3.1 Participación ciudadana

La mayor participación ciudadana constituye uno de los principales ejes del proceso. Esto se refiere a la participación voluntaria de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas y en los procesos de vigilancia de sus autoridades.

El deseo de promover la participación en el marco de la descentralización tiene sus orígenes en el régimen de los noventa y la consecuente crisis de representatividad que el país experimentó a principios de esta década. En este contexto, los mecanismos de participación ciudadana proveían una salida de esta crisis y una oportunidad para alcanzar una gestión más eficiente y equitativa de los recursos.

A pesar que la normativa del proceso de participación ciudadana pueda parecer novedosa, ésta se fundamenta en las experiencias de concertación para el desarrollo llevadas a cabo en una serie de distritos del país en los últimos 20 años.

Así, se tiene los casos de zonas como Villa El Salvador y Limatambo, donde la voluntad de alcanzar consensos entre autoridades municipales y la sociedad civil permitió que se crearan espacios de participación ciudadana sin que exista un marco normativo que obligara su constitución o que rigiera su funcionamiento.

Para canalizar ordenadamente la participación ciudadana, el actual proceso de descentralización incluye la creación de dos instancias básicas, los Consejos de Coordinación Regional (CCR) y los Consejos de Coordinación Local (CCL).

Las mencionadas instancias son organismos consultivos (los primeros a nivel regional y se encuentran relacionados a la asignación del gasto de inversión, mientras que los segundos son a nivel provincial y distrital, y, establecen los lineamientos sobre cómo se debería canalizar dicho gasto) en materia de Presupuesto Participativo y Plan de Desarrollo Concertado. Estos incluyen tanto a autoridades de los gobiernos subnacionales como de organizaciones de la sociedad civil.

Una serie de fallas en el marco normativo, así como la poca voluntad de las autoridades públicas y de la sociedad civil, ha llevado a que los logros alcanzados por estas instancias sean limitados. Por ejemplo, establecer el requerimiento de personería jurídica para las organizaciones de la sociedad civil que quisieran participar resultaba muy limitante, sobre todo en zonas rurales. Además, los CCR y CCL solamente tenían dos reuniones obligatorias al año y no se incluía un presupuesto para que éstos puedan cubrir sus gastos de operación, lo cual desincentivaba la participación. Por último, se evidenció el poco compromiso de las autoridades, pues muchas crearon estos espacios fuera del plazo establecido, y la poca capacidad técnica de organismos de la sociedad civil para la presentación de proyectos.

No obstante, el balance de lo desarrollado no es del todo negativo. Algunos municipios han flexibilizado las normas en cuanto a cupos de participación para la sociedad civil y los requerimientos jurídicos establecidos inicialmente, sobre todo en los distritos con altos niveles de pobreza. Por otro lado, se están haciendo esfuerzos para coordinar la labor de los nuevos espacios con otras instancias de participación con el fin de evitar una dualidad de funciones.