Contribuciones a las Ciencias Sociales
Enero 2008

 

EL CONTROL ESTATAL DEL CAMPESINADO EN MÉXICO NEOLIBERAL
 


José Atanagildo Turriza Zapata
Universidad Autónoma de Zacatecas




I. EL ENTORNO NACIONAL

En México, aproximadamente a mediados de los mil novecientos sesenta empieza a dar muestras de agotamiento el esquema de crecimiento dirigido hacia el mercado interno (crecimiento “hacia adentro”). Esto se nota con mayor claridad en los setenta, cuando la economía mexicana está inmersa en una crisis ya manifiesta. A principios de los ochenta, son observables cambios significativos en el sistema económico y político nacional. En particular, varía la relación de fuerzas en el campo. Lo anterior condujo a la aplicación de políticas económicas distintas a las del período de crecimiento hacia adentro, por parte del gobierno hacia los agricultores. Este cambio obedeció tanto al objetivo estatal de incidir en la producción, como al de ejercer el control bajo modalidades diferentes, que le permitieran sortear la situación en las nuevas condiciones: Una economía dirigida cada vez más hacia el mercado externo, y más subordinada a los organismos financieros internacionales, constituidos éstos en los principales instrumentos de supervisión y control de las naciones imperialistas hacia las subdesarrolladas; para México, principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica.

El presente trabajo se propone identificar los principales cambios ocurridos en el sistema de control estatal sobre el sector campesino enseguida de que el nuevo patrón de crecimiento, el neoliberal, definió sus rasgos fundamentales, durante el período presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado. El trabajo enfatiza al sexenio del Presidente Carlos Salinas de Gortari, pues se entiende que es entonces cuando se da la consolidación del nuevo esquema. Asimismo, se pretende delimitar algunos elementos limitantes de las luchas campesinas y sugerir una vía general para avanzar en la superación de éstos.



Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Turriza Zapata, J.A.: El control estatal del campesinado en México neoliberal, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, enero 2008. www.eumed.net/rev/cccss


En el primer apartado se examinan algunos aspectos políticos del paso al patrón de crecimiento neoliberal y se trata la adecuación al patrón neoliberal de las instituciones estatales que operan en el sector agropecuario, vistas como instrumentos de control político sobre el campesinado. El segundo apartado concierne a las organizaciones campesinas y de productores agropecuarios en general que, con el neoliberalismo y por causa de las limitaciones del movimiento progresista, han emergido como contribuyentes al ejercicio del control por parte del Estado; asimismo, se presenta la evolución de esas organizaciones y se evalúa el peso relativo de las que fueron base del corporativismo en el campo. En la tercera parte, se revisa brevemente la función de dos elementos importantes en el contexto del control rural: primero, el llamado “sector de propiedad social” sobre la tierra (básicamente el ejido), y luego el programa de apoyos PROCAMPO. Finalmente, se ofrecen algunas conclusiones.

Este artículo habrá cumplido con una intención básica si contribuye a reanimar el interés por la problemática política del campesinado, en aspectos como la necesidad de enfrentar el control a que lo somete el sistema, en lo cual coincide con la lucha de todos los trabajadores.

II. RENOVACIÓN DEL CONTROL Y READECUACIÓN DEL APARATO OFICIAL EN EL SECTOR RURAL

Los cambios en la política económica y en la esfera de lo específicamente político tienen antecedentes crecientemente claros desde los primeros años del período presidencial de Luis Echeverría Álvarez y posteriormente en el de José López Portillo. Sin embargo, se establecen en lo fundamental durante el sexenio de 1982 a 1988, con Miguel de la Madrid Hurtado en la Presidencia de la República. Puede considerarse que el período que va desde 1965-1970 hasta 1982 representa una transición hacia una nueva forma de crecimiento, la cual venía perfilándose desde los años de los mil novecientos setenta a nivel del mundo (en Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet y en Brasil, por ejemplos, se estaba probando la estrategia que luego se conoció como “neoliberal”). En México, de 1982-1985 en adelante, esta forma de crecimiento ha pasado por un proceso de adecuación y consolidación; desde luego que no sin resistencias. Durante la etapa de transición (1965-1970 a 1982) el sistema experimentó crecientemente tres tendencias que son de interés aquí:

a) Las estructuras generadas durante la forma de crecimiento dirigida al mercado interno, que funcionaron con mayor o menor eficacia en lo económico y en lo político durante el “milagro mexicano” y la “revolución verde”, mostraban cada vez mayor agotamiento y pesadez. De aquí la necesidad gubernamental de encontrar vías que permitieran la adecuación o, en último caso, la sustitución de tales estructuras; o bien una combinación pragmática y selectiva de estas opciones, como en general ha ocurrido, imponiéndose la segunda, como era de esperar.

b) Las presiones provenientes del exterior en el sentido de adoptar los patrones neoliberales cobraban más fuerza. Sin embargo, en el interior del gobierno y de la llamada “clase política mexicana”, emanados de la Revolución de 1910, existían corrientes de peso con intereses fuertemente vinculados al patrón de crecimiento anterior, por lo que se resistían al cambio. Ante ello, la enorme carga de la deuda externa fue un factor determinante para vencer las resistencias. Estas corrientes de interés no han desaparecido; pero su influencia ha sido minada con eficacia y en ocasiones con energía por los partidarios de la modernización neoliberal.

c) Como consecuencia de lo anterior, el proceso de adecuación a las políticas neoliberales generó graves enfrentamientos en el seno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los cuales rebasaron las reglas escritas y no escritas de su funcionamiento. Tanto el PRI como el aparato de gobierno y la burguesía políticamente activa ligada a ellos, todos exhibieron síntomas importantes de división en sus filas. Este factor fue determinante en el debilitamiento y ulterior desplazamiento del núcleo hegemónico, pues precisamente una función básica del PRI había sido permitir que las diferencias fuesen dirimidas en el interior, presentándose el partido como una unidad para asegurar la fuerza hacia el exterior.

Alrededor de 1982-1985, las tendencias modernizadoras finalmente lograron la implantación del neoliberalismo en sus rasgos fundamentales. Sin embargo, ello tuvo el costo de poner en entredicho la conservación del propio sistema basado en un régimen de presidencialismo priísta. Al perderse la tradicional capacidad de resolver internamente los diferendos, garantizando la unidad de acción, el sistema político establecido perdió fuerza y eficacia. Esto enfrentó a los “modernizadores” con la necesidad de encontrar opciones para asegurar la continuidad de la política económica en primer término y del nuevo patrón en general. Debía darse continuidad al patrón neoliberal; pero en virtud de las consecuencias negativas que necesariamente acarrea para la masa de trabajadores, debía también perfeccionarse las políticas dirigidas a mantener el control sobre ellos, destacando el control sobre el campesinado, que, desde la Revolución de 1910, era considerado por los gobiernos como especialmente delicado.

Lo significativo en el control sobre el campesinado, consistió en las modificaciones al aparato de órganos oficiales, especializados unos en la gestión de los procesos de la producción rural y otros en la administración del control político. Asimismo, hubo cambios en la relación del Estado con las organizaciones campesinas y de agricultores, con la consiguiente variación en la función política de éstas.

Los cambios o reformas en las instituciones estatales que operan en el sector agrícola y en el medio rural en general, obedecen al hecho, para entonces evidente, de que su eficacia administrativa y política se había deteriorado gravemente aun cuando seguían cumpliendo con su función central en las tareas de control estatal. Simultáneamente, en la adecuación subyacía una reestructuración del personal, ya que éste es un factor fundamental del que depende el buen o mal funcionamiento de una corporación… y la posibilidad de encaminarla en uno u otro sentido.

El deterioro que había sobrevenido incluía elementos tales como el agravamiento de la corrupción. Se tiene el caso de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S. A. (ANAGSA), eliminada en 1990, cuyo personal era centro de un fraude muy difundido, consistente en fingir el siniestro de una determinada superficie para cobrar el seguro, dividiendo su monto entre el productor, el empleado de ANAGSA que certificaba el supuesto siniestro, y en ocasiones otros, como el representante del Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL). Prácticas de este tipo no pertenecen directamente al área del control político, pero abonan a éste, pues el campesino involucrado en ellas no siente tan acusadamente la necesidad o el impulso de adoptar una actitud contestataria. Por una parte, estar comprometido en un ilícito limita su moral y posibilidades de acción; por otra, sus ingresos mejoran, a veces en proporción importante, dependiendo del valor unitario del cultivo y de factores como la magnitud de la superficie sembrada. En todo caso, se reduce la urgencia económica y la motivación hacia la lucha.

La Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) destaca por su uso con fines de control político al apoyar a los programas de abasto comunitario, principalmente a través de sus filiales DICONSA (Distribuidora CONASUPO, S. A.) y LICONSA (Leche Industrializada CONASUPO, S. A.), que incidían directamente sobre la alimentación de la familia campesina. Asimismo, impulsó a su filial BORUCONSA (Bodegas Rurales CONASUPO, S. A.), para incidir en el proceso de comercialización agrícola. Aparte de proyectar la imagen de un gobierno interesado en satisfacer las necesidades de la comunidad campesina, a través de CONASUPO se ejerció la política de incorporar la participación comunitaria en el funcionamiento de las mencionadas filiales ligadas al abasto y la comercialización: BORUCONSA, LICONSA y DICONSA. En las dos primeras había asambleas de la comunidad involucrada, para elegir a los encargados de la bodega para la comercialización o del expendio de leche, respectivamente. La colaboración de los encargados sería voluntaria, recibiendo el encargado de la bodega una compensación económica por parte de BORUCONSA, sin ser considerado trabajador de esta empresa; el encargado de la lechería no recibía compensación. Pero, tanto en uno como en otro puesto, los responsables normalmente encontraban la manera de autoremunerar su trabajo.

DICONSA era tal vez la filial más importante, tanto por el impacto político del abasto de alimentos básicos a precios accesibles como por la gran extensión de su red de tiendas comunitarias. Para la operación de estas tiendas se implantó un esquema similar al de las lecherías, complementado con la formación de Consejos electos por las comunidades. En ellos debía discutirse la problemática local del abasto, vigilar el buen funcionamiento de las tiendas y hacer recomendaciones a DICONSA. Por supuesto, los órganos comunitarios normalmente eran integrados de modo que respondieran a las directrices de la paraestatal; pero también es verdad que se impulsó su funcionamiento regular y, al ser representativos, se les mantuvo un cierto respeto. Ello coadyuvó a la participación y adquisición de experiencia de muchos líderes naturales, mismos que no siempre ni mucho menos estuvieron sometidos a la empresa.

En un elevado porcentaje, los mandos altos y medios de la CONASUPO en este período, así como los empleados que estaban directamente en contacto con las comunidades campesinas y popular-urbanas, provenían de la izquierda opositora o tenían alguna militancia en el ala izquierda del PRI. Sentían atracción por la función de beneficio social y la promoción de la organización “para el desarrollo” que oficialmente se le asignaba a la paraestatal; desde luego, además de la oportunidad de contar con empleo, en un tiempo en que ya no abundaba. Se observa así que, paralelamente, la institución fue utilizada como un importante instrumento de cooptación de líderes y activistas para el sistema y para el grupo hegemónico en el régimen de entonces.

En ciertos casos los Consejos Comunitarios fueron objeto de una enconada lucha por su control, librada entre los agentes de la empresa y elementos de izquierda, incluidos parte de los que ahí laboraban. Sin embargo, lo predominante fue que esta estructura organizativa estuviese al servicio de los programas gubernamentales y en particular favoreciera, dentro y fuera de CONASUPO, los intereses del grupo hegemónico, encabezado por los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari. Como se recordará, Raúl fue Gerente General de DICONSA.

En este período ya se daba la “desincorporación” de paraestatales, pero a la CONASUPO no le tocó, lo que en buena medida se explica por la importancia que se le asignó en las estrategias de control. Tanto en el control de la masa campesina y trabajadora en general, como en la dirigida a fortalecer y perpetuar en el gobierno a la corriente de los Salinas de Gortari; lo que en la coyuntura viene a ser una sola estrategia. Es interesante el uso de la participación comunitaria y de los elementos de izquierda con esos fines, pues por lo demás es común que las líneas de control sirvan al régimen y se procure que también a la fracción hegemónica.

Siguiendo con otra importante dependencia del gobierno, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) se distinguió por la vinculación de su actividad de carácter técnico con otras áreas, como el crédito o los estímulos (subsidios) regionales. En general, la política oficial sostenida por la SARH como “cabeza de sector” fue buscar la descentralización de funciones y la vinculación entre dependencias gubernamentales, lo cual en sí mismo es algo positivo; pero esta tendencia lleva implícita la función de control, ya que cada vez se condiciona en mayor medida el acceso a los servicios y apoyos oficiales a que el campesino pertenezca a algún organismo “reconocido” por la entonces SARH y/o las dependencias oficiales vinculadas. En realidad este tipo de organismos es promovido y dirigido por estas dependencias.

De hecho un campesino puede estar integrado a un grupo solidario para fines de crédito, a algún grupo constituido para la comercialización, a otro para acceder a la obra de beneficio social, etc. Se supone que ese requisito, más o menos formalizado, tiene el propósito de llevar los beneficios más allá de lo individual y de propiciar la participación en la gestión del desarrollo. Esto ocurre con mayor intensidad para el caso de pequeños productores del sector de “propiedad social” y con menor fuerza en el caso de pequeños campesinos bajo el régimen de propiedad privada. La diferencia en el período de referencia (y en el inmediato anterior) estriba en que el control de estas agrupaciones se iba separando de las organizaciones corporativas ligadas al PRI, para pasar al Poder Ejecutivo, a través de las dependencias oficiales que administran los apoyos económicos de hecho sin la intermediación característica del corporativismo mexicano.

Los grandes capitalistas agrícolas reciben trato distinto, aun cuando no todos ni mucho menos pertenecen a las organizaciones de productores. Esta clase de asociación sólo está realmente extendida en las regiones de mayor avance capitalista (Sinaloa, Sonora…), en las cuales la propia dinámica de la acumulación lo ha convertido en una necesidad.

En cuanto a las instituciones estatales encargadas del crédito rural, Ma. del C. Cebada plantea que los cambios en la política del Estado se dan principalmente a partir de 1989. Ante la adopción de la práctica neoliberal, los criterios empresariales, asentados en la rentabilidad financiera, determinan quién es sujeto de crédito. En consecuencia el campesino, por su situación de precariedad, de hecho no lo es, o a lo más, lo es de manera limitada. El gran número de ejidatarios y (verdaderos) pequeños propietarios rurales con créditos en cartera vencida, da una idea de su vulnerabilidad frente a la necesidad de crédito (Cebada, 1998). Según la misma autora:

"(…) el Estado ha emprendido modificaciones (…) en el sistema de crédito institucional y reestructurado las instituciones financiadoras del sector público vinculadas a la agricultura, con base en la idea de que una administración racional puede reemplazar políticas conflictuadas, pasando de una visión agrarista a una de índole más productivista —un mercado político—. No obstante, se le presenta la paradoja de cómo lograr instrumentar el nuevo modelo económico de corte neoliberal en el sector, pero manteniendo el control político sobre el campesinado (…). A este respecto planteamos, como hipótesis de trabajo, que el gobierno instrumenta varias medidas que tienden a mantener la relación corporativista (…), segmentando la relación y diversificando los medios de control (…). De tal modo que la relación se sigue dando pero adecuada a las nuevas situaciones, de acuerdo al tipo de productor, modificando y diversificándose las instancias mediante las cuales se ejerce el control (...) La política de crédito como política económica (…) es considerada aquí como una política-política, en cuanto se vincula la instancia económica —en la que se definen las condiciones de producción y distribución— con la instancia política —en la que se articula la estructura de poder— (…). Las instancias gubernamentales y los bancos se convierten en actores importantes pues sus acciones adquieren un sentido político. (…) El crédito es cada vez un recurso, pero no únicamente financiero, sino que se inserta en el juego de las relaciones de poder y de competencia que se instauran. (…) El papel que juega el crédito en las nuevas formas de asociación campesina son diferentes, para algunos es más una estrategia de subsistencia, para otros; es un objeto de lucha.”

La cita anterior expresa bien la importancia política del crédito en el campo. No obstante, involucra una tesis difícil de aceptar, consistente en que la política neoliberal del gobierno buscaba actualizar al corporativismo, es decir, generar un neocorporativismo, como forma de mantener bajo control al campesinado en las nuevas condiciones.

III. ESTADO Y CAMPESINOS, UNA NUEVA RELACIÓN

Al Estado mexicano le hubiera interesado una mera adecuación del sistema corporativo, pues la consolidación del patrón neoliberal le hubiera resultado mucho más fluida. Sin embargo, ese objetivo no era políticamente viable debido a la red corporativa que había surgido y crecido integrada con los intereses de los grupos político-económicos encargados de administrarla; intereses ligados intrínsecamente con el viejo patrón de crecimiento, con el viejo régimen y con los viejos núcleos de poder económico. Por ello, la emergencia de un nuevo equipo en el gobierno y hasta de una nueva generación de políticos con un proyecto distinto afectaba directamente a esos intereses. Lo anterior forma parte de los factores causantes de las serias resistencias al cambio existentes dentro del sistema corporativo, que lo hacían inadecuado para los fines “modernizadores” del gobierno (como se había evidenciado en el período de Miguel de la Madrid, si bien los desajustes pueden rastrearse desde los mil novecientos setenta).

Debe tenerse en cuenta otro factor menos cercano; mas no por ello menos actuante: Al imperialismo le interesaba el debilitamiento del Estado mexicano en la forma que históricamente adoptó hasta entonces, caracterizada por el régimen presidencialista, uno de cuyos pilares era precisamente el corporativismo y con él su complemento, el partido oficial. En la medida en que el viejo Estado presidencialista conservaba fortaleza y, mal que bien, todavía a esas alturas, contaba con una cierta autonomía y apoyo popular, las resistencias que presentaban los grupos ligados al viejo régimen cobraban importancia como factores que frenaban el avance del neoliberalismo. Cierto que el apoyo del pueblo hacia el Estado “de la Revolución Mexicana” había disminuido. Sin embargo, de presentarse una pugna entre grupos capitalistas nacionales y foráneos, con tintes de confrontación entre la nación mexicana y el extranjero, es probable que las resonancias de la ideología y la tradición nacionalista, patriótica y revolucionaria, todavía hubiesen operado en el pueblo de México a favor de cerrar filas con el gobierno.

Estados Unidos, a través de los organismos financieros internacionales y otros medios, mostró una eficaz capacidad de presión sobre el gobierno de México en el sentido de suplir al corporativismo por la “libre asociación” de productores, la “democratización”, la “modernización”, y demás frases con que quieren encubrir su intervención; sabiendo que ello debilitaría a las corrientes adversas al cambio. Por lo demás, ya la simple aplicación de los programas de ajuste neoliberales, con sus medidas antipopulares trabajaba en esa dirección.

Admitiendo, pues, que las nuevas formas de control difieren sustancialmente del corporativismo generado por el anterior patrón de crecimiento y su régimen presidencialista, desde 1982 es característico el progresivo desplazamiento de la Confederación Nacional Campesina (CNC) como instrumento principal del control político sobre la población en el medio rural. La importancia de la CNC tuvo tal peso en el control político de los campesinos, así como de los capitalistas rurales pequeños y aun de los medianos, que perfectamente puede considerarse estaba integrada a lo que es el aparato estatal, aunque formalmente aparecía fuera del mismo. Sobre todo su papel fue de primer orden en la legitimación, a través de las votaciones, de los gobiernos hegemónicos del “estado benefactor” priísta.

A medida en que la CNC pierde fuerza y estimuladas por este mismo hecho, surgen y cobran importancia organizaciones que reivindican cada una para sí la representación del campesinado o de algún sector importante de éste. Casi todas ellas tienen su base social entre los ejidatarios y en menor medida entre comuneros. Pero a medida que el neoliberalismo avanza, y sus efectos polarizadores se extienden, se hace notorio que se incorporan sectores de pequeños propietarios privados y más tarde medianos productores agropecuarios de tipo capitalista, o surgen organizaciones representativas de éstos (Rubio, 2004).

En alto grado, estas organizaciones campesinas giran en torno al proceso de producción directa y al de comercialización. Es cierto que en la mayoría de los casos mantienen una actitud de interés, de participación, y tienen la capacidad de presionar políticamente al gobierno (lo cual constituiría la “movilización”, en términos de G. Gordillo (1988); pero también es cierto que, cuando existe, tal participación y presión, de índole indudablemente política es limitada precisamente a demandas que no rebasan al campo de lo económico, si se atiende a sus objetivos e ideología.

Salvo en declaraciones de líderes, no se observa que exista o entre las amplias bases se divulgue una conciencia del papel de los trabajadores en la sociedad; de la necesaria unidad de campesinos, obreros y pueblo en general en una organización específicamente política, que se proponga enfrentar el problema del poder bajo un programa basado en los intereses inmediatos e históricos de los trabajadores. Tampoco hay promoción de algún proyecto encaminado a la mejoría estructural de la sociedad en conjunto, aun en el marco del capitalismo, como sería uno dirigido a la superación del subdesarrollo. A lo más, han intervenido en la lucha electoral por presidencias municipales, ciertamente con movilización real de masas en ocasiones, lo que no elimina la tendencia central mencionada, sino que en una u otra forma se vincula a ella. Puede afirmarse que la política (y la “movilización”) de las organizaciones se constriñe al campo de lo económico; en fin de cuentas, bajo las reglas del juego y dentro del proyecto emanado de las instancias gubernamentales, del régimen. Así, el campesino se mantiene esencialmente bajo control, por más que pueda movilizarse e inclusive tener logros en esta dinámica economicista.

Conviene señalar que ese conglomerado de organizaciones, al menos las de composición propiamente campesina, tiene sus orígenes en los movimientos que surgieron en el marco de las primeras liberalizaciones del régimen, y de las primeras confrontaciones entre grupos de la burguesía y de la burocracia dominante; esto es, durante los primeros mil novecientos setenta y en los años inmediatos posteriores, casi siempre sosteniendo la lucha por la tierra como bandera principal.

El gobierno que impulsaba al régimen neoliberal ya en los mil novecientos ochenta, estaba necesitado de aliados nuevos que lo reforzaran ante la división, para entonces inocultable, que enfrentaba el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que era parte de la división más amplia que se daba en el seno de la burguesía política mexicana, bajo diferentes formas de expresión, desde los años setenta, como se mencionó.

En estas condiciones, el gobierno encontró que no sólo no le resultaba demasiado problemática la presencia del elevado número de organizaciones en el campo, dada su naturaleza y composición ideológico-política de los dirigentes, sino que inclusive le era conveniente. Por una parte, aplicándoles un trato adecuado y una inyección de recursos económicos, podría neutralizar el riesgo de que actuaran como factor de conflicto o desestabilización; igualmente, una buena parte de ellas podrían ser utilizadas como un elemento que colaborase eficazmente en la tarea de elevar la producción y la productividad en el campo (a través de ejidos colectivos, ARICs, etc.), reduciendo así la necesidad de destinar recursos crecientes al sector rural, pues ya desde 1982-1985 uno de los cambios principales se ubica en el hecho de que se da “la culminación del proceso de transferencias de la agricultura tradicional hacia el resto de la economía y el inicio de su reversión. Se plantea, desde ese momento, la necesidad de enviar recursos al sector agrícola” (Gordillo, 1992: 8).

Ya desde el período presidencial de Miguel de la Madrid era patente que se venía dando un proceso de acercamiento (iniciado mucho antes) entre las organizaciones campesinas emergentes y los gobiernos federales, así como con los gobiernos de ciertos estados de la República más afines al orden federal. De 1988 en adelante esta cercanía se hace más acusada, lo cual se explica, por la pugna ya señalada, y además por la especial situación de falta de legitimidad y credibilidad en que Carlos Salinas de Gortari arribó a la Presidencia. Es muy conocida la presunción, bastante sustentada, de fraude en la elección correspondiente. Al recién implantado régimen neoliberal y al gobierno de Salinas, pues, les era particularmente importante ampliar su base de sustentación entre la sociedad civil para rápidamente construir la legitimidad que en un primer momento no pudo derivarse del proceso electoral. Y el sector rural no era de los menos importantes en esta perspectiva, ya que, se ha visto, el campesinado desde el triunfo de la Revolución Mexicana de 1910, ha tenido una importante funcionalidad en los procesos de legitimación de la esfera estatal.

Cabe acotar que precisamente uno de los rasgos que exhiben los gobiernos del neoliberalismo, al menos en México, es el hacer descansar su legitimidad fundamentalmente en los procesos electorales a través de los cuales se entronizan, complementado esto con políticas asistenciales y discursos formalistas, como la constitución y preservación del Estado de derecho o el respeto a los derechos humanos; en tanto, las grandes masas de la población son marginadas de las mejoría económica y de la participación en las decisiones políticas. En ese punto, los gobiernos neoliberales se distinguen de los anteriores, correspondientes al período del populismo y los del sucesivo, cada vez más autoritario, hasta el final del período de crecimiento “hacia adentro”. Los anteriores al neoliberalismo desde luego se esforzaban por obtener una legitimación social. Pero el medio básico para lograrlo era mantener una “alianza” con las masas populares, lo cual implicaba un intercambio de apoyo político para el gobierno por un cierto beneficio, aunque relativo, para la mayoría de la población trabajadora en lo que se refiere a condiciones materiales de vida (acordemente con las políticas del “Estado de bienestar”) así como en materia jurídica y política, aunque controlada.

El acercamiento entre el gobierno neoliberal y las organizaciones campesinas se concretizó en la práctica política y en el discurso ideológico de la concertación, misma que se presentó y todavía se maneja así, como una novísima forma de relación participativa entre gobernantes y gobernados, no restringida al sector rural, por supuesto. En efecto, para fines de no aparecer como un gobierno impositivo, y atraerse aliados y simpatía en la búsqueda de la tan necesaria legitimación, el salinismo insistió en que la sociedad civil sería tenida en cuenta a la hora de tomar las decisiones, por medio del diálogo y la negociación en torno de los objetivos y en general de los intereses que sustentasen los distintos grupos y sectores sociales. Naturalmente, en la implementación práctica de tal participación no es posible que todo mundo intervenga. Entonces, el gobierno y sus instituciones conciertan con las organizaciones que representan a los sectores y grupos.

Se está ante una extensión de la ideología de la democracia representativa al ámbito de la sociedad civil en general, para operar la relación de ésta con el gobierno. En los hechos, lo que ocurría (y ocurre) era que los funcionarios y los dirigentes de las organizaciones llegaban a acuerdos que, ni siempre beneficiaban al sector supuestamente representado, ni dichos acuerdos eran cumplidos en todos los casos; amén de que el gobierno decide a cuál organización reconoce como digna de concertar y a cuál no. Pero, eso sí, la participación social “en las decisiones” se da por consumada. Nótese que en este esquema el asunto de la democracia representativa se reduce a una manera de conseguir la exclusión de las amplias masas de trabajadores y del pueblo en general no sólo de las decisiones, sino de prácticamente toda la vida política. En efecto, toda su participación efectiva se reduce al acto de votar y después se le suplanta por representantes que ni consultan ni discuten a nivel de bases las posiciones que han de sostener, ni mucho menos se someten a la autoridad de estas bases. La exclusión se da por la vía de sustituir al ciudadano trabajador por el supuesto representante.

De este modo se desactiva el descontento y la posible movilización de protesta al establecerse una separación entre los trabajadores y sus pretendidos dirigentes. Estos últimos en el fondo son cooptados por el régimen que, a ellos sí, les proporciona participación, prestigio y dinero, pues a través de las organizaciones seleccionadas (casi todas en alguna medida) se canalizan recursos destinados al campo. Además, lo que es muy significativo, el régimen asigna un subsidio que se destina al sostenimiento de la organización como tal, de manera semejante a como se opera con los partidos políticos.

Desde otro ángulo, se deja de lado la organización de amplias masas campesinas, así estén bajo control corporativo, para sustituirla por organizaciones más reducidas, divididas y manejables. Y la CNC, no muy afecta al neoliberalismo, queda debilitada mediante este mecanismo. Por lo visto, la organización corporativa de masas campesinas, además de constituir un alto costo monetario, es percibida como riesgosa para el nuevo régimen y no sin razón, pues en fin de cuentas tuvo razón de ser por su utilidad para el control mediante la distribución de recursos significativos, por una parte, y para la canalización por vía institucional de los conflictos rurales, originalmente, los derivados de la lucha por la tierra. Por lo tanto, cuando el nuevo esquema reduce drásticamente los recursos para la gestión del descontento y se plantea ya no la canalización y mediatización burocrática del conflicto sino su eliminación y declara (una vez más) el fin del reparto agrario, ello cimbra los cimientos de la CNC y pone en su orden del día la disyuntiva de renovarse para adecuarse a los tiempos o perder toda significación para el Estado. Esta situación, en un primer momento, presentó el riesgo de derivar en un inconveniente enfrentamiento abierto, dado que la CNC conservaba un núcleo de políticos influyentes, una estructura probada y gran número de afiliados. Aun hoy la CNC no acaba de resolver esa disyuntiva, si bien todo indica que predomina en ella la tendencia a adecuarse al nuevo régimen a como dé lugar.

Se debilitó a la CNC, como también se hizo con los sindicatos de la CTM y el aparato corporativo en conjunto. Pero con ello también se debilitó al régimen presidencialista mexicano, uno de cuyos pilares, tal vez el más importante, era y es, en la medida en que persiste, precisamente el control corporativo sobre el campesinado y la clase obrera. Este debilitamiento del Estado mexicano en su forma de régimen presidencialista no deja de ser más que conveniente para los intereses del imperialismo ahora neoliberal y de la burguesía más proclive a establecer nexos de asociación-subordinación con el extranjero. Así, todo se iba combinando de una manera muy coherente para posteriormente llegar al final, sorprendente para algunos, de la hegemonía del PRI, como partido en el gobierno.

Es posible señalar algunos rasgos comunes, que aquí se ven como limitaciones y que distinguen a las organizaciones campesinas (y a su movimiento) surgidas de los procesos sociales de los años mil novecientos setenta y, sobre todo, de los ochenta; sin pretender que todos estén presentes en cada ejemplo concreto. No obstante, estos rasgos generales se mantienen y desarrollan hasta la fecha actual y serían los siguientes:

o Por lo general las organizaciones campesinas son sectoriales (productores de caña de azúcar, de piña, etc.) y el alcance de su actividad e influencia es local o regional.

o La estructura corresponde al carácter local o regional y/o sectorial. Básicamente se tiene una estructura fragmentada (“descentralizada”, “autónoma”…). Hay un rechazo hacia la llamada “forma central”, explícito o de hecho.

o En lo fundamental, las demandas se restringen a lo económico. La presión de tipo político se dirige principalmente a conseguir metas que impulsen aspectos relacionados con el proceso de producción en sentido amplio; es decir, se subordina a lo económico.

o Cuando se ha planteado acciones políticas más allá de la presión para lo económico, ha sido en el ámbito municipal, demandando obras o servicios, y/o para influir en la elección de autoridades de ese orden de gobierno. Excepcionalmente, se ha dado la movilización por demandas de interés general (contra los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por ejemplo, ya en el siglo XXI); pero no se han basado propiamente en alguna(s) organización(es) de alcance nacional, sino en formas de unidad más bien momentánea. Y sus logros han sido más bien dudosos, apuntando hacia negociaciones de tipo electoral.

o Llama la atención el evidente aislamiento de las diversas organizaciones campesinas, en diversos órdenes:

- Dentro de una misma organización, realmente existe un reducido grado de unidad, por aquello de la “autonomía”; se observa casi una política de apoyo mutuo entre las distintas secciones. Entre organizaciones distintas, la unidad se da esporádicamente y a menudo existen serias diferencias.

- Con respecto de otros sectores de trabajadores, como la clase obrera, el aislamiento es prácticamente absoluto. No hay un movimiento conjunto de importancia desde los años setenta; y aun entonces, casi todos fueron en calidad de organización popular (los “Comités de Defensa”, por ejemplo).

- Los partidos políticos se encuentran desvinculados de la organización campesina en cuanto a unidad orgánica. La relación de estos partidos con el campesinado se da con fines electorales, de captación de votos y cobra intensidad ante la proximidad de los actos electorales. Con esos fines, los partidos realizan actividades de gestoría ante las instituciones, lo que mucho se parece a la antigua actividad tradicional de las centrales oficiales y semioficiales. Ocasionalmente se ve a algún partido encabezar otro tipo de movimiento; invasiones de tierra por ejemplo, ya no sólo contra los grandes latifundistas, sino también enfrentando a campesinos bajo régimen de “propiedad social” contra sus homólogos de propiedad privada o pequeños capitalistas rurales que poco se diferencian del campesinado. Esta actividad conduce a los partidos actuales a formar grupos de adeptos-interesados (clientes), no a una auténtica vinculación con el movimiento; y no es raro el enfrentamiento entre grupos ligados a partidos diferentes. Entre paréntesis, la situación no es muy diferente si se examina la relación con los obreros u otros sectores de trabajadores.

Para muchos promotores de las actuales formas de organización campesina, características como las mencionadas son percibidas como avances, como experiencias deseables de conservar y acrecentar; excepción hecha del aislamiento interno de las organizaciones y con respecto a sus símiles campesinos y de otros sectores. Pero esta excepción en pro de la unidad es más declarativa que real, pues en la práctica poco se hace en ese sentido. En realidad, las organizaciones campesinas se presentan actualmente más como un conglomerado de grupos de presión que como un movimiento unificado.

El carácter limitado de las demandas y de la estructura impide trascender los marcos ya no de la dominación de clase, sino los que el régimen impone dentro del actual patrón de crecimiento. Entonces, en la medida que esta limitación retiene dentro de los límites establecidos por el sistema, sin la perspectiva de acceder a una calidad de organización, dirigencia y conciencia más allá de tales límites, puede considerarse que los campesinos están bajo control (como los trabajadores en general, en esas condiciones). En tanto la organización campesina y los partidos políticos permanezcan en esos marcos, en la práctica estarán funcionando como instrumentos de control del régimen. En términos de B. Rubio (2004), “el problema es que son movimientos locales enfrentando poderes globales”.

El marco expuesto de la relación Estado-organizaciones bajo el neoliberalismo, consolidada bajo el salinismo, no es exclusivo para la organización y control del sector campesino. Pero es completamente válido también para el éste, y su actual situación no podría comprenderse plenamente sin este elemento. No es casual que un destacado personaje como Gustavo Gordillo, siendo Subsecretario de Política y Concertación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (Gordillo, 1992: 75-78), hacia 1992, abogase por este tipo de política, valorándola como lo más adecuado en los tiempos actuales para el campesinado, y en general, para la buena relación entre gobernantes y gobernados. En el mismo marco resulta plenamente explicable la multiplicación de organizaciones campesinas y similares de la que ha sido testigo toda la etapa de formación y consolidación del neoliberalismo en el campo mexicano.

Todavía al principio de los mil novecientos setenta, el régimen no veía con buenos ojos la formación de organizaciones campesinas. Sin embargo, las diferencias surgidas entre la clase dominante y en el seno del aparato del Estado provocaron que, hacia la mitad de esa década, el gobierno de Luis Echeverría mostrara una cierta tolerancia hacia tales organizaciones, surgidas al calor de la lucha por la tierra, principalmente contra latifundistas atrasados; desde luego, siempre que no rebasaran determinados límites. Con diferencias, sobre todo en cuanto a las invasiones o “recuperaciones” de tierras, la actitud más o menos tolerante se mantuvo durante la Presidencia de José López Portillo (1976-1982). En lo fundamental las políticas de estos dos gobiernos representaban un esfuerzo por conservar el régimen basado en el crecimiento “hacia el interior”, para lo cual buscaban modificaciones en éste; más con Echeverría y menos con López Portillo.

Con ese antecedente, en el mandato del Presidente Miguel de la Madrid H. los hechos exhiben la intención de acceder a un patrón de crecimiento y un régimen neoliberales. Las confrontaciones entre tendencias priístas a propósito de ese tránsito condujeron a aceptar y estimular a las nuevas organizaciones; con la diferencia de que con ello se buscaba consenso para con el proyecto “modernizador” y aliados frente a las tendencias opositoras. A la vez, se perfilaban las reformas que condujeron a la consolidación del neoliberalismo durante el período de gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Como consecuencia de esos cambios en la política de control, el número de organizaciones de agricultores (no sólo campesinas) se ha incrementado desde los mil novecientos ochenta. A continuación se presentará un esbozo de esta evolución, lo que permitirá observar la progresiva disminución en la importancia de las organizaciones que fueron el instrumento de control corporativo estatal en ese sector social.

A inicios de la década de los ochenta, el sistema político mexicano aun contaba entre sus pilares al movimiento campesino organizado, es decir, al conjunto de organizaciones campesinas controladas por el Estado y prácticamente integradas a él en el marco del régimen presidencialista históricamente constituido. Un rasgo distintivo de este régimen es el corporativismo, expresado en el agro por el control del productor precisamente mediante estas organizaciones. Destaca, por supuesto, la CNC, afiliada al partido oficial, el PRI. A su lado marchaban algunas otras organizaciones que iniciaron como oposición izquierdista y de hecho fueron cooptadas por diversos regímenes. Entre estas últimas se cuentan la Central Campesina Independiente (CCI) y la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM).

Se ha visto que hasta entonces (principios de los mil novecientos ochenta) una función principal de estas organizaciones había sido la directamente política, dirigida a mediatizar el descontento, canalizar las luchas campesinas hacia las instituciones del Estado y asegurar el voto. En particular, la lucha por la tierra se encauzaba a través del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (después Secretaría de la Reforma Agraria), con lo que, por lo menos, se mantenía en el campesino la esperanza de obtener una parcela y en no pocas ocasiones en efecto dotaba a los núcleos campesinos con superficies, así fuesen de mala calidad. El campesinado aun veía a la posesión de la tierra como vía principal para mejorar sus difíciles condiciones de reproducción; idea que estaba presente en los móviles que lo impulsaron a involucrarse en la Revolución Mexicana de 1910 y que era alimentada por los gobiernos al presentarse como los continuadores de la obra revolucionaria. Así, el reparto agrario o la promesa de éste, se había usado como un mecanismo de control político, cada vez menos efectivo por cierto, con base en las organizaciones campesinas oficialistas.

La función de control de la organización corporativa se fundaba también en la gestión de recursos provenientes del Estado, tanto para fines de producción (crédito, insumos, infraestructura, etc.), como para complemento del ingreso (subsidio al consumo) o para obra de beneficio social (escuelas, clínicas rurales, etc.). En la medida en que el reparto agrario se agotaba como medio de control, la gestión de recursos cobraba importancia como una forma de control preventivo; es decir, la CNC y similares adquieren la función principal de bloquear las manifestaciones de descontento por sobre la canalización hacia las instituciones de gobierno.

Normalmente las organizaciones campesinas oficialistas menores se manifestaban en oposición con la CNC; pero cumplían con la misma función de control (mediante la canalización institucional del descontento, así como la gestoría y el bloqueo de la movilización). Y recibían, al igual que la CNC, ciertas prebendas: recursos económicos y puestos en los Congresos nacional y local o en el aparato ejecutivo del Estado. Es a partir de 1982-1985, cuando claramente la funcionalidad de estas organizaciones oficialistas-corporativas se manifiesta definitivamente obsoleta, dado que se ha llegado al punto de implantar el patrón de crecimiento neoliberal. No sólo obsoleta, sino que se muestra como un estorbo, dado que su entramado de intereses y relaciones económico-políticas contribuía fuertemente al cúmulo de resistencias que encontró dicho patrón para su implantación.

Por tal razón, no es extraño que, a partir de inicios de los mil novecientos ochenta, las agrupaciones campesinas “emergentes”, que ya existían, cobren auge, con el no tan discreto apoyo del Estado, que para entonces estaba construyendo con firmeza el régimen neoliberal. El Estado busca (y compra) el apoyo de las organizaciones “autónomas” para contrarrestar la presión conservadora de la CNC y similares, a la vez que va desplazando a estas últimas. El proceso avanzó hasta llegar a la situación actual (2000-2006…), en donde la CNC, la CCI, la UGOCM, finalmente han perdido su carácter de interlocutores privilegiados del Estado, tanto en lo económico como en lo político. Como es natural, ello les ha reportado pérdidas significativas en términos de afiliación e influencia.

Actualmente las organizaciones ex-oficiales figuran como otros componentes más dentro del cúmulo de grupos campesinos en el país. Y como todos ellos, compiten por los recursos del Estado, en los términos que el régimen impone. Esto llevó a que, sobre todo la CNC, estén esforzándose por modificar sus estructuras y estrategias para sobrevivir en las nuevas condiciones. La CNC, por ejemplo, está incursionando en la organización para lo económico (producción directa, comercialización, financiamiento) algo relativamente nuevo para ella, pues su función tradicional fue política; asimismo, está extendiendo sus políticas de afiliación a profesionistas ligados al campo, avecindados, comerciantes de productos agropecuarios, etc., cuando tradicionalmente sus afiliados fueron los campesinos del sector de “propiedad social”, o sea ejidatarios y comuneros. Así, estas organizaciones dejan de ser propiamente campesinas y se integran, más por fuerza que de grado, al esquema de control neoliberal en el campo, basado en la fragmentación, el economicismo, el individualismo, la diversificación de los afiliados y la marginación de las bases. Y en eso parece que otros se dan más maña. Pero, dado su historial, ¿les queda otra opción? No están habilitadas para luchar por los verdaderos intereses del campesinado y de los explotados.

Se tiene, pues, que el paso del esquema de crecimiento volcado al mercado interno hacia el neoliberal, dirigido al mercado externo, para las organizaciones oficialistas tradicionales, ha tenido el efecto de convertirlas de organismos corporativos integrados a un régimen presidencialista, en organizaciones de tipo sólo clientelar bajo el neoliberalismo.

No se dispone de un padrón exacto de las organizaciones campesinas en México y de sus tendencias políticas. A principios del 2003, Jesús Ramírez Cuevas (2003) hace un recuento de veintiséis organizaciones “campesinas” (incluyen a pequeños y medianos productores de tipo capitalista); además de tres que tipifica como “organizaciones gremiales del sector privado”. Pero debe tenerse en cuenta que la mayoría, si no todas, agrupan a su vez a otras organizaciones. Además de lo que el autor señala: “Se incluyen a organizaciones que presumen de una presencia nacional. Sin embargo, es claro que existen un sinnúmero de agrupaciones regionales y locales que reúnen a la mayoría de los productores, muchas de ellas sin una relación orgánica con las centrales campesinas”. (Ramírez, 2003).

Puede asegurarse que con el paso al neoliberalismo crece el espectro de organizaciones campesinas integradas a las políticas de gobierno en formas distintas al viejo corporativismo, con el denominador común de aspirar a los recursos económicos. Como un indicador de este fenómeno (más allá del período de C. Salinas de Gortari) se intentará un bosquejo de la evolución numérica de esas organizaciones. Para ello, se tomarán las que han participado en agrupaciones convocadas por los gobiernos en turno: el Pacto de Ocampo, el Consejo Agrario Permanente y el Acuerdo Nacional para el Campo.

El origen del Pacto de Ocampo se encuentra en la necesidad del gobierno de Luis Echeverría de unificar a las organizaciones campesinas corporativas de entonces, limando las asperezas que manifestaban entre sí. Se estableció el 24 de diciembre de 1974, con la presencia del Presidente Echeverría, en Ocampo, Coahuila. Las organizaciones que lo firmaron fueron: la CNC, la CCI, la Unión General de Obreros y Campesinos (UGOC) "Jacinto López", y el Consejo Agrarista Mexicano (CAM). Posteriormente se sumó la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP), de agricultores privados, lo que generó división entre sus miembros, pues parte de ellos acusaron de "traidor" a su dirigente, Gustavo Guerra Castaños, y se pasaron a la Unión Agrícola Nacional (UNAN).

“Quedaron fuera del Pacto de Ocampo otras dos importantes organizaciones campesinas, La Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) que dirige Juan Horta y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) —antes Central Campesina Independiente (CCI), de Ramón Danzós Palomino. “Todos los dirigentes de las organizaciones del Pacto de Ocampo recibieron curules priístas en la actual legislatura. Celestino Salcedo Monteón (CNC) y Gustavo Guerra Castaños (CNPP) son senadores; Alfonso Garzón Santibáñez (CCI), Juan Rodríguez (UGOC "Jacinto López") y Humberto Serrano Pérez (CAM), son diputados”.

Como se ve, existían seis organizaciones principales de control campesino, las cuatro firmantes y dos fuera. La CNPP y la UNAN, aunque importantes, no agrupaban a campesinos propiamente. Estas organizaciones oficialistas eran las predominantes cuando se implanta el neoliberalismo a principios de los mil novecientos ochenta. Aparte las surgidas de las luchas por la tierra en los setenta y que eran marginadas por opositoras.

El Congreso Agrario Permanente (CAP) surge en 1989 por iniciativa del entonces Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, como un instrumento que permitiera avalar y legitimar las reformas al artículo 27 Constitucional, así como las negociaciones del Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN). Para el 2001…

“El CAP está constituido por 11 organizaciones, de las cuales están vinculadas al PRI: Confederación Nacional Campesina (CNC), Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), Confederación Agrarista Mexicana (CAM), Central Campesina Independiente (CCI), Alianza Campesina del Noroeste (ALCANO) y la Unión General de Obreros Campesinos de México (UGOCM), y el PRD tiene vínculos con la Comisión Organizadora de la Unidad Campesina (CODUC), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y la Unión Campesina Democrática (UCD). También están la Central Campesina Cardenista y la CONSUC. “Sólo en la CIOAC, la CCC y la CNC se realizan elecciones periódicamente y sus dirigentes han cambiado, pero hay casos como el de Humberto Serrano, de la CAM, que lleva 36 años como dirigente, y Álvaro López, quien ha sido líder 14 años. Este último dijo ayer que esto es porque las bases piden que se mantenga al frente, "qué más quisiera, que atender asuntos personales", y aunque él ha pedido que no haya reelección en UNTA, no han aceptado las bases” (Enciso, 2001).

Según recuento de la cita anterior, para estas fechas, sólo en el CAP, se tienen 12 organizaciones participantes en la convocatoria oficial, sin contar a la UNORCA, que se retiró después de 12 años de pertenencia. Es interesante la argumentación del líder de la UNORCA para explicar su retiro del CAP:

“Alberto Gómez detalló en entrevista que la decisión de salir del CAP fue resultado del análisis de que el Congreso ya cumplió con una etapa y ya no es el instrumento adecuado para reactivar el movimiento agrario. Ahora es necesario crear "un contrapeso social ante un gobierno que aplica el monólogo y es autoritario. En el que el campo no está incluido en su visión de nación".

“Ahora, dijo, en lugar de poner en el centro de discusión el tema de un nuevo trato para el campo, se puso la cuestión de los convenios de recursos para el organismo” (Enciso, 2001).

Un poco más tarde, el 28 de abril del 2003, fue firmado el Acuerdo Nacional para el Campo, promovido por el gobierno del Presidente Vicente Fox Quezada. Por las organizaciones agropecuarias (ya no todas propiamente campesinas) firmaron las siguientes: Las agrupadas en “(…) el Congreso Agrario Permanente (CAP), la Confederación Nacional Campesina (CNC), El Barzón y por ocho de las 12 organizaciones del movimiento El Campo no Aguanta Más. Las cuatro agrupaciones campesinas que decidieron no suscribir el acuerdo argumentaron que fue porque sus demandas, no resueltas, eran innegociables: sacar maíz y frijol del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y modificar el artículo 27 constitucional. Y además, porque se trata de un “acuerdo mezquino y cosmético” (Enciso, 2003). Los firmantes agrupan al menos unas 28 organizaciones campesinas que compiten por los recursos oficiales. Las organizaciones plantearon sus diferentes puntos de vista y sus disidencias con el gobierno. Pero firmaron.

El Presidente Fox “(…) festejó, sin embargo, la presencia de los dirigentes: "Es una victoria política de generaciones protagonistas de la larga marcha de la transformación democrática de México. El Acuerdo Nacional para el Campo es fruto de un amplio proceso incluyente, respetuoso y plural, generado desde las entrañas mismas de la sociedad rural y apoyado por una Presidencia de la República que se abre a la sociedad, que escucha sus demandas, que acepta sus propuestas y que responde con compromiso" (Venegas y Enciso, 2003).

Desde un punto de vista distinto, en palabras de Blanca Rubio (2003):

“El acuerdo nacional para el campo ha desnudado cabalmente la estrategia del gobierno de Vicente Fox frente a los grandes movimientos sociales. Después de una gran movilización que logra involucrar a la sociedad civil y demostrar la justeza de sus demandas, el gobierno valida los reclamos, se muestra accesible a negociar y presenta una propuesta en la cual desvirtúa y vacía de contenido el pliego petitorio de los movilizados, para luego convalidar institucionalmente la posición oficial. Con ello genera desmovilización y divisiones en el sector demandante, a la vez que se muestra como un gobierno que resuelve los problemas sociales”.

Se puede apreciar, a través de esta muestra, la manera en que ha variado la conducta del Estado hacia la organizaciones campesinas y los productores agropecuarios: a) Desde principios de los mil novecientos ochenta, dejó de dominar la tendencia a marginarlas, excluirlas del diálogo y satanizarlas. b) Se permite e incluso se alienta su aumento en número, porque contribuye a la división y competencia entre ellas. c) Se exhibe una actitud de apertura hacia ellas, ofreciendo igualdad de condiciones para el acceso a los limitados recursos y la promesa de aumentarlos. d) No se privilegia a las organizaciones que fueron pilar del viejo corporativismo presidencialista. e) El peso relativo de estas últimas disminuye al ampliarse la cantidad de organizaciones y su abanico de tendencias y matices. f) Sin embargo, como es natural, el Estado privilegia a las organizaciones y (más que a éstas) a sus líderes que más se muestran colaboradores con las políticas del régimen. Probablemente la última característica sea de las que han contribuido más a la idea de que se está formando un neocorporativismo rural. Estos rasgos se han venido acentuando y el Estado adecua en cada momento la manera de operarlos a partir de la distribución de los recursos oficiales. Este es un elemento distintivo de su estrategia de control.

IV. CONTROL ESTATAL EN EL AGRO. DOS ELEMENTOS

A continuación se comentará dos facetas del control estatal, las cuales destacan por su incidencia en la vida campesina, y que constituyen una buena ilustración de la manera en que se da actualmente la operativización del mismo. Se verá primero el papel del llamado sector de propiedad social sobre la tierra, en particular el ejido, y enseguida el del programa de apoyos PROCAMPO.

A) EL SECTOR DE PROPIEDAD SOCIAL AGRARIA: APARATO DE CONTROL

Ejido y comunidad agraria comparten rasgos similares. Según aporta Gustavo Gordillo (1988: 31), el ejido, de acuerdo con su origen social, presentaría las siguientes características principales:

“La unidad básica de organización campesina en México es el ejido, el cual se constituye en un espacio territorial económico, jurídico-político e ideológico. Como producto de la lucha de clases en el campo, el ejido es un aparato de representación directa del campesino con tierra y, por tanto, de autogobierno de las masas campesinas. Pero, por otro lado, en la medida en que se convierte en eje de la dominación estatal del campo, funciona como un aparato de Estado (…) Como todo aparato de Estado, un terreno privilegiado de la lucha de clases”.

Estas dos características contradictorias coexistirían, dándose la posibilidad real de que se le devuelva al ejido su carácter de órgano de autogobierno de las masas campesinas, de órgano de poder campesino, a través de un proceso de lucha de clases. Gordillo (loc. cit.) expone las características del ejido como aparato de Estado. Éstas serían:

o Se ubica en el régimen legal de derechos colectivos para personas morales genéricamente conocidas como pueblos. En esta distinción se funda el carácter tutelar de la relación del Estado para con los “pueblos” y se ejerce a través de una amplia gama de atribuciones discrecionales que el Estado se ha autoatribuido para con el ejido.

o “En síntesis, la detentación de la tierra se le adjudica al ejidatario o al comunero como jefe de familia y la propiedad jurídica se le otorga, de manera limitada, al núcleo de la población. La propiedad económica de la tierra, es decir, la capacidad para destinarla a distintos fines, es atributo exclusivo del Estado. (…) Por esto resulta pertinente concebir al ejido como una unidad de producción —que disfruta limitadamente del producto pero no de los medios de producción— sujeta a unidades externas que al disponer efectivamente de los medios de producción —y entre éstos destacadamente la tierra—fijan los límites para el uso y asignación del producto obtenido”(Gordillo, 1988: 32). Estas “unidades externas” (o entidades externas) serían las empresas privadas y las instituciones económicas del Estado que operan en el sector. Gordillo sostiene que el fin de la intervención en el ejido es la exacción del excedente. En el caso de las primeras, con fines de ganancia privada; en el de las segundas…

“(…) los mecanismos de exacción obedecen a criterios de reproducción y mantenimiento del sistema capitalista en su conjunto. (…) De suerte que nos encontramos con un aparato de Estado que es, a la vez, unidad de producción y organismo de control político. La articulación interna de ambos aspectos del ejido estará determinada por la inserción del sistema ejidal en el patrón de acumulación prevaleciente” (Gordillo, 1988: 33).

Sobre la base de esta caracterización, Gordillo desarrolla la idea de que es posible rescatar la función del ejido como órgano de representación campesina y ejercer una auténtica autonomía campesina. El instrumento adecuado para esto sería el movimiento campesino, basado en la organización campesina autónoma, misma que operaría en alianza con el Estado para lograr sus fines (Gordillo, 1988: 83).

Se puede ver que en el planteamiento de G. Gordillo hay coincidencias con lo que se ha sostenido en el presente trabajo. Así, la caracterización del ejido como unidad productiva y como organismo de control político parece aceptable para un enfoque político (en un estudio centrado en el ejido en sí habría que considerar otros elementos adicionales). Hay coincidencia también en la apreciación de que las instituciones estatales del sector funcionan como elementos de control sobre el campesinado; y ahora se precisará: Tomando en lo fundamental al ejido como unidad operativa para el ejercicio de ese control político.

También aparecen diferencias, ya que las organizaciones campesinas pueden desempeñar un papel como agentes que coadyuvan al control estatal sobre el campesinado, o directamente funcionar como un importante instrumento de control como, según el punto de vista aquí sostenido, efectivamente lo están haciendo. Gordillo coloca unilateralmente el acento en las posibilidades que ofrece una organización campesina para avanzar en el desarrollo; pero no analiza las restricciones de las que realmente operan en el campo mexicano. Y como otros, percibe sólo como avances lo que son también limitaciones, como se vio antes.

Se entiende aquí que el ejido y sus estructuras no son un instrumento de control por sí mismos, sino que la peculiar evolución del campo mexicano y la política estatal en el marco de las luchas campesinas y populares, lo han convertido en el espacio socio-político y económico en el cual confluye y cobra una cierta coherencia la actividad de los principales grupos de instrumentos de control en que se apoya el Estado para el caso: Las instituciones gubernamentales del sector agropecuario y las organizaciones campesinas (comenzando por la CNC, que sigue muy viva); por supuesto que la acción de estos instrumentos-actores no siempre será totalmente armónica. El ejido ha funcionado como la unidad o célula a partir de la cual se organiza el control estatal sobre el grueso del campesinado, a partir de los dos tipos de agentes mencionados. Con este contenido, se acepta que el ejido “(…) es un aparato de Estado que es, a la vez, unidad de producción y organismo de control. La articulación interna de ambos aspectos del ejido estará determinada por la inserción del sistema ejidal en el patrón de acumulación prevaleciente” (Gordillo, 1988: 33).

A partir de lo expuesto puede intentarse una aproximación, desde el punto de vista del control sobre el campesinado, al significado de la reforma del artículo 27 constitucional y la formulación de la nueva Ley Agraria respectiva, en 1992. Dejando aparte importantes implicaciones, tal reforma, o contrarreforma agraria rompe con importantes restricciones que pesaban sobre el ejido y que no eran una arbitrariedad, sino que, en su momento, respondieron a una cierta concepción y proyecto de clase. Como resultado de ello, después de las modificaciones el ejidatario está en capacidad de rentar su parcela; vender sus derechos de uso; asociarse con propietarios de dominio pleno, incluidas sociedades mercantiles; y se permite la venta de la tierra ejidal si se cubre el procedimiento debido, posibilitando legalmente su concentración en el régimen de pleno dominio.

No se ha llegado al extremo de acabar con el ejido, debido a razones que no corresponde analizar aquí, pero que principalmente están ligadas al insuficiente grado de acumulación en el campo, combinadas con elementos de tipo político como los que se examinan enseguida.

Dado que el Estado tenía la “propiedad económica” y un amplio dominio legal sobre la tierra ejidal, dichos cambios no parecen serle políticamente ventajosos. Se entienden como resultado de la voluntad de consolidar y expandir el neoliberalismo en el país, tanto como de las presiones en el sentido de permitir un mercado de tierras y dar acceso a los capitales a ese sector que les estaba legalmente vedado, presiones provenientes de influyentes grupos de la burguesía mexicana y, es de suponerse, de los Estados Unidos; amén de que, en un contexto de crisis, el ejido y la producción campesina en él predominante le representan más una carga que una ventaja.

Pero, se dirá, el Estado pierde o ve reducido el alcance de un importante medio de control político sobre el campesinado. Alrededor de esto, debe darse su lugar al hecho de que el propio sistema de dominación va generando condiciones que, espontáneamente, contribuyen al control cuando hay carencia de una organización consecuente, conciencia y genuino liderazgo. Son factores como la emigración a otros lugares de México o de los Estados Unidos; la división entre ejidatarios hasta por problemas personales; la renovación generacional que, en estas condiciones, disminuye la cultura y tradición de lucha; hasta factores ideológicos que el propio Estado y los actores sociales se encargan de difundir (destacando el individualismo y su otra cara, la exclusión de toda participación colectiva en la organización y las decisiones). Este tipo de elementos disminuyen la combatividad, en este caso del campesinado, y los riesgos para el sistema.

Asimismo, de acuerdo con lo señalado más arriba, el ejido no es un instrumento principal control. Los instrumentos de control básicos, según se ha visto, son las instituciones oficiales y las organizaciones campesinas amoldadas a los requerimientos del régimen y del patrón de crecimiento. Entendido así el asunto y en concordancia con lo mencionado en el último párrafo, es perfectamente posible para el gobierno controlar el descontento campesino con un ejido disminuido y aun sin el ejido. Más que valorar como insustituible a la “propiedad social” de la tierra, parece que el régimen se inclinaría más por un sistema basado en organizaciones de productores precisamente al estilo del que impera en los Estados Unidos, o una combinación de éste con el europeo.

B) PROCAMPO: CONTROL ASISTENCIALISTA DEL CAMPESINADO; APOYO A PRODUCTORES COMERCIALES

Para 1994, quienes toman las decisiones en el país aprecian que finalmente el régimen neoliberal ha conseguido la suficiente solidez como para dar un paso sustancial: la operación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus siglas en inglés). Como se sabe, las consecuencias de este tratado han sido en alto grado negativas para la población trabajadora de México y en particular para el campesinado. Por esta razón, en forma paralela al TLCAN se estableció un nuevo programa “de apoyo al campo” llamado PROCAMPO-Vamos al Grano para Progresar (abreviado PROCAMPO), mismo que se publicitó como destinado a promover el aumento de la producción, la productividad y el bienestar en el medio rural. En un principio, el programa incluía a 11 cultivos, entre básicos y comerciales; número que se ha incrementado progresivamente hasta apoyar actualmente cualquier actividad agrícola lícita.

Afirman M. A. Gómez Cruz et al:

“Lo esencial de PROCAMPO consiste en que la producción de granos tendrá precios de mercado bajo la referencia de los precios internacionales; la pérdida de ingreso de los productores se “compensará” con un pago directo por hectárea. Los productores no-comerciales, es decir, los de autoconsumo también recibirán dicho pago. PROCAMPO asegura pagos fijos y constantes por superficie en dependencia de los rendimientos regionales durante los primeros diez años de su vigencia, para después desaparecer en el año 2009” (Gómez Cruz y Schwentesius, 1993: 3)

PROCAMPO es un programa de subsidio conspicuamente dirigido al control social del descontento que, desde un inicio, cuyo incremento se preveía al implantarse el TLCAN: Al estar destinado a compensar la pérdida de ingreso del productor, debido a los precios de venta ahora más reducidos, no permite ahorro adicional ni, por tanto, una acumulación que se traduzca en mayor crecimiento económico del sector agrícola. En cambio, entre la política de liberalización de precios y programas del tipo de PROCAMPO se otorga un subsidio al sector industrial que compra productos agrícolas y que ahora los obtiene a menor costo. Asimismo, a la población asalariada que, por la misma razón, es susceptible de soportar salarios menores, de nuevo en beneficio de la clase capitalista.

A los productores capitalistas avanzados, de cultivos comerciales, PROCAMPO les representa un estímulo menor que el antes implícito en los precios de garantía (pagados, éstos sí, por tonelada), pues ahora reciben un subsidio fijo por hectárea, independientemente de sus aumentos en la productividad; al competir en peores condiciones, deben replantearse la conveniencia de permanecer en esa actividad. Y el verdadero problema se haría patente si desapareciese PROCAMPO y no se le relevase por otro apoyo.

Los apoyos por hectárea han sido utilizados en Europa con el fin de reducir la sobreproducción, abrir mercados y reducir gastos. Para que PROCAMPO cumpliese una función promotora del desarrollo o al menos del crecimiento rural, debería, mínimamente, ser pagado por tonelada y no por hectárea, para estimular la elevación de la productividad. Esta forma de pago beneficiaría sobre todo a los productores comerciales, que así podrían ser estimulados con un subsidio similar al del precio de garantía que anteriormente pagaba el Estado (Gómez Cruz y Schwentesius, 1993: 6 a 9).

Como se ve, PROCAMPO es un muy buen ejemplo de las maneras en que el régimen puede combinar eficazmente el uso del dinero: Combina el subsidio directo al consumo de los marginados como previsión política del estallido social; el estímulo (disminuido) a los productores de cultivos comerciales; la planeación (con sus limitaciones bajo el capitalismo) y la propaganda ideológica; todo con fines de mantener el control sectorial de la población.

A poco tiempo de fenecer el plazo previsto para que desaparezca PROCAMPO, no se observa avance significativo en la tecnificación, que pudiera elevar la rentabilidad de la producción agrícola frente a los bajos precios vigentes; de seguro no para el descapitalizado campesino. Y la entrega del que se ha dado en llamar “PROCAMPO capitalizado”, es decir, el monto acumulado de lo que falta por entregar en el período de vigencia previsto, sólo le permitiría acumular al productor de nivel medio en adelante, pues no se ha modificado la idea básica presente en la determinación del monto: Únicamente compensa la pérdida de ingreso por la referencia internacional en la fijación del precio. Y para el campesino, sobre todo el de menores recursos, ese ingreso, aun compensado, ni le era ni le es suficiente para garantizar siquiera la subsistencia y reproducción.

V. CONCLUSIONES

o Las estructuras de control generadas en México durante la forma de crecimiento volcada al mercado interno, dejaron de ser las más adecuadas cuando esta forma de crecer entró en una fase de agotamiento, dándose la sustitución por el crecimiento hacia fuera, en los años mil novecientos ochenta, bajo el patrón que se ha llamado neoliberal. En particular, el corporativismo y su exponente en el medio campesino, la CNC, pierden funcionalidad como instrumento de control.

o A la hora de implantar el patrón neoliberal no fue políticamente viable una mera adecuación del sistema corporativo por parte del Estado mexicano, ya que los intereses de los grupos que lo administraban estaban inextricablemente unidos al anterior patrón de crecimiento, al viejo régimen y a los viejos núcleos de poder político-económico, viéndose desplazados por las nuevas relaciones del neoliberalismo.

o Otra razón de que el sistema corporativo no resultó adecuado para el patrón neoliberal radica en que al imperialismo le interesaba debilitar a la forma del Estado mexicano, de régimen presidencialista. Esta forma de Estado contenía elementos que presentaban fuertes resistencias al nuevo patrón de crecimiento, generando riesgos políticos y económicos. Para debilitar a las corrientes adversas al cambio debía desplazarse al corporativismo del lugar predominante en el control, pues aquellas corrientes contaban precisamente con este sistema de control como uno de sus pilares. Y así se hizo.

o Las instituciones oficiales que operan en el sector agropecuario han sido objeto de reformas en su estructura con un doble propósito: adecuarlas para el ejercicio del control sobre el campesinado y productores rurales en general, bajo el patrón neoliberal; y a la vez, procurar que su funcionamiento beneficie no sólo al régimen, sino al grupo hegemónico. Esto fue notorio en el período presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Desde el gobierno, predomina la tendencia a sustituir la organización corporativizada masiva, al estilo de la de la CNC, por otro tipo de organización basado preferentemente en pequeños grupos; constituidos en torno a los procesos de producción directa, financiamiento y comercialización del producto, a partir de las instituciones oficiales del sector agrícola. Con ello se fracciona y dispersa a los campesinos.

o Admitiendo, que las nuevas formas de control difieren sustancialmente del corporativismo generado por el anterior patrón de crecimiento y su régimen presidencialista, se tiene que otro rasgo distintivo de la política agrícola oficial reside en incrementar el carácter diferenciado a la hora de autorizar los apoyos. Todo en medio de un discurso que enfatiza la elevación de la eficiencia y la racionalidad en el empleo de recursos escasos. Se distingue rigurosamente lo que es un subsidio destinado a estimular la producción y productividad (dirigido principalmente a medianos y grandes propietarios privados o a ejidos eficientes) del subsidio para desactivar el descontento social; anteriormente, estas dos clases de subsidio por lo general se entremezclaban, lo que restaba eficiencia a ambos y más al subsidio-control. Desde luego, lo señalado no se aplica mecánicamente ni es siempre distinguible con claridad en un caso concreto. Ello no obstante, es posible observar un cambio básico en la política general de apoyos respecto del pasado: Anteriormente se destinaban grandes sumas al sector agropecuario en general, y se canalizaban principalmente a través de la Confederación Nacional Campesina (CNC), que los distribuía de manera más o menos masiva, con fines de control directamente político. Esto abría la posibilidad, hoy prácticamente nula, de que cierto número de productores con escasos recursos pudiera beneficiarse y mejorar su status o capitalizar con base en esos apoyos; inclusive tal posibilidad no estaba negada de manera absoluta para todo agremiado. Por supuesto, la posibilidad mencionada se refiere a campesinos beneficiados además de los propios dirigentes-burócratas de la CNC y los caciques formados a su sombra (muchas veces coincidiendo ambas categorías en la misma persona), para los cuales el beneficio era norma. Tampoco era raro encontrar obras que realmente beneficiaban a la colectividad debidas a la intervención de la CNC, como parte de su labor de control y legitimación para el Estado y para ella misma. Algo debía llegar al pueblo para que la mediatización de los conflictos fuese efectiva.

o Se tiene entonces que la reforma estructural de las instituciones estatales que operan en el sector agrícola, aparte de su “adelgazamiento”, consistió en una variación en la manera de llevar a cabo sus funciones: Una vez implantado el neoliberalismo, el apoyo a los productores se reduce, se diferencia rigurosamente y se dosifica desde las instituciones de gobierno. Para ello se le da más importancia a la organización en pequeños grupos especialmente integrados, en primera instancia, para la administración de los apoyos y para la implementación práctica de las políticas oficiales directamente por parte de las distintas dependencias de gobierno. Estas modalidades, sustituyen a la anterior preferencia por la organización de masas corporativizada en la CNC y las organizaciones oficializadas. Aquí también priva como justificante de los cambios, la necesidad de la eficiencia.

o No es difícil apreciar que en el nuevo esquema, de todos modos el campesino necesariamente queda atrapado entre la red de los grupos cuya constitución se requiere para acceder a ciertos apoyos, y en el tejido de requisitos, trámites y burócratas a donde lo remite el sistema y que indudablemente sirven como medio de control en tanto que lo sujetan a las normas y políticas establecidas desde el Estado. Y ello al margen del partido que ejerza el gobierno en un momento y lugar dados.

o Las organizaciones campesinas no oficiales coadyuvan al control sobre el campesinado a través de las políticas oficiales, si no lo ejercen directamente, en la medida en que sus objetivos, ideología y estructura son limitados y limitan la lucha del campesinado, manteniéndola en un estado de aislamiento y constriñéndola dentro de los marcos establecidos por el régimen. Cuando en verdad elevan la producción y la productividad, las organizaciones campesinas reciben apoyo real y significativo, económico y político desde el Estado; precisamente porque al limitar su actividad a lo productivo y subordinar la política a lo económico, devienen inocuas y útiles para el régimen. El apoyo, por razones directamente de control político, también llega a grupos y organizaciones que no contribuyen eficazmente a la producción y productividad; pero en un monto menor y beneficiando más que nada a los líderes.

o Por razones históricas, el ejido ha sido el espacio preferente desde donde el Estado controla al campesino, junto con la comunidad agraria. Confluyen ahí las diversas políticas e instrumentos del Estado para este fin (hoy día, principalmente las instituciones oficiales del sector agropecuario y las organizaciones campesinas que colaboran acríticamente con las políticas gubernamentales). Sin embargo, el ejido (como la comunidad agraria) no es indispensable para el control político del campesinado: el Estado tiene capacidad para ejercer el control sin el ejido. Esto permitió que se impusieran las fuerzas que promovieron la reforma al artículo 27 constitucional y la nueva Ley Agraria derivada de dicha reforma. Si el ejido se mantiene es por razones de conveniencia política, ligadas a la insuficiente acumulación en el campo.

o Numerosos programas del gobierno están dirigidos de manera específica al control del campesinado. Conspicuamente PROCAMPO, a la vez que apoya a los capitalistas abaratando materias primas para la industria (y agroindustria), permite abaratar también los bienes-salario minimizando el riesgo de explosiones del descontento social. La transferencia de recursos, el costo económico, de los programas de control sobre el campesino, pesa sobre todos los contribuyentes vía impuestos. Algo similar ocurre con programas oficiales más definidamente asistencialistas, como “Solidaridad” (luego “Oportunidades).

o La lucha campesina tiene que contemplar simultáneamente los intereses inmediatos y la perspectiva histórica de los trabajadores, sin menospreciar a la lucha democrática y electoral; pero sin subordinar todo a ella. En este proceso puede aprovecharse experiencias como la organización comunitaria en CONASUPO, sin la subordinación de que adoleció; igualmente, toda experiencia de organización y lucha es útil en uno u otro sentido. No obstante, el problema campesino debiera verse desde una perspectiva política entendida en términos amplios (más allá de lo puramente electoral): Si se está de acuerdo en la necesidad y conveniencia de pugnar por un tipo de desarrollo capitalista (ya no subdesarrollo) que incluya a los grandes sectores de trabajadores hoy marginados (como lo que queda del campesinado mexicano), se aceptará entonces que el movimiento debe conquistar, mínimamente, un alto grado de influencia sobre el poder establecido; para posibilitar medidas de fondo para incidan favorablemente sobre la problemática de la reproducción y el progreso de esos sectores. Y siempre con la perspectiva de, llegado el momento, trascender al propio capitalismo.

o Se requiere de un proyecto nacional político y económico que supere las limitaciones señaladas en el cuerpo de este artículo, así como otras más. Y esto es tarea que a su vez supera a la organización estrictamente campesina. Corresponde a una organización partidaria capaz de integrar de manera centralizada la lucha de los trabajadores; a nivel nacional, porque la dominación y el control de clase son centralizados en ese nivel, con todo y globalización. En suma, el movimiento campesino como el movimiento de los trabajadores en general, requieren de un partido de nuevo tipo hoy por hoy inexistente en México. Esto constituye una tesis vieja y como tantas otras, prácticamente olvidada, que ante la situación presente se muestra en toda su urgente vigencia. Acercarse al diseño de un proyecto en este plano implica un amplio debate colectivo que evidentemente rebasa con creces los límites del presente trabajo, pese a lo cual no podía dejar de acotarse.

REFERENCIAS MÍNIMAS

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