersonales y la economía carece de tal teoría.

Por si todo esto fuera poco, también fue fuertemente criticado el pilar central de este enfoque: la equivalencia entre la utilidad y el bienestar, destacando el premio novel Amartya Sen, quien argumenta contra dicha identificación en cualquiera de sus acepciones más comunes del bienestar: como felicidad, porque es un estado mental que podría responder a cualquier otro condicionamiento externo y porque en ella inciden un amplio conjunto de actividades mentales como el entusiasmo, la ilusión, etc.(Sen,1998: 65)

1.2.2.-El enfoque contable.

En el pasado existió una fuerte identificación entre crecimiento, desarrollo y bienestar esto conllevó a muchos investigadores a utilizar la renta por habitante como medida del bienestar. Este procedimiento no representaba grandes dificultades debido a que el sistema económico se hallaba estructurado en un conjunto de cuentas, de las cuales se deducían las macromagnitudes más importantes. El SCN (Sistema de Cuentas Nacionales) resolvía, en aquel entonces, el problema de la medición del bienestar.

A mediados de los sesenta comenzó a cuestionarse la identidad entre crecimiento, desarrollo y bienestar. Los economistas empezaron a tomar conciencia de que el desarrollo no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para mejorar las condiciones de vida. A partir de entonces, se sustituyó el objetivo de alcanzar un mayor nivel de desarrollo por uno más amplio: mejorar la calidad de vida, alcanzar mayores niveles de bienestar social.

Rota la identificación entre riqueza de un país y bienestar de su población, se puso de manifiesto que el PNB no servia como medida del bienestar social, pues una modificación en su tasa de crecimiento no tiene por qué suponer una modificación, en el mismo sentido, del nivel de vida; incluso en los casos en que el nivel de bienestar aumente con el crecimiento económico, no tiene por qué hacerlo en la misma cuantía. Siguió vigente la idea de utilizar un marco contable para solucionar el problema de la medición del bienestar. En esta línea, surgió la propuesta de utilizar un “Sistema Contable Ampliado”.

El nuevo sistema contable debería dar una visión, no solo de la realidad económica, sino también de la social; es decir, debería permitir analizar profunda y rigurosamente las condiciones de vida de la colectividad en todos los aspectos. Para ello, era necesario modificar el sistema contable clásico, introduciendo nuevas cuentas, de forma que las producciones no comercializadas fueran tenidas en cuentas. Se introdujo el concepto de “consumo ampliado”, que incluye el consumo de servicios gratuitos, a fin de realizar una medición, lo más completa posible, del nivel de consumo, el cual, en definitiva, se identifica con el nivel de vida.

El planteamiento de fondo de este enfoque se puede resumir del siguiente modo:

Flujo de la satisfacción de las necesidades = flujo de bienes y servicios que satisfacen esas necesidades = flujo del valor monetario pagado para la adquisición de esos bienes.

Ya que el último término de esa cadena de igualdades es perfectamente conocido y mensurable, a través de él, podemos medir el nivel de satisfacción de las necesidades, que es equivalente al nivel de vida. Ese es, en líneas generales el razonamiento sobre el cual descansa el enfoque contable en su concepción “moderna”.

El sistema contable ampliado proporciona resultados más matizados que el convencional, y por lo tanto, permite un mayor acercamiento al objetivo buscado, la medición del bienestar. De ahí que todos los intentos que se realicen de perfeccionar el sistema contable, a fin de lograr dicho objetivo, deben ser bien acogidos.

Sin embargo no parece que el sistema contable, tanto en su versión tradicional como en la ampliada, sea por el momento, el marco más adecuado para proporcionar una medida válida del bienestar social.

El Producto Nacional Bruto es un indicador de la producción y la actividad, no del consumo, por lo tanto ni siquiera es un indicador del “bienestar económico”, menos aún del bienestar total. (García y Puig, 1980:19)

Es muy sugerente la siguiente cita de Shumacher: “El economista moderno está acostumbrado a medir el nivel de vida por medio del consumo anual, suponiendo siempre que un hombre que consume más está en mejores condiciones que otro que consume menos…Dado que el consumo es meramente un medio para el bienestar humano, el fin sería la obtención de un máximo de bienestar con un mínimo de consumo” (Shumacher, 1978)

Pena Trapero insiste en la fragilidad de la cadena de flujo en que se basa el enfoque contable “ampliado”: “Ni todos los elementos del bienestar son medibles monetariamente, ni todos los valores monetarios asociados al bienestar se mueven en idéntica dirección que éste, ni aquellos valores monetarios que podrían ser aceptados lo pueden ser sin tener en cuenta el posible efecto perturbador de los precios” (Pena, 1977: 20)

• Nuevas Perspectivas del Enfoque Contable.

Existe otra línea actual de medición del bienestar que se puede considerar la confluencia de los enfoques “contable” e “indicadores sociales”. Se trata de la Contabilidad Social, con resultados más satisfactorios. James R. Prescott afirma que un sistema contable útil puede describir adecuadamente los “estilos de vida” de los diferentes grupos de una comunidad y propone la utilización de cuentas sociales para evaluar las diferencias interregionales. (Prescott, 1991)

Prescott considera que los conocimientos de taxonomía socio-económica, desarrollado por Barrer, son una buena base para elaborar un sistema social de cuentas sociales. Dicho sistema posibilitaría, entre otras cosas, la obtención de medidas de disparidades entre distintas zonas geográficas. El autor critica la utilización de la renta o una variable de ese tipo, como medida de tales disparidades. Su principal limitación es que los indicadores económicos como el PIB no miden el bienestar social, ni el nivel de vida.

1.2.3.-El enfoque de los indicadores sociales.

El origen del movimiento de los sistemas de indicadores sociales hay que buscarlo hacia la mitad de la década de los años sesenta, cuando comenzó a entrar en crisis el pensamiento “desarrollista” o “economicista”.

Como consecuencia de las críticas a la identificación entre lo económico y lo social, entre el crecimiento y el bienestar, y a la utilización de indicadores del tipo PNB como indicadores del nivel de bienestar, surgieron dos tendencias encaminadas a tomar en consideración aspectos sociales prácticamente olvidados en las décadas anteriores. La primera defendía la elaboración de una contabilidad nacional ampliada y más completa, que reflejara el valor de las actividades, destinadas o no a la venta, que influyen en el bienestar de los individuos. La otra tendencia, aspira a evaluar directamente el bienestar individual, analizando las condiciones sociales en términos no necesariamente monetarios. Esta segunda tendencia se conoce como el movimiento de los indicadores sociales.

Una vez rota la relación positiva y fuerte entre el crecimiento económico y los principales componentes del bienestar en los países más adelantados (García y Puig, 1980) , y a medida que aumentaba el interés suscitado por las cuestiones relativas a la calidad de vida, el movimiento fue generalizándose e implantándose definitivamente, aunque esto no quiere decir, que se abandonaran totalmente los otros enfoques de medición del bienestar, cosa que pudo suponerse en aquellos años de auge de este tercer movimiento.

Según afirma Pena Trapero un “sistema de indicadores sociales” siempre tiene un objetivo general (medir el bienestar social, medir las condiciones de vida, etc.). El concepto de indicador social depende de la finalidad perseguida por el sistema al que pertenezca, pudiendo, por tanto, variar de un sistema a otro. “La definición de indicadores sociales no es única y depende en gran medida de lo que se pretende conseguir con su utilización” (Pena, 1977: 7-10).

A continuación mostramos algunas de las definiciones más utilizadas que corroboran lo anterior y que son suficientes para aclarar el significado de “indicador social”.

En el primer Informe Social del DHEW (Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos), “Toward a Social Report”, publicado en 1969 y elaborado por un comité creado por el presidente Jonson, se define un indicador social como “una estadística de interés normativo directo, que facilita juicios concisos y equilibrado sobre la condición de los aspectos principales de una sociedad” (DHEW, 1969:97)

En el Programa de elaboración de los indicadores sociales de la O.C.D.E. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), se define un indicador social como “una medida estadística directa y válida que permite observar el nivel y las variaciones en el tiempo de una preocupación social fundamental” (OCDE, 1981:24)

En el S.E.S.D. (Sistema de Estadísticas Sociales y Demográficas) de la ONU se da la siguiente definición de indicadores sociales: “Son series resumidas relativas al estado y a las tendencias de las condiciones de vida y a la disponibilidad y desempeño de los servicios sociales conexos” (Pena, 1977: 32 y 34)

García-Durán de Lara y Puig Bastard dicen, refiriéndose a los indicadores sociales: “Se trata de estadísticas sociales que adquieren un sentido especial dentro de un modelo, como indicadoras o señaladoras de algunos elementos de la realidad o de la evolución social. Las diversas variantes pueden responder a motivaciones distintas respecto al tipo de modelo en que quieran incluirse” (García y Puig, 1980:108)

En la publicación del I.N.E.(Instituto Nacional de Estadística) de España, titulada “Indicadores Sociales”, se definen estos, desde el punto de vista operativo, como “compendios de datos básicos que dan una medida concisa de la situación y cambios relativos a aspectos de las condiciones de vida de la población que son objeto de preocupación social” y, desde un punto de vista metodológico, se da la siguiente definición: “El indicador aparece como una variable manifiesta, observable o empírica, de la que es posible inferir otra variable, teórica, subyacente o no inmediatamente observable, representada por aquella”(INE,1991: 13).

En definitiva, los indicadores sociales son medidas estadísticas sobre los aspectos concretos del bienestar de una sociedad.

Nos proponemos ahora ofrecer una idea del método de indicadores sociales para medir el bienestar. Comenzaremos explicando la línea metodológica propuesta por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en un informe sobre “Definición Internacional y medida de los Niveles de Vida”, publicado en 1960 (Pena,1977: 22), la que consiste: En primer lugar, determinar los componentes del nivel de vida, tales como salud, educación etc. En segundo lugar, elaborar los indicadores, que son medidas estadísticas de aspectos particulares y precisos dentro de cada componente del bienestar social, habiendo para cada componente una batería de indicadores sociales. En el citado informe se definían los principales componentes y los indicadores por cada uno de ellos.

A nivel internacional, en el campo de los estudios sobre indicadores sociales, hay que destacar la labor realizada por dos organismos: La O.C.D.E. y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. El programa de elaboración de los indicadores sociales de la O.C.D.E. fue promovido por los gobiernos de los países miembros de la organización.

El sistema de indicadores de la O.C.D.E. tiene como finalidad la medición del bienestar social. Su metodología es la siguiente: En primer lugar, se trata de dividir el bienestar social en una serie de áreas. En segundo lugar, dentro de cada campo se enumera una lista de preocupaciones sociales básicas; éstas, a su vez, se van dividiendo en subpreocupaciones, así sucesivamente. Por último, se elabora una lista de indicadores sociales, que son instrumentos de medidas de los niveles de preocupaciones. (Zarzosa, 1996:38)

Para la OCDE, en un programa de indicadores sociales necesariamente debe incluirse indicadores de percepción, que son los que miden los aspectos subjetivos del bienestar. En el informe de 1982, en la “lista OCDE de indicadores sociales” (OCDE, 1985: 26,27) no solo no aparecen indicadores de percepción, sino que han sido excluidas las preocupaciones subjetivas.

También se señalan las limitaciones del informe: en primer lugar, la existencia de lagunas en cuanto a indicadores y a datos; en segundo lugar, la ausencia de series cronológicas, que impide el estudio de la evolución del nivel de bienestar; en tercer lugar, las diferencias observadas en los distintos países en cuanto a la propia naturaleza de los datos y los métodos de recogida de información utilizados.

Estas limitaciones demuestran el interés que puede tener la tarea de homogeneizar los datos nacionales relativos a los indicadores sociales en los países miembros de la OCDE.

En la ONU, los indicadores sociales se conciben dentro del S.E.S.D. (Sistema de Estadísticas Sociales y Demográficas), cuyo objetivo, es proporcionar “una descripción detallada y lo más completa posible de la situación y cambios de la colectividad en los aspectos demográficos y sociales” (Zarzosa, 1996:41).

El programa de elaboración de indicadores sociales, en la ONU, se plantea de forma distinta a como se hace en la OCDE, puesto que en la Naciones Unidas se integra en un esquema mucho más amplio, el del SESD. Los indicadores sociales en la ONU son descriptivos. Esto significa que en el SESD se intenta que sirvan para observar los diversos aspectos del bienestar social. La ONU mide los estados finales del bienestar y los medios o instrumentos para alcanzarlos. En la ONU, la clasificación se realiza por materias y por objetivos dentro de cada materia, pero además este sistema muestra diferencias en la parcelas del bienestar pues mientras este no incluye el medio ambiente ni temas sociales y políticos el sistema de la OCDE si lo considera. En cuanto a los indicadores de percepción este sistema de la ONU los excluye no sin antes reconocer su interés, mientras que en el sistema de la OCDE son excluidos pero por las dificultades prácticas y la imposibilidad de aplicarlo.

Según Pena Trapero, “los indicadores sociales de la ONU están incluidos dentro de un marco de referencia, el del SESD, que permite la relación entre los distintos aspectos del bienestar” (Pena, 1977: 28-44).

Además del SESD, la ONU ha desarrollado otros programas relacionados con los indicadores sociales, como los del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el desarrollo social o los de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Pero, sin duda, el más conocido es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y muy especialmente su propuesta de índice sintético de bienestar, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH). El PNUD también elabora otros índices sintéticos que se centran en los problemas de género y pobreza, todos ellos junto con el IDH se utilizan para justificar el adelanto o retraso de los países y de la sociedad mundial. Estos índices son el Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG), el Índice de Potenciación de Género (IPG) y los Índices de Pobreza Humana (IPH-1 e IPH-2).(Zarzosa,2005:48)

En Europa es obligado referirse a los informes sociales elaborados desde 1970 en el Reino Unido bajo la denominación de “Social Trends”.En el caso francés la publicación de “Les Indicateurs Sociaux”, a principios de los años setenta, y de “Dones Sociales” desde 1973, o los trabajos de su Instituto de Estadística. En Alemania, Wolfgang Zapf dirigió la creación de un sistema socio- político de decisión y de indicadores para la República Federal Alemana dentro del proyecto SPES (Sozialpolitisches Entscheidungs). En España destacan los trabajos de la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA), del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Los estudios referidos anteriormente son una muestra del desarrollo creciente que suscitaron los indicadores sociales cuyo interés se extendió a varios países y organizaciones, sin embargo este enfoque al igual que los anteriores no está exento de limitaciones las que serán analizadas a continuación.

Limitaciones del Enfoque de los Indicadores Sociales

El informe del INE (Instituto Nacional de Estadística), del año 1991, señala las siguientes limitaciones de los indicadores sociales (Zarzosa, 1996:48):

1. Ambigüedad en cuanto al significado del indicador. No siempre resulta fácil interpretar los resultados en un único sentido. Dicho de otra forma, un valor nulo de este indicador puede ser interpretado como el valor peor posible, o como el ideal.

2. Escasez de datos estadísticos. La utilización de un sistema de indicadores sociales exige la disponibilidad de información que no suelen suministrar las estadísticas tradicionales. De ahí que sea necesario llevar a cabo, como hacen ciertos países, encuestas periódicas orientadas a ese fin

3. Heterogeneidad de las fuentes. Este problema es uno de los más importantes y es la causa de que en muchas ocasiones, no se puedan efectuar comparaciones interterritoriales, ni a veces incluso, cronológicas.

4. Ausencia de indicadores de percepción. Tanto si se admiten teóricamente como si no, el hecho es que en la práctica siempre resultan rechazados. “El problema de los indicadores perceptivos está en la dificultad de obtener medidas objetivas de experiencias subjetivas” (Pena, 1977: 41).

5. Carácter desagregado de los indicadores sociales. Por separado, los indicadores sociales pueden ser indicativos de la situación de los distintos aspectos del bienestar. Sin embargo, en la medición del bienestar, además de eso, interesa obtener una medida de la situación global.

Sin embargo, a pesar de sus limitaciones se considera por la autora que el indicador de Distancia- P propuesto por Pena Trapero en 1977 supera estas y constituye una buena solución al problema de la medición del bienestar.

1.3.-La medición de la desigualdad del ingreso.

En la actualidad ha cobrado auge otro enfoque, la medición del bienestar a través de la medición de la equidad en la distribución de los ingresos. Este enfoque es considerado por algunos autores como la fusión de los enfoques Contable y el de las Funciones de Utilidad. (Zarzosa, 1996: 51)

Las medidas a las que se refieren suponen, implícita o explícitamente, la existencia de una función de bienestar social determinada que recoge los juicios de valor o los fundamentos éticos sobre como se debe pasar del bienestar individual al bienestar social. Estas medidas pueden estar basadas explícitamente en una función determinada y, por tanto, en unos juicios de valor explícitos, o tratarse de medidas cuya forma funcional, no elegida explícitamente, se corresponde con unos juicios de valor implícitos. Según sean de un tipo u otro se les llama medidas normativas o medidas objetivas.

Las medidas de desigualdad de renta comparten también aspectos fundamentales de la filosofía del enfoque contable. En concreto, se pretende la aproximación a la medición del nivel de bienestar social, a través de una medida que utiliza una sola variable: la renta o los ingresos del individuo. No se trata de medir la renta de los individuos sino la equidad en su distribución. En definitiva este enfoque tiene en común con el enfoque contable el hecho de utilizar indicadores que son función de una única variable y difiere de este en dos aspectos: el primero es que la variable se refiere al individuo o la familia, es decir no es una macromagnitud, y en segundo lugar, lo que se mide no es la renta, sino la distribución entre los individuos, de forma que el bienestar se aproxima mediante la equidad. (Zarzosa, 1996: 51)

Este enfoque está en plena vigencia tanto en sus aportaciones teóricas como en sus aplicaciones prácticas. Son muchos los serios trabajos que tratan de aproximarse a la medición del bienestar de una colectividad a través de la medición de la equidad en los ingresos. Por ejemplo en España varios equipos de investigadores están trabajando en este tema, otras aportaciones en el ámbito internacional más recientes son las desarrolladas por (Slottje, 1989), (Coulter, 1989), (Lambert, 1989). Slottje presenta en dos volúmenes del Journal of Econometrics, bajo el nombre de “Econometrics issues in Analyzing Inequaliting” una valiosa selección de artículos de autores como Theil, Maasoumi, Bourgguignon, Shorrocks, Slenick, Van Praag, Fomby, Cowell, y el propio Slottje, entre otros; en ellos presenta un estado de los trabajos sobre desigualdad. A estos trabajos habría que añadir varios de los artículos seleccionados por Maasoumi (Maasoumi, 1991), para el volumen del Journal of Econometrics, dedicado a la medición y análisis del bienestar.

Las anteriores referencias son una muestra, muy representativa de las numerosas y complejas investigaciones que en este enfoque de medición se han desplegado, sin prejuicio de la representatividad de las posteriores.

Cualquier estudio centrado en la desigualdad debe resolver tres cuestiones fundamentales: ¿Desigualdad de quien?, ¿Entre quienes? y ¿Cómo se mide la desigualdad? Por lo que resulta necesario determinar las bases metodológicas para su medición, como especificar la variable y la unidad de análisis, así como decidir cuál será el instrumento de medida utilizado para evaluar el grado de desigualdad.

1.4.-Bases metodológicas para la medición de la desigualdad del ingreso.

Por su naturaleza, la desigualdad del ingreso es un concepto multivariable, pero las dificultades que supondría establecer la importancia relativa de cada uno de los aspectos que lo integran para su posterior agregación hacen que en la mayoría de los estudios se limiten solo a uno de ellos. Los trabajos citados de desigualdad suelen decantarse por la renta.

En diversas literaturas consultadas se conceptualiza a la desigualdad como la dispersión de una distribución, en donde la variable de análisis es el nivel de ingresos de los individuos y a la desigualdad se la considera como un indicador útil del bienestar de la población.

La desigualdad en la distribución de la renta se asocia de manera natural a la idea de concentración: será tanto más desigual cuanto más concentrada esté en algunos individuos.

La desigualdad es habitualmente estudiada como una parte del análisis de la pobreza y el bienestar de una comunidad. Sin embargo estos tres conceptos no involucran lo mismo. Desigualdad es un concepto más amplio que el de pobreza, en tanto es definido sobre el total de una distribución dada, y no solo sobre una parte de la distribución de ingresos de los individuos (u hogares) que está definida por debajo de cierta línea de pobreza.

Por otro lado, desigualdad es un concepto mucho más estrecho que el de Bienestar. Aunque ambos utilizan el total de la distribución para el cálculo de indicadores, la desigualdad es independiente de la media de la distribución y se concentra en la dispersión de la misma. El estudio del Bienestar requiere atender a múltiples factores históricos, culturales y políticos, además de los económicos. Entre éstos últimos, se toma en cuenta la distribución del ingreso entre todos los componentes del grupo social (nuestro objeto de análisis, la familia). Sin embargo, estos tres conceptos pertenecen a una misma familia y en general los indicadores utilizados para medirlos son compuestos.

En la literatura consultada existe un debate sobre cuál es la variable que se considera más apropiada para evaluar la concentración del ingreso. De hecho, la principal controversia surge al momento de elegir entre el ingreso total del hogar o el ingreso per cápita. Al respecto, es válido afirmar que ambas variables pueden ser adecuadas, dependiendo de los objetivos de la investigación que se quiera llevar a cabo. Por lo tanto, primero debiera especificarse cuál es la finalidad de la medición, para luego proceder a elegir en consecuencia la variable correspondiente.

En ciertos casos puede justificarse el uso del ingreso total familiar, por el simple hecho de que se considera que es el hogar la unidad de consumo en la cual se concentran las percepciones de ingreso de sus miembros y se decide sobre el destino de los recursos. Asimismo, el hogar es donde se comparten todos los bienes y servicios colectivos que son adquiridos con el presupuesto familiar, y el contexto que sirve para que sus miembros se formen y desarrollen para el proceso productivo. En ese sentido, cuando el propósito del investigador es analizar la distribución del ingreso entre los hogares no debe existir duda en cuanto a que la variable que debe utilizarse es el ingreso corriente total del hogar.

Pero también puede darse un cuadro alternativo. En los últimos años, diversos investigadores han orientado el estudio del bienestar hacia las personas, y por tanto han insistido en la necesidad de que deben ser éstas el foco de análisis y de atención de la política social, a la vez que debiera ponerse mayor énfasis a las modalidades de asignación de recursos al interior de los hogares. En ese contexto, se reconoce que el tamaño de la familia es una variable de gran incidencia en la medición de la desigualdad y la pobreza, debido a que la constatación empírica confirma que los hogares de menores ingresos están integrados por un número mayor de personas, con relación a aquellos que se ubican en la parte alta de la distribución, lo cual tiene relación con mayores necesidades, pero también con las economías de escala que se generan en el uso de los bienes públicos al interior de los hogares.

De allí entonces que, si el objetivo de la investigación se centra en el estudio del bienestar individual, parece pertinente utilizar el ingreso per cápita del hogar como variable de referencia para evaluar la concentración del ingreso, ya que de lo contrario el ingreso familiar llevaría a subestimar el nivel de concentración del ingreso personal por el simple hecho de que se hace caso omiso de las necesidades que surgen debido a la presencia de un mayor número de personas.

Sin embargo, y pese a que muchos estudios efectuados hacen uso de esta variable para medir la concentración del ingreso, es preciso señalar que en estricto rigor técnico el ingreso per cápita no sería tampoco la variable más apropiada para estudiar el bienestar individual, ya que en su cálculo no se considera el hecho de que las necesidades de los menores pueden diferir de las de los adultos, además de que existen en el hogar bienes públicos que dan servicio a todos sus miembros independientemente del tamaño de la familia. De modo que si el interés de los investigadores es mostrar realmente qué sucede con el nivel de vida de cada uno de los miembros del hogar, la manera correcta de proceder para evaluar la inequidad existente lleva a la necesidad de utilizar como factor de corrección del ingreso escalas de equivalencia que permitan construir una variable del ingreso equivalente del hogar.

Para medir esta “renta equivalente” que depende de la renta del hogar y de sus características (tamaño, edad de sus componentes, etc.) se han construido distintas escalas de equivalencia que suelen agruparse en cuatro categorías (Buhmann, 1988): escalas econométricas basadas en el consumo; escalas subjetivas; escalas referidas a los subsidios de asistencia social; y escalas normativas basadas en el juicio de los expertos.

Se ha demostrado que la elección de una escala de equivalencia u otra ejerce un impacto real sobre la valoración de la desigualdad finalmente obtenida, porque todas incluyen, implícita o explícitamente, juicios de valor en cuanto al efecto que las características del hogar tienen sobre la capacidad para extraer bienestar de la renta, véase (Coulter, Cowell y Jenkins,1992).

Muchos estudios sobre desigualdad utilizaron como variable apropiada la renta disponible equivalente. Esta opción, aunque sensata, no está exenta de limitaciones, no solo porque se cuestione la relación biunívoca entre bienestar y la renta, sino porque los cambios en la estructura familiar pueden tener efectos no deseados sobre los resultados obtenidos.

Aunque la desigualdad de la renta (ingreso) ha sido históricamente el indicador más utilizado de bienestar diversos motivos, algunos ya explicados anteriormente, han llevado a otros investigadores a sustituir, la tradicional medida del bienestar basada en la distribución de la renta, por la basada en la distribución de los gastos de consumo.

La elección de la variable renta, gasto o riqueza, no evita el seleccionar un cierto número de indicadores que permitan sintetizar y sacar conclusiones sobre la desigualdad.

1.4.1.-El instrumento de medida para el cálculo de la desigualdad del ingreso.

Hasta los años setenta los trabajos sobre desigualdad se limitaban a utilizar medidas estadísticas de dispersión y de comparación de elementos de distintas series, supuestamente objetivas.

Una primera clasificación de los indicadores de desigualdad que se encuentra en la literatura los agrupa como sigue: medidas positivas, que son aquellas que no hacen referencia explícita a ningún concepto de bienestar social, y medidas normativas, que sí están basadas en una función de bienestar. Al primer grupo pertenecen los índices estadísticos que tradicionalmente se utilizan para analizar la dispersión de una distribución de frecuencias como por ejemplo: la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, y el análisis de los cuantiles. En tanto, al segundo grupo pertenecen aquellos que están basados en una función de bienestar social como por ejemplo: El índice de Gini, la Curva de Lorenz, el índice de Theil, entre otros.

A partir de entonces, en 1920 cobraron fuerza las críticas realizadas por Hugo Dalton, para quien toda medida de desigualdad, para ser relevante, debe ocuparse del bienestar, por lo que propone una medida de desigualdad basada en la comparación entre el nivel de bienestar alcanzado por una sociedad y el que habría alcanzado si la renta se hubiera distribuido igualitariamente. Sus trabajos fueron revisados por Atkinson en 1970, quien en esta misma línea, construye su propia medida de desigualdad comparando la renta equivalente igualmente distribuida con la distribución de dicha renta actual, de manera que si se distribuye la renta equivalente de forma igualitaria esta permitiría alcanzar el mismo nivel de bienestar que la distribución actual.(Atkinson,1970)

Años después Frank A. Cowell (1977) y otros, se encargarían de demostrar que muchas de las medidas de desigualdad presentadas hasta el momento ordenaban las distribuciones de la renta conforme a su grado de desigualdad del mismo modo que lo hacía la familia de Medida de Entropía Generalizada.

Puede decirse que hoy se asume de modo general que todas las medidas de desigualdad tienen un contenido normativo implícito o explícito y, por ello, quien las utiliza debe estar conciente de sus fundamentos, sus propiedades y el modo en que ven la desigualdad. Solo así se podrán interpretar correctamente los resultados.

No obstante, pese a las dificultades que entraña su medición, es evidente que la distribución de la renta ejerce gran influencia en el nivel de bienestar de una colectividad, pero ni la valoración de la desigualdad es única, ni es el único factor capaz de explicar las diferencias en el bienestar.

1.5.-Bienestar social y desigualdad del ingreso en el contexto institucional cubano.

Antes de 1959, Cuba presentaba la situación característica de una economía neocolonial, atrasada y dependiente. Existían grandes latifundios azucareros y ganaderos, con un 75% de las tierras en manos de un 8% de los propietarios. El desempleo afectaba en ocasiones a más del 25% de la fuerza de trabajo, con más de 600 mil desempleados en el período entre zafras (tiempo muerto). Sólo el 12% de la fuerza de trabajo era femenina. El 47% de la vivienda estaba en un estado deplorable o malo, y únicamente el 33% era de mampostería. El 20% de la población más rica recibía el 58% de los ingresos, en tanto que el 20% más pobre percibía el 2%, el 45% de los niños de 6 a 14 años no asistía a las escuelas; y el 23.6% de la población mayor de 10 años era analfabeta. La población mayor de 15 años presentaba un nivel educativo promedio inferior a tercer grado. Paradójicamente, había más de 10 mil maestros desempleados. El servicio estatal de salud era totalmente insuficiente y de baja calidad. La capital del país, con el 22% de la población, disponía del 65% de los médicos y 62% de las camas hospitalarias. En general, las condiciones en las áreas rurales eran mucho más críticas: sólo un 4% comía carne; el 43% de la población era analfabeta; no más del 8% recibía atención médica gratuita, en tanto que el 36% se hallaba parasitada y el 14% padecía o había padecido de tuberculosis.

Desde el triunfo de la Revolución la atención a los problemas sociales tuvo una alta prioridad en Cuba. De hecho el desarrollo se concibió como un proceso integral entre lo económico y lo social, a partir de considerar que el simple crecimiento económico, sin progreso y justicia social, no conduciría a un verdadero desarrollo, ni permitiría alcanzar las objetivos sociales a que se aspiraba. Este enfoque más consecuente permitió que en pocos años, las medidas adoptadas propiciaran una transformación radical de la situación social existente.

En una primera etapa a partir de 1959 los esfuerzos en la esfera social se concentraron en el empleo, la entrega de tierras, la educación, la salud, la vivienda, la redistribución del ingreso y la seguridad y asistencia social; y también en la eliminación de lacras sociales como la droga, el juego, la prostitución, y el desamparo y la mendicidad.

La Ley de Reforma Agraria exoneró del pago de rentas al 85% del campesinado cubano y significó una redistribución de ingreso de unos 300 millones de pesos. La creación de nuevos empleos en los sectores agrícola, industrial, de las construcciones y de los servicios, permitió que a finales de 1970 la tasa de desempleo en el país fuera de sólo 1.3%. En los años iniciales de la Revolución se redujeron los alquileres, las tarifas eléctricas y telefónicas, y el precio de las medicinas y de otros artículos de primera necesidad.

La Ley 1100 de 1963 garantizó la seguridad social a todos los trabajadores del país. Se aprobó una edad de retiro de 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres; y se estableció la protección por enfermedades de tipo común y profesional, accidentes, invalidez y por requerimientos de la maternidad. Se acordó, además, el derecho de todos los trabajadores a un descanso anual de treinta días.

En 1961 se efectuó la Campaña Nacional de Alfabetización sobre la base de un movimiento de participación voluntaria y masiva, en el que tomaron parte unos 270 mil estudiantes, maestros y trabajadores en general. En un año, 700 mil personas aprendieron a leer y escribir, con lo cual el índice de analfabetismo disminuyó de 23.1% en 1958 al 3.9% de la población total en 1961. Al concluir la Campaña de Alfabetización se creó un plan de becas y el sistema de internados y seminternados, para garantizar que todo alumno, con independencia de la situación económica de la familia y lugar de residencia, tuviera acceso a los diferentes niveles de enseñanza. Entre 1958 y 1981 las tasas de matricula según grupos de edad se elevaron, para la enseñanza primaria (6 a 11 años), de 45.2% a 100%; y para la enseñanza secundaria (12 a14 años), de 8.7% a 79.8%,

En salud pública, las medidas iniciales más importantes fueron la creación de un ministerio de salud pública, el servicio médico rural, y las áreas de salud y los policlínicos. También se hizo énfasis en el desarrollo de la docencia médica, pues cerca de la mitad de los médicos existentes en el país emigraron en los primeros años de la Revolución. La medicina preventiva experimentó un gran impulso, especialmente en lo referente a enfermedades transmisibles; y la población, junto con diferentes organizaciones, participaron en importantes campañas masivas de vacunación.

Con respecto a la vivienda, la Ley de Alquileres representó una rebaja de un 30-50%, en tanto que la Ley de Reforma Urbana consagró el derecho de cada familia que pagara alquiler, a la propiedad de la vivienda. Asimismo se impulsó la construcción de viviendas, que entre 1959 y 1963 alcanzó un monto de 85 mil viviendas.

En el período hasta 1989 se produce una consolidación del modelo de desarrollo social de Cuba, con logros que se acercan a los indicadores sociales de países de mayor nivel de ingreso. Sin embargo, los años noventa fueron para Cuba años difíciles pues el consumo cayó 31% en comparación con 1989, hubo una reducción de un 7 por ciento en el gasto social y gubernamental y una caída de 39% en el gasto privado. Todo esto significó que el Producto Interno Bruto cayera 35% entre 1989 y 1993. En septiembre de 1990 el gobierno cubano declaró el inicio del “periodo especial en tiempo de paz” que tuvo como detonante el brusco deterioro de las relaciones económicas con los países socialistas de Europa del Este, a lo que se unió el recrudecimiento de las medidas de presión sobre la Isla por parte de Estados Unidos, mediante las Leyes Torricelli (1992), y Helms-Burton en 1996.

La disolución del CAME (Consejo de Ayuda Mutua Económica) y la desintegración de la Unión Soviética privaron a Cuba de una relación económica exterior caracterizada por precios preferenciales, créditos blandos, coordinación de planes, ayuda al desarrollo, asesoría técnica y proyectos conjuntos. Así en un lapso de tiempo muy corto Cuba vio limitada de manera radical su acceso a sus fuentes de financiamiento externo, se redujo drásticamente el suministro de materias primas y productos básicos y desaparecieron los mercados tradicionales para sus exportaciones.

En términos concretos esto significó la caída de la capacidad importadora cubana de 8,139 millones de dólares en 1989 a sólo 2,200 millones en 1992. La importación de petróleo, en particular, se redujo en ese mismo período desde 13.3 hasta 6.1 millones de toneladas. La producción azucarera pasó de 7.1 millones de toneladas en la zafra de 1991-92 a 4.2 millones en la de 1992-93.

La vida cotidiana de la población se tornó muy difícil: a las carencias nutritivas en términos de proteínas y grasa, se unieron los cortes prolongados y sistemáticos del servicio eléctrico, la escasez de transporte, las deficiencias en cantidad y calidad de ropa y calzado, el déficit de medicamentos, el cierre de empresas y fábricas, la reubicación de personal y la falta de recreación.

Ante esta grave situación, el gobierno cubano adoptó una serie de medidas que incluyeron: ajustes macroeconómicos, medidas de carácter social y cambios institucionales. Entre los ajustes macroeconómicos más importantes estuvieron la disminución del exceso de liquidez monetaria, la eliminación del déficit presupuestario y la creación de un mecanismo interno de circulación, captación y asignación de divisas.

En contraste con lo que ocurrió en el resto de América Latina, una de las prioridades del gobierno fue la de preservar al máximo los programas existentes en el área social, en particular la salud y la educación. También se trató de que los trabajadores mantuvieran su empleo y su ingreso. Los bienes de consumo disponibles se trasladaron casi en su totalidad al sistema de racionamiento para garantizar una distribución lo más equitativa posible. Sin embargo, esa situación generó como afirman Togores y García que la economía informal creciera hasta que a mediados de 1995 “las transacciones en el mercado informal sobrepasaron las ventas en el economía formal”.

Entre 1989 y 1993 se adoptaron una serie de medidas para abrir de manera muy paulatina la economía cubana, se creó un sector constituido por empresas mixtas, se permitió la inversión extranjera en el sector del turístico y entre 1993 y 1995, se despenalizó la tenencia y circulación de divisas libremente convertibles y se autorizó el recibo de remesas desde el exterior, así como la apertura de cuentas bancarias en esa moneda.

En el sector agrícola, se entregó más de la mitad de las tierras estatales en usufructo gratuito a sus trabajadores, organizados en unidades básicas de producción cooperativa y se estimuló la producción de cultivos para la exportación. Asimismo se autorizó el trabajo por cuenta propia y la creación de mercados agropecuario, artesanal e industrial.

Ahora bien, el ajuste económico significó además del deterioro generalizado en el nivel de vida de los cubanos, un incremento sustancial de la desigualdad. De acuerdo con la profesora Espina el índice de Gini pasó del 0.24 en 1986 a 0.38 en el año 98. Así mismo, la desigualdad en términos de ingreso mensual se ha disparado. Un 4% de la población tiene ingresos promedio de 6,000 pesos mientras que el 19% tiene un ingreso promedio de 40 pesos. De acuerdo con diversos estudios las fuentes de ingreso de las personas con mayores recursos son en orden de importancia: las remesas, el empleo en sectores relacionados al turismo y las ventas en el mercado negro. (Espina, p.224)

Aunada a esta desigualdad, el ajuste ha provocado una creciente desigualdad entre las regiones. Como sostiene la Dra. Espina “el estado socialista atacó las desigualdades territoriales de la Cuba pre-revolucionaria, alentando el desarrollo rural (en general) e invirtiendo en las comunidades más pobres del este de la isla. Sin embargo, hoy las desigualdades espaciales se hacen sentir con fuerza nuevamente. La inversión en el turismo y en las industrias vinculadas al turismo ha significado que algunas áreas del país obtengan grandes beneficios económicos mientras que otras se han quedado rezagadas”. Este rezago se ve reflejado en los índices de desarrollo humano que muestran a las áreas del este de la isla como las más rezagadas.

El tema de la pobreza en Cuba resurgió con la crisis de los años noventa. El favorable desempeño económico que se registró entre los años 1975 y 1985; la integralidad y universalidad de los programas sociales que lograron niveles muy elevados de cobertura; los resultados del desarrollo social alcanzado, observables en el nivel de los indicadores sociales, y el proceso de acercamiento de las condiciones de vida de las familias a lo largo de la Isla sustentaron a mediados de los años ochenta la tesis de que la pobreza se había erradicado en el país (Rodríguez y Carriazo, 1987).

Crisis y reforma han sido procesos con impactos diferenciados sobre los grupos sociales. Durante la crisis tomaron auge actividades vinculadas a la economía sumergida, mientras que las familias que se han logrado insertar en las actividades generadoras de divisas han contado con mayores oportunidades. En general, las unidades familiares desplegaron diversas estrategias para contrarrestar la caída en su nivel de vida y para lograr una reinserción social, con más o menos éxito de acuerdo con sus activos.

Los estudios sobre pobreza en Cuba son relativamente escasos (Muñoz, 1992; Torres, 1993; Ferriol, 1997; Ramos, 2003; Colectivo de autores INIE, ONE, 2003), pero todos ellos muestran que en los años noventa había una franja de población con ingresos insuficientes. Sin embargo, esa población disfruta de una garantía de acceso a los servicios de educación, salud, seguridad y asistencia sociales que es muy elevada.

Por tanto, es necesario completar las estimaciones de pobreza de ingresos con un enfoque de necesidades básicas insatisfechas para poder arribar a valoraciones comparables en el entorno internacional. En este sentido, las prestaciones que se garantizan a toda la población para satisfacer sus necesidades básicas son las siguientes:

• La disponibilidad de alimentos que cubren como mínimo 50% de los requerimientos nutricionales, a precios subsidiados. Acceso a otras vías subsidiadas de alimentación por su estado de vulnerabilidad o necesidad.

• La atención permanente de un médico en la comunidad con funciones preventivas y curativas — servicios primarios— y la opción de proporcionar servicios especializados de alta tecnología disponibles en el país, todo de manera gratuita.

• La atención médica mensual de la gestante y el menor de un año, incluido cualquier tipo de servicio requerido.

• La educación básica —que comprende nueve años de estudios— y la garantía de poder continuar la formación también de manera gratuita a fin de prepararse mejor para obtener un empleo.

• Estudios de nivel superior totalmente gratuitos.

• Un sistema de pago ventajoso para la adquisición de una vivienda.

Estos beneficios son superiores a los niveles considerados como críticos en la región latinoamericana para valorar un hogar cuyos integrantes tienen necesidades básicas insatisfechas . Incluso, en la región en ningún caso son considerados necesidades básicas los estudios superiores, los tratamientos médicos complejos ni la posesión de una vivienda. Por eso en Cuba se propuso el concepto de población en riesgo (Ferriol, 1997), que se refiere a los sectores con ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de bienes, alimenticios y no alimenticios, pero que al mismo tiempo disfrutan de una protección cualitativamente superior a la que reciben los latinoamericanos pobres. Esta protección se da garantizando el acceso a servicios gratuitos y subsidiados que no son considerados como indispensables en los demás países de la región.

Para el año 2001 un estudio sobre pobreza en Ciudad de La Habana brindó las características socioeconómicas y sociodemográficas de las familias en dicha situación comparándolas con las de ingresos elevados, lo que sugiere un grupo de factores asociados a esta situación de desventaja (INIE-ONE, 2003).

En primer lugar, se trata de familias con una carga demográfica elevada y con diferente aprovechamiento del potencial laboral. Estas características de la inserción laboral también tuvieron una influencia decisiva en la situación de pobreza. Las familias en riesgo concentraban el grueso de la población desocupada, que aunque es de poca magnitud en el país, incide en la economía familiar. Además, y como promedio, los asalariados de este sector devengaban los ingresos laborales más bajos del país. Es decir, se observó que la situación laboral y la actividad económica desempeñada determinan, junto a la composición etaria de la familia, su posición de desventaja. Esto no es ajeno al hecho de que la escolaridad promedio de las familias pertenecientes a los deciles de menores ingresos, aunque es elevada y cercana a los 10 años de estudios, es menor que en los deciles de mayores ingresos.

Lo anterior evidencia la necesidad de lograr un crecimiento económico, condiciones transparentes de funcionamiento del mercado laboral y una política social con acciones dirigidas a la población en riesgo de pobreza.

La vulnerabilidad constituye un aspecto a considerar en la sociedad cubana actual, al modificarse la estructura de oportunidades y crearse una heterogeneidad en las condiciones de vida de la población.

La desigualdad de ingresos fue también un tema emergente en los noventa. Aun así, la población cubana continuó siendo la de menor desigualdad en América Latina y El Caribe, lo que fue apuntado por la CEPAL en el informe presentado en su vigésimo octavo período de sesiones (CEPAL, 2000a). Los estimados más recientes de la desigualdad de ingresos monetarios, medida por el coeficiente de Gini, la situaron en 0,38 para la zona urbana en el período 1996-1998.

El principal factor asociado a la mayor desigualdad de ingresos monetarios es poseer una fuente estable de ingresos en divisas. Ello responde a que algunos bienes de consumo esenciales como los artículos de higiene y limpieza personal, entre otros, sólo se ofertan en el mercado racionado en cantidades insuficientes o en el mercado en divisas, por lo que aquellas familias sin ingresos frescos en esta moneda deben asimilar el incremento de precios que supone la adquisición de la divisa en el mercado monetario. Sin embargo, la consideración de las transferencias del gobierno en alimentación, educación, salud, seguridad y asistencia social, entre otros, provenientes de familiares y amigos, contrarrestan la desigualdad de ingresos monetarios primarios.

Las transferencias por utilización de los servicios de salud y educación son progresivas, y las del sistema de seguridad social y los subsidios de precios a los productos de la canasta básica tienen un comportamiento neutro respecto a la distribución de ingresos monetarios primarios. Aunque la distribución de las transferencias que se muestra tiene el efecto de disminuir el coeficiente de Gini, pues su magnitud es relativamente elevada en las zonas urbanas, existen reservas para que estos beneficios favorezcan en mayor medida a los más necesitados, por lo cual la política social en esas esferas puede adecuarse. Los programas de asistencia social más personalizados y con beneficios en especie y servicios constituyen transformaciones en esa dirección.

También sería necesario, en una estrategia de crecimiento perspectivo, impulsar el incremento de la productividad conjunta de los factores, lo cual tendería a depreciar la moneda nacional en el mercado no oficial de divisas. En ese caso se requeriría cambiar el patrón de la oferta de bienes de consumo y servicios a favor de la moneda nacional. Esto complementaría la tendencia al descenso del porcentaje de población en riesgo derivado del incremento de la ocupación. Además, se señala que el diseño del paquete de medidas tendría que incluir proyectos para proteger a los grupos de menores ingresos, con el enfoque de los nuevos programas ya en curso.

Aunque las políticas alternativas simuladas tendrían un impacto positivo sobre la desigualdad y la pobreza, éstos serían relativamente modestos sin suponer variaciones más profundas del modelo económico, en especial respecto a la dualidad monetaria y la segmentación de mercados. Todo ello refuerza la necesidad de una acción eficiente y eficaz de la política social.

Conclusiones

• El concepto de Bienestar es un concepto difícil de precisar, en particular debido a los aspectos subjetivos que afectan al bienestar individual y que se trasladan al bienestar colectivo o social; esta falta de precisión afecta lógicamente su medición pues siendo además un concepto multidimensional debido a sus variadas facetas, es casi imposible de abarcar a partir de datos empíricos.

• El enfoque de indicadores sociales se muestra como el método idóneo para medir el bienestar social, dado que este es el resultado del estado de varios componentes o factores por lo que habrá que abordar su medición acercándose a la medición de los estados de dichos componentes donde juega un papel importante la equidad, pero no es el único componente, existen otros campos como la salud, la educación, la vivienda, el empleo, etc, que configuran el grado de satisfacción de los individuos de una colectividad.

• Aunque nadie sostiene la total equivalencia entre riqueza y bienestar, por lo que no se utilice el PNB como medida de bienestar de un país, y se acepta que el bienestar engloba otros aspectos, aún se pretende la aproximación a la medición del nivel de bienestar midiendo solamente el factor económico, en concreto se pretende la aproximación a la medición del nivel de bienestar social a través de una medida que utiliza una sola variable: la renta o los ingresos del “individuo”( sea este una persona, una familia, etc.), de esta forma el bienestar se aproxima mediante la equidad, pues no se mide la renta en sí, sino su distribución entre los individuos.

• En el caso de Cuba, la atención a los problemas sociales tuvo una alta prioridad de hecho el desarrollo se concibió como un proceso integral entre lo económico y lo social, a partir de considerar que el simple crecimiento económico, sin progreso y justicia social, no conduciría a un verdadero desarrollo, ni permitiría alcanzar las objetivos sociales a que se aspiraba. Este enfoque más consecuente permitió que en pocos años, las medidas adoptadas propiciaran una transformación radical de la situación social existente, sin embargo, la promoción, puesta en práctica y desarrollo de estas políticas públicas con equidad y amplia cobertura, se han visto muchas veces afectadas en su calidad y amplitud por las serias dificultades que han caracterizado la situación económica del país, particularmente durante determinados períodos.

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Comentarios sobre este artículo:

Página: [1]
Por: Angeleene Núñez Fecha: 15 del 08 de 2013 - 02:11
buen articulo que me es util para la carrera de Trabajo Social

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