DELOS: Desarrollo Local Sostenible
Vol 6, Nº 17 (Junio 2013)


DESARROLLO SUSTENTABLE, MOVIMIENTOS SOCIALES Y GESTIÓN DEL AGUA DE USO URBANO EN AMÉRICA LATINA

 



Rafael de Jesús López Zamora (CV)
lopezza1@yahoo.com
Universidad Autónoma de Puebla


 



RESUMEN
Ante la confrontación y el embate privatizador del proyecto neoliberal transnacional sobre los recursos naturales, hídricos, forestales y mineros, entre otros, el tema de los movimientos sociales en América Latina reviste particular importancia en el proceso de desarrollo y transformación desde el tránsito de la relación capital-trabajo a la etapa actual, y aún más el análisis de cómo estos movimientos en su nueva conformación se corresponden con la búsqueda de una estrategia de desarrollo alternativa y han venido convirtiéndose a través de sus luchas en una esperanza de Otro desarrollo para América Latina. En este contexto la presencia de los movimientos sociales en defensa del agua da significado a los conflictos ambientales y se orienta a la búsqueda de alternativas de gestión del agua de uso urbano para nuestras ciudades.
PALABRAS CLAVE: Desarrollo Sustentable - Movimiento Social- Pensamiento Alternativo- Desarrollo Humano Sustentable- Agua de Uso Urbano - Gestión Social Participativa.

ABSTRACT

Considering the confrontation and the privatizing onslaught of the neoliberal transnational project on natural resources, water, forestry and mining, among others, the matter of social movements in Latin America is particularly important in the process of development and transformation from the transition from capital-labor relation to the current stage, and it is even more important the analysis of how these movements in its new form are in correspondence with the search for an alternative development strategy and how through their struggles have become the hope of further development for Latin America. In this context, the presence of social movements in defense of water gives meaning to environmental conflicts and focuses on the search for alternative water management for urban use for our cities.

KEYWORDS: Sustainable Development - Social Movement - Alternative Thinking- Sustainable Human Development - Urban Water Use - Participatory Social Management

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INTRODUCCIÓN
El uso mistificado y tergiversado de conceptos como el de Desarrollo Sustentable ha tendido una cortina de humo en torno a las causas reales y verdaderas de los problemas económicos, sociales, distributivos y ambientales del desarrollo; no obstante el concepto adquiere una gran relevancia a la luz de los movimientos sociales en los Foros Mundiales Alternativos y a la luz del pensamiento crítico a escala continental. Considero que estos movimientos y el pensamiento en cuestión avanzan hacia la búsqueda del verdadero significado del desarrollo y hacia la búsqueda de alternativas viables, en particular de la gestión del agua de uso urbano, esto es, de alternativas de gestión pública con participación y control social de los servicios de agua potable y saneamiento en las grandes ciudades.
El presente ensayo expone en términos generales la evolución del pensamiento crítico y de los movimientos sociales sobre desarrollo y en particular de los movimientos en defensa del agua y cómo a través de ellos, impulsado por ellos, se perfilan alternativas de gestión viables, representadas por las experiencias que hoy están en curso en algunas ciudades de América latina. Se hace necesario pues, estudiar las principales características de estas experiencias, por lo que en el presente trabajo abordamos los casos más representativos de gestión del agua de uso urbano en Venezuela, Argentina, Bolivia y Brasil; mismas que dan cuenta de una tendencia y la posibilidad de adoptar nuevas formas de gestión del agua en las ciudades de América Latina y el mundo. Las experiencias aquí reseñadas comparten características que las hace ser diferentes radicalmente de los modelos tradicionales de gestión y demuestran que no es suficiente el rescate o la re estatización de los servicios de agua potable y saneamiento, sino que es necesario avanzar hacia niveles superiores de organización social y gestión.
Para cumplir con su propósito, el presente se ha estructurado en cinco apartados y en el siguiente orden: 1.- desarrollo sustentable: un concepto en disputa; 2.- movimientos sociales, pensamiento alternativo y desarrollo humano sustentable; 3.- organización social y gestión del agua de uso urbano; 4. movimientos sociales y experiencias de gestión en los servicios de agua potable y saneamiento en América Latina y 5.- A manera de conclusión; además un apartado de bibliografía consultada y por último las notas de pié de página.

1. DESARROLLO SUSTENTABLE: UN CONCEPTO EN DISPUTA
El desarrollo económico de América Latina está históricamente ligado a la forma muy particular de su inserción en el concierto internacional de naciones en una relación de dependencia entre países centrales y países periféricos e indudablemente ligado a la historia y desarrollo del pensamiento económico y de los movimientos sociales. En aquella relación de dependencia un aspecto fundamental que siempre estuvo en la base del desarrollo fue la práctica de un modelo productivista extractivo, cuando no de saqueo y depredación de los recursos naturales, en extremo agresivo para el ambiente y los ecosistemas, observándose por mucho tiempo una total ausencia del elemento ambiental en la teorización del desarrollo.
El pensamiento de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 1 surge frente a la preocupación inte­lectual y política de encontrar un rumbo al desarro­llo económico y social de la región, sus aportes estructuralistas para explicar la realidad latinoamericana se hallan ordenados y articulados en torno a la explicación de tres tendencias inherentes a la industrialización periférica: el desempleo estructural, el desequilibrio externo y el deterioro de los términos de intercambio. En esta perspectiva, los recursos naturales son vistos desde una perspectiva utilitaria, visión que se nutre de una perspectiva del pensamiento neoclásico.
Posteriormente, la teoría de la dependencia2 nace frente a la crítica del modelo desa­rrollista de la CEPAL que a finales de los sesenta pre­sentaba una marcada tendencia al estancamiento. Hasta aquí, para los teóricos de la dependencia, al igual que para el pensamiento económico anterior con orientación neoclásica diferente a la que nutre a la teoría de la dependencia, que se orienta por el marxismo, no representaba un problema de gran relevancia el tema de la relación sociedad-naturaleza, mucho menos el problema ambiental y los efectos de aquel modelo desarrollista que se dejarían sentir posteriormente, como los efectos del creciente calentamiento global, la contaminación, los problemas relacionados con el agua, entre otros.
La crisis del régimen de acumulación fordista asumida como una crisis del keynesianismo, propició un cambio radi­cal de paradigmas y el regreso de la economía neoclásica con una orientación marcadamente monetarista. Este cambio para los países peri­féricos constituyó un verdadero trastorno. Confron­tados con los problemas derivados de la crisis de deuda, los países llamados subdesarrollados fueron conducidos a aplicar políticas econó­micas dictadas por las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas políticas fueron conocidas, en la primera mitad de los años ochenta como políticas de austeri­dad y a partir de 1987 como políticas de ajuste estruc­tural, articuladas en torno a una propuesta sistémica de políticas, conocida como el Consenso de Washington (Gutiérrez, 2007).
El Consenso de Washington retoma las tesis neoclásicas de las ventajas com­petitivas (de los años cuarenta) del comercio internacional, inspirado particularmente en las propues­tas de Milton Friedman y la Escuela de Chicago (Hayek). Sin embargo, el neoliberalismo lleva este principio al extremo de querer constituir un merca­do global único y unificado. Para ello, se cuestiona todo tipo de planificación y de intervención estatal en la gestión económica y social de los países tanto desarrollados como perifé­ricos y se proclama la supremacía del mercado.
Las políticas neoliberales constituyeron un cambio radical para los países en desarrollo, que fueron obligados a instrumentar políticas de liberalización eco­nómica, a desmantelar el Estado “Benefactor” y de protección ambiental. La tesis de no intervención en la economía y abandono de la planificación eco­nómica condujo a un retroceso que se refleja en los indicadores del desempeño de las naciones, crean­do un escenario de polarización social y emergencia de conflictos políticos (Urquidi, 2005; citado por Gutiérrez, 2007).
A principios de los años noventa surge la propuesta del Desarrollo Humano (DH) y el índice de desarrollo humano (IDH) como resultado de una convocatoria lanzada por las Naciones Unidas a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a diferentes especialistas, hacia finales de la década de los ochenta, con el propósito de elaborar un método distinto para medir el desarrollo (Gutiérrez, 2007). De manera paralela al IDH surge otra propuesta de análisis distinta para enfrentar los retos del desarrollo y que se conoció como desarrollo sustentable o sostenible. La nueva propuesta y el concepto de desarrollo sustentable hun­de sus raíces en la crítica al desarrollo económico en general, ante los altos niveles de degradación del medio ambiente3 (Gutiérrez, 2007).
Es a partir de ahí como, en el contexto de la llamada globalización económica, las estrategias de apropiación y privatización de los recursos naturales del tercer mundo se han trasladado al discurso del “desarrollo sustentable”. El Informe Brundtland de la Comisión Mundial Sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU (1987) definió aquél desarrollo como “…el proceso que permite satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de atender a las generaciones futuras”. La ambivalencia del discurso se expresa en la polisemia del término sustainability que integra dos significados: como sustentabilidad (incorporación de las condiciones ecológicas del proceso económico) y como sostenibilidad (perdurabilidad del proceso económico en el tiempo) (Leff, 2004a).
Pero el proceso de desarrollo de las ideas que dan origen al desarrollo sustentable como concepto y paradigma no es un proceso lineal y uniforme en el tiempo y contraría la idea de una visión única respecto al desarrollo sustentable, Naina Pierre (2005) en su excelente trabajo hace un recorrido histórico y teórico que nos permite ver como se llegó a la propuesta hegemónica del desarrollo sustentable y muestra a las diferentes corrientes ambientalistas expresándose como diferentes concepciones, disputando el concepto mismo, así como las orientaciones concretas de su instrumentación. En el presente trabajo nos limitaremos a señalar que éstas diferentes corrientes pueden resumirse en dos visiones principales sobre el desarrollo: 1.- El desarrollo sustentable como un problema técnico: diferencias y confluencias entre el ambientalismo moderado y los ecologistas conservacionistas; y 2.- El desarrollo sustentable como un problema social y político: la ecología social y el marxismo (Pierre, 2005).
Aquella política y el uso sesgado del concepto de desarrollo sustentable han logrado desactivar y pervertir las perspectivas que abre el concepto crítico de ambiente a un desarrollo alternativo. En los años setenta la crisis ambiental llevó a proclamar el freno al crecimiento antes de alcanzar el colapso ecológico y a partir de los ochenta el discurso neoliberal anuncia la desaparición de la contradicción entre ambiente y crecimiento. Se cree y se hace creer que los mecanismos de mercado son el medio más certero y eficaz para asimilar las condiciones ecológicas y los valores culturales al proceso de crecimiento económico. En la perspectiva neoliberal, los problemas ecológicos no surgen como resultado de la acumulación de capital, ni por fallas del mercado, sino por no haber asignado derechos de propiedad y precios a los bienes comunes. Una vez establecido lo anterior, las leyes del mercado se encargarían de ajustar los desequilibrios ecológicos y las diferencias sociales.

2. MOVIMIENTOS SOCIALES, PENSAMIENTO ALTERNATIVO Y DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE
Es en este contexto que la nueva conformación de los movimientos sociales se corresponde con la búsqueda de una necesaria e indispensable estrategia de desarrollo alternativo para América Latina ante el fracaso del neoliberalismo (aunque en sentido estricto no se puede hablar de fracaso)4 , prueba de ello es la nueva ola de cambios y transformaciones que se inician con los eventos ocurridos en Venezuela en 1999 y se extiende a otros países sudamericanos. La historia económica de América Latina se resume en una larga lucha por un proyecto de autodeterminación nacional-popular. La búsqueda del desarrollo confronta dos polos opuestos: un polo “conservador” para el cual el desarrollo es asimilable a “modernización” y un polo “progresista” que postula la necesidad de contar con un proyecto nacional democrático de desarrollo (Guillen, 2010).
Enrique De La Garza (1992) señala que en América Latina se transitó durante la década perdida y ante la incertidumbre de recuperar el crecimiento, de una sociología de la lucha de clases a otra de actores con identidades restringidas y finalmente a una pérdida de sentido, y critica las posiciones “posmodernas”:
"Este tránsito no es un simple cambio de temática, sino de paradigma dominante (del marxismo en las teorías de la dependencia, al pluralismo en teoría política, e incluso a la posmodernidad). Aunque no haya un solo paradigma alternativo al marxista en estos momentos en América Latina, hay consenso entre los teóricos de la transición democrática, acerca de la inexistencia de un factor central articulador de los cambios de América Latina; también en la negación de la pertinencia teórica del concepto de clase social; y, en particular, con respecto a sujetos sociales en su carácter fragmentario y su incapacidad hegemónica, e incluso transformadora, más allá de sus localismos. Hay en estas perspectivas una ‘sociología del no futuro’, de la desesperanza que ha encontrado apoyo teórico en la posmodernidad, pero -sobre todo- en la realidad de una década perdida en América latina" (De La Garza, 1992:15).
León y Otros (1991) critican la concepción tradicional de desarrollo que usa como criterio al crecimiento del ingreso per cápita o el de las etapas por las que deben atravesar las sociedades en un proceso lineal, desde una sociedad tradicional hasta una moderna, medida por el consumo en masa y el progreso y critican el paradigma de la industrialización. Estos autores además plantean como elementos básicos del desarrollo a los sujetos 5, al proceso organizativo, las prácticas sociales y el espacio regional. Los procesos organizativos estarían orientados a las acciones y objetivos a nivel de proceso productivo, a nivel político, en la toma de decisiones una organización amplia sería aquella en la que los integrantes se conviertan efectivamente en “sujetos de su propia historia” conformando una identidad de grupo.
De la Garza (1992) plantea que los sujetos dan significado a los conflictos a través de una visión del mundo, por lo que la mediación entre estructura y acción colectiva es subjetiva pero no basta entender esta subjetividad como identidad sino que debe implicar identidad de futuro y de proyecto. Propone el concepto de relaciones sociales estructuradas (espacios parcialmente estructurados) para el análisis de un sujeto social, un ejemplo serían las relaciones de producción, las necesidades culturales, las relaciones interpersonales, la personalidad del discurso, de las representaciones, del espacio urbano, de las relaciones de género, etc. Dice que un movimiento necesita de requisitos: un punto de ignición, la comunicación y la organización, pero el proyecto no aparece en automático, la identidad tiene que especificarse para pensar en un sujeto constituido y además convertirse en proyecto, en este sentido los proyectos y las identidades son de diversos niveles: social, temporal y espacial.
Las prácticas sociales implican una mirada específica, implican ver al desarrollo como un proceso con avances y retrocesos desde la perspectiva del sujeto y no una serie lineal de pasos ascendentes preestablecidos, una transformación resultado de la lucha social que incorpora el conflicto y entiende al proceso de desarrollo como parte y a través de la lucha social, en donde los actores se constituyen en sujetos históricos para transformar la realidad, pasando por mejorar la capacidad para decidir su propio desarrollo y llegar a alcanzar la autogestión 6
De acuerdo con el marxismo ecológico (O’connors, 1991) la expansión capitalista menoscaba sus propias condiciones de producción (“segunda contradicción del capital”) y da lugar al movimiento ecologista de protesta. El exceso por un lado, y la escasez de producción de capital por el otro, al compensarse mutuamente, crean la apariencia de un capitalismo estable, de ahí que la combinación de esos dos procesos en el mundo contemporáneo puede explicar el declive de los movimientos obreros y socialistas tradicionales y el impulso de los nuevos movimientos sociales como actores de la transformación social. La lucha entre el capital y los nuevos movimientos sociales tiene dos momentos: 1) proteger las condiciones de producción de los medios de vida, de más destrucción que resulta de la propia imprudencia y los excesos del capital y, 2) la lucha acerca de los programas y las políticas del capital y del Estado por reestructurar las condiciones de producción.
Es así que actualmente en América Latina podemos observar la conformación de coaliciones de gobierno y de movimientos en un frente amplio de resistencia a la nueva hegemonía mundial; que tratan de resistir a la voluntad de la potencia hegemónica; movimientos sociales más radicales y con potencial estratégico, que luchan por un mundo diferente, desde los Zapatistas en México; los Sem Terra en Brasil; los cocaleros y mineros en Bolivia; los piqueteros en Argentina; los huelguistas de Perú; el bloque indígena en Ecuador, entre otros.
Para Escobar (2001), los movimientos sociales han dado nuevos significados a las nociones de ciudadanía, de representación y participación política y a la propia democracia. Las redes de movimientos sociales construyen nuevos lazos personales, de organización y de carácter político/cultural; los movimientos adoptan múltiples formas para relacionarse; más que organizaciones de movimientos y miembros activos, incluyen participantes ocasionales, simpatizantes y colaboradores en ONG´S, partidos políticos, universidades, la iglesia, e incluso el Estado, contra las culturas políticas y las instituciones dominantes 7.
Autores como Zemelman, De la Garza, Leff, Harvey, Escobar, O´connors, aunque con referentes epistemológicos y teóricos diferentes, tienen en común el hecho de destacar que los activistas además de luchar por el acceso, incorporación, participación o inclusión en el sistema político en los términos definidos por las culturas políticas dominantes, también estarían luchando por el derecho del movimiento social a participar en la definición del sistema político, el derecho a definir aquello de lo que quieren llegar a formar parte.
Harvey (2003:133-136), de acuerdo con su concepto de “acumulación por desposesión”8 , plantea un aspecto interesante respecto al movimiento social y afirma que las formas de organización desarrolladas para combatir la reproducción ampliada del capital no resultaron tan eficaces cuando se trataba de enfrentarse a la acumulación por desposesión. Las formas de lucha instituidas en el período 1945-1973 fueron inapropiadas para el período posterior cuando la acumulación por desposesión pasó al primer plano como contradicción principal en la organización imperialista de la acumulación. De ahí que surgiera un nuevo tipo de resistencia, con un tipo de visión alternativa diferente de la del socialismo o el comunismo.
Pero señala que del mismo modo que la desatención del vinculo orgánico entre los dos tipos de acumulación debilitó y limitó la visión de la izquierda tradicional, el recurso a la idea de luchas posmodernas tiene el mismo efecto sobre los movimientos recientemente surgidos contra la acumulación por desposesión. Lo anterior significa que no es conveniente desatender las formas de lucha que giran en torno a la acumulación ampliada de capital, ya que al hacerlo se parcializa la lucha social, también existe el peligro de que no todas las luchas sean progresistas, de que la nostalgia lleve a una solución de “regreso a los viejos modelos” y a enterrar equivocadamente las diferencias, bajo un concepto nebuloso de “multitud en marcha” por lo que alerta respecto a la necesidad de promover la conexión entre las viejas luchas en torno a la reproducción ampliada y las que se dan contra la acumulación por desposesión (Harvey, 2003) 9.
O`connor (2002) advierte que el movimiento de los trabajadores, el feminismo, el ambientalismo, el movimiento urbano y otros movimientos sociales necesitarán combinarse en una sola y poderosa fuerza democrática para enfrentar a la fuerza totalizadora del capital global. Y sugiere la necesidad de tres estrategias generales relacionadas entre sí: La primera consiste en el desarrollo consciente de una esfera pública común, un espacio político, una suerte de poder dual, en el que las organizaciones de las minorías, de los trabajadores, de las mujeres, de los movimientos urbanos y de los ambientalistas puedan trabajar económica y políticamente. La segunda consiste en el desarrollo consciente de alternativas económicas y ecológicas dentro de esta esfera pública, o “nuevos bienes comunales” y la tercera en organizar luchas para democratizar los centros de trabajo y la administración del Estado, de modo que se puedan situar dentro del cascarón de la democracia liberal contenidos sustantivos de tipo ecológico, progresivo. Esto presupone que los movimientos además de utilizar medios políticos para lograr objetivos económicos, sociales y ecológicos, coincidan con la democratización de algunos aparatos de Estado y en la eliminación de otros. Este argumento se apoya en que mientras las estructuras existentes del capital y del estado sólo parecen ser capaces de reformas ocasionales, los movimientos sociales crecen día a día en todo el mundo, por lo que en algún momento existe la posibilidad de una crisis social y política generalizada, en la medida en que las demandas de estos movimientos chocan con las estructuras políticas y económicas existentes.
La visión de un desarrollo humano sustentable se refleja actualmente en las luchas anticapitalistas en diversas partes del mundo y tiene un prominente lugar para el esfuerzo de muchas comunidades indígenas que resisten los embates del capital transnacional y sus acciones de “acumulación por despojo”. Estas comunidades están reivindicando sus sistemas de propiedad comunal y cultural, empleando técnicas para el uso sustentable del agua, suelo, variedades de plantas y otros recursos comunes. Los trabajadores industriales y las comunidades pueden aprender mucho de estos amplios movimientos rurales, acerca de las formas tecnológicas e institucionales necesarias para desarrollar su autonomía, autosuficiencia, diversificación y cooperación democrática como una forma alternativa a la explotación del capital y de su producción ecológicamente destructiva (Barkin, 1998, citado por Burkett, 2008).
De acuerdo con el planteamiento marxista, la transición a una economía ecológica, que también debe ser socialista, será un proceso arduo que no ocurrirá de un día para otro. No se trata de “asaltar el Palacio de Invierno”. Más bien, es una lucha dinámica, multifacética para un nuevo pacto cultural y un nuevo sistema productivo. La lucha es en última instancia contra el sistema del capital. Sin embargo, tiene que comenzar oponiéndose a la lógica del capital, esforzándose en el aquí y el ahora en la creación, en los intersticios del sistema, de un nuevo metabolismo social arraigado en el igualitarismo, la comunidad y una relación sustentable con la tierra. Las bases y los gérmenes para la creación de un desarrollo humano sustentable deben surgir desde el interior, desde las entrañas mismas del sistema dominado por el capital, así como la misma burguesía lo hizo desde los “poros” de la sociedad feudal. Eventualmente, estas iniciativas pueden volverse lo suficientemente poderosas para constituir las bases revolucionarias de un nuevo movimiento y una nueva sociedad” (Magdoff y John B. Foster10 , 2010:22)11 .
Para Foster el problema del ambiente, incluido los efectos del cambio climático, se está acelerando, es una cuestión de supervivencia para la humanidad y la mayoría de las especies sobre la Tierra y no existe una solución definitiva dentro del capitalismo, la única solución real es deshacerse del capitalismo y crear una sociedad igualitaria y sostenible, a cargo de productores asociados. Dice que se necesitan respuestas radicales a corto plazo y una revolución ecológica a largo plazo. Las primeras tienen que ayudar a promover las condiciones para la segunda. Se debe empezar por promover reformas colectivas desde dentro del sistema, lo que va en contra de su lógica, y ello jugará un papel en la transición a otro sistema controlado por la gente. La nueva sociedad surgirá del interior de la antigua. La única solución real social y ecológica es una sociedad no centrada en el crecimiento económico per se, sino en el desarrollo humano sustentable (Foster, 2010).
Todas las medidas que se adopten al interior del capitalismo tienden a ser limitadas, dado el objetivo de acumulación del sistema. La dependencia de los recursos renovables, por ejemplo, es importante, pero se requiere un sistema que las utilice sólo a un nivel que permita su renovación, y el capital empuja más allá de todas estas fronteras. No es que se tenga que renunciar a la promoción de soluciones más sociales, colectivas y públicas; se trata de crear, en parte desde dentro del capitalismo, la infraestructura para un tipo de sociedad diferente. Con una presión constante desde abajo se pueden conseguir algunas cosas, siempre que no afecten sustancialmente a la unidad de acumulación del sistema. Porque si está en riesgo la acumulación, el capital se vuelve y es probable que las pequeñas victorias se inviertan. La única respuesta, tanto como una cuestión de justicia y como de supervivencia, es empujar más allá de lo que el capital está dispuesto a aceptar, es decir, promover las necesidades humanas y colectivas más allá del llamado ‘sistema de mercado’. En este caso estamos hablando, si se lleva suficientemente lejos como para marcar una diferencia real, de una revolución ecológica y social y de la transición a otro tipo de sociedad (Foster, 2010).

3. ORGANIZACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN DEL AGUA DE USO URBANO

La presencia de las redes y organizaciones sociales en los Foros Mundiales del Agua se inicia principalmente en el II Foro Mundial del Agua (FMA) de la Haya en el año 2000 y con una acción un poco más coordinada en el III FMA de Kyoto en el año 2003. El objetivo de dichas organizaciones sociales era poner de manifiesto los problemas que no eran abordados en los debates y plantear otras maneras de gestionar los servicios básicos de agua y saneamiento. Pero la construcción de propuestas alternativas y la denuncia de las injusticias respecto al agua han ocurrido principalmente en encuentros como el Foro Mundial Alternativo del Agua FAME (Florencia, 2002); Acciones en el Foro Mundial del Agua FMA (Kyoto,2003); Foro Social Mundial (Mumbai, 2004); Foro Social Mundial (Porto Alegre, 2005); II Foro Mundial Alternativo del Agua (Ginebra, 2005); Foro Social Mundial (Caracas, 2006); Foro Internacional en Defensa del Agua y la Vida (México) –FIDA - Cumbre de movimientos sociales en el IV FMA; Enlazando Alternativas 2 – Cumbre Social de la Unión Europea con América Latín y Caribe (coincidiendo con la cumbre de jefes de Estado de la UE-ALC) en 2006; Foro Social Mundial (Nairobi, 2007) y Asamblea Mundial del Agua de Ciudadanos y Cargos Electos AMACCE (Bruselas, 2007) (Delclòs, 2008).
Estos Foros han sido puntos de encuentro muy significativos donde las organizaciones cuentan con su propia agenda. Las propuestas y las denuncias han evolucionado rápidamente con declaraciones condensadas, por ejemplo en el FAME se acordó: “Promover el derecho al agua para todo el mundo y el reconocimiento del agua como un bien común y que por lo tanto, pertenece a todos los seres vivos del planeta.” El último FMA se inauguró con la declaración verbal de que el agua era un derecho, pero sin ningún compromiso por parte de las delegaciones ministeriales que asistieron; sólo hubo una mención en la agenda a dicha declaración impulsada por Bolivia, Venezuela y Cuba. En la declaración final del FIDA se exigió: “tener acceso al agua con calidad y cantidad suficiente para satisfacer las necesidades básicas humanas” (Delclòs, 2008).
El Foro Mundial Alternativo (FAME) reconocía el acceso al agua como un derecho indivisible e imprescriptible a nivel de tratados y convenciones, y después de más de cuatro años sin ningún avance, la Asamblea Mundial del Agua de Ciudadanos y Cargos Electos (AMACCE) volvió a citar en su declaración final que había que reconocer el acceso al agua como un derecho humano universal, indivisible e imprescriptible:
“Oposición a todas las formas de privatización y de mercantilización del agua y oposición frontal a que los servicios de agua aparezcan en la lista de servicios negociables de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Acuerdo General de Comercio y Servicios (AGCS).” En el caso de FIDA y al AMACCE, se propuso: “Denunciar a los gobiernos que quieren incluir los servicios hídricos, como objeto de negociación en el ámbito de la OMC. El agua no es una mercancía y mucho menos lo son los servicios de agua y saneamiento” (Delclòs, 2008).
Otras declaraciones hechas por estas organizaciones en aquellos foros fueron: exigir a las industrias y las corporaciones responsables que reparen los daños ambientales, humanos y económicos causados; la necesidad de promover las prácticas democráticas y participativas en el sector del agua; aun más, promover la gestión pública, social, comunitaria, participativa e integral del agua; se denunció que las colaboraciones público-privadas, no son más que una forma de privatización del servicio de agua y saneamiento; abierta oposición a la manera de operar de los poderes públicos que tienden a depender más de las inversiones en infraestructuras y servicios públicos de capitales privados, en una lógica puramente financiera y especulativa (Delclòs, 2008).
Inspiradas en aquellos encuentros, foros mundiales alternativos del agua y de las experiencias mencionadas, surge un gran número de organizaciones autónomas internacionales como On the Commons, una red de ciudadanos y organizaciones que están explorando nuevas formas para lograr la justicia social; la armonía ambiental y la participación democrática en todos los niveles de la sociedad; buscan transformar la toma de decisiones sobre la administración del agua hacia sistemas participativos, democráticos y basados en las comunidades; y sistemas que valoren como estrategias la equidad y la sustentabilidad (On the Commons, 2012). Esta organización fue creada en el 2001 y a ella pertenece la Red Vida, Vigilancia Interamericana para la Defensa y Derecho al Agua que es la red más grande del agua en Latinoamérica, creada en agosto de 2003 cuando 54 organizaciones de 16 países de todo el continente americano se reunieron en San Salvador para lanzar una campaña hemisférica en defensa del agua como un bien público y un derecho humano fundamental (Red Vida, 2012).
En México la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), forma parte de Red Vida y está compuesta por más de 20 organizaciones y redes con el objetivo de fortalecer un espacio de articulación para impulsar y acompañar procesos y acciones por el derecho humano al agua, contra su privatización y por una gestión pública, sustentable, democrática y equitativa. La COMDA nació en octubre de 2005 y en marzo de 2006 organizó junto con otros grupos las Jornadas en Defensa del Agua y el Foro Internacional en Defensa del Agua que fueron la alternativa de la sociedad civil frente al evento pro privatización y excluyente del Cuarto Foro Mundial del Agua (COMDA, 2012).
Así mismo destacan entre las organizaciones ciudadanas no gubernamentales vinculadas a la visión social y antropológica del agua, la Red Ciudadana del Agua (RCA) y la Alianza Mexicana por una Nueva Cultura del Agua (AMNCA), entre otras, que agrupan a diversas organizaciones civiles que consideran el recurso como un bien social y un derecho humano y plantean ya un modelo alternativo que permita no sólo resolver el problema de la demanda y del uso sustentable del agua, sino establecer nuevas reglas para el crecimiento y desarrollo económico sin agotar y contaminar los recursos naturales (Poy, 2005).
La Red Ciudadana del Agua (RCA) se conformó con 45 activistas de grupos procedentes de 17 entidades federativas de México que participaron en el Taller de Organizaciones Ciudadanas rumbo al Foro del Agua para las Américas en el Siglo XXI el 20 de septiembre de 2002 y se fundó con el objetivo de crear un espacio de intercambio de información y experiencias de académicos, grupos sociales y ecologistas sobre el agua, y generar reflexiones y propuestas para mejorar el manejo, distribución y administración del recurso hídrico en México
La Alianza Mexicana por una Nueva Cultura del Agua (AMNCA) es un movimiento ciudadano que pretende involucrarse en la vida pública para incidir en los tomadores de decisiones y replantear las estrategias y políticas de manejo de agua en México. Lo anterior, a partir de abrir un debate nacional centrado en los problemas que caracterizan la gestión del agua en México; denunciar la inequidad y los diversos problemas en la gestión del agua; alertar a la opinión pública sobre las violaciones a los derechos humanos relacionados con el agua y sobre el uso no sustentable de los ecosistemas acuáticos, y construir un espacio donde la comunidad científica y académica en convergencia con organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales participen generando propuestas de alternativas eficientes, equitativas y sustentables para la gestión integral del agua en México.
La AMNCA propone nuevos modelos de gestión pública eficiente, basados en la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Estos modelos exigen reformas legales e institucionales profundas encaminadas a democratizar la gestión del agua y de los servicios públicos esenciales, acabar con la corrupción y garantizar la gobernabilidad y el manejo integrado de las cuencas. También exigen establecer una fuerte responsabilidad del Estado para dirigir los subsidios a la población más necesitada, rendir cuentas y organizar empresas eficientes con los recursos públicos (Centro virtual de información del agua, 2012).
De acuerdo con estas organizaciones y sus manifestaciones sociales, los servicios públicos básicos de agua y saneamiento deben ser de acceso universal para toda la población, sin ningún tipo de exclusión (principio de universalidad); el acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento, debe ser independientemente de las condiciones de raza y socioeconómicas de la población (equidad); entender los servicios básicos de acceso de agua y saneamiento con una visión integral (integralidad); se deben considerar estos servicios de acceso públicos por definición, prestados por entidades de naturaleza pública, bajo la forma de la organización directa de la empresa pública (gestión pública); se debe involucrar a la ciudadanía en la gestión del agua, la ciudadanía debe ejercer el control de una gestión eficaz y sostenible desde la perspectiva social, ambiental y económica (participación y control social); hacer posible el desarrollo tanto de las zonas urbanas como de las rurales desde una visión ecosistémica del agua (intersectorial); se debe garantizar un servicio con regularidad, continuidad, eficiencia, seguridad y calidad en el suministro (calidad del servicio); desarrollar políticas tarifarías de acuerdo con el poder adquisitivo de los usuarios (acceso con precios módicos y justos) (Delclòs, 2008).
Es así como el mismo embate privatizador que pretende pasar por encima del carácter de derecho fundamental de los servicios más esenciales de los individuos, a nivel internacional ha provocado aquellas reacciones de los movimientos y organizaciones sociales, de tal forma que en América Latina desde la década de los ochenta se ha ido configurando y tomando forma un movimiento de resistencia que intenta subordinar las instituciones públicas y los servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento al control social, garantizando el acceso universal a los mismos (Castro, 2005). Es así como se manifiesta, a grandes rasgos el conflicto y la confrontación social en el sector agua y servicios relacionados con el recurso en nuestros países.

4. MOVIMIENTOS SOCIALES Y EXPERIENCIAS DE GESTION EN LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN AMÉRICA LATINA
En América Latina, donde en general y a través de la historia de la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento ha predominado un movimiento pendular de iniciativas que van del modelo de gestión pública al privado y del privado al público, donde el embate privatizador sobre los recursos naturales y los bienes públicos ha sido fuerte, en los últimos años se observa un proceso de resistencia y de rescate frente a aquél embate, y más aún una tendencia a evolucionar hacía nuevas formas de gestión, esto es, a formas de gestión social y participativas. Esta tendencia a adoptar nuevas formas de gestión del agua en las ciudades se ha visto favorecida en gran parte por el fracaso de las experiencias privatizadoras en algunas de las principales ciudades y países del cono sur, pero también por el auge del movimiento social continental12 .
Lo anterior ha llevado a configurar un proceso, no sólo en América Latina, sino alrededor del mundo, en el que se pueden apreciar claramente la evolución y puesta en práctica de éstas nuevas formas de gestión social y participativa en el ámbito urbano de las grandes ciudades, mismas que han transitado desde experiencias incipientes de lucha y resistencia social, pasando por experiencias intermedias aún en curso, hasta modelos de gestión social exitosos. Estas experiencias fueron producto de movimientos sociales, impulsados por actores que al ser portadores de un proyecto lograron constituirse en sujetos sociales durante el proceso.
Venezuela inaugura un nuevo paradigma cuando en la constitución de 1999 se establece que el agua es un bien de dominio público, al tiempo que se observan experiencias de control participativo y toma de decisión ciudadana; en Bolivia13 fracasó el intento de imponer un régimen de gestión centrado en el mercado ante la ofensiva del movimiento social contra la privatización del agua, la promulgación de la Ley 2029 entre septiembre y octubre de 1999 y finalmente con la devolución del control sobre el recurso al ámbito público y comunitario (Fuentes, 2004); en Uruguay el plebiscito del año 2004 prohibió la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento (Lacabana, 2005).
Argentina durante la primera mitad de la década de los noventa encaró un vasto y acelerado proceso de privatización de casi todas sus empresas públicas, incluyendo los servicios de agua y saneamiento, pero con la crisis, a partir del año 2001 todos los concesionarios, en su mayoría transnacionales, incumplieron, entraron en crisis y fracasaron, abriéndose una masiva renegociación de concesiones en el sector agua y saneamiento (así como en todos los sectores de servicios públicos que tenían concesiones), resultando muchas canceladas, la responsabilidad de la prestación de los servicios volvió a manos del Estado y las empresas se vieron obligadas a retirarse (Aspiazu, 2007).
En Brasil, donde la prestación de los servicios de agua potable se concentra tradicionalmente en operadores públicos estatales y municipales, mediante iniciativa del gobierno a partir de 1994 se impulso la concesión y una mayor participación de la inversión privada bajo el argumento de las fuertes carencias financieras del sector, sin embargo ésta sólo alcanzó un escaso 10 por ciento de la población. A partir del gobierno del presidente Lula con el Partido del Trabajo, a pesar de que se continuó reconociendo la necesidad de la participación privada y se impulso una especie de sociedad mixta pública-privada en el sector, se puso el acento básicamente en las empresas públicas municipales al tiempo que se promovió la creación de mecanismos de control social de las mismas (Regoli, 2007).
En las ciudades Brasileñas como Porto Alegre con la experiencia participativa del Departamento Municipal do Agua DMAE (el modelo de Río Grande do Sul) a través de asambleas populares; la experiencia de la ciudad de Recife, Pernambuco, contra la privatización de COMPESAC; Caxias do Sul; Santo André; Jacarei; Piracicaba, entre otras (Delgado, 2005; Regoli, 2007), la administración pública del agua se ha transformado mediante reformas democráticas como la del presupuesto participativo, en un modelo de control social donde los habitantes toman decisiones directas sobre las prioridades de su empresa de agua a través de reuniones públicas.
A continuación y afín de conocer aquellas experiencias se reseñan los casos más representativos de gestión de los servicios de agua y saneamiento en cuatro ciudades, documentados en el presente trabajo:

4.1. Caracas, Venezuela
El Sistema de Agua Potable y Saneamiento (SAPS) de la Región Metropolitana de Caracas (RMC) en los Valles del Tuy Medio (VTM) a cargo de la empresa de agua y saneamiento de la Región Capital, Hidrocapital, que atiende a cerca de 7 millones de habitantes, mediante seis Sistemas Operativos, particularmente el Sistema Losada-Ocumarito, que comprende un gran segmento de la interfaz periurbana, ofrece importantes lecciones como propuesta alternativa de gestión pública en el marco de un régimen participativo que supera los postulados de más mercado y menos Estado, poniendo el acento en la participación comunitaria y en una nueva relación con el Estado para la solución de los problemas que presentan los servicios de agua potable y saneamiento.
El funcionamiento del SAPS se basa en un nuevo marco regulatorio con fundamento legal en la Constitución de 199914 en primer lugar y en la Ley Orgánica para el Servicio de Agua Potable y Saneamiento (LOPSAPS) de 200115 . El nuevo modelo institucional implica un cambio fundamental en la visión y gestión del servicio del agua donde la presencia del Estado en algunas fases del servicio y la participación comunitaria son elementos sustanciales16 .
Así mismo la Ley Orgánica de Planificación (LOP) establece que los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) son la instancia encargada de promover la participación popular en los procesos de planificación participativa a ser desarrollados en los municipios y establece las disposiciones y bases para su organización y funcionamiento. Sus objetivos fundamentales son lograr la integración de las comunidades organizadas y grupos vecinales mediante la participación y el protagonismo dentro de una política general de Estado de descentralización y desconcentración de competencias y recursos de acuerdo con lo establecido en la Constitución.
En los Lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007 y en diversas leyes y normativas destaca como eje fundamental de la acción social del Estado venezolano la promoción de la participación de la sociedad civil en la gestión pública y el fomento de la corresponsabilidad ciudadana en torno al cumplimiento de deberes y reivindicación de derechos. También se expresa que “...el ciudadano tiene derecho a participar en la formulación, la ejecución y el control de las políticas públicas...” (MPD, 2000:106; citado por Lacabana, 2005); ello en el entendido de una democracia participativa donde se promueven las organizaciones de base, se incentiva la contraloría social y se fomenta el sentido de la corresponsabilidad.
De acuerdo al nuevo marco regulatorio el SAPS en la RMC observa tres grandes procesos: 1.- Una nueva visión de la empresa Hidrocapital, que amplió el servicio con un criterio de equidad incorporando y/o mejorando el abastecimiento en los sectores populares; 2.- La incorporación de la participación comunitaria en la gestión del servicio, el desarrollo de una nueva cultura del agua y una Gerencia Comunitaria encargada de implementar las Mesas Técnicas de Agua (MTA) como principal mecanismo de participación comunitaria17 y 3.- La transferencia del servicio de provisión de agua y saneamiento a los municipios de acuerdo con lo establecido en la LOPSAPS a través del régimen de concesión, en el cual pueden participar directamente los municipios, el sector privado o las comunidades en forma independiente o asociada.
En el marco de la nueva política para la provisión de este servicio que hace de la participación comunitaria un eje fundamental en la relación entre la empresa hidrológica y la población, se enfatizan las potencialidades de las nuevas políticas de agua en el desarrollo de obligaciones y el rescate de los derechos de los consumidores de los sectores populares y en la puesta en marcha de un régimen de agua participativo a favor de la sociedad, superando el sesgo privatizador implícito en los regímenes propuestos por los organismos internacionales y los inconvenientes presentados en muchos de los casos de privatización.
El análisis de conjunto del servicio de provisión de agua potable y saneamiento, está inmerso en un proceso de cambio que ha dado lugar a un fuerte conflicto sociopolítico que atraviesa todos los ámbitos de la sociedad venezolana en sus esferas social, política y económica. Si bien Hidrocapital es una empresa pública, su relación jerárquica la subordina a Hidroven, el holding de las empresas hidrológicas regionales, y al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN) a través del recientemente creado Vice Ministerio del Agua. Ambas instituciones tienen importantes funciones de regulación y rectoría que se reservan al Poder Nacional, como son las funciones planificación, asistencia técnica y financiamiento del suministro y saneamiento a través de la nueva Oficina Nacional del Agua; las funciones de regulación, que incluye sistema tarifario, calidad del servicio, niveles de precios y arbitraje de conflictos, están a cargo de la Superintendencia Nacional de los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento.
Otros actores institucionales nacionales que participan activamente en el SAPS son el Ministerio de Infraestructura (MINFRA), a través de la construcción de grandes obras de infraestructura para el SAPS y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) en el control sanitario. Los actores institucionales regionales y locales más importantes son la Gobernación del estado Miranda. En el ámbito privado actúa un conjunto de actores y agentes económicos directamente o indirectamente ligado al SAPS, que va desde organismos financieros multilaterales, grandes empresas privadas nacionales y transnacionales hasta pequeñas empresas y empresarios individuales. Si bien la mayor parte de estos actores pertenece al ámbito formal también pueden encontrarse algunos que operan informalmente, así mismo se ha consolidado dentro del SAPS un sector de economía social con la creación de microempresas y cooperativas transformadas en nuevos actores con importantes funciones.
En el ámbito comunitario las principales organizaciones del SAPS son las Mesas Técnicas de Agua18 y los Consejos Comunitarios de Agua19 , pero también son importantes las asociaciones de vecinos, asociaciones civiles y las nuevas organizaciones comunitarias de base que operan en el marco de la nueva institucionalidad local: los consejos comunales de planificación; comités de tierras urbanas, comités de salud, organizaciones culturales y deportivas, así como otras formas de organización ligadas a las políticas sociales no institucionalizadas llamadas misiones.
En el proceso de funcionamiento del SAPS se generan tensiones de diverso tipo entre la emergencia de lo nuevo y la permanencia de lo viejo, éstas pueden visualizarse claramente en el proceso de participación popular y construcción de ciudadanía que se da alrededor de las Mesas Técnicas de Agua. Las MTA definen junto a Hidrocapital los proyectos comunitarios de agua y saneamiento para llevarlos a la práctica, participan en la dotación del servicio, en la supervisión del uso del agua e incluso han ampliado su acción para considerar otros problemas comunitarios. En muchos casos han desarrollado una organización desagregada por sectores pequeños llamados condominios horizontales y formas de comunicación con la comunidad le dan un carácter democrático a la toma de decisiones.
El trabajo conjunto de las Mesas Técnicas de Agua con los funcionarios de Hidrocapital, alcaldías y otras instituciones permite el encuentro entre la “visión técnica” y la “visión popular” facilitando el respeto por los saberes de cada quien y ha contribuido a ordenar la ocupación de los asentamientos de invasión a partir del trazado del recorrido de las tuberías de agua, en este proceso no sólo se va solucionando los problemas de agua y saneamiento de las comunidades sino que también se está construyendo una nueva cultura del agua que, por un lado, intercambia saberes científicos, técnicos y populares con resultados positivos; y por otro lado, apunta a la preservación, al uso racional, así como a internalizar una visión integrada de la cuenca que contiene en sí misma elementos sociales y ecológicos (Lacabana, 2005).
Las tareas permanentes de los Consejos Comunitarios son: pasar revista al ciclo de suministro; seguimiento a los proyectos levantados en la diferentes MTA; seguimiento a los compromisos establecidos por las comunidades y por Hidrocapital; intercambiar información de interés para la comunidad o para la empresa, respecto a averías, cambio de ciclos, suspensión de servicios, fallas en el suministro (Hidrocapital, 2011).
Finalmente y de acuerdo con esta experiencia, Arconada (2005)20 afirma que aunque aún no se han solucionado los gravísimos problemas y desórdenes que afectan al funcionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento, no se puede negar que la ciudadanía venezolana tiene hoy el servicio de agua potable y saneamiento mucho más en sus manos, mucho más bajo su control que nunca antes, así mismo que ya es un hecho el creciente número de comunidades que ha tomado conciencia sobre la necesidad de plantearse los problemas del servicio de agua a partir del manejo de la cuenca y no a partir del problema de si hay o no agua en su tubería.

4.2. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con una población de 1.3 millones de habitantes, capital del departamento de Santa Cruz21 , durante 1979 surge la Cooperativa de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (SAGUAPAC) que presta los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la mayor parte de la ciudad.
Hasta 1973 SAGUAPAC fue una empresa estatal, de 1973 a 1979 semi estatal y en 1979 se convirtió oficialmente en una cooperativa con una estructura compleja, dispone de una concesión sobre un área específica dividida en nueve distritos, donde cada uno de ellos cuenta con un Consejo de Distrito cuya función consiste en recabar las inquietudes de los socios y buscar la satisfacción de sus necesidades. La gestión de los consejeros de distrito es de 6 años, y cada dos años se renueva un tercio de ellos. Cada Consejo de Distrito tiene 3 delegados que conforman, en su conjunto, la Asamblea de Delegados (27 miembros), cuya función principal consiste en aprobar toda decisión importante de la cooperativa. Esta Asamblea de Delegados elige también a los nueve miembros del Consejo de Administración y a los seis del Consejo de Vigilancia. La función del Consejo de Administración es la de aprobar el presupuesto, el balance general y dictar las políticas de la empresa. El Consejo de Vigilancia fiscaliza la actuación del Consejo de Administración llevando a cabo las auditorías externas. En ambos casos, la gestión dura seis años, con renovación cada dos años de un tercio de los miembros. Cada propietario de una conexión de agua se convierte en socio y, por lo tanto, en copropietario, con derecho a voz y voto; a través de las estructuras de participación los miembros pueden expresar sus necesidades e inquietudes y se realizan encuestas de satisfacción dos veces al año para evaluar dónde se deben mejorar los servicios de agua y saneamiento.
SAGUAPAC persigue el bienestar de los socios y no el lucro, posee una estructura tarifaria social con diversos niveles según el destinatario: uso residencial, uso comercial, uso industrial y uso especial (hospitales, escuelas públicas, oficinas del gobierno, etc.). Las tarifas también dependen del volumen de consumo, y aumentan en bloques de 15 m3, de modo que los que consumen más pagan el metro cúbico más caro que los que consumen menos. También realiza campañas de promoción en las comunidades más pobres para fomentar el acceso a los servicios de agua, dispone de un sistema de control de la calidad basado en la ISO 9001 y presenta indicadores de funcionamiento óptimos con respecto a los estándares de América Latina.
SAGUAPAC ha formulado un Plan Estratégico de Desarrollo (PED) para todo el período de concesión de 40 años, que culmina en 2039; en él se han identificado las inversiones que se deben realizar en el período de concesión, y el monto necesario asciende a 559 millones de dólares estadounidenses. Ha desarrollado en los últimos años varios proyectos con financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, en todos los casos, SAGUAPAC realizó los proyectos en menor tiempo de lo previsto y con ahorros significativos que le permitieron realizar mayor cantidad de obras y ha cumplido con responsabilidad las obligaciones en el pago de los créditos.
Actualmente las grandes preocupaciones de SAGUAPAC se pueden resumir en: la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento de agua; la baja cobertura del alcantarillado sanitario; la necesidad de inyectar recursos económicos al Plan Estratégico de Desarrollo y los pequeños operadores en la periferia de la ciudad.
El sistema de abastecimiento de agua potable depende exclusivamente de aguas subterráneas, explota los acuíferos mediante un conjunto de 47 pozos, ubicados en cuatro campos (con una producción anual de 45 millones de m3 en 2003). Según algunos estudios, considerando la proyección de la explotación y recarga de los acuíferos, para el año 2017 es necesario incorporar una fuente adicional de agua para cubrir la demanda proyectada, por lo que se estudian fuentes alternativas (superficiales) que permitan contar con una solución antes de ese año.
Existe una cobertura poblacional de alcantarillado sanitario del 50 por ciento, sin embargo, el índice de crecimiento poblacional comparado con la velocidad de implementación de este servicio indica que, si no se realizan ampliaciones, este índice de cobertura irá disminuyendo ya que la ciudad presenta un índice anual de crecimiento poblacional de casi 6 por ciento.
De acuerdo con la proyección de ingresos totales netos e inversiones y costos operativos, existe un desfase para los primeros años que implica una inyección de recursos económicos de unos 50 millones de dólares estadounidenses. Se estudiaron varias alternativas, resultando ser las más atractivas, en orden de prioridad para SAGUAPAC: (1) el crédito multilateral, (2) socio estratégico no operador y (3) crédito comercial y BOT22 . Se han emprendido varias iniciativas para acceder a créditos multilaterales en los que el papel del Gobierno es de aval o garante de la operación, pero quien paga las obligaciones es SAGUAPAC; sin embargo, la capacidad limitada de endeudamiento de Bolivia dificulta el acceso a operaciones de esta naturaleza (Yavarí, 2005).
Finalmente se puede afirmar que esta empresa cumple con la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de manera excelente. Su estatus como cooperativa independiente, con la participación democrática de los socios, ha influido en su buen desempeño. Se ha evitado la injerencia política, lo que le ha permitido continuidad en sus planes, el pago de las obligaciones saldrá de la propia tarifa aplicada a los usuarios, lo que la conduce hacia la autosuficiencia financiera.
El modelo de SAGUAPAC en el marco de su filosofía cooperativista, cuyo objetivo principal es el bienestar de los asociados y no su lucro, ofrece una opción alternativa a los modelos público y privado. Fue destacado como modelo invitado para su presentación en la Semana del Agua 2003 del Banco Mundial. Siguiendo el ejemplo de SAGUAPAC, otras ciudades de Bolivia, como Cobija, Trinidad o Tarija, también han creado cooperativas para hacerse cargo del abastecimiento de agua. Aunque esas ciudades no han alcanzado aún los mismos niveles de eficacia y sostenibilidad que Santa Cruz, es evidente que el modelo es extrapolable (Yavarí, 2005)23 .
Actualmente (Diciembre 2011), en la página web de SAGUAPAC se puede leer: “Nuestra cooperativa…SAGUAPAC es una institución sin fines de lucro que proporciona los servicios de alcantarillado sanitario y agua potable a los pobladores de su área de concesión en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra” SAGUAPAC (2011).

4.3. Buenos Aires, Argentina

Con la ola privatizadora de que fue objeto América Latina, desde 1990 en argentina se produjo la venta sistemática de empresas estatales, desde la industria metalúrgica hasta el sector petrolero, incluido el transporte aéreo, marítimo y terrestre, las comunicaciones, el sistema de seguros de retiro y de bienes, los aeropuertos, llegándose incluso a concesionar el espacio radioeléctrico junto con la electricidad, el saneamiento, el gas y todos los servicios complementarios obligación de cualquier nación. La provincia de Buenos Aires con más de 10 millones de habitantes repartidos en 74 ciudades con 48 municipalidades y principal contribuyente al PBI nacional, debido a la resistencia de algunos sindicatos y Organizaciones No Gubernamentales, no obstante la presión y el ahogo financiero del gobierno central, mantuvo la mayor parte de los servicios públicos estatales dentro de su órbita 24.
El Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires propuso un proyecto de ley denominado OSBASA y logró que el Senado de la provincia -no así la Cámara de Diputados provincial- lo aprobara. En él se establecía una administración pública de los servicios de saneamiento básico en la provincia, con la participación de los trabajadores en la conducción administrativa y operativa de la empresa. Lamentablemente, las fuertes presiones políticas provenientes de los sectores empresariales nacionales y extranjeros, de los organismos multilaterales de crédito y de algunos consultores con fuerte vínculo empresarial provocaron que los diputados de la legislatura provincial terminaran archivando el proyecto y preparando el terreno para la futura privatización de los servicios sanitarios.
En el año 1999, y como consecuencia de las presiones políticas ejercidas por diversos sectores económicos de los Estados Unidos, que hasta ese momento habían quedado excluidos de la distribución del capital social argentino, las últimas empresas estatales de propiedad de las provincias fueron entregadas para su explotación bajo condiciones de mayor regulación por la lenta pero continua toma de conciencia por parte de la sociedad civil.
En la provincia de Buenos Aires las empresas distribuidoras de servicios públicos fueron blanco de la ambición voraz de los capitales de Houston, en particular de Enron, Houston Corporation y AES 25. Buenos Aires contaba con la segunda empresa estatal operadora del servicio de agua en todo el país, Obras Sanitarias de Buenos Aires (OSBA), que además tenía como función social la distribución en las áreas más pobres y los sectores marginales de los conglomerados urbanos bonaerenses, el control de los vertidos industriales y el ejercicio legal en materia de saneamiento hídrico.
Como en el caso de las restantes concesiones del país en el sector del agua, la adjudicataria Enron —a través de su filial Azurix Corp. y su representación en Argentina, Azurix Buenos Aires, S.A.—, se hizo cargo de las prestaciones en condiciones ventajosas desde el punto de vista contractual pero con un marco social mucho más complejo: gran empobrecimiento de la población, casi 20 por ciento de desocupados, un sistema monetario a punto de estallar por el mantenimiento de la convertibilidad, el desgaste político del gobierno, las primeras reacciones sociales ante la problemática general y la mala calidad de los servicios en particular.
El pago de un “valor llave” de casi 500 millones de dólares estadounidenses puso de relieve la improvisación técnica y la premura por hacerse con nuevas empresas que permitieran el aumento de las cotizaciones de Enron en Wall Street. Azurix esperaba que los gobiernos locales permitieran eludir las obligaciones contractuales para hacer de este nuevo negocio un mecanismo rentable de corto plazo, tal como lo habían hecho durante casi diez años las francesas Suez y Vivendi en la ciudad de Buenos Aires y varias provincias del interior del país. La concesión abarcaba más de 70 ciudades con agua y drenaje, 47 plantas de tratamiento, 20 plantas potabilizadoras, 470 perforaciones profundas para agua potable, casi 10,000 km de redes de distribución de agua y 7,200 kilómetros de redes de drenaje. De los 2,000 trabajadores originales, apenas 1,100 pasaron a la concesión otorgada a Enron.
La empresa constituida se denominó Azurix Buenos Aires S.A., capitalizada por Azurix Corporation, con sede en Houston, y otra firma creada al efecto, Azurix Argentina. El capital social declarado ascendía a 85, 000 pesos argentinos (con una paridad de 1 dólar = 1 peso), lo que apenas representaba el valor de una pequeña propiedad inmobiliaria en cualquier lugar del país. Para actuar como operador responsable, tal como lo requería el contrato incluido en el pliego de la licitación, utilizaron la figura de Wessex Water, una pequeña compañía de Inglaterra que Enron había comprado para ese fin y, además, crearon la Wessex Technical, que se encargaba de la consultoría técnica pero que nunca tuvo participación activa en la gestión empresarial de la concesión, aunque se presume que constituía parte del sistema de empresas “fantasmas” creadas por Enron para derivar dinero a los paraísos fiscales mediante maniobras consideradas ilegales por la justicia estadounidense.
Durante el primer año de gestión de Azurix, se comprobó que sólo buscaba la forma más rápida de recuperar el pago efectuado al Estado para hacerse con las prestaciones, sin realizar las inversiones más importantes y urgentes que el servicio requería. El descuido y desinterés de Enron provocaron graves problemas en el servicio, tanto en la producción y distribución de agua como en la recolección y tratamiento de las aguas residuales: contaminación de redes de agua, desperfectos importantes en plantas potabilizadoras, paralización de plantas de tratamiento, desinversión en equipamiento y tecnología, tercerización de tareas importantes para el servicio, entre otros. Todo esto provocó el descontento social y el reclamo de varias organizaciones de usuarios y consumidores que, a su vez, presionaron a los intendentes municipales (alcaldes) de importantes ciudades afectadas por el mal desempeño de Azurix Buenos Aires, obligando al gobierno de la provincia a sancionar al concesionario y a exigirle la rectificación de su política de inversiones y la puesta en vigencia de un programa adecuado para rescatar la calidad y continuidad de los servicios 26.
Los trabajadores tuvieron que presionar al gobierno para lograr, después de varios meses de negociaciones, la puesta en vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo y las comisiones de aplicación del mismo, con el agravante de que, debido a que contaba con una planta de personal muy ajustada para el funcionamiento operativo, se había recurrido a la tercerización para llevar a cabo trabajos regulares en perjuicio de los trabajadores de la empresa y de la baja calidad de los servicios prestados.
Cuando los gerentes de Azurix comprobaron que el gobierno no podía controlar el descontento de los usuarios por las malas condiciones del servicio en varias ciudades del interior de la provincia, comenzaron a reemplazar a los profesionales argentinos por otros que “importaron” de forma totalmente improvisada desde Inglaterra, Australia y los Estados Unidos, con el objeto de buscar soluciones de bajo costo a los problemas que se complicaban día tras día. Sin manejar el idioma, sin conocimiento de la tecnología existente, con bajo presupuesto para obras básicas y con la presión de los usuarios que demandaban soluciones urgentes a los problemas del servicio en varias ciudades importantes de la concesión, estalló la crisis entre las autoridades del Estado y la empresa. El Organismo Regulador impuso fuertes multas y otras sanciones a la concesionaria. No habían pasado dos años de contrato y para colmo, se sumó la bancarrota de Enron, su matriz en los Estados Unidos, que terminó de poner en retirada a los últimos gerentes estadounidenses y el consecuente abandono de la empresa con los conocidos graves incumplimientos.
Llegaba el mes de febrero de 2002, y el gobierno de la provincia no tenía ni el personal técnico ni el equipo de gerencia necesario para retomar las prestaciones desde la órbita estatal, lo que llevó inevitablemente a convocar al Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires a negociaciones urgentes que permitieran garantizar la calidad, cantidad y continuidad del suministro a los casi tres millones de habitantes abastecidos por la concesión. Se planteó entonces un proyecto global que involucrara a los actores sociales más allá de los condicionamientos políticos que las circunstancias podían imponer al gobierno y que se resumía en una empresa del Estado con participación accionaria de los trabajadores de la misma, con el reconocimiento por parte del propio organismo regulador (llamado Organismo Regulador del Agua Bonaerense ORAB en aquel momento y hoy denominado Organismo de Control del Agua de Buenos Aires OCABA).
De este modo, los trabajadores organizados a través de una empresa propia en sociedad con el Sindicato, se erigían en operadores del servicio, eliminando las condiciones impuestas por el Banco Mundial en todos los procesos de concesión referidos a la experiencia internacional. Se incorporó a los usuarios, por intermedio de las organizaciones representativas, tanto en el organismo regulador (ex ORAB) como en la gerencia de la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), y se estableció un compromiso para que los honorarios correspondientes a la operación del servicio se convirtieran en nuevas acciones para los trabajadores a partir del momento en que la empresa equilibrara sus cuentas y superara la emergencia sanitaria que provocó la mala gestión de Azurix Buenos Aires–Enron.
Así, los propios trabajadores con sus conocimientos y experiencia se hacían cargo de la situación con control cruzado del Organismo Regulador en lo técnico y operativo por un lado, y del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos por el otro, tanto en la gestión comercial como en la calidad de la prestación de los servicios. Las organizaciones de usuarios reconocidas (unas doce en el área abastecida por ABSA) tenían por su parte independencia para, además de participar en la gestión y el control, acceder al Defensor del Pueblo de la Nación Argentina y a los organismos municipales representativos de usuarios y consumidores, lo que permite una presencia constante en cada acontecimiento del servicio.
Para establecer un sistema de operación del servicio en una empresa de tal magnitud, el Sindicato recurrió a la conformación de una Sociedad Anónima integrada por la organización y los trabajadores de ABSA. Ésta detenta el 10 por ciento del capital accionario de Aguas Bonaerenses S.A., la prestataria estatal de servicios, con opción de que dicha participación accionaria se incremente en el futuro. Desde el inicio de la actividad operativa, el Sindicato no tomó la gestión contable y administrativa de ABSA, y concentró su actividad exclusivamente en la operación técnica del servicio, la formulación de políticas destinadas a recomponer las principales carencias en materia de agua y alcantarillado, un mejor y más justo empleo de los recursos humanos, promoción y calificación de los trabajadores técnicos y profesionales, participación de los ciudadanos mediante talleres destinados a dar a conocer las actividades técnicas y operativas de la empresa, políticas de obras y expansión del servicio, tecnificación de los sistemas de control y administración, entre otras.
Mediante la utilización de recursos propios de ABSA y el aporte de capital del Estado provincial, se suplió la falta de crédito para financiar las principales obras y revertir la problemática más acuciante heredada del concesionario anterior. Para ello, la operadora de los trabajadores (llamada 5 de septiembre S.A.) desarrolló una amplia política de consultas con las autoridades comunales, con las organizaciones de usuarios y consumidores, y revisó los archivos históricos de la antigua empresa OSBA para llegar a las conclusiones teóricas que permitieran un desarrollo técnico eficaz en el sector de planeación y obras. La continuación de obras interrumpidas por la parálisis de Azurix Buenos Aires se dirigió especialmente a reactivar plantas de tratamiento y reacondicionar sistemas de depuración que habían estado fuera de servicio por falta de inversiones.
En 1999, año en que tuvo lugar la privatización, la provincia de Buenos Aires contaba con una cobertura de abastecimiento de agua potable del 74 por ciento y 47 de saneamiento. En 2002, tras la retirada de Azurix y el establecimiento de ABSA, la prestación de agua había disminuido al 68 por ciento debido al crecimiento demográfico y a la falta de inversiones, 43 por ciento de la población carecía de saneamiento. Actualmente (2005), el 71 por ciento de la población tiene agua potable y el 45 por ciento cuenta con saneamiento.
Después del rescate de la empresa, para los trabajadores los próximos pasos debían estar dirigidos a obtener plena autonomía del poder político mediante la incorporación de los usuarios como accionistas representados por las asociaciones más representativas y la inclusión de otros sectores productivos de la región donde ABSA presta sus servicios para garantizar un nivel de decisiones democráticas más amplio, el uso racional de los recursos económicos y financieros, la puesta en marcha de un sistema de prioridades en la expansión del servicio con contenido social y el compromiso del Estado en la financiación de las grandes obras que requería el crecimiento demográfico y el desarrollo productivo (Amorebieta, 2005) 27.
Actualmente en la página web de Aguas Boanerenses (ABSA) puede leerse:
Aguas Bonaerenses comienza su labor en un contexto económico de fuertes limitaciones y sin adecuación tarifaria. En dicho marco, el Estado de la provincia de Buenos Aires toma un rol activo y crea una sociedad anónima de capital bonaerense. A partir de ese momento, el 90 por ciento del paquete accionario de ABSA corresponde al Estado provincial; mientras que el 10 por ciento restante pertenece a los trabajadores, nucleados a través del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires. El Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA) es el ente autárquico que verifica el servicio y su ajuste a las normas que rigen la concesión, de acuerdo a lo establecido en el Marco Regulatorio (Dec. 878/03).
ABSA posee 14 establecimientos potabilizadores y 662 perforaciones, de las cuales 84 fueron construidas desde el inicio de la gestión. Éstas producen mensualmente más de 23,5 millones de metros cúbicos de agua potable, destinados a cubrir las necesidades de 600 mil hogares. Opera 49 plantas depuradoras, que cubren las necesidades de saneamiento de 463 mil familias.
Con la incorporación de la Región Metropolitana Oeste sumó 170 mil cuentas de agua potable, abastecidas a través de la operación de 188 pozos. Con ellos produce más de 8 millones de metros cúbicos mensuales. Además, cubre en esa zona la tarea de saneamiento para 102 mil viviendas, operando 7 plantas depuradoras.
Aguas Bonaerenses también está presente en sus comunidades con 68 centros de atención personalizada, más de 500 bocas de recaudación y múltiples medios de pago. Además, cuenta con atención telefónica ininterrumpida los 365 días del año (Aguas Bonaerenses, S.A., 2011).

4.4. Porto Alegre, Brasil

Si bien los servicios de agua y saneamiento son irregulares en el norte y noreste de Brasil, el debate sobre cómo mejorar la situación se ha dado durante las últimas décadas a nivel de gobierno y la sociedad ha demostrado su fuerza impulsando diversos proyectos de éxito en todo el país. Estos proyectos han "nadado contra la corriente" de la privatización y abarcan una visión de universalidad, equidad y calidad. Cuatro estudios de caso se presentaron en el libro "Experiencias de Éxito em Serviços Municipais Públicos de Saneamiento” por la Asociación Nacional de Servicios de Saneamiento Municipal (ASSEMAE) en Brasil. ASSEMAE nació de la resistencia a la política de socavar la administración local; se formó con el fin de mejorar la capacidad de los municipios para delinear su propio destino y la integración del saneamiento a las políticas locales (ASSEMAE, 2007).
Un caso destacado es el de la ciudad Brasileña de Porto Alegre, una ciudad conocida por su democracia participativa, capital de Rio Grande do Sul, el estado más meridional de Brasil, donde el Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), una empresa pública de agua y saneamiento que se ha convertido en todo un modelo de resistencia frente a las tendencias que impulsan la privatización, centrada en la inclusión social a través de sus programas de agua y saneamiento, es la responsable de prestar los servicios de agua potable y saneamiento a la ciudad. Aunque desde el punto de vista económico y administrativo es independiente del ayuntamiento, la empresa está sujeta a las políticas y normativas establecidas por éste.
A fines de 2000, cuando se presentó una ley ante el Congreso con el claro objetivo de privatizar el agua el DMAE se colocó en la vanguardia de un movimiento de resistencia nacional que logró evitar que la iniciativa saliera adelante y que se retirara la propuesta. El DMAE, además de la autonomía financiera, cuenta con otras particularidades destacables, como es el establecimiento de un consejo deliberativo que, más de 40 años después, sigue siendo un órgano importante en la práctica de lo que se conoce como “control social”, que permite que las actuaciones administrativas sean totalmente transparentes. Entre las características más importantes que han convertido al DMAE en un modelo alternativo a la privatización del agua en todo el mundo se encuentran la sostenibilidad, tanto económica como tecnológica y la responsabilidad en materia de agua potable y protección del ambiente. Otro rasgo distintivo y fundamental es el proceso democrático que se sigue para tomar las decisiones, encuadrado en el presupuesto participativo, así como también, el papel fundamental que desempeñan los trabajadores.
El índice de población abastecida de agua potable pasó de aproximadamente el 94,7 por ciento en 1989, al 99,5 por ciento en 2001, una cifra que se ha mantenido. Los porcentajes de saneamiento también han experimentado un alza; pasando del 73 por ciento en 1990, a un 84 por ciento en 2004. La influencia de la participación pública de los ciudadanos, canalizada principalmente a través del presupuesto participativo, en los debates sobre las necesidades de la ciudad y en votaciones en las 16 regiones del municipio, permitió invertir también en el agua y el saneamiento de los barrios periféricos y marginales, con lo que se ha ampliado el acceso al agua.
Se considera que el DMAE a través de una fuerte política de control interno, con evaluación de costos y una buena gestión de gastos, se ha convertido en un organismo sostenible económicamente, capaz de reinvertir los beneficios en instalaciones de agua y saneamiento, observándose que en los últimos siete años, cerca del 70 por ciento del dinero invertido proviene del cobro de tarifas. Para el año 2005 el DMAE ya se había adaptado al control social, y había contratado a una consultoría que trabajara en recomendaciones concretas para mejorar la administración de la empresa.
La estructura tarifaria se sostiene sobre una base de importantes subvenciones cruzadas. Los usuarios con menos ingresos se pueden acoger a una tarifa social que les da derecho a usar 10 m3 de agua mensual y pagar sólo cuatro. Además de esta, hay otros tres tipos de tarifas. Los que usan el agua sólo para cubrir sus necesidades básicas (consumen un máximo de 20 m3 mensuales) son subvencionados por los que consumen entre 20 y 1,000 m3 por mes. Las tarifas del grupo de este último tramo de entre 20 y 1,000 m3 aumentan de forma exponencial, de modo que, pasado ese límite, son muy caras. Los grandes consumidores, como aeropuertos, centros comerciales e industrias, pertenecen a esta categoría. Gracias a esta estructura tarifaria, invierte sumas considerables en el mantenimiento y la ampliación de los servicios, además de generar, cada año, un superávit de entre un 15 y 25 por ciento del presupuesto anual, que también se destina a nuevas inversiones.
Mediante la participación popular como parte del ciclo del presupuesto participativo, los ciudadanos presentan sus necesidades, las debaten, las votan y, tras un estudio de viabilidad técnica, se incluyen en el presupuesto municipal del año siguiente. El DMAE se encarga de evaluar todas las obras relacionadas con el agua y se designa a un grupo de ciudadanos que se encarga del seguimiento y la supervisión de los contratistas, de modo que hay gente acompañando todo el proceso, desde la toma de decisiones hasta la ejecución de los proyectos. Se trata, en resumen, de un ejercicio de pleno control social.
El proceso del presupuesto participativo ha cambiado tanto como el concepto de cobertura de las necesidades de la ciudad, el personal y los trabajadores del DMAE escuchan a los ciudadanos para sacar adelante sus propuestas, lo que ha llevado a un cambio drástico en la gestión. Esto significa que son los propios ciudadanos los que discuten las necesidades y, si son técnicamente viables, se integran en el presupuesto.
También cada año se destinan grandes inversiones a, entre otras cosas, educación, sanidad, seguros y transporte en beneficio de los trabajadores. Los resultados de las inversiones se detallan en una auditoría social, que se publica anualmente desde el año 2000, por los que el DMAE ha obtenido importantes premios nacionales de responsabilidad social.
Los ciudadanos han desempeñado un papel destacado en los logros alcanzados por el DMAE. El consejo deliberativo instaurado desde 1961, ha representado a muchos sectores de la sociedad en su calidad de supervisor del DMAE. El presupuesto participativo fue especialmente útil para acercar al DMAE aún más a la sociedad y estableció una nueva instancia de control de la empresa. Este acercamiento se produjo no sólo porque se empezó a prestar atención a las peticiones de los ciudadanos, sino también porque éstos comenzaron a participar en el seguimiento de la calidad de los servicios prestados.
El DMAE, devuelve el dinero a la gente en forma de infraestructura mejorada para el suministro de agua y saneamiento. El proceso del presupuesto participativo es un instrumento de planeación importante e innovador en la relación entre gobierno y sociedad. Las empresas públicas de agua no son sólo viables, sino que pueden ser mejores que las grandes empresas en aspectos sociales, económicos, ambientales y técnicos. El modelo de Porto Alegre es un modelo que podría aplicarse en otras latitudes, siempre que se adapte a las condiciones locales, a los recursos naturales, la legislación y la escala del proyecto (Maltz, 2005) 28.
Actualmente, en el portal oficial del Departamento Municipal de Agua y Aguas Residuales de Porto Alegre (DMAE) destaca su Misión:
“Prestar, universalmente, serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com garantia de qualidade e de modicidade tarifária, contribuindo para uma gestão sustentável dos recursos hídricos, sendo social e ambientalmente responsável”. (DMAE, 2011).

5. A MANERA DE CONCLUSIÓN

En la confrontación y disputa por los recursos que se presenta actualmente en nuestros países, en particular el agua, ha sido de gran importancia el uso mistificado y tergiversado de conceptos como el de Desarrollo Sustentable, al hacerlo se ha tendido una cortina de humo en torno a las causas reales y verdaderas de los problemas distributivos y ambientales del desarrollo. Por ello, se hace necesario desenmascarar aquellos intentos y desentrañar el verdadero significado de éste concepto (y muchos otros) del pensamiento económico, mostrando como se ha convertido en un espacio en disputa, ha sido sometido y utilizado para imponer el paradigma neoliberal, para declarar la desaparición de las contradicciones entre ambiente y crecimiento, así como para frenar el impulso de alternativas criticas de desarrollo; pero sobre todo, se hace necesario re significar el concepto en la búsqueda de aquellas alternativas y propuestas críticas a los problemas del desarrollo.
De ahí la importancia de abordar aquél concepto, así mismo hemos abordado el proceso mediante el cual los movimientos sociales a escala continental están relacionados y están confluyendo con el pensamiento alternativo; cómo estos movimientos, a la par que el pensamiento crítico, han evolucionado y transitado hacia la búsqueda del verdadero significado de un desarrollo humano sustentable, y más aúnhacia la búsqueda de alternativas y opciones para nuestros pueblos.
Es el caso del gran empuje, avance y poder de convocatoria que han logrado las múltiples y variadas organizaciones en defensa del agua, reunidas en los Foros Mundiales, Sociales y Alternativos, en defensa de los servicios más elementales como derecho fundamental de los individuos, donde se ha ido configurando y ha tomado forma un movimiento de resistencia que intenta subordinar los servicios públicos básicos de agua potable y saneamiento al control social y garantizar así el acceso universal a los mismos. Se ha pasado de la protesta a la crítica y actualmente han logrado consolidar una agenda de demandas y propuestas alternativas frente a la de los organismos internacionales y de los gobiernos locales respecto al manejo y gestión del agua de uso urbano y los servicios de saneamiento que se proporciona en las grandes ciudades y metrópolis de nuestra América y el mundo. Es así como los Foros Mundiales Alternativos se han convertido en verdaderos movimientos sociales en defensa del agua, con capacidad de alterar la correlación de fuerzas y el curso de los acontecimientos, tanto a nivel local como global.
Finalmente los casos de experiencias alternativas reseñadas que ocurren en Venezuela, Argentina, Bolivia y Brasil principalmente, dan cuenta de una tendencia y la posibilidad de adoptar nuevas formas de gestión del agua en las ciudades alrededor del mundo. Se aprecia un proceso en evolución de estas nuevas formas de gestión social y participativa, transitando de experiencias incipientes de lucha y resistencia, a experiencias intermedias aún en curso, hasta modelos de gestión social exitosos. Dichas experiencias, no están aisladas, por el contrario alimentan y se retroalimentan de aquellos movimientos más globales, e igualmente reflejan y recrean la confrontación de ideas y concepciones que campean a nivel local, continental y global y que se presentan en los foros internacionales.
Las experiencias aquí reseñadas demuestran también, que no es suficiente el rescate o la re estatización de los servicios de agua potable y saneamiento en nuestras ciudades, mediante la implantación de un modelo de gestión público estatal, mismo que también ya ha demostrado su incapacidad para resolver la problemática y convertirse en un verdadero modelo de gestión público, sino que es necesario avanzar hacia niveles superiores de organización social.
A pesar de sus muchas particularidades, estas experiencias también comparten características, que las hace ser diferentes radicalmente de los modelos tradicionales de gestión del agua urbana, convirtiéndolas en alternativas, principalmente por la participación social comunitaria, el control social, el respeto por los ecosistemas, la toma de decisiones democráticas, en suma, por lo que algunos autores denominan la democracia del agua.
En resumen, se demuestra la necesidad de impulsar la gestión pública con participación y control social de los servicios de agua potable y saneamiento en las grandes ciudades, a fin de alcanzar un modelo público eficaz, de control y gestión de un bien común de tanta importancia como es el agua. La propuesta de los movimientos sociales es una gestión pública con participación y control social que pasa por construir una nueva manera de gobernar y de relacionarse entre la población y los poderes públicos, en la que se entienda la participación y el control social como un activo de la gestión del agua, como una herramienta para aumentar la eficacia social, económica y ambiental. La participación social en la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento permite un mayor conocimiento de su funcionamiento por parte de la población; la relación directa entre usuario, operador y titular; dar voz a todos los actores que tienen relación con el agua; mejorar el acceso a la información e impulsar nuevas mejoras en la gestión. El control social en la gestión del agua, permite aumentar la transparencia de su gestión y desarrollar una ciudadanía comprometida con sus servicios públicos.

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1 La CEPAL fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en febrero de 1948.

2 Dentro de los fundadores de la teoría de la dependencia destacan André Günder Frank, Teothonio Dos Santos, Ruy Mauro Marini, Aníbal Quijano y Vania Bambirra.

3 Cabe señalar que desde finales de la década de los cuarenta habían aparecido movimientos de la sociedad civil y la academia que cuestionaban el modelo de industrialización y de desarrollo y, sobre todo, los efectos contaminantes en la atmósfera, el agua y los suelos, y sus impactos en la integridad de los ecosis­temas y en la biodiversidad.

4 El capitalismo y por ende el neoliberalismo operan a favor del la racionalidad de la ganancia y el lucro, ello está en su naturaleza y le impide ir a favor de las reivindicaciones democráticas y sociales ya que no están dentro de su lógica.

5 En los actuales procesos de construcción del conocimiento y de la realidad social se reivindica el papel del sujeto y de la subjetividad, en lo histórico y en lo social. Para Zemelman la sociedad es una construcción abierta, compleja, cambiante e indeterminada, con diversos planos espaciales y temporales, lo que permite que en los sujetos y la subjetividad confluyan los diversos planos de la realidad social y epistemológicamente concibe a los sujetos sociales como creadores de historia El concepto de subjetividad involucra al conjunto de normas, creencias, lenguajes y formas de aprehender el mundo, configurando identidades, modos de ser y cambios colectivos, es en las experiencias y en las luchas de los grupos sociales donde se asume la subjetividad social. La subjetividad social no sólo se da en términos de clase social, sino que también se materializa en dimensiones como lo local, lo étnico o el género. Los individuos y grupos sociales adquieren una subjetividad colectiva que construye su propia realidad, se reivindica al sujeto contra la homogenización de la vida social, el sujeto es esencial para captar la realidad histórica ya que involucra diversos planos de lo social, los sujetos son producto histórico y productores de la historia. En cuanto a lo político, el rescate del sujeto evita la condena a un eterno presente, a un discurso único y el conformismo frente al orden imperante (Torres, 2010).

6 Se afirma que en América Latina están surgiendo perspectivas provenientes de la filosofía, la epistemología, la ética, la economía, la sociología, el derecho, la antropología y la geografía, autores y movimientos sociales que, más allá del propósito de ecologizar el pensamiento y la acción, están confluyendo en la arena política y en el estudio de las relaciones de poder que atraviesan al conocimiento, al saber, al ser y al hacer, una muestra es la emergencia del pensamiento ambiental latinoamericano y otros tantos movimientos sociales (Leff, 2006a). Ver también León, Arturo, 1991.

7 Un ejemplo fue el Simposio sobre Ética y Desarrollo Sustentable, celebrado en Bogotá, Colombia, del 2 al 4 de Mayo de 2002, impulsado por el ambientalista Enrique Leff y con la participación de un sinnúmero de representantes de los diferentes países de América Latina, surge el llamado “Manifiesto por la vida” donde, entre otras cosas, se afirma que el movimiento ambiental ha generado la emergencia de una ciudadanía global que expresa los derechos de todos los pueblos y todas las personas (Leff y Otros, 2002).

8 El concepto de “acumulación por desposesión” de Harvey es de gran utilidad toda vez que ilustra, además del despojo de los recursos, el hecho de que el proceso de acumulación originaria sigue vigente y la necesidad de nuevos tipos de resistencia social.

9 Mientras que otros autores defienden la idea de dejar atrás las posiciones estructurales a favor del análisis enfocado en el agente o actor. Desde esta óptica los actores sociales tienen la capacidad de saber, de actuar, de resolver problemas y están al tanto de las acciones propias; son capaces de procesar y sistematizar sus experiencias vividas y actuar en ellas. Las empresas, agencias estatales, partidos políticos y organizaciones eclesiales son ejemplos de actores sociales (Long ,2007).

10 J.B. Foster escribió el libro La ecología de Marx. Materialismo y naturaleza en donde saca algunas conclusiones que chocan con las interpretaciones más divulgadas entre los marxistas. Estas conclusiones son sustancialmente tres: 1ª Que en la obra de Marx hay algo más que algunos atisbos ecológicos desperdigados; 2ª Que el concepto de metabolismo o relaciones metabólicas es un concepto fundamental a lo largo de toda la obra de Marx; y que en la elaboración de este concepto está la clave para una lectura omnicomprensiva de Marx, para su comprensión no sólo como materialista histórico sino también como materialista dialéctico que es a la vez un materialista práctico, un materialista de la praxis; 3ª Que la concepción marxista de la naturaleza y la noción de metabolismo proporcionan una aproximación materialista y socio-histórica a los problemas ecológicos (Fernandez, 2004).

11 En opinión de Foster (2010), una revuelta masiva desde abajo en este ámbito emergería sólo desde la periferia del mundo capitalista; hay señales de que las bases materiales de la lucha social se están transformando y lo demuestran las guerras del agua, los hidrocarburos y la coca en Bolivia, las cuales contribuyeron a la llegada al poder de un movimiento político socialista e indígena; existe la esperanza de que las luchas basadas en la comunidad, el trabajo y el medio ambiente generarán un nuevo contexto para el cambio.

12 Pero también es una necesidad actual en virtud de la problemática actual y los efectos (económicos, sociales, políticos, ambientales, entre otros) que ha provocado la gestión Pública Estatal y que se demuestra en un estudio de caso. Ver la gestión del agua urbana en la ciudad de Puebla, México en: López, 2013.

13 La resistencia y lucha de Cochabamba, Bolivia, contra la multinacional estadounidense Bechtel (Delgado, 2005).

14 Tres aspectos que consagra la Constitución de 1999 son: la democracia participativa y protagónica; la protección del ambiente y el desarrollo sustentable y, un principio largamente debatido y objeto de controversias: la propiedad del recurso agua (Lacabana, 2005).

15 La Lopsaps establece un marco regulatorio coherente, estable y permanente, son muy importantes aquellos que se asocian directamente a la nueva institucionalidad local y a la participación comunitaria (Lacabana, 2005).

16 Hacia el año 2005 la propuesta organizativa de Mesas Técnicas y Consejos Comunitarios de Agua era ya asumida por casi todas las empresas hidrológicas públicas en todo el país. Tanto las filiales de HIDROVEN, la casa matriz, como las empresas que dependen de las gobernaciones, observan diferentes manifestaciones de esta forma de participación comunitaria (Arconada, 2005).

17 Hidrocapital implantó el programa social Gestión Comunitaria del Agua en mayo de 1999, a través del desarrollo una propuesta organizativa y de capacitación, en la cual empresa y comunidad unidas, comparten la gestión del agua (http://www.hidrocapital).

18 Las Mesas Técnicas de Agua (MTA) son instancias que buscan promover la participación y el protagonismo de las comunidades organizadas en la solución de sus problemas relacionados con el servicio de agua potable y saneamiento, tales como: instalación o sustitución de redes de suministro, fallas en el servicio, botes de agua potable o servidas, filtraciones, problemas de recaudación (Hidrocapital, 2011).

19 Las comunidades organizadas en Mesas Técnicas de Agua, junto a la representación de la empresa hidrológica pública y la representación municipal electa (alcaldes, concejales, juntas parroquiales) conforman un Consejo Comunitario de Agua (Arconada, 2005). Es el espacio de articulación o instancia que permite la comunicación pública y periódica entre las comunidades e Hidrocapital, agrupa diversas MTA de una zona o ciudad abastecida por la misma red o ciclo de suministro (Hidrocapital, 2011).

20 Santiago Arconada es dirigente sindical y trabaja en HIDROVEN, agencia nacional de agua y saneamiento de Venezuela.

21 Bolivia está dividida políticamente en nueve departamentos. En las capitales departamentales, el 44 por ciento de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario tiene un tipo de administración cooperativa, el 44 por ciento es estatal y el 12 por ciento es privada. Los servicios de agua se rigen por la Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, promulgada en 1999 y modificada en 2000, tras la guerra del agua en Cochabamba (Yavarí, 2005).

22 Los contratos BOT integran las funciones de inversión y operación en un mismo contrato, suelen ser concesiones con participación y control ciudadano.

23 Luis Fernando Yavarí es director de planificación y sistemas de la cooperativa SAGUAPAC.

24 Por otro lado el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial requerían en forma persistente que el gobierno se desprendiera de los activos vinculados a prestaciones urbanas como condición para acceder a financiación en diversas áreas (Amorebieta, 2005).

25 Uno de los motivos por los que fueron receptoras de los servicios de agua y de energía fue la participación de Marvin Bush, hermano del entonces recientemente reelecto presidente de los Estados Unidos y conocido influyente de las empresas texanas (Amorebieta, 2005).

26 Igualmente en la provincia de Santa Fe, la Unión de Usuarios y Consumidores, desde el año 2001 participó en la unificación en toda la provincia frente a los distintos conflictos que se habían suscitado con la privatización y concesión de los servicios de Agua y Saneamiento. A partir de diversas actividades (reuniones con Vecinalistas, Ecologistas, Pymes, Asociaciones de Consumidores, Comerciantes, Asambleístas, Docentes Universitarios, Parroquias, Colegios Profesionales de Villa Gdor. Galvez, Funes, Granadero Baigorria, Casilda, Firmat, San Lorenzo) la Unión de Usuarios y Consumidores y el Taller Ecologista impulsaron la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua. Se constituyó por primera vez un ámbito plural en las 15 ciudades concesionadas unificando el accionar de todos los afectados, dando como resultado la realización del Plebiscito Provincial por el Derecho al Agua y votaron por la rescisión del contrato de la empresa y el inicio de un nuevo modelo de gestión pública y social con participación ciudadana. Actualmente, después de la retirada de Suez, junto al Taller Ecologista luchan por una gestión pública, democrática y sustentable, trabajando en actividades de difusión, de estudio, y generando espacios de participación y articulación (Red Vida, 2012).

27 Guillermo Amorebieta es dirigente del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires.

28 Hélio Maltz trabaja en el Departamento Municipal de Agua y Aguas Residuales de Porto Alegre (Departamento Municipal de Água e Esgotos – DMAE).

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