Revista: Caribeña de Ciencias Sociales
ISSN: 2254-7630

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EXPLÍCITOS E IMPLÍCITOS ASOMOS A LA COMPLEJA TRAMA DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA EN LA SOCIEDAD CUBANA ACTUAL.

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La actividad política implica un estado de conocimiento y valoración de las necesidades e intereses a satisfacer por determinados sujetos y actores en relación, ante todo, con el ejercicio de poder (la relación con este, las posibilidades y tipo de participación que habilita, su conquista y conservación activa, etc), que tiene por miras estratégicas al Estado -aunque trasciende los límites estrictos de este- tanto para el ordenamiento y reordenamiento social, como para la búsqueda de niveles posibles de cohesión, funcionamiento y proyección social de una comunidad humana, fundamentalmente desde el prisma de determinada clase, alianza de clases o grupo social con determinada orientación clasista1 .

Al asumir el componente clasista como el principio teórico-metodológico de esta comprensión de la política resulta valedero reparar en que la visión teórica sobre actividad política que más se ha divulgado docentemente en nuestro medio favorece su tratamiento como un fenómeno de dominación clasista. Esto resulta consecuente con el énfasis que la concepción materialista dialéctica de la sociedad le otorga a este tipo de actividad al analizar su génesis y movimiento en vínculo directo con la existencia de las clases y su lucha por el control del poder político, ante todo estatal. Al respecto se debe estimar que en el tratamiento de Marx, Engels y Lenin tal acento subraya determinadas jerarquías que se avienen tanto a la historia del problema y a las condiciones históricas de la época en que obraron, como a la propia dimensión de la actividad política que se hizo necesario privilegiar históricamente en la teoría y práctica revolucionarias.

Sin embargo, desde esa misma perspectiva clasista, y como consecuencia suya, el marxismo clásico también estimó a la actividad política -ya entendida específicamente como política revolucionaria2 - como un instrumento de emancipación humana 3, como una fuerza esencial para la conquista procesal de una sociedad que favorezca el pleno y libre desarrollo de cada individuo4 ,  lo que señala, en nuestro caso, al pueblo organizado en el cumplimiento de su deber como sujeto de la misma, pues la emancipación humana no resulta al margen de la implicación activa de éste.

En cualquiera de los dos enfoques anteriores, y más aún en sus interrelaciones, el carácter clasista de la política se manifiesta societalmente de una manera relacional; esto es: el clasismo no clausura ni al ejercicio político, ni a su significado práctico en la clase que lo enarbola desde sus intereses.

El ámbito consustancial a esa proyección de la actividad política se encuentra en el entramado de las relaciones políticas de la sociedad. Por tales puede entenderse, en un sentido estricto, el conjunto de interacciones sociales que, instituida política y jurídicamente, gravitan de manera inmediata desde y sobre el poder político, a partir de las prácticas que se fomentan desde las permisividades y prohibiciones que habilitan esas normativas5 .

Pero realmente la actividad política está inmersa en el espectro histórico-concreto del conjunto de relaciones sociales de una comunidad humana y de su historia, donde ocupan un lugar singular aquellas personas, grupos sociales, organizaciones y otras entidades cuyos papeles políticos han pesado y pesan en el funcionamiento social. Esto requiere ser enfocado no solo desde la perspectiva de la sociedad política, sino desde su interrelación con la sociedad civil, esfera donde se producen, reproducen, distribuyen y consumen normas de comportamiento y valor de diversos signos, las que pueden sustanciar papeles políticos relevantes de determinados actores y sujetos.

Si esto es así, el poder político está garantizado para una clase, alianza de clases o grupo social no solo cuando ella ejerce su dominio a través de la propiedad sobre los medios de producción fundamentales (lo que es determinante) y la coerción política que la ley refrenda, sino también mediante la conformación de consenso. Es decir, mediante la construcción de hegemonía político-cultural entre la población, de modo que la clase empoderada pueda conducir al resto de la sociedad. Por eso el poder supone la permanente relación entre sociedad política y sociedad civil y una especial correlación entre dominación y dirección política de la sociedad, condicionada, en buena medida, por la calidad histórica de aquella relación.

Es por ello que el análisis de la complicada dialéctica existente entre el Estado y la sociedad civil durante el proceso de la construcción socialista posee una capacidad heurística nada despreciable y una importancia práctica e ideológica de primer orden para la actividad política. Este proceso marcha según dinámicas que resultan imprescindibles comprender para ser tomadas en cuenta a  tiempo en la práctica política, a fin de desplegar, de manera creciente en lo posible, el paradigma emancipador que pretende realizar.

Se trata del esclarecimiento de las condiciones de actividad históricamente configuradas en lo económico, social, político, cultural, ideológico, etc, así como del modo y calidad de participación popular en las diferentes esferas de la vida de la sociedad, dada su repercusión política. Ello permite evidenciar continuidades y rupturas en las maneras con que la sociedad civil responde a las demandas prácticas (objetivo- subjetivas) de las nuevas condiciones materiales y espirituales de vida, incluidas las modificaciones que van ocurriendo en la naturaleza misma del pueblo, de sus componentes sociológicos y de las personas concretas.

Es decir, por tratarse de asuntos públicos, la actividad política concierne a toda la comunidad, en tanto, de alguna manera, la diversidad de intereses de dicha comunidad es estimada o desestimada; favorecida o entorpecida por las concepciones y prácticas políticas al uso y en proyecto. De ahí la importancia que para la estabilidad social posee la búsqueda de la voluntad política colectiva. En todo caso, la posible actitud apolítica -o lo que de apolítico pueda existir en una actitud- no se expresa como un absoluto y solo se subraya en relación con determinada propuesta y práctica política. Es esta particularidad de la actividad política un singular dato cualitativo de su complejidad.

En el caso de Cuba, la significación de esa voluntad política colectiva se subraya a través del valor de la unidad nacional. Ella se manifiesta crucial para el adecuado avance de la actividad política conforme a las decisiones políticas más pertinentes en relación con la síntesis clasista-patriótica contenida en la naturaleza histórica de esa voluntad. El modo en que la comunidad se implica en la toma, marcha, evaluaciones y apropiaciones de resultados de esas decisiones (y las jerarquías axiológico-políticas -jerarquías siempre clasistas- contenidas en ellas) resultan decisivas a la suerte del proyecto político vigente y actual.

Como sistema de acciones que se definen en la puja por alcanzar y/o sostener el poder (o cuotas de poder) y de ejercerlo, (al menos desde una perspectiva democrática con la mayor amplitud, efectividad y respaldo posible), la actividad política se esfuerza en lograr niveles de regulación y/o control de mecanismos sociales que le permitan legitimar, al menos en lo fundamental, sus decisiones y procedimientos en cada contexto. Pero también procura, cuando menos, vigilar y limar aquellos que puedan contrarrestarlos. Dicho de otro modo, la actividad política de una clase en el poder, en tanto gestiona el orden social que considera necesario, demanda obediencia como condición para -y resultado de- su ejercicio sistemático.

En un sentido recto, la obediencia puede ser entendida como determinación que se manifiesta desde fuera, como limitación de sí mismo para afirmar al otro que manda6 . Pero la propia obediencia tiene expresiones cualitativas diferentes en contextos sociales desiguales. Ellas están asociadas a la calidad de las relaciones de poder (de dominación, de dirección o a la combinación históricamente pertinente de ambas) y a la propia naturaleza de las relaciones sociales y del desarrollo de las individualidades.

En Cuba, como resultado de la propia obra de la Revolución se fue experimentando una tendencia a la transformación cualitativa en  la naturaleza de la obediencia popular, en un contexto cargado de contradicciones que no dejan de cualificar la especificidad del fenómeno. Como tendencia, el acto de obedecer se fue convirtiendo constructivamente en un ejercicio de toma reflexiva de conciencia sobre el mejor proceder, lo que ocupa tiempo y energías a la actividad política y complejiza el ejercicio del poder, sobre todo cuando hay urgencias que atender. Se trata entonces del curso hacia la forja de una disposición particular hacia la obediencia que se configura desde y hacia el interior del que debe obedecer (el heterogéneo pueblo), quien se conceptúa teóricamente y/o se experimenta prácticamente, al mismo tiempo, como parte del que manda; aspectos estos que no siempre coinciden o cuya coincidencia no se percibe suficientemente, ni de modo uniforme.

En ello influyeron factores como el disfrute de los resultados de la nueva base económica en formación y desarrollo, el derecho revolucionario construido y constructor, el desarrollo cultural y humano, la expansión del sentido de dignidad y el avance del proceso de individuación7 de cubanas y cubanos. Proceso este último que generó como tendencia palpable una transición interna (en el pueblo cubano) que va desde su conformación por individuos inmersos en el colectivo a su integración por individualidades miembros de una colectividad, etc. Es este un asunto que debe ser estimado suficientemente en las dinámicas de ejercicio de poder existentes y por crear. Es decir, pasadas las tres primeras décadas revolucionarias, en Cuba se había producido un tránsito tendencial positivo hacia una actuación de individuos y grupos sociales diversos, empeñados en develarse a sí mismos su significación social, su posibilidad y capacidad de prever los efectos del propio comportamiento y corregirlo a partir de tal previsión. Se expandió así, en sectores amplios de la sociedad, la necesidad de concebir libre y conscientemente los deberes. Se trató entonces de un movimiento hacia la potenciación de la responsabilidad político-social como negación dialéctica de la obediencia política en su sentido restringido 8.

El conjunto de razones ya expuestas permiten introducir la idea de que a pesar de lo esencial que le resulta a la actividad política el poder estatal -y también condicionado por esto- realmente a esta interesa todo tipo de poder, sobre todo si es organizado o procura serlo (poder económico, ideológico, familiar, profesional, académico, militar, cultural, mediático, etc). Es decir, al definirse en el esfuerzo de ordenamiento interesado de la sociedad, la actividad política penetra todos los poros de esta con mayor o menor inmediatez; nada le es ajeno. Al mismo tiempo, lo que sucede en cualquier ámbito de la sociedad probablemente adquiera significado mediato o inmediato para la política en la medida que afecte, de una u otra forma, el orden social de que se trate, ya que ‘lo político’ anida en todas partes y desde ello cada actividad específica se significa para la política. Estas cuestiones resultan particularmente significativas en una sociedad de transición socialista como la nuestra.

En consecuencia, dada la complejidad del funcionamiento político de una sociedad, es menester un entendimiento del asunto que se prive de reducir la visión de relaciones políticas a aquellas que cursan según lo instituido política y jurídicamente y solo en torno a las instituciones de naturaleza estrictamente política. No pocas veces, ese orden deja de atrapar, por razones diversas, parte del conjunto real  relaciones sociales que penetran el ámbito de la vida política de la sociedad, para bien o para mal del poder político en cuestión.

Relaciones políticas y niveles macro y micro de realidad social. Un dato esencial que la actividad política debe siempre estimar.
En la sociedad se tejen múltiples redes micro-sociales, cada una con su dinámica interna, condicionada por un contexto de necesidades e intereses a satisfacer en el marco de su pertenencia a una realidad macro-social histórico-concreta. Aún cuando tales redes no sean de naturaleza política, ‘lo político’ que en ellas habita no deja de significarse para las relaciones políticas. La correlación dialéctica entre estado y sociedad civil así lo corrobora. Las relaciones políticas no pueden desentenderse del entramado ontológico de la sociedad y este va más allá de lo valioso, lo visibilizado, lo intencionado, lo normativizado e instrumentado por las fuerzas políticas dirigentes (y/o dominantes) desde las instituciones políticas de que se valen para su ejercicio.

Es decir, la actividad política no resulta indiferente a la relación entre los niveles macro y micro de realidad social. Las instituciones políticas centrales de la sociedad, a tono con sus intereses y modos de construir y cursar las políticas, realizan una construcción política de la realidad, la que afecta (de determinada manera) al conjunto de la sociedad, al tiempo que favorece un arquetipo macrosocial de relaciones políticas. Pero en cada comunidad se opera cierta refracción de la direccionalidad de esa macropolítica a partir de la dinámica cotidiana de todos los involucrados, lo que tiene significado para ella.

Lo anterior resulta congruente con la aseveración marxista acerca de que la sociedad no es un agregado mecánico de individuos9 . El todo social constituye un plexo de relaciones sociales de los más diversos tipos, en las que pesan, como determinación de última instancia, las relaciones económicas. Asunto este válido tanto para el enfoque abstracto, como histórico-concreto de la sociedad. Lo anterior no significa que el resto de las relaciones sociales sean reductibles de manera inmediata a las económicas, pero sí subraya una objetividad de estas, que cualquiera que sean las mediaciones -necesarias de estimar para comprender su especificidad- remite en última instancia -valga la redundancia- a aquellas.

Esas relaciones económicas en su interrelación dialéctica con la política dibujan un objetivo eje transversal societal donde la política tiene una importante determinación funcional, como se ha procurado argumentar con anterioridad. Por tanto, ese eje no deja de contener un conjunto de relaciones políticas en su sentido amplio y, además, constituye un atractor de otras relaciones de significado político, también a nivel microsocial.

Así por ejemplo, cada individuo social, compulsado por los apremios de solucionar necesidades (en primer lugar económicas, aunque no solo ni aisladas de otras) y de canalizar mediante la actividad su satisfacción, conforma expectativas en torno a su debido comportamiento y el de los demás a esos fines. De ahí, que de manera tácita, pre-reflexiva, los hombres y mujeres de un conglomerado humano van involucrándose en ciertos comportamientos más o menos característicos y caracterizables. Como manifestación de esto, los individuos, movidos por sus expectativas, están predispuestos para cumplir o para seguir determinadas reglas. Como consecuencia de su observancia y de los resultados que de ello se deriva en términos de remediar necesidades, se produce una reiteración de sus prácticas (incluidas, en el proceso de su manifestación, las adaptaciones y cambios que se originan), las que van delineando para el grupo en cuestión los llamados patrones de interacción social10 . Esos patrones -de los que no siempre somos conscientes- son diversos y más o menos concomitantes: patrones clasistas, de razas, de sexo, religiosos, laborales, educativos, etc.

Como quiera que cada patrón de interacción social presenta diferentes ámbitos de incidencia y alcance social, es de la trama social que construyen desde donde brotan, 'desde abajo', las relaciones sociales y la propia constitución de las subjetividades sociales, las que a su vez re-sustancian dichos patrones de interacción social. Esta producción de sociedad 'desde abajo' (vida cotidiana en la que ineluctablemente las personas se desenvuelven y manifiestan) no es ajena a la que se genera desde las instituciones sociales formalizadas con las normas, prácticas, actitudes y comportamientos que ellas cultivan y que sugieren la calidad deseada (prevista desde la política instituida) de las relaciones sociales. Es decir, a nivel de la microsociedad ocurre una reconformación auto-organizada de los impactos y resultados de las decisiones e intenciones macropolíticas a condición de las diversas mediaciones que le conectan a la cotidianidad.

La producción de relaciones sociales 'desde abajo' y 'desde arriba' se acoplan y amoldan objetivamente de una manera tal en la que ninguna voluntad individual activa, ni nivel de configuración social se ve solo ella -o él -representada(o), sino el conjunto entrecruzado y contextual de todas. De ahí nacen los verdaderos estados de las relaciones sociales como realidad 'meso' 11 y respecto a ella las relaciones políticas no constituyen una excepción. Al ser de ese modo, resulta posible entender la importancia de un diseño central de agenda política que articulen los sentidos macros con el de los flujos dinámicos que al interior del entorno cotidiano de cada comunidad están retando jerarquías y demandando mayores coherencias entre los componentes del sistema político.

Si es así, en Cuba, la hora actual está dotando de una significación especial a la micropolítica como vehículo imprescindible para la realización de la macropolítica (Raúl: el oído bien pegado a la tierra). Y ello ocurre porque la emergencia de lo nuevo pasa por la capacidad del entorno cotidiano para sintetizar en la microsociedad la intencionalidad y el sentido contenido en la macropolítica. Lo hace atendiendo al dictado de la vida cotidiana y, especialmente, a la manera que entre los sujetos de dicha cotidianidad se entiende ese dictado en términos de saber, deseo, poder y discurso, formadores de unos u otros grados de consenos. Los procesos previstos de mayor descentralización política aguzan la trascendencia de esta mirada. De modo que se hace necesario, por la vía de todos los reguladores sociales (económicos, políticos, jurídicos, éticos, ideo-políticos, culturales, estéticos, científicos, de fe religiosa, etc) ensanchar los factores habilitadores del proyecto social en un contexto de franca reconformación integral de la socio-estructura nacional y local.

Importan los imperativos actuales del imaginario y comportamiento cotidianos de las personas y grupos sociales respecto a factores habilitadores o in-habilitadores del proyecto social y su manifestación en términos de: a).- los diseños grupales e individuales de estrategias de vida, de los vínculos cotidianos entre sí, de la prevalencia simbólica y real de determinadas subjetividades, de los códigos de internalización consuetudinaria de la ideología revolucionaria, de las coherencias y disonancias entre la proyección pública y privada y las fuerzas materiales y espirituales que respectivamente las promueven y, en general, de la correlación entre lo conducido y lo 'espontáneo consciente' en el movimiento de la realidad cotidiana; b).-la correlación entre deberes, derechos e igualdad de oportunidades reales propias de la dinámica cotidiana; c).-la expresión cultural integral o no de lo solidario en las relaciones diarias entre los hombres y de éstos con la naturaleza, así como la sensibilidad hacia lo bello en la totalidad de lo humano; d).-la naturaleza del proceder en el ejercicio de propietario del pueblo trabajador, la forma corriente de ejercer gobierno local los elegidos y el comportamiento del pueblo como sujeto real del poder en la gestión de solución de los problemas asociados a su vida cotidiana; e).-los empoderamientos reales, sus tipos, correlaciones y jerarquías objetivas dominantes en las dinámicas cotidianas; f).-la posibilidad y realidad de expresión de un modo de vida digno propio del pueblo trabajador honesto cubano, etc.

Y si la micropolítica requiere el anclaje antes referido (en las prácticas contenidas en los patrones de interacción social), ello es debido a que lo que define a la micropolítica no es la aplicación a pequeña escala de la macropolítica, ni siquiera el diseño de política para la microsociedad teniendo en cuenta sus necesidades generales. Tal diseño demanda algo más esencial: la develación de los asideros que tienen en la vida cotidiana de la microsociedad en cuestión, las macro-decisiones e intenciones políticas. Estos asideros constituyen condición para su penetración interna con real capacidad de regulación social comunitaria.

Por eso, cualquier discernimiento para la acción del sistema político en la microsociedad, con vista a favorecer determinados cambios y/o “establecimientos” deseados, tiene la necesidad de “penetrar” esa cotidianidad, la que aún cuando “está siendo” no es carente de determinados permanencias dinámicas ya acaecidas y desde los cuales se proyecta y se presenta discernible al saber político.

De todo lo anterior es factible inferir que el ámbito total de las relaciones políticas abarca el conjunto de interacciones sociales, instituidas o no -política y jurídicamente reconocidas o no- que gravitan de manera inmediata o mediata, pero siempre de modo significativo, desde y/o sobre las instituciones del poder político, aún cuando se den al margen de estas y/o de su debido (estatuido) funcionamiento.

De lo que se trata es de no cercenar el espectro objetivo de relaciones sociales de tipo político con racionalizaciones lineales que compartimentan a la actividad política del resto de la sociedad o a la inversa: reducen el conjunto social a su configuración política, Esto es sumamente importante en nuestro caso por el carácter eminentemente político de la transición socialista que vivimos en Cuba.

La actividad política activa decisiones que captan unas u otras necesidades objetivas que nacen de la vida cotidiana de las personas -individuos, grupos, clases sociales, etc- produciendo articulaciones de la política instituida con los patrones de comportamiento que anidan en esos espacios (para afirmarlos, enriquecerlos, transformarlos o anularlos, según el caso). Pero puede suceder también que, por determinadas razones de variados tipos, no lo haga.

Lo notorio es que objetivamente esas articulaciones, aún no favorecidas por la política instituida a nivel societal, se van a producir “espontáneamente”. Ocurre así, porque las personas portadoras de necesidades actúan para satisfacerlas y penetran con sus subjetividades (propias de los patrones de interacción social que se han gestado en la vida cotidiana familiar-barrial a partir de esas necesidades), en el resto de la entidades sociales -productivas, de servicio, culturales, educacionales, etc-, que funcionan (al menos tienen la demanda de hacerlo) conforme a una política instituida.

Pero dentro de esas entidades sociales también crecen patrones de interacción social y las personas en ellas involucradas, al estar objetivamente compelidas por otras necesidades de su vida cotidiana factibles de ventilar en dichos establecimientos, se esfuerzan en articular dichos patrones con aquellas prácticas de poder, de discurso, de saber, de deseos que han desarrollado a tono con los patrones de comportamiento propios del resto de los espacios donde canalizan cotidianamente su vida. Se producen conexiones que desbordan el espacio-tiempo de la entidad dada y emergen así unos tentáculos de relaciones sociales que no resultan neutrales para la política, ni al nivel donde se generan ni a la instancia institucional-político local y nacional.

Lo importante para la actividad política instituida como rectora a escala social es entender que estas articulaciones tienen una significación política, aún cuando sean desconocidas o constituyan -o se les vea- como un sacrilegio político (se les puede condenar, pero pujan su existencia vital en las condiciones dadas). Tales articulaciones, compulsadas por determinadas necesidades, aprovechan vacíos de regulación política societal y tributan a la construcción de micro-poderes, los que participan objetivamente del tejido de la sociedad y tienden a crear relaciones paralelas a las políticamente instituidas.

Todo lo antes expuesto, permanentemente contextualizado y actualizado desde los estados de la práctica socio-histórica, constituye debida condición de partida de la actividad de los órganos con capacidad decisoria y ejecutoria para el ejercicio micropolítico. Esto obliga a repasar las maneras en que se correlacionan las Asambleas Municipales del Poder Popular, los Consejos de la Administración, los Consejos Populares y las circunscripciones (conformadas desde donde el ciudadano piensa y actúa legítimamente como consumidor) con los procesos de reproducción de la vida material de la sociedad en los centros de trabajo (ahora un concepto más plural), donde la dignidad ciudadana se revela desde la condición moral-material esencial de nuestra sociedad (ser trabajador) como parte de un colectivo laboral (también ahora un concepto más plural). Y de todos ellos con la actividad posible del Partido en esas instancias y las organizaciones de la sociedad civil más significativas a este fin.

De lo que se trata es de buscar el cabo por dónde atar la macro y la microsociedad para hacer política allí en la cotidianidad local. Es decir, el asunto de la micropolítica no es sólo el de “vaciar” la agenda macropolítica en la microsociedad, habilitando tareas -y ejecutores, por supuesto- en este nivel. Es al mismo tiempo, atender a su inserción en la modelación del espectro cotidiano en función del resultado macro esperado, a tono con el movimiento que la política ha iniciado para la hora actual de Cuba. Esto no anula el hecho real de que cualquier acción realizada a escala macrosocial se enrola de una u otra forma en la dinámica comunitaria. Sin embargo, la  espontaneidad que ello pueda contener no es suficiente garantía para alcanzar las dimensiones cuanti-cualitativas indispensables al cambio necesario.

De ahí la significación que tiene el que la actividad política, aconsejada por el estudio científico aplicado de la microsociedad, pueda conectarse en determinados nodos dinámicos de esta implicados en la dirección del cambio a realizar. Por supuesto, lo anterior no elimina un grado de incertidumbre sobre el decursar  y el resultado de la política que se implementa. De ahí que, en la actualidad nacional, la actividad aliada entre micropolítica y ciencia deba estar permanentemente activada.

Allí donde la vida económica de la sociedad que es instituida por la política desconoce -o aún no reconoce- el tejido económico que nace de la gestión material de vida cotidiana de las personas, se crea entre ellas un segmento de desconexiones económico-políticas en el sentido de su reconocimiento institucional legal, con disímiles consecuencias sociales. Más exactamente, se produce una suerte de reconexión social entre lo legal, lo no legal y lo ilegal, creadora tácitamente de una institucionalidad no reconocida oficialmente pero socialmente funcional. Este un segmento de “desarticulación social”, en términos de lo institucional legal, posee significado politico-social, al menos cuando resulta sostenida en el tiempo, por dos razones fundamentales:

El gran problema en Cuba es ¿si es posible el hallazgo de lo que buscamos como parte del rumbo adecuado de la transición socialista sin el “aporte” embrollado de ese “segmento de desarticulación social”? Parece ser que el gran problema no está en su existencia sino en el modo histórico de conocerla y abordarla constructivamente.

En consecuencia, la actividad política de un actor determinado (clase, institución política, etc) supone no solo una actitud crítica hacia los otros y hacia la realidad, sino que exige también una posición suficientemente autocrítica, que estime desde sí mismo a esos otros y a esa realidad. Es esta conjugación de actitudes-aptitudes la oportunidad de la actividad política para enmendar, en sus formulaciones específicas actuantes y proyectivas, sus insuficiencias histórico-concretas y realizar los ajustes que le permitan ser -y en general mostrarse- tendencialmente eficaz y efectiva en relación con la cuestión esencial que la define. La capacidad mostrada por la Revolución cubana para rectificarse a sí misma es una magnífica muestra de esa vocación, cuya práctica es altamente compleja en la actualidad y requiere por tanto ser permanentemente evaluada y repensada.

A los fines de la armonía social revolucionaria (unidad política, unidad nacional, consensos, legitimaciones, hegemonía político-cultural, etc) lo anterior sugiere también a la actividad política saber valuar la calidad de sus relaciones con el resto de las esferas de actividad social. La legitimidad del tipo de regulación política sobre otras esferas de actividad implica el reconocimiento de la dinámica interna de esa otra actividad específica en cada caso, identificando las aristas desde la que la misma se significa para la política y, en consecuencia, asumiendo una actitud política pertinente hacia esas esferas, que reconozca la diferenciación entre ellas. 

De ahí deriva el imperativo de que la comunicación política -en su sentido amplio- implique, al menos como posibilidad, a toda la comunidad, dado el particular lugar de la política en la armazón medular del conjunto social y su necesidad de sustanciarse con el aporte singular y complementario del resto de las esferas de actividad. Así la comunicación política podrá contribuir a conformar, en su totalidad, la compleja y dinámica red social a través de la cual la actividad política de interés puede ganar funcionalidad.

Lo anterior debe estimar en su unidad la dimensión teórica y práctica de la actividad política, aunque sean distinguibles y “separables” planos jerárquicamente prácticos o teóricos de la misma. Las construcciones políticas genuinas derivan de un diálogo permanente entre las ideas políticas y la realidad social; entre los proyectos políticos y las demanda sociales, entre los discursos políticos y los recursos de todo tipo; entre las formulaciones teóricas generales y las exigencias concretas de las personas; entre el todo social y los individuos que lo integran.

Ese diálogo entre los proyectos políticos y las demandas sociales, entre la política (los políticos) y el todo social ocurre con un condicionamiento histórico-concreto, sopesado desde los intereses supremos que representa la política en cuestión (más exactamente desde la lectura histórica de esos intereses supremos). Pero ese diálogo está necesitado de estimar (total o parcialmente) de algún modo el resto de los intereses (igualmente desde su expresión histórico-concreta), o también de desestimarlos, con disposición efectiva para acatar las respectivas consecuencias que derivan en ambos casos y de sus interrelaciones. La cuestión del carácter dinámico, histórico-concreto, de los intereses que nutren a la actividad política resulta coherente con una posición de principios, pero sin dudas denotan la naturaleza compleja de esta actividad principista en su expresión histórica.

La decisión política que instituye actividad política.
La decisión política tributa, cierra o re-conforma derroteros a la actividad política. En su determinación se articulan una variedad de factores que la condicionan y que concurren para nutrir tanto la definición del diseño determinado de cada decisión -y del conjunto de ellas-, como su capacidad para incidir en la generación de nuevas realidades que no derivan linealmente de la realidad existente actualmente y que repercuten a su vez sobre la decisi­ón.

La decisión política supone el acogimiento dialéctico de una opción entre las objetivamente “disponibles” para procurar un orden querido y/o posible. Es por tanto, al menos presuntamente, instituyente, en tanto estimula y genera el acontecimiento específico, tanto en actos como en procesos. En consecuencia, la activación práctica de la decisión funciona como objetivación de una subjetividad (ontológicamente es, de algún modo, un producto intersubjetivo, se sea o no consciente de ello) tendente, siempre que se asegure su observancia, a estructurar el posible campo de acción de unos y otros.

Entre los factores que se interpenetran como concurrentes en el proceso de la toma y ejecución de la decisión política que le otorga especificidad a la actividad política se sitúan (vistos aquí de modo genérico y a escala global) los siguientes: a) situación material y espiritual del contexto histórico-concreto (internacional y nacional) de tipo diverso, como marco global multi-condicionante del asunto de decisión y viceversa; b) el modo de considerar la objetividad de la problemática sobre la cual se decide, a partir de la capacidad para develar la subjetividad contenida en las prácticas sociales que la han generado; la precisión de los grados de novedad o la reiterabilidad de las cuestiones objeto de decisión y la certeza tenida sobre sus condicionantes, la visión ‘in situ’ de la correlación irrupción-disrupción política necesaria y pertinente a producir; c) el monto y calidad de habilidades existentes entre los decisores para el adecuado manejo de la situación, incluida la intensidad y extensión del nexo continuidad-ruptura en el ser y en el poder ser de la realidad socio-política; d) las tendencias de los movimientos de la socio-estructura global inscripta en esa realidad social y los grados de coherencia social o no de las necesidades y (pre)posiciones políticas que emanan objetivamente de las micro-pertenencias y los micro-poderes a ellas asociadas y su relación con las estrategias de vida actuantes y deseadas; la correlación específica entre necesidades reales y necesidades sentidas; e) el perfil de los intereses que emanan de la necesidad sentida y su expresión en el nivel de desarrollo de la conciencia y de la cultura política -incluida las nociones de ciudadanía y de poder público que se comparten, cuestionan o buscan- y de la identidad psico-social e histórica, en general y de la comunidad en cuestión; f) la experiencia política de los sujetos y actores implicados, así como el conocimiento por ellos, o parte de ellos, de la producción teórica y de la práctica política acumulada; tenencias -o carencias- estas desde los cuales los involucrados visibilizan opciones y seleccionan -dentro del conjunto de ellas- la(s) variante(s) de contenidos y medios que consideren óptima(s) para construir la estrategia y la táctica políticas; g) la sensibilidad e intuición personal de los dirigentes políticos y su capacidad de contrastación con las realidades empíricas y las percepciones públicas -totales y sectoriales- compartidas o no sobre esas realidades; asunto este que implica la capacidad racional para correlacionar de manera creativa o no la expresión sensorial de la realidad con la lógica de los procesos sociales que en ella ocurren, a fin de pensar-repensar los mismos y localizar puntos de apoyo con posibilidad de dinamizar los comportamientos necesarios (apoyaturas que no precisamente se atienen a las tendencias “preinscriptas” en la realidad existente); h) el estado de la correlación dirigentes-dirigidos (y/o autoridad-ciudadano, segúnla situación) y el significado de las mediaciones existentes en la misma, aspecto que incluye la calidad y pertinencia de los métodos al uso en esa interrelación, tanto como el nivel de valoración política de la realidad, la disposición a la colaboración interesada o no y la naturaleza del compromiso social de los interactuantes; i) la incidencia de condicionantes ideológicos, éticos, estéticos, filosófico-políticos, etc que denotan la socio-cosmovisión de tales actores y de su sociedad; j) las experiencias prácticas tenidas por esa comunidad y su repercusión sobre el grado público de confianza que genera el prestigio y la credibilidad de las instituciones políticas; incluida la flexibilidad posible del tejido institucional para favorecer o entorpecer determinados cursos posibles de la realidad; k) los postulados normativos vigentes y los presupuestos sensibles a sostener o cuestionar prácticamente pautas de cultura política vigente, los sistemas de dirección, los estados de organicidad o no del sistema político, etc.

La reflexión sobre el conjunto de esos factores permite advertir la necesidad de que la comprensión científica y filosófica de la decisión política rehuya la adjudicación abstracta del carácter clasista a la misma, al tiempo que se ocupe de vislumbrar su singularidad histórica irrepetible.

Es menester insistir en esta última cuestión. Como portadora de intereses, la actividad política es siempre tendenciosa. Aún cuando formalmente exista una multiplicidad de opciones como posible panorama de decisiones, el curso de las mismas está constreñida por los factores condicionantes y la calidad específica de su asimilación interesada por el sujeto decisor. Es decir, estamos en una singular interrelación dialéctica entre objetividad y subjetividad, muy probablemente de omnijetividad 13. El asunto estriba entonces en la justeza o injusteza histórico-concreta de la representatividad que porta la decisión adoptada y en su carácter potencial y realmente incluyente, o no, en condiciones específicas. Respecto a este asunto resultan significativos tanto el modo real en que la actividad política dada es, o no, inclusiva -o está pretendiendo serlo- y el cómo se ve por la diversidad social; lo que implica a las pautas sico-ideológicas desde las que se realizan esas evaluaciones. De tal modo, lo ideológico se revela aquí como consustancial al funcionamiento político de la comunidad a través de la decisión política..

De ahí que la legitimidad histórica popular de una decisión política -o su deslegitimación- pase por la capacidad racional y afectiva de la comunidad para establecer o cuestionar prácticamente un orden determinado, realizarlo o entorpecerlo, aceptar o negar, rechazar o aplazar objetivos de amplio alcance popular, relacionados -o no- con necesidades sociales latentes e intereses justos, vinculados  -o no- con objetivos políticos inmediatos, adecuados a esas necesidades e intereses. A la actividad política específica interesa la particularidad con que se entiende y acepta -o no- la relación dialéctica real entre lo inmediato y lo mediato contenido en las decisiones con que cursa. Es este un asunto práctico-ideológico de superior importancia política en Cuba hoy.

La interrelación dialéctica entre lo económico y la actividad política.
Como antes se esbozó, en el fundamento del condicionamiento histórico-concreto de la actividad política se encuentra la situación económica existente y previsible. Sin embargo, no ha de esperarse que la política responda de modo ciego y mecánico a una situación económica dada. En todo caso, el diseño político que nutre el nuevo punto de partida se yergue a partir de una decisión política (o conjunto de ellas) tomada sobre un estado de realidad donde ella misma no ha sido aún desplegada. Y tampoco la política dispone de un 'hasta aquí' de realidades económicas concretas desde donde la misma pueda pensarse e implementarse definitivamente. Esto es: no hay un punto irreversiblemente óptimo en lo ya existente que articule terminantemente un curso armonioso y lineal de la relación entre política y economía. Lo armonioso, como estado de congruencias estables, se hace tan esquivo como deseado. En realidad, la verdadera armonía revolucionaria tiene su clave en la estricta observancia de las interacciones dialécticas  entre política y economía las que, siguiendo un esquema, contienen en sus momentos generales fundamentales, determinaciones en torno a:

a) Los intereses económico-sociales fundamentales que defienden los actores que intervienen en la decisión, son los que fungen como fundamento inmediato de la actividad práctica, normativa e ideológica contenida en la política adoptada. Es decir, las condiciones económicas imperantes inciden sobre esa política mediada por intereses económicos de profundo raigambre clasista (Lenin: la política como expresión concentrada de la economía 14). En consecuencia, no todas las lecturas económico-políticas salidas de la situación económica valen para una construcción política específica, ni existe una relación inmediata y lineal entre dicha situación y la política económica a definir. No es que el mayor número de asuntos posible no sea estimado; lo que sucede es que ninguna estimación puede estar al margen de los intereses raigales de la política dominante, ni convertirse acríticamente en demanda social internalizada por el diseño concreto de dicha política. Lo anterior supone capacidad de respuesta a ofrecer en tiempo político (esto incorpora el problema de la relación tiempo natural-tiempo político).

Pero, amén de esta singularidad, a través de la cual el estado histórico-concreto del conjunto de la situación económica determina sobre la política -es decir, la interposición de los intereses económicos sociales que la política hace suyos- el conjunto total de las condiciones económicas no deja de presionar todo el tiempo a la actividad política y le conmina a realizar re-construcciones y también de-construcciones. Al hacerlo, el interés político dominante no se obvia ‘per se’ en el contexto societal en que ejerce.

b) La actividad política realiza sus definiciones no solo a merced de aquella determinación económica, aunque no necesariamente al margen suyo. Son determinaciones de carácter propiamente político -de dinámica, tecnología, normativa política, etc- pero también jurídico, ético, estético, científico, cultural (en el sentido más amplio) e ideológico y espiritual en general, etc y que es menester activar sistemáticamente como reguladores sociales -con carácter sistémico- de la actividad política.

c)  La política tiene posee su propia lógica interna, incluida la forma en que da entrada a factores económicos -y demás del contexto- que gravitan sobre -y en- las relaciones políticas, los convierte en demandas y les da salida a partir de decisiones políticas. Posee modos y métodos de resolver las demandas que asimila, diseñarlas, aplicarlas y evaluarlas, así como para realizar las diferenciaciones y complementaciones institucionales en el contexto de un mismo sistema político. En el curso de la propia elaboración-aplicación de la política económica, el sistema político -y la actividad política que le es consustancial- necesita auto-evaluar sus suficiencias e insuficiencias para afirmar o rectificar el modo en que entiende y practica su papel.
d) La actividad política incide activamente sobre la economía ofreciéndole orientación, organización, ritmos, jerarquías (Lenin: la supremacía de la política sobre la economía 15). De ahí la pertinencia de que la política se piense a sí misma -y favorezca el ser pensada- así como la de su evaluación en el curso de la aplicación, a tono con sus propios efectos sobre la economía -y la sociedad en general- y con los dictados que en el proceso del desenvolvimiento de la totalidad social se van develando y que requieren ser apropiados y respondidos políticamente.

En atención a la objetividad de tales interrelaciones dialécticas (entre otras posibles) no puede entenderse cada acto político como determinado directamente por el estado histórico-concreto de la estructura y de la situación económica. Se trata en general de no reducir la actividad política -y las decisiones en ellas contenidas- a una determinación e interpretación lineal en relación con la economía, de la cual se derive un único curso obligatorio y debido.

En Cuba, la decisión de política actual no tiene la posibilidad de hacerse 'a posteriori' de un sistema económico fáctico de similar naturaleza al que se proyecta. Tampoco el proyectado ha tenido la suficiente oportunidad para auto-criticarse y enmendarse, aunque ya el VII Congreso del PCC ha ofrecido públicamente muestra de ello, lo que sin duda ha de ser profundizado con la visión colectiva de la discusión de los documentos que del mismo emanaron. De ahí que en Cuba, los resultados de “la implementación” impondrán retos tanto en términos de lograr la estabilidad consuetudinaria de las prácticas valiosas, como en cuanto a la realización pertinente de las rectificaciones necesarias.

En todo esto el papel de los diferentes actores y sujetos (PCC, Estado, UJC, organizaciones de masas y sociales, ciudadanos, colectivos laborales, cuadros políticos, economistas, electores, cientistas, etc.) que animan cada acto -y el proceso en su conjunto- en cualquier peldaño de la superestructura política y económica, cuenta de manera decisiva en esa vigilancia. Su mirilla debe ser calibrada, una y otra vez con la inteligencia social acumulada y de un modo amante del interés colectivo nacional, lo que encierra la ratificación principista de la política de actualización. Vuelve a significarse el asunto de los métodos de construir, aplicar y evaluar la política y el de los presupuestos ideo-políticos desde los cuales hacerlo.

Por todo lo anterior a la actividad política actual le es legítima, por necesaria, la experimentación que sea posible en el campo económico. Por eso mismo se contrae la obligación de monitorear -y dictaminar- sobre bases objetivas (incluidas las ideo-políticas), como recurso útil para decidir continuidades y rectificaciones de la puesta en práctica de una decisión adoptada, la que es entendida como movimiento, como proceso. Y es este otro aspecto muy complejo de la actividad política actual en Cuba.

Solo esta razón es suficiente para captar la necesidad de activar nuevos procesos de educación política e ideológica masivos y de reconformación-consolidación de la unidad nacional, los que no deben discurrir como resultado espontáneo del 'acomodo de carga' que hace la economía. En no pocos casos la activación de dichos procesos debe preceder a esos reacomodos económicos. Combinar en ellos el abordaje articulado y sustancioso de cada acto y del proceso en su conjunto es complicado pero imprescindible. Lo es a fin de que la lógica instrumentalización educativo-política de cada momento del proceso no aprisione la voluntad y la capacidad política superadora del orden de cosas que insatisface, a través de un verdadero ejercicio de pensamiento y acción política revolucionaria. Importan mucho, a ese fin, los contenidos, métodos, medios y actores que se implican en el proceso de crítica así como la claridad acerca de la personalidad socio-política que se necesita formar como parte activa del componente ontológico de la reproducción de relaciones sociales tendencialmente socialista.

De ahí también la necesidad del enfoque diferenciado de la educación política, al menos la institucionalizada, de acuerdo con el rol social inmediato y mediato de los implicados, aún cuando lo ideal es que la educación política desarrolle capacidades para  afirmar y cuestionar a la vez, de un modo político comprometido y responsable.

En este contexto no son de menor importancia los ritmos de implementación de las decisiones políticas y la manera en que estos armonizan, o no, con las demandas sociales latentes cotidianamente.  A esos fines, en Cuba, a la actividad política le es necesario profundizar en el fomento cultural del método fidelista de relación y consulta con las masas, conjugando lo legislado con la iniciativa responsable y su aprovechamiento explícito para construir agendas políticas y activar mecanismos y espacios de empoderamiento, locales y flexibles, de acuerdo a las circunstancias.

En general, la relación entre política y economía lejos de comportarse alternando desde su inmediatez las polaridades que la configuran (política vs. economía) resulta mediada. Participan de esa mediación factores diversos entre los que se encuentran los referidos con anterioridad. Es en esos factores de mediación donde es menester hurgar con profunda sensibilidad y racionalidad para comprender y explicar cada estado histórico-concreto de realización de la decisión política emanada del VI Congreso del PCC y ratificada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero también para producir los movimientos necesarios a fin de cambiar 'lo que debe ser cambiado'.

La actividad política como demandante de una regulación múltiple.
Amén del modo específico en que la evaluación de los procesos económicos actúa como regulador de la actividad política existen otros reguladores sociales de índoles diversas que se interpenetran en su acción, complementándose, interfiriéndose o demandándose entre sí. Esto sucede por cuanto la actividad política genera un flujo heterogéneo de sentidos y de fuerzas. De ahí la importancia de la relación sistémica y sistemática de su regulación diversa.

En primer lugar están los reguladores internos de la propia actividad política, sintetizados en lo normativo-funcional y el ajuste a la dinámica y tecnología propiamente política. Pero se incluyen, muy articulados con estos, otros tipos de regulación de la actividad política. Todos ellos, para el caso cubano, suponen la preparación del pueblo para ser parte de su ejercicio, como objeto y sujeto de dicha regulación. El posible desbalance en la carga efectiva de regulación política práctica de cada uno de ellos suele gestarse por factores diversos, incluida la fortaleza y/o inmadurez instrumental contextual de cada uno de ellos y/o la tendencia ideologizada al sobre-uso de algunos en detrimentos de otros y del proceso regulador en general. En Cuba, vista la actividad política a escala de toda la sociedad, este asunto se ha acompañado de una insuficiente interpenetración sistémica y sistemática de esa diversidad de reguladores.

Los de carácter moral, o más exactamente político-morales, han sido de los más socorridos. Tal situación puede obedecer a la articulación de dos factores esenciales: a) el  hecho de que la moral individual y colectiva sea base esencial para producciones políticas humanistas superiores e históricamente atinadas, toda vez que la moral es decisiva en las elecciones indispensables para el comportamiento socialmente constructivo y b) la realización de cierta interpretación unilateralista del enaltecimiento que hace el discurso político sobre ese necesario desarrollo moral revolucionario de los dirigentes, funcionarios y de los revolucionarios y ciudadanos en general.

Esa situación no pocas veces va acompañada de una insuficiente indistinción entre la función de la moral como reguladora social y como autorreguladora del individuo, y/o grupo en cuestión. Distinción indispensable para sopesar la correlación de identidad y diferencia entre aquellos comportamientos que obedecen a la incidencia que sobre las personas -y su conciencia- tienen mecanismos y factores externos y los que derivan de una convicción moral íntima, como expresión real de su desarrollo moral. Los efectos de la función de regulación moral tienden a un mayor grado de previsión social respecto al comportamiento moral efectivo, en tanto opera con resortes más “moldeables” externamente. Sin embargo, los de la auto-regulación moral tienden a un mayor grado de imprevisión social ¨a priori ¨ al depender de las necesidades auto-sentidas por cada individuo o grupo y/o la de internalizar el imperativo de ponerse a tono con ciertas demandas sociales, en cada situación de elección moral. No obstante, regulación y autorregulación moral se influyen mutuamente, en su distintividad. Las fuerzas instituciones sociales encargadas no pueden descansar en su empeño por conseguir su mejor correlación contextual. Los reclamos a los reguladores morales valen su debida medida y posibilidad real, pero jamás acompañados de dejación o inconsistencia de la acción conjunta de la totalidad de reguladores, particularmente en ambientes morales altamente complejos como los característicos de la sociedad cubana en las últimas dos décadas y más.

No es esta una visión que sitúe como premisa el estar prevenidos ante una supuesta perversidad natural innata de las personas que pueda corroer la sociedad en silencio. Tampoco de desconfianza en el mejoramiento humano, con lo cual se invalidaría toda posibilidad del hacer revolucionario. Todo lo contrario, se trata de atender el carácter complejo de la regulación del comportamiento político, la que dada su trascendencia social debe prevenirse lo más posible de toda unilateralidad. Sabido es que personas buenas pueden degenerarse cuando la naturaleza múltiple de los encargos sociales colocados al abrigo de su gestión política no son explorados y apuntalados con “conectores” que satisfagan esa multiplicidad.

Estas razones son nutridas por otras muchas que evidencian lo imprescindible de la coalición de los diversos reguladores del comportamiento político. Entre ellas se subrayan: a).- los abandonos de deberes y derechos por instituciones y personas encargadas, lo que genera incumplimientos y corrimientos de funciones en el ejercicio del poder y crean condiciones favorables, para confabular usurpaciones ilegítimas de cuotas de poder y para fomentar des-responsabilización por sustitución de deberes y b).- el carácter no profesional de los representantes más inmediatos que el pueblo elige (delegados de circunscripción, también provinciales y diputados) y el contenido profesional de sus funciones, así como la preparación no especializada de otros que sí ejercen cargos políticos con carácter profesional (presidentes de asambleas y demás, pero también están los cuadros del PCC, la UJC y las organizaciones de masas, etc). Cuestión esta que obedece a patrones políticos a los que resulta difícil renunciar en nuestra sociedad pero que se han de compensar, cada vez más, con medios y recursos políticos para la legitimación de su labor. Ambas situaciones no pueden atenderse únicamente, quizás ni preferentemente siempre, con reguladores solo de carácter moral.

Sin la suficiente cultura jurídica y la aplicación consecuente de la ley -y no solo su conocimiento y exigencia, por importante que sean- la voluntad de la clase en el poder puede no realizarse, o hacerse de un modo no suficientemente legitimador. Esa cultura jurídica exige estimar, desde su distintividad, el conjunto de los reguladores políticos, sin compartimentación del alcance y valor del derecho por sí mismo y, al mismo tiempo, cuidando cualquier estigmatización del mismo. Al ser la transición socialista un periodo de fundamental naturaleza política, el derecho se constituye en un aliado indispensable, pero no agota las exigencias políticas de las circunstancias históricas, por lo que el respeto a la legalidad debe cuidarse de una interpretación liberal del significado del orden legal establecido. Para un proceso revolucionario la regulación jurídica incluye el desarrollo de la capacidad de lidiar con esa dicotomía revolucionaria de destrucción - creación de leyes, que en el tiempo no solo se ejerce en relación al pasado pre-revolucionario. Proceso  cuya normalidad discurre demandando una actitud dialéctica ante cada hallazgo histórico-concreto- estimando los objetivos políticos, las condiciones históricas, la idiosincrasia, las costumbres, el carácter, el espíritu, las prácticas consuetudinarias, el pensamiento e imaginación creadora del pueblo y sus dirigentes, etc.

Más, resulta este un campo altamente complejo y complicado. Aquí es menester, como raigal punto de partida, distinguir las atribuciones que corresponden a cada nivel y órgano del aparato político (en sentido global) en el dictamen de impertinencia política de determinada normativa jurídica (aún cuando su identificación sea deber y derecho de todos, convocatoria esta que es imprescindible hacerla funcionar), así como los medios para estimar los modos y ritmos para hacer cursar, ordenada y constructivamente, dicho dictamen a la actuación política de los diversos sujetos y actores en general.

Asimismo, cualquiera de los asuntos anteriores aconseja un tipo de regulación de la actividad política que asegure superar el empirismo y la dañina improvisación voluntarista. De ahí la importancia de la acción del regulador científico de la actividad política, sin aprisionar a la política en sus redes. Tal regulador, al aportar un criterio de certeza singular a la valoración y orientación de la actividad política ha de contribuir a satisfacer el imperativo de hacer valer, fuera de cualquier dogma y subjetivismo, y con la mayor vocación y pertinencia inclusiva y de unidad, el interés clasista dominante, tanto cuando la actividad política se limita a detalles como cuando marcha en profundidad hasta lo esencial.

Por su parte, la  regulación cultural atraviesa toda la actividad política desde el resto de los reguladores, dada la importancia de sopesar y enrumbar debidamente -a partir de una adecuada afinidad entre el qué, el cómo, el para qué y los quienes espacio-temporales- las premisas culturales que condicionan en cada ámbito la correlación diseño de política-aplicación-resultado-evaluación de impacto, tanto en lo general como en sus expresiones contextuales y organizacionales, así como las tendencias y procesos objetivos de sedimentación o des-sedimentación de la cultura política construida. Todo depende de la calidad del regulador cultural, político y general, de que se disponga. De ahí la importancia de incrementar en nuestro medio la evaluación cultural del comportamiento político.

Muy asociado a este tipo de “colimador” se encuentra la calidad de la regulación estética de la actividad política, la que penetra todo el escenario de ejercicio político múltiple, comprometido con el cultivo de las buenas formas, de los gustos y ambientes propicios a las prácticas virtuosas que se procuran fomentar políticamente. Se trata, en nuestro caso, del valor de hacer cosas con, por y para el pueblo, además de buenas, bellas, como indicador de eficacia política. Este tipo de regulación -integrando las demás, pero fundida especialmente con los reguladores propiamente políticos y los ideológicos- resulta decisivo en la sociedad actual para la sedimentación simbólica de la política.

Todo lo antes expuesto entronca de manera inmediata con la valía de la regulación ideológica de la actividad política, pues esta está contenida, con una u otra expresión, en el resto de los reguladores. A tales efectos, al menos en la situación actual de Cuba, se significa el estado de la producción ideológica revolucionaria que conecta, desde la actividad política, el ideal de sociedad con la realidad de vida cotidiana del pueblo. Asimismo, importa, por su nivel de trascendencia en lo comportamental, la plataforma axiológica que se revela en esa producción ideológica y su pertinencia clasista, incluida la capacidad de esos factores para estimular y sustentar prácticas de integración socio-política de la diversidad sociológica de la sociedad cubana actual. Por supuesto que, según su calidad valorativa, el regulador ideológico actuante, como cualquier otro, puede generar prácticas políticas disruptivas. De ahí la pertinencia de la verdadera conciencia sobre los términos ideológicos desde los que se plantea la actividad reguladora de cualquier naturaleza.

En términos de regulación social de la actividad política, de lo que en esencia se trata en nuestro medio, es de la urgente e incesante mejoría de la instrumentación política práctica de la participación popular y de su representación, en tanto constituyen estos valores instituidos y colocados en la ontología del poder político revolucionario en Cuba. Y así deberá seguir siendo para patentizar cada vez esa ineluctable y genética máxima ideológica que profesa el absoluto compromiso con el pueblo trabajador, razón suprema de legitimidad política revolucionaria. Es la calidad y autenticidad de esa participación popular la síntesis cualitativa de la regulación de la actividad política en Cuba.

A modo de conclusión es menester apuntar que a 58 años de ejercicio de poder político revolucionario en Cuba -y tomando en cuenta el carácter complejo y complicado (a veces azaroso) de la historia y actualidad de su contexto, de su curso, de sus profundas realizaciones, de sus manifiestas carencias y de las fortalezas que se portan y los desafíos que se enfrentan- importa a su reproducción el continuar atendiendo, con sumo cuidado y mayor eficacia, la pertinencia no solo de las acciones que se animan, sino también de los ámbitos específicos de actividad desde las cuales se conciben y practican las mismas, con cuidadoso celo de su naturaleza popular. En consecuencia, estudiar la actividad política que se hace nos resulta tan importante como hacerla.

Bibliografía mínima.