5.7 Brutal ofensiva contra la clase obrera

Tras la caída de la URSS y el llamado Bloque Socialista, el capital financiero internacional lanzó una brutal ofensiva que golpea directamente a los trabajadores de la ciudad y del campo, del sector privado y estatal, y que persigue imponer dos consignas en boga: 1) La deslaboralización de las relaciones de trabajo, y 2) La llamada “flexibilización” de las relaciones laborales:

Se pretende archivar el Código Sustantivo del Trabajo creando una serie de mecanismos para que muchas actividades de prestación de servicios queden a merced de las fuerzas monopólicas del mercado, ahora bajo el Código Civil y no bajo la protección del derecho laboral. Hay una brutal ofensiva para acabar del todo con las Convenciones Colectivas de Trabajo. Se generaliza el contrato a término fijo por conducto de las agencias de servicios temporales. Se imponen crecientes restricciones a la presunción del contrato de trabajo. Se promueven las microempresas de carácter familiar donde, se supone, no hay asalariados. Se impone el trabajo asociativo mediante los contratos sindicales. Y, en suma, se intenta destruir al movimiento sindical.

La “flexibilización” a la que se hace referencia persigue desmontar los derechos mínimos legales; reducir los salarios reales e incluso el actual salario mínimo, que el Banco Mundial recomienda rebajar todavía más; fraccionar las empresas para impedir grandes concentraciones de obreros; desjudicializar los conflictos individuales de trabajo; trasladar los asuntos laborales al conocimiento de notarios, inspectores de policía, jueces de paz, alcaldes y personeros municipales; despenalizar las conductas, fomentado el arbitramento y ampliando la conciliación, para que, de hecho, el trabajador reciba “por las buenas” menos de lo que en derecho le pertenece.

Quien es hoy presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, viene desde hace más de una década haciendo parte de la tropilla vendepatria al servicio del imperio. El profesor Benjamín Ochoa Moreno, en su obra Reforma laboral. Análisis crítico, dice:

Las disposiciones de lo que hoy constituye la reforma laboral tienen su origen en el proyecto de Ley 10-90S, presentado al Senado de la República por Álvaro Uribe Vélez, para regular las empresas de servicios temporales y eliminar la doble retroactividad de las cesantías. Posteriormente, el gobierno nacional presentó su propuesta de reforma laboral, 66-90-S, que sirvió de núcleo central de lo que es hoy la Ley 50 de 1990.

Todas las medidas, leyes y reglamentos impuestos a la clase obrera se hacen bajo el argumento de que la producción nacional no es competitiva por los altos costos laborales. Pero este es un argumento falaz, porque se sabe que durante los últimos cien años, lo que se logró conquistar tanto en beneficios sociales y económicos como en lo legislativo y procesal del derecho laboral, nunca superó los derechos y la capacidad adquisitiva de los trabajadores de los monopolios de los países industrializados y menos aun los de los trabajadores de la meca imperialista norteamericana. Más bien lo que esto demuestra es que la crisis del modelo neoliberal, cuya punta de lanza es la de acusar a los obreros y a sus organizaciones sindicales de ser las culpables de los graves problemas por los que pasa el sistema capitalista, como si quienes creamos la riqueza social fuéramos culpables de la crisis que crea el puñado de plutócratas que se apropia de los frutos de nuestra fuerza de trabajo.

Se toma como conclusión sobre el gobierno de Gaviria Trujillo apartes del documento titulado Salvemos la producción nacional (El Tiempo, 12 de mayo de 1991), escrito por Francisco Mosquera Sánchez, fundador y secretario general del MOIR hasta el momento de su muerte. Dice:

Durante decenios los mandatarios colombianos han venido, de una parte, diluyendo el apoyo a la actividad productiva de los estratos empresariales y, de la otra, buscando arrebatarles a las masas laboriosas los contados derechos y conquistas obtenidos en incesante batallar. Conforme a sus escrúpulos, astucias u oportunidades los gobiernos han corrido con mayor o menor suerte en semejante propósito. Pero el actual batió todas las marcas. En prontitud, porque en medio año le puso piso legal al conjunto de sus garrafales intenciones. En extensión, porque las enmiendas abarcan los más variados y sensibles tópicos de la vida del país. En profundidad, porque pocas veces el zarpazo fue tan desgarrador. En frescura, porque se recurre a cualquier arbitrio, igual a la pérfida asistencia de los victoriosos invasores del Medio Oriente que a la sumisión prometedora de los asaltantes del Palacio de Justicia.

Sin embargo, la cuestión no será coser y cantar, para decirlo sin estridencias. Así como el régimen no consulta a los damnificados al adoptar sus determinaciones, éstos tampoco lo consultarán al definir las suyas.