PACTO DE SOLIDARIDAD O PLAN DE CHOQUE DISFRAZADO

1988

Ante una realidad económica que prácticamente está provocando que el país se nos vaya de las manos, el gobierno de la República tomó una decisión trascendental: poner en práctica un plan concertado para combatir al enemigo público número uno de nuestra sociedad: la inflación. Dicho plan consiste en el compromiso adquirido por el sector campesino, los obreros, los empresarios y el propio gobierno para llevar a cabo una serie de medidas que son responsabilidad de cada uno de los mencionados.

Plan o pacto que parece ser la opción menos radical que encontró el gobierno en una alternativa que ofrecía caminos más radicales pero quizá con mayor probabilidad de éxito y que por la misma razón no podría ser aplicado a la fuerza sino a través de una concertación social que no fue tal sino una imposición que tuvieron que aceptar de mala gana los líderes obreros y campesinos y también algunos empresarios quienes finalmente son los menos perjudicados con el mencionado plan ya que a todo lo que se obligan es a moderar sus precios aunque de hecho sí hay un sector de iniciativa privada que resultará perjudicado: el sector industrial que se verá duramente golpeado por la apertura comercial.

A nadie dejó contento el pacto. Así lo han declarado líderes obreros y campesinos y también algunos empresarios al igual que el propio Presidente de la República. Todos coinciden en afirmar que se han comprometido para evitar males mayores pero que en el fondo no satisface sus expectativas de mejoramiento económico, que lo hacen por México aseguran. Y una pregunta se cuela en el escenario, si a nadie satisfizo y muy poco beneficia por qué fue aceptado, como es qué ayudará al país a salir de la crisis si no beneficia a nadie. Sobre todo si implica mayores sacrificios económicos y sociales y por tanto mayor deterioro de los niveles de bienestar de la población. Reflejo inequívoco de la agudización de la crisis. Lo más grave de todo es que el plan o pacto está condenado al fracaso y lo que es peor, puede abrir paso a un deterioro de la economía aún, más grande. El gobierno se juega el todo por el todo en esta acción, pero lo hace bajo la misma perspectiva que sus anteriores planes que no sólo han fracasado en su intento por solucionar la crisis sino que además la han agravado. Así se insiste en el saneamiento de las finanzas públicas a través de un incremento brutal en el precio de bienes y servicios que produce el gobierno y en las cargas tributarias hecho que necesariamente presiona la inflación al alza, fenómeno que se quiere combatir y que si se logra el anhelado saneamiento será a costa de un brutal deterioro del nivel de vida de la población, saneamiento que tampoco conseguirá ya que la principal causa de los déficits presupuestales del gobierno no es ni el atraso en sus precios ni las empresas paraestatales que también venderá como parte del pacto, sino la creciente deuda interna y externa que llegará a límites inimaginables sobre todo a raíz de los constantes aumentos en la tasa de interés bancaria y de los Cetes (certificados de la tesorería), hechos que hacen ya temer una posible congelación de las cuentas bancarias ante la incapacidad del gobierno para generar recursos para pagar esa deuda por el mismo incrementada. Se ha dado también un pequeño aumento a los salarios de los trabajadores siguiendo con la tónica con la que se inició el sexenio de comprensión salarial con la ingenua creencia de que esto detendrá la inflación cuando cinco años de deterioro constante de los salarios han demostrado que estos no generan inflación y su rezago con respecto a ésta son la prueba que no deja dudas. Dicho aumento de enero ya había sido superado con anterioridad.