Contribuciones a las Ciencias Sociales
Octubre 2009

 

Recensión del libro DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARTE GENERAL. TEORÍA GENERAL Y PRÁCTICA DEL DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO de Manuel GÓMEZ TOMILLO; Editorial Aranzadi, S.A; España, 2008
 


Kenia M. Espinosa Velázquez
keniaev@ult.edu.cu



Incursionar en el análisis de cualquier obra científica - incluso de aquellas caracterizadas por la brevedad de su contenido y la escasa complejidad del lenguaje empleado para su redacción-, en aras de su posterior comentario, valoración o crítica, implica, por parte de quien asume la realización de tan significativa tarea, una práctica compleja donde se entrelazan de manera ineludible: la comprensión, la interpretación, la asimilación de las transformaciones que tienen lugar en una materia dada, así como la emisión de consideraciones propias que contribuyen a la profundización de aspectos tratados, o dan paso a la crítica de aquellos donde son perceptibles determinadas insuficiencias.

La aludida práctica resulta más compleja, cuando el texto objeto de análisis es ilustrativo de una realidad ajena a la nuestra, lo que obliga a trasladarnos mediante un ejercicio de abstracción, a un ámbito usualmente desconocido. Tal es el caso del libro que en esta ocasión presentamos al lector, del cual figura como autor Manuel GÓMEZ TOMILLO: Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid. Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid, España y Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial de Palencia.

Su obra, Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría General y Práctica del Derecho Penal Administrativo, aborda una de las más controvertidas temáticas en lo que a materia punitiva respecta, donde convergen por la similitud de sus contenidos, dos importantes ramas del Derecho Público contemporáneo: el Derecho Penal y el Derecho Administrativo Sancionador –este último como un derivado del Derecho Administrativo-. Ello hace de la presente, una obra además de extensa, compleja, no solo por tratar al unísono aspectos atinentes a ambos órdenes legales, sino por ser portadora –en cuanto a los mismos- tanto en el plano teórico como práctico, de múltiples valoraciones, con principal referencia al Derecho Administrativo Sancionador; lo que a su vez permite atribuirle una utilidad y trascendencia indubitable, ya desde el punto de vista legislativo, doctrinal o procedimental.

 



Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Espinosa Velázquez, K.M.: Recensión del libro Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría General y Práctica del Derecho Penal Administrativo, en Contribuciones a las Ciencias Sociales, septiembre 2009, www.eumed.net/rev/cccss/06/kmev.htm



En su estructura el texto consta de cuatro partes, cada una de las cuales, organizadas en diferentes capítulos –para un total de treinta y cinco- y siguiendo una secuencia lógica muy bien concebida por el autor, impregnan al mismo de una exquisita coherencia.

Bajo la rúbrica Derecho Penal y Derecho Administrativo Sancionado, la primera de esta partes alude, de manera sucinta, al fenómeno expansivo del Derecho Administrativo Sancionado; enuncia con sus consecuentes críticas, cada una de las tendencias que hasta fecha reciente signan el Derecho Penal y lo sitúan en la modernidad, en una encrucijada de orientaciones contrapuestas pero interrelacionadas entre sí: expansión legislativa vs despenalización –esta última con un respaldo doctrinal mayoritario-. De igual modo, procede a la distinción entre delito e infracción administrativa. En este sentido, se remite al análisis de posiciones teóricas divergentes, las que desde sus perspectivas, establecen puntos de diferenciación entre ambos fenómenos jurídicos, dejando para un segundo momento, el estudio de la tesis unitaria; posición que defiende y asume como propia, mediante el establecimiento de disímiles consideraciones, debido a la idéntica naturaleza jurídica considera poseen entre delito e infracción administrativa.

No obstante las cuestiones que anteceden, esta primera parte no concluye sin antes referir -en palabras del autor-, pautas de distinción político legislativa entre delito e infracción, convenientes a fin de delimitar, los ámbitos de actuación de los sectores del ordenamiento jurídico señalados con anterioridad.

La segunda parte del texto que recensionamos, como su denominación así lo indica, El principio de legalidad en el ámbito sancionador administrativo, con una orientación administrativista, se centra en el estudio del principio de legalidad y en cuatro de los corolarios que de él derivan, en este mismo orden: el principio de reserva de ley, el principio de taxatividad, la prohibición de analogía y el principio de irretroactividad de las leyes. Los cuatro capítulos que por separado se destinan a su análisis, luego de hacer un paréntesis para explicar someramente su esencia y fundamento, plantean, en relación a cada uno de ellos, en dependencia de sus particularidades y con enfoque crítico, importantes apreciaciones, dejando entre ver en todo momento, la necesaria defensa -sin variaciones de ningún tipo- de las garantías de los ciudadanos/administrados y el alcance de su seguridad jurídica; máxime cuando de la normativa administrativa sancionadora existente, se advierten algunas insuficiencias en detrimento de los principios expuestos.

El principio nom bis in idem en su dimensión material, completa la relación de principios objeto de estudio en esta segunda parte, para cuya total comprensión, como sucede con los anteriores, el autor parte de su definición. Respecto a él, entre otras ideas no menos importantes, hace alusión a cómo proceder en los casos de concurrencia de normas penales y administrativas ante la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento; en los supuestos de concurso aparente de normas penales - dicho en otras palabras, en las situaciones en las que dos o más sanciones administrativas convergen a la hora de regular una misma situación-; y ante la posibilidad de compatibilizar sanciones penales y administrativas por unos mismos hechos, o de sanciones administrativas cuando de personas físicas y jurídicas se trate, siempre que no coincidan como referíamos anteriormente, los elementos sujeto, hecho y fundamento.

Finalizando la segunda parte, encontramos un último capítulo dedicado al estudio del ilícito disciplinario, del que se deduce un Derecho Disciplinario conformador del Derecho Administrativo Sancionador. Este constituye el motivo por el cual, se lleva a cabo una breve valoración de su naturaleza jurídica y se trasladan a ese contexto para su análisis, los corolarios del principio de legalidad.

Escindida en diecinueve capítulos, la tercera parte de la obra es, sin dudas, la de mayor amplitud. Y es que en sí misma, encierra el objetivo central de la presente, formular una teoría general de la infracción administrativa; donde el Derecho Penal se convierte en punto de referencia obligado, pues a partir de él se trasladan al ámbito sancionador administrativo, varias de sus categorías.

Lo primero que destaca en la configuración de esta teoría, es la definición que de infracción administrativa se ofrece, acción típica, antijurídica y culpable –como se hace notar, coincidente con la de delito-, de la cual se extraen los elementos que posibilitarán su articulación definitiva. En el mismo orden en que se analizan encontramos: la acción, la omisión, la tipicidad objetiva y subjetiva – dentro de esta última el dolo y la imprudencia-; la antijuricidad, la culpabilidad –de personas físicas y jurídicas por la comisión de infracciones administrativas-, la punibilidad, la infracción intentada, la autoría y la participación. A lo anterior se añade el tratamiento del concurso de infracciones administrativas y las causas de extinción de la responsabilidad por la comisión de infracciones, entre las que se sitúan: prescripción de la sanción y la infracción; la muerte de las personas físicas y disolución de las personas jurídicas; el indulto, la condonación y la revocación de la sanción. Si bien cada uno de estos elementos tiene su fundamento inicial en la teoría del delito, no significa que para la elaboración de la teoría general de la infracción administrativa, se haya hecho de los mismos una reproducción mimética, pues partiendo de las peculiaridades de las ramas jurídicas a las cuales representan, se advierten en ellos determinados matices.

Lo distintivo de esta parte del libro, es el modo en que el autor, a través de su exposición, logra combinar apropiadamente la teoría con la práctica; cómo acude a la construcción teórica de instituciones del Derecho Administrativo Sancionador mediante su engranaje con el Derecho Penal, rama jurídica tan vasta; y la vehemencia con que asume posiciones críticas y realiza sugerencias, en pos de perfeccionar todo cuanto a Derecho Administrativo Sancionador se refiere.

La obra concluye con una cuarta parte, donde se exponen aspectos de naturaleza procedimental, debido al vínculo indisoluble –según señala el autor- entre aspectos formales y materiales existe. Así se destacan los pronunciamientos sobre el principio de oportunidad en el marco sancionador administrativo; el derecho a ser informado en los casos de acusación y cambio de calificación jurídica llevado a cabo por los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa o por la Administración Pública; el derecho a la presunción de inocencia y unido a él, la cuestión de la carga de la prueba de la infracción administrativa, partiendo del punto de vista de su estructura; las ideas referentes a las partes integrantes de la resolución administrativo sancionadora y el indulto administrativo, con referencia a mecanismos jurídicos de efectos análogos. Por último, y con ello pone fin a la obra, deja sentadas someras reflexiones en lo referente a infracciones administrativas y jurisdicción penal, conforme a las cuales figuran considerables propuestas.

Con independencia de las carencias pueden ser advertidas en el texto, en relación a los fundamentos históricos sobre los que se erige la investigación; al Derecho Disciplinario y su correlativo, el ilícito disciplinario; así como en lo referente a cuestiones procedimentales –de antemano proclamadas por el autor, teniendo en cuenta lo inagotable que podría resultar la obra-, es meritorio en ella, la amplia bibliografía empleada para su elaboración. Pues no solo se acude al análisis de disímiles disposiciones legales, ni al estudio minucioso de toda una gama de sentencias judiciales emanadas primordialmente del Tribunal Supremo español y el Tribunal Constitucional, sino que procura nutrirse a cada instante, de todo cuanto le aporta la literatura científica nacional y extranjera. Loable además, por la pericia con que su autor, tal vez sin proponérselo, logra introducir dentro de los contenidos propios de la materia objeto de análisis, elementos característicos de la Teoría General del Estado, la Teoría General del Derecho y el Derecho Constitucional, enalteciendo el carácter interdisciplinario que por sí sola posee.

De este modo, para quienes encuentran en el Derecho Administrativo Sancionador, una rama jurídica atrayente, recomendamos sin reparos, el estudio de esta magnífica obra, notable por su novedad y valor científico.

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