Jerónimo Molina Cano, Epítome de la Política Social (1917-2007), Ediciones Isabor, Sociedad de Estudios Políticos de la Región de Murcia y Seminario “Luis Olariaga” de Política Social, Cartagena y Murcia, 2007, 79 págs.

María del Carmen Amaya Galván

Ha aparecido la presente publicación para conmemorar el 90 aniversario de la creación de la cátedra de Política Social y Legislación Comparada del Trabajo en la Universidad Central de Madrid en 1917, que, tras vencer en movidas oposiciones, fue asignada a Luis Olariaga Pujana (1885-1976). Dicha cátedra era fruto de la transformación de la de Legislación comparada que, con esa denominación, mantuvo Gumersindo de Azcárate Menéndez (1840-1917) hasta su jubilación, quien antes había sido catedrático de Economía Política, Hacienda Pública y Estadística. Entre los firmantes de las oposiciones a la cátedra de Política Social, cuya relación completa recoge Molina Cano, vemos a personajes que luego accedieron a cátedras de diversas denominaciones en Facultades de Derecho, como Derecho político español comparado con el extranjero, Economía Política y Hacienda Pública, Derecho administrativo, Derecho romano, Derecho internacional público y privado, etc., y que fueron diputados, embajadores y Ministros de Justicia, de Hacienda, de Estado y de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Cuando se creó en España la primera Facultad de Ciencias Políticas y Económicas (al margen de los circunstanciales sucedáneos que en la República hubo en Madrid, Barcelona y Valencia), se optó por el modelo inglés de la London School of Economics and Political Science, no sin que antes hubiera no pocos partidarios del modelo francés en que los estudios de Ciencias Políticas están vinculados a las Facultades de Derecho.

Al principio se situó la Política Social dividida en sendos cuatrimestres, dos asignaturas del segundo año de carrera. Luego pasó a ser una materia anual del tercer año de Licenciatura en Ciencias Políticas. El primer encargado de impartir la disciplina sería Alberto Martín-Artajo Álvarez (1905-1979), que el 20 de julio de 1945 fue nombrado Ministro de Asuntos Exteriores, abandonando consecuentemente la docencia de Política Social. En 1947 era nombrado catedrático de Política Social y Derecho del Trabajo Eugenio Pérez Botija (1911-1966).

En 1960 volvió a salir a oposición una cátedra de Política Social que sería para Federico Rodríguez y Rodríguez (1918-2010). En 1975, el primer Agregado de Política Social fue Manuel Moix Martínez, que años después se convirtió en catedrático de Política Social. Con las nuevas áreas de conocimiento, la Política Social quedó completamente diluida.

Unas perspectivas diferentes ha tenido la Política Social como disciplina científica y universitaria en Alemania. Molina Cano escribe sobre los precursores de la Política Social, entre los que se encontrarían Wilhelm H. Riehl, el madrileño Louis Blanc (1811-1882) (autor de esa obra capital titulada L’organisation du travail, que vio la luz en 1839) y Lorenz von Stein (1815-1890). Pero el personaje clave no sería otro que el reconocidísimo Gustav von Schmoller (1838-1917), primer Presidente del Verein für Socialpolitik. Jerómino Molina presta luego atención a Otto Wilhelm Helmut von Zwiedineck-Südenhorst (1871-1957), Heinrich Herkner (1862-1932) y Ludwig Heyde (1888-1961). En el ámbito anglosajón no conviene perder de vista a Thomas H. Marshall (1893-1982) y Richard M. Titmuss (1907-1973).

Lamentamos contradecir a Jerónimo Molina Cano indicándole que la contribución a la ciencia de la Política Social de los españoles Efrén Borrajo Dacruz, Federico Rodríguez y Rodríguez y Manuel Moix Martínez es de un relieve secundario y su proyección internacional en el mundo científico de la Política Social en Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, prácticamente nula.

Pensamos que el propio Molina Cano, en nuestros días, es más conocido en esos países indicados que los tres catedráticos juntos, que se limitaron en buena parte a publicar en España y en lengua castellana sin horizonte europeo alguno. Propone Jerónimo Molina, al final de su libro, nuevas singladuras para la Política Social, en el orden científico en nuestro país, bien como una Teoría de la Mediación Social, bien como una actividad del Estado, bien como una Política de servicios sociales.

No queda claro al final de su exposición si la Política social es una ciencia jurídica, una ciencia social, una ciencia económica, una ciencia política o una de las nuevas ciencias del trabajo, o si en realidad lo es o lo puede ser todo a la vez. ¿Qué es la Política social una de las disciplinas de un área de conocimiento o una ciencia metodológicamente polifónica?

En cualquier caso, el que Molina Cano sea profesor titular de Política Social y que esté dando a conocer los resultados de sus investigaciones con publicaciones, allende de nuestras fronteras, en Limoges, París, Perugia, Roma, Oporto y Santiago de Chile, es sin duda una esperanza de que aguardan a la ciencia de la Política Social en España tiempos más saludables de aquellos de Rodríguez y Rodríguez.

En mi caso, como Directora adjunta de esta publicación periódica de Historia de las Relaciones Laborales, pero también de Historia de la Política Social, no puedo menos que felicitar a Molina y alegrarme porque veo que el docente murciano no pertenece al sector del “evolucionismo plano” (1) en el ámbito de los conceptos histórico-sociales. [Recibida el 8 de diciembre de 2010].

NOTA

1. Lo había denunciado hace ya tiempo Yákov Liátker, en su libro Descartes, traducción del ruso por Camilo Pérez Casal, Editorial Progreso, Moscú, 1990, al precisar que «en lugar del evolucionismo plano, inherente a toda una serie de metodologías filosóficas que estaban y siguen hasta hoy día en boga, y de los conceptos histórico-sociales e histórico-culturales, por un lado, y del nihilismo extremista de izquierda, por otro, la comprensión íntegra del proceso histórico universal como proceso revolucionario supone considerar y aprehender muchos otros de sus aspectos» (pp. 13-14). Por nuestra parte, no creemos que el marxismo haya sido una necesidad histórica absoluta, cuya determinación haya de vincularse inexorablemente a leyes económicas.


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