6. El deterioro del salario

Imponer topes al crecimiento del salario y atarlo a las predicciones inflacionarias del Banco de México (que es juez y parte, porque determina el nivel inflacionario esperado y es responsable de evitar que éste se dispare), lo condenó a manipulaciones por cálculos siempre erró neos y amañados, con lo que la pérdida de capacidad adquisitiva se acumula cada año.

El salario mínimo general perdió 74.67% de su poder adquisitivo entre 1982 y 2001, al pasar de $38.43 en 1982 a sólo $9.73 en 2001 (a precios del 94).

De acuerdo a la Universidad Obrera de México (UOM) la pérdida de capacidad de compra de 1995 a 2002 fue del 48.78%.

Entre 1982 y 2001 las remuneraciones contractuales promedio cayeron 59.31%; las de la manufactura se redujeron 38.38%, las de la maquila de exportación disminuyeron en 21.09%; y en la industria de la construcción en 46.21% (Palacio, 2005).

Entre 1993 y 2000 los ocupados que recibían de 0 hasta 3 salarios mínimos pasaron de 25.1 a 28.3 millones.

Por tanto, más del 73% de la población ocupada vive en la pobreza.

La Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INEGI revela que el 30% de los maestros gana hasta 3 salarios mínimos; el 37.2% recibe entre 3 y 5 salarios mínimos, por lo que apenas le alcanza para comer y en consecuencia vive en la pobreza; el 25% recibe entre 5 y 10 salarios mínimos y apenas el 4.4% más de 10.

Con excepción de los maestros y profesionistas, el resto de los asalariados se concentran en los niveles de menores ingresos, en todos los casos es pequeño el porcentaje de trabajadores que tienen ingresos que los colocan por encima de la línea de pobreza (Palacio, 2005).

Entre los trabajadores no calificados la pobreza es aún más generalizada, pues ganan de 0 a 3 salarios mínimos: 57.8% de los agricultores, 60% de los mayorales agropecuarios; 77.3% de los operarios de maquinaria agropecuaria; 69.9% de los vendedores ambulantes; 59.7% de los comerciantes; 58.7% de los operadores de transporte; 69.2% de los trabajadores de protección y vigilancia; 74% de los artesanos y obreros; 77.3% de los operadores de maquinaria y equipo; el 79.1% de los empleados de servicios; el 83.8% de los ayudantes de obrero y el 96% de los trabajadores domésticos.

En el otro extremo, ganan más de 10 salarios mínimos el 35.9% de los funcionarios públicos y gerentes y el 35.9% de los administradores agropecuarios.

Pero el 27.7% de los funcionarios públicos y gerentes y el 31.6% de los administradores agropecuarios ganan de 3 a 5 salarios mínimos, por lo que también viven en pobreza (Palacio, 2005).

Una de las razones del abaratamiento del trabajo en el mundo y en México es el creciente desempleo crónico.

De 1971 a 2001 la Población Económicamente Activa (PEA) cre ció en 29.28 millones de personas, pero sólo se generaron 12.36 millones de empleos; por lo que el desempleo acumulado es superior a 18.55 millones de puestos.

Al mismo tiempo, de 1982 a 2002 el PIB creció 1.94% en promedio, pero la población creció a tasas superiores al 2%, lo que implica una reducción en términos reales, porque cada año habría que repartir casi la misma riqueza entre una población mayor.

Sin embargo, en este periodo se amasaron fortunas enormes, que les fueron extraídas a los trabajadores.

“La participación de los sala rios en el PIB, pasó del 37.5% en 1981 al 28.9% en 1992; por el contrario las ganancias se elevaron del 54.4% (1981) al 55.7% (1990), 56.1% (1994) y 61.7% (1996) del PIB; lo que pierden los salarios se lo apropia el capital” (Sánchez, 2001).