Contribuciones a las Ciencias Sociales
Septiembre 2013

LA ELECCIÓN DE LA CLASE POLÍTICA GOBERNANTE EN LOS DOS PRIMEROS GOBIERNOS DE LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (ABRIL-DICIEMBRE DE 1931)



Pablo Villalaín García (CV)
villalain@telefonica.net
Universidad Autónoma de Madrid




RESUMEN:
Como en cualquier cambio de gobierno, y más si el cambio es de régimen, los partidos gobernantes deben elegir con rapidez una clase política que se haga con el control de las instituciones y de la administración del Estado. Eso fue lo que ocurrió en España en 1931 tras la caída de la Monarquía de Alfonso XIII y la instauración de la Segunda República. Y éste es el objetivo del presente estudio: mostrar cómo los primeros gobiernos republicanos fueron capaces de improvisar en pocas semanas una clase política que diera estabilidad a las instituciones, a la vez que desarrollaban una importante labor reformista.

PALABRAS CLAVE: Segunda república, clase política, administración pública, gobierno.

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Villalaín García, P.: "La elección de la clase política gobernante en los dos primeros gobiernos de la Segunda República española (Abril-Diciembre de 1931) ", en Contribuciones a las Ciencias Sociales, Septiembre 2013, www.eumed.net/rev/cccss/25/segunda-republica.html

1. Las bases de la elección de la clase política republicana

La instauración de la Segunda República, esperada con deseo por gran parte de la sociedad española a tenor de los resultados de las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931, obligó al Gobierno provisional republicano (presidido por Niceto Alcalá-Zamora tras su nombramiento por los integrantes del Comité que había conducido a republicanos y socialistas al triunfo electoral: Alejandro Lerroux, Fernando de los Ríos, Manuel Azaña, Santiago Casares Quiroga, Miguel Maura, Álvaro de Albornoz y Francisco Largo Caballero) y a los partidos que lo sustentaban (Acción Republicana, AR; Derecha Liberal Republicana, DLR; Partido Republicano Radical, PRR; Partido Republicano Radical-Socialista, PRRS; y Partido Socialista Obrero Español, PSOE) a improvisar una clase política que se pusiera inmediatamente al frente de la Administración y de las instituciones y organismos del Estado para garantizar su funcionamiento . En suma, lo que ha dado en llamarse de reos a gobernantes (recordemos que con motivo del frustrado levantamiento de Jaca, en diciembre de 1930, se encarcelaron a muchos de los que formarían el Gobierno provisional republicano, juzgados en marzo de 1931 en Consejo de Guerra: Alcalá-Zamora, Maura, De los Ríos, De Albornoz, Casares y Largo Caballero).

La supervivencia del nuevo modelo de Estado estaba en juego , sobre todo porque la nueva legalidad constitucional, aún vigente la monárquica instaurada en 1876 (interrumpida por el golpe de Estado del general M. Primo de Rivera que dio paso a más de seis años de dictadura, y no recuperada por los posteriores gobiernos del general D. Berenguer y del almirante J.B. Aznar), todavía tardaría unos meses en ser puesta al servicio de los ciudadanos. El régimen republicano debía empezar a funcionar de un día para otro, sin transición alguna y partiendo de una heredada estructura del Estado (y de su Administración), precisamente para que la educación, la cultura, la economía, la hacienda, los transportes, las relaciones exteriores, etc., no se vieran afectados.

            Una vida política al margen de las instituciones democráticas desde septiembre de 1923, cuando Primo de Rivera, en connivencia con el rey Alfonso XIII, dio un golpe de Estado, no era el punto de partida idóneo para que toda una clase política asumiera, sin solución de continuidad, los resortes del Estado en muy diferentes ámbitos. Una clase política que, dejando de conspirar en la ya abandonada oposición, debía hacerse cargo de la gestión de la Administración, empezando por la renovación de quienes habían estado al frente de los ministerios (ministros, subsecretarios, directores generales), y continuando por sus representantes en las provincias (gobernadores civiles), hasta otros muchos en los que esa misma Administración tenía competencias (gobernadores de bancos públicos, rectores universitarios, embajadores, capitanes generales de las regiones militares, etc.), sin olvidar su presencia en otras instituciones clave en un Estado democrático (Tribunal Supremo, Fiscalía General, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, etc.). Una clase política que, en general, y salvo excepciones, contaba con una muy limitada experiencia en el poder legislativo, y que ahora debía hacerse cargo del poder ejecutivo.

Una estructura administrativa que, manteniendo sus características básicas, sufrirá progresivamente modificaciones para adaptarse a las necesidades del nuevo régimen político (creación de unos ministerios y desaparición de otros, fundamentalmente). La reforma más importante fue la que introdujo la Ley de 1 de agosto de 1935, conocida como Ley de restricciones y publicada en la Gaceta de Madrid (en adelante, GM) el día 2, que autorizó al Gobierno para que, mediante decreto aprobado en Consejo de Ministros, reorganizara los diferentes servicios de cada uno de los ministerios, agrupándolos o reduciéndolos en cuanto fuera posible y variando su distribución entre los diversos ministerios, incluso disminuyendo el número de éstos, siempre que no supusiera incremento de gasto o de personal. Esta Ley, cuyo objetivo fue sanear la hacienda pública, iba firmada por el ministro de Hacienda, J. Chapaprieta, quien al presidir el gobierno formado el 25 de septiembre de ese año aplicó sus principios: unificó los ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Justicia en el de Trabajo y Justicia; los de Obras Públicas y de Comunicaciones en el de Obras Públicas y Comunicaciones; los de Agricultura y de Industria y Comercio en el de Agricultura, Industria y Comercio, y eliminó los dos sin cartera —redujo los 14 ministerios de su antecesor (Lerroux) a 9, y tuvo también efectos en la estructura interna de todos los ministerios, excepto en el de Marina, sobre todo suprimiendo o unificando direcciones generales —.

La propia Constitución de 1931 (Título VI, artículos 86-93) refrendará el ministerio como el órgano administrativo básico, admitiendo que haya ministros también sin cartera (al ministro se le exige en el artículo 89 que mientras ejerza sus funciones no desempeñe «profesión alguna, ni intervenir directa o indirectamente en la dirección o gestión de ninguna empresa ni asociación privada») . En cada uno de ellos, aunque con excepciones, y además de los puestos estrictamente políticos (ministros, subsecretarios y directores generales), otros de un perfil más profesional y menos sujeto a los cambios políticos (jefes de sección y jefes de negociado) —y en algún momento y ministerio, subdirecciones generales en apoyo a las direcciones generales o para sustituirlas—. Excepcionalmente nos encontramos —al no ser éste un estudio sobre la Administración, no se pretende recoger todos los cambios que ésta sufrió—, en el recientemente creado Ministerio de Comunicaciones, con el puesto de secretario general , cuya función fue implantar los organismos necesarios para la buena marcha administrativa del ministerio (GM de 6 de mayo de 1931). Asimismo, y tal y como ocurrió en el Ministerio de Fomento por una orden publicada en la GM el 26 de octubre de 1931, se creó el Gabinete del ministro, constituido por el subsecretario, los directores generales, los jefes de sección que decida el ministro y el jefe de la Asesoría Jurídica, y cuya función fue estudiar y preparar las disposiciones del ministro y suministrarle los datos e informes que solicitase .

            Para conocer hasta qué punto los nuevos gobernantes republicanos fueron capaces de hacerse rápidamente con el control del Estado, vamos a analizar los nombramientos que se efectuaron en diferentes ámbitos de la vida política , y que han sido citados anteriormente, como también su duración temporal, exponente de la estabilidad o inestabilidad política y, en consecuencia, de garantía de su gestión. Unos nombramientos que, en unos casos, pudieron responder a una elección meditada de los responsables políticos en su espacio de competencias, y, en otros, a una improvisación por la necesidad urgente de cubrir unos puestos que estaban en un heredado organigrama de la Administración del Estado (y rápidos cambios en algunos nombramientos, aunque fuesen por dimisiones de sus titulares, así parecen demostrarlo). Y temporalmente nos vamos a limitar a los que se produjeron en el periodo que va desde la instauración de la República (14 de abril de 1931) hasta la formación del primer gobierno posterior a la promulgación de la Constitución republicana (el formado por Azaña el 16 de diciembre de 1931). Un periodo de ocho meses en el que los nuevos gobernantes fueron capaces de dotarse de una clase política preparada para gestionar el conjunto de instituciones del Estado (civiles y militares), así como para celebrar unas elecciones generales (28 de junio) cuyo objetivo fue elegir un poder legislativo que elaborara una nueva Constitución (aprobada el 9 de diciembre). Un país con una Constitución aprobada por una inmensa mayoría de los diputados, y con un presidente de la República (Alcalá-Zamora) elegido un día después, quien encargó la formación de un nuevo gobierno a la misma persona (Azaña) que lo había presidido desde el 14 de octubre (un gobierno el de diciembre del que salió el PRR). Se había acabado la interinidad que, a juicio de algunos, podía haber supuesto la falta de un modelo político definido.

            La forma por la que hemos optado para presentar la información, fundamentalmente la que proporciona la fuente oficial por excelencia (la GM), es la de agrupar los nombramientos por funciones o categorías administrativas (ministros, subsecretarios, directores generales, gobernadores civiles, etc.), y no la de presentar conjuntamente los de todas ellos en cada uno de los días en que se produjeron, aunque sin renunciar a la lógica insistencia en las fechas en que más se concentraron, ya que éstas son exponente de la celeridad con que los nuevos gobernantes respondieron a la necesidad de dotarse de una clase política lo más estable posible.

En el estudio que nos ocupa sólo tendremos en cuenta los cambios producidos en la Administración civil del Estado, es decir, además de los de los ministros, los de los subsecretarios y directores generales (en una rápida comparación con la estructura actual echaríamos en falta, por ejemplo, los secretarios de Estado o los secretarios generales, y ya no digamos de la estructura autonómica), así como los discrecionales del Gobierno en otras instituciones (presidente del Tribunal Supremo, fiscal general de la República, gobernadores del Banco de España, del Banco de Crédito Local y del Banco Exterior de España, rectores de universidad, embajadores…), así como algunos de los relativos a la Administración militar (capitanías generales y divisiones orgánicas), en este caso por la importancia que podían tener para la propia supervivencia del nuevo régimen.

2. La clase política de la Administración Central del Estado

2.1. Presidente de los Gobiernos provisionales y ministros

Los primeros nombramientos no se hicieron esperar, ya que el 15 de abril, aunque la fecha de las disposiciones (mediante decretos) es el 14 , y además del presidente del Gobierno provisional (que asumía, igualmente, la Jefatura del Estado), también se publicaron en la GM los de varios ministros: en Estado, Lerroux (PRR); en Justicia, De los Ríos (PSOE); en Guerra, Azaña (AR); en Marina, Casares Quiroga (ORGA); en Gobernación, Maura (DLR); en Fomento, De Albornoz (PRRS); y en Trabajo, Largo Caballero (PSOE) . Un día más tarde (el 16) se publicó el de otros tres ministros de ese Gobierno provisional: en Hacienda, Indalecio Prieto (PSOE); en Instrucción Pública y Bellas Artes, Marcelino Domingo (PRRS); en Comunicaciones —de nueva creación—, Diego Martínez Barrio (PRR); y el 17, el del último, el de Economía Nacional, L. Nicolau d’Olwer (Partit Catalanista Republicà, PCR) , aunque los cuatro con fecha 15 de abril . Como vemos, este gobierno lo formaron tres ministros socialistas, dos radicales, dos radical-socialistas, dos de la DLR (incluyendo al presidente), uno de AR, un autonomista gallego (ORGA) y un autonomista catalán (PCR) .

De su presidente y 11 ministros, ninguno tuvo previa experiencia política en el mismo nivel de gestión, que no necesariamente ámbito competencial. Sólo su presidente (Alcalá-Zamora) tuvo experiencia ministerial: fue ministro de Fomento (noviembre de 1917 a marzo de 1918, en un total de 140 días) y de Guerra (diciembre de 1922 a mayo de 1923, en un total de 171 días). Obviamente, y dado el profundo cambio político (nada menos que de régimen), lo sorprendente habría sido que hubiera habido una continuidad entre la clase política de la Monarquía y la de la República . Y en el caso de Alcalá-Zamora, no debemos olvidar que su identificación con el republicanismo, sincero pero moderado, era muy reciente .

Ese Gobierno provisional promulgó inmediatamente (GM de 16 de abril) un decreto relativo a los criterios exigidos para el nombramiento de determinados cargos de la Administración (gobernadores civiles, directores generales, subsecretarios y otros de igual o superior categoría en el orden civil y judicial, todos ellos de libre designación por el Gobierno). La aplicación de su programa político exigía, a su juicio, el reconocimiento de su pleno derecho a no tener en cuenta en dichos nombramientos «los límites y restricciones de aptitud establecidos por el poder derribado, bajo cuyo mando se formaron escalafones y clientelas de servidores», por lo que, y hasta «que no se fijen por ley votada en Cortes requisitos de aptitud» —no se aprobó durante la República un estatuto de altos cargos de la Administración del Estado—, efectuaría libremente esos nombramientos basados en «aptitudes, méritos y entusiasmos no catalogados en casilleros oficiales, pero no menos positivos y valiosos». En consecuencia, el Gobierno se arrogó el pleno derecho a efectuar los nombramientos que deseara a partir de los méritos que estimara oportunos en cada caso —por otra parte, algo que venían haciendo los gobiernos monárquicos, y que continuaron otros hasta el tiempo presente—.

Este Gobierno provisional, el primero de los 19 gobiernos que hubo en la etapa republicana , se mantuvo estable hasta que en su seno surgieron importantes discrepancias en el proceso de discusión del proyecto de Constitución: los moderados Alcalá-Zamora y Maura lo abandonaron cuando se aprobaron los dos artículos (los que serían el 26 y 27) que establecían las relaciones entre la Iglesia y el Estado . Un gobierno que había superado el escollo de las elecciones constituyentes celebradas el 28 de junio, en las que no se reeditaron totalmente los pactos que habían permitido el triunfo de republicanos y socialistas en las municipales del mes de abril, pero que no pudo mantenerse ante la definición inequívoca de lo que serían algunas de las características identitarias del régimen republicano (por ejemplo, y ése fue el caso, la laicidad del Estado —el artículo 3 de la Constitución establecería que «El Estado español no tiene religión oficial»—). La primera consecuencia de esas dos dimisiones fue la formación de un nuevo gobierno en el que tan sólo se produjeron los cambios exigidos por esas dos dimisiones: Azaña sustituyó a Alcalá-Zamora en la presidencia del Gobierno provisional; Casares, a Maura en Gobernación, y a Casares le sustituyó J. Giral (AR) en Marina, el ministerio que había dejado vacante (el resto de ministros continuó en las mismas carteras). Y este gobierno se mantuvo sin cambio alguno hasta el límite temporal de nuestro estudio (la formación de uno nuevo tras la aprobación de la Constitución en diciembre de 1931, el formado el 16 de diciembre, del que la GM del día siguiente dio buena cuenta) .

Paradójicamente, los ceses de los ministros del último gobierno monárquico (el presidido por el almirante Juan Bautista Aznar) tardaron en publicarse oficialmente, ya que, aunque con fecha de 14 de abril, no aparecieron en la GM hasta el 28 de abril, conjuntamente en un mismo decreto (éste fue el segundo decreto de ese día, sólo precedido por el de la Presidencia del Gobierno provisional que indicaba que la bandera nacional sería la tricolor, la conocida a partir de entonces como la republicana).

2.2. Subsecretarios

Aunque el subsecretario tenía un cierto carácter administrativo , el perfil de quienes lo fueron durante la República concedió a este puesto un evidente signo político, independientemente de que no tuviera, al menos legalmente, el carácter de viceministro (de hecho, cuando el ministro se ausentaba se publicaba en la GM el nombramiento de la persona que le sustituía temporalmente, que podía ser el subsecretario o un director general, y en ocasiones otro ministro). Su nombramiento (y dimisión) lo efectuaba el ministro correspondiente mediante decreto .

El 15 de abril, y al igual que había ocurrido con el presidente del Gobierno provisional y con algunos ministros, se publicaron en la GM varios nombramientos básicos para poner en marcha la estructura administrativa del Estado, especialmente de subsecretarios (como veremos más adelante, también los de gobernador civil de Madrid y director general de Seguridad), como fue el caso de R. Sánchez-Guerra Sáinz (Presidencia del Consejo de Ministros) y M. Ossorio Florit (Gobernación); el 16, los de F. Agramonte Cortijo (Estado), F. Gordón Ordás (Fomento) y L. Araquistain Quevedo (Trabajo y Previsión); el 17, los de J. Azcárate Flórez (Justicia), I. Vergara Castrillón (Hacienda), D. Barnés Salinas (Instrucción Pública y Bellas Artes) y G. Abad Conde (Comunicaciones); el 18, el de J. Barbey Prats (Economía Nacional); y el 29 de julio, el de J.Á. Varela Vázquez (Marina). Diferente fue el caso de E. Ruiz-Fornells Regueiro (Guerra), quien ya lo era cuando Azaña se hizo cargo de ese Ministerio y al que confirmó (en cualquier caso, aparece su nombramiento en la GM el 5 de febrero de 1932) .

Como hemos podido observar, a los dos días de instaurarse la República ya estaban nombrados los once ministros del Gobierno provisional y su presidente (siete de ellos el día 14, y los otros cuatro el 15). Unos días más necesitaron los doce subsecretarios (incluimos entre ellos el de la Presidencia del Consejo de Ministros): dos se publicaron el 15 de abril, tres el 16, cuatro el 17, uno el 18, uno el 29 de julio y uno ya lo venía ocupando desde el último gobierno de la Monarquía .

Los subsecretarios entrantes y salientes, respectivamente, en cada ministerio fueron los siguientes. Presidencia del Consejo de Ministros: R. Sánchez-Guerra Sáinz y R. Ruiz Benítez de Lugo; Gobernación: M. Ossorio Florit y M. Marfil García; Estado: F. Agramonte Cortijo y D. de las Bárcenas y López-Mollinedo; Fomento: F. Gordón Ordás y E. O’Shea y Verdes-Montenegro; Trabajo y Previsión: L. Araquistain Quevedo y M. Colom Cardany; Hacienda: I. Vergara Castrillón y C. Badía Malagrida; Instrucción Pública y Bellas Artes: D. Barnés Salinas y A. Mompeón Motos; Comunicaciones: G. Abad Conde (no hubo subsecretario saliente por ser un ministerio de nueva creación); Economía Nacional: J. Barbey Prats y J. F. de Lequerica y Erquiza; Justicia: J. Azcárate Flórez y J. Martínez de Velasco; Marina: J.Á. Varela Vázquez; y Guerra: E. Ruiz-Fornells Regueiro (se mantuvo en el cargo).

Por ser menos conocidos políticamente algunos de ellos, recogemos una breve biografía de los subsecretarios nombrados por el Gobierno provisional de la República, destacando tanto su formación y su experiencia profesional previa (garantía de su idoneidad para esta función político-administrativa) como su trayectoria y experiencia política (previa a su nombramiento y a lo largo de la República):

  • R. Sánchez-Guerra (Presidencia del Consejo de Ministros): de profesión periodista, y miembro de la DLR, había sido elegido concejal en Madrid en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 . Previamente, este político (hijo del conservador José Sánchez-Guerra, que fue presidente del gobierno de marzo a diciembre de 1922) había sido diputado por el distrito de Jaca (Huesca) en la legislatura de 1923 bajo la etiqueta de conservador (legislatura interrumpida por el golpe de Estado del general Primo de Rivera en septiembre de ese mismo año). Tras la elección de Alcalá-Zamora como presidente de la República en diciembre de 1931, fue nombrado secretario general de la Casa oficial de la Presidencia de la República. En el exilio fue ministro sin cartera de uno de los gobiernos presididos por el republicano J. Giral (abril de 1946 a enero de 1947) .

 

  • M. Ossorio Florit (Gobernación): de profesión abogado, fue elegido diputado en las constituyentes de junio de 1931 por la circunscripción de Ciudad Real como miembro de la DLR (tras la escisión de este partido en enero de 1932, se integró en el PRC de Maura).
  • F. Agramonte Cortijo (Estado): diplomático de profesión, cuando le nombraron para el cargo de subsecretario ocupaba en el mismo Ministerio el puesto, desde abril de 1930, de secretario general de la Dirección General de Marruecos y Colonias.

 

  • F. Gordón Ordás (Fomento). nombrado subsecretario a la par que director general de Minas y Combustibles (de esta dirección dimitió el 28 de febrero de 1933), este miembro del PRRS era veterinario de profesión. Fue también, y simultáneamente durante un tiempo, director general de Ganadería e Industrias Pecuarias (cesó en mayo de 1932). Asimismo, formó parte del Comité Nacional de Combustibles y presidió el Consejo Superior Pecuario (diciembre de 1932). Fue ministro de Industria y Comercio en el gobierno que presidió Martínez Barrio de octubre a diciembre de 1933, el que puso fin al bienio reformador. Fue diputado por León en las tres elecciones republicanas (junio de 1931, noviembre de 1933 y febrero de 1936, en ésta como miembro de Unión Republicana en la candidatura del Frente Popular). Fue embajador en México (abril de 1936 a abril de 1939) y Cuba (a partir de mayo de 1938), y ya en el exilio, en Panamá y Guatemala. Además de ministro sin cartera en el gobierno de Giral en el exilio, también fue presidente del Gobierno en el exilio (en dos consecutivos, de octubre de 1951 a mayo de 1960; y en el primero, también ministro de Hacienda, y en el segundo, de Hacienda y de Acción en el Interior).
  • L. Araquistain Quevedo (Trabajo y Previsión): este periodista de profesión (dirigió las publicaciones socialistas Claridad y Leviatán) y piloto de la marina mercante estuvo ideológicamente ligado a las posiciones del socialista Largo Caballero, el ministro que le había nombrado subsecretario. Fue diputado en las tres legislaturas republicanas (en las elecciones de junio de 1931 fue elegido por Vizcaya capital y Valladolid —renunció a ésta—, y en las de noviembre de 1933 y febrero de 1936, en la de Madrid capital). Tras su dimisión como subsecretario (diciembre de 1931), fue nombrado en marzo de 1932 embajador en Alemania (también lo sería en Francia desde septiembre de 1936 a mayo de 1937).

 

  • I. Vergara Castrillón (Hacienda): este político republicano miembro de la azañista AR (y posteriormente de Izquierda Republicana —IR—) era jefe de administración de tercera clase del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado (y miembro de la Intervención General de la Administración del Estado y jefe de contabilidad del Consejo Superior de Ferrocarriles). De mayo de 1931 a mayo de 1933 fue consejero, en representación del Estado, de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA) y gobernador del Banco de Crédito Local (a partir de marzo de 1936). Fue diputado en la legislatura constituyente de 1931 y en la de 1936, en ambas ocasiones por Valladolid.
  • D. Barnés Salinas (Instrucción Pública y Bellas Artes): este republicano radical-socialista, que también sería ministro de este Ministerio en los gobiernos consecutivos presididos por Lerroux en septiembre de 1933 y por Martínez Barrio en octubre de ese mismo año, era un importante pedagogo seguidor de la Institución Libre de Enseñanza y profesor de la Escuela Superior de Magisterio y catedrático de la Universidad Central (doctor en Filosofía y Letras). En el momento de su nombramiento como subsecretario era director del Museo Pedagógico (en el que sustituyó por jubilación en marzo de 1930 a Manuel B. Cossío). Cesó como subsecretario en junio de 1933 al ser nombrado ministro de ese mismo Ministerio su hermano Francisco (en un gobierno presidido por Azaña). En diciembre de 1933 fue nombrado embajador en México, puesto del que dimitió en octubre de 1934. Tras las elecciones de febrero de 1936, el ministro Domingo le nombró, de nuevo, subsecretario de este mismo Ministerio, hasta que en mayo de ese año fue nombrado embajador en Cuba (dimitió en diciembre de 1936).

 

  • G. Abad Conde (Comunicaciones): catedrático de legislación mercantil española en la Escuela Profesional de Comercio de La Coruña cuando fue nombrado subsecretario (dimitió en diciembre de 1931), este miembro del PRR fue también presidente del Consejo de Estado (nombrado en enero de 1934) y ministro de Marina en un gobierno presidido por Lerroux (enero a abril de 1935). Durante muchos años fue un importante dirigente del lerrouxista PRR, que no abandonó cuando se produjo la escisión encabezada por Martínez Barrio en mayo de 1934. Su trayectoria política comenzó años antes de la instauración de la República, ya que, entre otros cargos, había sido alcalde de La Coruña (enero de 1918 a abril de 1919). Durante la República fue elegido diputado por Lugo en las elecciones a Cortes Constituyentes celebradas el 23 de agosto de 1931 (ya que por fraude electoral habían sido anuladas las de junio, en la que también se había presentado por La Coruña y en la que no había sido elegido). Posteriores intentos (elecciones de noviembre de 1933 y de febrero de 1936, en ambas por la circunscripción coruñesa, y en esta última elección, en la candidatura derechista) no tuvieron éxito. Asimismo, fue vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales (nombrado en julio de 1933) y presidente del Consejo de Estado (enero de 1934 a febrero de 1935) .
  • J. Barbey Prats (Economía Nacional): abogado y doctor en Derecho, e importante coleccionista de arte, dimitió del puesto de subsecretario el 23 de diciembre de 1931. Concejal en el Ayuntamiento de Barcelona en 1920 en representación de la Lliga Regionalista, fue candidato no electo en las elecciones constituyentes de junio de 1931 por Barcelona capital en las filas del PCR, al igual que en las autonómicas catalanas de noviembre de 1932 (en la candidatura de Concentración Catalanista Republicana).

 

  • J. Azcárate Flórez (Justicia): este abogado, cercano a la reformista ASR, fue subsecretario de este Ministerio hasta el 18 de diciembre de 1931 (también lo fue de Gobernación desde el 12 de octubre de 1933 al 24 de enero de 1934 en los gobiernos presididos por Martínez Barrio y Lerroux en octubre y diciembre de 1933, respectivamente, tras lo cual fue miembro del Consejo Ordenador de la Economía Nacional desde febrero a diciembre de ese mismo año). Fue diputado por León en la legislatura constituyente de 1931, y no reelegido en las elecciones de noviembre de 1933. Tras la disolución de la ASR participó en la fundación del Partido Nacional Republicano (liderado por F. Sánchez-Román). Asimismo, fue nombrado ministro de Estado en el gobierno de Martínez Barrio formado nada más producirse el golpe de Estado del general Franco en julio de 1936, y que no llegó a tomar posesión.
  • J.Á. Varela Vázquez (Marina): militar profesional, que cuando pasó a la reserva (julio de 1932) lo hizo con la graduación de capitán de navío (había dimitido del cargo de subsecretario en marzo de 1932).

 

  • E. Ruiz-Fornells Regueiro (Guerra): general de brigada de Infantería de Estado Mayor que continuó como subsecretario al llegar Azaña al Ministerio de la Guerra, cargo del que dimitió en febrero de 1933.

De estos doce subsecretarios, sólo éste (Ruiz-Fornells) tuvo experiencia previa en el mismo campo profesional, ya que como acabamos de indicar lo era en el mismo ministerio (Guerra) cuando le confirmó Azaña .

Como hemos visto en el caso de los ministros, la adscripción política de los subsecretarios fue muy variada: encontramos tres independientes (Agramonte, Varela y Ruiz-Fornells, la de estos dos últimos lógica, dada su condición de militares en activo), dos de la DLR (Sánchez-Guerra y Ossorio), dos radical-socialistas (Barnés y Gordón) un socialista (Araquistain), uno de AR (Vergara), un radical (Abad), uno del PCR (Barbey) y uno de la ASR (Azcárate). Y en siete casos hubo una total afinidad política entre los ministros y sus subsecretarios: Gobernación (DLR), Fomento (PRRS), Trabajo (PSOE), Instrucción Pública y Bellas Artes (PRRS), Economía Nacional (PCR) y Comunicaciones (PRR), además de en la Presidencia del Gobierno (DLR) —esta situación se produjo en los dos ministerios dirigidos por miembros del PRRS, en el único del PCR, y en uno del PSOE, de la DLR (el otro no era un ministerio, sino la presidencia del Gobierno provisional) y del PRR—. Los subsecretarios independientes lo fueron de los ministerios de Estado (PRR). Guerra (AR) y Marina (ORGA), y los dos restantes, uno de AR y otro de la ASR, de los ministerios de Hacienda (PSOE) y de Justicia (PSOE), respectivamente (hay que destacar que de los tres ministros socialistas, sólo Largo Caballero en Trabajo y Previsión eligió un subsecretario afín ideológicamente).

Algunos de estos subsecretarios duraron pocos meses en el cargo, y siempre lo dejaron por dimisión (así constaba en el correspondiente decreto publicado en la GM). Los dos primeros cambios estuvieron motivados por las ya citadas dimisiones de Alcalá-Zamora como presidente del Gobierno provisional y de Maura como ministro de la Gobernación en el proceso de discusión del proyecto de Constitución, y que exigió la formación de un nuevo gobierno, el primero de los cuatro gobiernos que presidió Azaña (14 de octubre de 1931) durante la República: fue el caso de Sánchez-Guerra (Presidencia del Consejo de Ministros) y de Ossorio Florit (Gobernación), ambos de la DLR, sustituidos, respectivamente, por E. Ramos Ramos (AR), abogado, quien entonces era diputado al haber sido elegido por Málaga provincia en las constituyentes de junio de 1931 (como lo sería por Madrid capital en las elecciones de febrero de 1936), y por C. Esplá Rizo, periodista, republicano independiente que pronto entraría en AR, también diputado en 1931 por Alicante (así como en 1936 por la misma circunscripción), ambos fieles seguidores de Azaña . El resto de subsecretarios, como ocurrió con los ministros, se mantuvo en sus puestos.

La formación del segundo gobierno Azaña (16 de diciembre de 1931), constituido tras la aprobación de la Constitución en diciembre de 1931 y la elección de Alcalá-Zamora como presidente de la República (y ya fuera del marco temporal que nos hemos fijado para este estudio), trajo consigo su renovación, ya sin ministros del PRR, así como un cambio en su estructura interna. Por estas razones, de los doce subsecretarios, cinco dejaron de serlo: Abad (Comunicaciones) y Azcárate (Justicia) dimitieron el 18 de diciembre; Barbey (Economía Nacional), el 23; Agramonte (Estado) fue destinado desde el 11 de enero de 1932 a la legación de España en Praga (Checoeslovaquia) como ministro plenipotenciario; y Gordón (Fomento) dejó su puesto (sin fecha determinada oficialmente). En estos cinco casos, sus dimisiones deben achacarse a los cambios de los titulares de los ministerios en los que desempeñaban sus funciones, fenómeno habitual en las remodelaciones ministeriales, máxime en puestos que exigen una plena identificación entre quienes los desempeñan: Abad, por la salida de Martínez Barrio, ambos del PRR; Azcárate, porque dejó de desempeñarlo De los Ríos; Barbey, porque lo hizo D’Olwer (el Ministerio de Economía Nacional dio paso al de Agricultura, Industria y Comercio); Agramonte, por la salida del gobierno de Lerroux; y Gordón, porque lo hizo De Albornoz (el Ministerio de Fomento pasó a denominarse de Obras Públicas).

Una dimisión que no debe achacarse a ese cambio de gobierno fue la de Araquistain (Trabajo y Previsión), ya que su ministro siguió siendo el mismo (Largo Caballero), dimisión que se produjo el 31 de diciembre, a partir de la cual pasó a desempeñar el puesto de embajador en Alemania . En consecuencia, se mantuvieron los dos nombrados tras la formación del primer gobierno de Azaña el 14 de octubre de 1931 (Ramos, en Presidencia; y Esplá, en Gobernación), así como los cuatro que lo habían sido por el Gobierno provisional (Barnés, en Instrucción Pública y Bellas Artes; Ruiz-Fornells, en Guerra; Varela, en Marina; y Vergara, en Hacienda) . Y los cinco nuevos subsecretarios fueron: Á. Galarza Gago (Comunicaciones), abogado, del PRRS —previamente, fiscal general de la República y director general de Seguridad, así como diputado por Zamora en la legislatura constituyente de 1931, y posteriormente en la de 1936, entonces en las filas del PSOE—; L. García-Alas y García-Argüelles (Justicia), catedrático, del PRRS —era rector de la Universidad de Oviedo y diputado por esa circunscripción en la legislatura de 1931—; S. Valiente Oroquieta (Agricultura, Industria y Comercio), ingeniero; T. Menéndez Fernández (Obras Públicas), agente comercial, del PSOE —y diputado por Oviedo en las legislaturas de 1931 y 1933, y que lo había sido por el distrito de Gijón en la de 1919—; y A. Fabra Ribas (Trabajo y Previsión), abogado y publicista, del PSOE, y que era hasta ese momento director general de Trabajo — puesto que también mantuvo hasta el 27 de diciembre de 1932—, y también diputado por Albacete en la legislatura constituyente de 1931.

De la misma forma que hubo rápidos nombramientos de subsecretarios por los nuevos ministros republicanos y socialistas, también se produjeron ceses inmediatos de los subsecretarios del último gobierno monárquico (J.B. Aznar) nada más tomar posesión los nuevos responsables ministeriales. En la GM del 16 de abril se publicaron los tres primeros ceses, que continuarían en días posteriores: ese día, los de Presidencia del Consejo de Ministros (Ruiz Benítez de Lugo), Estado (De las Bárcenas y López-Mollinedo) y Trabajo y Previsión (Colom Cardany); en la del 17, el de Hacienda (Badía Malagrida) y el de Gobernación (Marfil García); en la del 18, el de Fomento (O’Shea y Verdes-Montenegro, quien también era director general de Minas y Combustibles). En muy contadas ocasiones los gobernantes republicanos renovaron la confianza política (es de suponer que cuando lo hicieron fue porque la tenían profesional) de los subsecretarios que venían ocupando esa función desde el periodo monárquico: esa situación sólo se produjo en el caso ya citado del subsecretario de Guerra, Ruiz-Fornells, a quien Azaña le mantuvo en su puesto cuando se instauró la República (lo era desde febrero de 1931) .

2.3. Directores generales

La estructura de los distintos ministerios fue similar (subsecretaría y direcciones generales), aunque con notables diferencias en el número de éstas. Como hemos indicado, el Gobierno provisional republicano contó con once ministerios, que se mantuvieron a lo largo del periodo temporal considerado (14 de abril, la instauración de la República, a 16 de diciembre de 1931, la formación del primer gobierno tras la promulgación de la Constitución, presidido por Azaña) . Y en cada uno de ellos, sus correspondientes subsecretarías pero un número diferente de direcciones generales .

            Cuando los gobernantes republicanos se pusieron al frente de las instituciones y de la Administración del Estado, el número de direcciones generales que había en cada uno de los ministerios era el siguiente: en el de Presidencia, 3; en Gobernación, 4; en Estado, 0; en Fomento, 4; en Trabajo y Previsión, 3; en Hacienda; 7; en Instrucción Pública y Bellas Artes, 2; en Economía Nacional, 3; en Justicia, 2; en Marina, 1; y en Guerra, 2 (en total, 31). Pero una nueva estructura ministerial (por ejemplo, la creación del Ministerio de Comunicaciones, con tres direcciones generales: Correos, Telégrafos y Teléfonos y Navegación y Transportes Aéreos —ésta, luego de la de Aeronáutica Civil—) supuso el cambio de algunas de las competencias adscritas hasta entonces a un determinado ministerio, como también la asunción de nuevas funciones políticas y administrativas condujo a la creación de unas nuevas direcciones generales o a la unión de otras. Por estas razones, y en lo que se refiere a este periodo, varió en algunos ministerios el número de direcciones generales que acabamos de indicar: en el de Presidencia se perdió una, porque pese a perder dos (la del Instituto Geográfico y Catastral, que pasó al de Trabajo y Previsión) y la de Navegación y Transportes Aéreos (que pasó al de Comunicaciones) se creó una nueva (Turismo); el de Gobernación perdió una (la de Comunicaciones, cuyas funciones, pero con otra estructura, pasaron a ese nuevo ministerio); y Fomento ganó una (Ganadería e Industrias Pecuarias) —el de Trabajo y Previsión se mantuvo igual, aunque cambió el nombre de la de Estadística por su fusión con la del Instituto Geográfico y Catastral, que pasó a llamarse Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística—. Como hemos visto, se produjo una ligerísima modificación de ese número. En suma, un total de 33 direcciones generales en los comienzos de la República, de las que la mayoría se mantuvieron durante la vida de ésta, pero no todas, ya que hubo supresiones y fusiones .

            Las que hubo en los distintos ministerios desde el 14 de abril hasta el 16 de diciembre de 1931 fueron las siguientes:

  • Presidencia del Gobierno: Instituto Geográfico y Catastral (en la GM de 23 de abril se publicó el decreto por el que se unía con la de Estadística —dependiente del Ministerio de Trabajo y Previsión—, dando lugar a la del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística —que dependería del Ministerio de Trabajo y Previsión, pero que en octubre de 1931 pasó a depender de nuevo de la Presidencia del Gobierno —; Navegación y Transportes Aéreos (pasó a depender del Ministerio de Comunicaciones según decreto publicado en la GM el 21 de mayo de 1931, y a partir de otro de 3 de junio se denominó de Aeronáutica Civil); y Marruecos y Colonias . Y creación del nuevo gobierno republicano fue la de Turismo (asumió las funciones que hasta entonces dependían del Patronato de Turismo, organismo dependiente también de esa Presidencia).
  • Gobernación: Administración , Seguridad, Sanidad y Comunicaciones .
  • Estado: en este Ministerio no había ninguna en ese periodo.
  • Fomento: Obras Públicas; Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera; Minas y Combustibles ; Montes, Pesca y Caza ; y Ganadería e Industrias Pecuarias (creada por decreto publicado en la GM el 31 de mayo de 1931) .
  • Trabajo y Previsión: Trabajo ; Acción Social y Estadística (como hemos indicado, en la GM de 23 de abril se publicó el decreto por el que se unía con la del Instituto Geográfico y Catastral —hasta entonces en Presidencia del Gobierno—, dando lugar a la del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística —dependiente del de Trabajo y Previsión, y a partir de octubre de 1931, nuevamente de Presidencia del Gobierno—).
  • Hacienda : Aduanas; Timbre, Cerillas y Explosivos; de lo Contencioso; Deuda y Clases Pasivas; Propiedades y Contribución Territorial ; Rentas Públicas; y Tesoro Público .
  • Instrucción Pública y Bellas Artes: Primera Enseñanza y Bellas Artes .
  • Economía Nacional: Comercio y Política Arancelaria, Agricultura e Industria .
  • Justicia: Prisiones y Registros y Notariado .
  • Marina: Navegación, Pesca e Industrias Marítimas.
  • Guerra: Guardia Civil y Carabineros .
  • Comunicaciones: Correos , Telégrafos y Teléfonos y Navegación y Transportes Aéreos (hasta el 20 de mayo de 1931 dependió de la Presidencia del Gobierno, y a partir del 3 de junio se denominó de Aeronáutica Civil) .

El nombramiento del primer director general —el que podríamos considerar el tercer escalón de la Administración civil del Estado, tras ministros y subsecretarios— se publicó en la GM el 15 de abril: fue el de Seguridad (Gobernación), uno de los puestos clave de esa Administración por la responsabilidad que le cabía en los difíciles días iniciales del régimen republicano, puesto que recayó en C. Blanco Pérez (DLR), militar , quien sustituyó al general de brigada E. Mola Vidal (cesado el 14 de abril, según publicó la GM el 17, quien lo venía ocupando desde el 12 de febrero de 1930, pocos días después de la caída de la Dictadura de Primo de Rivera) .

En la GM del 16 se publicaron los nombramientos de otros cuatro directores generales: el de Administración (Gobernación), L. Recaséns Siches (DLR), abogado y catedrático de Filosofía del Derecho —sustituyó a A. Serrano Jover—; el de Minas y Combustibles (Fomento), F. Gordón Ordás, veterinario (PRRS) , que también era su subsecretario —sustituyó en ambos cargos a E. O’Shea y Verdes-Montenegro—; el de Obras Públicas (Fomento), J. Salmerón García (PRRS), ingeniero de minas —sustituyó a J. Perea Martínez—; y el de Trabajo (Trabajo y Previsión), A. Fabra Ribas (PSOE), publicista —sustituyó a F. Gómez Cano—.

En la del 17, hubo ocho nombramientos: el de Aduanas (Hacienda), A. Sacristán Colás (AR), catedrático de Derecho Mercantil —sustituyó a L. García Guijarro—; el de Timbre, Cerillas y Explosivos y representante del Estado en el Arrendamiento de Tabacos (Hacienda), R. de la Escosura y Matheu —sustituyó a J. Díaz Caneja—; el de los Registros y del Notariado (Justicia), A. Garrigues y Díaz-Cañabate (Independiente conservador), abogado —sustituyó a C. Ávila y Fernández de Henestrosa—; el de lo Contencioso (Hacienda), V. Casanueva Picazo (PSOE), abogado del Estado —sustituyó a V. Santamaría de Rojas—; el de Deuda y Clases Pasivas (Hacienda), A. Zavala y Lafora (DLR), abogado del Estado —sustituyó a A. Valgañón y Romero—; el de Acción Social (Trabajo y Previsión), F. Gómez Cano, abogado y escritor —sustituyó a J. Aragón Montejo—; el de Sanidad (Gobernación), M. Pascua Martínez (PSOE), médico —sustituyó a J.A. Palanca y Martínez-Fortún—; y el de Primera Enseñanza (Instrucción Pública y Bellas Artes), R. Llopis Ferrándiz (PSOE), pedagogo .

En la GM del 18 sólo se publicó un nombramiento de director general, el de Estadística (Trabajo y Previsión), H. de Castro Bonel (AR), matemático y físico . Según decreto publicado en la del 23 de abril, con esta Dirección General, en la que De Castro sustituyó a L. Varela y de la Cerda, se fundió la del Instituto Geográfico y Catastral, que dependía de la Presidencia del Gobierno (y cuyo último titular fue J. Álvarez Guerra), pasando a denominarse a partir de entonces Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística.

En la GM del 19 se publicaron dos nombramientos: el de Prisiones (Justicia), V. Kent Siano (PRRS), abogada —sustituyó a J. Betancort Cabrera—, la única directora general de todos los ministerios en el período considerado —en diciembre de 1933 se nombró a la segunda mujer, y última, que ocupó una dirección general durante la etapa republicana, C. Campoamor, la de Beneficencia (Trabajo y Previsión)—, y el de Montes, Pesca y Caza (Fomento), J.M.ª Giménez Quintana, ingeniero de montes —sustituyó a F. Lazcano y Morales de Setién—.

En la del 21 hubo dos nombramientos en el recientemente creado Ministerio de Comunicaciones: el de Correos, A. Nistal Martínez (PSOE), funcionario de correos , y el de Telégrafos y Teléfonos, M. Hernández Barroso (AR), funcionario de telégrafos . Las competencias de estas dos direcciones generales residían, previamente, en la de Comunicaciones, dependiente del Ministerio de la Gobernación, y asumidas por J. Barriobero y Armas, barón de Río Tovía.

En la del 22, otros dos nombramientos, en esta ocasión en el Ministerio de Economía Nacional: el de Comercio y Política Arancelaria, M. Reventós Bordoy (PCR), economista y abogado —sustituyó a J. Pan de Soraluce y Español—, y el de Industria, F. Cuito Canals (PCR), ingeniero —sustituyó a M. Casanova Conderana—.

En la del 23, tres nuevos nombramientos: el de Propiedades y Contribución Territorial (Hacienda), A. Zavala y Lafora (DLR), abogado del Estado , que hasta entonces lo era de Deuda y Clases Pasivas —sustituyó a J. de Lara y Mesa—; el de Navegación y Transportes Aéreos (Presidencia del Gobierno), L. Riaño Herrero, militar —sustituyó a A. Kindelán y Duany, también vicepresidente del Consejo Superior de Aeronáutica—; y el nuevo de Deuda y Clases Pasivas (Hacienda), M. Tejero Manero (AR), abogado —sustituto del citado Zavala—.

En la del 24, otros tres nombramientos y una confirmación: el de Turismo (Presidencia del Gobierno), C. Rodríguez Porrero, registrador de la Propiedad ; Bellas Artes (Instrucción Pública y Bellas Artes), R. de Orueta Duarte (AR), historiador del arte —sustituyó a J.J. Herrero—; el de Agricultura (Economía Nacional), A. Pérez Torreblanca (PRRS), abogado —sustituyó a G. Fernández de Córdova y Morales, marqués de Ruchena —; y la confirmación del titular, en el Ministerio de Trabajo y Previsión, de la fusión de las ya citadas Direcciones Generales del Instituto Geográfico y Catastral y de Estadística (a partir de entonces Dirección General del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística), H. de Castro, ya nombrado anteriormente en la de Estadística.

En la del 28, sólo un nombramiento: el de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera (Fomento), A. Velao Oñate (AR), ingeniero de caminos, canales y puertos —sustituyó a M. Becerra Fernández—.

Tras unos días sin ningún nombramiento de director general publicado en la GM, el 7 de mayo volvió a publicarse uno nuevo, el de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas (Marina), que recayó en A. Cal y Díaz, coronel de ingenieros —sustituyó al contraalmirante L. de Ribera y Uruburu—.

Hubo que esperar al 14 de mayo para encontrar otro nombramiento de director general, el de Seguridad, en este caso por la dimisión del que había sido nombrado nada más proclamarse la República (C. Blanco Pérez al ser nombrado presidente de la Sala de Justicia Militar del Tribunal Supremo, cargo al que renunció pocos días después, el 28 de mayo). El nuevo director general, el abogado Á. Galarza y Gago (PRRS), era hasta ese momento Fiscal General de la República, uno de los primeros nombramientos publicados en la GM (el 16 de abril) .

Hasta la GM del 26 de mayo no volvemos a encontrarnos con más nombramientos, en esta ocasión con motivo de una reorganización interna: R. de la Escosura y Matheu , que era director general del Timbre, Cerillas y Explosivos, pasó a serlo de Rentas Públicas (Hacienda) —sustituyó a A. Becerril y Lagarda—, y la dirección general que dejó vacante la asumió, junto con la representación del Estado en el Arrendamiento de Tabacos, A. García-Valdecasas y García-Valdecasas (ASR), catedrático de la Universidad de Salamanca . En la del 27 se publicó el nombramiento del de Navegación y Transportes Aéreos (Comunicaciones), que recayó en A. Álvarez-Buylla y Godino, capitán de artillería, y en la del 28, el del nuevo director general de Acción Social (Trabajo y Previsión), el escritor J. Bergamín Gutiérrez —sustituyó al dimitido Gómez Cano—, también nombrado ese mismo día inspector general de Seguros y Ahorros .

Una nueva dirección general, la de Ganadería e Industrias Pecuarias (Fomento), se creó por decreto de 30 de mayo (GM de 31), asumiendo funciones que hasta entonces estaban repartidas en diversos ministerios (Instrucción Pública y Bellas Artes, Gobernación, Economía Nacional y Guerra), asumiendo provisionalmente sus funciones el subsecretario del ministerio, Gordón Ordás —se mantuvo en el cargo hasta el 4 de mayo de 1932, en que fue sustituido por F. Saval Morís—.

Y la última dirección general que en este periodo renovó a su director fue la de Marruecos y Colonias, en la persona del diplomático A. Cánovas Ortega, su subdirector previo, según la GM de 19 de junio —sustituyó a J. López Oliván—.

Hay una dirección general que no hemos mencionado entre ceses, dimisiones y nombramientos, la del Tesoro Público (Hacienda), y ello porque su director general se mantuvo en el puesto tras el cambio de régimen: A. Forcat Ribera, catedrático de la Escuela Central Superior de Comercio, lo ocupaba desde febrero de 1930, nada más caer la Dictadura de Primo de Rivera, quien se mantuvo hasta octubre de 1935, cuando Chapaprieta, ministro de Hacienda, le nombró para ocupar la Dirección General del Tesoro y de Seguros —producto de la fusión de las del Tesoro y de Seguros y Ahorro—. Éste fue un hecho excepcional, ya que la regla general fue, como estamos comprobando, la de sustituir a los directores generales de los dos últimos gobiernos monárquicos (los de Berenguer y Aznar) por otros afines a los gobernantes republicanos.

También se mantuvo durante cierto tiempo el director general de la Guardia Civil (Guerra), el teniente general J. Sanjurjo Sacanell, que lo ocupaba desde noviembre de 1928 y que lo desempeñaría hasta febrero de 1932, en que pasó a hacerse cargo de la Dirección General de Carabineros —le sustituyó en la de la Guardia Civil el general de división M. Cabanellas Ferrer —. Y hasta que Sanjurjo se hizo cargo de esta otra dirección general, la ocupó interinamente el general de división E. Soler Pacheco, que era su subdirector, quien lo venía haciendo desde junio de 1931.

De todos estos datos podemos concluir que a finales de abril de 1931, en el plazo de quince días desde que se había proclamado la República, la GM había publicado el nombramiento de un total de 26 directores generales (el 78,8%), cifra que aumenta hasta 28 si lo que consideramos es el total de los que para entonces ejercían sus funciones, ya que otros 2 se mantuvieron en sus puestos desde la etapa monárquica (en total, el 84,8%). En definitiva, una rápida asunción de funciones para que comenzase a funcionar la estructura administrativa del Estado.

Si lo que tenemos en cuenta es la fecha de esos nombramientos en cada uno de los ministerios, podemos observar que el más rápido en hacerlo fue el de Gobernación (la GM ya había publicado el de sus tres directores generales el 17 de abril), seguido del de Trabajo y Previsión (los tres, ya el 18 de abril), del de Justicia (los dos, ya el 19 de abril), el de Comunicaciones (sus dos nuevos directores generales iniciales, el mismo día, el 21 de abril) y los de Instrucción Pública y Bellas Artes y Economía Nacional (ambos, ya el 24 de abril, aquél el de sus dos directores, y éste, de sus tres). Al mes de mayo debieron esperar el de Fomento (de sus cinco directores generales, cuatro habían sido nombrados en abril, y uno el 31 de mayo), el de Hacienda (de sus siete directores, cuatro lo fueron rápidamente, el 17 de abril, uno el 23, otro el 25 de mayo y otro se mantuvo de la etapa monárquica) y el de Marina (el 7 de mayo). Y al mes de junio, el de Presidencia (uno el 23 de abril —el que poco después se integraría en el Ministerio de Comunicaciones—, otro el 24, y un tercero el 19 de junio) y el de Guerra (uno de sus dos directores generales se mantuvo desde gobiernos anteriores, y el otro, aunque con carácter interino, se renovó en junio). En suma, la rapidez en sus nombramientos fue la característica de casi todos los ministerios, pero muy especialmente del de Gobernación, algo lógico si tenemos en cuenta las características de sus competencias, máxime en una coyuntura política tan trascendente como era la de un cambio de régimen.

No hemos llegado a conocer la adscripción política de algunos directores generales (ocho), pero a pesar de ello, y con la cautela que debemos tener en cuenta por ese hecho, podemos establecer dos conclusiones (en lo que se refiere a los primeros nombramientos, no a las sustituciones por rápidas que fueran): la primera, que exceptuando al PRR, que no tuvo ningún director general (posiblemente afines lo fueran algunos de los que no hemos identificado), tuvieron la misma presencia (cinco) quienes eran miembros de AR, del PRRS y del PSOE, que sólo por poco superaron a los de la DLR (cuatro) —de los restantes, dos eran del PCR y los otros cuatro militares—. Cuando se produjeron cambios por dimisiones, la fuerza política que más perdió fue la DLR, lo que le ocurrió en tres ocasiones, direcciones generales que fueron a parar a miembros de AR, PRRS y PSOE—en una ocasión, un militar fue sustituido por otro; y tres no identificados lo fueron por otros dos en las mismas condiciones y por uno de la ASR—.

Y la segunda, que los ministros no reclutaron mayoritariamente a miembros de sus partidos para ocupar las direcciones generales —indicamos ministerio, ministro, partido al que pertenecía y directores generales que lo fueron de éste frente al total del ministerio—: en Presidencia (al frente, Alcalá-Zamora, de la DLR), 0 de 2; en Gobernación (Maura, DLR), 2 de 3; en Fomento (De Albornoz, PRRS), 3 de 5; en Trabajo y Previsión (Largo Caballero, PSOE), 1 de 3; en Hacienda (Prieto, PSOE), 1 de 7; en Instrucción Pública y Bellas Artes (Domingo, PRRS), 0 de 2; en Economía Nacional (D’Olwer, PCR), 2 de 3; Justicia (De los Ríos, PSOE), 0 de 2; en Marina (Casares, ORGA), 0 de 1; en Comunicaciones (Martínez Barrio, PRR), 0 de 3; y en Guerra (Azaña, AR), 0 de 2 —en Estado, a cuyo frente estaba Lerroux, del PRR, no había ninguna dirección general en este periodo—. Como hemos visto, los ministros que más confiaron en miembros de sus partidos fueron Maura y D’Olwer (el 67%) y De Albornoz (el 60%), y los que menos, Alcalá-Zamora, Domingo, De los Ríos, Casares, Martínez Barrio y Azaña (todos ellos, el 0%) y Prieto (el 14%). En suma, de nueve ministerios (excluimos el de Estado, que no tenía direcciones generales, y a los dos militares (Marina y Guerra), en cinco no hubo ningún director general que fuera miembro del mismo partido que el de su ministro. Y esta situación tampoco varió cuando hubo cambios de directores generales en tres ministerios (en Gobernación, los de Administración y Seguridad; en Trabajo y Previsión, el de Acción Social; y en Comunicaciones, el de Navegación y Transportes Aéreos), aunque en el de Hacienda  la situación fue más plural (el cambio de los titulares de las direcciones generales del Timbre, Cerillas y Explosivos, de Deuda y Clases Pasivas y de Rentas Públicas no supuso que fueran nombrados personas del mismo partido que el ministro, el socialista Prieto, mientras que en la de Propiedades y Contribución Territorial sí fue nombrado un director general socialista) —en una ocasión, el director general saliente de Seguridad lo era del mismo partido que el ministro (Maura, DLR), pero fue sustituido por otro de una diferente fuerza política (PRRS)—.

No todas las direcciones generales tuvieron la misma estabilidad: de las 33 citadas, ocho tuvieron dos directores generales en el periodo considerado (Acción Social, Administración, Deuda y Clases Pasivas, Navegación y Transportes Aéreos, Propiedades y Contribución Territorial, Rentas Públicas, Seguridad y Navegación, Pesca e Industrias Marítimas) y una tuvo tres (Timbre, Cerillas y Explosivos). Como se puede observar, el ministerio más afectado por estos cambios fue el de Hacienda, que asumió casi la mitad de ellos. Las 24 restantes tuvieron un único director general en este periodo, aunque con una duración muy diferenciada entre ellos, por ejemplo, la que va desde la formación del nuevo gobierno tras la aprobación de la Constitución hasta el caso excepcional, y ya citado, del director general del Tesoro Público (Forcat). Una gran duración en el cargo la tuvo también el de Rentas Públicas (Lara Mesa), desde que sustituyó a Escosura en mayo de 1931 hasta septiembre de 1936.

Un fenómeno excepcional fue que algún alto cargo ministerial asumiera más de una función político-administrativa (no consideramos como tal a una sustitución temporal, por ejemplo, cuando un ministro se ausentaba de España y era sustituido por otro ministro o por su subsecretario, o cuando éste lo era por algún director general de su ministerio): ocurrió en el caso de Gordón Ordás (Fomento), quien fue simultáneamente, y durante unos meses, subsecretario y director general de Minas y Combustibles y de Ganadería e Industrias Pecuarias.

La crisis gubernamental de octubre de 1931, que supuso la salida del gobierno de Alcalá-Zamora y Maura, tuvo un escaso efecto en los titulares de las direcciones generales, tanto en las que dependían de éste (Gobernación), como en las de los demás ministerios. En el caso de Gobernación, sólo uno de ellos (Recaséns, en la de Administración) dimitió de su puesto —para entonces ya era diputado por la circunscripción de Lugo—, decisión que debemos enmarcar en el hecho de que ambos eran miembros de la misma formación política, la DLR —y que pocos meses más tarde coincidirían en el PRC creado por el propio Maura—. Y otras dos dimisiones coincidentes en el tiempo se produjeron en Hacienda: García-Valdecasas (Timbre, Cerillas y Explosivos) y Zavala (Rentas Públicas), aquél de la ASR y éste de la DLR.

La experiencia adquirida por algunos de estos directores generales les sirvió para continuar su actividad en niveles políticos más altos durante la etapa republicana: fue el caso de siete de ellos, de los que cinco fueron nombrados subsecretarios, y tres, ministros (uno de éstos, fue previamente su subsecretario), no siempre en el mismo ministerio. Subsecretarios fueron Lara y Mesa (en Hacienda —entre septiembre de 1933 y marzo de 1934, y entre enero y febrero de 1936—, habiendo sido director general de Propiedades y Contribución Territorial y de Rentas Públicas en ese mismo ministerio), Recaséns (en Agricultura, Industria y Comercio —entre febrero y septiembre de 1936—, habiendo sido director general en el de Gobernación), Galarza (en Comunicaciones —entre diciembre de 1931 y enero de 1933—, habiéndolo sido en Gobernación), Salmerón (en Agricultura, Industria y Comercio —durante unos días del mes de mayo de 1933—, habiéndolo sido en el de Fomento/Obras Públicas), Velao (en Obras Públicas —febrero a mayo de 1936—, habiéndolo sido en el de Fomento/Obras Públicas) y Fabra (en Trabajo y Previsión —a partir de enero de 1932, y a la vez siguió siendo director general—, habiéndolo sido en el mismo ministerio) —recordemos que hubo un director general, Gordón Ordás, que ejerció simultáneamente desde su nombramiento funciones de subsecretario y de director general—. Y ministros lo fueron el propio Gordón, en Industria y Comercio —entre octubre y diciembre de 1933, en un gobierno presidido por Martínez Barrio—; Velao, en Obras Públicas —entre mayo y septiembre de 1936, en dos gobiernos presididos por Casares y Giral— (y previamente, su subsecretario), y Zavala, en Hacienda —entre abril y mayo de 1935, en un gobierno presidido por Lerroux— .

2.4. Gobernadores civiles

Uno de los puestos clave para asegurar que la gobernación del país estaba efectivamente en manos de republicanos y socialistas fue el de gobernador civil, dependiente del Ministerio de la Gobernación (de los ministros Maura y Casares, respectivamente, en los dos gobiernos del periodo considerado) . Por esta razón, en los primeros días de ejercicio del poder por el Gobierno provisional se publicó en la GM del 17, aunque con fecha de 14 de abril, el cese de los 50 gobernadores civiles (en un mismo decreto conjunto para todos ellos), y ese mismo día, a continuación, y con fecha de 16 de abril, el nombramiento de 40 nuevos para sustituirles —recordemos que el de Madrid se publicó el 15 de abril —: Albacete, Arturo Cortés Ortiz (AR); Alicante, V. Sales Musoles (DLR); Almería, M. Ruiz Maya (PRRS); Badajoz, F. Aranda Millán (DLR); Burgos, G. Villarias López (PRRS); Cáceres, A. Tuñón de Lara (PRR); Cádiz, J. González y Fernández de Labandera (PRR); Ciudad Real, M. Pastor Orozco (DLR); Córdoba, V. Marco Miranda (Partido Unión Republicana Autonomista — PURA—, la versión valenciana del PRR); La Coruña, J. García Labella (AR); Cuenca, M. García-Rodrigo López (DLR); Gerona, E. Izquierdo Jiménez (PRR); Granada, R. González-Sicilia y de la Corte (PRR); Guadalajara, G. González Taltabull (PRR); Guipúzcoa, R.M.ª Aldasoro Galarza (PRRS); Huelva, V. Maeso Miralpeix (DLR); Huesca, V. Rivera Gallo (PRR); Jaén, V. Rubio Chávarri (DLR); León, M. Peñalba Alonso de Ojeda (AR); Lérida, J. Puig d’Asprer (PRR); Lugo, J. Calviño Domínguez (ORGA); Málaga, A. Jaén Morente (DLR); Murcia, A. Torres Roldán (independiente); Navarra, J. Ruiz del Río (PRRS); Orense, J. Poza Juncal (Federación Republicana Gallega, FRG); Oviedo, P. Vargas Guerendiain (PRRS); Palencia, J. Jorge Vinaixa (PRR); Pontevedra, V. Varela Radío (FRG); Salamanca, J. Escudero Bernícola (PRRS); Santander, E. Palomo Aguado (PRRS); Segovia, J. Fernández Conde (DLR); Sevilla, A. Montaner Castaño (PRR); Soria, M. Joven Hernández (PRRS); Tarragona, R. Noguer i Comet (PRRS); Toledo, J.M.ª Semprún Gurrea (DLR); Valencia; J. Centeno González (DLR); Valladolid, J. Guardiola Ortiz (independiente); Vizcaya, J. Martínez-Aragón y Carrión (AR); Zamora, J. Moreno Galvache (PRRS); y Zaragoza, M. Lorente Atienza (PRR).

El día 20 sólo se publicaron la dimisión de un recién nombrado gobernador civil y el nombramiento de los de algunas provincias que todavía estaban vacantes. La dimisión fue la de Sales Musoles (Alicante), quien fue sustituido por J. García-Berlanga Pardo (PURA), y los nombramientos de P. del Pozo Rodríguez (AR), en Ávila; F. Carreras Reura (AR), en Baleares; F. Escolá Besaba (AR), en Castellón; y L. Martín Echeverría (AR), en Logroño.

El día 22 se publicaron otros nombramientos de gobernadores civiles: en Alicante, y sólo dos días después de haber sido nombrado el anterior, ahora lo fue el tercero, M. Guillén Cózar (PURA); en Gerona, A. de Quintana y León (ERC); y en Santa Cruz de Tenerife, E. Izquierdo Jiménez (PRR), que dejó de serlo en Gerona.

En la GM del 24, algunos de los que faltaban por publicarse: en Barcelona, L. Companys, ERC) ; en Las Palmas, J. Pérez Molina (PRR); en Teruel, J. Ninet Vallhonrat (PRR); en Gerona, J. Simó Bofarull (PRR) —como consecuencia de la renuncia de su hasta entonces titular, Quintana de León, nombrado dos días antes—, como también se publicó la renuncia del quien había sido de Alicante (J. García-Berlanga y Pardo, PURA).

Y el 29 se publicó el decreto, aunque con fecha del 27, que recogía el nombramiento del último gobernador civil, el de Álava, G. Martínez de Aragón Urbistondo (AR) .

Como hemos visto, en un reducido plazo de 15 días estaban nombrados todos los gobernadores civiles, unos cargos públicos entre los que había quienes podían presumir de una sólida formación intelectual o profesional para su desempeño —muchos eran abogados—, y otros en los que primaban sus lealtades políticas por encima de otros criterios —recordemos que estamos en plena euforia social y política por la instauración de la República y la caída de la Monarquía—, y que eran merecedores del cargo por la presión de los ministros de cada partido y por la cuota que pudiera corresponderles —la trayectoria republicana era un activo político para muchos de ellos—. En suma, unos agentes políticos de los distintos partidos en las provincias —ninguno del PSOE, no sólo en el periodo considerado sino durante toda la República, tal vez por no querer encargarse de los asuntos de orden público—, con una clara influencia en la vida municipal, y, cómo no, en los procesos electorales, con la elección de las Cortes constituyentes a la vista (el 28 de junio de 1931). Pero tan rápidos nombramientos no deben impedir el reconocimiento de que la inestabilidad de sus titulares fue una de sus características, y no sólo inicialmente . Y un ejemplo preciso es que para el día en que la GM publicó el último de sus nombramientos (el 29 de abril) ya se habían producido cuatro cambios por dimisiones de algunos de los gobernadores. Fue el caso de dos gobernadores de Alicante (Sales Musoles dimitió el 18 de abril —su nombramiento tuvo fecha de 16 de abril—, y su sustituto, García-Berlanga, dimitió el 21 de abril —su nombramiento, el 18—) y de otros dos de Gerona (Izquierdo Jiménez dejó su puesto el 21 de abril —nombrado el 16— al pasar a desempeñar las mismas funciones en el de Santa Cruz de Tenerife, y su sustituto, De Quintana y de León, renunció el 23 de abril —nombrado el 21—).

Si estos dos gobiernos civiles (Alicante y Gerona) fueron los más inestables en esos primeros días de formación de la estructura del Estado en el ámbito provincial, otros también lo fueron a lo largo de los ocho meses que estamos considerando (desde la instauración de la República hasta la formación del primer gobierno tras la aprobación de la Constitución). Y si lo que tomamos en consideración es la totalidad del periodo republicano, considerado desde abril de 1931 hasta el golpe de Estado militar de julio de 1936, las provincias en las que hubo más inestabilidad —sólo indicamos los de 15 o más— fueron Huelva y Jaén (19 gobernadores civiles), Huesca (18), Alicante y Almería (17), Toledo (16) y Cádiz (15); y los que menos —10 o inferior— Las Palmas, Madrid, Salamanca y Valladolid (7), Málaga, Segovia y Valencia (9) y Zamora (10).

Resumidamente, los primeros 50 gobernadores civiles pertenecieron a los siguientes partidos: 15 al PRR (30%) —en las tres provincias aragonesas, en las dos canarias, en cinco andaluzas y en dos catalanas, principalmente—, 11 al PRRS (22%) —en cinco de las entonces castellanas y leonesas, especialmente—, 9 a AR (18%) —repartidos por todo el país—, 9 a DLR (18%) —repartidos también por todo el país, aunque con mayor presencia en territorio manchego—, 3 a FRG-ORGA (6%) —todos en provincias gallegas—, 1 a ERC (2%) —en una provincia catalana— y 2 independientes (4%). En cualquier caso, debemos tener en cuenta que la validez de estos datos fue efímera, ya que en muy pocos días hubo cambios en sus titulares: el caso más significativo, el citado de Sales Musoles (Alicante), nombrado el 16 de abril y que renunció el 18, de la misma forma que su sustituto, García-Berlanga, sólo duró en el cargo entre ese día 18 y el 21; sin olvidar un tercer caso, el de Izquierdo Jiménez (Gerona), nombrado el 16 de abril y dimitido el 21, aunque en este caso para pasar al de Santa Cruz de Tenerife. Como se desprende de esos datos, no hay una relación directa entre la importancia de las fuerzas políticas en el ámbito nacional con el número de gobernadores civiles que les correspondieron, máxime si tenemos en cuenta que no hubo ninguno del PSOE, el partido con mayor implantación.

Como ya hemos indicado, la estabilidad en el puesto no fue precisamente una de las características de los primeros gobernadores civiles, y para ello no hay más que comprobar cuántos hubo en cada una de las provincias durante los dos gobiernos previos al formado tras la aprobación de la Constitución. Muy diversas son las causas que explican esa inestabilidad, que resumimos en tres de carácter político —independientemente de las que con carácter individual pudieran aplicarse a cada gobernador civil—: la quema de conventos en mayo, la crisis del primer gobierno provisional en octubre (con las salidas de Alcalá-Zamora y Maura) y la formación del primer gobierno constitucional en diciembre (del que salió el PRR).

Si tenemos en cuenta las fechas de algunos cambios, siempre presentados en los decretos publicados en la GM como dimisiones, los gobernadores civiles que abandonaron sus puestos tras la quema de conventos fueron seis: González Taltabull, PRR (Guadalajara); Maeso Miralpeix, PRR (Huelva); Marco Miranda, PURA (Córdoba); González y Fernández de Labandera, PRR (Cádiz); Jaén Morente, DLR (Málaga), y Torres Roldán (independiente (Murcia) —de los seis, sólo González Taltabull ocupó inmediatamente otro gobierno civil, el de Cádiz—.

Tras la crisis gubernamental de octubre, sólo se produjeron doce cambios, también oficialmente dimisiones según la GM, aunque no todos deben ser achacados a esa causa, tanto por el hecho de producirse para cubrir vacantes originadas en otros gobiernos civiles por verdaderas dimisiones de carácter político, como por la militancia de algunos de esos gobernadores civiles —sí deben serlo los siete de la DLR, el partido al que pertenecían los dos dimisionarios gubernamentales, y posiblemente el independiente—: Rubio Chávarri, DLR (Alicante); Palencia y Álvarez-Tubau, PRRS (Almería), que pasó al de Guadalajara; Montilla Escudero, AR (Badajoz), que pasó al de Zaragoza; Calviño Domínguez, ORGA (Pontevedra); Lafora García, DLR (Guadalajara);  Fernández de Valderrama y San José, independiente (Toledo); Pardo Urdapilleta, DLR (Zaragoza); Cajal Sarasa, DLR (Baleares); Fernández Conde, DLR (Oviedo); Semprún Gurrea, DLR (Santander); González-Parrado y de Llano, DLR (Segovia); y Castro Casal, PRF (Vizcaya). Estas dimisiones no impidieron que se mantuvieran en el puesto gobernadores civiles que eran de la DLR (Alicante, Cáceres, Murcia y Navarra) y que se nombrara uno de esa misma militancia (V. Almagro San Martín, en Alicante).

En lo que se refiere a los efectos de la formación del primer gobierno propiamente constitucional, su principal característica fue que el PRR abandonó el gobierno (lo hicieron Lerroux y Martínez Barrio). Esta decisión tuvo sus efectos inmediatos en los gobernadores civiles de esa militancia, ya que dejaron de serlo tres: Rubio Fernández (Valencia), Martínez de Elorza y Otero (Salamanca) y Rubio Carrión (Santa Cruz de Tenerife). Y también la tuvo en los que todavía quedaban de la DLR: León Benito (Cáceres), Cano López (Huelva), Borrero y Álvarez-Mendizábal (Murcia) y Bandrés Azcue (Navarra). Por otras causas, también dejaron de serlo tres miembros de AR (Vázquez Humasqué, Jaén; Andrés Casaus, Segovia; y Doporto Marchori, Ciudad Real, que pasó al de Valencia) y otros tres del PRRS (Garcitoral, Cuenca; Galarza Gago, Guipúzcoa; y López Andueza, Huesca). Por último, la misma situación se produjo en un independiente, García de la Barga (Granada).

Independientemente de las causas en cada uno de los tres momentos de cambio indicados, los ministros de la Gobernación (Maura y Casares) fueron capaces en todas esas ocasiones de nombrar inmediatamente gobernadores civiles cuando se produjeron vacantes, bien trasladándolos de unas provincias a otras o incorporando unos nuevos.

Para conocer el grado de estabilidad o inestabilidad, veremos a continuación que hubo una provincia que tuvo seis gobernadores civiles en el periodo considerado, una con cinco, seis con cuatro, dieciocho con tres, quince con dos y nueve con una.

La provincia que tuvo seis gobernadores civiles fue:

  • Alicante: a los ya citados Sales Musoles (DLR), abogado , y García-Berlanga (PURA), abogado , hay que añadir otros cuatro gobernadores más: M. Guillén Cózar (PURA) —entre el 21 de abril y el 19 de mayo—; E. Bordanove Tarrasó (DLR, y después en el PRP de Alcalá-Zamora) —19 de mayo a 10 de julio—; V. Rubio Chávarri (DLR), abogado —10 de julio, procedente del de Jaén, a 24 de octubre—; y V. Almagro San Martín (DLR, y luego en el PRP) —24 de octubre a 15 de junio de 1932—.

Con cinco:

  • Gerona: E. Izquierdo Jiménez (PRR), abogado —16 a 21 de abril, en que pasó al de Santa Cruz de Tenerife—; A. de Quintana y de León (ERC), abogado —21 a 23 de abril, en que renunció—; J. Simó Bofarull (PRR), abogado —23 de abril a 10 de julio—; S. Comas d’Argemir —10 a 17 de julio—; y C. Ametlla i Coll (Acció Catalana Republicà, ACR), periodista —17 de julio a 17 de diciembre de 1932—.

Con cuatro:

  • Almería: M. Ruiz Maya (PRRS), médico —entre el 16 de abril y el 13 de junio—; F. Valdés Casas (PRRS) —13 a 18 de junio—; C. Palencia y Álvarez-Tubau (PRRS), funcionario —18 de junio a 24 de octubre, en que pasó al de Guadalajara—; y A. Alas Argüelles (PRRS) —24 de octubre a 11 de junio de 1932—.
  • Badajoz: F. Aranda Millán (DLR), médico y catedrático de zoología —16 de abril a 11 de junio—; V. Sol Sánchez (PRRS), ferroviario —11 de junio a 28 de agosto, en que pasó al de Sevilla—; C. Montilla Escudero (AR) —11 de septiembre a 19 de octubre, en que pasó al de Zaragoza—; y M. Álvarez-Ugena y Sánchez-Tembleque (AR), ingeniero agrónomo —24 de octubre a 4 de marzo de 1932, en que pasó al de Zaragoza—.
  • Guadalajara: G. González Taltabull (PRR), periodista —16 de abril a 19 de mayo, en que pasó al de Cádiz—; J. León Trejo (republicano), profesor —19 de mayo a 6 de octubre—; J. Lafora García (DLR), odontólogo —6 a 24 de octubre, procedente del de Zamora—; y C. Palencia y Álvarez-Tubau (PRRS) —24 de octubre, procedente del de Almería, a 5 de noviembre de 1932, en que pasó al de Teruel—.
  • Huelva: V. Maeso Miralpeix (PRR), abogado —16 de abril a 19 de mayo—; H. González-Parrado y de Llano (DLR), funcionario —19 de mayo a 10 de julio, en que pasó al de Segovia—; L. Fernández de Valderrama y San José (independiente), ingeniero de montes —10 de julio a 15 de septiembre, en que pasó al de Toledo—; y D. Cano López (DLR), abogado — 19 de septiembre a 29 de diciembre de 1931—.
  • Toledo: J. M.ª Semprún Gurrea (DLR), abogado —16 de abril a 13 de junio, en que pasó al de Santander—; A. Botella Pérez (PRRS) —13 de junio a 15 de septiembre—; L. Fernández de Valderrama y San José (independiente), ingeniero de montes —15 de septiembre, procedente del de Huelva, a 24 de octubre—; y M. Asensi Maestre (PRR) —24 de octubre de 1931 a 17 de junio de 1932—.
  • Zaragoza: M. Lorente Atienza (PRR), abogado —16 de abril a 5 de julio—: A. Montaner Castaño (PRR) —5 de julio, procedente del de Sevilla, a 22 de agosto—; M. Pardo Urdapilleta (DLR, del que pasaría más tarde al PRC), abogado —22 de agosto, procedente del de Jaén, a 19 de octubre—; y C. Montilla Escudero (AR) —19 de octubre, procedente del de Badajoz, a 26 de febrero de 1932—.

Con tres:

  • Baleares: F. Carreras Reura (AR), farmacéutico y profesor —18 de abril a 15 de septiembre—; M. Cajal Sarasa (DLR), abogado —15 de septiembre, procedente del de Cáceres, a 19 de octubre—; y J. Manent Victory (PRR), periodista —19 de octubre a 15 de febrero de 1933, nombrado cuando era delegado del Gobierno en Mahón—.
  • Barcelona: L. Companys Jover (ERC), abogado —22 de abril a 13 de junio—; C. Esplá Rizo (AR), periodista —13 de junio a 27 de agosto—; y J. Oriol Anguera de Sojo (PCR), abogado.
  • Burgos: G. Villarias López (PRRS), industrial —16 de abril a 22 de agosto—: V. Guilarte González (DLR, del que pasaría al PRC), catedrático de Derecho Civil —22 de agosto a 16 de noviembre—; y B. Solsona Ronda (PRRS), periodista y escritor —16 de noviembre a 8 de junio de 1932, en que pasó al de Huelva—.
  • Cáceres: A. Tuñón de Lara (PRR), catedrático —16 de abril a 10 de julio—; M. Cajal Sarasa (DLR), abogado —10 de julio a 15 de septiembre, en que pasó al de Baleares—; y J. León Benito (DLR, y posteriormente en el PRP) —21 de septiembre a 29 de diciembre—.
  • Córdoba: V. Marco Miranda (PURA), periodista —16 de abril a 19 de mayo—; M. González de Andía y Llano (DLR) —19 de mayo a 10 de julio—; y E. Valera Valverde (independiente), militar —10 de julio a 3 de junio de 1932, en que pasó al de Sevilla—.
  • Granada: R. González-Sicilia y de la Corte (PRR), abogado y catedrático —16 de abril a 2 de julio—; J. Martínez de Elorza y Otero (PRR) —2 de julio a 14 de agosto, en que pasó al de Salamanca—; y P. García de la Barga (independiente), abogado —14 de agosto a 29 de diciembre de 1931—.
  • Jaén: V. Rubio Chávarri (DLR) —16 de abril a 10 de julio, en que pasó al de Alicante—; M. Pardo Urdapilleta (DLR, del que pasaría al PRC) —10 de julio a 22 de agosto, en que pasó al de Zaragoza—; y A. Vázquez Humasqué (AR), ingeniero agrónomo —24 de septiembre a 29 de diciembre de 1931—.
  • León: M. Peñalba Alonso de Ojeda (AR), abogado —16 de abril a 10 de julio—; A. Espina García (PRRS), escritor —10 a 28 de julio—; y J. Donoso-Cortés y Castellanos (AR) —28 de julio a 14 de mayo de 1932—.
  • Logroño: L. Martín Echeverría (AR), geógrafo —18 de abril a 3 de julio—; E. Pardo Reina (DLR), abogado y militar —3 de julio a 12 de noviembre—; e I. Vidal Serrano (AR) —12 de noviembre a 4 de marzo de 1932—.
  • Orense: J. Poza Juncal (FRG), abogado —16 de abril a 16 de junio—; J. López Bouza (ORGA), funcionario —16 de junio a 4 de agosto, en que pasó al de Lugo—; y V. Varela Radio (FRG), catedrático de Medicina —4 de agosto, procedente del de Pontevedra, a 7 de julio de 1932—.
  • Oviedo: P. Vargas Guerendiain (PRRS), abogado —16 de abril a 10 de julio—; J. Fernández Conde (DLR), abogado —10 de julio, procedente del de Segovia, a 24 de octubre—; y J. Alonso Mallol (PRRS) —24 de octubre a 13 de mayo de 1933—.
  • Pontevedra: V. Varela Radio (FRG), catedrático de Medicina —16 de abril a 4 de agosto, en que pasó al de Orense—; J. Calviño Domínguez (ORGA), procurador —4 de agosto, procedente del de Lugo, a 30 de octubre—; y M. Insúa Sánchez (ORGA) —30 de octubre a 21 de mayo de 1932—.
  • Santander: E. Palomo Aguado (PRRS), periodista y escritor —14 de abril a 13 de junio, en que pasó al de Madrid—; J.M.ª Semprún Gurrea (DLR), abogado —13 de junio, procedente del de Toledo, a 24 de octubre—; y Á. Díaz Quiñones (PRR, que se integraría más adelante en UR) —24 de octubre a 8 de junio de 1932—.
  • Segovia: J. Fernández Conde (DLR), abogado —16 de abril a 10 de julio, en que pasó al de Oviedo—; H. González-Parrado y de Llano (DLR) —10 de julio, procedente del de Huelva, a 24 de octubre—; y M. Andrés Casaus (AR), periodista —24 de octubre a 29 de diciembre de 1931—.
  • Sevilla: A. Montaner Castaño (PRR) —16 de abril a 5 de julio, en que pasó al de Zaragoza—; J. Bastos Ansart (DLR), abogado del Estado —5 de julio a 28 de agosto—; y V. Sol Sánchez (PRRS), ferroviario —28 de agosto, procedente del de Badajoz, a 3 de junio de 1932—.
  • Valencia: J. Centeno González (DLR), catedrático —16 de abril a 5 de junio—; F. Fernández Castillejo (DLR), abogado y militar —5 de junio a 2 de julio—; y F. Rubio Fernández (PRR) —2 de julio a 29 de diciembre de 1931—.
  • Vizcaya: J. Martínez-Aragón y Carrión (AR), militar —16 de abril a 10 de julio—; L. Castro Casal (PRF), abogado —10 de julio a 30 de octubre—; y J. Calviño Domínguez (ORGA), procurador —30 de octubre, procedente del de Pontevedra, a 17 de septiembre de 1932—.
  • Zamora: J. Moreno Galvache (PRRS), farmacéutico —16 de abril a 2 de julio—; J. Lafora García (DLR), odontólogo —2 de julio a 6 de octubre, en que pasó al de Guadalajara—; y M. Quintanilla Romero (ASR), profesor —6 de octubre a 15 de junio de 1932—.

Con 2:

  • Cádiz: J. González y Fernández de Labandera (PRR), médico —16 de abril a 19 de mayo—; y G. González Taltabull (PRR), periodista —19 de mayo, procedente del de Guadalajara, a 5 de mayo de 1932—.
  • Ciudad Real: M. Pastor Orozco (DLR, y posteriormente en el PRP), registrador de la propiedad —16 de abril a 10 de julio—; y L. Doporto Marchori (AR), profesor —10 de julio a 29 de diciembre de 1931, en que pasó al de Valencia—.
  • La Coruña: J. García Labella (AR), catedrático de Derecho administrativo —16 de abril a 11 de junio—; y C. López Otero (ORGA), escritor —11 de junio a 7 de julio de 1932—.
  • Cuenca: M. García-Rodrigo López (DLR) —16 de abril a 22 de agosto—; y A. Garcitoral (PRRS), escritor —22 de agosto a 13 de enero de 1932—.
  • Guipúzcoa: R.M.ª Aldasoro Galarza (PRRS), abogado —16 de abril a 10 de julio—; y F. Galarza Gago (PRRS), abogado —10 de julio a 29 de diciembre de 1931—.
  • Huesca: V. Rivera Gallo (PRR), profesor —16 de abril a 10 de julio—; y R. López Andueza (PRRS), industrial —10 de julio a 29 de diciembre de 1931—.
  • Lérida: J. Puig d’Asprer (PRR), abogado —16 de abril a 1 de junio—; y C. Freixa Coma (ERC) —1 de junio  a 9 de marzo de 1932—.
  • Lugo: J. Calviño Domínguez (ORGA), procurador —16 de abril a 4 de agosto, en que pasó al de Pontevedra—; y J. López Bouza (ORGA), funcionario —4 de agosto, procedente del de Orense, a 19 de julio de 1932—.
  • Madrid: E. Ortega y Gasset (PRRS), abogado   —14 de abril a 13 de junio —; y E. Palomo Aguado (PRRS), periodista y escritor —13 de junio, procedente del de Santander, a 3 de enero de 1933—.
  • Málaga: A. Jaén Morente (DLR), catedrático —16 de abril a 19 de mayo—; y M. Coloma Rubio (independiente), periodista —19 de mayo a 3 de agosto de 1932—.
  • Murcia: A. Torres Roldán (independiente) —16 de abril a 9 de junio—; y C. Borrero y Álvarez-Mendizábal (DLR, y posteriormente en el PRC), militar —9 de junio a 29 de diciembre de 1931—.
  • Navarra: J. Ruiz del Río (PRRS), abogado —16 de abril a 19 de julio—; y R. Bandrés Azcue (DLR) —19 de julio a 29 de diciembre de 1931—.
  • Salamanca: J. Escudero Bernícola (PRRS), abogado —16 de abril a 14 de agosto—; y J. Martínez de Elorza y Otero (PRR) —14 de agosto, procedente del de Granada, a 29 de diciembre de 1931—.
  • Santa Cruz de Tenerife: E. Izquierdo Jiménez (PRR), abogado —21 de abril, procedente del de Gerona, a 18 de julio—; y R. Rubio Carrión (PRR, y más adelante en UR) —18 de julio a 7 de enero de 1933—.
  • Teruel: J. Ninet Vallhonrat (PRR), empresario —23 de abril a 22 de agosto—; y M. Pomares Monleón (PRRS, y más adelante en IR), escritor —22 de agosto a 5 de noviembre de 1932—.

Aunque propiamente no fue un gobernador civil sino un delegado del gobierno, debemos mencionar el caso del de Mahón, ya que este cargo se consideró político según decreto publicado en la GM el 26 de mayo de 1931. Su primer ocupante, de los dos que tuvo en este periodo, fue J. Manent Victory, que lo ocupó desde el 25 de mayo hasta el 19 de octubre de 1931 —en que pasó al gobierno civil de Baleares—, y el segundo, R. Medina Tur, pintor, entre el 26 de octubre de 1931 y el 15 de febrero de 1933.

No tuvieron cambios en ese periodo de tiempo los gobiernos civiles de Álava (G. Martínez de Aragón Urbistondo , AR, abogado), Albacete (A. Cortés Ortiz, AR, médico), Ávila (P. del Pozo Rodríguez , AR, ingeniero de montes), Castellón (F. Escolá Besaba, AR), Las Palmas (J. Pérez Molina , PRR, catedrático), Palencia (J. Jorge Vinaixa , PRR, médico), Soria (M. Joven Hernández , PRRS, agente de seguros), Tarragona (R. Noguer i Comet, PRRS, abogado) y Valladolid (J. Guardiola Ortiz, independiente, abogado). Destaquemos que de este grupo de gobernadores civiles más estables en este periodo, cuatro pertenecían a AR, a todas luces el partido con menor inestabilidad, ya que sólo tenía nueve gobernadores.

Y cuando finalizó el periodo que hemos considerado (diciembre de 1931), fue distinto el número de gobernadores civiles pertenecientes inicialmente a cada partido, aunque no por estar fuera del gobierno la DLR (octubre) y el PRR (diciembre) lo estuvieron también algunos de sus gobernadores. Así nos encontramos con una mayor presencia del PRRS (pasó de once a doce, el 24%), de AR (de nueve a doce, también el 24%) y de FRG-ORGA (de tres a cinco, ahora el 10%); una menor del PRR (de once a nueve, ahora el 18%) y de DLR (de nueve a cinco, ahora el 10%). Asimismo, ERC mantuvo un gobernador civil (2%), los independientes aumentaron de dos a tres (ahora el 6%), y se sumaron otros de distintas fuerzas, a razón de uno de cada una (ACR, ASR y PRC).

El total de gobernadores civiles en el periodo considerado fue de 108, lo que supone una media de 2,16 por cada provincia, aunque con una presencia desigual de muchos de ellos, ya que un grupo de 89 lo fue sólo de una de ellas (el 82,4%), 18 lo fueron de dos (16,7%) y 1 lo fue de tres (0,9%) —fue el caso de Calviño (ORGA), gobernador en Lugo, Pontevedra y Vizcaya—.

Respecto a su profesión, conocemos la de 83 de ellos: hubo 33 abogados, 10 profesores, 9 periodistas, 7 médicos, 4 escritores, 4 ingenieros, 3 industriales, 3 militares, 3 funcionarios, 2 farmacéuticos, así como 1 ferroviario, 1 geógrafo, 1 procurador, 1 registrador de la propiedad y 1 agente de seguros. Considerando la presencia de estas profesiones en los grandes partidos, comprobamos que en la DLR, PRR y PRRS predominaron los abogados (9, 7 y 7, respectivamente), mientras que en AR lo hicieron los ingenieros (3). Y periodistas los hubo en casi todos: 3 en el PRR, y 2 en el PRRS y AR (no en la DLR). Al igual que profesores: 3 en la DLR y en el PRR, y 2 en AR. Médico fue otra profesión con presencia en todos esos partidos: 2 en la DLR y en el PRR, y 1 en el PRRS y AR. Y de los 4 escritores, 3 pertenecieron al PRRS.

Si en el caso de ministros y subsecretarios no se produjo el nombramiento de ninguna mujer, y sólo el de una directora general (V. Kent, en Prisiones) —y fuera del periodo considerado, el de C. Campoamor en Beneficencia—, tampoco hubo ninguna gobernadora civil, no sólo en este periodo, tampoco en el que transcurre hasta el golpe de Estado de julio de 1936 (hubo que esperar hasta el 12 de julio de 1937 para que la socialista Julia Álvarez Resano, maestra y abogada, lo fuera por Ciudad Real, y sólo hasta el 27 de marzo de 1938, una mujer que había sido diputada por la circunscripción provincial de Madrid en las elecciones de febrero de 1936) .
            Para muchos de estos gobernadores civiles, éste puesto fue el inicio de una importante carrera política, bien en la Administración del Estado (ministro, subsecretario y director general), en el poder legislativo o en otras instituciones del Estado. De esta manera nos encontramos —sólo consideramos la etapa republicana anterior a la Guerra Civil— con 2 gobernadores que posteriormente fueron ministros (Oriol Anguera de Sojo en Trabajo, Sanidad y Previsión, de octubre de 1934 a abril de 1935, en un gobierno presidido Lerroux; y Palomo en Comunicaciones, de septiembre a diciembre de 1933, en un gobierno presidido por Martínez Barrio); con 7 gobernadores que fueron subsecretarios (Díaz Quiñones, en Justicia; Esplá, en Gobernación; Fernández Castillejo, en Obras Públicas; Martín Echeverría y Moreno Galvache, en Agricultura; Martín Echeverría, en Marina Civil; Moreno Galvache, en Industria y Comercio; y Palomo Aguado y Vargas Guerendiain, en Comunicaciones); y con 18 gobernadores que fueron directores generales (Calviño Domínguez y Puig d’Asprer, en Administración; Álvarez-Ugena y Fernández Castillejo, en Agricultura; Calviño Domínguez y Tuñón de Lara, en Beneficencia; Montilla Escudero y Montaner Castaño, en Ferrocarriles, Tranvías y Transportes Mecánicos por Carretera; Botella Pérez y Díaz Quiñones, en Industria; Doporto Marchori, en el Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística; Álvarez-Ugena, Pastor Orozco y Rivera Gallo, en Montes, Pesca y Caza; Martín Echeverría, en Navegación, Pesca e Industrias Marítimas; González-Sicilia, en Primera Enseñanza; Ruiz Maya y Sol Sánchez, en Prisiones; y Andrés Casaus y Alonso Mallol, en Seguridad).

Asimismo, de todos los gobernadores que ejercieron sus funciones en el periodo considerado, 35 fueron diputados, de los que 5 lo fueron en las tres legislaturas (1931, 1933 y 1936): García-Berlanga, Companys, Marco Miranda, González-Sicilia y Fernández Castillejo. Y también debemos destacar que 2 de ellos fueron fiscales generales de la República: Oriol Anguera de Sojo y Martínez-Aragón Urbistondo.

Y entre estos gobernadores debemos destacar de nuevo por su relevancia política a Companys, quien fue presidente de la Generalitat de Cataluña, cargo que desempeñó a partir de diciembre de 1933, a la muerte de F. Macià, su predecesor.

3. Otros nombramientos (Altas instituciones y organismos)

En manos de los nuevos gobernantes la dirección político-administrativa de la estructura del Estado en diferentes ámbitos, otras altas instituciones debían estar dirigidas por personas de su entera confianza. Sin ánimo de ser exhaustivos , nos referiremos a puestos de significativa importancia judicial (fiscal general, presidente del Tribunal Supremo), consultiva (presidente del Consejo de Estado), económica (gobernador del Banco de España, del Banco de Crédito Local y del Banco Exterior de España, presidente del Tribunal de Cuentas), culturales (rectores de universidad), representación exterior (embajadores) y militares (capitanes generales).

3.1 Fiscal general de la República

Uno de los primeros nombramientos en producirse, ya que fue publicado en la GM del 16 de abril de 1931, fue el del fiscal general de la República, que recayó en el abogado Á. Galarza Gago (PRRS), aunque de corta duración, ya que lo abandonó el 13 de mayo al ser nombrado director general de Seguridad tras la dimisión de su entonces titular, C. Blanco . A Galarza le sustituyó ese mismo día el fiscal y magistrado F.J. Elola y Díaz-Varela (unos meses más tarde se incorporó al PRR), quien tampoco duró mucho en el cargo, ya que dimitió con fecha de 30 de julio de 1931 para pasar a ocupar una plaza de magistrado en el Tribunal Supremo . A Elola le sustituyó el 1 de agosto el abogado federal J. Franchy Roca, que era secretario de Sala de la Audiencia de La Coruña, quien dimitió con fecha 23 de diciembre de 1931 . En consecuencia, tres fiscales generales en el breve plazo de poco más de ocho meses.

3.2. Presidente del Tribunal Supremo

El primer presidente del Tribunal Supremo de la República —según el artículo 96 de la Constitución de 1931, sería designado por el Jefe del Estado a propuesta de una asamblea constituida en la forma que determinase la ley, exigiéndosele que fuera mayor de 40 años y licenciado en Derecho, formación académica que es la única que se exige en dicha Constitución para ocupar un puesto— fue D. Medina García (nombrado el 6 de mayo de 1931, indicándose expresamente que se efectuaba en aplicación del ya citado decreto publicado en la GM el 16 de abril, y según el cual se autorizaba al Gobierno en el nombramiento de determinados cargos de libre designación en el orden civil y judicial), quien ocupaba desde octubre de 1930 el puesto de presidente de la Sala Primera (de lo Civil) de dicho Tribunal (era magistrado de ese Tribunal desde diciembre de 1923), por lo que era una persona con pleno conocimiento de la función a desempeñar (en septiembre de 1923 había sido nombrado presidente de la Audiencia Territorial de Madrid). Sustituyó en la presidencia a J.M.ª de Ortega Morejón, quien cesó al solicitar su jubilación (según la GM de 21 de abril). No sólo fue el primer presidente del Tribunal Supremo en el periodo considerado, también el único (según decreto publicado en la GM el 13 de julio de 1933, el Congreso de los Diputados refrendó su nombramiento de acuerdo a lo establecido en el citado artículo 96 de la Constitución).

3.3. Presidente del Consejo de Estado

El decreto de la Presidencia del Gobierno provisional publicado en la GM el 24 de abril dio cuenta del nombramiento del presidente del Consejo de Estado, que recayó en el jurista J.M. Pedregal y Sánchez-Calvo (sustituyó a C.M.ª Cortezo y Prieto, cesado en la GM del día anterior). Este antiguo integrante del Partido Reformista y miembro destacado del regeneracionismo inspirado en la Institución Libre de Enseñanza , sólo duró dos meses en el puesto, ya que la GM del 26 de junio comunicó su dimisión, siendo sustituido por el abogado y militar C. Blanco Pérez (DLR), quien desde la proclamación de la República había sido director general de Seguridad y, tras su dimisión, presidente de la Sala de Justicia Militar del Tribunal Supremo (siendo presidente de este Consejo fue elegido diputado en las elecciones constituyentes de junio de 1931 por Cuenca), quien dimitió el 23 de febrero de 1933. En definitiva, dos presidentes del Consejo de Estado en este periodo.

3.4. Gobernador del Banco de España

El mismo día que la GM publicó el nombramiento del subsecretario del Ministerio de Hacienda y de cuatro de sus directores generales(el 17 de abril), también lo hizo con el del gobernador del Banco de España: J. Carabias Salcedo, un experto en economía bancaria que sustituyó a F.C. Bas y Vasallo, y que se mantuvo en el puesto hasta octubre de 1933 (entre febrero y agosto de 1936 fue presidente del Consejo Superior Bancario, y a partir de esta fecha, subgobernador primero del propio Banco de España).

3.5. Gobernador del Banco de Crédito Local

El nombramiento del gobernador del Banco de Crédito Local, que recayó en M. Marraco Ramón (PRR), industrial y abogado , y que sustituyó a M. Ordóñez García, se publicó en la GM el 26 de abril, quien se mantuvo en el cargo hasta su dimisión el 13 de mayo de 1932, siendo sustituido por E. Rodríguez Mata, catedrático de economía de la Universidad de Zaragoza.

3.6. Gobernador del Banco Exterior de España

Al frente de este banco se situó a G. Franco López (AR), catedrático de economía en la Universidad de Salamanca , según publicó la GM del 30 de abril, quien vino a sustituir a R. Marín Lázaro. Tras su dimisión, publicada en la GM el 22 de octubre de 1931, fue sustituido por R. Viguri y Ruiz de Olano (AR) , quien ejerció esta función hasta el 25 de febrero de 1934. En suma, dos presidentes en este periodo.

3.7. Presidente del Tribunal de Cuentas

El primer presidente de este tribunal durante la República, cuyo antecedente fue el Tribunal de Cuentas del Reino, y que según el artículo 120 de la Constitución, ya con el nombre de Tribunal de Cuentas de la República, era el órgano fiscalizador de la gestión económica, dependiente directamente de las Cortes y que ejercía sus funciones por delegación de ellas en el conocimiento y aprobación final de las cuentas del Estado, fue P. Gómez Chaix (PRR), abogado republicano y catedrático en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Málaga (su nombramiento que fue publicado en la GM del 15 de mayo, estuvo firmado por el presidente del Gobierno provisional) —sustituyó al de Cuentas del Reino, L. Espada y Guntín, dimitido el día 4—. Su mandato fue relativamente largo, ya que duró hasta agosto de 1933, en que le sustituyó interinamente J. Domínguez Barbero.

3.8. Rectores de universidad

Si hubo un ámbito al que los gobernantes republicanos prestaron máxima atención, fue el educativo. Y por esta razón los nombramientos de los rectores universitarios por parte del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y que supusieron el cambio de los de las 12 universidades españolas, son especialmente significativos, tanto por su relevancia cultural en la sociedad española como por su perfil político (varios de ellos, intelectuales de primer orden que participaban activamente en la vida política republicana). El primero de estos nombramientos comenzó con el publicado en la GM el 5 de mayo, el del rector de la Universidad de Valencia (M. Gómez y González, catedrático de la Facultad de Derecho), continuado en la del 20 de mayo por varios, como fue el caso del de la Universidad de Santiago (A. Rodríguez Cadarso , catedrático de la Facultad de Medicina, universidad de la que ya había sido rector a partir de marzo de 1930), del de la de Valladolid (H.A. Torres Ruiz, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras), del de la de Sevilla (M. Royo Gonzálvez , catedrático de la Facultad de Medicina —dimitió según publicó la GM el 26 de septiembre, siendo sustituido por E. del Campo López, catedrático de Medicina, según la GM del 11 de noviembre—); del de la de Murcia (J. Loustán y Gómez de Membrillera , catedrático de la Facultad de Ciencias), y por el de la de Granada (J..Pareja Yévenes , catedrático de la Facultad de Medicina). Días más tarde (23 de mayo) se publicaron los nombramientos del rector de la Universidad de Zaragoza (G. Gil y Gil , catedrático de la Facultad de Derecho —dimitió según publicó la GM el 24 de diciembre) y del de la de Salamanca (M. de Unamuno y Jugo , catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras). El 28 de mayo, el de la de Oviedo (L. García-Alas y García-Argüelles , decano de la Facultad de Derecho); el 17 de junio, el de la de Barcelona (J. Serra Hunter, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras); el 24 de junio, el de la madrileña Universidad Central (J. Giral y Pereira , catedrático de la Facultad de Farmacia —dimitió según publicó la GM el 24 de diciembre, siendo sustituido por C. Sánchez Albornoz , decano de su facultad de Filosofía y Letras, según la GM de 15 de enero de 1932—); y el 8 de julio, el de la La Laguna (C. Sanz y Cid, catedrático de la Facultad de Derecho —dimitió según publicó la GM el 11 de noviembre, siendo sustituido por F. Hernández Borondo, que era su vicerrector, según la GM de 5 de diciembre—).

En un plazo de poco más de dos meses, el que va del 5 de mayo al 8 de julio, la GM publicó los nombramientos de los nuevos rectores universitarios —como también de vicerrectores y decanos—, un plazo mayor que el que se produjo en otros ámbitos de la Administración del Estado, aunque tres cuartas partes lo fueron en menos de un mes (el de mayo) —recordemos que cuatro de ellos dimitieron a los pocos meses de su nombramiento—. Unos rectores entre los que predominaron los catedráticos de las facultades de Derecho (la tercera parte), seguido a partes iguales por los de facultades de Medicina y de Filosofía y Letras (una cuarta parte en cada una), completado por un único representante de las de Ciencias y de Farmacia, y cuatro de los cuales (Rodriguez Cadarso, Royo Gonzálvez, Loustán y Gómez de Membrillera y Unamuno) ya habían ocupado ese mismo puesto con anterioridad, por lo que no les faltaba experiencia.

Si anteriormente hicimos mención a la implicación de estos intelectuales en la vida política, los datos lo atestiguan: seis de ellos (García-Alas, PRRS; Gil, PRR, Giral, AR; Pareja, PRR; Rodríguez Cadarso, republicano gallego; y Unamuno, republicano independiente) fueron elegidos diputados en las elecciones constituyentes de junio de 1931 (todos, excepto Giral, por la circunscripción en la que estaba situada su universidad), y tres (Rodríguez Cadarso, Pareja y Giral) en otras elecciones, bien en las de noviembre de 1933 o febrero de 1936 —si entre ellos incluimos a Sánchez-Albornoz (PRRS), importante historiador que sustituyó a Giral, sumamos un diputado más por la circunscripción de Ávila en las tres legislaturas republicanas—. Y entre éstos encontramos a tres que ocuparon a lo largo de la República diversos puestos de gestión política: García-Alas fue subsecretario; Giral, ministro y presidente del Gobierno durante la Guerra Civil; y Pareja, ministro.

3.9. Embajadores

Los representantes de los intereses de España en el extranjero también variaron con la instauración de la República, al menos los de embajadas y legaciones importantes, entre ellas las europeas . El primero de los nombramientos de embajador (en un primer momento, por el ministro de Justicia, y después, por el de Estado), y sólo citando a los de las embajadas de mayor peso político, fue el del escritor R. Pérez de Ayala, que apareció publicado en la GM del 7 de mayo, por el que se le nombró embajador en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda (y pocos días después, director del Museo del Prado); R. Baeza y Durán, diplomático, en Chile; A. Dánvila y Burguero, diplomático, en Francia (en diciembre de 1931 fue nombrado embajador en Argentina, en donde ya lo había sido a partir de marzo de 1930); A. Castro Quesada, catedrático en la madrileña Universidad Central, en Alemania; S. Albert Pey, maestro y escritor, en Bélgica; J. Álvarez del Vayo, doctor en Derecho, en México (en mayo de 1931 pasó de legación a embajada); J.J. Rocha García, abogado, en Portugal; S. de Madariaga, escritor, en Estados Unidos (en diciembre de 1931 fue nombrado embajador en Francia, en donde sustituyó a Dánvila); y G. Alomar Villalonga, catedrático de instituto, en Italia .

Entre los ministros plenipotenciarios que estaban al frente de las legaciones, y en el estricto marco de las europeas, de la de Varsovia (Polonia) se hizo cargo J. Gil-Delgado y Olazábal, procedente de la embajada de Chile; de la de Atenas (Grecia), A. Caro y del Arroyo; de la de Oslo (Noruega), F. García-Ontiveros y Laplana; de la de Copenhague (Dinamarca), G. Vidal y Saura; de la de Bucarest (Rumanía), M.Á. de Muguiro y Muguiro; de la de Budapest (Hungría), L. Muro y Navarro; y de la de Viena (Austria), M. Alonso de Ávila y Bernabéu. El relevo en las embajadas y legaciones citadas fue rápido: el primero de los embajadores nombrados por las autoridades republicanas (Pérez de Ayala, en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda) lo fue el 4 de mayo (GM de 7 de mayo), y el último (Alomar, en Italia), el 5 de junio (GM de 7 de junio); y en el caso de los ministros plenipotenciarios, el primero (Gil-Delgado, en Varsovia) lo fue el 11 de mayo (GM de 12 de mayo), y el último (Muro, en Budapest), el 3 de agosto (GM de 6 de agosto).

Estos embajadores no eran diplomáticos de profesión —Baeza y Dánvila sí—, sino embajadores políticos, nombrados discrecionalmente por el Gobierno provisional de la República. Se comprueba ese carácter político de muchos de ellos cuando vemos que hubo quienes fueron diputados durante la República (en algunos casos mientras eran embajadores), lo que ocurrió con Pérez de Ayala (diputado en la legislatura constituyente de 1931 por Oviedo en las filas de la ASR), Albert (diputado federal en esa misma legislatura por Gerona, pero previamente por ese mismo distrito en las legislaturas de 1910, 1914, 1916, 1918, 1919, 1920 y 1923), Álvarez del Vayo (PSOE, en las de 1933 y 1936 por Madrid capital), Rocha (PRR, en la de 1933 por Murcia), De Madariaga (republicano, en la de 1931 por La Coruña) y Alomar (Unió Socialista de Catalunya, en la de 1931 por Baleares —también elegido por Barcelona capital, pero renunció—, y previamente en la de 1919 por Barcelona). Entre ellos hubo también quienes tuvieron responsabilidades ministeriales durante la República: Rocha fue ministro de Guerra, Marina, Estado e Instrucción Pública y Bellas Artes (además de presidente del Consejo de Estado durante unos meses), y De Madariaga, de Instrucción Pública y Bellas Artes y, durante unos pocos días, de Justicia. Durante la Guerra Civil, Álvarez del Vayo fue ministro de Estado en dos gobiernos (y también en el exilio: de Estado, en el de Negrín).

3.10 Nombramientos militares

A la instauración de la República, el territorio español estaba organizado militarmente en ocho regiones militares en la península (y en dieciséis divisiones), así como en los dos distritos insulares de Baleares y Canarias y el territorio de Marruecos, y a cuyo frente se encontraba un teniente general. Azaña, en su condición de ministro de la Guerra, y en el marco de lo que fue una profunda reforma militar que tomó cuerpo rápidamente , acabó con esa estructura, sustituida por la de ocho divisiones orgánicas (comandadas por un general de división, ya que abolió los empleos de capitán general de región militar y el de teniente general), y a cuyo frente situó tres inspecciones generales al mando también de generales de división (en estas reformas también se eliminó el cargo de gobernador militar) .

Un aspecto tan sensible para el nuevo régimen en abril de 1931, independientemente del papel jugado por el entonces general de la Guardia Civil (Sanjurjo) en la pacífica transición de la Monarquía a la República, requirió por parte de los gobernantes, especialmente por Azaña, ministro de la Guerra, de la adopción de unos rápidos relevos al frente de dichas capitanías. De esta forma nos encontramos que muy pronto, en la GM del 17 de abril (y con fecha del 15), se producen los primeros ceses y los primeros nombramientos: cesaron en el cargo de capitán general (aunque su empleo real era el de teniente general) los de la primera región (F. Berenguer Fusté), segunda (L. de Saro Marín), tercera (E. Pin Ruano), cuarta (I. Despujol, Sabater) y quinta (J. Fernández de Heredia y Adalid), y se nombraron los de la segunda región (general de división M. Cabanellas Ferrer, a quien se pasó al servicio activo, pues estaba en situación de primera reserva —en los primeros días de junio fue nombrado jefe de las fuerzas militares de Marruecos—), tercera (general de división J. Riquelme y López-Bago), cuarta (E. López de Ochoa y Portuondo, a quien se ascendió de general de brigada a de división) y quinta (general de división L. Ruiz Trillo —en los primeros días de junio pasó a la segunda—) . En la GM de ese mismo día se dio cuenta de los cambios en la dirección de Aeronáutica: cesó L. Lombarte Serrano, general de brigada, y se nombró a R. Franco Bahamonde, comandante (—obsérvese el diferente rango militar entre ambos—.

            Un día más tarde, el 18, se publicó en la GM el cese del presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, teniente general J. Cavalcanti de Alburquerque y Padierna, marqués de Cavalcanti (fue diputado en la legislatura de 1914 por el distrito coruñés de Betanzos), quien lo era sólo desde el 1 de abril de 1931, y que con anterioridad había sido varias veces capitán general de distintas regiones militares. Fue sustituido por el también teniente general R. Burguete Lana, quien ya había ocupado ese puesto hasta el 27 de marzo de ese mismo año, antes de ser sustituido por el propio Cavalcanti (Burguete había ocupado ese puesto desde el 3 de noviembre de 1928, para lo que tuvo que dejar la dirección general de la Guardia Civil).

            En la GM del 19 se publicó el nombramiento del capitán general de la primera región, el general de división G. Queipo de Llano y Sierra.  En la del 21 se publicaron nuevos ceses de capitanes generales (el de Canarias, teniente general J. Rodríguez Casademunt, y el de la octava región, teniente general R. Pérez Herrera) y un nombramiento (el de Canarias, el general de división Á. Rodríguez del Barrio). Y en la del 23, dimisión y nombramiento del alto comisario de España en Marruecos, que también era jefe de sus fuerzas militares: dimitió el teniente general J. Gómez-Jordana y Souza, y fue nombrado el teniente general J. Sanjurjo .

            En la GM del 11 de mayo se publicaron el cese y el nombramiento de los responsables de la sexta región militar: cesó el teniente general E. Fernández Pérez y fue nombrado el general de división G. Gil Yuste.

            En la GM del 21 de mayo se publicó el nombramiento del nuevo responsable de la séptima región militar, a cuyo frente se situó al general de división R. Villegas Montesinos.

            Y en la GM del 17 de junio, y para aplicar la reforma que supuso la supresión de las regiones militares y su sustitución por divisiones orgánicas, nos encontramos, primero, con el cese de algunos de los capitanes generales que estaban a su frente (los de las regiones primera, segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima y de Canarias), y, después, con el nombramiento de los generales de las nuevas divisiones orgánicas y de las comandancias militares de Baleares y Canarias, algunos de los cuales fueron los mismos que los nombrados en los primeros días de la proclamación de la República (Queipo de Llano en la primera, Ruiz Trillo en la segunda, Riquelme en la tercera, López de Ochoa en la cuarta, Gil Yuste en la sexta y Villegas en la séptima), y otros lo fueron por, primera vez (A. Gómez Morato en la quinta, M. González González en la octava, V. Cabanellas Ferrer en Baleares y E. Salcedo Molinuevo en Canarias).

            De todos los militares nombrados por Azaña sólo se mantuvieron fieles al gobierno republicano cuando se produjo el golpe de Estado de julio de 1936 Riquelme, Gómez Morato, Salcedo y V. Cabanellas (éste se mantuvo fiel al gobierno, pero fue destituido el día 18 amparándose en que su hermano Miguel era uno de los generales golpistas, lo que también pudo provocar que, al parecer, fuera asesinado por milicianos republicanos) . No fue el único de estos militares que fueron asesinados durante la guerra: fue el caso de los franquistas López de Ochoa (en Madrid en agosto de 1936) y Villegas (también en Madrid, en la cárcel Modelo), y del republicano Salcedo (fusilado en Ferrol en noviembre de 1936 tras consejo de guerra).

4. Conclusiones

El cambio radical, en cuanto que fue inmediato y prácticamente total, del personal político al frente de la Administración del Estado pudo parecer, a priori, una tarea ingente para los nuevos gobernantes republicanos. Unos gobernantes que accedían por vez primera a la gestión de los asuntos públicos desde el poder ejecutivo (algunos tenían experiencia en el legislativo, pero que nada tenía que ver con sus nuevas responsabilidades), y acerca de los que podía haber sospechas si no de falta de impulso político sí de capacidad para renovar en poco tiempo varios niveles de la estructura administrativa. Pero lo hicieron en pocos días, y no sólo en los de mayor relevancia (subsecretarios, por ejemplo), también en otros escalones, importantes pero de menor significado político, como fue el caso de los directores generales y de los gobernadores civiles. En definitiva, una evidente celeridad, no exenta de rectificaciones en algunos nombramientos.

            Una remoción prácticamente total en los titulares de esos órganos de la Administración (muy escasas fueron las personas que continuaron ocupándolos procedentes de la Monarquía), y que, en desigual medida, estuvieron expuestos a los cambios de la orientación política de los gobiernos (por ejemplo, los formados en octubre de 1931 y, sobre todo, y ya fuera del periodo temporal de estudio, al formado en diciembre de ese mismo año tras la aprobación de la Constitución). Y unos cambios que se produjeron también en otros ámbitos de la vida pública, del que destacamos por su significatividad el caso de los rectores universitarios, los embajadores en embajadas de primer orden y los generales al frente de las regiones militares, primero, y de las divisiones orgánicas, después.

            Llama la atención, por inusual, el hecho de que los puestos de director general (y de subsecretario, aunque en menor medida) en los distintos ministerios no se adjudicaron necesariamente a personas afines políticamente a los ministros, fenómeno que no respondió a un reparto de cuotas de poder entre partidos sino a la decisión del propio ministro, posiblemente por la confianza profesional que depositó en esas personas. Fenómeno destacable fue que el PSOE, el partido en el gobierno con una mayor implantación social, no tuviera ningún gobernador civil hasta la Guerra Civil . Y puestos a destacar ausencias, el hecho de que tan sólo dos mujeres fueran directoras generales hasta ese mismo momento, ambas republicanas (y sólo una en el periodo estudiado).  

            Una clase política que debió elegirse en escaso tiempo, algunos de cuyos miembros acumularon importantes responsabilidades, ya que combinaron las de carácter político-administrativo con otras legislativas: algunos, después de haber sido elegidos para aquéllas, lo fueron también como diputados en el Congreso que debía elaborar la Constitución de 1931. Una concentración de poder posiblemente excesiva para personas con escasa experiencia política, más allá de la que habían desarrollado en la oposición, y que poco o nada tenía que ver con la que asumieron desde abril de 1931.

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